ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID
INDICE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Otros sujetos obligados en materia de publicidad activa y acceso a

la información pública.
Artículo 4. Principios generales.

CAPÍTULO II
Disposiciones comunes en materia de transparencia
Artículo 5. Protección de los datos personales.
Artículo 6. Otros límites.
CAPÍTULO III
Publicidad activa
Artículo 7. Estándares básicos de publicidad activa.
Artículo 8. Información institucional, organizativa y de planificación.
Artículo 9. Información de relevancia jurídica.
Artículo 10. Información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 11. Información relativa a la gestión de los recursos humanos.
Artículo 12. Información relativa a la atención y participación ciudadana.
Artículo 13. Información medioambiental.
Artículo 14. Información urbanística.
Artículo 15. Información sobre movilidad.
CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN DEL DERECHO
Artículo 16. Titularidad del derecho.
Artículo 17. Información pública.
Artículo 18. Régimen jurídico aplicable.

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 SECCIÓN SEGUNDA. EJERCICIO DEL DERECHO
Artículo 19. Competencia en materia de acceso a la información pública.
Artículo 20. Principio general favorable al acceso y a la publicación.
Artículo 21. Acceso sin previa identificación del solicitante.
Artículo 22. Tramitación del procedimiento de derecho de acceso.
Artículo 23. Formas de acceso.
SECCIÓN TERCERA. VÍAS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 24. Recursos y reclamaciones
CAPÍTULO V
Reutilización de la información del sector público
Artículo 25. Reutilización de la información pública municipal.
Artículo 26. Información reutilizable y régimen aplicable.
Artículo 27. Principios generales de reutilización de la información pública.
Artículo 28. Límites aplicables a la reutilización por protección de datos

personales.

Artículo 29. Condiciones generales para la reutilización.
Artículo 30. Portal de Datos Abiertos.
Artículo 31. Tramitación de solicitudes de reutilización.
CAPÍTULO VI
Registro de lobbies
Artículo 32. Creación y objeto del Registro de lobbies.
Artículo 33. Naturaleza.
Artículo 34. Contenido.
Artículo 35. Obligaciones de lobbies.
Artículo 36. Derechos de lobbies.
Artículo 37. Responsabilidades por incumplimiento.
CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
Artículo 38.
Artículo 39.
Artículo 40.
Artículo 41.
Artículo 42.

Régimen jurídico.
Sujetos responsables.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
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 Artículo 43. Sanciones en materia de reutilización de la información.
Artículo 44. Sanciones disciplinarias.
Artículo 45. Otros efectos.
Artículo 46. Criterios de graduación.
Artículo 47. Multas coercitivas.
Artículo 48. Competencia sancionadora.
Artículo 49. Procedimiento.
Artículo 50. Responsabilidades civil y penal
Artículo 51. Prescripción de las infracciones y sanciones.
CAPÍTULO VIII
Evaluación y seguimiento
Artículo 52. Observatorio de la Ciudad.
Artículo 53. Planificación, seguimiento y evaluación.
Disposición adicional primera. No discriminación por razón de sexo.
Disposición adicional segunda. Régimen jurídico específico de acceso de los

concejales a la información municipal.
Disposición adicional tercera. Reutilización de información pública de
sociedades mercantiles que satisfagan intereses de carácter industrial o
mercantil.
Disposición adicional cuarta. Publicidad de las agendas de los
representantes locales.
Disposición adicional quinta. Régimen de regalos.
Disposición adicional sexta. Inclusión de información relativa a liquidaciones
tributarias en las declaraciones de bienes patrimoniales de los representantes
locales.
Disposición adicional séptima. Federación de información pública
reutilizable.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento General del
Inventario del Ayuntamiento de Madrid.
Disposición final segunda. Supletoriedad de la normativa de acceso a la
información pública.
Disposición final tercera. Instrucciones sobre Registro de lobbies.
Disposición final cuarta. Actualización del Portal de Datos Abiertos.
Disposición final quinta. Interpretación de la ordenanza.
Disposición final sexta. Publicación, entrada en vigor y comunicación.

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 I
Tal como ha sucedido en décadas recientes con la implantación de mecanismos
para garantizar el incremento de la calidad de los servicios en las
Administraciones públicas y con el desarrollo de la administración electrónica,
nos encontramos actualmente inmersos en una verdadera revolución social,
cultural y económica marcada por la transparencia y la ética pública. No existe
ya Administración en nuestro país, ni siquiera institución en el ámbito privado,
que deseando apostar decididamente por un proceso de modernización no lo
aborde desde la óptica de la apertura de la información que genera y maneja,
esto es, desde una mayor transparencia.
Este reto, que constituye al mismo tiempo un compromiso con la ciudadanía e
identifica a cualquier organización con los valores del siglo XXI, contribuye
claramente a enriquecer nuestra democracia recuperando para las personas un
espacio y protagonismo del que, hasta fechas muy recientes, se las había
privado. Nadie puede ya obviar los importantes beneficios que la apuesta por la
transparencia supone para la gestión pública: no solo mejora su eficacia y
rendimiento al hacer públicos los resultados de su actividad, sino que legitima
su actuación acercándola al ciudadano, que es a quien realmente debe servir.
Además, lo incorpora como un agente activo en el desarrollo de sus políticas y
normativa, mejorando su participación responsable y consciente en los asuntos
que importan a todos, y permite conocer la trazabilidad de la adopción de las
decisiones públicas.
La Administración de la Ciudad de Madrid no puede ser ajena a todo este
proceso y por ello, sus órganos de gobierno han decidido, tras la incorporación
en abril de 2015 a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y
Participación Ciudadana puesta en marcha por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), seguir avanzando por esta senda elaborando y
aprobando una Ordenanza de Transparencia que fije las reglas y criterios
rectores que deben inspirar su actuación desde esta óptica. No solo la norma
impone la obligación de publicar toda aquella información más relevante
derivada de su gestión, sino que lo hace superando con creces los estándares
mínimos de publicidad activa que vienen exigidos por la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
normativa básica que actúa como referencia obligada para cualquier desarrollo
normativo en nuestro país.
Desde otra perspectiva de la transparencia, el derecho de acceso a la
información ha sido reconocido en el ámbito internacional como un derecho
fundamental inherente y esencial para la libertad de expresión, entre otros por
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y, en el entorno europeo, por la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, la
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 jurisprudencia del TEDH es terminante cuando afirma que no se puede poner
obstáculos al ejercicio del derecho de acceso, sin que esté justificado el
mantenimiento de un monopolio administrativo sobre la información pública.
Sin embargo, la normativa básica estatal, aun reconociéndolo como un derecho
constitucional y subsumiéndolo en el derecho ciudadano al acceso a archivos y
registros del artículo 105 b) de la Constitución Española, no le otorga el
carácter de derecho fundamental, lo que le priva de la especial protección de la
que gozan este tipo de derechos.
Consciente de esta circunstancia limitativa, la Ordenanza de Transparencia de la
Ciudad de Madrid realiza una clara apuesta por el máximo reconocimiento y
garantía de este derecho dentro, como no puede ser de otra manera, del marco
jurídico vigente, que viene dado, a falta de un desarrollo normativo
autonómico, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ya citada. Otros textos
jurídicos, aun no siendo aplicables en el ámbito local por distintas
circunstancias, han sido tomados también como un referente importante para
impulsar la apertura de la información pública municipal a la ciudadanía. Nos
referimos al Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos
Públicos de 18 de junio de 2009, al Reglamento (CE) núm. 1049/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso
del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión y, aun no gozando de naturaleza normativa, a la Ordenanza tipo de
Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, aprobada por la Junta
de Gobierno de la FEMP el 27 de mayo de 2014.
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar
con más fuerza este derecho, garantizados parcialmente hasta tiempos
recientes mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a todas luces insuficiente y
con una visión muy restrictiva del acceso, y el artículo 6.2 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las administraciones
locales.
No son estas las primeras ni únicas referencias en la normativa de nuestro país
a la necesidad de una mayor transparencia pública, ni tampoco lo eran en el
ámbito de la Administración local, significada por ser la administración más
cercana al ciudadano y sus necesidades. La Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que cumple ya treinta años de
vigencia, exigía ya entonces en su artículo 69, que las corporaciones locales
facilitasen la más amplia información sobre su actividad y la participación de
todos los ciudadanos en la vida local. Y para ello, el artículo 70 imponía la
publicidad de las sesiones plenarias y reconocía el derecho de todos los
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 ciudadanos a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de
las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos
y registros en los términos de la regulación constitucional a la que ya hemos
hecho referencia.
No cabe ya ninguna duda de que estos diferentes cauces que garantizan una
mayor participación y acceso a la información pública municipal por parte de los
ciudadanos contribuyen a un Gobierno Abierto de la Ciudad, cuyos sólidos
cimientos se asientan sobre una democracia enriquecida a base de
transparencia como ingrediente esencial para lograr involucrar a la ciudadanía
en la participación y en la colaboración con lo público.
La Ordenanza de Transparencia aborda, también, otros dos aspectos
conectados estrechamente con la transparencia. Por un lado, la regulación de la
reutilización de la información municipal para adaptar al ámbito de la
Administración de la Ciudad de Madrid, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público. Y lo hace desde un
reconocimiento general de la posibilidad de hacerlo sin necesidad de
autorización previa y de forma gratuita poniendo a disposición los datos con
formatos estándar, de uso libre y abiertos.
Y por otro, el reconocimiento y publicidad de los lobbies que actúan con la
finalidad de influir en la elaboración de las normas y políticas públicas
municipales, así como en su aplicación y desarrollo.
La habilitación competencial para la aprobación de esta ordenanza viene dada
directamente por las normas básicas reguladoras de la transparencia y la
reutilización de la información del sector público, con expreso reconocimiento
en ámbitos concretos como el que efectúa el artículo 5.2 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, cuando consiente la existencia de otras disposiciones
específicas diferentes a las autonómicas, que prevean un régimen más amplio
en materia de publicidad activa, o el mandato general de adaptación a las
obligaciones derivadas de la norma que contempla la disposición final novena.
En otros casos, la regulación que efectúa la ordenanza tiene un claro encaje en
la potestad reglamentaria y de auto organización que corresponde a la Ciudad.
Unos y otros, no obstante, encuentran su fundamento y legitimación últimos en
la capacidad para regular aquellas materias que afectan al círculo de los
intereses locales, de acuerdo con los principios de la Carta Europea de
Autonomía Local y dentro del marco jurídico estatal y autonómico, y los de sus
ciudadanos, para satisfacción de sus necesidades y aspiraciones.

