ZOPROPU ESTAS

para desbloquear la situación
política y posibilitar un
Gobierno de cambio

 

PODEHÓÉ
¡zum ru.

 

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España atraviesa la mayor crisis económica, política e institucional de la historia de nuestra democracia. La crisis financiera de 2008 y la gestión que de ella hicieron lo sucesivos gobiernos desencadenaron la etapa más negra de nuestra reciente historia social. Tras años de durísimas políticas económicas,
los recortes del gasto en educación, sanidad, pensiones, vivienda, servicios sociales, cultura e investigación se han revelado tan injustos como ineficaces. No podemos dar por buenos estos retrocesos.
Además, la impunidad ha presidido la acción de los poderosos en las instituciones y la corrupción
se ha extendido entre las estructuras básicas del Estado. A su vez, la falta de comprensión de la diversidad y la plurinacionalidad de nuestro país ha desencadenado la mayor crisis territorial de los últimos
cuarenta años. La última legislatura del Gobierno del PP ha convertido en modelo aquello de lo que
deberíamos huir. Hoy nos corresponde afrontar estos problemas, que —aun siendo muy graves— pueden solucionarse si entre las fuerzas políticas que representamos a más de once millones de personas
construimos un gobierno de orientación clara y mirada larga.
Los resultados electorales del 20D mandataron un cambio de Gobierno. Los viejos partidos perdieron entre ambos más de ocho millones de votos. Sigue intacta nuestra voluntad de construir, entre
todos y todas, un Gobierno de cambio, plural y proporcional, capaz de revertir el recorte de derechos
sociales, económicos, laborales y políticos que padecemos desde hace demasiado tiempo. Un Gobierno que ponga fin al crecimiento de la desigualdad social y abra la puerta a la construcción de una institucionalidad capaz de generar prácticas más honestas, abiertas a la gente, innovadoras y respetuosas
con la diversidad.
Desde nuestra fundación, solo hemos trabajado con un objetivo: construir el programa necesario
para poner fin a las graves injusticias sociales, políticas y culturales que han determinado la historia
reciente de nuestro país y, asimismo, construir las estructuras organizativas capaces de hacerlo. El programa electoral con el que concurrimos a las elecciones generales es el resultado de ese esfuerzo; y los
más de cinco millones de votos que conseguimos son nuestros avales.
Como depositarios de esos esfuerzos y de esas esperanzas, estamos dispuestos a administrarlos
y representarlos con generosidad, y a favorecer en la medida de nuestras posibilidades la formación
de un Gobierno estable en nuestro país. Pero resultaría sencillamente inadmisible que se nos pidiera
que abandonáramos nuestro programa y nuestros compromisos para sostener, a modo de cheque en
blanco, acuerdos que no han contado con nuestra participación y programas muy alejados de nuestras
propuestas.
El «milagro económico español» del que actualmente habla el Gobierno en funciones del Partido
Popular dista mucho de ser real. Necesitamos por tanto un cambio profundo en la política económica,
que permita una verdadera salida de la crisis y garantice los derechos y el bienestar de la mayoría social. No se trata solamente de desalojar al Partido Popular de la Moncloa, sino de revertir sus políticas
más dañinas y recuperar los derechos perdidos.
Necesitamos terminar con la austeridad para que la reducción del desempleo se acelere. Necesitamos una potente agenda social que garantice que la lucha contra las desigualdades se sitúa en el
centro de la agenda económica. Necesitamos nuevas inversiones públicas, y una transición energética,
que sienten las bases del cambio de modelo productivo. Y, a su vez, de forma inseparable, todo esto
requiere de un plan de financiación creíble y una dotación presupuestaria razonable para que pueda
llevarse a cabo.
Necesitamos conformar el Gobierno del Cambio cuanto antes. La gravedad de los problemas que
padece la sociedad nos obliga a proceder con la máxima responsabilidad. Profundizar y fortalecer
nuestra democracia así lo exige. Y, para que ello sea posible, aquí presentamos una serie de propuestas
con una doble intención. En primer lugar, estas propuestas constituyen el eje vertebrador, el «corazón»,
de un posible acuerdo de Gobierno de cambio. En torno a ellas pensamos que podemos acordar algunos de los elementos centrales de la próxima legislatura. Pero además, y en segundo lugar, estas propuestas presentan también una modulación respecto a la propuesta original contenida en el programa
electoral de Podemos, con objeto de facilitar los acuerdos necesarios para formar Gobierno.

