JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 002
MADRID
AUDIENCIA NACIONAL .- C/ GARCÍA GUTIERREZ S/N PLANTA 3ª
Tfno: 917096527/28/33/32
Fax: 917096541
NIG: 28079 27 2 2016 0000312
GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000008 /2016
PIEZA SITUACIÓN ALFONSO LÁZARO DE LA TORRE

AUTO
En MADRID, a diez de febrero de dos mil dieciséis.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que en las presentes actuaciones incoadas por este Juzgado en funciones de
guardia, se ha dicto con fecha 6 de febrero de dos mil quince, auto por el que se decretaba la
prisión provisional, comunicada y sin fianza de ALFONSO LÁZARO DE LA TORRE y
RAUL GARCIA PEREZ como presuntos responsables de un delito de enaltecimiento del
terrorismo tipificado en el artículo 578 del Código Penal y un delito cometido con ocasión del
ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades publicas garantizados pro la
Constitución tipificado en el artículo 510 del Código Penal.
SEGUNDO.- Por la representación procesal de los citados, se ha interpuesto en tiempo y
forma recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la indicada resolución, interesando
se modifique la misma en el sentido de acordar la libertad provisional de sus representados en
base a los argumentos en el mismo esgrimidos.
Por el Ministerio Fiscal en tramite de alegaciones, se ha evacuado informe en el sentido de en
síntesis “ ………… El Ministerio fiscal considera que al haberse conjurado los motivos que
se tuvieron en cuenta para acordar la prisión provisional es decir, el haberse disminuido el
peligro de fuga, así como el riesgo de reiteración delictiva, lo procedente conforme al artículo
503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es acordar la libertad provisional de D. Raúl
García Pérez y D. Alfonso Lazaro de la Fuente . Por lo expuesto el Ministerio Fiscal postula,
que procede la libertad provisional de D. Raúl García Pérez y D. Alfonso Lazaro de la Fuente
con las siguientes obligaciones: fijación de domicilio a efectos de notificaciones, obligación
apud acta diaria, que podrá realizar en el Juzgado o Comisaría mas cercana a su domicilio y
prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte……..”
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Como reiteradamente ha tenido ocasión de señalar nuestro Tribunal
Constitucional, la legitimidad constitucional de la prisión provisional atiende, con
acogimiento expreso en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 502 y siguientes
, básicamente 502, 503 y 504), a que su configuración y su aplicación tengan, como
presupuesto, la existencia de indicios racionales de comisión de una presunta actividad
delictiva con una determinada previsión penológica ("que conste en la causa la existencia de
uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea
igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración
inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de
cancelación, derivados de condena por delito doloso") y su atribución a persona determinada
("que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito
a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión"); como objetivo, la consecución
de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida (deber