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 II
La Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid consta de 53 artículos,
distribuidos en ocho capítulos, siete disposiciones adicionales, una disposición
derogatoria y seis disposiciones finales.
El capítulo I regula el contenido natural de las disposiciones generales de toda
norma, definiendo el objeto de la ordenanza, el ámbito subjetivo de aplicación y
los principios generales informadores de la regulación municipal. Es destacable
el compromiso que asume el Ayuntamiento de promover la adhesión voluntaria
a la Ordenanza de las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación de los sujetos obligados por ella no sea mayoritaria.
Las obligaciones de publicidad activa y suministro de información por parte de
los beneficiarios de ayudas y subvenciones municipales, de quienes prestan
servicios públicos de titularidad municipal y de los adjudicatarios de contratos
del sector público municipal se ven reforzadas al preverse como posibles
consecuencias derivadas de su incumplimiento, el reintegro de las subvenciones
o ayudas concedidas o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o
vínculo establecido, así como la imposición de penalidades.
El capítulo II se centra en el desarrollo de los límites aplicables a la
transparencia, comunes tanto a la publicidad activa como al derecho de acceso
a la información pública, prestando especialmente atención al derivado del
derecho fundamental a la protección de los datos personales. En este capítulo,
como en otros de la ordenanza, la regulación parte de un principio general
favorable a la mayor difusión y acceso posibles a la información pública
municipal, sin menoscabo alguno de otros derechos constitucionales e intereses
dignos de protección.
El capítulo III, tomando como modelo la regulación básica estatal, se inicia con
una exposición de los criterios rectores que determinarán, no ya la información
que se debe publicar, sino cómo y en qué condiciones se debe efectuar esta
publicidad. La claridad, fácil localización, actualización y relevancia de la
información o su accesibilidad para las personas con diversidades funcionales
son algunas de las condiciones básicas que deberán respetarse para que la
información se divulgue o suministre en condiciones adecuadas.
El resto del capítulo se nutre de varios artículos que enumeran la información
que deberá ser incluida en el Portal de Gobierno Abierto, ordenada por
unidades temáticas: información institucional, organizativa y de planificación;
de relevancia jurídica; económica, presupuestaria y estadística; sobre la gestión
de los recursos humanos; relativa a la atención y participación ciudadana;
medioambiental, urbanística y de movilidad. La información que en estos
preceptos se relaciona supera sensiblemente los mínimos exigidos por la
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 normativa estatal, en concreto, en aquellos ámbitos sectoriales en los que la
actividad municipal tiene un peso específico derivado de las competencias
locales. Cuanto mayor sea el esfuerzo en la publicación proactiva de la
información, menor será, razonablemente, el volumen de solicitudes de acceso.
La publicidad de la información en algunos ámbitos, como el de la contratación
administrativa, refleja la convicción de que una amplia difusión de esta
información contribuye a incrementar la competitividad, asegura una mayor
eficacia y eficiencia, mejora la comprensión de la gestión pública por parte del
ciudadano y posibilita la rendición de cuentas.
El derecho de acceso a la información pública, la vertiente pasiva de la
transparencia, tiene su espacio de regulación en el capítulo IV, que dedica
sendas secciones a la regulación de los aspectos materiales y procedimentales
del derecho, y a las vías de impugnación. En la primera de ellas se analiza la
titularidad del derecho, el concepto de información pública a los efectos de este
derecho y otros aspectos substantivos. En la segunda sección y, en contra de la
menor relevancia que tradicionalmente suelen tener los aspectos
procedimentales, se contemplan algunas novedades significativas dirigidas a
garantizar la mayor efectividad de este derecho, partiendo de un principio
general favorable al acceso y a la publicación de la información suministrada
por esta vía.
La ordenanza contempla una primera vía de acceso con unos mínimos
requisitos posibles de identificación del solicitante, bastando que se facilite
únicamente una dirección de correo electrónico. Este cauce solo podrá
garantizar el acceso a la información solicitada cuando esta no se vea afectada
por ninguno de los límites legales que contempla la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, y cuando no concurra causa de inadmisión. En estos casos, deberá
solicitarse el acceso por la vía procedimental prevista en la citada norma
estatal, siendo aplicables las garantías y la tutela administrativa y judicial allí
contempladas.
Además de las peculiaridades derivadas de esa vía de acceso alternativa que la
ordenanza diseña para aquella información pública de relevancia e interés
general que no pueda generar perjuicios de ninguna naturaleza, cabe destacar
el menor plazo previsto, de veinte días, para resolver el procedimiento
legalmente establecido para el caso de que se hubiera intentado previamente el
acceso por esa primera vía.
El capítulo V incorpora las precisiones necesarias para adaptar la normativa
básica sobre reutilización de la información del sector público al ámbito
municipal. Con carácter general, será reutilizable la información publicada en el
Portal de Gobierno Abierto sin necesidad de autorización previa, de forma
gratuita y asumiendo como principios fundamentales los proclamados por la
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 Carta Internacional de Datos Abiertos a la que está adherida el Ayuntamiento
de Madrid.
El capítulo se completa con el enunciado de las condiciones generales para la
reutilización y aquellas otras aplicables en los supuestos limitados en los que
esté sujeta a licencia-tipo o autorización previa.
El capítulo VI crea el Registro de aquellos lobbies que trabajan por cuenta
propia y cuya actividad va dirigida a participar e influir en la elaboración de la
normativa municipal y en el diseño y desarrollo de las políticas públicas, en
defensa de intereses propios, de terceras personas o de organizaciones. Esta
regulación sigue las pautas esenciales de la normativa comparada y de las
pocas experiencias a nivel autonómico que existen hasta la fecha. La ordenanza
se limita a una regulación mínima de los aspectos substantivos, remitiendo a
una mayor concreción de sus aspectos técnicos y auxiliares mediante
instrucciones de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, cuya publicación
determinará la fecha de los efectos de este capítulo.
Una de las críticas que más reiteradamente se ha efectuado de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, es la práctica inexistencia de tipificación alguna de las
infracciones y sanciones en este ámbito, dejando sin reproche todas aquellas
conductas y prácticas limitativas de la transparencia que contravienen, al
mismo tiempo, algún deber o exigencia legal. Afortunadamente, las
Comunidades autónomas que han procedido al desarrollo de esta normativa
han resuelto amplia y satisfactoriamente esta cuestión, cubriendo esta laguna
legal al incorporar en sus respectivos regímenes un nutrido catálogo de
infracciones y sus correspondientes sanciones.
Tomando este testigo y atendiendo a los límites de la potestad local de
tipificación que contemplan la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley
7/1985, de 2 de abril, el capítulo VII incorpora un elenco propio de infracciones
y sanciones, atendiendo a su gravedad, materia y autoría. Las sanciones
aplicables a los titulares de órganos directivos pueden llegar a suponer hasta el
cese y la prohibición para ocupar cargos similares en el ámbito del
Ayuntamiento de Madrid por un período de hasta tres años. Asimismo, la norma
incorpora la posibilidad de imposición de multas coercitivas de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de Régimen Especial de Madrid.
Por último, el capítulo VIII cierra el articulado de la ordenanza con previsiones
sobre la planificación periódica de las actuaciones en materia de transparencia y
los informes seguimiento y evaluación, de los que se dará cuenta al
Observatorio de la Ciudad y cuya difusión se efectuará a través del Portal de
Gobierno Abierto.

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 La ordenanza se completa con las disposiciones de la parte final donde se
incluyen, entre otras, previsiones temporales sobre los efectos de algunos
preceptos, disposiciones relativas al ámbito de aplicación de la norma y
habilitaciones de diferente alcance para el dictado de instrucciones que
concreten los aspectos técnicos de algunos mandatos.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza regula el régimen de transparencia de la actividad de los
sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación, las condiciones de ejercicio
del derecho de acceso a la información pública y su reutilización, y el Registro
de lobbies.
Esta ordenanza se aprueba en el marco de lo que establecen la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público y las normas que dicte la Comunidad de Madrid
en desarrollo de las leyes citadas y que resulten aplicables a los sujetos
comprendidos en su ámbito de aplicación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta ordenanza es de aplicación a:
a) El Ayuntamiento de Madrid.
b) Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia,
vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Madrid.
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social, la participación,
directa o indirecta, de las entidades previstas en este apartado sea
superior al 50 por ciento.
d) Las fundaciones de iniciativa pública o en las que participe
mayoritariamente el Ayuntamiento de Madrid o cualquiera de los sujetos
mencionados en este apartado, ya sea en su dotación fundacional o en
sus órganos de gobierno.
e) Los consorcios adscritos al Ayuntamiento de Madrid.

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 2. A los efectos de lo dispuesto en esta ordenanza, se entiende por
Administraciones Públicas las entidades mencionadas en el apartado 1 a) y b).
3. El Ayuntamiento de Madrid promoverá la adhesión voluntaria a lo dispuesto
en la presente ordenanza de las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación de alguna de las entidades mencionadas en el apartado 1 sea
inferior al 50 por ciento.
Artículo 3. Otros sujetos obligados en materia de publicidad activa y acceso a

la información pública.

