ANEXO I
RESOLUCIÓN DE LA MESA DEL SENADO
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha de 8 de febrero de 2016 tuvo entrada a través del
Sistema de Gestión de Solicitudes de Información (SGSOLI) disponible a
través de la página web del Senado, la solicitud de información formulada con
el siguiente texto: “A quien corresponda, En virtud del artículo 2.1 de la Ley
19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,
que incluye al Senado entre los sujetos de ámbito de aplicación de la
ley, y el artículo 13 de la misma, que entiende por información pública los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que
obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones, solicito: El gasto anual de cada senador de la tarjeta
personalizada para servicios de taxis durante la legislatura X, desde 2011 hasta
2015. Agradecería recibir la información en un formato reutilizable,
preferiblemente XLS o CSV. Muchas gracias por su atención”
SEGUNDO.- Con idéntica fecha se le asignó el siguiente número de referencia:
REL2016_00000358_UYZHSUPQ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Mesa del Senado, en el ejercicio de la competencia reconocida
en el artículo 36.1.g) del Reglamento del Senado para “aprobar las normas y
adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia de
la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del
Senado”, aprobó en su reunión del día 2 de diciembre de 2014 la Norma
reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado (Boletín
Oficial de las Cortes Generales-Senado, Serie D, Núm. 451, de 9 de diciembre
de 2014).
SEGUNDO.- La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la
información corresponde a la Mesa del Senado, a tenor de lo establecido en el
artículo 2 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información
pública del Senado, que asimismo señala que cuando la información esté
publicada en la web del Senado, las solicitudes sean contestadas por las

 unidades de información de la Secretaría General con competencia en la
materia.
TERCERO.- El artículo 1 de la precitada Norma delimita el ámbito objetivo al
establecer que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información
pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad
sujeta a Derecho administrativo, obre en poder del Senado, cualquiera que sea
el formato o soporte de los contenidos o documentos, en los términos previstos
en esta Norma”. Por lo tanto el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública del Senado debe recaer sobre contenidos o documentos que obren en
poder del Senado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de
sus funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo.
La presente solicitud de información, relativa al gasto anual por Senador de la
tarjeta-taxi durante la X Legislatura, está relacionada con el ejercicio de
funciones del Senado sujetas a Derecho administrativo.
CUARTO.- El artículo 4 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la
información pública del Senado establece que “Si la información solicitada
contuviera datos personales se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno”.
La información solicitada contiene datos de carácter personal que no tienen la
consideración de especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 7.2
de la Ley Orgánica 15/1999, por lo que procede la aplicación del artículo 15.3
de la Ley 19/2013, que exige del órgano al que se dirige la solicitud, caso por
caso, la “previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la
divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos
aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a
la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará
particularmente en consideración los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos
establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un
derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el
acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los
documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente
identificativo de aquéllos.

 d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los
datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su
seguridad, o se refieran a menores de edad.”
A continuación el artículo 15.4 de la Ley 19/2013 establece que “no será
aplicable lo establecido en los artículos anteriores si el acceso se efectúa
previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la
identificación de las personas afectadas.”
Al no ser posible realizar la disociación de los datos de carácter personal de
modo que se impida la identificación de las personas afectadas, ya que
precisamente la solicitud pide expresamente “el gasto anual de cada Senador
de la tarjeta personalizada para servicios de taxi”, lo que implica
necesariamente la identificación de cada Senador, procede realizar la previa
ponderación que permita valorar si prevalece el interés público en la
divulgación de la información o el derecho fundamental a la protección de datos
de carácter personal de los Senadores afectados.
El primero de los criterios que debe ser tomado en consideración a la hora de
realizar la ponderación es el transcurso de los plazos establecidos en el artículo
57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuyo
apartado c) dispone, para determinados tipos de datos personales, que “no
podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de
los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde
su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir
de la fecha de los documentos.” Este criterio no resulta de aplicación en el
presente caso ya que la solicitud no versa sobre “los documentos que
contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de
cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su
honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen”.
El segundo criterio que debe ser valorado tiene que ver con la motivación de la
solicitud o el hecho de que el solicitante tenga la condición de investigador y
motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. Ahora bien, el
solicitante del gasto anual de cada Senador de la tarjeta personalizada para
servicios de taxis no justifica su petición en el ejercicio de un derecho. En este
punto es importante resaltar que el escrito objeto de la presente solicitud
carece de motivación, circunstancia que si bien no resulta necesaria para la
presentación ni es por sí sola causa de rechazo de la solicitud, en cambio
puede ser tenida en cuenta a la hora de realizar la ponderación a la que se
refiere el artículo 15.3 de la Ley 19/2013 y dictar la resolución.

