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A LA SALA SEGUNDA
DEL
TRIBUNAL SUPREMO

DON JAVIER FERNÁNDEZ ESTRADA, Procurador 561 de los
Tribunales de Madrid y de IZQUIERDA UNIDA

y UNIDAD

POPULAR, según consta acreditado en los DOCUMENTOS Nº 1 y 2,
ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a interponer QUERELLA por
presuntos delito de lesa humanidad, delito cometido con ocasión de un
conflicto bélico, delitos contra la integridad moral y delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales, y
cualesquiera otras conductas relacionadas que aparezcan en el curso de la
investigación, ejercitándose la acción penal en contra el Presidente del
Gobierno en funciones, D. Mariano Rajoy Brey y contra quienes más
resulten responsables en el curso de la investigación.

I.- TRIBUNAL ANTE EL QUE SE PRESENTA

De acuerdo con el artículo 57.1.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
“La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 2º De la instrucción
y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno
desarrollándose ut infra los fundamentos jurídicos en materia de
competencia y jurisdicción.

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II. – NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUERELLANTES

Izquierda Unida, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle
Olimpo nº 35, 28043 Madrid, y
Unidad Popular, con domicilio a efectos de notificación sito en Madrid,
calle Pilar de Zaragoza, 9 - 28028 Madrid.

III. – NOMBRE DEL QUERELLADO

Esta querella se dirige en contra de: DON MARIANO RAJOY BREY
con último domicilio conocido por esta parte en Palacio de la Moncloa sito
en Av. Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid (sin perjuicio de la posibilidad
de que el mismo cambie en breve espacio de tiempo desconociéndose
cualquier otro).

IV.- ANTECEDENTES

PRIMERO-. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS LLEGADAS A
EUROPA

El pasado 18 de marzo de 2016 el Consejo de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea llegó a un contrato con Turquía por el que

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“todos los migrantes irregulares que cruzasen de Turquía a las islas griegas
serán devueltos a Turquía desde el 20 de Marzo de 2016 a las 0:00”.

El número de personas repartidas por toda Grecia es de más de 50 mil, de
las cuales 11 mil se encuentran en el improvisado campo de Indomeni, en
la frontera con Macedonia. Según datos de la Agencia para los Refugiados
de Naciones Unidas (ACNUR), la magnitud y gravedad de la crisis
humanitaria en Siria, consecuencia de los cinco años de conflicto, ha
provocado que más de 4.8 millones1 de sirios se hayan visto obligados a
buscar refugio en países vecinos y más de 7.6 millones hayan tenido que
abandonar sus casas para convertirse en desplazados internos. Esto supone
que más de la mitad de la población Siria ha tenido que abandonar sus
hogares por motivo del conflicto armado.

Turquía es el país al que más sirios han llegado en busca de ayuda, más
de 2.7 millones hasta la fecha.2 Los flujos de refugiados en junio 2015
provocaron la llegada a Turquía de más de 24.000 personas desde Tel
Abyad y otras zonas del norte de Siria. Turquía, que ya se ha convertido
en el país del mundo que más refugiados acoge, es hogar ahora para el
45% de todos los refugiados sirios de la región. En cambio el número de
sirios que buscan protección internacional en Europa no llega al 10 % del
total de sirios que ha abandonado el país.3

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
1

Datos de ACNUR actualizados a fecha 9 de marzo de 2016.
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#
2
ibídem
3
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php

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Según datos estimados de ACNUR más de 1 millón de personas, la
mayoría de ellos Sirios (50%), Afganos (20%) e Iraquíes (7%), llegaron a
Grecia en 2015. Los datos revelan que el 84% de las personas que llegaron
a Europa en 2015 provenían de alguno de los 10 países del mundo
considerados como mayores generadores de refugiados, lo que confirma
que son personas que huyen de conflictos armados.4 A finales de 2015
había más de 3.735 desaparecidos, los cuales con suma probabilidad
murieron ahogados intentando alcanzar las costas griegas o italianas.

En torno al 60% de las personas que llegaron por vía marítima a
Europa eran mujeres y niños; es decir los colectivos más vulnerables en
cualquier clase de conflicto armado. Europol ha alertado que alrededor
de 10 mil menores no acompañados han desaparecido tras su llegada a
Europa tras caer en manos de organizaciones de tráfico de seres
humanos. Save the Children estima que en torno a 26 mil menores habrían
llegado a Europa en el último año.

Los afganos constituyen el segundo grupo mayor en número de
demandantes de asilo en Europa después de los sirios. Según datos de la
Unión Europea cerca de 180.000 afganos cursaron peticiones de asilo en
algún país europeo en el último año.

Peter Sutherland, Representante Especial de Naciones Unidas para la
Migración Internacional y el Desarrollo, en una entrevista para la radio
inglesa declaró que el Contrato es ilegal, en primer lugar porque las
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
4

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html

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deportaciones colectivas de toda persona que afirma ser un refugiado
son ilegales; y en segundo, porque sus derechos deben de ser
protegidos de manera absoluta en el país al que sean deportados, ello
implica que exista la certeza de que por ejemplo en el caso de Turquía no
serán enviados de vuelta a Siria si son refugiados sirios.5

SEGUNDO.- SITUACIÓN EN GRECIA TRAS LA ENTRADA EN
VIGOR DEL CONTRATO

Desde que se firmara el contrato la llegada de refugiados y demandantes de
asilo a la isla griega de Lesbos continúa. En las primeras horas desde su
entrada en vigor llegaron más de 900 personas y durante el primer fin de
semana de abril 888 personas han llegado a Lesbos, 463 a Quíos y 31 a
Samos, las tres islas griegas más cercanas a la costa Turca. Por lo que
parece, el esperado efecto disuasorio del contrato no se está cumpliendo ya
que la llegada de nuevas personas a las islas griegas no cesa.

Se estima que el número de personas llegadas desde la firma del Contrato
supera las 6 mil y Grecia ya ha anunciado que no está preparada para cursar
todas las solicitudes de asilo.

Por otro lado, el Contrato ha supuesto que las redes de traficantes de
personas se hagan más fuertes en la zona. Mientas haya demanda las mafias
seguirán operando, y es más, con la entrada en vigor del Contrato han
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
5

http://www.theguardian.com/world/2016/apr/02/eu-turkey-refugee-plan-could-be-illegal-says-unofficial?CMP=share_btn_tw

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aumentado el precio que les cobran a las personas desesperadas por cruzar
a Europa. El cierre de fronteras solo aumenta el riego al que se ven
expuestos los colectivos más vulnerables, especialmente mujeres y niños,
entre los cuales destacan la separación familiar, el abuso sexual, la trata de
personas, la violencia y la muerte.

Las autoridades griegas han separado a las personas que llegaron a la
isla de Lesbos antes del día 20 de marzo, localizándolas en el centro de
Kara Tepe, un centro coordinado por las autoridades municipales y que
sigue siendo de régimen abierto. Las personas que llegaron tras la
entrada en vigor del contrato con Turquía han sido dirigidas a un
centro de Moria en el este de la isla, que por el contrario es un recinto
cerrado. Estos recintos se asemejan a los CIES españoles, en los que no
existe libertad de movimiento.

Desde la zona nos llega información en relación al centro de detención
Moria acerca de las terribles condiciones en que se encuentran estas
personas: hacinadas, durmiendo en palés de madera, sin mantas, sin
alimentos y sin leche para bebés, etc.

Así, lo que antes eran campos de refugiados y asentamientos, ahora se han
transformado en campos de detención: fuertemente custodiados por
policías, sin acceso a terceros, como son voluntarios o periodistas.

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El Contrato se ha puesto en práctica, pero Grecia no tiene capacidad para
atender la demanda de tantas personas y éstas se hallan confinadas, a fin de
ser deportadas a Turquía.

Tampoco se les está dotando de asistencia jurídica, pues les están
facilitando un impreso en donde les explican que tienen derecho a ser
asistidos por un abogado en caso de solicitar asilo o a ser “deportados
voluntariamente” si así lo desean, pero en la práctica no hay abogados
asistiéndolos. Esto es, el contrato firmado entre la UE y Turquía pretende
dar apariencia de legalidad a algo que está concebido para un único
objetivo: aliviar la “carga” de miles y miles de refugiados en Europa, de tal
modo que sean trasladados a Turquía y allí, las autoridades turcas
expulsarán y retornarán a cuantos más mejor. A esto se le dota de un marco
jurídico que será papel mojado, puesto que no hay medios ni garantías de
que se cumpla la legalidad en materia de asilo.

Esta situación ha sido denunciada por ACNUR, que ha decidido dejar de
dar apoyo a los llamados “hotsports” (lugares en los que los migrantes son
recibidos, asistidos y registrados), ya que se han sido transformados en
centros de detención.

Las ONGs Save de Children y Médicos Sin Frontera han decidido retirarse
de la zona, a fin de no colaborar en el nuevo escenario ilegal creado por la
firma de este Contrato y que supone una violación sistemática del derecho
internacional.

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ACNUR, sin bien presta unos servicios mínimos, también ha anunciado
que no cooperará en ninguna práctica que implique la deportación o
devolución en caliente, hacia Turquía, de los refugiados.

Estas organizaciones han declarado públicamente que rechazan cooperar en
este marco ilegal, dado que los campos de refugiados se han transformado
en centros de detención, lo cual crea una situación absolutamente
infrahumana, en la que las personas detenidas, se hallarían esperando a ser
devueltas a Turquía y luego a sus países de origen.

Y decimos esto porque no tiene ningún sentido detener a los refugiados
bajo promesa de tramitar su solicitud de asilo, puesto que ambos conceptos,
detención/asilo son contrarios entre sí. La privación de libertad es una
medida punitiva contra quienes cometen delitos, mientras que el asilo es
una figura de carácter humanitario, relacionada con la solidaridad de las
personas con quienes están viviendo situaciones límite, como la
persecución, la explotación, el peligro de muerte en caso de conflictos
bélicos, etc.

De ahí que, expresamente, ACNUR se halla negado a identificar a los
demandantes de asilo en los campos de detención, puesto que esta
organización no trabaja en campos de concentración sino en campos de
refugiados o asentamientos.

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A partir de ahí, del concepto de campo de detención, lo demás pierde
legitimidad, pues una persona detenida no puede firmar voluntariamente
una opción de asentamiento en Europa o traslado a Turquía o a
cualesquiera otros países. Tampoco podrá recurrir la decisión denegatoria
de asilo, por cuanto que ésta será ejecutiva, dados los términos del contrato
firmado con Turquía, que exigen celeridad en el traslado de estas personas
hacia Turquía, con el fin de “descongestionar” las vías de entrada de estos
refugiados.

Igualmente se ha denunciado la falta de capacidad operativa de las islas
griegas para tramitar de manera correcta todas las solicitudes de asilo,
así como la ausencia de lugares suficientes para mantener en condiciones
mínimamente apropiadas, decentes y seguras, incluso en elementales
aspectos sanitarios a las personas que esperan una respuesta en relación con
sus solicitudes.

En la isla griega de Quíos también se han vivido momentos de tensión
debido a las condiciones inhumanas en las que se encuentran las personas
en los campos de detención. Voluntarios desplazados a la zona hablan de
que el centro de detención de Vial se encuentra saturado, al doble de su
capacidad, y las condiciones en las que se encuentra la gente son pésimas,
muy lejos de cumplir los estándares mínimos sanitarios y las mínimas
condiciones humanitarias: sin colchones, mantas, ni comida suficiente.6

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
6

http://www.eldiario.es/desalambre/Tension-griegas-nuevas-deportaciones-siguientes_0_501850620.html

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  142 
  
 
  

Esta situación ha provocado disputas en el interior del recinto, fruto de la
escasez y de la incertidumbre acerca del futuro que les espera. El pasado 1
de abril varias personas rompieron la valla del recinto y consiguieron
escapar. Esto provocó que las autoridades griegas reaccionaran y liberaran
a varias decenas de personas con el fin de mitigar la sobresaturación del
campo de detención. Todas estas personas se han instalado cerca del
puerto, pero las autoridades griegas han pedido a los voluntarios y el
personal de las ONGs que no proporcionen alimento, ropa o cualquier
ayuda a las personas acampadas ya que esperan que así reingresen
voluntariamente en los campos de detención.

Existe una gran desinformación sobre el proceso de asilo. La policía griega
asegura a los recién llegados a las islas que únicamente se podrá analizar su
solicitud de asilo si ingresan en uno de los centros de detención previstos
por el gobierno. Según los datos que ACNUR ha facilitado a las ONGs
desplazadas en la zona, únicamente unas 300 personas habrían solicitado
asilo en las islas. Ello se debe a dos principales factores: la desinformación
total sobre el proceso que deben seguir para cursar sus solicitudes; y que la
mayoría de personas esperan pedir asilo en otros países de la Unión
Europea como Alemania o Austria donde ya se encuentran en muchos
casos familiares suyos.

En Indomeni, en un campo improvisado entre unas vías de tren cerca de la
frontera con Macedonia, acampan en condiciones sanitarias pésimas más
de 12 mil personas, la mayoría de ellas familias y más de 4 mil niños. Ante
la desesperación derivada del cierre de la frontera con Macedonia, un

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joven se ha prendido fuego en los últimos días y cerca de 50 refugiados
mantienen ocupadas las vías del tren para exigir la apertura de las fronteras.

Miles de personas se concentran en el puerto de Atenas en terribles
condiciones debido al cierre de fronteras. Human Rights Watch ha
denunciado la falta de implicación del gobierno y los escasos recursos con
los que cuentan los improvisados campamentos. La situación caótica en el
puerto y la fatiga acumulada han incrementado la tensión, provocando
incluso varias peleas por la distribución de los escasos alimentos.

La falta de información unida a la ansiedad y al miedo por el nuevo
contrato entre la Unión Europea y Turquía contribuye al aumento de la
inseguridad, la tensión y el sufrimiento de las personas llegadas a Grecia.
El resultado es una grave crisis humanitaria por parte de los refugiados y
demandantes de asilo en Grecia, denunciada por numerosas ONG y
organismos internacionales.

La madrugada del 4 de Abril de 2016 se han producido las primeras
deportaciones a Turquía. Desde las islas de Lesbos y Quíos han salido 202
personas con destino al puerto turco de Dikili, al oeste del país. La agencia
europea FRONTEX asegura que los primeros expulsados procedían de
países como Paquistán, Afganistán o Irán, y los ha considerado migrantes
económicos porque no solicitaron asilo en Grecia.7

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
7

http://www.eldiario.es/desalambre/Grecia-comienza-deportar-refugiados-Turquia_0_501849844.html

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  142 
  
 
  

Las autoridades turcas únicamente han instalado dos carpas para registrar a
los recién llegados aunque no está muy claro a donde se les trasladará
posteriormente. ACNUR ha pedido acompañar a estos grupos de personas
debido a la precariedad de las instalaciones previstas por Turquía y a la
incertidumbre sobre su futuro realojamiento.

La premura con la que se ha empezado a implementar el Contrato entre la
Unión Europea y Turquía ha hecho que salten todas las alarmas de
numerosas organizaciones de protección de los derechos humanos que
temen entre otras cosas que los procedimientos exprés de revisión de las
demandas de asilo vulneren las garantías de los demandantes de protección
y que Turquía no garantice los derechos de estas personas.

Para poder llevar a cabo las primeras deportaciones Grecia ha tenido que
reformar su legislación respecto del proceso de demanda de asilo y de la
devolución de migrantes a los llamados "países seguros”. Sin embargo, el
texto de la ley griega no califica explícitamente de país seguro a Turquía,
sino que remite a una lista de países seguros del Consejo de la UE, aún por
elaborar, en la que previsiblemente figurará Turquía. Las primeras
deportaciones se han realizado por lo tanto sin que exista un
reconocimiento expreso de que Turquía es un “país seguro”, lo que supone
una clara una vulneración del derecho internacional y de los derechos
humanos fundamentales.

En cuanto al conflicto armado en Siria interesa recordar que después de
cinco años, el mismo arroja un escalofriante saldo de más de 270 mil

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muertos, de los cuales casi 80 mil civiles entre los cuales más de 13 mil
niños y casi 9 mil mujeres, según datos del Observatorio Sirio de
Derechos Humanos.8 Además de los 7.6 millones de desplazados
internos, 4.8 millones de refugiados y 12.2 millones de personas que
dependen de la ayuda humanitaria para subsistir.9

TERCERO.-. TRATO DE LAS AUTORIDADES TURCAS A LOS
REFUGIADOS Y DEMANDANTES DE ASILO

Como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, Turquía acoge al 45 por
ciento de las personas que huyen del conflicto sirio. Según el contrato entre
la Unión Europea y Turquía, las personas llegadas a Grecia serían
devueltas a Turquía sobre la base de que es un “tercer país seguro”.
Sin embargo, varios informes de Amnistía Internacional denuncian las
condiciones a las que son sometidos los demandantes de asilo en
Turquía, cuestionando seriamente esta calificación como país
“seguro”.10

En el citado informe del pasado mes de diciembre Amnistía
Internacional denuncia que las terribles condiciones a las que son
sometidos los refugiados y demandantes de asilo en Turquía empujan
su desplazamiento hacia Europa. Estas personas son objeto de
detenciones incomunicadas, sin ofrecerles explicación alguna acerca del
lugar en el que se encontraban ni las razones que originaron su detención,
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
8

http://www.syriahr.com/en/?p=45095
Datos de ACNUR actualizados a fecha 9 de marzo de 2016.
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#
10
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4430222015ENGLISH.pdf
9

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ni permitirles el acceso a un abogado o recibir las visitas de sus
familiares ni gozaron de ninguno de los derechos generalmente
reconocidos a los detenidos. Varias personas denunciaron haber sufrido
malos tratos durante su estancia en estos centros, tales como: palizas,
confinamiento y registros y cacheos corporales exhaustivos.

Según las autoridades turcas se trata de centros de alojamiento y nunca de
detención a pesar de que los demandantes de asilo son llevados allí
contra su voluntad por las autoridades y no son autorizados a salir del
recinto, constituyendo de facto un centro de detención.

Igualmente, únicamente se les posibilita su salida si demuestran tener
un alojamiento y algún medio económico para mantenerse o si aceptan
voluntariamente volver a su país de origen: Siria, Afganistán o Iraq,
mayoritariamente. Son condiciones absurdas ya que demostrar unos
ingresos estables es virtualmente imposible ya que estas personas no
pueden acceder legalmente a un empleo.

Se denuncia igualmente que muchas de estas detenciones ilegales
terminan en deportaciones a lugares en los que existe un riesgo real
para la vida y de sufrir violaciones de derechos humanos. En los
últimos meses más de 100 personas han sido deportadas a Siria e Iraq, pero
estas cifras podrían ser mayores si se incluyen las deportaciones a
Afganistán.

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Varias formas de coerción y presión se ejercen sistemáticamente
contra los demandantes de asilo para provocar su retorno
“voluntario”. Se les obliga, bajo amenaza de permanecer detenidos, a
firmar documentos escritos en turco en los que aceptan ser deportados, sin
permitirles el acceso a una traducción y denegándoles una copia del mismo
una vez firmado.

A otras personas se les obliga a firmar documentos en los que aceptan
abandonar el país en los siguientes 30 días bajo pena de ser forzosamente
deportados.

Tan solo unas horas después de la firma del contrato, Amnistía
Internacional ha denunciado la deportación de 30 Afganos a Kabul,
donde corren un altísimo riesgo de ser atacados

por

grupos

Talibanes.11

Consideramos de extrema gravedad las noticias más recientes
publicadas en diversos medios de comunicación relacionadas con la
intervención directa de las fuerzas fronterizas turcas en el asesinato de
al menos 16 personas, entre ellas tres menores, que intentaban cruzar
la frontera entre Siria y Turquía según el Observatorio Sirio para los
Derechos

Humanos12.

Así

mismo,

Amnistía

Internacional

ha

denunciado el uso de armas con munición real por parte de las fuerzas

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
11

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/turkey-safe-country-sham-revealed-dozens-ofafghans-returned/
12
http://www.syriahr.com/en/?p=44763 
  

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fronterizas Turcas contra las personas que intentabas traspasar la
frontera entre Siria y Turquía.13

Otra situación que preocupa de manera especial a las organizaciones
de derechos humanos es la que se refiere a la situación de las minorías
étnicas, como la Kurda. Es conocida la persecución de la minoría
Kurda en Turquía. De hecho, a pesar de que las milicias Kurdas han
sido especialmente activas en la lucha contra el DAESH en las
proximidades de la frontera con Turquía, el gobierno Turco no ha
cesado los bombardeos a los enclaves Kurdos en Siria y en Irak, de
donde proceden también la gran mayoría de los Kurdos que buscan
asilo.

En julio pasado se desintegró el frágil proceso de paz iniciado en 2013
entre el PKK y Turquía. El despliegue masivo de fuerzas de seguridad en
las provincias surorientales a mediados de diciembre desembocó en la
intensificación de los enfrentamientos y, según abogados y activistas
locales, causándose la muerte de decenas de residentes desarmados.

Tampoco debe olvidarse la deficitaria situación general de respeto de
los derechos humanos fundamentales en Turquía. Un gobierno turco
que además somete a los medios de comunicación a una presión sin
precedentes y que restringe de forma significativa la libertad de expresión
dentro y fuera de Internet.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
13

 
  http://www.eldiario.es/desalambre/Turquia-dispara-refugiados-intentan-frontera_0_500450171.html 
  

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Turquía igualmente limita gravemente la libertad de reunión pacífica de sus
ciudadanos, como también se han incrementado últimamente los casos de
uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de malos tratos en las
detenciones.14

Turquía tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos.
Según las estadísticas oficiales, en el año 2013, el Tribual Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) dictó 124 sentencias en las que Turquía era
parte demandada, que concernían a 190 demandantes, declarándose en 118
de aquellas la violación del Convenio; en 2015, fueron 87 sentencias
pronunciadas sobre 158 demandantes, siendo 79 los casos en que se
constató una vulneración del Convenio. En concreto, en este último año,
Turquía ha sido condenada en 14 ocasiones por no investigar
suficientemente torturas o tratos inhumanos y degradantes y en 13 por
infligir torturas o dichos tratos prohibidos. Es más, en el tiempo histórico
de actividad del Tribunal Europeo (1959 a 2015), Turquía ha sido
condenada en 2.812 ocasiones –del total de 3.182 demandas admitidas- en
sentencias que han declarado la vulneración de algún derecho protegido en
el Convenio, 31 de ellas por violentar la prohibición de la tortura, en 305
respecto a la prohibición de otros tratos inhumanos o degradantes y en 198
ocasiones por no investigar denuncias al respecto.

V.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
14

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF 
  

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PRIMERO.- ACUERDO DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE EL
PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y
TURQUÍA, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2.015.

El 15 de octubre de 2.015, la Comisión Europea alcanzó un acuerdo ad
referéndum sobre el Plan de Acción Conjunto con Turquía para
intensificar su cooperación en materia de gestión de la migración,
mediante un esfuerzo coordinado para hacer frente a la crisis de los
refugiados. Se adjunta DOCUMENTO Nº 3.

En el Consejo Europeo de 15 de octubre, los Jefes de Estado y de Gobierno
de los 28 Estados IP/15/6162 miembros de la UE respaldaron el acuerdo y
acogieron con satisfacción el Plan de Acción Conjunto.

El Plan define una serie de acciones que la Unión Europea y la República
de Turquía deberán llevar a cabo en colaboración y urgentemente para
afrontar los retos comunes de manera concertada y complementar los
esfuerzos de Turquía en la gestión del gran número de personas necesitadas
de protección que afluyen al país.

Además, la Unión Europea las instituciones y los Estados miembros
también decidieron aumentar su compromiso político con Turquía,
brindándole una ayuda financiera significativa, acelerando el
cumplimiento de la hoja de ruta de liberalización de visados y
revitalizando el proceso de adhesión.