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1.  RENTA GARANTIZADA
Implementación por fases de un programa que sitúe a toda la población española por encima del
umbral de la pobreza monetaria, mediante el cobro de una renta diferencial y complementaria
de 500 euros al mes. Es decir, proponemos que no se reciba una cantidad fija, sino la diferencia
entre los ingresos existentes y el umbral de renta que se establezca. Por tanto, no solo se atendería a las familias que carecen de cualquier tipo de ingresos, sino también a aquellas que se
encuentren en situación de pobreza. La prestación se calcularía a nivel de unidad de convivencia, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente (en un 35% para la
primera persona adicional y en un 20% para cada una de las demás). En la segunda mitad de la
legislatura esta renta complementaria se incrementaría progresivamente hasta alcanzar los 600
euros al mes.
La renta que planteamos cubriría a todos los menores y a todas las personas dependientes que se
encuentren en hogares con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria e integraría todas
las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de dicho umbral. Se debe regular adecuadamente el derecho subjetivo a obtener esta prestación, de forma que no puedan desatenderse
situaciones de necesidad demostrables, sin perjuicio de la articulación de programas complementarios de apoyo a la inserción laboral o social.

El elemento de flexibilidad que introducimos en la propuesta, para facilitar su negociación, es la cuantía de la prestación. Podemos fijó en su programa electoral una renta garantizada de 600 € al mes (ampliable en función del número de miembros de la unidad
de convivencia). No obstante, en esta propuesta se especifica que durante la primera
mitad de la legislatura el umbral se situará en los 500 €, para llegar hasta los 600 € en
la segunda mitad de la legislatura. La implicación es que disminuye tanto el número de
beneficiarios como el coste total del programa: la propuesta de Renta Garantizada realizada por Podemos en su programa electoral estaba presupuestada en 15.000 millones
de euros anuales (incluyendo el complemento salarial), mientras que esta propuesta
presentaría un coste aproximado de 8.600 millones al año.

2.  EDUCACIÓN. ESCUELAS INFANTILES
Los recortes en los servicios públicos fundamentales tienen que revertirse para garantizar la
equidad y la cohesión social. Deberían recuperarse en 2017 los niveles nominales de gasto en
educación que se registraron en 2009, y recuperar en 2019 el peso del gasto en estas partidas
sobre el PIB que se registraba en 2009 (4,6%) en vez de reducirlos (hasta el 3,7% del PIB) como
prevé actualmente el Programa de Estabilidad.
Esta dotación presupuestaria permitiría desarrollar una política de recuperación de estos servicios
públicos, así como la puesta en marcha de nuevos derechos, como es la universalización de la educación de 0 a 3 años. En concreto, durante la segunda mitad de la legislatura se debe acometer la
universalización de los cursos de educación infantil correspondientes a los 2 y 3 años.
La reversión de los recortes educativos tiene que ir además acompañada de otras medidas que
garanticen la recuperación de una educación pública y de calidad. Se deberá derogar la LOMCE y
se abrirá un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación.

En el programa electoral de Podemos nos comprometimos a universalizar el acceso
gratuito a la enseñanza infantil (de 0 a 6 años) de manera inmediata, apostando por
desarrollar en la siguiente legislatura una educación infantil (de 0 a 3 años) universal y
gratuita. Sin embargo, la necesidad de revertir los recortes educativos que han tenido
lugar desde 2010, junto con la modificación de la propuesta fiscal incluida en este documento, determinan que el margen presupuestario para desarrollar dicha etapa educativa

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sea más limitado. Por ello, durante la próxima legislatura únicamente será posible garantizar, en la segunda mitad del mandato, la universalización de los cursos de educación
infantil correspondientes a los 2 y 3 años. Se desarrollará un calendario progresivo de
implantación de la medida que abarque desde 2016 hasta 2020 (medida propuesta en
el acuerdo PSOE-Ciudadanos, página 26).