1. Las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones del
Ayuntamiento de Madrid procedentes de alguna de las entidades enumeradas
en el apartado 1, están sujetas al cumplimiento de las obligaciones de
publicidad activa previstas en esta ordenanza siempre que resulte de lo
dispuesto en el artículo 3 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Las obligaciones de publicidad se concretarán en cada convocatoria de ayudas
o subvenciones, o en la resolución de concesión directa, indicando la forma y
plazos en que deberán cumplirse y los efectos previstos en caso de
incumplimiento.
2. Las personas físicas y jurídicas distintas de las ya mencionadas, que presten
servicios públicos de titularidad municipal, y los adjudicatarios de contratos del
sector público municipal, están obligados a suministrar la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza que le
sea requerida por la Administración, organismo o entidad de las previstas en el
artículo 2.1.
Las entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomos en el ejercicio de sus potestades administrativas estarán sujetas a
las mismas obligaciones que las entidades del párrafo anterior.
La información se facilitará a requerimiento de la entidad del artículo 2.1 a la
que se encuentren vinculadas. En el caso de los adjudicatarios de contratos
mencionados en este apartado, la documentación contractual deberá concretar
la información que deberá ser suministrada, la periodicidad para hacer efectiva
esta obligación y los efectos previstos en caso de incumplimiento de acuerdo
con lo dispuesto en el título VII.
Artículo 4. Principios generales.
En la interpretación y aplicación de esta ordenanza regirán los siguientes
principios básicos:

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 a) Principio de transparencia: la información pública en poder de los sujetos
comprendidos dentro del ámbito de aplicación será accesible, salvo que
proceda la aplicación de alguno de los límites establecidos en las normas,
cuya interpretación será restrictiva.
b) Principio de no discriminación tecnológica: los sujetos comprendidos
dentro del ámbito de aplicación deberán hacer efectivo el acceso a la
información pública con independencia del medio de acceso.
c) Principio de veracidad: la información pública será veraz y fiable.
d) Principio de gratuidad: el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública es gratuito, sin perjuicio de las exacciones que puedan
establecerse por la expedición de copias o soportes o la transposición de
la información a un formato diferente al original.
e) Principio de reutilización: la información será publicada o facilitada en
formatos que permitan su reutilización salvo que no pueda ponerse a
disposición en un formato de esta naturaleza.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes en materia de transparencia
Artículo 5. Protección de los datos personales.
1. Los sujetos obligados al cumplimiento de la ordenanza promoverán la mayor
difusión y acceso posibles a la información pública municipal, sin menoscabo
alguno del derecho a la protección de los datos personales.
2. En el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, serán de
aplicación los límites derivados de la protección de datos de carácter personal
regulados en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Cuando la
información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se
llevará a cabo previa disociación.
3. En la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, solo se
podrá facilitar información que contenga datos especialmente protegidos previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 15.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre.
Si la información contiene datos meramente identificativos relacionados con la
organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, se concederá con
carácter general el acceso, salvo que en el caso concreto prevalezca la

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 protección de
protegidos.

datos

personales

u

otros

derechos

constitucionalmente

Si la información no contiene datos especialmente protegidos, se podrá
conceder el acceso, previa ponderación del interés público en la divulgación de
la información y el derecho a la protección de datos de los afectados, aplicando
para ello, entre otros, los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, o cualquier otro que adopten conjuntamente el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección
de Datos. Tras esta ponderación, si se pretendiese facilitar información que
contuviese datos personales, deberá llevarse a cabo previamente el trámite de
alegaciones previsto en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
4. En el supuesto de que se opte por facilitar la información de forma disociada,
de modo que se impida la identificación de las personas afectadas, no será de
aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3.
5. Con carácter general en las resoluciones de acceso se informará de forma
expresa al solicitante que la normativa de protección de datos personales será
de aplicación al tratamiento posterior de los datos obtenidos a través del
ejercicio del derecho de acceso.
6. Los órganos competentes en el ámbito de esta ordenanza podrán dirigir
consultas a la unidad competente en materia de protección de datos sobre la
aplicación de lo dispuesto en este artículo.
Artículo 6. Otros límites.
Serán aplicables, tanto en materia de publicidad activa como en el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, los límites establecidos en el
artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
La interpretación de estos límites será restrictiva, y se favorecerá la mayor
difusión y acceso posibles a la información pública municipal sin menoscabo
para dichos límites. En todo caso, los límites previstos se aplicarán de forma
proporcionada atendiendo al interés que se salvaguarda con el límite y el
interés público en la divulgación.

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 CAPÍTULO III
Publicidad activa
Artículo 7. Estándares básicos de publicidad activa.
1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza
publicarán la información de su actividad cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia, facilitar el control ciudadano de la actuación pública
y fomentar la participación.
2. Las obligaciones de publicidad activa tienen carácter de mínimo y se
entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que
prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
Será responsable de la preparación, suministro y actualización de la información
pública aquel órgano o unidad que la genere.
3. La información pública objeto de publicidad activa estará disponible,
preferentemente, en el Portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid
o en la sedes electrónicas, portales o páginas web de los sujetos comprendidos
en el ámbito de aplicación de esta ordenanza.
La información será de fácil localización y comprensible, y se ofrecerá de forma
clara y estructurada, en formato abierto, salvo que la información no pueda
ponerse a disposición en un formato de esta naturaleza, y garantizando
especialmente la accesibilidad a las personas con diversidades funcionales.
4. Toda la información pública señalada en este título se publicará y actualizará,
como mínimo, trimestralmente, aunque se promoverá la publicación en plazos
más breves. Solo se admitirá la publicación en un plazo mayor cuando la
normativa específica lo establezca, cuando la información se genere
necesariamente en un plazo mayor o cuando se prevea expresamente en esta
ordenanza.
En la información que se publique se indicará la fecha de la última
actualización.
5. El titular del Área de Gobierno competente en materia de transparencia será
responsable de actualizar periódicamente el catálogo de información pública
disponible en el Portal de Gobierno Abierto de cara a su publicidad activa,
incorporando nuevos contenidos a los previstos en esta ordenanza.
6. El Ayuntamiento de Madrid facilitará el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad activa a las entidades sin ánimo de lucro que persigan
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 exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior
a 50.000 euros, cuando la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas
que perciban provengan del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 18.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
A este fin, deberán comunicarlo y acreditarlo suficientemente, siendo aquellas
responsables de la veracidad de la información que suministren para su
publicación.
Artículo 8. Información institucional, organizativa y de planificación.
1. Se publicará en el Portal de Gobierno Abierto la información relativa a la las
competencias del Ayuntamiento de Madrid, su estructura organizativa,
entidades de derecho público dependientes y sociedades mercantiles
municipales por área de gobierno y, en su caso, las normas fundacionales o
estatutarias que rigen su funcionamiento cuando proceda.
2. Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán la siguiente
información:
a) Un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los
diferentes órganos de decisión, consultivos o de participación, con
indicación de su composición, sede, dirección electrónica de contacto y
las competencias que ejercen.
b) El perfil y trayectoria profesional de todos los representantes locales,
titulares de órganos directivos, del personal eventual que integra los
gabinetes y tenga la condición de director, vocal asesor o asesor y de los
máximos responsables y directivos de las sociedades mercantiles
municipales comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza.
c) Las agendas institucionales del Alcalde, concejales, titulares de los
órganos directivos y del personal eventual que integra los gabinetes y
tenga la condición de director, vocal asesor o asesor.
d) Las declaraciones inicial, final y anuales de bienes y actividades de los
representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las de los titulares
de los órganos directivos, con omisión de los datos relativos a la
localización concreta de los bienes inmuebles, garantizando la privacidad
y seguridad de sus titulares. Asimismo, se publicará como parte de las
declaraciones de bienes anuales la información relativa a la liquidación
de sus declaraciones de la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.

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 e) Las resoluciones de autorización para el ejercicio de actividades privadas
concedidas a los titulares de los órganos superiores, a los efectos de lo
dispuesto en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Madrid, a los titulares de órganos directivos y a los
máximos responsables de las sociedades mercantiles comprendidas
dentro del ámbito de aplicación de esta ordenanza de que hayan cesado.
f) Los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje del Alcalde, concejales,
titulares de los órganos directivos y máximos responsables de las
sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios sujetos a la presente
ordenanza, así como del personal al servicio de las entidades
comprendidas en el artículo 2.1, con indicación del motivo.
g) Datos relativos al parque
corporativos disponibles.

móvil

municipal

y

teléfonos

móviles

3. Se publicará la información relativa a la composición del Pleno, sus
competencias, la adscripción de sus miembros al grupo municipal que
corresponda y su régimen de dedicación, las convocatorias y órdenes del día,
así como las actas, el resultado de las votaciones y el diario de sesiones, tanto
del Pleno como de sus Comisiones. Asimismo, se deberá garantizar la
retransmisión pública de la celebración de las sesiones plenarias.
La publicación de la información de la actividad del Pleno deberá facilitar la
búsqueda por distintos criterios como texto libre, título de la iniciativa, grupo
político, autor, tipo de iniciativa, fecha, materia, área de gobierno afectada y
número de expediente.
De las Juntas Municipales de Distrito se publicará su composición,
convocatorias, órdenes del día y actas. Asimismo, se deberá garantizar la
retransmisión pública de la celebración de las sesiones plenarias.
De la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid se publicará su composición,
competencias y un extracto de los acuerdos adoptados.
4. Asimismo, los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán los planes,
programas y mapas, anuales y plurianuales, estratégicos u operativos, en los
que se fijen objetivos concretos, las actividades, medios, indicadores y tiempo
previsto para su consecución, así como la información derivada de la evaluación
del grado de cumplimiento y los resultados que se hayan obtenido.
Los planes anuales de actuación de la Inspección General de Servicios, la
memoria relativa a su cumplimiento, la memoria anual del Observatorio de la
Ciudad y los Planes Estratégicos de Subvenciones del Ayuntamiento, sus