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  142 
  
 
  

Es decir, a cambio de fortalecer sus fronteras contra los refugiados y
migrantes irregulares, la UE se comprometía a proveer fondos, liberalizar
visados a los ciudadanos turcos y reactivar las negociaciones de adhesión
de Turquía, que se hallaban totalmente paralizadas desde que se abrieron
allá por 2.005.

Todo esto ocurre en un contexto que se empezó a denominar “crisis de los
refugiados”, pues por aquella fecha el número de personas que huían de los
conflictos en Irak, Afganistán y sobre todo en Siria, aumentó
significativamente.

Así, ante el aumento de llegadas a las islas griegas desde Turquía sólo en el
mes de octubre, que superaron los 500.000, uno de los objetivos principales
a los que las dos partes se comprometieron, en virtud de este plan de acción
conjunto, fue fortalecer la capacidad de patrulla, vigilancia e
interceptación de la guardia costera turca.

En el informe publicado en 2.015 por Amnistía Internacional, Miedo y
vallas: los

planteamientos de Europa para contener a las personas

refugiadas, se avisa de la peligrosa deriva de la política de contención de
refugiados de la UE, a partir de los acuerdos con Turquía:

“Los planes de la UE que empujan a Turquía reforzar sus controles
fronterizos, están plagados de riesgos. Desde septiembre de 2.015,

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  de 
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Amnistía Internacional ha documentado casos de personas
refugiadas que han sido devueltas a Siria e Irak tras haber sido
interceptadas por las autoridades turcas cuando trataban de llegar a
la UE. Otras han sido detenidas arbitrariamente, sin acceso a
abogados.

Por otra parte, el plan de acción no contiene compromisos concretos
para incrementar el reasentamiento o el número de rutas
alternativas seguras y legales y hace caso omiso de la necesidad
evidente de que la UE brinde protección a una proporción mayor de
la población refugiada del mundo.

A fecha de 2 de octubre de 2.015, había en Turquía más de dos
millones

de

personas

refugiadas

sirias

y,

de

ellas,

sólo

aproximadamente el 10% estaban en campos gestionados por el
gobierno; otras luchan por sobrevivir con una ayuda mínima de las
agencias estatales y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales.

En particular, cientos de miles de personas refugiadas y solicitantes
de asilo que proceden de lugares que no son Siria se enfrentan a
graves obstáculos para acceder al asilo y poder ganarse la vida. A
los

refugiados

yazidíes

que

huyen

del

grupo

armado

autodenominado Estado islámico en Irak se les ha pedido que
esperen más de cinco años sólo para inscribirse como solicitantes de
asilo.

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  142 
  
 
  

Resulta difícil prever a corto plazo un apoyo económico o de otro
tipo de la UE que sea suficiente para garantizar protección efectiva
en Turquía a las personas refugiadas sirias y no sirias, con pleno
acceso a los derechos tanto sociales y económicos como civiles y
políticos. Así, las actividades centradas únicamente en mantener a
las personas refugiadas en Turquía entrañan el riesgo de que
muchas de ellas queden atrapadas en situaciones insostenibles, sin
acceso a protección efectiva.

Cualquier plan para evitar que las personas refugiadas atraviesen
irregularmente las fronteras desde Turquía hasta la UE debe incluir
medidas concretas para incrementar las plazas de reasentamiento y
otras rutas legales por las que estas personas puedan llegar a la UE,
además del aumento, muy necesario, de la provisión de fondos para
atender a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en
Turquía.”

Veremos más adelante que los acuerdos posteriores hasta el definitivo
firmado el 18 de Marzo de 2.016, girarán en torno a este plan de acción
conjunto con Turquía, en el que, se encomienda a este país la vigilancia de
frontera para repeler a los refugiados y para su readmisión o
devolución desde las islas griegas, bajo la expresión de “evitar la
entrada de inmigrantes ilegales”.

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Realmente, no se entiende que la denominada “crisis de los refugiados” se
intente resolver encomendando a Turquía la labor de acogida y devolución
de los “inmigrantes irregulares o ilegales”, por cuanto éstos no suponen
ningún problema real, dado que cada estado europeo ya cuenta con los
mecanismos legales para hacerse cargo de ellos.

Sería ilógico, por tanto, hablar de “inmigrantes ilegales”, cuando se quieren
referir a refugiados, si no es porque se pretende mediante un subterfugio,
constituido por este tipo de acuerdos con Turquía, que este país se
encargue de interceptar a todos los refugiados y que los devuelva a sus
países de origen, sin respetar las obligaciones internacionales sobre el
derecho de asilo.

Por lo tanto, la literalidad de este contrato y de los que vendrán
después, supone un enmascaramiento de las intenciones reales de los
Gobiernos de los estados miembros de la UE, que no son otras que
impedir por la fuerza que los refugiados lleguen hasta la UE,
ignorando deliberadamente, de paso, las violaciones de derechos
humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y,
especialmente, con los refugiados.

Así, de hecho, se facilitará la vía para la deportación masiva de los
refugiados hasta Turquía, desde Grecia, e incluso, se le dotará a Turquía
de todos los medios materiales para la interceptación de todas las personas
que pretendan llegar por mar a Europa.

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A cambio, se le ofrece a Turquía una sustanciosa recompensa:
reactivar las negociaciones de la adhesión de Turquía a la UE y
liberalizar los visados de los ciudadanos turcos en territorio Schengen.

No es casual, para entender el dolo de la acción criminal gestada por el
querellado y resto de gobernantes de los estados miembros de la UE, el
hecho mismo de que este contrato se firma coincidiendo, precisamente,
con la llegada masiva a las costas europeas de más de 500.000 personas
refugiadas a primeros del mes de octubre de 2.015.

Otra cuestión a tener en cuenta la constituye el hecho de que, precisamente
en este mes de octubre de 2.015 en que entran más de 500.000
refugiados en las costas griegas, la Comisión Europea se compromete a
activar, por primera vez después de 10 años de estancamiento, las
negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE.

SEGUNDO.- ACUERDO DEL CONSEJO EUROPEO DE LA UNIÓN
EUROPEA CON TURQUÍA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE
2.015.

El día 29 de Noviembre de 2.015, tras diez años sin activar las
negociaciones de adhesión de Turquía a la UE, que debieran abordar 35
capítulos, el Consejo Europeo dio un vuelco a este periodo de
estancamiento y se sentó con Turquía para retomarlas. De ahí surgió un
acuerdo, que constituyó un significativo avance para la preparación de

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Turquía como “tercer estado seguro”, a donde deberían ser devueltos todos
los refugiados que lleguen por mar y a las islas griegas, con el fin de entrar
en Europa. Se adjunta dicho acuerdo como DOCUMENTO Nº 4.

El acuerdo firmado el 29 de Noviembre de 2.015 constituyó el segundo
paso para tratar de resolver la denominada “crisis de los refugiados”, en
cumplimiento y ejecución del Plan conjunto de la Comisión Europea
firmado el 15 de octubre de 2.015; así, se pretendió que Turquía impidiera
la entrada a la UE de todos ellos, a cambio de activar las negociaciones de
adhesión de Turquía, de la liberalización de visados de ciudadanos turcos
en la zona de Schengen y del pago de tres mil millones de euros.

Las negociaciones de adhesión están estructuradas en capítulos,
constituyendo el capítulo 17, sobre la política económica y monetaria, uno
de los más importantes y cuya reapertura se decide en este acuerdo. De esta
manera, se establece como fecha para abordar este capítulo 17, que tendría
lugar el 14 de diciembre de 2.015.

Así mismo, respecto a la exigencia de visado para los ciudadanos turcos, se
establece abrir una hoja de ruta, con el fin de que en octubre de 2.016
quede eliminada dicha exigencia.

Se acuerda también iniciar los preparativos para actualizar la Unión
Aduanera y en paralelo, se comprometen las partes a encontrarse dos veces
al año, con el fin de avanzar. Reivindicación ésta que satisface plenamente

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al país turco, dado que no sólo se consiguen contactos de alto nivel con la
UE, sino que el compromiso se materializa con reuniones semestrales, para
el avance del objetivo de Turquía, que no es otro que formar parte de la UE
como miembro de pleno derecho en un futuro no lejano.

Como contraprestación por la labor de “gendarme” de fronteras, así mismo,
la UE compromete tres mil millones de euros, destinados, según el texto, a
cubrir las necesidades mínimas de los 2,2 millones de refugiados ya
existentes en Turquía (punto 6). De esta forma, el Consejo Europeo de la
UE respalda la labor realizada por Turquía respecto a los refugiados,
ignorando, de paso, las múltiples denuncias de organizaciones y
particulares

sobre

los

malos

tratos,

torturas,

encarcelamientos,

deportaciones forzosas a los países de origen, explotación…etc que
padecen allí los refugiados.

En el punto 7 de este acuerdo de la UE con Turquía celebrado el 29 de
noviembre de 2.015, se establece que:

“Turquía y la UE han decidido activar el plan de acción conjunto,
acordado hasta el momento ad referéndum, del 15 de octubre de
2.015, con el fin de intensificar su cooperación para apoyar a los
ciudadano sirios bajo protección temporal y la gestión de la
migración para hacer frente a la crisis creada por la situación en
Siria. Es preciso conseguir resultados en particular en la contención
de la afluencia de inmigrantes irregulares. La UE y Turquía han
acordado aplicar el plan de acción conjunto que pondrá orden en

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los flujos migratorios y contribuirá a detener la migración irregular.
En consecuencia, ambas partes reforzarán, según lo acordado y con
efecto inmediato, su cooperación activa en materia de migrantes que
no necesitan protección internacional, evitando los desplazamientos
a Turquía y a la UE, garantizando la aplicación de las
disposiciones bilaterales en materia de readmisión establecidas y
repatriando con rapidez a sus países de origen a aquellos migrantes
que no necesiten protección internacional…”

De nuevo, se observa la gran preocupación de la UE por los refugiados, por
más que quiera enmascarar el problema bajo el manto de “migrantes
irregulares” y “lucha contra las redes delictivas de tráfico de inmigrantes”.

A los gobernantes que nos representan en la Comisión Europea sólo les
preocupa la denominada “crisis de refugiados”, por lo que coincidiendo con
fechas clave de entrada masiva de refugiados, sobre todo provenientes de
Siria, comienzan a acelerar las negociaciones con Turquía para que este
país se encargue de las devoluciones desde Grecia, su retorno a los países
de origen (de los que huyen los refugiados) y rechace a aquellas personas
refugiadas que se encuentren en el mar dispuestas a entrar en Europa.

Así mismo, la sustanciosa contraprestación de la UE se concreta en una
agenda u hoja de ruta la eliminación de la exigencia de visados a los
ciudadanos turcos en la zona de Schengen, que debería hacerse efectiva en
octubre de 2.016 y se anuncia una reunión el día 14 de diciembre de 2.015
a fin de proceder a la reapertura del capítulo 17 para la adhesión de Turquía

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a la UE. De hecho, la declaración conjunta de la UE con Turquía, para la
reapertura del capítulo 17, efectivamente se produjo el día 14 de diciembre
de 2.015, con grandes avances que satisficieron en gran medida a este
país.15

Tampoco es desdeñable la cantidad de tres mil millones de euros
comprometidos para mejorar la situación de los refugiados que ya se
encuentran en Turquía, aunque esta cantidad no sería suficiente para cubrir
las nuevas necesidades respecto a los refugiados que estén por llegar, en
virtud de estos principios de acuerdos.

SEGUNDO.- CONTRATO DEL CONSEJO EUROPEO DE LA
UNIÓN EUROPEA CON TURQUÍA DE FECHA 18 DE MARZO DE
2.016.

Finalmente, el ya famoso “acuerdo de la vergüenza” que ha indignado a
una notable mayoría ciudadana en Europa, se firmó el 18 de marzo de
2.016 y se empezó a ejecutar a partir del 20 de marzo. Ello no obsta el
hecho de que desde Grecia, en la madrugada del día 19 de marzo ya se
empezara a aplicar y hubo confinamientos de refugiados en el centro de
detención de Moria.

Comienza el texto del contrato describiendo los avances realizados para
consumar el plan criminal concebido desde el Plan de actuación conjunto
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
15

 
  http://www.abc.es/internacional/abci-pagara-3000-millones-turquia-para-contener-oleada-refugiados201511300827_noticia.html 
  

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con Turquía, que se remonta al 15 de octubre de 2.015 y se puso en marcha
el 29 de noviembre de 2.015, según expusimos más arriba: desembolso de
tres mil millones de euros, liberalización de visados a ciudadanos turcos en
territorio Schengen y negociaciones de adhesión.

Así mismo, se hace mención expresa al compromiso por Turquía de fecha 7
de marzo de 2.016, consistente en aceptar el retorno rápido de migrantes
irregulares que hayan pasado de Turquía a Grecia y la recepción de todos
los migrantes irregulares interceptados en aguas turcas.

Señalaremos los puntos del contrato con mayor relevancia penal:

•   PUNTO 1: fraude ley, consistente en sustituir el término

“refugiados” por “migrantes irregulares”

Según ACNUR16, los refugiados son personas que huyen de conflictos
armados o persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e
intolerable que deben cruzar fronteras internacionales para buscar
seguridad en los países cercanos y, entonces, convertirse en ‘refugiados’
reconocidos internacionalmente, con acceso a la asistencia de los Estados,
el ACNUR y otras organizaciones. Son reconocidos como tal, precisamente
porque es muy peligroso para ellos volver su país y necesitan asilo en algún

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
16

 
  

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/

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  142 
  
 
  

otro lugar. Para estas personas, la denegación del asilo tiene potencialmente
consecuencias mortales.

El derecho internacional define y protege a los refugiados. La Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así
como otros instrumentos legales, tales como la Convención de la OUA por
la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados
en África de 1969, o la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de
1984, continúan siendo la piedra angular de la moderna protección de los
refugiados.

Los

principios

legales

que

engloban

han

permeado

innumerables leyes y costumbres internacionales, regionales y nacionales.
La Convención de 1951 define quién es un refugiado y delimita los
derechos básicos que los Estados deben garantizar a los refugiados. Uno de
los principios fundamentales establecidos en el derecho internacional es
que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las
que su vida y libertad están en peligro.

La protección de los refugiados tiene muchos ángulos, estos incluyen la
protección contra la devolución a los peligros de los cuales han huido; el
acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes; y medidas que
garanticen que sus derechos humanos básicos sean respetados, que les
permitan vivir en condiciones dignas y seguras, y que los ayuden a
encontrar una solución a más largo plazo. Los Estados tienen la
responsabilidad primordial de esta protección. Por lo tanto, el ACNUR
trabaja de forma cercana con los gobiernos, asesorándolos y apoyándolos
en lo que necesiten para implementar sus responsabilidades.

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Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de
persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al
encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, o por otras
razones.

Así, la catalogación de migrante irregular conlleva importantes
consecuencias, siendo una de ellas, la consideración de haber cometido una
infracción administrativa por el hecho de haber entrado ilegalmente en un
país cualquiera y en casos extremos provoca la expulsión a su país de
origen, como ocurre, por ejemplo, en España.

Para los gobiernos esta distinción es importante. Los países tratan a los
migrantes de conformidad con su propia legislación y procedimientos en
materia de inmigración, mientras tratan a los refugiados aplicando normas
sobre el asilo y la protección de los refugiados, que están definidas tanto en
su legislación nacional, como en el derecho internacional. Los países tienen
responsabilidades específicas hacia cualquier persona que solicite asilo en
su territorio o en sus fronteras.

A estos efectos, nos remitiremos a la literalidad del contrato firmado entre
el Consejo Europeo de la Unión Europea y Turquía, el día 18 de marzo de
2.016.

El punto 1 del contrato incluye “el retorno de todos los migrantes
irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas” y aquellos que lleguen
a Grecia directamente, a partir del 20 de marzo de 2.016:

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“Todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a
las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados
a Turquía. Esto se aplicará en plena conformidad con el Derecho
internacional y de la UE, descartándose así todo tipo de expulsión
colectiva. Todos los migrantes estarán protegidos de acuerdo con las
normas internacionales pertinentes y dentro del respeto del principio
de no devolución. Se tratará de una medida temporal y
extraordinaria que es necesaria para poner término al sufrimiento
humano y restablecer el orden público. Los migrantes que lleguen a
las islas griegas serán debidamente registrados y las autoridades
griegas tramitarán toda solicitud de asilo individualmente, de
acuerdo con la Directiva sobre procedimientos de asilo, en
cooperación con el ACNUR. Los migrantes que no soliciten asilo o
cuya solicitud se haya considerado infundada o inadmisible de
conformidad con la citada Directiva serán retornados a Turquía.
Turquía y Grecia, con la ayuda de las instituciones y organismos de
la UE, tomarán las medidas necesarias y acordarán los mecanismos
bilaterales necesarios, entre ellos la presencia de funcionarios
turcos en las islas griegas y de funcionarios griegos en Turquía a
partir del 20 de marzo de 2016, para garantizar los contactos y
facilitar así el funcionamiento fluido de estos mecanismos. Los
gastos de las operaciones de retorno de migrantes irregulares
correrán a cargo de la UE.”

Este contrato de 18 de marzo de 2.016 contempla en el punto primero
transcrito que todos los “migrantes irregulares” sean retornados a Turquía.
Así mismo, se observa la mención a los refugiados y el compromiso de

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cumplir las normas internacionales sobre asilo y se descarta la expulsión
colectiva.

Sin embargo, llaman la atención los siguientes extremos analizados:

1-   El contrato de la “vergüenza” tiene su origen y sustento en el Plan de
acción conjunto de la Comisión de la UE de 15 de octubre de 2.015,
que se puso en marcha el 29 de noviembre.
Ya analizamos más arriba que el desencadenante de este Plan de
acción conjunto no fue otro que la llegada masiva de refugiados,
principalmente, desde Siria. Sólo en el mes de octubre se
contabilizaron más de 500.000 refugiados. Lo cual provocó que se
pensara en Turquía para trabajar como gendarme de frontera a
cambio de sustanciosas contraprestaciones.
No lo provocó ni mucho menos la entrada de “inmigrantes
irregulares”, pues este “problema” no se estaba dando en ese
momento –ni en los momentos actuales-, no como para provocar
tal acto de liberalidad a favor de Turquía, hasta el punto de
reabrir las negociaciones de adhesión que habían permanecido
estancadas durante diez largos años.
2-   Cuando se establece que todos los inmigrantes irregulares que
lleguen a las islas griegas serán retornadas a Turquía, ¿a qué
problema real se está refiriendo el contrato? Por lo que sabemos, la
denominada “crisis de los refugiados” que acucia a nuestros

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gobernantes europeos se ha localizado, precisamente, en las islas
griegas.
¿Qué sentido tiene abordar el problema de la inmigración ilegal sólo
en Grecia si no es por el hecho de que las intenciones reales no son
otras que expulsar a todos los refugiados al nuevo gendarme de
fronteras turco? ¿Acaso el resto de países de la UE no tienen
inmigración ilegal? ¿Por qué centrarse en Grecia si no es porque
realmente el contrato pretende “aliviar” de refugiados al país heleno
y evitar, así, que lleguen los refugiados a la UE?
3-   ¿Por qué se establece que aquellos solicitantes de asilo cuya solicitud
haya sido desestimada se devolverán a Turquía? La normativa de los
países en relación a los inmigrantes ilegales incluye su expulsión al
país de origen. Parecería mucho más costoso expulsar a los
inmigrantes ilegales a Turquía en vez de al país de origen, dado que
ha habido que comprometer seis mil millones de euros a Turquía,
además de asumir el coste en sacrificio de los Derechos Humanos de
permitir su adhesión a la UE y otro coste político que no es otro que
eximir de la obligación de visado a los ciudadanos turcos en
territorio Schengen.
Por otra parte, ¿no sería discriminatorio este trato de favor con
Grecia, cuando hay países en la UE que padecen el mismo problema
de inmigración ilegal, como por ejemplo, España?
¿Realmente este problema que acucia a Grecia y a la UE tiene
relación con la inmigración ilegal, en otros términos, con la
inmigración económica o realmente estamos hablando de los

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desplazamientos de personas que huyen de la guerra, el hambre,
la explotación y otros similares?
4-   ¿Por qué se han comprometido en este contrato seis mil millones de
euros a favor de Turquía para “cuidar” de los refugiados y no se ha
destinado ni un solo euro para que Grecia afronte la llegada
masiva de refugiados a sus costas hasta la fecha? ¿No será que no
será necesario que Grecia reciba dinero porque, en el fondo, lo que
se pretende es vaciar de refugiados las islas griegas para llevarlos
hasta Turquía?
5-   “Los gastos de las operaciones de retorno de migrantes irregulares
correrán a cargo de la UE.” ¿Por qué? Si el problema es la
inmigración ilegal, insistimos, ¿Por qué la UE europea asume ese
gasto en un contrato firmado con Turquía? ¿No es un problema de
cada estado que forma la UE tratar individualmente el asunto de los
costes? ¿A cuánto pueden ascender dichos costes si estuviéramos
hablando del criminal propósito de expulsar a personas necesitadas
de protección internacional?
6-   “Se tratará de una medida temporal y extraordinaria que es
necesaria para poner término al sufrimiento humano y restablecer el
orden público”. Esta medida temporal y extraordinaria, ¿acaso no se
refiere al hecho “temporal” y “extraordinario” de la afluencia masiva
y desesperada de miles de personas procedentes de zonas en
conflicto bélico que se ha recrudecido “extraordinariamente” en los
últimos meses en las costas griegas? Evidentemente, siendo este el
oculto propósito criminal del contrato, una vez que se “limpie” de
refugiados las islas griegas y que Turquía cumpla bien su cometido

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de no dejarles traspasar las fronteras de la UE, sin duda alguna, ya se
habría restablecido el “orden público” al tratarse de medidas
disuasorias para evitar que los refugiados entren en la UE.
7-   “Los migrantes que lleguen a las islas griegas serán debidamente
registrados y las autoridades griegas tramitarán toda solicitud de
asilo individualmente, de acuerdo con la Directiva sobre
procedimientos de asilo, en cooperación con el ACNUR.”

De entrada, parece innecesaria esta recomendación sobre “el debido
registro” de los migrantes para la tramitación de las solicitudes de asilo.
Suponemos que las autoridades griegas ya conocen el procedimiento de
asilo que se lleva aplicando en su país desde que se firmó su adhesión a los
Tratados Internacionales sobre asilo y refugio.

Evidentemente, este aparente recordatorio es esencial para el propósito
criminal de los firmantes de este “acuerdo de la vergüenza”, dado que hasta
el régimen nazi lo aplicaba con el fin de deportar a los prisioneros judíos a
los campos de concentración, antes de introducirlos en trenes de
mercancías.

La UE, por tanto, necesita un registro de personas con el fin de controlar a
los refugiados deportados o que serán deportados y evitar “fugas” hacia sus
fronteras.

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Ya hemos visto cómo ACNUR se ha pronunciado al respecto,
manifestando a través de sus representantes que no colaborará en el trabajo
de registrar a personas que se hallen detenidas con el fin de ser deportadas.
Así, ha decidido, en un principio, no entrar en el campo de detención de
Moria, en Grecia.

Todo ello en consonancia con lo manifestado el día 24 de marzo por el alto
comisionado de Naciones Unidos para los Derechos Humanos17, quien ha
expresado “su gran preocupación” por la firma de este contrato entre la UE
y Turquía, dado que entraña “contradicciones” y podría dar lugar a “la
detención arbitraria de inmigrantes y refugiados”.
•   PUNTO 2: “sistema de asentamiento 1:1”

Llama la atención que el punto 2 establezca un sistema de intercambio de
ciudadanos sirios:

“Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se
reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la UE, teniendo en
cuenta los criterios de vulnerabilidad de la ONU. Se establecerá un
mecanismo, con la asistencia de la Comisión, los organismos de la
UE y otros Estados miembros, así como el ACNUR, para garantizar
que este principio se aplique desde el mismo día en que comiencen
los retornos. Se dará prioridad a los migrantes que no hayan
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
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  http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-24/onu-expresa-su-gran-preocupacionpor-el-acuerdo-ue-turquia-sobre-refugiados_862558/

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  de 
  142 
  
 
  

entrado o intentado entrar previamente de manera irregular a la
UE. Por parte de la UE, el reasentamiento según este mecanismo se
llevará a cabo, en un primer momento, mediante el cumplimiento de
los compromisos adquiridos por los Estados miembros en las
Conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 20 de julio de 2015,
en virtud de los cuales quedan 18.000 plazas de reasentamiento.