 estatal de perseguir eficazmente el delito -evitando la desaparición de las fuentes de prueba,
impidiendo la huida o fuga del presunto responsable, haciendo inocua toda actividad que
tienda a obstruir la actuación de la Justicia, evitando que el imputado pueda actuar contra
bienes jurídicos de la víctima, impidiendo el riesgo de reiteración delictiva-, por un lado; y el
deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro); y, como objeto, que
se la conciba, en su adopción, y en su mantenimiento, como una medida de aplicación
excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines
antedichos.
SEGUNDO.- Bajo las anteriores premisas debe resolverse nuevamente sobre el particular
controvertido, que no es otro que el mantenimiento de la medida cautelar de prisión
provisional sobre los imputados Alfonso LÁZARO DE LA FUENTE y Raúl GARCIA
PEREZ.
TERCERO.- Argumentan los recurrentes, en primer término que las conductas desarrolladas
por los investigados no constituyen los delitos tipificados y penados en los arts. 510 y 578 del
Código Penal vigente. Sobre este particular, por lo que respecta a las figuras delictivas en las
que indiciariamente han incurrido los investigados, sin perjuicio de lo reseñado en al Auto de
prisión del pasado día 6 de Febrero, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido, en aras a
la economía procesal, puede señalarse lo siguiente:
Primero.- Respecto a los hechos tipificados en el Art. 510 del Código Penal, de la
doctrina constitucional (SSTC ; 11/2000, de 17 de enero , F. 7 ; 49/2001, de 26 de febrero ,
F. 5 ; 160/2003, de 15 de septiembre , F. 4), entre otras muchas, se desprende que, si bien la
libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso
aunque resulten rechazables y molestas para una generalidad de personas, no alcanza a
cobijar bajo su protección la utilización del menosprecio y el insulto contra personas o
grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos. Se oponen a ello el
derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la igualdad entre todas ellas y el derecho al
honor.
Pero, en cualquier caso, no se encuentran bajo la protección constitucional la realización de
actos o actividades que, en desarrollo de aquellas ideologías, vulneren otros derechos
constitucionales. Incluso, cuando se trata de conductas dotadas de una suficiente gravedad,
el legislador puede establecer sanciones penales para aquellos hechos que supongan la
causación de un resultado de lesión o la creación de un peligro, que aunque abstracto debe
ser real, para la integridad de esos bienes jurídicos. Pero la expresión o difusión de ideas
violentas no puede ser identificada con la violencia que contienen a efectos de su
persecución, que sin embargo se justifica cuando supongan una incitación a hacerla efectiva.
La libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado "discurso del odio", esto es, a
aquél desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los
ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias, etc.
En concreto, el contenido de las escenas reseñadas en el Auto de prisión, desarrolladas
públicamente, conforme constan en las actuaciones, constituyen, a priori, un modo de
fomentar, promover o incitar –directa o indirectamente- al odio, hostilidad o violencia contra
un determinado grupo de personas, una parte del mismo o contra personas determinadas por
motivos contenidos en el artículo 510 del Código Penal. y en ese sentido suponen, por un
lado, algo más que una clara mofa, de determinados colectivos, vulnerándose de este modo el
bien jurídico protegido por el legislador, a saber, la igualdad de todos los individuos y el
orden de convivencia existente, bien jurídico protegido de carácter colectivo.
Nos encontramos ante un delito de peligro abstracto que se consuma con esa "provocación al
odio" que preceptúa el tipo enjuiciado sin que sea necesario que el receptor del discurso
modifique su conducta influenciado por el mismo.
Segundo.- El enaltecimiento/justificación del art. 578 constituye una forma autónoma
de apología caracterizada por su carácter genérico y sin integrar una provocación ni directa
ni indirecta a la comisión de un delito.
La barrera de protección se adelanta, exigiéndose solamente la mera alabanza/justificación
genérica, bien de los actos terroristas o de quienes los efectuaron.
La alabanza o justificación de acciones terroristas que no cabe incluirlo dentro de la
cobertura otorgada por el derecho a la libertad de exposición o ideológica en la medida que
el terrorismo constituye la más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella

 Comunidad que lo sufre, porque el discurso del terrorismo se basa en el exterminio del
distinto , en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y en definitiva
en la aterrorización colectiva como medio de conseguir esas finalidades.
Precisamente en relación al delito de exaltación del terrorismo, partiendo del hecho
indiscutible que el terrorismo constituye la más brutal negación de los derechos humanos,
resulta más que aceptable que las expresiones de alabanza a los autores de delitos terroristas o
de sus actos en la medida que integran hechos tipificados como delitos en el art. 578 Código
Penal, se hagan merecedores de la respuesta penal prevista. No se criminaliza el sentimiento
del odio que, como tal, en tanto permanezca oculto en el interior del ser humano, queda fuera
de la respuesta penal porque los pensamientos no delinquen, sino que lo que se criminaliza
son hechos externos que ensalzan tal odio y que constituyen hechos , tipificados como tales en
el Código Penal en el art. 578 .
Por lo que se refiere al bien jurídico protegido por este delito, la propia Exposición de
Motivos de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, incide en que no se trata, con toda
evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se aleguen
o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, sino que consiste en algo "tan sencillo
como perseguir la exaltación de métodos terroristas", realizada mediante actos "que producen
perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal". El
fundamento de este tipo penal se ubica en la interdicción de lo que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos - SSTEDH de 8-7-1999, Sürek vs Turquía , y de 4-12-2003, Müslüm
Gündüz vs Turquía- y también el Tribunal Constitucional - STC 235/2007, de 7 de noviembre
- califican como el "discurso del odio", es decir, la alabanza o justificación de acciones
terroristas.
Resta, por último, descartar que los hechos perpetrados carezcan de viabilidad delictiva, pues
cualquier persona que lea la expresión incluida en el cartel exhibido por los investigados
“GORA ALKA-ETA” puede verificar que con las mismas, se está alabando o
justificando bien a los autores de hechos terroristas o los propios hechos, sin que el hecho de
que tal exhibición se lleve a cabo “bajo la cobertura” o “con ocasión” de la escenificación
de una obra con guiñoles, pueda suponer por sí misma una despenalización de la referida
conducta.
CUARTO.- Sentado lo anterior, los recurrentes aducen, en base al contenido de sus escritos,
que aquí se tienen por reproducidos, la inexistencia de riesgo de fuga de los investigados, así
como la no concurrencia del peligro de reiteración delictiva, interesando en definitiva la
modificación de la situación de prisión provisional incondicional por la de libertad Alfonso
LÁZARO DE LA FUENTE y Raúl GARCIA PEREZ
A este respecto, hemos de indicar que no obstante lo expuesto en los razonamientos jurídicos
anteriores, teniendo en cuenta las argumentaciones esgrimidas por las defensas de los
investigados y, muy especialmente, LA APORTACIÓN DOCUMENTAL (no obrante en el
momento de la adopción de la medida cautelar de prisión provisional incondicional), que
se adjunta con los escritos de interposición de recursos, ACREDITATIVA del arraigo
familiar que éstos tienen en España, domicilios conocidos, formación académica y
actividades desempeñadas por los mismos, se infiere que no tratarán de sustraerse a la
acción de la justicia y, consiguientemente, el riesgo de fuga queda muy mermado, pues dicho
arraigo implica la existencia de razones familiares, sociales y económicas que hacen que el
presunto delincuente contemple con mayores dificultades la huida que si no existieran; a lo
que ha de añadirse, la inexistencia de peligro de destrucción u ocultamiento de pruebas y,
asimismo, que en atención a las circunstancias concurrentes, el riesgo de que los
investigados cometan otros hechos delictivos, esto es, lleven a cabo la reiteración delictiva, a
juicio de este Instructor, ya es escasa en estos momentos; por lo que, de conformidad con el
informe del MF, y siendo la prisión provisional incondicional una medida de carácter
excepcional, se considera que no resulta imprescindible el mantenimiento de la misma y, por
tanto, procede modificar dicha situación. Ahora bien, para evitar cualquier riesgo, el cual
siempre existe en todo procedimiento penal por su propia naturaleza, este Instructor entiende
necesarias otro tipo de medidas coadyuvantes de garantía. En primer lugar, decretar la
prohibición de salida del territorio español, para lo que deberán entregar sus pasaportes. En
segundo lugar, los investigados habrán de comparecer "apud acta" diariamente ante este
Juzgado o el más próximo a su domicilio habitual, debiendo comunicar cualquier cambio de
domicilio que puedan llevar a cabo.

 Vista la Jurisprudencia y preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
Se REFORMA el Auto de fecha 6 de Febrero de 2016 por el que se decretaba la prisión
provisional incondicional de Alfonso LÁZARO DE LA FUENTE y Raúl GARCIA
PEREZ y, en su lugar, se decreta LA LIBERTAD PROVISIONAL de los citados, con
prohibición de salida del territorio español y obligación de comparecer "apud acta"
DIARIAMENTE ante este Juzgado o el más próximo a su domicilio habitual, debiendo
comunicar cualquier cambio de domicilio que puedan llevar a cabo y hacer entrega de sus
pasaportes en este Juzgado.
Notifíquese esta Resolución con entrega de copia a los interesados e instrucción de sus
derechos y comuníquese la misma al Ministerio Fiscal.
En su caso, líbrense los oportunos despachos y mandamientos
Esta Resolución no es firme y contra ella cabe recurso de APELACION, que ha de
interponerse en el plazo de CINCO días ante este Juzgado, en los términos previstos en el
artículo 766 de la L.E.Criminal.
Lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. ISMAEL MORENO CHAMARRO, MagistradoJuez del Juzgado Central de Instrucción nº 2.

DILGIENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.