16

 modificaciones y actualizaciones, así como los informes de seguimiento y
evaluación serán, igualmente, publicados.
Artículo 9. Información de relevancia jurídica.
1. Las Administraciones Públicas publicarán las directrices, instrucciones,
acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u
otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o
tengan efectos jurídicos.
Deberá publicarse, al menos, la siguiente información:
a) Circulares, directrices e instrucciones de la Intervención General.
b) Circulares, directrices e instrucciones de la Asesoría Jurídica.
c) Recomendaciones en materia de contratación pública elaboradas por la
Dirección General competente en materia de contratación administrativa.
d) Instrucciones para la contratación y gestión centralizada de bienes y
servicios de utilización o uso común en el Ayuntamiento, organismos
autónomos y sociedades mercantiles municipales adheridas.
e) Criterios comunes para la evaluación de subvenciones y pago por
resultados, y directrices para el establecimiento del régimen jurídico de la
concesión directa de subvenciones.
f) Doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.
g) Criterios interpretativos relativos a la gestión de los diferentes tributos
elaborados por el organismo autónomo Agencia Tributaria de Madrid en el
desarrollo de sus competencias.
h) Criterios interpretativos de las condiciones de trabajo y convenios
colectivos vigentes.
i) Respuestas a consultas efectuadas por los Distritos al Instituto Municipal
de Consumo.
j) Criterios e informes en materia de organización emitidos por la Dirección
General de Organización, Régimen Jurídico y Formación.
k) Criterios interpretativos de normas y acuerdos municipales, y las
respuestas a consultas de carácter vinculante emitidas, entre otros, por los
órganos colegiados municipales:
17

 1.º La Comisión Técnica de Seguimiento e Interpretación de la Ordenanza
para la apertura de actividades económicas en la Ciudad de Madrid.
2.º La Comisión Técnica de interpretación de la Ordenanza municipal de
tramitación de licencias urbanísticas.
3.º La Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid de 1997.
4.º La Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración.
5.º El Comité Municipal de Garantía de la Unidad de Mercado.
6.º La Comisión Informativa de Régimen Sancionador de Consumo del
Ayuntamiento de Madrid.
7.º La Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid.
8.º La Comisión Técnica de Patrocinios.
9.º La Comisión de Coordinación para la Mejora del Paisaje Urbano.
10.º La Comisión de Control y Seguimiento del Ruido.
11.º La Comisión para la Protección de Patrimonio Histórico, Artístico y
Natural.
12.º La Comisión Local de Patrimonio Histórico del Municipio de Madrid.
13.º El Consejo Asesor de Turismo de la Ciudad de Madrid.
14.º El Grupo Técnico de Publicidad.
2. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid publicará:
a) El texto de las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones del
Ayuntamiento de Madrid.
b) Las iniciativas para la aprobación de normativa municipal, tanto
proyectos como proposiciones, así como la respuesta a las alegaciones
efectuadas durante dicho trámite y cuantos informes hayan sido emitidos
durante el procedimiento de elaboración.

18

 c) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser
sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.
d) Las resoluciones judiciales que afecten al Ayuntamiento, con los
debidos límites que imponga la protección de los datos de carácter
personal.
e) El inventario de los procedimientos administrativos.
f) Los informes de la Asesoría Jurídica en relación con:
1.º Los proyectos de estatutos de los organismos públicos,
sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones.
2.º Los convenios que celebren el Ayuntamiento de Madrid o sus
organismos públicos en aquellos supuestos en que los
participantes sean personas físicas o jurídicas de naturaleza
privada.
3.º Los modelos de pliego tipo, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los acuerdos sobre interpretación,
modificación y resolución de los contratos administrativos.
4.º Las condiciones para el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones demaniales, las bases de los concursos o
condiciones de explotación de los bienes patrimoniales, los pliegos
generales de pactos y condiciones para determinadas categorías
de contratos o los pactos y condiciones reguladores de los
derechos y obligaciones de las partes en su defecto, los
expedientes de enajenación y adquisición de inmuebles y
derechos, las propuestas de arrendamiento, así como las de
novación y prórroga.
Artículo 10. Información económica, presupuestaria y estadística.
1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza deberán
hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión
administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indica a
continuación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, la partida y
programa presupuestario del contrato, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del
19

 adjudicatario, las actas de las mesas de contratación, las modificaciones
del contrato, los pagos derivados del contrato, penalidades impuestas, y
las resoluciones de contratos por causa imputable a los contratistas.
Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y
renuncia de los contratos.
Se dará publicidad a la identidad de los subcontratistas, el importe de
cada subcontratación y el porcentaje en volumen de cada contrato que
ha sido subcontratado.
La publicación de la información relativa a los contratos menores se
realizará mensualmente, con expresión del objeto, importe, órgano
contratante y contratista.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en
volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno
de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público y la memoria anual del Registro de Contratos.
La información mencionada estará disponible al menos diez años desde
la finalización del contrato.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes
firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas,
obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las
obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las
encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones
que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento
seguido para la adjudicación e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación del
órgano convocante, importe concedido y finalmente percibido, objetivo o
finalidad y beneficiarios.
d) Los presupuestos y sus modificaciones, con descripción de las principales
partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre
su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se publicará
información estadística relativa a los ingresos y gastos, la evolución y
estructura de la deuda, operaciones de préstamo y crédito, avales y
garantías prestadas, pagos a proveedores, y cualquier otra información
de esta naturaleza cuyo conocimiento pueda resultar relevante para la
ciudadanía.

20

 Se publicará, igualmente, la asignación presupuestaria por Grupos
Políticos y la información relativa a la participación ciudadana en el
proceso de elaboración de los presupuestos.
e) La liquidación del presupuesto, coste de los servicios públicos, las
cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de
cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo
que sobre ellos se emitan.
f) El coste presupuestado y ejecutado, bruto y neto, destinado al diseño y
difusión de publicidad y comunicación institucional, con indicación del
objetivo, área de gobierno o distrito responsable, medio y
soporte, adjudicatario o proveedor y periodo de ejecución.
g) Las retribuciones percibidas anualmente por cada miembro o titular de
los órganos superiores, a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Madrid, los titulares de órganos directivos, personal eventual que integra
los gabinetes y tenga la condición de director, vocal asesor o asesor y los
máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la
aplicación de esta ordenanza. Igualmente, se harán públicas las
indemnizaciones que prevean recibir, en su caso, con ocasión del
abandono del cargo, y las que finalmente hubieran percibido.
h) La información necesaria que permita valorar el grado de cumplimiento y
la calidad de los servicios públicos prestados.
2. Los sujetos mencionados en el artículo 3.1 deberán publicar la información a
la que se refiere el apartado 1 a) y b) cuando se trate de contratos o convenios
celebrados con una Administración pública. Asimismo, habrán de publicar la
información prevista en el párrafo c) del mismo apartado en relación a las
subvenciones y ayudas que reciban cuando el órgano concedente sea una
Administración Pública.
3. El Ayuntamiento de Madrid publicará la relación de los bienes inmuebles que
sean de su propiedad y sobre los que se ostente algún derecho real, con su
localización, destino, cargas y gravámenes en su caso, naturaleza patrimonial o
demanial y valor de inventario y los bienes muebles de carácter históricoartístico con su descripción.
Artículo 11. Información relativa a la gestión de los recursos humanos.
Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán la siguiente información:

21

 a) Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y
convenios colectivos vigentes.
b) La relación de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de
planificación del personal funcionario, laboral y eventual, con indicación
del nombre y apellidos de aquellos que desempeñen puestos provistos
por el sistema de libre designación y por personal eventual, con
indicación de su adscripción en este último caso, salvo que se
encuentren en una situación de protección especial que pueda resultar
agravada por la divulgación de la información relativa a su puesto de
trabajo. La publicación de esta información se efectuará semestralmente.
c) La información estadística relativa a los recursos humanos, según grupos
de pertenencia, cuerpos y escalas, categorías y especialidades,
absentismo laboral y otros criterios que se consideren relevantes.
d) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de
representación del personal y el número de liberados sindicales, sindicato
al que pertenecen y los costes que estas liberaciones suponen,
diferenciando sueldos, medios materiales, subvenciones y otros costes
que pudieran generar. Además, se dará a conocer el porcentaje de
representación de cada sindicato en el Ayuntamiento de Madrid.
e) Las ofertas de empleo público u otros instrumentos similares de gestión
de la provisión de necesidades de personal, y las convocatorias de
procesos selectivos, de consolidación de empleo, de funcionarización y
de provisión de puestos de trabajo, así como la resolución de estos
procedimientos.
f) Las bolsas y listas de empleo, con detalle de información que permita
efectuar un seguimiento de su gestión.
g) La masa salarial del personal laboral, en los términos regulados en el
artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que
afecten a los empleados públicos, con indicación de su nombre y
apellidos, puesto desempeñado y actividad para la que se concede la
compatibilidad.
Artículo 12. Información relativa a la atención y participación ciudadana.
Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán la siguiente información:

22

 a) Los informes sobre la atención ciudadana prestada a través de los
diferentes canales, incluida la prestada por la Policía Municipal, así como
la relativa al uso de las redes sociales por parte de las Administraciones
Públicas.
b) Las cartas de servicio e información de su seguimiento y evaluación
anual, así como la información relativa a otros sistemas de certificación
de calidad.
c) La información de seguimiento y evaluación anual del sistema de
sugerencias y reclamaciones, así como del sistema de avisos e
incidencias en vía pública.
d) Las encuestas de satisfacción de la calidad de los servicios públicos
municipales, así como los microdatos del trabajo de campo en formato
abierto.
e) Información estadística sobre el uso del portal de gobierno abierto, en
particular la asociada a cada uno de sus mecanismos de participación y
los datos que determinen el funcionamiento de dichos mecanismos, y de
cualquier otro portal municipal.
f) La composición de los Consejos Territoriales y Sectoriales, las actas de
sus sesiones, perfil y trayectoria de los Vocales Vecinos y dietas que
perciban.
Artículo 13. Información medioambiental.
Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán, como mínimo, la
siguiente información medioambiental y urbanística:
a) Los planes y estrategias sobre calidad del aire, el Mapa del Ruido y la
delimitación de las Áreas Acústicas de la Ciudad de Madrid, el Plan de
recursos hídricos alternativos y el balance hídrico.
b) La información sobre las instalaciones hidráulicas ornamentales, los
sistemas de depuración de aguas residuales, los planes de podas y las
inversiones financieramente sostenibles para mejora de zonas verdes.
c)
d) Los informes periódicos sobre contaminación acústica y sobre
concentraciones de los contaminantes atmosféricos.
e) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio
ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información
sobre niveles polínicos y contaminación acústica.
23