Toda necesidad adicional de reasentamiento se abordará a través de
un acuerdo voluntario similar hasta alcanzar un límite máximo de
54.000 personas más. Los miembros del Consejo Europeo se han
congratulado de la intención de la Comisión de proponer una
modificación de la decisión de reubicación de 22 de septiembre de
2015 para permitir que todo compromiso de reasentamiento asumido
en el marco de dicho acuerdo se deduzca de las plazas no asignadas
en virtud de la decisión. En caso de que estos acuerdos no cumplan
el objetivo de poner fin a la migración irregular y de que el número
de retornos se aproxime a las cifras previstas más arriba, se revisará
este mecanismo. En caso de que el número de retornos sobrepase las
cifras previstas más arriba, se interrumpirá la aplicación del
mecanismo.”

Es decir, por cada inmigrante ilegal sirio que retorne a Turquía, la UE
reasentará a un refugiado sirio que se encuentre en Turquía. Pero si la
intención verdadera de este contrato es frenar la inmigración ilegal, ¿por
qué se premia a un refugiado sirio, permitiéndole su entrada en la UE, por

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cada infracción administrativa cometida por un compatriota suyo?
Evidentemente, la lectura es otra: realmente se está abriendo un cupo
restringido para los refugiados sirios, permitiendo un asentamiento por
cada refugiado sirio que se devuelva a Turquía, hasta el límite de 72.000
para toda la UE.

Esta operación meramente estética pretende dar apariencia de compromiso
de los estados miembros con el sistema de cupos de asentamiento de
refugiados, sin embargo, la realidad sería otra: el contrato versa sobre
expulsiones de refugiados desde Grecia hasta Turquía, pero la UE se
presenta amparado en un pretendido manto solidario hacia la humanidad,
abriendo sus fronteras a 72.000 personas, cantidad ésta claramente
insuficiente para solucionar el problema humanitario provocado por los
conflictos bélicos en Oriente Medio.

•   PUNTO 3: Turquía sellará las fronteras.

En el punto 3 se establece:

“Turquía tomará todas las medidas necesarias para evitar que se
abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde
Turquía a la UE y cooperará a tal efecto con los estados vecinos, así
como con la UE.”

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  de 
  142 
  
 
  

Es decir, se establece el cierre y sellado de fronteras de la UE,
encomendando a Turquía la labor y responsabilidad en su ejecución
material.

Nuevamente, la República de Turquía se encargará no sólo de recibir a
todos los refugiados que pretendan entrar en la UE, sino que deberá vigilar
y prevenir la creación de vías alternativas de entrada. De tal forma que los
refugiados no llegarán a Europa, dado que son públicas y notorias las
medidas

expeditivas

de

Turquía

en

su

empeño

por

vulnerar

sistemáticamente los Derechos Humanos. No hay duda de que este criminal
objetivo se logrará, dado que Turquía cuenta con una dilatada experiencia
en la violación de Derechos Humanos y se han publicado numerosas
noticias respecto al trato inhumano y degradante que está dando a
numerosos refugiados, siendo de destacar el famoso informe de diciembre
de 2.015 de Amnistía Internacional, al respecto.

Los puntos 5, 6, 7 y 8 versan exclusivamente sobre las contraprestaciones
que recibirá Turquía a cambio de encargarse de todos los refugiados que
pretendan llegar a la UE.

Si las examinamos al detalle y en términos económicos, veremos que, si el
contrato firmado entre UE y Turquía en fecha 18 de marzo de este año
pretende acabar con la inmigración ilegal, realmente estaríamos ante un
contrato abusivo, leonino, nos han estafado al menos 6.000 millones de

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  de 
  142 
  
 
  

euros a los ciudadanos europeos, pues sería más barato retornar a los
inmigrantes irregulares directamente a su país de origen, desde el país
de llegada.

Así mismo, vemos que saldría muy barato a Turquía -y a la UE muy caro-,
abrirse de repente a las negociaciones de adhesión, tras 10 años de
parálisis, dado que quedan pendientes de reabrir los capítulos
referentes al compromiso de Turquía de cumplimiento de Derechos
Humanos, aunque este asunto parece que va disminuyendo en
importancia.

Y si hablamos del compromiso de la exención de visado a los ciudadanos
turcos en el territorio Schengen, esto chocaría frontalmente con la dura y
empecinada política de cierre de fronteras para evitar la inmigración ilegal
en la UE, sobre todo en Alemania.

Sin embargo, a la luz de lo que venimos señalando, evidentemente, el
contrato no sería abusivo sino muy equitativo para los intereses actuales de
nuestros gobernantes en la UE, que no son otros que expulsar a todos los
refugiados e implementar medidas de disuasión para evitar que vengan más
a nuestras fronteras: a cambio de que Turquía materialice la violación
de todo lo dispuesto en el Derecho Internacional acerca de la
obligación

de

dar

asilo

a

las

personas

desprotegidas

internacionalmente, la UE pagará 6.000 millones de euros a Turquía, a

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  de 
  142 
  
 
  

la vez que cede ante las reiteradas demandas de este país sobre la
adhesión y sobre la exención de visados a los ciudadanos turcos.

Sin embargo, como veremos en el capítulo de fundamentación jurídica, el
hecho de que Turquía se enfangue para acoger en solitario a los refugiados
y vulnerar de paso los Derechos Humanos en esta vil tarea, no mejoraría
la situación procesal de la otra parte contratante, quien actuaría como
autor mediato de los delitos presuntamente cometidos.

TERCERO.- PARTICIPACIÓN DEL QUERELLADO

Consta la presencia y coparticipación del querellado, el Presidente de
Gobierno en funciones, D. Mariano Rajoy Brey. Participó en el refrendo
del Acuerdo de Acción conjunta con Turquía, participó en la reunión del
Consejo Europeo con Turquía el día 29 de Noviembre de 2.015 y autorizó
la presencia del Ministro de Exteriores español en la reunión de los
Ministros de Asuntos Exteriores de la UE con Turquía el día 14 de
Diciembre de 2.015.

Así mismo, el querellado coparticipó, estampando su firma en el hecho
principal, el contrato firmado entre el Consejo Europeo de la UE y Turquía
el día 18 de marzo de 2.016.

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  de 
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Si bien, días antes sometió a consulta este contrato ante el Parlamento
español y resultó que ninguna fuerza parlamentaria dio su apoyo a la firma
de un contrato que implicara una expulsión colectiva de refugiados, por
contravenir el Derecho Internacional.

Pese a ello, el Presidente de Gobierno en funciones, D. Mariano Rajoy
Brey firmó este contrato, por más que la literalidad del mismo pretendiera
encubrir el propósito criminal más arriba detallado. Obviamente, no es
lógico ni normal que ningún ánimo concreto de delinquir se plasme
literalmente por escrito, sin embargo, a nadie se le escapan las
contradicciones, incoherencias internas y aberraciones contenidas en el
texto, que como expusimos, sólo señalan un objetivo: expulsar
masivamente a los refugiados que entren en las islas griegas.

En otro orden de cosas, si nuestro Presidente en funciones “se ha
equivocado” o “ha sido engañado” por la UE, tiempo tiene de rectificar, lo
cual no impediría la admisión de la presente querella a trámite, a fin de
escuchar lo que en su defensa desee manifestar; sin perjuicio que ha
defendido públicamente dicho contrato como si el mismo no conllevase
una carga criminógena configuradora de los ilícitos penales expuestos en la
presente querella.

VI.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A.- SOBRE LA COMPETENCIA Y LA JURISDICCIÓN:

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Partiendo por lo más sencillo, debemos establecer que en cuanto a la
competencia, será esta Excma. Sala la encargada de la Instrucción y
Enjuiciamiento de los hechos objeto de querella porque así lo establece
el artículo 57.1.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “La Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo conocerá: 2º De la instrucción y
enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno".

En cuanto a la Jurisdicción, si bien el problema podría resultar más
complejo, tampoco cabe duda que corresponde a los Tribunales Españoles
la investigación de los hechos por haber sido cometidos, presuntamente,
por el propio Presidente del Gobierno, en funciones, aún cuando algunos de
los actos del iter criminal se hayan desarrollado fuera de España.

El tema de la Jurisdicción se puede abordar desde distintas perspectivas y
creemos que sólo resultan admisibles dos de las que expondremos:

SEGÚN LA TEORÍA DE LA UBICUIDAD:

Efectivamente, el desarrollo del iter criminal se produce en diversos lugares
y, para el caso que nos ocupa, es claro que para determinar cuál es el lugar
de comisión de los hechos hemos de acudir al criterio asentado por este
Tribunal Supremo establecido en su Acuerdo no Jurisdiccional de fecha 32-2005 donde se resolvió que, en base al principio de ubicuidad, “el delito
se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún
elemento del tipo. En consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas que

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  de 
  142 
  
 
  

primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio
competente para la instrucción de la causa” y dicho acuerdo ha sido
desarrollado y ratificado en múltiples sentencias de esta Sala Segunda en
que se afirma, por ejemplo, que:

“...la Sala estima que los criterios normativos que permiten
establecer

el

lugar

de

comisión

del

delito

deben

ser

interpretativamente deducidos de las normas de derecho penal
internacional de nuestro derecho interno, tal como lo hemos
establecido en nuestra jurisprudencia. En efecto, en las SSTS 582/07
EDJ 2007/70182;

618/07

EDJ 2007/100801;

622/07

EDJ 2007/104537 y 788/07 EDJ 2007/175242, entre otras, la Sala
ha establecido, en casos similares al que ha sido objeto de este
proceso, que España tiene jurisdicción para su enjuiciamiento, punto
de vista que esta decisión ratifica en todos sus términos.

Por lo tanto, la resolución recurrida es contraria a derecho y debe
ser casada.

2. La doctrina establecida por nuestra jurisprudencia debe ser
considerada a la luz de la establecida en la resolución del Pleno no
Jurisdiccional de 3 de febrero de 2005 EDJ 2005/11338 , en la que
se ha decidido, interpretando razonadamente el silencio legal
respecto del lugar en el que se debe considerar cometido el delito,
que dicho lugar de comisión debe ser establecido mediante el
criterio de la llamada teoría de la ubicuidad.

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  de 
  142 
  
 
  

De acuerdo con la premisa básica de esta tesis, el delito se consuma
en todos los lugares en los que se ha llevado a cabo la acción o en
el lugar en el que se haya producido el resultado. De esta premisa
básica se derivan asimismo otras que completan el alcance del
criterio que la informa en ciertas formas particulares de delitos.

En los delitos de omisión el lugar de comisión se considerará, en
principio, aquél en el que el omitente debía ser realizada la acción,
salvo casos excepcionales en los que la ley disponga otra cosa por
consideraciones especiales.

El los casos de tentativa o preparación el lugar de comisión será
tanto el lugar donde se realice la preparación o donde se de
comienzo a la ejecución, como el lugar en el que, según la
representación del hecho del autor, debía producirse el resultado (no
acaecido).

Esta es la configuración que la teoría de la ubicuidad presenta en un
importante número de legislaciones penales europeas que la han
adoptado positivamente, por ejemplo: § 9.1. Código Penal alemán
("Un hecho es cometido en todo lugar en el que el autor ha actuado
o, en caso de omisión, donde hubiera tenido que hacerlo o en el
lugar en el que, según la representación del autor, debiera haberse
producido el resultado perteneciente al tipo"); § 67 (2) Código Penal
austriaco (en términos similares al alemán); Código Penal esloveno,
art. 10.2. ("(...) el delito se considera cometido sea en el lugar en el
que se realiza la conducta, sea en el lugar en el cual, según la

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  de 
  142 
  
 
  

intención del autor, habría debido o podido verificarse el resultado
prohibido"); Código Penal finlandés, Cap. I, § 10 (2):

La tentativa de un hecho punible se considera cometida allí donde en
el supuesto de su consumación probablemente o según la
representación del autor hubiera debido producirse el resultado";
Código Penal polaco, art. 6,§ 2. ("Un hecho prohibido será cometido
en el lugar en el que el autor ha realizado la acción o en el lugar en
el que ha omitido realizar la acción a la que estaba obligado o en el
que debiera haberse producido el resultado típico según la
representación del autor"); Código Penal portugués, art. 7.2. ("En el
supuesto de tentativa el hecho se considera igualmente ejecutado en
el lugar en el que, de acuerdo con la representación del agente se
debería haber producido el resultado"); Código Penal suizo, art. 7.2.
("La tentativa se tendrá por cometida allí donde el autor ha
ejecutado la acción o donde según su intención se hubiera debido
producir

el

resultado).

En

el

derecho

italiano

análogas

consecuencias derivadas de la teoría de la ubicuidad , prevista en el
art.

6

CP

EDL 1995/16398,

han

sido

elaboradas

jurisprudencialmente respecto de distintas hipótesis (confr. por
ejemplo: Cass. IV, 24-11-1995; Cass. II, 20-3-1963; Cass. II, 23-101973; Cass. VI, 30-3-1988). La difusión alcanzada por esta norma
entre los derechos penales nacionales permite que pueda ser
considerada como constitutiva del derecho penal internacional de
los Estados europeos.

Asimismo, el consenso existente respecto de las consecuencias de la
premisa básica de la teoría de la ubicuidad justifica su aplicación

 Página 
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  de 
  142 
  
 
  

como criterio interpretativo de nuestro derecho vigente, dado que
nuestra ley guarda silencio sobre un presupuesto conceptual
esencial para la aplicación del principio territorial. Esta conclusión
tiene además apoyo en la doctrina que actualmente postula el
reconocimiento
interpretativo

del
que

derecho
se

suma

comparado
a

los

como

cánones

un

método

interpretativos

tradicionales del siglo XIX.

El derecho europeo citado establece, por lo tanto, que en estos casos
no corresponde aplicar otro principio que el territorial, dado que el
delito debe reputarse cometido en el territorio nacional. Las razones
que sostienen esta regla especial de aplicación del derecho nacional
a los casos que se preparan o que comienzan a ejecutarse para ser
cometidos en el territorio del Estado son claras y tienen total
paralelismo con las que conforman el criterio de la ubicuidad : el
lugar de comisión debe estar determinado no sólo por la ejecución
de la acción o el de la producción del resultado, sino también por el
lugar en el que el autor piensa atacar el orden jurídico nacional.

En el presente caso, por lo tanto, la cuestión planteada es clara: los
acusados comenzaron la ejecución del delito fuera de las aguas
territoriales españolas amenazando claramente el orden jurídico
español y el territorio español en que introducirían a los inmigrantes
transportados. Consecuentemente, el delito debe ser considerado
cometido dentro del territorio español, pues en éste debía
producirse, según la representación de los autores, el ingreso
clandestino de las personas transportadas. Dicho de otra manera: en
estos supuestos sólo entra en consideración el principio de

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  de 
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territorialidad y el delito ha tenido lugar en territorio español".
(STS 23-1-2008, nº 1/2008, rec. 217/2007)

En el caso que nos ocupa es evidente que el presunto autor, Mariano Rajoy
Brey, pensó en atacar el ordenamiento jurídico nacional e internacional en y
desde España razón por lo que, claramente, es la Jurisdicción española la
encargada de investigarle sin perjuicio de que parte del iter criminal se
desarrolla directamente en España.

SEGÚN EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL:

Desde la reforma operada sobre esta materia a partir de la Ley Orgánica
1/2014 tendríamos que la conducta, si se aplicase una interpretación
estricta, no podría ser perseguida en España lo que nos llevaría a tener que
remitir el caso a la Corte Penal Internacional, algo que estamos seguros no
resultará necesario por aplicación del principio de ubicuidad, tal cual se
expondrá tu infra.

Establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que
aquí interesa, que:

1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el
conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en
territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves
españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales

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  de 
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en los que España sea parte.

2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que
hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los
criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que
hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la
comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en
virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una
Organización internacional de la que España sea parte, no resulte
necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados siguientes.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante
los Tribunales españoles.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en
el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena.
Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para
rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por
españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean
susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como
alguno de los siguientes delitos:

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  de 
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a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.

b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el
Regente.

c) Rebelión y sedición.

d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado,
de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.

e) Falsificación de moneda española y su expedición.

f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al
crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo
falsificado.

g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.

h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios
públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la
Administración Pública española.

i) Los relativos al control de cambios.

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  de 
  142 
  
 
  

4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para
conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera
del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley
española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan
las condiciones expresadas:

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el
procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano
extranjero que resida habitualmente en España, o contra un
extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera
sido denegada por las autoridades españolas.
(...)

p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter
obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos
normativos de una Organización Internacional de la que España
sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en
los mismos.

6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente
serán perseguibles en España previa interposición de querella por el
agraviado o por el Ministerio Fiscal.

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  de 
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Siguiendo el análisis del precepto aquí transcrito es claro que, desde una
perspectiva estricta o pro impunidad (que es lo que dicha reforma ha
perseguido), sólo serían perseguibles estos delitos en España en caso de
existir denuncia del agraviado o del Ministerio Fiscal, lo que demuestra, a
través del caso que nos ocupa, que es una reforma que interpretada de
forma estricta resulta contraria a nuestra Constitución y a los
convenios internacionales suscritos por España. Nos explicaremos.

El Gobierno del Sr. Rajoy, hoy querellado, generó la reforma legal que hoy
impide enjuiciar una serie de delitos si los mismos se cometieron
totalmente fuera de España, aún cuando los autores sean españoles, si no se
cuenta con la querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.

Muchos de los delitos que requieren el cumplimiento de tal requisito
quedarán en la más absoluta impunidad – con vulneración del Derecho a la
tutela judicial efectiva – porque el agraviado, en sentido estricto, ya no esté
en condiciones de ejercitar la acción penal o porque el Ministerio Fiscal
tenga un criterio a favor de la impunidad, como ya se ha demostrado en
diversos casos muy conocidos de esta Excma. Sala.

Afortunadamente, como bien ha quedado acreditado ut supra, en el caso
que nos ocupa los hechos por los que aquí nos querellamos en contra
del Sr. Rajoy Brey han sido cometidos en diversos lugares y, entre ellos
España, por lo que no es de aplicación el criterio de impunidad que
establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su
actual versión.

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En todo caso, y a los meros efectos de aclarar nuestra alegación sobre
inconstitucionalidad de la reforma, debemos destacar que genera una clara
desigualdad ante la Ley que la persecución de unos hechos, por graves que
sean, dependa única y exclusivamente de la voluntad del Ministerio Fiscal
o de la existencia y supervivencia de una víctima directa, sin duda ello
genera impunidad y, en el plano constitucional, desigualdad ante la Ley.

SEGÚN EL ESTATUTO DE ROMA:

A este respecto tenemos que considerar, en primer lugar, lo previsto en la
Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la
Corte Penal Internacional (BOE 11-XII-2003) que, como se señala en su
Exposición de Motivos, la ley parte del "presupuesto del carácter
autoejecutivo de numerosos preceptos del Estatuto de Roma", lo que
permite la aplicación directa de este último por los tribunales españoles.
Entre ellos, los relativos a la definición de los delitos de lesa humanidad
como los reseñados en la querella y, también, en cuanto a la Jurisdicción de
nuestros Tribunales.

Seguramente, y de contrario, se intentará una oposición desde la
perspectiva de lo previsto en el artículo 7.2 de dicha Ley, que señala lo
siguiente: "cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano
judicial (...) en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos
presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo
enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se

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abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante,
querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal
de la Corte" pero dicho precepto, por lo expuesto ut supra (teoría de la
ubicuidad respecto al lugar de comisión del hecho) no es aplicable como
tampoco al tratarse, en el caso del querellado, de un nacional español.

Interesa recordar que este artículo 7.2 fue la respuesta del legislador de la
época al frustrado intento de limitación de la jurisdicción universal liderada
por este Tribunal Supremo en el "caso Guatemala". Es más, este Art. 7
recoge la doctrina del TS expresada en dicha Sentencia. Este artículo
impide la aplicación de la jurisdicción universal cuando: a) los presuntos
autores no son ciudadanos españoles, b) los hechos se hubieran
cometido en el territorio de otro Estado; y c) se atribuye a la CPI la
competencia ratione materiae (hechos cometidos con posterioridad al 1 de
julio de 2002), ratione loci (hechos cometidos en Estados parte del Estatuto
de Roma) y ratione materia (genocidio, lesa humanidad, crímenes de
guerra y agresión). Cuando concurran esos tres elementos, la ley prevé que
se informe al querellante de la posibilidad de interponer la acción penal
ante la fiscalía de la CPI.

Al respecto, y a los efectos de descartar este posible argumento de
contrario, debemos recordar que:

a.- La autoría corresponde a nacional español, entre otros, dado que
es el Presidente del Gobierno el que ha prestado su consentimiento al
firmar y apoyar el contrato que da lugar a los hechos objeto de la

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  de 
  142 
  
 
  

querella. Aquí es importante señalar que la autoría para que se
produzcan los hechos de la querella, en última instancia, es la
voluntad de los firmantes del contrato con Turquía. Sin esa firma y
los pagos posteriores como contraprestación, los hechos denunciados
no se producirían

b.- Por tanto, no concurren los tres elementos del art. 7 de la ley, con
lo que la obligación de investigar recae en la jurisdicción española.
Sin perjuicio de que, si esta no realiza una investigación efectiva, y
como se verá ut infra, pueda acudirse a la CPI. Por investigación
efectiva debe entenderse aquella que se realiza en el marco de un
proceso penal, es decir, bajo una autoridad dotada de independencia,
imparcialidad y separación orgánica del poder ejecutivo.

c.- Finalmente, y sin perjuicio de lo que se expondrá ut infra,
tenemos el artículo 1 del Estatuto de Roma. Este proclama con
claridad la complementariedad de la Corte con respecto a los
tribunales nacionales. El ejercicio de su jurisdicción está
condicionado a la falta de actuación efectiva de estos últimos, lo que
puede traducirse en sentido procesal como la subsidiariedad de la
Corte con respecto a los tribunales estatales. Por tanto, no puede
presentarse a la CPI como el lugar en el que enjuiciar estas graves
vulneraciones de los derechos humanos cuando su propia normativa
concibe este foro con un carácter subsidiario con respecto a los
tribunales internos.

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d.- Además, hay que tener en cuenta lo manifestado por nuestro
Tribunal Constitucional, en su sentencia 123/2009, de 18 de mayo:

“Los

poderes

públicos

españoles

pueden

vulnerar

indirectamente los derechos fundamentales cuando reconocen,
homologan o dan validez a resoluciones adoptadas por
autoridades extranjeras […] El control del poder judicial
español sobre la conformidad a los derechos fundamentales de
la actuación de un poder público extranjero no desaparece
[porque]

hay

un

núcleo

absoluto

de

los

derechos

fundamentales conforme al cual los tribunales españoles
pueden y deben valorar la repercusión de los actos de los
poderes públicos de los Estados extranjeros”.

Si el Tribunal Constitucional ampara el control judicial de actos emanados
de poderes públicos extranjeros en los que se ha producido violaciones de
derechos humanos, con mayor razón este control debe hacerse cuando se
trata de decisiones de organizaciones internacionales, como es el caso, en
cuya formación de voluntad ha concurrido el querellado, por un lado, y se
aprecian posibles responsabilidades penales, por otro.