3.  SANIDAD. COPAGOS FARMACEÚTICOS
Los recortes en sanidad, al igual que en educación, deben revertirse también. Es necesario recuperar en 2017 los niveles nominales de gasto en sanidad que se registraron en 2009, y recuperar
en 2019 el peso del gasto sanitario sobre el PIB de 2009 (6,8%), en vez de reducirlo hasta el 5,3%
del PIB como contempla el Gobierno del Partido Popular.
En materia sanitaria, la reversión de los recortes se acompañará además de una serie de medidas
que refuercen y garanticen el carácter de servicio público de la atención sanitaria, como es por
ejemplo el acceso universal a la tarjeta sanitaria, impulsando para ello la correspondiente modificación legislativa orientada a blindar el carácter universal de la sanidad española. Se derogará
además el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, y se eliminarán aquellos copagos que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de los tratamientos.

Aceptamos aplazar la ampliación de la cartera de medicamentos financiados por la sanidad pública, defendida en nuestro documento Un país para la gente. Bases políticas
para un Gobierno estable y con garantías (página 45, punto 5). Igualmente cedemos en
nuestra aspiración de suprimir el copago farmacéutico en los términos en que se amplió
a la largo de la X Legislatura, en favor de una revisión basada en criterios de necesidad
y cronicidad, tal y como se refiere en el programa electoral del PSOE (página 203) y en
el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos (página 35).

4.  PENSIONES
Los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, derivados tanto de la evolución
demográfica como del déficit de empleo y la precariedad laboral de la economía española, se
han abordado hasta ahora, fundamentalmente, tratando de reducir los gastos (y, por tanto, los
derechos de los pensionistas). Las últimas reformas han retrasado la edad de jubilación, han incrementado el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la pensión completa (aumentado, a su vez, el periodo de cálculo de la base reguladora) y han introducido el factor de sostenibilidad (efectivo a partir de 2019) y el factor de revalorización.
Nuestra propuesta es invertir la forma de abordar el problema de la sostenibilidad del sistema, no actuando sobre el lado de los gastos (lo que finalmente supone el empobrecimiento futuro de nuestros
mayores) sino sobre los ingresos, garantizando a largo plazo los recursos necesarios para financiar
las pensiones. Consideramos que dichos gastos podrían elevarse (en consonancia con las previsiones oficiales) hasta aproximadamente el 14% del PIB, una cifra financiable y perfectamente comparable a la de otros países europeos. Esto requiere complementar la financiación que se obtiene a
partir de las cotizaciones sociales con ingresos generales provenientes del resto del sistema fiscal.
En concreto, proponemos:
-  Introducir progresivamente la financiación por vía impositiva del sistema para complementar
en lo que sea necesario la financiación mediante cotizaciones sociales, incluyendo el incremento
del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida. Por tanto, se derogará el factor de sostenibilidad.
-  Recuperar la indexación de las pensiones al IPC para asegurar, al menos, el mantenimiento del
poder adquisitivo, y derogar el actual factor de revalorización.

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-  Aumentar el importe de las pensiones no contributivas para que a lo largo de dos legislaturas
sean iguales al Salario Mínimo Interprofesional.
-  Eliminar el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en
similar proporción.
-  Revitalizar la Comisión de los Pactos de Toledo para que sea en su seno donde se aborde y se
estudie de forma consensuada, junto con los actores sociales y sindicales, nuestra propuesta para
volver a situar la edad de jubilación en los 65 años, adaptando de nuevo el número mínimo de
años de cotización necesarios para cobrar la pensión completa y el periodo de cálculo de la base
reguladora.

Podemos estableció en su programa electoral la necesidad de volver a situar la edad de
jubilación en los 65 años. No renunciamos a esta propuesta, si bien consideramos que un
pacto de Gobierno para la próxima legislatura debe priorizar que se deroguen el resto de
aspectos de la última reforma de las pensiones del Partido Popular. La reducción de la
edad de jubilación deberá ser estudiada y considerada en el marco del Pacto de Toledo.