 f) Los títulos habilitantes otorgados a terceros que puedan tener un efecto
significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos adoptados en
materia de medio ambiente.
g) Los informes de evaluación ambiental de actividades elaborados,
indicando titular, dirección, tipo de actividad y fecha de emisión del
informe, así como estudios de impacto ambiental, paisajísticos y
evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales que, aun
siendo competencia de otras administraciones, afecten a instalaciones o
proyectos del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo 14. Información urbanística.
Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 así como las entidades
colaboradoras del Ayuntamiento que desempeñen potestades administrativas
relacionadas con el urbanismo publicarán, como mínimo, la siguiente
información urbanística:
a) La normativa urbanística actualizada.
b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico, en especial, la memoria,
anexos, normas urbanísticas, fichas, documentación gráfica y cuanta
documentación ofrezca información con relevancia urbanística (incluidos
los informes preceptivos), así como el acuerdo de aprobación definitiva
de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de sus
modificaciones, incluidos el Plan General de Ordenación Urbana, los
planes de sectorización, los planes parciales, los planes especiales y los
estudios de detalle. Todos los instrumentos citados deberán ir
acompañados de un resumen del alcance de sus disposiciones y, en el
caso de las revisiones y modificaciones, de un plano de identificación de
los ámbitos en los que la ordenación propuesta altera la vigente y un
resumen del alcance de esta alteración.
c) El estado del desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico,
incluyendo las fechas de aprobación e inicio de obras de urbanización.
d) La información relevante del Patrimonio Municipal de Suelo, como
mínimo, su localización, cargas y gravámenes, en su caso, y valor.
Asimismo, se publicará información sobre su gestión y, en caso de
enajenación, el adjudicatario, la finalidad y el destino de los recursos
obtenidos.
e) Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas
y, en su caso, de las declaraciones responsables y comunicaciones
24

 previas, indicando el emplazamiento y un extracto de su contenido,
previa disociación de datos personales en el caso de que no sea
pertinente su publicación.
f) Las comunicaciones en las que se indica a los interesados que su
actuación urbanística es conforme a Derecho, en el contexto de las
declaraciones responsables y comunicaciones previas, previa disociación
de datos personales en el caso de que no sea pertinente su publicación.
g) Las autorizaciones administrativas que permitan el ejercicio de
actuaciones urbanísticas sujetas a licencia, declaración responsable o
comunicación previa, en suelo de dominio público, previa disociación de
datos personales en el caso de que no sea pertinente su publicación.
h) Las sanciones firmes así como las medidas de restablecimiento de la
legalidad impuestas en materia de disciplina urbanística en lo referente a
las cuestiones que recaigan sobre el inmueble o la parte del mismo
afectado, previa disociación de datos personales.
i) La información relativa a los procesos de ejecución del planeamiento a
través de actuaciones de transformación urbanística y actuaciones
edificatorias, incluyendo, al menos:
1º. Planos de Delimitación del ámbito de Unidades de Ejecución
aprobadas inicial y definitivamente, con indicación de la superficie
afectada por la actuación.
2º. Bases y Estatutos, aprobados inicial y definitivamente, por los que
se vayan a regir las Juntas de Compensación o entidades que se
constituyan para la ejecución de las actuaciones urbanísticas o,
en su caso, propuesta de Convenios urbanísticos que se sometan
a información pública.
3º. Planos del proyecto de reparcelación, así como relación de las
fincas inicialmente aportadas a la actuación y de las nuevas
parcelas resultantes ajustadas al planeamiento.
j) Los proyectos de expropiación iniciados de oficio por el Ayuntamiento de
Madrid. Proyectos de delimitación de unidades de ejecución por el
sistema de expropiación.
k) La resoluciones de solicitudes de expropiación al amparo del artículo 94
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, o
por denuncia de ocupación.

25

 l) Las resoluciones de las consultas urbanísticas, tanto comunes como
especiales.
m) El Registro de convenios urbanísticos, con el contenido referido en el
artículo 10 b).
n) El Registro de Entidades de inspección técnica.
ñ) Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias de obras en
vía pública correspondientes a canalizaciones, previa disociación de datos
personales en el caso de que no sea pertinente su publicación.
o) Las sanciones firmes y las medidas de restablecimiento de la legalidad
impuestas en relación con los supuestos del apartado anterior, previa
disociación de datos personales.
p) Las autorizaciones administrativas que permitan la ocupación de vías y
espacios de dominio público municipal para la ejecución de obras
urgentes o de excepcional interés público, promovidas por otras
Administraciones Públicas.
q) La información relevante sobre el Inventario de Vías Públicas y su
gestión, en especial, la indicación de las vías públicas y viales, y de las
concesiones y autorizaciones sobre ellos.
r) La información relevante sobre el Inventario de Zonas Verdes y su
gestión, en especial, su denominación, localización, superficie, valor de
inventario y concesiones y autorizaciones sobre ellas.
Artículo 15. Información sobre movilidad.
Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán, como mínimo, la
siguiente información en materia de circulación:
a) Los planes de aparcamientos disuasorios.
b) Los informes relativos al sector del taxi.
c) La información relevante sobre la gestión de las multas de circulación y
los criterios de graduación.

26

 CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN DEL DERECHO
Artículo 16. Titularidad del derecho.
Cualquier persona física o jurídica podrá solicitar el acceso a la información
pública, de forma gratuita y sin necesidad de motivación de su solicitud.
Artículo 17. Información pública.
Se considera información pública, a los efectos de este capítulo, los contenidos
o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de
alguno de los sujetos enumerados en los artículos 2 y 3.2, que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, sin importar la fecha
en que se haya generado la información.
Artículo 18. Régimen jurídico aplicable.
1. El derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos
mencionados en los artículos 2.1 y 3.2 se regirá por lo dispuesto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, y la presente ordenanza.
2. No se aplicará este régimen cuando exista una regulación especial del
derecho de acceso o cuando el solicitante quiera acceder a los documentos que
obran en un procedimiento en curso en el que ostente la condición de
interesado. En este caso, el acceso se regirá por la normativa reguladora del
procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre.
Si se trata de un expediente finalizado, en virtud del principio de acceso
permanente, se deberá garantizar el acceso directo al expediente del
procedimiento por quien tenga su custodia, previa acreditación de la condición
de interesado y sin perjuicio del derecho a obtención de copia de los
documentos que obren en el citado expediente.

27

 SECCIÓN SEGUNDA. EJERCICIO DEL DERECHO
Artículo 19. Competencia en materia de acceso a la información pública.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 n) de la Ley 22/2006, de 4
de julio, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid u órgano en que
desconcentre o delegue será competente para la tramitación y resolución de las
solicitudes de acceso a la información pública. En el caso de los sujetos
mencionados en el artículo 2.1 b), c), d) y e) será aquel órgano o unidad que
venga así designado en sus normas reguladoras de funcionamiento y
competencias.
2. En los supuestos en que la información solicitada deba requerirse
físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por
competente del Ayuntamiento de Madrid, organismo o entidad
encuentren vinculadas.

a personas
potestades
el órgano
al que se

En el requerimiento, se concretará el plazo para la remisión de la información,
pudiéndose aplicar las multas coercitivas previstas en el artículo 47 en caso de
demora en el cumplimiento de este deber.
Artículo 20. Principio general favorable al acceso y a la publicación.
Con carácter general, se favorecerá el acceso y la publicación de la información
pública. En el caso de que concurra algún límite al acceso o alguna causa de
inadmisión, se motivará la contestación o resolución, exponiendo cuantos
fundamentos justifiquen la desestimación o inadmisión de la solicitud y, en su
caso, el plazo que afectará a la imposibilidad de acceso y publicación.
Artículo 21. Acceso sin previa identificación del solicitante.
1. En aquellos supuestos en los que el solicitante de información pública no
haga constar sus datos de identidad, solo podrá facilitársele aquella información
que ya se halle publicada o aquella otra en la que concurran las siguientes
circunstancias:
a) No resulte aplicable algún límite de los enumerados en el artículo 14 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
b) El acceso no afecte a la protección de datos personales en los términos
de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
c) No sea aplicable ninguna causa de inadmisión.

28

 En el supuesto de que fuera aplicable alguno de los límites de los párrafos a) y
b) o alguna causa de inadmisión, el órgano competente para dar respuesta
deberá comunicárselo al solicitante para que, en su caso, decida iniciar el
procedimiento regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ordenanza. Los requisitos para
formular esta solicitud serán los que se exigen en dichas normas.
2. Para poder garantizar, en su caso, el suministro de la información o la
indicación del lugar en que esta se halla publicada, el solicitante deberá facilitar
una dirección de correo electrónico.
3. Cuando la información solicitada esté en posesión de
mencionadas en el artículo 3.2, el requerimiento expresará el
remisión de la información, que no excederá de 15 días
incumplimiento de dicho plazo podrá dar lugar a la imposición
coercitivas reguladas en el artículo 47.

las personas
plazo para la
naturales. El
de las multas

4. Si la información suministrada no publicada previamente, fuera relevante y
su divulgación resultase de interés general, se publicará en el Portal de
Gobierno Abierto, comunicándose al solicitante la localización precisa de la
información.
5. El régimen de impugnaciones recogido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
no será aplicable al acceso que se conceda o deniegue según lo dispuesto en
este artículo.
6. La utilización previa de esta vía de acceso, no impedirá la presentación de
una solicitud de acceso al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre y el artículo 22 de esta ordenanza, para el supuesto de que el
solicitante considere insuficiente o inadecuada la respuesta dada por el órgano
competente o quiera obtener una resolución administrativa con el contenido y
garantías previstas en el artículo 22.
Artículo 22. Tramitación del procedimiento de derecho de acceso.
1. En aquellos casos en los que el solicitante se identifique o, no habiéndolo
hecho, no pueda aplicarse la vía de acceso del artículo 21 de conformidad con
lo dispuesto en su apartado 1, se instruirá el procedimiento de acceso de
acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y
lo previsto en este artículo.
En el supuesto de que se hubiera solicitado el acceso de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 y no se hubiera podido conceder, el solicitante
deberá facilitar su identidad así como los restantes datos a que hace referencia