Dicho lo anterior, y a los efectos de desarrollar hasta el detalle lo que afecta
a la Jurisdicción en cuanto a la vía de la Corte Penal Internacional, primero
tenemos que tomar en consideración la competencia de la Corte Penal
Internacional que viene definida en su artículo 1, ya citado, y 5 que
establece la competencia ratione materiae:

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1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves
de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.
La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente
Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.

2.La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión
una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los
artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las
condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible
con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones
Unidas.

Sobre la definición de crímenes de lesa humanidad y guerra, ya nos
explicaremos en detalle en otro apartado de la presente querella basta aquí
una remisión expresa a lo previsto en los artículo 7 y 8 del mencionado
Estatuto pero téngase presente lo establecido en el artículo 7.2.d) del
mismo: “Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá
el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u
otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin
motivos autorizados por el derecho internacional”, es decir que el tipo

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  de 
  142 
  
 
  

penal describe, literalmente, la conducta imputada al querellado y a
quienes con él la han perpetrado.

Lo mismo ocurre con la conducta descrita en el artículo 8.2.a) cuando
establece que: A los efectos del presente Estatuto, se entiende por
“crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra
personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de
Ginebra pertinente: vii) La deportación o el traslado ilegal o el
confinamiento ilegal.”

En lo que se refiere a la Jurisdicción, debemos fijarnos en lo establecido en
los artículos 10, 11 y 12 todos los cuales son de aplicación al caso que nos
ocupa.

Ahora bien, el ejercicio de la competencia – en realidad debe entenderse
por Jurisdicción – viene limitado a determinados supuestos que son los
establecidos en los siguientes artículos:
Artículo 13
Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera
de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las
disposiciones del presente Estatuto si:

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a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el
artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o
varios de esos crímenes;
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno
o varios de esos crímenes; o
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un
crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15.
Artículo 14
Remisión de una situación por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en
que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la
competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación
a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales
crímenes a una o varias personas determinadas.
2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán
las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación
justificativa de que disponga el Estado denunciante.
Artículo 15
El Fiscal
1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la
base de información acerca de un crimen de la competencia de la
Corte.

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2. El Fiscal analizará la veracidad de la información
recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los
Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones
intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes
fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios
escritos u orales en la sede de la Corte.
3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento
suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de
Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello,
junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las
víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones
Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba.
4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que
la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay
fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto
parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el
inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que
pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su
competencia y la admisibilidad de la causa.
5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a
autorizar la investigación no impedirá que el Fiscal presente
ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas
relacionados con la misma situación.
6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los
párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información
presentada

no

constituye

fundamento

suficiente

para

una

investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado.

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Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos o
pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la
misma situación.

Es decir que la Fiscal de la Corte, siempre con carácter subsidiario a la
Jurisdicción del Estado donde se haya cometido, podrá abrir
investigaciones de oficio si ha recibido “información” sobre la comisión
de un crimen competencia de la Corte; esta información le podrá llegar
por cualquier vía admitida en Derecho e incluso por la vía de la entrega de
esta misma querella y sus documentos probatorios.

A partir de ese momento, recepción de la notitia criminis, la Fiscal
“...analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá
recabar más información de ... las organizaciones intergubernamentales
o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere
apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la
Corte.” Es decir, una vez que se ponga en manos de la Sra. Fiscal dicha
inicial información ya el procedimiento quedaría en sus manos y podrá
recabar los antecedentes, para realizar las adecuadas corroboraciones, con
cualquier ONG, persona o entidad que disponga de datos sobre la ejecución
de los crímenes objeto de la presente querella adoptando aquellas medidas
que ella considere oportunas en virtud de la gravedad de los hechos.

Ahora bien, la Jurisdicción de la Corte tiene carácter subsidiario respecto a
la de los Estados miembros y ello implica, ex artículo 17 del Estatuto tener
presente los siguientes criterios a la hora de determinar si estamos o no ante

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una situación que obligue, por el principio de subsidiariedad, a actuar a la
Corte y que son:

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el
artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento
por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté
dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no
pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado
que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar
acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la
decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el
enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la
conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda
adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 20;
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la
adopción de otras medidas por la Corte.
2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un
asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los
principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por
el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes
circunstancias, según el caso:

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a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la
decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a
la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes
de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que,
dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer
comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de
manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo
sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de
que se trate ante la justicia.
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o
enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado,
debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de
justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer
al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o
no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Es decir, la Corte Penal Internacional solo actuará si los hechos no son
debidamente investigados en el Estado en que se hayan denunciado y
que tenga jurisdicción para investigarlos.

Cuesta imaginar que España se niegue a investigar unos hechos de la
gravedad de los aquí denunciados pero, en todo caso, podemos concluir
que:

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i.-

España tiene Jurisdicción preferente para investigar estos

hechos,

ii.-

España tiene la obligación internacional de investigar estos

hechos,

iii.-

España no puede realizar cualquier tipo de investigación de

estos hechos sino que ha de realizar una investigación eficaz
conforme a los estándares internacionales,

iv.-

En caso de que España se niegue a investigar estos hechos o se

declare incapaz de investigarlos puede referir el caso a la Corte, y

v.-

En el caso que España se niegue a investigar estos hechos o se

declare incapaz de investigarlos pueden ser objeto de investigación
por parte de la Corte, a instancia del Fiscal, cuando tenga
conocimiento de los mismos por cualquier medio (ex artículo 15.1 y
2 del Estatuto)

Es decir, sea como sea, existe una obligación por parte de España de
investigar los hechos objeto de la presente querella y, en el supuesto de
negarse a ello, o considerar que los mismos no son constitutivos de delito
cuando claramente lo son, o en caso de no realizar una investigación eficaz,
nos encontraríamos con el indeseado supuesto en que cualquier
ciudadano presente los hechos a la Sra. Fiscal de la Corte Penal

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Internacional y que ella, por entender que de la literalidad de los
artículos 7 y 8 del Estatuto se desprende la comisión de los delitos
denunciados, abra su propia e independiente investigación con las
consecuencias que ello tendría tanto para la credibilidad de nuestro
sistema de Justicia como para el propio querellado y quienes le hayan
ayudado o co-participado en la comisión de los ilícitos objeto de la
presente querella.

Dicho en otros términos, debemos asumir que si los hecho objeto de
querella no son investigados en España lo serán a nivel internacional
debido, principalmente, a que los mismos son constitutivos, entre otros,
de delito de Lesa Humanidad y por la entidad que han alcanzado y el
número de seres humanos al que esta conducta afecta.

Conclusiones:

1º La Jurisdicción española es la encargada de investigar estos
hechos y, subsidiariamente, tendría jurisdicción sobre los mismos la
Corte Penal Internacional, y

2º Establecida la Jurisdicción no cabe duda que la competencia le
corresponde a esta Excma. Sala Segunda de este Tribunal Supremo.

B.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS:

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Los hechos descritos en el cuerpo de la presente querella serían
constitutivos de:

i.  

Delito de lesa humanidad del artículo 607 bis del Código Penal,

ii.  

Delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto
armado de los artículos 608 y siguientes del Código Penal,

iii.  

Delito contra la integridad moral del artículo 173 y siguientes del
Código Penal, y

iv.  

Delito cometido por funcionario público contra las garantías
constitucionales del artículo 542 del Código Penal

El querellado y otros, acordaron con las autoridades turcas la deportación y
traslado forzoso de un número indeterminado de personas desde territorio
de la UE a territorio turco; esos deportados y/o trasladados forzosos son
refugiados que huyen de un conflicto bélico y que, por tanto, deben ser
asistidos y protegidos conforme a los tratados internacionales, hacer lo
acordado por el querellado y otros con el gobierno de Turquía implica
la comisión de un crimen de lesa humanidad tal cual está previsto en el
artículo 607 bis del Código Penal que preceptúa:

1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los
hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque

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generalizado o sistemático contra la población civil o contra una
parte de ella.
En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión
de tales hechos:
1º) Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo
perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al
Derecho Internacional.
2º) En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y
dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos
raciales y con la intención de mantener ese régimen.
2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:
(…)
4º) Con la pena de prisión de ocho a 12 años si deportaran o
trasladaran por la fuerza, sin motivos autorizados por el Derecho
Internacional, a una o más personas a otro Estado o lugar,
mediante la expulsión u otros actos de coacción.
3. En todos los casos previstos en el apartado anterior se impondrá
además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio
educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un
tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena
de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia,
atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las
circunstancias que concurran en el delincuente.

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Sin perjuicio que, como ya se ha dicho, los hechos son constitutivos,
además, de otra serie de delitos que iremos igualmente desarrollando ut
infra.

B.i.- CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD:
Con respecto al delito de lesa humanidad entendemos que resulta necesario
realizar un análisis de los elementos del mismo, la interpretación doctrinal
y jurisprudencial aplicable así como la concurrencia de todos esos
elementos en la conducta del hoy querellado, lo cual haremos de la forma
más esquemática posible.

B.i.1.- CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Los Crímenes de Lesa Humanidad (CLH) se refieren a la comisión de
ciertos crímenes inhumanos dentro de un determinado contexto. Es este
contexto precisamente el que eleva estos crímenes, que de otro modo
formarían parte de la jurisdicción ordinaria, a un ámbito internacional al ser
considerados de especial consideración por parte de la comunidad
internacional, sin perjuicio de, como se verá posteriormente, los mismos al
estar incorporados ya a nuestro ordenamiento forman parte de los delitos a
perseguir en el ámbito de nuestra propia jurisdicción.

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Desde un punto de vista filosófico son actos de tal gravedad que
convulsionan el sentido de la humanidad. Son hechos que dañan la
consciencia humana.18

Los CLH están revestidos de una gravedad que traspasa la de cualquier
delito ordinario. ARENDT los consideró “un ataque contra la diversidad
humana como tal, es decir, sobre una característica de la ‘condición
humana’ sin la cual las palabras ‘género humano’ o ‘humanidad’ serían
despojadas de significado”19. Para VERNON son una figura de estilo, una
metáfora que ayuda a enfatizar, a entender, lo moralmente ultrajante de
estos crímenes.20

La primera referencia legal a estos crímenes data de 1915, en una
declaración conjunta de Francia, Reino Unido y Rusia en respuesta a la
masacre armenia ejecutada por el Imperio Otomano durante la Primera
Guerra Mundial en la que murieron entre 200.000 y 800.000 civiles
armenios21; aunque no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial
cuando se produjo el primer enjuiciamiento por CLH.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
18

Christopher Macleod, (2010) “Towards a Philosophical Account of Crimes Against Humanity”,
European Journal of International Law, 21:2, pp.281-302
19
Hannah Arendt, (2007) Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of Evil, p.268-9
20
Andrew Altman “Genocide and Crimes Against Humanity: Dispelling some of the fog”, p.306 en Ellen
Frankel Paul, Fred D. Miller, Jr., Jeffrey Paul (eds.) (2012) New Essays in Plitical and Social Philosophy,
Cambridge University Press 
  
21
Para más información sobre estos acontecimientos históricos, ver United National War Crimes
Commission (1948), History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the
Laws of War. "[i]n the presence of these new crimes of Turkey against humanity and civilization, the
allied Governments publicly inform the Sublime Porte that they will hold personally responsible for the
said crimes all members of the Ottoman Government as well as those of its agents who are found to be
involved in such massacres."; James Bryce y Arnold Toynbee (2000), The Treatment of Armenians in the
Ottoman Empire, 1915-1916: documents presented to Viscount Gey of Fallodon by Viscount Bryce,
Gomidas Institute Books Series

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La primera codificación de los CLH se introdujo en los estatutos de los
tribunales de Núremberg y Tokio en sus artículos 6(c) y 5(c)
respectivamente y desde entonces el concepto ha ido evolucionando
progresivamente hasta convertirse en una categoría de crímenes cuyo
contenido específico consiste en una serie de tipos penales contenidos a su
vez en los ordenamientos internos de la mayoría de países como sucede,
igualmente, en el caso de España; por lo que para poder diferenciar los
CLH de sus homólogos nacionales resulta imprescindible identificar el
elemento jurisdiccional que permite su elevación y clasificación como un
crimen internacional.22

El artículo 6(c) del Estatuto de Londres definió los CLH como:

El asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y
otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes
de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos
políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes
que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos,
constituyan o no una vulneración de la legislación interna del
país donde se perpetraron.

Al respecto, cabe resaltar tres características principales de esta primigenia
definición. Primero, la referencia a “cualquier” población civil que se hace
en su redacción en inglés indica el ánimo de abarcar aquellos crímenes
cometidos contra la propia población de un estado. Segundo, el nexo de
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
22

M. Cherif Bassiouni, (2011) Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary
Application, “Legal Nature”, New York, Cambridge University Press

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unión con un conflicto armado al requerir una conexión con los crímenes
de guerra o de agresión. Tercero, el elemento de la magnitud y escala de los
hechos, subsumido en el empleo del término “población”.23

Hay que esperar a la creación de los Tribunales Penales Internacionales ad
hoc para la antigua Yugoslavia (TPIY) y Ruanda (TPIR) para encontrar un
nuevo avance en la conceptualización de los CLH. En los estatutos de
ambos tribunales se enumera por primera vez una lista de actos prohibidos
basados en la Ley Número 10 del Consejo del Control Aliado24.

El artículo 5 del Estatuto del TPIY establece que serán CLH “cuando éstos
han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter
internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil”. Por
su parte, el artículo 3 del Estatuto del TPIR determina que serán CLH
“cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o por
razones políticas, étnicas, raciales o religiosas”. Ambas definiciones
guardan un alto grado de similitud y únicamente las separan dos detalles.

El Estatuto del TPIY establece como requisito la existencia de un conflicto
armado mientras que por su parte el Estatuto del TPIR exige la
concurrencia de motivos discriminatorios, que serían los que concurrirían
en el presente caso.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
23

Robert Cryer, Hahan Friman, Darryl Robinson, Elisabeth Wilmshurst (2010), An introduction to
international Criminal Law and Procedure, “Crimes Against Humanity”, Cambridge University Press,
p.188
24
Se incluyen: el asesinato u homicidio intencional, exterminio, esclavitud, deportación,
encarcelamiento, tortura, violación, persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, otros actos
inhumanos.

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El concepto de CLH que promueve el Estatuto de Roma de creación del
Tribunal Penal Internacional (TPI) en su artículo 7 define contextualmente
los CLH: “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque”25 Además, completa la lista de acciones consideradas CLH26 y
TERMINA RECHAZANDO LOS REQUISITOS DE CONEXIÓN CON
UN CONFLICTO ARMADO Y DE CONCURRENCIA DE MOTIVOS
DISCRIMINATORIOS. Decisión hoy en día muy arraigada27, y que EL
PROPIO TPIY HA ADMITIDO EN NUTRIDA JURISPRUDENCIA QUE
LA CONEXIÓN CON UN CONFLICTO ARMADO SE TRATÓ DE
UNA DESVIACIÓN DEL DERECHO CONSUETUDINARIO.28 Al igual
que la sala de apelación del TPIR ha admitido que la restricción establecida
por el Estatuto de dicho tribunal solo se refiere a éste y que el
requerimiento de la concurrencia de motivos discriminatorios se refiere en
todo caso al ataque considerado de manera general por lo que no es
requisito en ningún caso que exista una intención discriminatoria por parte
del autor de los hechos.29 EL NEXO CON UN CONFLICTO ARMADO
Y

EL

REQUISITO

DEL

ÁNIMO

DISCRIMINATORIO

QUEDARÍAN POR LO TANTO FUERA UMBRAL CONTEXTUAL
DE LOS CLH lo que decimos a los efectos de la presente querella porque,
para cometer un crimen de lesa humanidad, no es necesario que el autor sea
parte de un conflicto armado toda vez que el mismo también se puede
cometer en tiempo de paz, tal cual se desarrollará ampliamente ut infra.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
25

Ver nota 6. p.190
Ver artículo 7 del Estatuto de Roma: se añaden las deportaciones forzadas, la esclavitud sexual, la
prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, la violencia sexual, las desapariciones
forzada de personas y el crimen de apartheid.
27
Ver nota 6. pp.191-2
28
Tadic ICTY T. Ch. II 07.05.1997 para. 627; Tadic ICTY A. Ch. 15.07.1999 para. 282–8.
29
Ver nota 6.
26

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B.i.2.- LAS CLÁUSULAS UMBRAL (DENOMINADOS CHAPEAU
ELEMENTS)

Existen una serie de elementos contextuales que deben probarse en cada
caso además de los elementos específicos del crimen (asesinato, tortura,
deportación, traslado forzoso de personas, etc.) para que se pueda
considerar que estamos ante un CLH. Desde su primera concepción los
CLH han sido crímenes revestidos de una gran escala y gravedad - como
ocurre en el caso que nos ocupa, excluyendo hechos aislados.

Estos elementos establecen el contexto para el delito específico y por lo
tanto identifican qué cuestiones merecen un especial castigo. Las cláusulas
umbral referidas al contexto en el que deben producirse los CLH, reflejo
de sus distintas codificaciones así como del derecho internacional
consuetudinario, son:

(a) la existencia de un ataque,
(b) la necesidad de un vínculo entre los actos del acusado y el ataque,
(c) la generalidad o sistematicidad del ataque,
(d) la población civil como objetivo del ataque,
(e) el conocimiento de la producción de dicho ataque por parte del
acusado, y
(f) la existencia de una política de Estado.

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Y cuando se habla de ataque también ha de entenderse de aquellas
otras formas de ataque - como veremos ut infra - a los derechos de los
civiles afectados, que en el caso que nos ocupa haría referencia a las
deportaciones masivas y a su traslado forzoso a territorio extracomunitario.

Analizaremos los términos y su correcta interpretación:

•   Ataque:

Debemos entender aquí el empleo de este término de una manera distinta a
como se utiliza en los crímenes de guerra, sino como un requisito mínimo
en cuanto al número de víctimas o actos30. También indica la necesidad
de un hilo conductor entre los ataques, para que puedan ser descritos de
manera conjunta como “ataques dirigidos” contra la población civil. En
ningún caso actos aislados por parte de individuos podrían constituir CLH
pero, en el presente caso concurre plenamente este elemento toda vez
que el contrato firmado por, entre otros, el querellado con Turquía lo
que pretende y consigue es un traslado y/o deportación masiva de miles
de refugiados desde un Estado a otro. Esto entra en relación directa con
otro de los elementos analizados más abajo: la política de estado o, como
ocurre en el caso que nos ocupa, la política de un conjunto de estados.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
30

Art. 7(2)(a) Estatuto del TPI; Kunarac ICTY T Ch. II 22.02.2001 par. 415, Krnojelac ICTY T. Ch. II
15.03.2002 par. 54; Kayishema ICTR T. Ch. II 21.5.1999 par. 122  
  

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•   Vínculo entre el acusado y el ataque:

Respecto de la persona acusada, es necesario que haya cometido uno de los
actos prohibidos, que dicho acto pertenezca objetivamente a un ataque más
amplio y que ésta sea consciente del contexto más amplio en que tiene
lugar el acto. Un acto concreto puede constituir CLH si pertenece a un
ataque31 entendiéndose por ataque toda aquella violación a los derechos
garantizados a los civiles y personas especialmente protegidas en caso
de conflicto armado, que es justamente lo que aquí está sucediendo. En el
caso que nos ocupa no cabe duda acerca del vínculo entre los diversos actos
del querellado, hasta llegar a la firma del contrato del pasado 18 de marzo
de 2016 con el ataque que consiste en la deportación y/o traslado masivo de
refugiados de un Estado a otro.

•   Generalizado o sistemático:

La referencia a un ataque generalizado o sistemático conlleva un requisito
adicional, que el ataque sea o bien sistemático, o bien generalizado,
aunque en cualquiera de los casos siempre ha de concurrir en conexión con
un ataque, implicando al menos un modesto grado de escala y
organización.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
31

Tadic ICTY A.Ch.15.7.1999 par. 271. Semanza ICTR T. Ch 15.05.2003 par. 326: Para determinar si un
acto es parte de un ataque es necesario tener en cuenta los objetivos, naturaleza o consecuencias.
Krnojelac ICTY T. Ch. II 15.03.2002 par. 127. Kunarac ICTY A. Ch. 12.06.2002, par. 96; Blaskic ICTY
A. Ch. 29.07.2004 par. 101.  
  

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El término “generalizado” en sus distintas definiciones hace siempre
referencia a la gran magnitud o escala del ataque, conllevando un gran
número de víctimas aunque nunca se ha establecido un umbral numérico32.
En el caso que nos ocupa es evidente que estamos ante una violación
(ataque) sistemática de la protección debida a estos civiles afectados por el
conflicto de Siria y otros países y ello porque afecta a todos cuantos huyen
del mismo y, además, es generalizado porque se dirige en contra de todo
aquel que llegue a Europa procedente de dichos conflictos.

Por su parte, el término “sistemático” ha sido definido de varias maneras
aunque generalmente hace referencia al alto nivel de organización, patrones
claros de conducta, planificación y objetivos o el empleo de importantes
recursos para llevar a cabo el ataque33.

En el caso que nos ocupa, no cabe mayor sistematización que aquella que
surge del propio contrato firmado entre el Consejo de Europa y Turquía por
cuanto en el mismo se sistematiza la aplicación de las medidas constitutivas
del delito por el cual nos venimos querellando.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
32

Tadic ICTYT. Ch. II 07.05.1997 par.206, Kunarac ICTY T.Ch. II 22.02.2001 par.428. Definitions vary
slightly from case to case. A rather stringent standard, which is probably excessively high, is set out in
Akayesu and other cases: ‘massive, frequent, large scale action, carried out collectively with considerable
seriousness and directed against multiple victims’: Akayesu ICTR T. Ch. I 02.09.1998 para. 580;
Musema ICTR T. Ch. I 27.01.2000 para. 204.
33
Para ver las distintas definiciones: Akayesu ICTR T. Ch. I 02.09.1998 par. 580. 42 Blaskic ICTY T.
Ch. 03.03.00 par. 203. Ver también Ambos and Wirth, ‘The Current Law’ 18-20. Tadic ICTY TCh.II
07.05.1997 par.648; Kunarac ICTY T.Ch.II 22.02.2001 par.429; Ntakirutimana ICTR T.Ch.I
21.02.2003 par. 804.
 
 

 
  

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Es decir, estamos ante un caso en el cual se cumple con ambos requisitos
legales y, además, no cabe duda que se ha actuado de forma sistemática
porque, tal cual se describe ut supra, se ha gestado una serie de informes y
acuerdos mediante los cuales se pretende dar la apariencia de legalidad
para, a través de los mismos documentos, planificar lo que luego será de
aplicación general a todos los refugiados que entren en Europa.

•   Población civil

La noción de “población civil” denota por un lado que deben ser crímenes
cometidos contra civiles, no combatientes, así como tener un número
elevado de víctimas, quedando fuera los crímenes aislados contra
individuos. Son crímenes de naturaleza colectiva aunque ello no significa
que toda la población en su conjunto deba ser objeto del ataque.

La jurisprudencia ha dado una interpretación expansiva al término “civil”
que por un lado, admite que solo sea necesario que la población sea
“predominantemente de naturaleza civil”34, y con ello permite que la
presencia de no-civiles no cambie el carácter de la población35. Por otro
lado, la interpretación más laxa del término ha llevado a incluir a aquellos
que ya no forman parte de las hostilidades en el momento de producirse los
crímenes (combatientes desmovilizados, fuera de combate, etc.).36 En este
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
34

Ver nota 6; Antonio Cassese, ‘Crimes Against Humanity’ in Cassese, Commentary, p.375; Antonio
Cassese (2003) International Criminal Law, Oxford, pp.85–91
35
Tadic ICTY T. Ch. II 07.05.1997 par. 638; Kordic ICTY T. Ch. 26.02.2001, par. 180; Kunarac ICTY
A. Ch. 12.06.2002 par. 91.
36
Tadic ICTYT.Ch. II07.05.1997par.643; Kordic, ICTYT.Ch.26.02.2001 par.180. Un miembro activo de
las fuerzas armadas u organización continua siendo combatiente incluso cuando no está armado o en
combate y por ello puede ser atacado de forma legal por otra parte en conflicto. Ver p.e. Blaskic ICTY A.

