Desde la Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas 7N, nos ponemos en contacto con los diferentes partidos políticos que aspiran a la presidencia del gobierno, para hacer llegar esta carta donde ponemos nuestras exigencias. Lo hacemos así, porque en más de 130 municipios, en algunas diputaciones provinciales y parlamentos de las comunidades autonómicas, se aprobó la moción de apoyo al #7N donde se recogían puntos concretos, y su partido político apoyó -en algunos casos no en todos los municipiosdichas mociones, por lo que le recordamos su compromiso adquirido. Nos dirigimos a su agrupación por ser una de las que aprobaron la moción elaborada por la Plataforma 7N, a fin de lograr el apoyo a la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas, adquiriendo así los compromisos incluidos en la misma para la lucha y erradicación de las violencias machistas. La discriminación de las mujeres en el mundo laboral y la precariedad en este ámbito no hace posible su independencia económica, la búsqueda de alternativas y salida para aquellas en situación de maltrato. Pero además, esta precariedad se ha visto incrementada por los recortes sistemáticos, fruto de las políticas neoliberales que el gobierno del PP ha implementado a lo largo de esta legislatura, como por ejemplo, el recorte presupuestario de hasta un 31% en materia de igualdad. Todo ello ha agravado la situación de desigualdad y precariedad de aquellas más desfavorecidas, sometidas ellas y sus hijas e hijos, si los tuviera, a una violencia sistemática y sin posibilidad de salir de ella. La aprobación en más de 130 ayuntamientos del Estado de la moción propuesta por la Plataforma 7N y la gran movilización ciudadana que acudió a la Marcha Contra las Violencias Machistas han dejado de manifiesto la capacidad del movimiento feminista para movilizar a la sociedad y las instituciones contra este terrorismo machista. Las reacciones del patriarcado han sido terribles desde el mismo día de la marcha. Seguimos sumando asesinatos y violencias diariamente, lo que reitera la necesidad de atajar de formar inmediata esta violencia en todas sus formas. La protección de las víctimas es urgente, impulsando políticas que pongan la prevención de la violencia como prioritaria, pero también un modelo coeducativo en todos los ciclos que asegure la educación en igualdad, en el respeto a la diversidad, así como que mujeres y hombres somos iguales en capacidades. Es necesario dotar presupuestariamente y dar cumplimiento a la Ley Integral contra la violencia de género 1/2004, la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 3/2007 y la ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (39/2006); leyes, todas ellas, que contribuyen de manera integral a erradicar las violencias contra las mujeres. Hay que acabar con la revictimización de las mujeres en situación de maltrato, es imprescindible la formación de todo el personal que interviene en el proceso: asistente social, sanitario, educativo, judicial, fuerzas de seguridad. Todos los organismos e instituciones del Estado han de implicarse en la lucha contra las violencias machistas haciendo hincapié, entre otras legislaciones, en el cumplimiento de los convenios Internacionales refrendados por España y las recomendaciones al Estado Español llevadas a cabo por la CEDAW, y que el actual gobierno del PP no ha acatado hasta el momento. Es necesario eliminar la custodia compartida impuesta, pues perpetúa la violencia contra la mujer y es nefasta para las y los menores, poniendo en riesgo sus vidas en demasiadas ocasiones. Por todo ello, el movimiento feminista, constituido en Plataforma 7N, exige a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones y a aquellos que se han comprometido a través de la moción aprobada, a hacer suyas e incluir en sus programas electorales las reivindicaciones expresadas en el manifiesto de la Marcha 7N: La consideración de las violencias que padecemos las mujeres como terrorismo machista y, como tal, el tratamiento de éste como una cuestión de Estado, incluyéndose como prioridad en la agenda del gobierno y de los grupos parlamentarios de la oposición, arbitrando medidas urgentes y calendarizadas, con presupuestos y recursos acordes para luchar contra él. Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de violencia machista, cumpliendo el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004, estableciendo un sistema estable de financiación estatal, autonómica y local a largo plazo. Ofrecer la atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento. Gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar y visibilizando a las mujeres en todos los contenidos educativos y académicos. - Sensibilizar contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia pública y obligar al cumplimiento de la legislación al respecto en aquellos de competencia privada. - Erradicar el sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en todas las actuaciones y servicios, la publicidad sexista que perpetúa los roles y estereotipos que fomentan la violencia contra la mujer. - Ofrecer una atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como mujeres con diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional o sensorial dependientes, en situación de desempleo o en riesgo de exclusión social , con adicciones y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención. - Arbitrar las medidas necesarias para fomentar la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres en el proceso de prevención y asistencia. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias. Es nuestro derecho, por eso no dudamos que atenderéis, con el mismo compromiso que aceptasteis aprobar la moción anterior, estas exigencias con la urgencia que merece. Esperamos su respuesta y contestación. Comunicación 7N