29

 el artículo 17.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para que pueda
tramitarse el proceso de acceso.
2. La solicitud de acceso se podrá presentar por cualquiera de los medios
establecidos en la normativa básica sobre procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas. La tramitación del procedimiento, no obstante,
se realizará por medios electrónicos.
Para facilitar la tramitación, se aprobará un modelo normalizado que será a
puesto a disposición de cualquier persona.
El personal perteneciente a las entidades sujetas a la presente ordenanza
estará obligado a asistir e informar a las personas que lo requieran sobre la
forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes, especialmente a
aquellas con alguna diversidad funcional u otras circunstancias personales que
dificulten el acceso a la información.
3. El órgano competente para resolver podrá inadmitir a trámite la solicitud de
acceso, mediante resolución motivada, si concurre alguna de las causas
enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, partiendo
de un principio general favorable a facilitar el máximo acceso a la información.
A estos efectos, las causas de inadmisión se aplicarán de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Si la información está en fase de elaboración o publicación, se informará
al solicitante del plazo en el que, previsiblemente, se encontrará
disponible.
b) Por reelaboración no se entenderá aquella que pueda obtenerse
mediante un tratamiento informático de uso corriente.
c) Los informes preceptivos y aquellos otros que sin serlo hayan servido de
motivación a resoluciones no podrán ser considerados como información
de carácter auxiliar o de apoyo.
4. El órgano competente para resolver recabará de los entes, órganos y
unidades de que se trate, cuantos informes se estimen pertinentes para
resolver la solicitud, así como la propia información solicitada.
Cuando la información solicitada esté en posesión de las personas mencionadas
en el artículo 3.2, el requerimiento expresará el plazo para la remisión de la
información, que no excederá de 15 días naturales. El incumplimiento de dicho
plazo podrá dar lugar a la imposición de las multas coercitivas reguladas en el
artículo 47.
30

 Asimismo, cumplimentará los trámites de subsanación y de alegaciones que
procedan, regulados en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La
realización de estos trámites tendrá carácter suspensivo del plazo para resolver
y notificar.
5. La resolución y su notificación se efectuará en el plazo máximo de un mes
desde la entrada de la solicitud en el registro municipal, pudiéndose ampliar
este plazo por otro mes, por razón del volumen o la complejidad de la
información solicitada. No obstante, si se hubiera agotado previamente la vía
del artículo 21, el plazo para resolver será de veinte días, pudiéndose ampliar
por igual plazo, por las mismas razones mencionadas en este apartado.
La notificación se remitirá al solicitante y a los terceros interesados que hayan
intervenido en el procedimiento, y en ella se informará de los recursos y
reclamaciones que procedan contra la resolución.
Si la información suministrada es relevante y su divulgación resulta de interés
general, se publicará en el Portal de Gobierno Abierto, previa disociación de los
datos personales, pudiendo servir esta publicación como modalidad de
formalización del acceso. En este supuesto, la notificación de la resolución
indicará la localización precisa de la información.
Artículo 23. Formas de acceso.
1. El acceso se formalizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre. Se efectuará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando
no sea posible o el solicitante, que no resulte obligado a relacionarse por
medios electrónicos con la administración, haya señalado expresamente otro
medio.
2. En los casos de solicitudes de acceso directo a las fuentes de información,
archivos o expedientes la resolución otorgará el acceso sometido a las
condiciones necesarias para garantizar que no se interfiera en el desarrollo del
servicio, u ofreciendo alternativas de acceso por canales de atención al
ciudadano.
En estos mismos casos la resolución podrá ser denegatoria del acceso cuando
las condiciones de seguridad del lugar y de custodia y preservación de los
documentos o de los soportes originales de la información no lo permitan.

31

 SECCIÓN TERCERA. VÍAS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 24. Recursos y reclamaciones
Las resoluciones dictadas por los órganos competentes de los sujetos
enumerados en el artículo 2.1 en materia de acceso a la información pública en
aplicación del procedimiento regulado en el artículo 21, podrán ser objeto de
recurso contencioso-administrativo o de reclamación potestativa ante el órgano
competente de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en los
artículos 20.5, 23.1, 24 y disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre.
CAPÍTULO V
Reutilización de la información del sector público
Artículo 25. Reutilización de la información pública municipal.
Con carácter general, será reutilizable la información publicada por los sujetos
enumerados en el artículo 2.1 sin necesidad de autorización previa y de forma
gratuita. En este caso, se respetarán los criterios generales y condiciones
establecidas en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y en esta ordenanza.
Artículo 26. Información reutilizable y régimen aplicable.
Podrá ser objeto de reutilización la información a que se refiere el artículo 3 de
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector público, con las condiciones y los límites previstos en dicha ley y en esta
ordenanza.
La puesta a disposición de la información reutilizable se efectuará a través del
Portal de Gobierno Abierto, y se indicará el contenido de cada grupo de datos,
estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización y
condiciones aplicables.
Artículo 27. Principios generales de reutilización de la información pública.
La reutilización de la información publicada por los sujetos enumerados en el
artículo 2.1 se regirá por los siguientes principios generales:
a) Dato abierto y procesable por defecto. Se utilizarán formatos estándar,
de uso libre y abiertos, para la gestión de los datos, siempre que sea
posible y, en todo caso, para su publicación. Los formatos deberán ser
apropiados para permitir el acceso de los ciudadanos y la reutilización de

32

 la información por terceros, así como por los sujetos enumerados en el
artículo 2.1.
Las aplicaciones de uso interno se basarán también en datos abiertos,
con el objetivo de asegurar su calidad y utilidad.
b) Dato único. Se evitará la duplicidad de los datos siempre que sea posible.
Los datos estarán recogidos en un único repositorio, salvo en lo
necesario para la realización de copias de seguridad de los mismos.
c) Dato compartido. Los datos deberán estar disponibles para el conjunto
de la organización y para los ciudadanos, debiendo desarrollarse los
mecanismos necesarios para garantizar el acceso universal y para la
integración de las distintas aplicaciones informáticas utilizadas.
d) Dato accesible. Se utilizarán las técnicas precisas para facilitar la
accesibilidad de los datos, entre ellas, la utilización de direcciones e
identificadores web (URLs y URIs) persistentes y amigables.
e) Dato georreferenciado. Siempre que su naturaleza lo permita, se indicará
la posición o ámbito geográfico al que esté asociado el dato, de forma
que sea posible su localización sobre una representación cartográfica y la
explotación de su carácter espacial.
f) Dato descrito semánticamente. Los datos deberán estar asociados a
descriptores semánticos, que aportarán conocimiento sobre su
significado y su contexto.
Los esquemas de representación de la información y vocabularios de los
que se tomen los descriptores deberán ser estándares y abiertos. En
caso de no existir ninguno que sea adecuado y que reúna estas
características, cabrá recurrir a los esquemas y vocabularios
consensuados con o por otras administraciones públicas y reutilizadores.
Artículo 28. Límites aplicables a la reutilización por protección de datos

personales.

El límite por razón de la protección de los datos personales a que hace
referencia el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no desplegará
efectos en el caso de que se proceda a la disociación de los datos personales.
La reutilización de documentos que contengan datos de carácter personal se
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

33

 Artículo 29. Condiciones generales para la reutilización.
1. La reutilización de la información podrá estar sometida, entre otras, a las
siguientes condiciones generales, que estarán disponibles en el Portal de
Gobierno Abierto:
a) Que el contenido de la información, incluyendo sus metadatos, no sea
alterado.
b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.
c) Que se cite como fuente a la entidad que originariamente ha publicado la
información.
d) No se podrá indicar, de ningún modo, que entidades titulares de la
información sujetas a esta ordenanza, participan, patrocinan o apoyan la
reutilización que se lleve a cabo de ella.
e) Que se mencione la fecha de la última actualización.
f) Cuando la información contenga datos de carácter personal, la finalidad
o finalidades concretas para las que es posible la reutilización futura de
los datos.
g) Cuando la información, aun siendo facilitada de forma disociada,
contuviera elementos suficientes que pudieran permitir la identificación
de los interesados en el proceso de reutilización, la prohibición de
revertir el procedimiento de disociación mediante la adición de nuevos
datos obtenidos de otras fuentes.
2. La puesta a disposición de la información, con fines a su reutilización, lleva
aparejada la cesión universal, gratuita y no exclusiva de los derechos de
propiedad intelectual, con los plazos previstos en la ley.
3. La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios
o agentes de la reutilización bajo su responsabilidad y riesgo,
correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños
que pudieran derivarse de ella.
4. No podrá exigirse a las entidades sujetas a este capítulo, que mantengan la
producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con
vistas a su reutilización. Asimismo, no estarán obligadas a crear documentos,
adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un
esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple
manipulación.
34

 Artículo 30. Portal de Datos Abiertos.
El Ayuntamiento de Madrid mantendrá actualizado en el Portal de Datos
Abiertos el catálogo de conjuntos de datos que pone a disposición para su
reutilización. De cada conjunto de datos se presentará la fecha en la que se
incorporó al catálogo, su periodicidad de actualización, el número de descargas
totales y los formatos en los que está disponible.
A través del Portal se podrán formular propuestas para la publicación de nuevos
conjuntos de datos abiertos relativos a servicios del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo 31. Tramitación de solicitudes de reutilización.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 n) de la Ley 22/2006, de 4
de julio, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid u órgano en que
desconcentre o delegue será competente para la tramitación y resolución de las
solicitudes de reutilización de información pública. En el caso de los sujetos
mencionados en el artículo 2.1 b), c), d) y e) será aquel órgano o unidad que
venga así designado en sus normas reguladoras de funcionamiento y
competencias.
2. Se aplicará el procedimiento establecido en la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro
municipal. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada
resulte imposible cumplir el citado plazo se podrá ampliar el plazo de resolución
por otro plazo igual al inicialmente establecido.
3. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado
resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
CAPÍTULO VI
Registro de lobbies
Artículo 32. Creación y objeto del Registro de lobbies.
1. Se crea el Registro de lobbies para la inscripción y el control de las personas
físicas y jurídicas que actúan con el objetivo de hacer valer sus intereses en la
elaboración de la normativa municipal y en el diseño y desarrollo de las políticas
públicas del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
Será responsable de la gestión del Registro de lobbies el titular del área de
gobierno competente en materia de transparencia.
35