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  142 
  
 
  

sentido se puede concluir que la referencia a la población civil tiene el claro
objetivo de excluir las acciones militares contra objetivos legítimos
reguladas en el derecho internacional humanitario37, con las consecuencias
que ello tiene a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esta figura
delictiva pero que, en el caso que nos ocupa no afecta ni a la tipificación de
la conducta ni a la atribución de la responsabilidad criminal, si bien a nivel
indiciario en estos momentos.

En el presente caso, no cabe duda alguna que estamos hablando de civiles y
así lo acreditamos mediante la documental que se aporta junto con la
presente querella; en todo caso, creemos que el hecho de tratarse de civiles
es algo público y notorio que, a estas alturas, no resulta necesario acreditar
pero, de considerarse que es necesario hacerlo basta una remisión expresa a
los contratos mediante los cuales se perfecciona el delito aquí imputado.

•   Mens rea (elemento subjetivo del tipo)

En el derecho anglosajón el mens rea (elemento mental) equivaldría al
elemento subjetivo del tipo en el ordenamiento español.

Se refiere a la necesaria intencionalidad por parte del sujeto que debe
conocer el contexto amplio en el que se enmarca la acción: un ataque
sistemático o generalizado contra la población civil, unas deportaciones
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
Ch. 29.07.2004 par. 114; Ver también: Guenael Mettraux, (2002) “Crimes Against Humanity in the
Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda” Harvard
International Law Journal 43:237, pp.245–50.
37
Ver nota 6. p.194

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  79 
  de 
  142 
  
 
  

masivas de civiles o un traslado forzoso de civiles de una zona segura a
otra que no lo es.

La jurisprudencia de los Tribunales Internacionales establece que el
sujeto debe tener un simple conocimiento aproximado de esta
circunstancia38 y no es necesario que comparta los objetivos del ataque39
aún cuando en el caso que nos ocupa también parece que comparte los
objetivos de dicho ataque contra la población civil, entendiendo ataque en
los términos antes expuestos y ya desarrollado por la Jurisprudencia
internacional.

En el supuesto que aquí nos ocupa el conocimiento que el querellado tiene
no se puede establecer como “aproximado” porque resultaría inaudito que
todo un Presidente de un gobierno no conociese en profundidad las
consecuencias de sus actos, aún cuando no lo descartamos y nos
comprometemos a acreditarlo en fase de instrucción y plenario, sin
perjuicio de los documentos probatorios que se adjuntan al texto de la
presente querella.

En todo caso creemos que existen hechos públicos y notorios, como son las
propias manifestaciones públicamente realizadas por el querellado, en las
cuales se refleja expresamente su conocimiento sobre lo contratado, sus
consecuencias y la propia intencionalidad subyacente a dicho contrato.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
38

Tadic ICTY T. Ch. II 07.05.1997 par.657; Kunarac ICTY A. Ch. 12.06.2002 par.102; Blaskic ICTY
T. Ch. I 03.03.2000 par.251; Krnojelac ICTY T. Ch. II 15.03.2002 para. 59; ver también Finta [1994] 1
SCR 701 at 819.
39

Kunarac ICTY A. Ch. II 22.02.2001, para.103

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  80 
  de 
  142 
  
 
  

•   Política de un estado

La jurisprudencia no internacional, de distintos países, sobre CLH ha
recogido frecuentemente el requisito de la política de estado.40 En ningún
caso se pueden considerar CLH los actos aislados y aleatorios de
individuos, es imprescindible una conexión entre los actos. Es necesario
que los actos sean dirigidos, instigados o promovidos por alguien más que
meros individuos. El concepto nace de la necesidad de dejar fuera del
espectro de los CLH delitos que puedan llegar a tener un carácter
generalizado pero inconexo y que por lo tanto no reflejan la intención de la
norma, como una oleada de violencia o una situación de violencia,
desorden y anarquía tras un desastre natural; visión que tuvo su reflejo en
las primeras resoluciones de los Tribunales Internacionales.41

Al promover la disyunción entre los conceptos “generalizado” y
“sistemático”, durante la Conferencia de Roma surgió una gran
preocupación ya que se podía correr en la inclusión de crímenes
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
40

Algunos ejemplos: Altstotter VILRTW C1; Brandt (The Doctors’ Trial) IVLRTW C91 (US Military
Tribunal); Barbie, Court of Cassation, 6 December 1983, 78 ILR 124 (Francia); Menten 75 ILR 362–63
(Holanda); Finta [1994] 1 SCR 701 at 814 (Canadá); Polyukhovic 172 CLR 501 (Australia); Pinochet
(No. 3), [1999] 2 All ER 97 (Reino Unido) (Lord Hope, Lord Millet; ver contra Lord BrowneWilkinson). Para mas detalles en los ejemplos consultar: William A. Schabas, (2008) “Crimes Against
Humanity: The State Policy or Plan Element”, en Leila Nadya Sadat ed., Essays in Honor of M. Cherif
Bassiouni, pp. 348-50
41
Commission of Experts (former Yugoslavia), (1992), Final Report of the Commission of Experts
Established Pursuant to Security Council Resolution, 780 UN Doc. S/1994/674, p.23; Commission of
Experts (Rwanda), Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council
Resolution 935 (1994), UN Doc. G/SO 214, par. 135; ILC, Report on the work of its forty-eighth session
(ILC draft Code), UN Doc A/51/10, pp.93 y 95–6; ver: Final Report on Systematic Rape, Sexual Slavery
and Slavery-like Practices During Armed Conflict, (1998), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/ 1992/13
Ver: Tadic ICTY T. Ch. II 07.05.1997 par. 644; Bagilishema ICTR T. Ch. I 07.06.2001 par. 78.

 Página 
  81 
  de 
  142 
  
 
  

precisamente generalizados aunque inconexos.42 Para evitar estos posibles
escenarios se introdujo el apartado (2)(a) en el artículo 7, que menciona
expresamente la necesaria concurrencia de “una política de un estado o de
una organización”. Se entiende entonces que “sistemático” conforma el
umbral máximo mientras que “política de estado” se convierte en el
extremo opuesto, el requisito mínimo para que los hechos ocurridos se
consideren CLH.

En la actualidad existe un debate en torno a este elemento que ha
provocado la división de la jurisprudencia y del pensamiento académico a
este respecto, cuestión que será abordada en profundidad más adelante.

BASSIOUNI define el concepto de política de un estado como una
conducta ilegal llevada a cabo por actores estatales utilizando el poder y
recursos estatales amparados en la legalidad vigente para cometer
conductas dañinas contra la población civil. Esto incluye tanto a individuos
como a grupos capaces de usar los poderes y recursos del gobierno para
institucionalizar la violencia contra la población civil, debiéndose tener
presente que la violencia contra la población civil - ex artículo 607 bis de
nuestro Código Penal - también se ejerce por la vía de la deportación y del
traslado forzoso de esas personas especialmente protegidas. Termina
mencionando que en ocasiones son situaciones de gobierno mediante el
terror aunque la mayor parte de las veces se abusa del poder de una
manera mucho menos visible pero que igualmente causa un gran daño

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
42

Ver nota 6. p.196 
  

 Página 
  82 
  de 
  142 
  
 
  

a seres humanos indefensos parte de la población civil43, exactamente lo
que sucede con los actos y hechos objeto de la presente querella.

Es patente que estamos ante una política de Estado porque la decisión la
toma y ejecuta el Presidente del Gobierno, si bien aún en funciones, y
compromete al Estado en un contrato a todas luces criminal, en el sentido
de instrumento para la perfección de un crimen de lesa humanidad. Es
cierto que el querellado no representa a la ciudadanía, tanto por tratarse de
un Presidente en funciones como por no representar el sentir mayoritario
del pueblo español, no cabe duda que estamos ante un "acto de Estado" o
"política de Estado" en su más clara definición al usarse los instrumentos
propios del Estado, incluso sus recursos económicos, para perfeccionar el
hecho delictivo.

•   El elemento político en los CLH

Existe un gran debate a cerca de la naturaleza de las políticas y planes de
estado en los CLH, si debe ser considerado como uno de los elementos
definitorios de estos crímenes o por el contrario si solo debe tomarse en
cuenta como un mero elemento probatorio.

La sala de apelaciones del TPIY aborda esta cuestión en el caso Kunarac
en lo que ha terminado convirtiéndose la manifestación más conocida de
una de las posturas en torno a este debate. El TPIY concluyó que una
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
43

Ver nota 5. p. 14

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  83 
  de 
  142 
  
 
  

política o plan del estado no es requisito en los CLH aún cuando en el
presente caso sí que se da. Kunarac fue condenado por CLH aunque los
hechos que lo motivaron no eran necesariamente atribuibles a una política o
plan del estado. En ese caso, el tribunal obró con la intención de ampliar el
espectro de actuación de los CLH para de esta forma abarcar también a los
actores no estatales:

En contra de las alegaciones del demandante, ni el ataque ni los
actos del acusado necesitan el soporte de ninguna forma de
“política” o “plan”. No existe ninguna referencia en el Estatuto
[del TPIY] o en el derecho internacional consuetudinario en el
momento de la comisión de los hechos que exprese el requisito de
de probar la existencia de un plan o política para cometer estos
delitos. Como se indica más arriba, la prueba de que los ataques
estaban dirigidos contra población civil y de que se llevaron a
cabo de manera sistemática o generalizada son los elementos
legales del delito. Pero para probar estos elementos no es
necesario mostrar que fueron el resultado de la existencia de una
política o plan. Puede resultar útil para establecer que el ataque
iba dirigido contra población civil y que era sistemático o
generalizado (especialmente esto último) que existía una política o
plan, pero es posible probar estas cuestiones en relación con otros
patrones. Por lo tanto, la existencia de una política o plan puede
ser relevante desde el punto de vista probatorio, pero no es un
elemento legal del delito.44

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
44

(traducción propia)

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  84 
  de 
  142 
  
 
  

A pesar de ello, lo cierto es que la primera codificación de los CLH –en el
Estatuto de creación del Tribunal Militar Internacional (TMI) – no hace una
referencia expresa al elemento de la política o plan, pero debemos entender
que es inherente al propio concepto de CLH, al menos si atendemos al
desarrollo de la Comisión de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas y
posteriormente de la Conferencia de Londres.

E incluso más, desde el incido del siglo XX la mayor parte de las políticas
de estado que han resultado en graves violaciones de derechos humanos se
han cometido en relación con cuatro factores fundamentales: el poder, la
ideología, el terror, y la manipulación del derecho.

En el caso que nos ocupa, todos estos elementos se dan como se desprende
de los hechos de esta querella; estamos ante una decisión emanada desde el
poder, sustentada ideológicamente por el querellado, que siembra el terror
por vía de la deportación y del traslado forzoso de civiles y personas, en
muchos casos, especialmente protegidas en caso de conflicto armado, y,
finalmente, que se hace sobre una clara manipulación del Derecho dándole
apariencia de legalidad a un contrato que es no solo inmoral sino,
específicamente, criminal.

Desde la Segunda Guerra Mundial, los regímenes totalitarios así como las
dictaduras han puesto en marcha leyes con apariencia legítima para llevar a
cabo estrategias y tácticas de aterrorizamiento.45 Y, salvo contadas
excepciones, todos los enjuiciamientos han implicado a individuos que
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
45

Ver nota 5. p.14-15

 Página 
  85 
  de 
  142 
  
 
  

actuaban en beneficio de un Estado o siguiendo una política de estado o
bien de una organización paraestatal con control del territorio y en un
intento de conseguir el poder político, como el caso de la República Srpska
durante la guerra en Bosnia.

Un buen ejemplo de la importancia de la política de Estado es el Informe
de la Comisión Investigadora sobre Darfur establecida en 2004 por
Naciones Unidas y presidida por Antonio CASSESSE. En respuesta a la
pregunta del Consejo de Seguridad sobre si habían tenido lugar actos de
genocidio, la comisión dijo que “el Gobierno de Sudan no ha seguido una
política de genocidio”46, ahondando en su postura la comisión expuso:

"No obstante, un elemento esencial parece estar ausente, al menos
en lo que respecta a las autoridades del Gobierno central: la
intención genocida. En términos generales, la política de atacar,
matar o desaparecer forzosamente miembros de algunas tribus no
manifiesta una intención específica de aniquilar, por completo o en
parte, a un grupo por su origen racial, étnico, nacional o religioso.
Más bien, parecería que aquellos que han planeado u organizado los
ataques a los poblados buscaban expulsar a las víctimas de sus
hogares, principalmente por motivos relacionados con la guerra
contra-insurgencia47.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
46

(traducción propia) S.C. Res. 1564, T 12, U.N. Doc. S/RES/1564 (Sept. 18, 2004).
International Commission of Inquiry on Darfur, (Jan. 25, 2005) Report of the InternationalCommission
of Inquiry on Violations of International Humanitarian Law and Human Rights Law in Darfur, 518, U.N.
Doc. S/2005/60
47

 Página 
  86 
  de 
  142 
  
 
  

SCHABAS argumenta que la Comisión de Darfur no contradijo la
jurisprudencia de la Sala de Apelaciones del TPIY, y no excluyó la
posibilidad de que un individuo actuando solo pueda cometer actos de
genocidio. Lo que hizo fue buscar una respuesta sobre si se cometieron
actos de genocidio en Darfur a través de la existencia o no de una política
del Estado de Sudán.48 Otro caso similar es el de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) en relación con la demanda por parte de Bosnia Herzegovina
contra Serbia y sus aliados Bosnios por limpieza étnica o genocidio. La
respuesta del CIJ fue en líneas similares a la de la Comisión de Darfur,
buscando igualmente en el elemento de una política de Estado49.

El chapeau del artículo 6 del Estatuto del TMI especificaba que los
acusados debían de de actuar “en defensa de los intereses de los países del
Eje Europeo […] ya fuera individualmente o como miembros de
organizaciones”, aunque nunca abordó la cuestión de la necesaria
existencia de una política o plan de manera directa ya que resultaba obvio
en aquel caso, es por todos conocido qué régimen Nazi había diseñado un
plan tremendamente minucioso de exterminio.

Lo que hace de los crímenes contenidos en el Artículo 6(c) y posteriores
redacciones parte de un crimen internacional es su nexo con el elemento
internacional, y al eliminar el nexo con el conflicto armado, el único que
queda es la política de Estado. Es por ello un elemento indispensable que
garantiza la inclusión como crímenes de categoría internacional lo que de
otro modo serían meros crímenes nacionales. Siguiendo esta misma línea,
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
48

William A. Schabas (2008) “State Policy as an Element of International Crimes”, Journal of Criminal
Law and Criminology, 9:98
49
Ver nota 31

 Página 
  87 
  de 
  142 
  
 
  

Fiscal General Robert Jackson, Delegado Estadounidense en la Conferencia
de Núremberg, expresó:

"De manera general no consideramos que los actos de un gobierno
contra sus propios ciudadanos merezcan nuestra intervención. Estamos
ante unas desgraciadas circunstancias en nuestro propio país en las
que las minorías son injustamente tratadas. Pensamos que es
justificable nuestra intervención o nuestro intento de castigar a los
individuos o Estados únicamente porque los campos de concentración
y deportación se construyeron persiguiendo un plan o una iniciativa
común para librar una guerra injusta o ilegal en la que nos vimos
envueltos. No vemos otras bases para justificar nuestra intervención
sobre las atrocidades que fueron cometidas en Alemania, bajo el
derecho alemán o incluso violando el derecho alemán.50

Por otra parte, la propia noción de ataque “sistemático o generalizado”
contra la población civil según está formulado en los Estatutos de los
Tribunales ad hoc y en el Estatuto de Roma hace referencia no solo a la
manera en la que se produce la victimización a gran escala, también
caracteriza los medios o métodos empleados para ello. Es esta política
subyacente la que diferencia los crímenes ordinarios de los CLH,
justamente la que se da en el presente caso toda vez que se parte de
una confluencia de voluntades políticas para generar una acción y
resultado criminal.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
50

Justice Jackson, United States Delegate, London Conference, Minutes23, 1945, en Report of Robert H.
Jackson, United States Representative to The International Conference On Military Trials 333 (1949).

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  88 
  de 
  142 
  
 
  

Indudablemente la postura sostenida por el TPIY hubiera sido más sólida si
hubiera hecho referencia en sus razonamientos a alguna condena por CLH
contra un actor no estatal sin que mediara el elemento de la política o plan
estatal. El problema es que tal escenario aún no se ha producido.51 Por otro
lado, la sala de apelaciones del TPIY omite expresamente cualquier
referencia al artículo 7(2) del Estatuto de Roma, algo que no deja de
sorprender cuando el mismo tribunal no ha dudado en citar esta misma
fuente como una autoridad de derecho consuetudinario en otros asuntos.52

El hecho de evitar a toda costa la mención a este precepto, que hubiera
puesto seriamente en jaque la postura del tribunal, ciertamente no fortalece
la credibilidad de esta postura dentro del debate.

•   Actores no estatales y paraestados

Existe un segundo debate en torno al elemento político dentro de los CLH
directamente relacionado con la interpretación de la definición del Estatuto
de Roma. En su artículo 7(2)(a) el Estatuto establece que:

Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados
en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
51

William A. Schabas, “Crimes Against Humanity: The State Policy or Plan Element”, en Leila Nadya
Sadat ed. (2008), Essays in Honor of M. Cherif Bassiouni, p.350
52
Ver nota 31

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  89 
  de 
  142 
  
 
  

política de un Estado o de una organización de cometer esos actos
o para promover esa política.53

La falta de concreción en torno a qué entender por “Estado” u
“organización” ha provocado una gran flexibilidad interpretativa en
torno a estos conceptos. El mayor debate surge en torno a qué debemos
entender por “organización” y hasta qué punto resulta aceptable estirar
el concepto. Una parte de la doctrina entiende que el artículo 7 extiende
el significado de los CLH para abarcar por primera vez a los actores no
estatales, una visión que ha ganado importantes adeptos tras
acontecimientos como el 11-S y que precisamente abogan por la
inclusión de los grupos terroristas dentro de los CLH basándose en una
interpretación flexible y expansiva del precepto.

ROBINSON entiende que “mientras haya algún tipo de entidad
organizada que dirija, instigue o promueva crímenes entonces no estamos
ante meras ‘olas de crimen’ espontáneas fruto de actos inconexos de
individuos”54. Según esta perspectiva mientras no sean actos aleatorios no
importa qué tipo de organización, pública o privada, esté detrás.

SADAT, por otro lado, critica severamente la importancia que se está
dando al elemento de la política de estado, ya que “un excesivo énfasis en
su aplicación resultará en una limitación en cuanto al alcance y
aplicabilidad de [los CLH] tan severa, que se convertirá en un crimen
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
53

Énfasis añadido, Rome Statute of the International Criminal Court art. 7(2), U.N. Doc. A/CONF.183/9
(July 17, 1998).
54
Darryl Robinson (2011), Essence of Crimes Against Humanity Raised at ICC, Blog Of The Eur. J. of
Int’l L., http://www.ejiltalk.org/essence- of-crimes-against-humanity-raised-by-challenges-at-icc

 Página 
  90 
  de 
  142 
  
 
  

como el de genocidio, tan difícil de probar que su utilidad general se verá
gravemente limitada”.55

Aunque esta perspectiva pueda parecer muy atrayente a primera vista al
abarcar a los grupos terroristas lo cierto es que es una postura difícil de
sostener por lo que veremos ut infra y que, en todo caso, no afecta al caso
que nos ocupa donde es clara la presencia del elemento estatal en la
comisión de los crímenes por los cuales nos venimos querellando.

BASSIOUNI, Presidente del Comité de Redacción en la Conferencia de
Roma que ultimó la redacción del artículo 7(2), sostiene una visión mucho
más restrictiva, y atendiendo a la literalidad del precepto la palabra
“política de una organización” no se referiría en ningún caso a la política de
una organización sino a las de un Estado, como a una parte de su ejército,
servicio de inteligencia, policía u otras organizaciones similares que
pertenecen al aparato de un Estado. Y concluye que en ningún caso la
voluntad del legislador fue referirse a los actores no estatales puesto que al
estirar el concepto hasta incluirlos alteraría significativamente el
significado de CLH eliminando el elemento internacional necesario para
convertir a estos crímenes, de otra forma domésticos, en CLH.56 De este
modo la mafia podría ser acusada de CLH en el CIJ, algo que desde luego
no parece la intención del legislador internacional y, tampoco, del nacional
a los efectos de lo que aquí venimos planteando.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
55

Leila N. Sadat, Emerging from the Shadow of Nuremberg: Crimes Against Humanity in the Modern
Age, Wash. Univ. In St. Louis Sch. Of Law, pp. 16–18 (Wash. Univ. in St. Louis Legal Studies Paper Ser.
No. 11-11-04, 2012), disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2013254
56
M. Cherif Bassiouni, (2005). The Legislative History of The International Criminal Court:
Introduction, Analysis and Integrated Text, pp.151–52 See also M. Cherif Bassiouni, (2d rev. ed. 1999).
Crimes Against Humanity, pp.243–81 
   
  

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  91 
  de 
  142 
  
 
  

SCHABAS está en gran medida de acuerdo con la postura de BASSIOUNI
y sostiene que la intención de los redactores del Estatuto de Roma no pudo
ser dar tanta amplitud al concepto de CLH ya que la jurisprudencia
internacional al respecto así como los ejemplos de enjuiciamientos en
distintos países reflejan que siempre se trata de atrocidades apoyadas por
un Estado. Aunque propone un punto intermedio entre las posturas
expuestas hasta ahora y es la interpretación del término “organización”
como una manera de incluir a aquellas organizaciones que operan con
ciertas características de un Estado: paraestados (state-like actors).57

En el caso que nos ocupa no se dan estos presupuestos porque estamos,
claramente, ante la actuación de un Presidente de Gobierno, si bien en
funciones, así como de un conjunto de voluntades todas ellas de ámbito
estatal por lo que no resulta necesario extenderse en este apartado.

•   El control de facto del territorio

Ahondando en la postura de SCHABAS, que representa un punto
intermedio que busca adaptarse a las nuevas realidades sociales apegándose
al espíritu del Estatuto de Roma, solo cuando un grupo tuviera las mismas
o similares características a las de un Estado se podría extender la
responsabilidad por CLH a estos grupos.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
57

Ver nota 6. pp.27-8 y nota 27

 Página 
  92 
  de 
  142 
  
 
  

Con características similares a las de un Estado nos referimos al control de
facto de un territorio y/o sobre su población civil, y si tiene una estructura
civil y/o militar capaz de desarrollar políticas similares a las de un Estado.58

En el caso que nos ocupa este elemento también se encuentra presente
porque es un contrato firmado por una serie de gobiernos, entre los que
se encuentra el del querellado, y todos ellos no solo tienen un control
efectivo sobre un determinado territorio sino que, además, es desde ese
territorio desde donde construyen su acción criminal en contra de una
población civil definida internacionalmente como “personas especialmente
protegidas en caso de conflicto armado”.