 En tercer lugar, el artículo 15.3 de la Ley 19/2013 menciona como criterio para
realizar la ponderación el menor perjuicio de los derechos de los afectados –en
este caso los Senadores- frente al interés público en la divulgación de la
información, si los documentos solicitados contuviesen únicamente datos de
carácter meramente identificativos, circunstancia que no concurre en el
presente caso, pues la información solicitada no sólo contiene datos de
identificación de los Senadores.
El cuarto criterio de ponderación recogido en la Ley 19/2013 no sería de
aplicación en el presente supuesto ya que los datos solicitados no afectan ni a
la intimidad ni a la seguridad de los afectados.
Tomados en consideración los criterios de ponderación a los que se refiere el
artículo 15.3 de la Ley 19/2013, y en especial la falta de motivación de la
solicitud y el hecho de que los documentos solicitados no contienen
únicamente datos de carácter meramente identificativos de los Senadores,
cabe entender que, en este caso concreto, no prevalece el interés público en la
divulgación de la información sobre los derechos de protección de datos de
carácter personal, derechos que amparan a todas las personas físicas
identificadas o identificables y que exigen que cualquier comunicación o cesión
de los mismos sólo pueda realizarse con el previo e inequívoco consentimiento
de los afectados, salvo que la cesión esté autorizada en una ley (artículo 11 de
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal).
Por consiguiente, no parece justificada la concesión del acceso a la información
solicitada en la que se detalle el gasto individualizado por Senador derivado del
uso de la tarjeta-taxi.
Ahora bien, en aplicación del artículo 5 de la Norma reguladora del derecho de
acceso a la información pública del Senado (“Cuando la aplicación de alguno
de los límites previstos no afecte a la totalidad de la información, se concederá
el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo
que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En
este caso deberá indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido
omitida”), sería posible entender que la aplicación del límite derivado de la
protección de datos personales no afecta a la totalidad de la información, por lo
que cabría conceder el acceso parcial facilitando al solicitante la base
normativa y el gasto anual total realizado por los Senadores en servicios de taxi
durante la X Legislatura, desde el año 2011 hasta el año 2015.
QUINTO.- De conformidad con el artículo 24.1 del Reglamento del Senado
“dentro del territorio nacional, los Senadores tendrán derecho a pase de libre
circulación en los medios de transporte colectivo que determine la Mesa del
Senado o al pago, en su caso, con cargo al Presupuesto de la Cámara, de los

 gastos de viaje realizados de acuerdo con las normas que la Mesa en cada
momento establezca”.
En aplicación del citado precepto, la Mesa de la Cámara, en su reunión de 11
de julio de 2006, autorizó la celebración de un contrato para la prestación del
servicio urbano e interurbano de autotaxi en la Comunidad de Madrid, con
Radio Taxi de Madrid, Sociedad Cooperativa Madrileña. En el año 2015 se
licitó el contrato, resultando adjudicataria la misma empresa, que inició la
prestación de sus servicios en el marco del nuevo contrato el 1 de enero de
2016.
La Mesa del Senado, en su reunión del día 30 de noviembre de 2010, en
relación con la tarjeta-taxi, con efectos desde el día 1 de enero de 2011, adoptó
los siguientes acuerdos, que siguen vigentes:
“1.- El saldo de que dispone la mencionada tarjeta, hasta ahora con un límite
mensual de 250 euros, pasará a ser de 3.000 euros anuales, consumibles
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.
2.- Cuando, a lo largo de la Legislatura, se produzca el alta de un nuevo
Senador, se pondrá a su disposición en el Área de Prestaciones a Senadores,
una tarjeta de Radioteléfono Taxi cuya cuantía será el saldo resultante de
prorratear, desde la fecha de su incorporación hasta el 31 de diciembre del año
en curso, la base de 3.000 euros anuales.
3.- En caso de producirse la baja del Senador titular de la tarjeta de
Radioteléfono Taxi, se realizará el cómputo del saldo consumido mediante
prorrateo, tomando en consideración la fecha de la baja efectiva. Si de dicho
cómputo resultara un exceso de saldo consumido, se procederá a la devolución
de la cantidad resultante por el titular, o bien a la detracción de dicha cantidad
de la nómina que en su caso hubiera pendiente.“
SEXTO.- El gasto total derivado del uso de la tarjeta-taxi durante los años 2011
a 2015 (X Legislatura), financiado con cargo al subconcepto 22300 del
Presupuesto del Senado (“Transportes”), fue el siguiente:
2011: 254.053,66 euros.
2012: 315.429,80 euros.
2013: 347.127,08 euros.
2014: 314.964,92 euros.
2015: 283.907,15 euros.
Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTA MESA,
en sesión celebrada en el día de la fecha

 ACUERDA
Conceder el acceso parcial a la información, facilitándole la base
normativa y el gasto anual total realizado por los Senadores en
servicios de taxi durante la X Legislatura, desde 2011 hasta 2015 en los
términos que se reflejan en los Fundamentos de Derecho QUINTO y SEXTO.
Contra la presente resolución cabe recurso ante la Mesa del Senado,
con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa, y recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en los
términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la Norma reguladora del
derecho de acceso a la información pública del Senado.

Palacio del Senado, a 8 de marzo de 2016.