 2. Quedan excluidas de la inscripción en el Registro de lobbies aquellas
personas cuya actividad se limite estrictamente a la prestación de
asesoramiento jurídico o profesional vinculado a la defensa de intereses
afectados por procedimientos administrativos, la actividad desarrollada en
ejecución de una relación contractual vigente y las actividades realizadas por
las administraciones corporativas en el marco de las funciones públicas que les
atribuye el ordenamiento jurídico y las realizadas por los sindicatos de
trabajadores, las organizaciones empresariales y ciudadanas en defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales por los cauces y en los
procedimientos previstos en las normas.
Artículo 33. Naturaleza.
El Registro de lobbies tiene carácter gratuito y público, y la información que
contenga será accesible sin restricción alguna y en formato abierto.
Artículo 34. Contenido.
1. El Registro de lobbies deberá contener, como mínimo, información relativa a
la identidad del lobby y de quien lo represente, de la actividad que realizan, sus
ámbitos de interés y financiación, sin perjuicio de lo previsto en la disposición
final tercera.
2. De las reuniones y encuentros que mantengan con los representantes
locales, y los miembros o titulares de órganos superiores y directivos, así como
de los documentos principales que sirvan de soporte para su celebración, se
dará publicidad a través de sus respectivas agendas.
Artículo 35. Obligaciones de los lobbies.
La inscripción en el Registro de lobbies supone las siguientes obligaciones:
a) Aceptar que la información proporcionada se haga pública.
b) Garantizar que la información proporcionada es correcta y fidedigna.
c) No obtener ni tratar de obtener la información o incluir en la toma de
decisiones de forma deshonesta.
d) Proporcionar información actualizada y no engañosa en el momento de
inscribirse en el Registro y de mantenerla actualizada.
e) No incitar a los representantes locales ni a los miembros o titulares de
órganos superiores y directivos a incumplir lo dispuesto en esta
ordenanza.
36

 Artículo 36. Derechos de los lobbies.
La inscripción en el Registro de los lobbies será un requisito previo y
obligatorio, y otorgará derecho para que sus representantes puedan mantener
reuniones y encuentros con los fines mencionados en el art. 32.1, con los
representantes locales y los miembros o titulares de órganos superiores y
directivos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
Artículo 37. Responsabilidades por incumplimiento.
Serán los representantes locales y los miembros o titulares de órganos
superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomos, los responsables de verificar que dichas reuniones o encuentros se
mantienen con personas previamente inscritas en el Registro de lobbies.
En el supuesto de que no pueda acreditarse la inscripción previa no podrá
celebrarse la reunión o encuentro.
CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
Artículo 38. Régimen jurídico.
1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la presente
ordenanza por parte de las personas responsables conlleva la aplicación del
régimen sancionador regulado en este capítulo.
2. La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el título
XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
en esta ordenanza, y sin perjuicio de lo que se establezca en la normativa
sectorial específica.
Las infracciones disciplinarias se sancionarán por el procedimiento previsto para
el personal funcionario, estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada
caso. Solo se sancionarán disciplinariamente aquellas infracciones enumeradas
en los artículos siguientes que se hallen tipificadas cumpliendo las exigencias
legales del artículo 95 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.

37

 Artículo 39. Sujetos responsables.
Son responsables de las infracciones tipificadas por este capítulo:
a) Los representantes locales, en materia de Registro de lobbies.
b) Los titulares de los órganos directivos y el personal al servicio del
Ayuntamiento y del resto de sujetos del artículo 2.1 a los que les sea
imputable una acción u omisión tipificada como infracción, de acuerdo
con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
c) Las personas físicas y jurídicas que reutilicen documentos que obren en
poder de cualquiera de los organismos o entidades enumerados en el
artículo 2.1, a los que les sea imputable una acción u omisión tipificada
como infracción en dicha materia.
d) Las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 3 a los que
les sea imputable una acción u omisión tipificada como infracción en
materia de publicidad activa y acceso a la información pública.
Artículo 40. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves en materia de reutilización de la información:
a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya
reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2. Son infracciones muy graves en materia de publicidad activa:
a) Incumplir, las entidades señaladas en el artículo 2, las obligaciones y los
deberes de publicidad activa, aplicando de forma manifiestamente
injustificada los límites a los que se refieren los artículos 5 y 6.
b) Incumplir, las personas físicas o jurídicas, las obligaciones a las que
quedan sujetas de acuerdo con lo establecido por el artículo 3.
3. Son infracciones muy graves, con relación al derecho de acceso a la
información pública.
a) Dar información parcial, u omitir o manipular información relevante con
el objetivo de influir en la formación de la opinión pública o incumpliendo
las exigencias del principio de veracidad.
38

 b) Facilitar información relativa a los datos personales especialmente
protegidos sin el consentimiento, expreso y por escrito, de las personas
afectadas o con infracción de lo previsto en el artículo 15 de la ley
19/2013, de 9 de noviembre.
c) Ocultar la existencia
conocimiento y acceso.

de

información

pública

para

impedir

su

d) Impedir u obstaculizar deliberadamente la formalización del acceso a la
información en el caso de resolución estimatoria del órgano competente
del Ayuntamiento de Madrid o del órgano competente para resolver las
reclamaciones potestativas.
e) No colaborar en la tramitación de las reclamaciones que se presenten
ante el órgano competente de la Comunidad de Madrid o, en su caso, el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 41. Infracciones graves.
1. Son infracciones graves en materia de reutilización de la información:
a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente
autorización en los casos en que ésta sea requerida.
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que
se concedió.
c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización
esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la
normativa reguladora aplicable.
2. Son infracciones graves con relación al derecho de acceso a la información
pública:
a) Dar información incompleta o parcial, siempre que no esté justificado
para hacer compatible el derecho de acceso a la información pública con
otros derechos.
b) Facilitar intencionadamente información sometida a la aplicación de los
límites establecidos por la normativa vigente, salvo los mencionados por
el artículo 40.3 b), en perjuicio de terceros.
39

 c) Omitir el trámite de audiencia de los terceros afectados por las
solicitudes de acceso a la información pública, si los terceros están
claramente identificados.
d) Desestimar sin motivación las solicitudes de acceso a la información
pública.
e) Facilitar deliberadamente la información en un formato o unas
condiciones que impidan o dificulten manifiestamente su comprensión.
f) Condicionar el acceso a la información al pago de una contraprestación
en los supuestos de acceso gratuito.
g) Exigir una solicitud previa o la obtención de una licencia tipo para
reutilizar la información pública si este requisito no es exigible.
h) No resolver reiteradamente las solicitudes de acceso a la información de
forma expresa y motivada dentro del plazo preceptivo.
i) Incumplir reiteradamente los plazos establecidos para formalizar el
acceso a la información solicitada sin que exista una causa legal que lo
justifique.
3. Es infracción grave en materia de Registro de lobbies la celebración de
reuniones y encuentros con personas no inscritas.
Artículo 42. Infracciones leves.
1. Son infracciones leves en materia de reutilización de la información:
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la
información.
b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta
ordenanza.
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la
normativa reguladora aplicable.
2. Son infracciones leves con relación al derecho de acceso a la información
pública los actos y omisiones que constituyan descuido o negligencia en el
40

 cumplimiento de las obligaciones establecidas y en la atención a los ciudadanos
cuando ejercen los derechos que les garantiza la norma.
Artículo 43. Sanciones en materia de reutilización de la información.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo en materia de
reutilización de la información, se impondrán las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de
las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la
prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso
limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de
la autorización o modo de uso limitado concedida.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al
grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los
que se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y
a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 44. Sanciones disciplinarias.
1. Las infracciones de las que resulte responsable el personal funcionario o
laboral al servicio de las entidades previstas en el artículo 2.1, serán
sancionadas con arreglo al régimen disciplinario que en cada caso resulte
aplicable.
2. Cuando las infracciones sean imputables a titulares de órganos directivos,
podrán aplicarse las siguientes sanciones:
a) Amonestación en el caso de infracciones leves.
b) En el caso de infracciones graves:
1.º Declaración del incumplimiento y publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.
2.º Cese en el cargo.
41

 c) En el caso de muy graves:
1.º Todas las previstas para infracciones graves.
2.º No poder ser nombrados para ocupar cargos similares en el ámbito
del Ayuntamiento de Madrid por un período de hasta tres años.
3. La celebración de reuniones y encuentros con personas no inscritas en el
Registro de lobbies comportará la declaración del incumplimiento de los
representantes locales, y miembros o titulares de órganos superiores y
directivos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, y su
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo 45. Otros efectos.
1. El incumplimiento por parte de contratistas del sector público y perceptores
de subvenciones y ayudas de sus obligaciones en materia de transparencia y
acceso a la información pública, conllevará las consecuencias previstas en la
documentación contractual o cada convocatoria, respectivamente.
2. Los incumplimientos graves y muy graves podrán conllevar como
consecuencia el reintegro total o parcial de la subvención o ayuda concedida o,
en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido, así como
la imposición de penalidades.
3. En el supuesto de personas físicas y jurídicas distintas de las ya
mencionadas, que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas de titularidad municipal, se podrá suspender la correspondiente
autorización por un período de entre seis y veinticuatro meses, o, en su caso,
revocarla.
4. La celebración de reunión o encuentro con personas que no estén
previamente inscritas en el Registro de lobbies acarreará la cancelación de la
inscripción.
Artículo 46. Criterios de graduación.
Para la imposición y graduación de las sanciones y la aplicación de otros
efectos, se atenderá a la existencia de intencionalidad, reiteración, gravedad de
los hechos y su repercusión, así como a la reincidencia, de acuerdo con el
principio de proporcionalidad.