BASSIOUNI aporta unas reflexiones interesantes en este sentido, según su
criterio, el requisito de similitud entre las características de un Estado y de
los actores no estatales es esencial para evitar la inclusión de conductas de
determinadas organizaciones criminales de carácter domestico dentro de
los CLH. Se refiere en concreto a organizaciones terroristas o bandas
criminales. Entiende que debe excluirse en todo caso el daño colateral a
civiles que se da como consecuencia de actividades de crimen organizado
cuyo objetivo principal es el enriquecimiento propio. En cambio, la
diferencia en cuanto al terrorismo es más delicada al entrar en juego
objetivos relacionados con el poder y que podrían incluir como blanco,
indiscriminado o no, a civiles.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
58

Ver M. Cherif Bassiouni, (2008), “The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed
Conflict by Non-State Actors”, Journal of Criminal Law & Criminology, 98:711

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  de 
  142 
  
 
  

Las entidades que operaban en la guerra de Bosnia, como la Republika
Srpska, el caso de Hamas en Palestina o el de las FARC en Colombia, son
ejemplos reconocidos de entidades con características similares a las de un
Estado. En relación con el primer caso BASSIOUNI argumenta que los
grupos paramilitares operaban bajo varios niveles de control de los
respectivos estados y estados putativos que apoyaban. Estos grupos
participaban en la organización de crímenes a gran escala a la vez que
llevaban a cabo una política de limpieza étnica que en muchos casos
implicó también el uso sistemático de la violación. Y no cabe duda de que
esta prácticas son CLH. El PTIY adoptó una postura similar en un caso
anterior al Kunarac. En el caso Tadic, el tribunal sostiene los siguientes
argumentos:

Existe una cuestión añadida en relación con la naturaleza de la
entidad que se sitúa tras la política. El concepto tradicional es
que no solo debe estar presente una política pero que esta
política debe ser de un Estado, como en el caso de la Alemania
Nazi. La opinión predominante, tal y como explica uno de los
ponentes, es que los Crímenes de Lesa Humanidad, como
crímenes de naturaleza colectiva, requieren de una política de
Estado “porque su comisión requiere el uso de las instituciones
estatales, su personal y recursos para cometer o abstenerse de de
prevenir la comisión de los crímenes especialmente previstos en
el artículo 6(c) [del Estatuto de Núremberg]” Mientras esta fue
la situación de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto la
jurisprudencia seguida por las cortes que imponían condenas
por

Crímenes

de

Lesa

Humanad

basándose

en

los

acontecimientos que ocurrieron durante aquel periodo, ya no es

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  de 
  142 
  
 
  

el caso. Como primer tribunal internacional en conocer
demandas por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos tras la
Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Internacional no se siente
atado por la doctrina pasada y debe aplicar el derecho
internacional consuetudinario del momento en el que se
cometieron los delitos. En este sentido, la legislación relativa a
los Crímenes de Lesa Humanidad ha evolucionado hasta incluir
a fuerzas, que aunque no sean las de un gobierno legítimo, tienen
un control de facto o son capaces de moverse libremente en un
territorio definido. El Fiscal alega en esta vista previa que según
el derecho internacional los Crímenes de Lesa Humanidad
pueden cometerse por entidades que ejercen el control de facto
de un determinado territorio pero sin el reconocimiento
internacional o formal de Estado “de iure”, o por una
organización o grupo terrorista.59

Ahora bien, otra forma de aproximarnos al problema viene dada por la vía
de cómo se combaten este tipo de crímenes y, para ello nada mejor que
atender a las razones que originaron los CLH es decir, evitar la impunidad
de estos crímenes tan graves, que en la mayoría de los casos no son
juzgados en los Estados en los que se cometen, permitiendo que sean
castigados en cualquier país así como por tribunales internacionales,
podemos apreciar una gran diferencia respecto de los crímenes cometidos
por actores no estatales, la mayoría de los cuales son enjuiciados por los
propios Estados.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
59

(Énfasis añadido) Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment, par. 654 (June 12, 1999).

 Página 
  95 
  de 
  142 
  
 
  

Los Estados muestran un gran interés por llevar ante la justicia los grupos
terroristas, rebeldes o mafias que operan en su territorio, y el único papel
que juega el derecho internacional es la asistencia jurídica mutua que se
brindan los Estados, como ha ocurrido en el caso del Estado español desde
siempre.

CASSESE ve una lógica utilitaria en los planteamientos de BASSIOUNI y
pregunta a aquellos partidarios de la visión más extensiva de CLH por qué
la comunidad internacional crearía un mecanismo tan costoso y sofisticado
para juzgar a actores no estatales cuyos crímenes pueden ser
adecuadamente tratados por los sistemas jurídicos nacionales60.

Los crímenes con víctimas en masa (mass victimization crimes) pueden
tener lugar sin que exista una política de estado o sin su equivalente para
actores no estatales, pero los CLH no son un cajón de sastre que pretenda
abarcar cualquier tipo de daño sufrido por una persona, porque para ello
existen las leyes nacionales de los Estados.61

•   Terrorismo y CLH

Los Estados modernos tienden a utilizar con gran facilidad el término
“terrorista” para referirse a sus oponentes políticos con independencia de la
legitimidad que pueda o no tener al ejercer el recurso a la violencia
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
60
61

Ver nota 34. p.361
Ver nota 5

 Página 
  96 
  de 
  142 
  
 
  

armada62. Es el caso de Israel, que etiqueta a Hamas como grupo terrorista
y las acciones de sus miembros como terrorismo. De esta manera Israel
puede justificar muchas de sus actividades, como la invasión de la Franja
de Gaza que llevó a cabo en 2008 -más conocida como la operación Cast
Lead- como actuaciones en defensa propia.

La falta de una definición acordada en cuanto a qué entendemos por
terrorismo hace que este concepto sea en el fondo muy incierto e inseguro.

El Comité Independiente de Investigación sobre los hechos ocurridos en
Gaza llegó a la conclusión de que Hamas es un actor paraestatal ya que
tiene el control de facto sobre Gaza y su población, al ser el gobierno
democráticamente electo por los Palestinos en 2006 y proporcionar
seguridad y garantías sociales a sus ciudadanos, y por lo tanto no se le
deben aplicar las normas internacionales sobre terrorismo, tal y como pedía
Israel, sino el Derecho Internacional Humanitario con todas consecuencias
que ello conlleva.63

Por otro lado, los ataques terroristas hasta ahora han sido delitos castigados
por las legislaciones nacionales y enjuiciados igualmente por tribunales
nacionales.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
62

Ver M. Cherif Bassiouni, (2008) “‘Terrorism’: Reflections on Legitimacy and Policy Considerations”,
Values & Violence: Intangible Acts Of Terrorism (Wayne and ed.)
63
Independet Fact Finding Committee on Gaza, (2009) Report: No Safe Place (presented to the League of
Arab States 30.04.2009)

 Página 
  97 
  de 
  142 
  
 
  

Ante la petición de Argelia, India, Sri Lanka y Turquía de incluir el
terrorismo dentro de los crímenes sujetos a la jurisdicción del TPI, en
particular dentro los CLH64, numerosos países se negaron bajo cuatro
principales premisas:

(1) el delito no está bien definido,
(2) incluiría crímenes que provocarían la politización del tribunal,
(3) algunos actos de terrorismo no son lo suficientemente serios
como para ser conocidos por un tribunal internacional, y
(4) en términos generales los juicios y penas impuestas por tribunales
nacionales se consideran más eficientes que los tribunales
internacionales.

Igualmente, numerosos países en vías de desarrollo mostraron su oposición
ya que desde su punto de vista se corría el riesgo de que desapareciese la
necesaria distinción entre terrorismo y las luchas por la independencia y la
autodeterminación de los pueblos bajo dominación colonial o extranjera.65

En 1984, en Tel Oren c. Republica Árabe Libia, la Corte del Distrito de
Columbia decidió que ante la falta de acuerdo internacional sobre la
inclusión del terrorismo como un delito bajo el derecho internacional
consuetudinario este delito no puede ser sometido a la jurisdicción
universal.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
64

Ver A/CONF.183/C.1/L 27.
Ver Antonio Cassese, (2001) “Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of International
Law”, EJIL, 12:5, pp.993-1001 
  
65

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  98 
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  142 
  
 
  

El 13 de marzo de 2001, en un caso grave de terrorismo relacionado con
Ghaddafi, la Corte Francesa de Casación decidió considerar que el
terrorismo no era un crimen internacional que permitiera retirar la
inmunidad a los jefes de estado.66

La posición más reciente sobre terrorismo y CLH surge tras los atentados
del 11-S, calificados por numerosas autoridades como CLH, siendo cada
vez más los académicos que están adoptando este punto de vista. Según
CASSESE hay que hacer una distinción entre distintos tipos de terrorismo,
y solo el terrorismo transnacional, de financiación o aprobación estatal
debería considerarse un crimen internacional y en cualquier caso cuando se
llevaran a cabo ataques a gran escala y de extrema gravedad contra civiles
y siempre que se cumplan los requisitos de esta categoría de crímenes. 67

BASSIOUNI por su parte entiende que Al-Qaeda podría entrar dentro de la
descripción de paraestado durante el tiempo que tuvo sus cuarteles
generales en Afganistán y estuvo bajo la protección del régimen Talibán.
Y, por exclusión, mientras que a Al-Qaeda le serían aplicables los CLH a
muchos otros grupos etiquetados como terroristas por el contrario no les
sería aplicable.68 Corremos el riesgo de que gradualmente los estados
empiecen a considerar los crímenes más graves de terrorismo como CLH.
Si esto llegara a ocurrir la noción de CLH se vería ampliada
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
66

Ver texto de la decisión en: Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, (2001),
no.64, pp. 218-9
67
Ver nota 48
68
Ver nota 5. Para una visión general: Lawrence Wright, (2006) The Looming Tower: Al-Qaeda And The
Road To 9/11; Steve Coll, (2004), Ghost Wars: The Secret History Of The Cia, Afghanistan, And Bin
Laden, From The Soviet Invasion To September 11, 2001. 
   
  

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  142 
  
 
  

considerablemente. Surgirían entonces problemas en relación con qué se
considera terrorismo, qué entraría dentro de esta categoría y sobre si el TPI
debería juzgar delitos graves de terrorismo.69

Bi.2.-) INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL
Los CLH fueron incorporados a nuestro Código Penal (CP) por la Ley
Orgánica 15/2003 sobre la base del Estatuto de Roma.70 Según el artículo
607 bis:

1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los
hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra la población civil o contra una
parte de ella.
En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión
de tales hechos:
1º) Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo
perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
69

Ver nota 48 p.995
El apartado V de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (27 enero 2003) señala: “Finalmente, otro
apartado de especial importancia en la Ley es el relativo a los delitos de la competencia de la Corte Penal
Internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional contiene la regulación de una serie de delitos,
que, por su extraordinaria gravedad y trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, son
competencia de la Corte: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen
de agresión. El principio de complementariedad, con el que actúa la Corte, parte de la base de la
posibilidad de punición interna por parte de los Estados de estos delitos. Para ello es necesario que todas
las conductas que se contienen en los distintos preceptos penales del Estatuto estén igualmente
incriminadas en el orden interno español. La reforma del Código Penal contenida en el presente
Anteproyecto de Ley Orgánica introduce estas nuevas conductas. De esta forma nuestro ordenamiento
penal satisface plenamente las exigencias del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.”
70

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  de 
  142 
  
 
  

universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al
Derecho Internacional.
2º) En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y
dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más
grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.
2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:
1º) Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la
muerte de alguna persona.
2º) Con la pena de prisión de 12 a 15 años si cometieran una
violación, y de cuatro a seis años de prisión si el hecho consistiera
en cualquier otra agresión sexual.
3º) Con la pena de prisión de 12 a 15 años si produjeran alguna de
las lesiones del art. 149, y con la de ocho a 12 años de prisión si
sometieran a las personas a condiciones de existencia que pongan
en peligro su vida o perturben gravemente su salud o cuando les
produjeran alguna de las lesiones previstas en el art. 150. Se
aplicará la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran
alguna de las lesiones del art. 147.
4º) CON LA PENA DE PRISIÓN DE OCHO A 12 AÑOS SI
DEPORTARAN O TRASLADARAN POR LA FUERZA, SIN
MOTIVOS

AUTORIZADOS

POR

EL

DERECHO

INTERNACIONAL, A UNA O MÁS PERSONAS A OTRO
ESTADO O LUGAR, MEDIANTE LA EXPULSIÓN U OTROS
ACTOS DE COACCIÓN.
5º) Con la pena de prisión de seis a ocho años si forzaran el
embarazo de alguna mujer con intención de modificar la

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  142 
  
 
  

composición étnica de la población, sin perjuicio de la pena que
corresponda, en su caso, por otros delitos.
6º) Con la pena de prisión de doce a quince años la desaparición
forzada de personas. Se entenderá por desaparición forzada la
aprehensión, detención o el secuestro o cualquier otra forma de
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por
personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de
la protección de la ley.
7º) Con la pena de prisión de ocho a 12 años si detuvieran a otro,
privándolo de su libertad, con infracción de las normas
internacionales sobre la detención.
Se impondrá la pena inferior en grado cuando la detención dure
menos de quince días.
8º) Con la pena de cuatro a ocho años de prisión si cometieran
tortura grave sobre personas que tuvieran bajo su custodia o
control, y con la de prisión de dos a seis años si fuera menos
grave.
A los efectos de este artículo, se entiende por tortura el
sometimiento de la persona a sufrimientos físicos o psíquicos.
La pena prevista en este número se impondrá sin perjuicio de las
penas que correspondieran, en su caso, por los atentados contra
otros derechos de la víctima.

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  102 
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  142 
  
 
  

9º) Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran
alguna de las conductas relativas a la prostitución recogidas en el
art. 187.1, y con la de seis a ocho años en los casos previstos en el
art. 188.1.
Se impondrá la pena de seis a ocho años a quienes trasladen a
personas de un lugar a otro, con el propósito de su explotación
sexual, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando
de una situación de superioridad o de necesidad o de
vulnerabilidad de la víctima.
Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior y en el art.
188.1 se cometan sobre menores de edad o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección, se impondrán las
penas superiores en grado.
10º) Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si sometieran a
alguna persona a esclavitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se
aplicará sin perjuicio de las que, en su caso, correspondan por los
concretos atentados cometidos contra los derechos de las
personas.
Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que
otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los atributos del
derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o
darla en trueque.
3. En todos los casos previstos en el apartado anterior se
impondrá además la pena de inhabilitación especial para
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de
tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de
la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su

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  de 
  142 
  
 
  

caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad
del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

La tipificación interna de los CLH difiere en algunos puntos sustanciales
con la redacción del artículo 7 del Estatuto de Roma. Y si bien es cierto que
es necesario adaptar la redacción del CLH a los principios rectores del
Derecho penal español se ha reformado de manera confusa y alejándose de
los elementos que constituyen el núcleo central de los CLH. Opinión que
comparten importantes voces como GIL GIL, LIÑAN LAFUENTE,
CAPELLÀ I ROIG, LANDA GOROSTIZA o GOMEZ BENITEZ entre
otros.71 Sin ánimo de ser exhaustivos, es necesario mencionar algunas de
estas modificaciones que han causado una gran confusión a la hora de
interpretar los elementos del tipo, tanto objetivos como subjetivos.

Aunque la redacción española sigue en lo fundamental la estructura
internacional del delito, una configuración bipolar en la que el contexto
(ataque generalizado o sistemático contra la población civil del que huyen
las ahora víctimas de los hechos objeto de querella) y hecho acompañante
(homicidio, asesinato, violación, agresión sexual, lesiones, deportación o
traslado forzoso embarazo coactivo, detenciones, tortura, delitos de
prostitución o esclavitud) configuran el delito de CLH.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
71

Alicia Gil Gil, en Ambos y Malarino (2003), Persecución penal nacional de crímenes internacionales
en América Latina y España, Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung, pp. 384; Margalida Capellà i Roig
(2005) La tipificación internacional de los crímenes contra la humanidad, Valencia, Tirant lo Blanch,
p.371; Alfredo Liñan Lafuente (2015), El Crimen Contra la Humanidad, Madrid, Dykinson, pp. 225-90;
Jon-Mirena Landa Gorostiza, (2003) “Nuevos Crímenes Contra la Humanidad: el nuevo delito de lesa
humanidad (artículo 607 bis CP 1995) desde una perspectiva intrasistemática”, Eguzkilore, 17, pp. 105119; Jose Manuel Gómez Benítez (2002), “Elementos Comunes de los Crímenes Contra la Humanidad en
el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, Actualidad Penal, p.1127

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Si atendemos a las redacción del artículo 607 bis, arriba citado, podemos
observar que el legislador español ha adoptado una nueva interpretación de
la figura de persecución apartándose de la interpretación internacional, que
concibe la persecución como uno de los delitos subyacentes o hechos
acompañantes (conductas prohibidas), para asimilarlo a un contexto donde
se podrían producir los delitos específicos o subyacentes. De este modo el
apartado primero del artículo 607 bis plantea tres contextos para los CLH72:

Contexto 1: ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Contexto 2: comisión de los delitos subyacentes contra la víctima por
razón de su pertenencia a un grupo o colectivo perseguido por motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género
u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al Derecho Internacional (persecución).

Contexto 3: régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales con la
intención de mantener ese régimen (apartheid).

Se plantea un problema de interpretación del precepto con dos puntos de
vista posibles, si debemos entender que los contextos son acumulativos o
bien alternativos. En esta primera visión, la de los contextos acumulativos,
se enmarcan CONDE PUMPIDO, QUESADA ALCALA Y RODRIGUEZ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
72

Alfredo Liñan Lafuente (2015), El Crimen Contra la Humanidad, Madrid, Dykinson, p.227

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  142 
  
 
  

NUÑEZ73. Interpretan que para que un acto aislado de agresión (delito
acompañante) cometido en el marco de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil (contexto 1) cumpla el contexto típico
y pueda calificarse como CLH se debe cumplir uno de los dos supuestos el
acto debe cometerse por la pertenencia de la víctima a un grupo perseguido
por motivos discriminatorios (contexto 2) o en un régimen de apartheid
(contexto 3). Ello implicaría que un ataque contra la población civil que no
cumpliera con este requisito añadido no podría calificarse como CLH. Es
esta una visión que se aparta considerablemente de la jurisprudencia de los
Tribunales Internacionales que sostienen que la motivación del autor de un
CLH no afecta a la calificación del mismo, salvo los tipos específicos del
crimen de persecución.

La concepción internacional de los CLH solo exige la conexión con un
ataque generalizado o sistemático contra la población civil por lo que esa
interpretación del artículo 607 bis como contextos acumulativos se separa
del concepto internacional de CLH.

La sentencia de este Tribunal Supremo del caso Scilingo74 en cambio acoge
una interpretación de contextos alternativos:

"Un delito contra la comunidad internacional y se compone de
una serie de conductas básicas, como la causación dolosa de la
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
73

Cándido Conde Pumpido (Dir.), (2004) Código Penal Comentado, Barcelona, Bosch; Carmen Quesada
Alcalá, (2005) “Corte Penal Internacional y Derecho Interno: el impacto del Estatuto de Roma en la
legislación española”, Revista de Derecho Militar, 86, p. 382; Carmen Quesada Alcalá, (2005) La Corte
Penal Internacional y la Soberanía Estatal, Valencia, Tirant lo Blanch 
  
74
STS 08/10/2007

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  106 
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  142 
  
 
  

muerte de otra persona o las detenciones ilegales que ya eran
figuras delictivas ordinarias con anterioridad. Su elevación a la
naturaleza de delitos contra la comunidad internacional
encuentra justificación en las circunstancias añadidas que
integran el elemento de contexto. Son éstas, según el artículo 607
bis del CP, el que los hechos concretos se cometan como parte de
un ataque generalizado y sistemático contra la población civil o
una parte de ella, o bien cuando se cometan por razón de la
pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos o de género u otros motivos universalmente
reconocidos

como

inaceptables

con

arreglo

al

derecho

internacional o bien se cometan en el contexto de un régimen
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un
grupo racial sobre otros y con la intención de mantener ese
régimen.

Según esta perspectiva el artículo 607 bis establece tres posibles contextos
en los que las conductas específicas adquieran la condición de CLH.
Siguiendo esta línea LANDA GOROSTIZA y GIL GIL consideran que los
dos contextos –persecución y apartheid- deben ser interpretados como dos
concreciones del contexto de “ataque” y que en ningún caso integran un
listado cerrado de situaciones sino que son dos ejemplos ex legem que en
ningún caso excluyen otras posibles situaciones.75

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
75

Alicia Gil Gil (2011) en Gómez Tomillo (Dir.) Comentarios al Código Penal, Valladolid, Lex Nova;
Ver nota 56 Jon-Mirena Landa Gorostiza

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  142 
  
 
  

•   El elemento político en el Derecho español

El artículo 607 bis CP se separa también del marco internacional de los
CLH en cuanto al requisito del elemento político. A diferencia del
artículo 7 del Estatuto de Roma el legislador español no hace referencia a
este elemento como una de las exigencias para la comisión del CLH,
aunque deberíamos interpretar este silencio del legislador como una
remisión tácita a dicha definición.

La Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional sobre el caso
Scilingo sí lo identifica como un elemento del tipo: “la exigencia de ataque
contra la población civil viene a significar en estos momentos una
actuación de conformidad con las políticas de Estado o de una
organización no estatal, pero que ejerce el poder político de facto.” La
Sala hace una interpretación del artículo 607 bis CP de acuerdo a la
jurisprudencia internacional y ha de notarse que la perfila como una
actuación confirme a políticas de Estado o con poder político de facto.

Parte de la doctrina sostiene que no es suficiente con que el ataque siempre entendido en los términos ya expuestos ut supra de vulneración de
los derechos y garantías de las personas especialmente protegidas en caso
de conflicto armado - lo lleve a cabo una organización, debe de tener
también un concreto poder que caracteriza el elemento político del CLH.76

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
76

Ver nota 55 p.242

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  142 
  
 
  

A este respecto, GIL GIL defiende que sólo cuando la organización que
lanza el ataque ostente un poder tal que neutralice al del Estado o controle
de facto una parte de su territorio se podrá considerar que la comisión de
los delitos comunes cometidos dentro del marco de un ataque generalizado
o sistemático contra la población civil se podrán considerar CLH.77

En cualquier caso, y como venimos razonando, en el supuesto que nos
ocupa es evidente que, también, desde la perspectiva de nuestro derecho
interno se cumple con los elementos objetivos y subjetivos del tipo para
entender que la conducta del querellado es constitutiva de un delito de lesa
humanidad.

B.ii.- CRIMEN DE GUERRA

Si bien esta parte considera que estamos ante un claro crimen de lesa
humanidad tal cual luego ratificaremos, con carácter alternativo, y para el
caso que se entienda que los hechos descritos en el cuerpo de esta querella
no son constitutivos de dicho delito, entonces sería de aplicación lo
previsto en los artículos 608 y siguientes del Código Penal; concretamente
lo establecido en el artículo 611.4º y 6º cuando se establece que:

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
77

Ver nota 54 Gómez Benítez; Ver nota 56; Ver nota 51 Gil Gil; Alicia Gil Gil (2004) “Los Crímenes
Contra la Humanidad y el Genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, en Moreno
Hernandez (Coor.) El Estatuto de Roma. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y su implicación en
el Derecho nacional de los Países Latinoamericanos, México

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"Será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin
perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos,
el que, con ocasión de un conflicto armado:
(…)
4º) Deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga o
confine ilegalmente a cualquier persona protegida o la utilice para
poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de los
ataques de la Parte adversa.
(…)
6º) Realice, ordene realizar o mantenga, respecto de cualquier
persona protegida, prácticas de segregación racial y demás
prácticas inhumanas y degradantes basadas en otras distinciones
de carácter desfavorable, que entrañen un ultraje contra la dignidad
personal."

Junto con lo anterior, debe tenerse presente lo previsto en el artículo 609
del Código Penal cuando castiga:

"El que, con ocasión de un conflicto armado, maltrate de obra o
ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad de
cualquier persona protegida, (…) será castigado con la pena de
prisión de cuatro a ocho años, sin perjuicio de la pena que pueda
corresponder por los resultados lesivos producidos"

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  142 
  
 
  

Y, todo ello en relación con lo establecido en el artículo 608 del mismo
cuerpo legal que preceptúa que:

"A los efectos de este Capítulo, se entenderá por personas
protegidas:
(…)
3º) La población civil y las personas civiles protegidas por el IV
Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I
Adicional de 8 de junio de 1977.
(…)
7º) Cualquier otra que tenga aquella condición en virtud del
Protocolo II Adicional de 8 de junio de 1977 o de cualesquiera otros
Tratados internacionales en los que España fuere parte.

Ahora bien, entendemos que los hechos descritos en el cuerpo de la
querella, y como se ha expuesto ut supra, son incardinables en la conducta
descrita en el artículo 607 bis del Código Penal, con preferencia a las aquí
expuestas, básicamente porque entre uno y otro tipo penal la gran
diferencia es si la deportación o traslado forzoso afecta o no a personas
especialmente protegidas en caso de conflicto armado, en el caso que
nos ocupa no es necesario acudir a la cualificación de los deportados o
desplazados como personas especialmente protegidas porque:
a.- Todos reúnen la condición de refugiados,
b.- Se trata de tanta población civil que no se requiere otro requisito
para entender cumplidos los elementos del tipo, y

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c.- Incluso si se entiende que no se dan las condiciones de ser un
conflicto armado se está ante los elementos del delito de lesa
humanidad como hemos expuesto ut supra y desarrollaremos,
también, ut infra.
Al respecto, y en apoyo de lo que estamos diciendo, interesa destacar la
opinión doctrinal de Guido Acquaviva78 que centra el debate en base a una
sólida jurisprudencia internacional y que es de aplicación al caso que nos
ocupa:
"En resumen, la deportación y el traslado forzoso esencialmente
existen como crímenes de guerra y como crímenes de lesa
humanidad. Una de las principales diferencias entre tipificarlos
como crímenes de guerra en lugar de crímenes de lesa humanidad
es que en virtud de la primera categoría, los fiscales deben
demostrar la existencia del requerido nexo con un conflicto
armado, mientras que en virtud de la segunda, la deportación debe
ser parte de un ataque generalizado y sistemático contra una
población civil, incluso sin tener que establecer la existencia de un
conflicto armado79. Si se consideran bajo uno u otro tipo de delito,
los elementos constitutivos de la deportación y del traslado forzoso
como crímenes de derecho internacional no difieren mucho, por lo
que en efecto, aparte de los elementos contextuales que acabamos de
mencionar, las autoridades acusatorias tendrán que probar
esencialmente los mismos elementos, independientemente de la
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
78

Guido Acquaviva, Desplazamiento forzado y crímenes internacionales, POLÍTICAS LEGALES Y DE
PROTECCIÓN SERIES DE INVESTIGACIÓN, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados 2011.
79
En el caso de un juicio de la CPI, la deportación como crimen de lesa humanidad también debe haber
sido perpetrada para promover o de conformidad con ‘la política de un Estado o de una organización de
cometer’ un ataque contra la población civil. 
  

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calificación como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
Las autoridades acusatorias pueden de hecho tipificar la misma
conducta bajo ambos cargos (como un crimen de guerra y un
crimen de lesa humanidad), el TPIY y el TPIR han sostenido en
reiteradas ocasiones que el acusado efectivamente puede ser
condenado por ambos delitos, debido a los elementos distintivos
contenidos en cada categoría de crímenes.80
La diferenciación práctica más importante en términos de política
acusatoria

se

refiere

a

las

potenciales

víctimas

de

la

deportación/traslado forzoso.
En el caso de los crímenes de guerra, las víctimas sólo pueden ser
‘personas protegidas’ en virtud de la aplicación de los Convenios de
Ginebra o los Protocolos adicionales. Dado que esta limitación no
se aplica a los crímenes de lesa humanidad, (que, COMO HEMOS
VISTO, PUEDEN OCURRIR INCLUSO EN TIEMPOS DE PAZ)
la deportación y el traslado forzoso como crímenes de lesa
humanidad parecen proteger a un espectro más amplio de
potenciales víctimas.81
Más concretamente, la deportación y el traslado forzoso como
crímenes de guerra sólo pueden ser cometidos durante la ocupación
militar por una potencia ocupante (en un conflicto armado
internacional) o cuando una parte en un conflicto no internacional
controla una porción del territorio y desplaza a las personas
protegidas que viven allí. Un éxodo masivo provocado por la
amenaza del avance de las fuerzas enemigas y por el bombardeo de
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
80

Procurador c. Mučić y otros, Caso No. IT-96-21-A, Sentencia, 20 de febrero de 2001, párrafos 414 y
siguientes; Procurador c. Kordić y Čerkez, Caso No. IT-95-14/2-A, Sentencia, 17 de diciembre de 2004,
párr. 1035 - 1038.
81
Sobre la ampliación de la categoría de víctimas de crímenes de lesa humanidad, ver también A.
Cassese, Derecho 
  

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  142 
  
 
  

ciudades y viviendas podría, por lo tanto, no constituir un crimen de
guerra porque los civiles y otras personas que no participan
activamente en las hostilidades podrían no disfrutar de la condición
de personas protegidas en virtud del derecho humanitario con el
propósito de deportación. En relación con los crímenes de guerra de
deportación y traslado forzoso, sólo las personas que están en los
territorios ocupados

reciben tal protección y, por lo tanto, las

personas que huyen más allá de una frontera (en movimiento)
creada por un ejército de avanzada parecen estar más allá del
alcance de la protección. En otras palabras, bajo las leyes de
guerra, el crimen de deportación se aplica a los civiles u otras
personas protegidas que están en manos de una de las partes en el
conflicto y no al desplazamiento de civiles durante las hostilidades
sino antes de la ocupación.82
Sin embargo, ESTA MISMA CONDUCTA PUEDE CONSTITUIR
UN

CRIMEN

DE

LESA

HUMANIDAD,

PORQUE

EXAMINANDO LA CONDUCTA A TRAVÉS DEL LENTE DE
LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, TODO CIVIL
CUYOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON VIOLADOS
PUEDE, SI SE CUMPLEN TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS,
SER VÍCTIMA DE ESTE TIPO DE CRÍMENES83. Para los
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
82

 
   El art. 49 de la IV Convención de Ginebra establece que los ‘traslados en masa o individuales, de
índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la
Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo’ y
el art. 17 del II Protocolo adicional según la interpretación del Comentario del CICR (supra, nota 19 y el
texto adjunto). Del mismo modo, el art. 85(4)(a) del I Protocolo prohíbe ‘el traslado por la Potencia
ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado en el
interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la población de ese territorio, en violación
del artículo 49 del IV Convenio’. La Norma 129 del Estudio del CICR sobre derecho internacional
humanitario consuetudinario también contiene como requisito que las personas deportadas estén
inicialmente situadas en territorio ocupado. (J. -M Henckaerts y L. Doswald-Beck (eds.), Derecho
internacional humanitario, Vol. I: Normas (Cambridge: CUP, 2005) 459) 
  
83
 
   Ver Procurador c. Gotovina et al., Caso No. IT-05-87-PT, Decisión sobre varias mociones que
cuestionan la jurisdicción, 19 de marzo de 2007, párrafos 24, 26 (confirmada en apelación). Cf., P.
Akhavan, ‘Reconciliación de los crímenes de lesa humanidad con las leyes de la guerra’, (2008) 6 JICJ

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crímenes de lesa humanidad, es irrelevante si la población civil en
cuestión está bajo la definición precisa de ‘persona protegida’ en
virtud del derecho internacional humanitario.
Por lo tanto, en un contexto más amplio se podría decir que, si fuera
posible con base en la evidencia disponible, las autoridades
acusatorias tienen un incentivo para abordar y tipificar la relevante
conducta subyacente a la deportación y/o el traslado forzoso como
crimen de lesa humanidad. Como se mencionó anteriormente, los
actos de deportación y traslado forzoso también pueden constituir
actos de persecución. Para que la persecución constituya un
crimen, se deben cumplir siempre los elementos generales de los
crímenes de lesa humanidad. Estos se encuentran en la expresión
‘contra toda población civil’. El TPIY ha interpretado que esta frase
incluye una serie de elementos, en particular, que el ataque contra la
población civil debe ser ‘generalizado o sistemático’ y que el autor
debe haber tenido conocimiento de este contexto, así como de su
acción de participar en el ataque generalizado o sistemático84.
La complejidad se deriva del hecho que, con frecuencia, los actos
subyacentes que constituyen persecución también son crímenes en sí
mismos: si el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación,
el encarcelamiento, la tortura, la violación u otros actos inhumanos
son cometidos por motivos discriminatorios, equivalen también a
persecución. Sea como fuere, es fundamental entender que se puede
demostrar que la deportación y el traslado forzoso equivalen a
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
21-37. Sobre esta cuestión, ver también J. Doria, ‘De si los crímenes de lesa humanidad son crímenes de
guerra subrepticios’, en J. Doria et al., Nota 20, 656-660.

 
  

84

 
   Kunarac et al., Sentencia de Apelación, nota 9, párr. 85. No todas las víctimas de todos los crímenes
contra la humanidad deben ser civiles, sin embargo, es suficiente que el ataque se dirija de manera general
contra civiles, aunque las personas fuera de combate y otros puedan encontrarse entre las víctimas
(siempre que los objetivos generales del ataque sean civiles). Ver Procurador c. Martić, Caso No. IT-9511-A, Sentencia, 8 de octubre de 2008, párr. 313-314. 
  

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persecución si, además de los elementos contextuales propicios
para los crímenes de lesa humanidad (discutidos anteriormente),
estos se llevaron a cabo por motivos discriminatorios. Además de
este requisito específico, la deportación y el traslado forzado como
actos

subyacentes

de

la

persecución

no

difieren

de

los

correspondientes crimines ‘autónomos’ en materia de persecución.
¿Por qué, entonces, alguien juzgaría y sancionaría estos crímenes
como persecución, considerando la necesidad de probar el elemento
adicional de intención discriminatoria?
Una explicación podría radicar en las siguientes consideraciones.
En su intento de encontrar una definición para el crimen de
persecución, los tribunales internacionales ad hoc han aclarado que
el crimen pretende abarcar más que un simple delito existente junto
con la distintiva intención discriminatoria85.
La Cámara de Apelaciones del TPIY ha caracterizado el crimen de
persecución como un ‘crimen paraguas’ que abarca una amplia
variedad de actos, incluidos otros crímenes de lesa humanidad, otros
crímenes contemplados en el Estatuto del TPIY, y actos que no son
en sí mismos crímenes86. Los actos subyacentes no deben
considerarse de forma aislada, sino en el contexto de otros actos y
crímenes,

examinando

su

efecto

acumulativo.

Esto,

en

combinación con las referencias a que la persecución implica una
serie de actos (en lugar de un solo acto), refleja la naturaleza
colectiva y múltiple de los crímenes de lesa humanidad en virtud
del derecho penal internacional, que tiene como objetivo captar
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
85

Ver, en particular, J. Nilsson, ‘El crimen de persecución en la jurisprudencia del TPIY: entre una
extraordinaria respuesta legal a la “limpieza étnica” y los requisitos del principio nullum crimen sine
lege’, en B. Swart et al. (Eds.), El legado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (Oxford:
OUP, en prensa 2011).
86
Procurador c. Kupreškić, Caso No. IT-95-16-T, Sentencia, 14 de enero de 2000, párr. 98. Ver también
Procuradorc. Brđanin, Caso No. IT-99-36-A, Sentencia, 3 de abril de 2007, párr. 296

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  142 
  
 
  

una serie de actos o de los patrones, en lugar de un
comportamiento aislado. Por lo tanto, tipificar ciertas conductas
como crimen de lesa humanidad de persecución no necesariamente
se justifica por razones legales o sólo por el deseo de una mayor
condena, sino también por la ‘política’ necesaria para considerar
los actos en cuestión dentro de un contexto más amplio, es decir,
un patrón de persecución que de otro modo pasaría desapercibido".

Es decir, y con independencia de la literalidad del artículo 607 bis de
nuestro Código Penal, la Jurisprudencia internacional existente respecto
a los crímenes de lesa humanidad dejan claro que las deportaciones y
traslados forzosos de población civil son conductas perfectamente
tipificables como crímenes de lesa humanidad con independencia,
incluso, de si las mismas se producen o no con ocasión de un conflicto
armado.

En el caso que nos ocupa, es claro que estamos ante una situación que
surge a partir de un conflicto armado y que, por voluntad entre otros del
querellado, ahora se está procediendo a la deportación y traslado forzoso de
una elevada cantidad de población civil; para la ejecución de dichas
deportaciones o traslado forzoso se acordó contratar a un tercero - en este
caso el Gobierno de Turquía - como una forma de externalizar las
ejecución del mismo sin que ello conlleve, bajo ningún concepto, una
impunidad de la conducta desplegada por el querellado y otros.

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  142 
  
 
  

A mayor abundamiento, y siguiendo al ya citado Guido Acquaviva87 que:

"Algunos casos de traslado de civiles, a pesar de no ser voluntarios,
no deben ser considerados como equivalentes a deportación o
traslado forzoso. Con respecto al mens rea de los crimines en
cuestión, ya se hayan tipificado como crímenes de guerra o como
crímenes de lesa humanidad, el autor de deportación o traslado
forzoso debe tener la intención de desplazar forzosamente a las
personas [algo que es evidente, en el caso que nos ocupa, de la
literalidad del contrato suscrito, entre otros, por el querellado
con Turquía]. Sin embargo, no es necesario que la intención sea
desplazar a estas personas de forma permanente.88
El Procurador en el caso Naletilić, discutido anteriormente,
caracterizó el traslado ilegal de un civil en virtud del artículo 2 (g)
del Estatuto como una grave violación de los Convenios de Ginebra
de 1949.
El Procurador se había basado en el artículo 49 del IV Convenio de
Ginebra, que establece, en parte: ‘[l]os traslados en masa o
individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de
personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la
Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están
prohibidos, sea cual fuere el motivo’.
La Cámara realizó dos observaciones preliminares. En primer lugar,
de acuerdo con la IV Convención de Ginebra, se encontró que el
traslado se justifica sólo en tres casos: (i) los traslados motivados
por el deseo genuino de una persona de irse y (ii) la evacuación
motivada por la preocupación por la seguridad de la población o
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
87
88

Op cit.
Stakić, Sentencia de Apelación, nota 21 supra, párrafos 278, 304-7, 317.

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(iii) por la imperiosa necesidad militar[Ninguno de estos supuesto
se da en el caso que nos ocupa]. En segundo lugar, no era
necesario que el traslado ilegal ocurriera más allá de una frontera,
sino que podía ocurrir dentro del mismo territorio ocupado. Esto es
muy claro y acata la jurisprudencia del TPIY y del TPIR. Esta
definición parece reflejar lo establecido en el derecho internacional
consuetudinario a este respecto.
Sin embargo, en un caso la Cámara consideró que la movilización
de civiles bosnios musulmanes a un centro de detención, aunque en
medio de gran tensión y temor, no equivale al traslado ilegal porque
el objetivo era detenerlos en lugar de expulsarlos permanentemente
de una determinada zona geográfica89. Aunque, como se ha visto
anteriormente, el objetivo de expulsar permanentemente a los civiles
no es un elemento del crimen de deportación y traslado forzoso de
acuerdo con la más reciente jurisprudencia del TPIY90, la conclusión
en este caso es interesante y merece ser comentada. La intención de
los autores en la movilización de los prisioneros a un centro de
detención claramente no es expulsarlos del lugar donde residen
legalmente, sino detenerlos. La movilización forzada se produce sólo
como una medida necesaria para la detención, no como
consecuencia del actus reus del crimen de traslado forzoso o
deportación. Por supuesto, la conducta en cuestión no debe quedar
impune y puede equivaler a ‘detención ilegal’, tanto como un crimen
en sí mismo y como un acto subyacente a la persecución, pero
difícilmente puede decirse que es deportación o traslado forzoso.
Esta conclusión llama la atención sobre el hecho de que cuando las
personas son desplazadas forzosamente de un lugar a otro, esto no
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
89
90

Procurador c. Naletilić et al., Caso No. IT-98-34-T, Sentencia, 31 de marzo de 2003, párr. 537.
Stakić, Sentencia de Apelación, nota 21 supra, párrafos 278, 304-307, 317

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necesariamente equivale a deportación o traslado forzoso, pero la
conducta en cuestión aún podría ser parte de otra conducta
criminal. Corresponde a los jueces evaluar cuidadosamente la
tipificación más adecuada en función de las circunstancias del caso.
Ya se ha asumido que tanto la deportación como el traslado forzoso
implican el desplazamiento forzado de personas, sin motivos
autorizados por el derecho internacional, de la zona donde están
presentes legítimamente. La noción de que las personas deben estar
presentes ‘legítimamente’ en la zona de la que fueron deportadas o
trasladadas forzosamente nunca ha sido examinada por los
tribunales penales internacionales. Una reciente sentencia ha
comentado que: La clara intención de la prohibición del traslado
forzoso y la deportación es evitar que los civiles sean desarraigados
de sus hogares y evitar la destrucción total de las comunidades.
En ese sentido, es irrelevante si una persona ha vivido en un lugar
durante un período de tiempo suficiente para cumplir los requisitos
de residencia o si le han concedido tal estatuto conforme a las leyes
de inmigración. Mejor dicho, lo importante es que se proporcione
protección a aquellos que, por cualquier razón, van a ‘vivir’ a la
comunidad, ya sea a largo plazo o temporalmente.[Algo que
esencialmente buscan los refugiados a los que ahora se devuelve
a Turquía] Es evidente que la protección pretende abarcar, por
ejemplo, a los desplazados internos que se han establecido
temporalmente después de haber sido desarraigados de su
comunidad de origen. En opinión de la Cámara de Primera
Instancia, el requisito de presencia legal tiene por objeto excluir
sólo aquellas situaciones donde los individuos están ocupando

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casas o locales ilegal o ilegítimamente, y no imponer un requisito
de “residencia” para demostrar un estándar legal91.
La cuestión no es tanto asegurar el cumplimiento de las leyes locales
(internas) de inmigración, los permisos de residencia o los deberes
de registro, sino más bien no obstaculizar las expulsiones que
estarían legitimadas por las leyes internacionales y nacionales.
Puesto que un crimen de lesa humanidad sólo puede ocurrir como
parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población
civil, la advertencia sobre la legalidad de la presencia en realidad
no tiene consecuencias para esta categoría de delitos, a menos que
la expulsión de un migrante ilegal sea parte integrante de tal
ataque (y, en caso de que se alegue persecución, si la expulsión se
realiza por motivos discriminatorios).[En el caso que nos ocupa es
evidente que se hace por motivos discriminatorios]
El desplazamiento forzado significa que las personas se mueven en
contra de su voluntad o sin una elección genuina92. EN EL
DERECHO PENAL INTERNACIONAL, ES EL ACTO DEL
ACUSADO

EL

QUE

DEBE

CONTRIBUIR

AL

DESPLAZAMIENTO.[Tal cual ocurre con el querellado quien
participa de la formación de la voluntad en el contrato del cual el
desplazamiento y/o deportación trae causa] El temor a la
violencia, la coacción, la detención, la opresión psicológica y otras
circunstancias pueden crear un ambiente donde no hay más remedio
que irse, equivaliendo así al desplazamiento forzado de personas93.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
91

Popović, Sentencia de Primera Instancia, nota 21 supra, párr. 900; para ejemplos concretos de tal
enfoque, ver Ðorñević, Sentencia de Primera Instancia, párrafos 1616 y 1640.
92
Krnojelac, Sentencia de Apelación, nota 2, párrafos 229 y 233; Stakić, Sentencia de Apelación, nota 21,
supra, párr. 279, ver también Ðorñević, Sentencia de Primera Instancia, párrafos 1631, 1636 y 1650.
93
Stakić, Sentencia de Apelación, nota 21, supra, párr. 281. Curiosamente, este tipo de conclusiones no se
limita a los tribunales penales internacionales, sino que ha encontrado eco en los tribunales nacionales
que aplican los crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso contra Neno Samardžić ante el
Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina (Grupo de la División de Apelación de la Sección I para
Crímenes de Guerra), el tribunal consideró que cuando una población (no sólo los individuos) está

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  142 
  
 
  

Por ejemplo, el bombardeo de objetivos civiles, la quema de bienes
civiles y las amenazas de una conducta criminal calculada para
aterrorizar a la población puede ser suficiente, dependiendo de las
circunstancias94. Este es un factor importante y, aunque es más una
cuestión de las pruebas necesarias para demostrar la falta de
consentimiento, tiene implicaciones interesantes para todos los
actores y partes interesadas en la protección de civiles durante
conflictos armados u otras crisis humanitarias. Una Cámara de
Primera Instancia del TPIY afirmó, por ejemplo, que si se coloca a
los civiles ante la elección de huir o tomar las armas para
defenderse, esta no es una ‘genuina’ elección y, por lo tanto, debe
considerarse como traslado forzoso95.
Como el TPIY ha sostenido reiteradamente, que incluso la
presencia de personal internacional (o incluso nacional) cuando se
trasladan personas de las zonas de conflicto por razones
humanitarias, no convertiría per se en legal un traslado que de otra
manera sería ilegal. Tales desplazamientos forzados, si son de
suficiente gravedad, claramente pueden equivaler a persecución,
independientemente del papel de las agencias internacionales. EL
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS LLEVADO A CABO DE
CONFORMIDAD CON UN ACUERDO ENTRE LÍDERES
POLÍTICOS O MILITARES NO NECESARIAMENTE LO HACE
VOLUNTARIO, YA QUE ESTOS ACTORES NO TIENEN LA
AUTORIDAD PARA EXPRESAR UN CONSENTIMIENTO
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
expuesta diariamente al terror, al abuso mental y físico, a la violación y al saqueo, su decisión de subir al
autobús para ser llevados a cualquier otro lugar, no puede equivaler a una elección genuina. Ver Caso No.
X-KRZ 05-49, 13 de diciembre de 2006, p. 20.
94
Procurador c. Simić, Caso No. IT-95-9-T, Sentencia, 17 de octubre de 2003, párr. 126; Procurador c.
Milutinović y otros, Caso No. IT-05-87-T, Sentencia, 26 de febrero de 2009, párr. 165. Ver también el
Informe sobre Darfur, párr. 331 (‘El desalojo forzoso de civiles de la zona donde tradicional y legalmente
viven, como resultado de ataques ilegales indiscriminados contra sus viviendas y la destrucción de sus
pueblos, entra en el ámbito de la prohibición en cuestión.’)
95

Popović, Sentencia de Primera Instancia, nota 21 supra, párrafos 928-930

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  142 
  
 
  

GENUINO EN NOMBRE DE LAS PERSONAS96.[Justamente
esto es aplicable al caso que nos ocupa, mediante un contrato
entre líderes políticos se acuerda trasladar y/o deportar
masivamente a refugiados desde Europa a Turquía lo que impide
apreciar la circunstancias de voluntariedad que haría impune la
conducta]
El análisis anterior muestra la complejidad de subsumir los atroces
crímenes

relacionados

pormenorizadas

con

categorías

el

desplazamiento

jurídicas

con

forzado

propósitos

en
de

procesamiento penal internacional. Estas dificultades, sin duda, se
derivan de los orígenes históricos de los crímenes en cuestión, pero
también de la complejidad de identificar el enfoque más adecuado
para tipificar legalmente las violaciones generalizadas de los
derechos humanos fundamentales que equivalen a traslados forzosos
y deportaciones.
Especialmente

cuando

se

comete

con

una

intención

discriminatoria y como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil, este tipo de conducta tiende a
aumentar al nivel de emergencia humanitaria y, con frecuencia,
forma parte integral de un conflicto entre dos (o más) grupos en
contienda.[Aquí debemos recordar que la deportación o traslado
forzoso es, también, un ataque generalizado y sistemático en
contra de una determinada población civil: la compuesta por los
refugiados sujetos del contrato firmado entre otros por el
querellado y Turquía] Por esta razón, las autoridades acusatorias
pueden considerar tal conducta tanto como crimen de lesa
humanidad y como crimen de guerra. La jurisprudencia de los
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
96

Popović, Sentencia de Primera Instancia, nota 21 supra, párr. 286; Procurador c. Simić Caso No. IT-959-T, Sentencia, 17 de octubre de 2003, párr. 127.