42

 Artículo 47. Multas coercitivas.
En los términos previstos en el artículo 52 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el órgano competente en el
ámbito de la presente Ordenanza podrá imponer multas coercitivas de hasta
3.000 euros como medio de ejecución forzosa de sus actos, reiteradas por
cuantos periodos de quince días sean suficientes para cumplir lo ordenado, en
los supuestos de falta de remisión, en los plazos correspondientes, por las
entidades recogidas en el artículo 3.2, al órgano competente del Ayuntamiento
de Madrid, de los datos que están obligadas a enviar conforme a lo establecido
en la presente ordenanza.
La cuantía de las multas será de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, por cada periodo
de 15 días que transcurra, siendo de 3.000 euros a partir del cuarto periodo. La
cuantía de las multas coercitivas se actualizará anualmente conforme a la
evolución anual del IPC, y será independiente de la sanción que pueda
imponerse con tal carácter y compatible con ella.
Artículo 48. Competencia sancionadora.
De conformidad con lo previsto en los apartados 1 k) y 2 del artículo 17 de la
Ley 22/2006, de 4 de julio, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid u
órgano en que desconcentre o delegue será competente para la incoación,
tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de la
comisión de las infracciones establecidas en la presente ordenanza.
Artículo 49. Procedimiento.
1. En el supuesto de infracciones imputables al personal al servicio de las
entidades indicadas en el artículo 2.1, para la imposición de las sanciones
establecidas en el presente capítulo, se seguirán las disposiciones aplicables en
materia de régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral que en cada
caso resulte aplicable.
2. En el supuesto de infracciones imputables a los titulares de órganos
directivos, el procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano
competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior,
por petición razonada de otros órganos o por denuncia.
El órgano competente para incoar el procedimiento podrá acordar previamente
la realización de diligencias preliminares.
En todo caso se dará audiencia al inculpado, concediéndosele un plazo de diez
días para que pueda alegar lo que considere conveniente a su defensa, con la
aportación de cuantos documentos considere de interés. En este trámite deberá
43

 solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su
defensa crea necesarias.
3. En el supuesto de infracciones en materia de reutilización de la información
personas físicas y jurídicas distintas de las ya mencionadas, y de personas
físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas de titularidad municipal se aplicarán las disposiciones
autonómicas aplicables en materia de procedimiento administrativo
sancionador.
4. En el supuesto de resolución de contratos, conciertos o vínculos, de
imposición de penalidades o de exigencia de reintegros a las personas físicas y
jurídicas contempladas en el artículo Y, se seguirán los procedimientos
regulados en la normativa básica sobre subvenciones y ayudas y de contratos
del sector público.
Artículo 50. Responsabilidades civil y penal.
El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se aplicará sin perjuicio de
las responsabilidades civil o penal en que pudiera incurrirse, las cuales se harán
efectivas de acuerdo con las correspondientes normas legales. En todo caso, el
Ayuntamiento deberá exigir a las personas responsables la compensación del
importe correspondiente a los perjuicios que se le hayan causado.
Artículo 51. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años; las infracciones
graves a los dos años, y las infracciones leves a los seis meses. El plazo de
prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el
plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de finalización o
cese de la acción u omisión constitutiva de infracción.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al interesado
2. Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves prescriben a los
tres años; por la comisión de infracciones graves a los dos años, y por la
comisión de infracciones leves al año. El plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.

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 Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución de la sanción, volviendo a transcurrir el plazo si
aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
infractor.
CAPÍTULO VIII
Evaluación y seguimiento
Artículo 52. Observatorio de la Ciudad.
El área de gobierno competente en materia de transparencia remitirá
periódicamente al Observatorio de la Ciudad, órgano encargado de la difusión e
información a la ciudadanía de los resultados de la evaluación de la gestión
municipal, toda aquella información que se genere en el desarrollo de sus
competencias y contribuya al mejor cumplimiento de sus fines.
Artículo 53. Planificación, seguimiento y evaluación.
1. Las actuaciones en materia de transparencia del área de gobierno
competente en la materia se plasmarán en planes de actuación de carácter
anual o, en su caso, de duración superior.
2. De los planes de actuación, se efectuará un seguimiento y evaluación
periódica, para lo que se recabará la colaboración y asistencia de cuantos
órganos y unidades sea preciso.
Los informes de seguimiento y evaluación serán remitidos para su conocimiento
y debate a la Comisión Permanente que corresponda, que podrá elevarlos al
Pleno con la misma finalidad.
3. Los planes e informes citados en este artículo serán objeto de difusión en el
Portal de Gobierno Abierto.
Disposición adicional primera. No discriminación por razón de sexo.
En aquellos casos en los que esta ordenanza utiliza sustantivos de género
masculino para referirse a personas, debe entenderse que se utilizan de forma
genérica con independencia del sexo de las personas mencionadas, de acuerdo
con los criterios establecidos por la Real Academia Española y con estricta
igualdad a todos los efectos.
Disposición adicional segunda. Régimen jurídico específico de acceso de los

concejales a la información municipal.

45

 Lo dispuesto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio del régimen jurídico
específico de acceso a la información municipal por parte de los concejales.
Disposición adicional tercera. Reutilización de información pública de

sociedades mercantiles que satisfagan intereses de carácter industrial o
mercantil.
Podrá exceptuarse de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de
reutilización de la información pública, las sociedades mercantiles del artículo
2.1 c), cuando satisfagan intereses de carácter industrial o mercantil y la
información pueda afectar a sus intereses comerciales y económicos.
Disposición

adicional

representantes locales.

cuarta.

Publicidad

de

las

agendas

de

los

Será aplicable a todos los representantes locales la regulación sobre la
publicidad de las agendas de los concejales con responsabilidades de gobierno.
Disposición adicional quinta. Régimen de regalos.
Será aplicable a todos los representantes locales el régimen de regalos
existente para el Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, los Concejales con responsabilidades de gobierno, los ConcejalesPresidentes de los Distritos, los titulares de los órganos directivos y los
empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
Será aplicable el mismo régimen a todo el personal al servicio de las sociedades
mercantiles comprendidas dentro del ámbito de aplicación de esta ordenanza,
incluidos sus máximos responsables y directivos.
Disposición adicional sexta. Inclusión de información relativa a liquidaciones

tributarias en las declaraciones de bienes patrimoniales de los representantes
locales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la información a publicar recogida
en el artículo 8.2 d) de esta ordenanza, se incluirá en los modelos de
declaración de bienes patrimoniales de los representantes locales el valor
catastral de los inmuebles de su propiedad, el título jurídico en virtud del que
los hayan adquirido y la información relativa a sus declaraciones de la renta,
patrimonio y, en su caso, sociedades. Esta información se declarará anualmente
a la Secretaría General del Pleno, y se publicará con igual periodicidad en el
Portal de Gobierno Abierto.

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 Disposición

reutilizable.

adicional

séptima.

Federación

de

información

pública

El Ayuntamiento de Madrid promoverá la federación de su catálogo de
información pública reutilizable con los catálogos de otras entidades sujetas a la
normativa en esta materia.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas aquellas normas municipales y acuerdos que contradigan lo
dispuesto en la presente ordenanza.
Mantiene expresamente sus efectos el Acuerdo de 14 de enero de 2010 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establecen los criterios
de la reutilización de documentos del sistema de gestión de contenidos
publicados en el sitio web municipal (www.munimadrid.es).
Disposición final primera. Modificación del Reglamento General del

Inventario del Ayuntamiento de Madrid.

El artículo 12 del Reglamento General del Inventario del Ayuntamiento de
Madrid queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 12. Consultas por terceros.
1. El Inventario General y los datos reflejados en el mismo, así como los
resultados de su agregación o explotación estadística, constituyen
información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas
del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos públicos.
Los datos recogidos en el Inventario General del Ayuntamiento de
Madrid, constituyen no solo una obligación legal, sino, además, en
cuanto reflejan la situación patrimonial y permiten obtener resultados de
su agregación o explotación estadística, una herramienta de apoyo para
la gestión interna y para la definición de las políticas del Ayuntamiento
de Madrid y de sus organismos públicos.
2. Estos datos, por formar parte de un Registro de naturaleza
administrativa, no surtirán efectos frente a terceros ni podrán ser
utilizados para hacer valer derechos frente a la Administración del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos públicos.
3. El Ayuntamiento de Madrid, publicará la información sobre los bienes
inmuebles de su propiedad, sobre los que ostente algún derecho real y
sobre bienes muebles de carácter histórico o artístico de los que sea
47

 titular, en los términos que se disponga en la Ordenanza de
Transparencia de la Ciudad de Madrid.
Dicho acceso a la información se limitará a los datos que, de acuerdo con
la normativa en materia de transparencia, puedan hacerse públicos”.
Disposición final segunda. Supletoriedad de la normativa de acceso a la

información pública.

La regulación del derecho de acceso a la información pública se aplicará
supletoriamente al régimen de reutilización de la información pública que
contempla esta ordenanza.
Disposición final tercera. Instrucciones sobre el Registro de lobbies.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará mediante acuerdo las
instrucciones precisas sobre el contenido y estructura del registro, el proceso de
inscripción y cancelación y sus efectos. La puesta en marcha efectiva del
Registro coincidirá con la publicación de las citadas instrucciones en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
Disposición final cuarta. Actualización del Portal de Datos Abiertos.
Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 a) y b) deberán remitir al órgano
directivo competente en materia de transparencia una propuesta con los
conjuntos de datos derivados de su gestión pública susceptibles de ser incluidos
en el Portal de Datos Abiertos en el plazo de seis meses desde la publicación de
esta ordenanza.
Disposición final quinta. Interpretación de la ordenanza.
Se faculta al titular del Área de Gobierno competente en materia de
transparencia para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la
aplicación de esta ordenanza, y para que dicte las resoluciones
complementarias necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la misma.
Asimismo, la Dirección General competente en materia de transparencia podrá
dictar criterios interpretativos tanto para la publicación de información en el
Portal de Gobierno Abierto como para la resolución de las solicitudes de acceso
a la información, para mejor coordinación de todos los órganos y unidades
municipales en esta materia.

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 Disposición final sexta. Publicación, entrada en vigor y comunicación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3, párrafos e) y f), y en el
54 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de
Madrid, la publicación, entrada en vigor y comunicación de la presente
ordenanza se producirá de la siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación y la ordenanza se publicarán íntegramente en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.
b) La ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, salvo en lo que afecta a las
obligaciones de publicidad activa no previstas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, que lo harán en el plazo de seis meses desde aquella fecha de
publicación.
c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la
Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad de
Madrid.

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