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tribunales penales internacionales, sin duda, ha proporcionado un
poco de claridad en esta área, estableciendo fuera de toda duda la
naturaleza criminal de ciertos tipos de desplazamiento forzado y la
necesidad de enjuiciar a los responsables de las situaciones de
desplazamiento forzado. (…)[Que es lo que aquí estamos pidiendo,
el enjuiciamiento del querellado por hechos que, sin duda, son
constitutivos de crímenes de lesa humanidad]
Con base en la jurisprudencia del TPIY y el TPIR, una de las
principales dificultades planteadas por los traslados masivos de
población durante un conflicto armado sigue siendo la cuestión de
determinar si las personas escogieron irse de las zonas de conflicto
por su propia y libre voluntad, o al menos tan libre como podría
esperarse en circunstancias de guerra. Por lo tanto, lo que
realmente cuenta como ‘genuina elección’ en cada caso particular,
difícilmente se puede establecer a priori; se debe llevar a cabo un
cuidadoso examen de las circunstancias específicas antes de llegar a
cualquier conclusión.
En segundo lugar, el derecho penal internacional se beneficiaría de
nuevas

perspectivas

sobre

el

significado

de

la

cláusula

‘desplazamiento de personas de la zona donde hayan estado
presentes legítimamente’ como uno de los elementos constitutivos de
los crímenes de deportación y traslado forzoso. Mientras que la
interpretación del término legítimamente propuesto por el TPIY es
razonable, especialmente en el contexto de un conflicto donde
diferentes grupos nacionales y partidos políticos se enfrentan entre
sí sobre lo que efectivamente equivale a una guerra civil que tiende a
generar una gran cantidad de desplazados internos que con
frecuencia carecen de permisos de residencia o registros necesarios,
podrían existir situaciones en ‘penumbras’ que no son tan sencillas

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como los tribunales penales internacionales parecen creer. Esta es
un área donde un mayor intercambio de conocimientos entre el
derecho internacional de refugiados y el derecho internacional
humanitario puede dar lugar a una mejor comprensión de la manera
en que debe aplicarse el derecho penal internacional en estas
situaciones específicas.
A pesar de los matices y las complejidades legales discutidas en este
documento, no se debe olvidar el punto de partida, establecido
durante más de 70 años de evolución jurídica (ya que los primeros
juicios por crímenes de guerra son posteriores a la Segunda Guerra
Mundial). LOS ACTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, YA
SEA EN CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES, EN
GUERRAS CIVILES O INCLUSO EN TIEMPO DE PAZ (SI SE
CUMPLEN LOS DEMÁS REQUISITOS DE LOS CRÍMENES
DE

LESA

HUMANIDAD)

CONSTITUYEN

CRÍMENES

INTERNACIONALES.[Compartimos la opinión del autor, da lo
mismo si se considera que los hechos - expulsión/deportación
masiva de refugiados - sucede en conflicto armado o en tiempo
de paz, en ambos casos constituye un crimen de lesa humanidad]
Incluso la diferencia establecida por el TPIY entre deportación y
traslado forzoso, que debería ser aceptada por otros tribunales en el
futuro, no cambia el punto básico de que todos estos actos son
criminales, y que trasladar forzosamente a personas dentro de un
país es tan grave como deportarlas a través de una frontera estatal.

B.iii.-DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL

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De forma subsidiaria a todo lo antedicho, debemos sostener la concurrencia
de conductas encuadrable en el Título VII del Libro II del Código Penal,
"De las torturas y otros delitos contra la integridad moral".
Se sanciona en el artículo 173, párrafo 1:
"El que infligiera a otra persona un trato degradante,
menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado
con la pena de prisión de seis meses a dos años."

La jurisprudencia producida, interpretada conforme los Acuerdos
adoptados en Sala general, por el Pleno de la Sala Segunda, caracteriza este
tipo delictivo a partir del concepto de integridad moral.

La integridad moral se configura como una categoría propia, como un valor
de la vida humana independiente del derecho a la vida, a la integridad
física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. Se conforma
la integridad moral como una realidad axiológica, propia, autónoma e
independiente de aquellos derechos, y tan evidente es así que tanto el art.
173 como el art. 177 del CP establecen una regla concursal que obliga a
castigar separadamente las lesiones a estos bienes de los producidos a la
integridad moral.

El derecho a la integridad moral posee un reconocimiento constitucional en
el artículo 15 y jurídico-penal, en los artículos 173 y 177 implicando la

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existencia de un bien jurídico, de un valor humano, con autonomía propia,
independiente y por consecuencia susceptible y digno de protección penal.

El Tribunal Constitucional viene vinculando la integridad con la
inviolabilidad de la persona (SSTC. 120/90, 137/90 y 57/94) y en la
doctrina científica se relaciona con los conceptos de "incolumidad e
integridad o inviolabilidad personal".

El Tribunal Supremo analizó en la Sentencia nº 1935/2008 de fecha 30 de
septiembre de 2009 el concepto de integridad moral, concluyendo que "el
art. 15 de la Constitución reconoce a todos el derecho a la integridad moral
y proscribe con carácter general los tratos degradantes. La integridad moral
es un atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo
hecho de serlo; esto es, como sujeto moral, en sí mismo, investido de la
capacidad para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento.
La garantía constitucional de la dignidad, como valor de la alta calidad
indicada, implica la proscripción de cualquier uso instrumental de un sujeto
y de la imposición al mismo de algún menoscabo que no responda a un fin
constitucionalmente legítimo y legalmente previsto."

Si bien falta una precisa definición jurisprudencial del concepto de
integridad moral, las referencias normativas residenciadas en legislaciones
extranjeras, Convenios, Convenciones y Declaraciones Internacionales
sobre Derechos Humanos, y en el art. 15 C.E. permiten acotar la esencia
del bien jurídico protegido dado que comprende todas las facetas de la

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personalidad como las de la identidad individual, el equilibrio físico, la
autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano.

La garantía constitucional de la dignidad implica la proscripción de
cualquier uso instrumental de un sujeto y de la imposición al mismo de
algún menoscabo que no responda a un fin constitucionalmente legítimo y
legalmente previsto de modo que el núcleo del ataque a la integridad moral
es la sensación de humillación y de cosificación que tiene la víctima
conforme se prevé en la Sentencia de la Sala Segunda nº1372/2014 de
fecha 22 de enero de 2015

El Tribunal Constitucional recogiendo la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, significativamente las sentencias dictadas
en 18 de Enero de 1978 -caso Irlanda contra el Reino Unido-, en 25 de
Abril de 1978 -caso Tyrer-, en 6 de Noviembre de 1980 -caso Guzzardi-, en
25 de Febrero de 1982 -caso Campbell y Cossans-, en 7 de Julio de 1989 caso Soering-, en 20 de Marzo de 1991 -caso Cruz Varas y otros-, en 30 de
Octubre de 1991 -caso Vilvarajah y otros-, etc., ha declarado que tanto las
torturas como las penas o tratos inhumanos y degradantes son, en su
significado jurídico, nociones graduadas de una misma escala que entrañan
padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio
para quien los sufre, y con esa propia intención de vejar y doblegar la
voluntad del sujeto paciente

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En conclusión, podemos afirmar conforme las referidas resoluciones que
un atentado contra la integridad moral se integra por la concurrencia de los
siguientes elementos:
a)   Un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto
pasivo del delito. En el presente caso, estaría conformado con la
firma del Contrato con Turquía que ha originado el traslado forzoso
y la deportación de cientos de miles de personas. El citado pacto
comporta que todos los refugiados que cruzasen de Turquía a las
islas griegas sean devueltos a Turquía desde el 20 de Marzo de 2016
a las 0:00 horas. Y ello con independencia de la literalidad del texto
de contrato, pues lo que trasluce es el subterfugio o la añagaza de
emplear el término “migrantes irregulares”, cuando en realidad este
instrumento contractual va destinado a despejar de refugiados los ya
existentes en las islas griegas y a evitar que entre ni uno más en la
Unión Europea.
b) Un padecimiento, físico o psíquico en dicho sujeto. En el caso
que nos ocupa, estamos hablando de la población civil de Siria,
Afganistán o Iraq que acude a los países de la Unión Europea
arriesgando en la travesía su vida e integridad y las de sus seres
queridos, ancianos, menores, bebés, personas discapacitadas y
desvalidos y que como resulta de la actuación del Sr. Rajoy, entre
otros, va a ser deportada a Turquía, bajo ardides legales, frustrando
sus expectativas y sometiéndoles al miedo y temor de que
nuevamente sus derechos más básicos sean pisoteados, acabando
internados en centros de detención semejantes a cárceles por el hecho
de huir de una muerte segura en una guerra que les ha sido impuesta.

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La falta de información unida a la ansiedad y al miedo por el nuevo
contrato entre la Unión Europea y Turquía contribuye al aumento de
la inseguridad, la tensión y el sufrimiento de las personas llegadas a
Grecia. La devolución a Turquía tiene como base que es un “tercer
país seguro”, aunque varios informes de Amnistía Internacional
denuncian las condiciones a las que son sometidos los demandantes
de asilo en Turquía.

c) Un comportamiento que sea degradante o humillante e incida
en el concepto de dignidad de la persona afectada por el delito.
Junto a la frustración y el daño psíquico y físico que se está causando
a los refugiados, encontramos que se les está tratando de una forma
inhumana, como si fueran bestias, encerrándoles en campos, que
cada vez se parecen más a los que se implementaron en los años 40
en Alemania; deteniéndoles por llegar a las costas europeas y siendo
trasladados de nuevo a Turquía. Un trato degradante que se plasma
en el uso de material antidisturbios, de gases lacrimógenos, cercas de
alambres o el retraso injustificado en la tramitación de las solicitudes
de asilo y refugio conforme a los convenios suscritos.

Varias personas denunciaron haber sufrido malos tratos durante su estancia
en estos centros, palizas, confinamiento y registros y cacheos corporales
exhaustivos. Sólo se les posibilita su salida si demuestran medios
económicos para mantenerse o si aceptan volver a su país de origen, con lo
que existe un riesgo real para la vida y de sufrir violaciones de derechos
humanos. A algunas personas se les obliga a firmar documentos en los que
aceptan abandonar el país en los siguientes 30 días bajo pena de ser
forzosamente deportados resultando denuncias por la deportación de 30

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Afganos a Kabul, donde corren un altísimo riesgo de ser atacados por
grupos Talibanes.

Por otra parte preocupa la situación de minorías como la Kurda, siendo
conocida la persecución de esta minoría en Turquía, país que tiene un largo
historial de violaciones de derechos humanos, como se acredita por las
resoluciones condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH).

No se puede olvidar que el artículo 177 del Código Penal dispone que si en
los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la
integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física,
salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán
los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos o
faltas cometidos, excepto cuando ya se halle especialmente castigado por la
ley.

Se trata de una regla concursal especial que excluye la aplicación de las
normas generales del artículo 77 del Código Penal con la única
excepción de que el atentado a la integridad moral esté expresamente
previsto en el tipo delictivo de que se trate, supuesto en cuyo caso el
conflicto se resolverá por el concurso de norma.

Y los hechos narrados en la presente querella describen conductas que son
especialmente denigrantes para las víctimas creándoles sentimientos de

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temor y de angustia con grave humillación y severos ataques a su dignidad
así como un riesgo cierto de vulneración de los derechos humanos.

En cuanto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia acoge el
concepto establecido por el TEDH que lo define como aquel trato que
puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de
inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en
su caso, su resistencia física o moral como se recoge en las Sentencias nº
1061/2009, de 26 de octubre; nº 255/2011, de 6 de abril y nº 255/2012, de
29 de marzo, entre otras.

Los elementos que caracterizan a esta figura delictiva, que se acaban de
dejar expresados, concurren en el supuesto que examinamos en la presente
querella, dados los hechos expuestos tanto en los antecedentes como en el
breve relato de hechos ut supra referenciados.

Además nos hallamos ante un delito permanente, que tiene una continuidad
en el tiempo como situación que se adquiera, se mantiene y se consolida en
el ejercicio constante, no pueda efectuarse separación o división temporal
alguna en relación a la actividad delictiva de modo que el plazo de
prescripción solo puede iniciarse cuando cesa la correspondiente conducta
delictiva, según reiterada jurisprudencia.

El delito del art. 173 CP puede concurrir realmente con otros delitos que
puntualmente sean una exteriorización particularizada de violencia.

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Conforme el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala del día 10 de
octubre de 2003 en relación a las consecuencias punitivas ocasionadas,
cuando la víctima sufre, además del ataque una lesión psíquica, ésta podría
integrar un delito autónomo, pronunciándose en sentido afirmativo cuando
del relato fáctico resulta una sustantividad propia diferenciada del delito
anterior y por lo tanto no consumidas en el delito contra la integridad
moral.

La doctrina se ha unificado pacíficamente estableciendo un criterio
mayoritario en cuanto a determinar si las consecuencias lesivas de carácter
anímico de la conturbación psíquica que la ciencia psiquiátrica recoge con
diversas denominaciones como stress postraumático, trastornos depresivos,
estados de angustia, etc., que son consecuencia del hecho delictivo, se
consumen en el propio delito del que traen causa, o alcanzan una
autonomía típica subsumible en el delito de lesiones. Lo relevante es que la
prescripción del tratamiento lo sea por un médico o lo encomiende a los
profesiones en la materia objeto del tratamiento o psicólogos para la
aplicación de la correspondiente terapia, en aquellos casos en que éstos
están facultados para prestarla y sea más conveniente para el paciente. Para
alcanzar una subsunción autónoma en el delito de lesiones, concurrentes
según las reglas del concurso ideal, es preciso que las consecuencias
psíquicas aparezcan claramente determinadas y excedan de lo que pudiera
considerarse resultado y consecuencia de la agresión.

Finalmente conforme al Artículo 177 CP "si en los delitos descritos en los
artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se
produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o

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bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos
separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos,
excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la Ley."

En la Jurisprudencia encontramos delimitado el atentado contra la
integridad moral en razón a que la vejación sea meridianamente clara y
extremadamente innecesaria. La Sentencia de fecha 16 de abril
2003 expone que el atentado contra la integridad moral comprenderá:
a) Un acto de claro e inequívoco sentido vejatorio.
b) Un padecimiento físico o síquico.
c) Un comportamiento que sea degradante e incida en el concepto de
dignidad de la persona afectada.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos con un contingente poblacional
que huye de un conflicto armado, algunos represaliados, otros por temor de
perder la vida o para evitar exponer su integridad física y psíquica o para
garantizar su derecho a la libertad y a la libertad sexual que lejos de
encontrarse con países que respondan a los acuerdos suscritos tras la
Segunda Guerra Mundial, vuelven a responder con violencia, internándolos
en centros de detención y expulsándolos a un tercer país, Turquía, que a
tenor de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no
puede ser calificado bajo ninguna circunstancia de "país seguro" y en
mucha menor medida para ciertos grupos sociales, como es el caso de los
kurdos sirios, que son sometidos a una nueva victimización.

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La actuación del querellado, en consuno con otros dirigentes, quebrantando
la normativa internacional e interna sobre el trato del que son merecedoras
estas personas, ha supuesto un ataque injustificado a la dignidad de las
mismas.

La firma del contrato con Turquía supone de facto una derogación de
la normativa interna e internacional vigente y la exposición de los
refugiados a sufrir graves temores sobre los bienes jurídicos más
básicos como son la vida, la integridad o la salud, lejos de serles
garantizados.

B.iv.- DELITOS DE IMPEDIMENTO DEL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS CIVICOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCION
Y LAS LEYES

Finalmente y con carácter subsidiario de lo manifestado ut supra, procede
atender a las previsiones del artículo 542, que se encuentra regulado en la
Sección 3ª "De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra
otros derechos individuales" dentro del Capítulo V, "De los delitos
cometidos

por

los

funcionarios

públicos

contra

las

garantías

constitucionales" en el seno del Título XXI "De los delitos contra la
Constitución" del Libro II del Código Penal.

Establece el artículo 542 CP que:

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"Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el
funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el
ejercicio

de

otros

derechos

cívicos

reconocidos

por

la Constitución y las Leyes."

Esta figura punitiva de carácter residual, como sostiene la Sentencia de
fecha 19 de octubre de 1995 cierra todas las posibilidades delictivas que se
pueden incriminar a un funcionario público o autoridad por impedir el
ejercicio de los derechos cívicos, que no son otros que los derechos
fundamentales que la Constitución.

La terminología derechos civiles o derechos cívicos se utiliza
internacionalmente como sinónimo de derechos fundamentales como se
deduce de la rúbrica empleada por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Nueva York, si bien se ha criticado por la doctrina
por su carácter excesivamente abierto.

Conforme la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 165/2002, de 11 de
marzo, constituye una norma penal en blanco, cuya norma complementaria
es fundamentalmente la Constitución, que es donde se proclaman los
derechos fundamentales de la persona.

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Tiene su fundamento en la importancia de que en un Estado de Derecho se
garantice el libre ejercicio de los derechos cívicos y no meramente su
reconocimiento formal, y porque el ciudadano se encuentra más indefenso
frente a los ataques o a la obstaculización de sus derechos provenientes de
quienes están investidos de una potestad administrativa.

Por este motivo se exige que el sujeto activo del delito sea
necesariamente una autoridad o funcionario público en el ejercicio de
las funciones propias de su cargo, un delito especial impropio, es decir,
debe tener competencia funcional.

La conducta típica consiste en una acción de impedimento del ejercicio de
un derecho, obstaculizando e impidiendo a sabiendas el mismo resultando
indiferente el medio.

Por otra parte, se trata de un delito de resultado que exige para su
consumación que efectivamente haya llegado a producirse el impedimento
y ha de tratarse de derechos o libertades públicas para cuyo ejercicio el
ciudadano necesite realizar una conducta que pueda ser impedida por la
autoridad o funcionario público tal y como se prevé por la Sentencia nº
2459/2007 de 1 de julio de 2008 o la Sentencia nº 1202/1999 de 23 de
marzo de 2001.

El artículo 542 CP admite la comisión omisiva, conectada a la posición de
garante en que el sujeto que omite se encuentre, que se derivaría de un

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expreso deber de actuación para facilitar o hacer efectivo el derecho. En
todo caso se sanciona únicamente en la modalidad dolosa, es decir, con
clara voluntad de impedir el ejercicio de los derechos de los que se conoce
pertenecen al sujeto pasivo.

En el caso que nos ocupa se ha privado a los refugiados del derecho a
la tutela judicial efectiva, es decir, a solicitar el derecho de asilo y
refugio que les asiste conforme los Convenios internacionales suscritos
y las leyes nacionales y a obtener la protección prevista en la citada
normativa y el responsable de tales consecuencias resulta ser el
Presidente del Gobierno en funciones Don Mariano Rajoy Brey.

Al firmar el contrato con Turquía, el Sr. Rajoy acepta que todos los
refugiados que lleguen a las islas griegas serán devueltos a Turquía
desde el 20 de Marzo de 2016 a las 0:00 horas.

Las personas llegadas a Grecia son devueltas a Turquía sobre la base de
que es un “tercer país seguro” pese a los múltiples informes que denuncian
las condiciones a las que son sometidos los demandantes de asilo, palizas,
confinamiento y registros y cacheos corporales exhaustivos, resultando
compelidos a aceptar voluntariamente regresar a su país de origen, con un
riesgo real para su vida y de sufrir violaciones de derechos humanos.
Turquía tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos, según
las estadísticas oficiales europeas acreditadas por las resoluciones del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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La adopción del Contrato implica de facto un retorcimiento de la ley
para que de forma fraudulenta y dando apariencia de respeto a la
legalidad internacional se proceda a privar de los derechos que asisten
a las personas que acuden al territorio de la Unión Europea en busca
de salvaguarda frente a los conflictos de los que huyen, impidiéndoles o
retrasando injustificadamente la tramitación de las solicitudes de asilo.

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VII.- DOCUMENTOS
LISTA DOCUMENTOS APORTADOS

1.   Poder especial para querella otorgado por Izquierda Unida.
2.   Poder especial para querella otorgado por Unidad Popular .
3.   Plan de Acción Conjunto

con Turquía firmado por el Consejo

Europeo de la Unión Europea, de 15 de Octubre de 2.015
4.   Reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea
con Turquía, de 29 de Noviembre de 2.015.
5.   Acuerdo- Declaración Unión Europea y Turquía, de 18 de Marzo de
2.016.
VIII.- DILIGENCIAS DE PRUEBA.

Como primeras diligencias de prueba, sin perjuicio de las que a lo largo del
procedimiento puedan proponerse y sean admitidas, se interesa para la
averiguación de los hechos las siguientes:

1.- Declaración del querellado
2.- Que se remita atento oficio a FRONTEX solicitando un informe
comprensivo de los siguientes extremos:
i.   Cantidad de efectivos que destinaron a solucionar la
denominada crisis humanitaria surgida a partir de la
llegada de refugiados a Grecia en Agosto de 2015
ii.   Costo total de dicha acción de ayuda a los refugiados

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iii.   Cantidad de efectivos que destinaron a materializar las
expulsiones y deportaciones masivas a partir de la
entrada en vigor del contrato objeto de la presente
querella,
iv.   Costo total previsto de la materialización de las
expulsiones y deportaciones masivas de refugiados.
v.   Lista completa de todos los oficiales de FRONTEX que
han participado en dichas devoluciones o deportaciones
masivas
4.- Que se remita atento oficio al Consejo Europeo para que aporte
copia auténtica de la reunión de fecha 15 de octubre de 2.015 en la
que se acordó el Plan Conjunto con Turquía.
5.- Que se remita atento oficio al Consejo Europeo para que aporte
copia auténtica de la reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de
la Unión Europea con Turquía, de fecha 29 de Noviembre de 2.015.
fecha 15 de octubre de 2.015 en la que se acordó el Plan Conjunto
con Turquía.
6.- Que se remita atento oficio al Consejo Europeo para que aporte
copia auténtica del contrato suscrito entre la Unión Europea y
Turquía el pasado 18 de marzo de 2016 así como la totalidad de los
documentos preparatorios de dicho contrato
7.- Que se remita atento oficio al Consejo Europeo para que remita
las actas de la reunión de Presidentes del pasado 18 de Marzo de
2016,
8.- Que se remita atento oficio al Consejo Europeo para que informe
sobre cuáles son las aportaciones económicas que asumirá España en

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relación al contrato suscrito con Turquía el pasado 18 de marzo de
2016,
9.- Que se remita atento oficio al Consejo Europeo para que
identifique plenamente a todos los firmantes del contrato suscrito con
Turquía el pasado 18 de marzo de 2016

Por lo anterior,

SOLICITO A LA EXCMA. SALA que tenga por presentado en tiempo y
forma este escrito con sus documentos y por interpuesta QUERELLA por
presuntos delito de lesa humanidad, delito cometido con ocasión de un
conflicto bélico, delitos contra la integridad moral y delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales, y
cualesquiera otras conductas relacionadas que aparezcan en el curso de la
investigación, ejercitándose la acción penal en contra el Presidente del
Gobierno en funciones, D. Mariano Rajoy Brey y contra quienes más
resulten responsables en el curso de la investigación Y QUE a la vista de lo
aquí expuesto, de la documentación aportada y la referenciada y de las
normas de aplicación se sirva admitir a trámite la presente querella y
proceder a practicar las diligencias interesadas ut supra.

Por ser de Justicia que pedimos en Madrid a 7 de Abril de 2.016.

Gonzalo Boye

Isabel Elbal Sánchez

Javier Fernández Estrada

 Abogado Abogada Procurador