5.  ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Los dos decretos aprobados por el Gobierno del Partido Popular en 2012 y 2013 han retrasado
la implantación de la Ley de Dependencia y han disminuido las aportaciones de la Administración General del Estado a su financiación. En 2015, el coste total del sistema de dependencia se
situó en torno a los 6.600 millones de euros, un coste prácticamente congelado desde 2011. Esto
ha conllevado una reducción del gasto medio por persona dependiente, al crecer el número de
atendidos. Por otro lado, la infradotación del sistema ha supuesto que actualmente haya 385.000
personas que tienen derecho a atención, pero que se encuentran en lista de espera.
Por todo ello, proponemos que el nuevo Gobierno ponga en marcha de forma urgente un plan para
la recuperación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que contemple
las siguientes medidas:
-  Recuperar los niveles de financiación por persona dependiente anteriores a los recortes realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores
familiares.
-  Establecer un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas dependientes a las
que se les ha reconocido el derecho, pero que actualmente se encuentran en lista de espera.
-  Incrementar el porcentaje de dependientes atendidos por servicios profesionales, y poner en
marcha de forma progresiva la universalización del derecho de las personas a que los servicios
públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena.

Podemos estableció en su programa electoral el objetivo de universalizar el derecho a
que los servicios públicos de atención a la dependencia proporcionen una autonomía
funcional plena. El incremento de financiación requerido para alcanzar los objetivos mínimos que aquí proponemos puede estimarse en torno a los 3.000 millones de euros
(400 millones para recuperar la prestación media por dependiente a los niveles anteriores, 400 millones para las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no familiares, y 2.200 millones para la atención de las personas que actualmente se encuentran
en lista de espera). Por tanto, el margen presupuestario para universalizar el derecho a
recibir una autonomía funcional plena deberá implementarse de forma progresiva a lo
largo de esta legislatura, y completarse a lo largo de la siguiente.

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6.  VIVIENDA Y SUMINISTROS
Proponemos:
-  Impedir los desahucios de personas en situación de exclusión o emergencia social por impago
de sus obligaciones contractuales sin una alternativa habitacional.
-  Regular la obligación legal de colaboración para la provisión de vivienda para políticas sociales por parte de los grandes tenedores de viviendas.
-  Convertir la SAREB en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas en alquiler que preste especial atención al alquiler social.
-  Regular por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30% de la renta familiar.
-  Regular el derecho a una alternativa habitacional para mujeres víctimas de las violencias machistas.
-  Garantizar el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna
y adecuada, con la intención de impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a
aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.
-  Regular la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las deudas hipotecarias vivas
de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los
préstamos. Se limitará la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado.

La situación de vulnerabilidad social por la que atraviesan millones de personas en este
país hace desaconsejable desde cualquier punto de vista que se puedan arbitrar elementos de flexibilización en nuestra propuesta de Emergencia Social y Rescate Ciudadano.

7.  IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Todas las políticas desarrolladas por el Gobierno deben incluir una perspectiva de género, teniendo en cuenta el diferente impacto que estas tienen en mujeres y en hombres. En todo caso,
debe garantizarse que las políticas públicas desarrolladas en el marco de una nueva agenda social sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades de género. Además, el Gobierno adoptará un plan específico con medidas activas para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el campo económico y laboral, que incluya:
-  El incremento de las atribuciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en materia
de prohibición de las discriminaciones en la contratación, promoción y retribución.
-  La reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario
de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso será: igual para cada persona progenitora;
intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales; pagado al 100% del salario; y
con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y
paternidad. El objetivo es llegar a las 10 semanas de paternidad (y 16 de maternidad, tal y como
ahora sucede) al final de la legislatura, quedando el resto del calendario de ampliación para la
próxima legislatura.
-  La creación de una comisión estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las
empresas, con capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones.
-  Medidas de atención especial a familias monoparentales (mayoritariamente mujeres), para
que el cuidado no sea incompatible con la carrera profesional.

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-  Un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y para mujeres que se encuentran en
riesgo de exclusión social.

Podemos estableció en la memoria económica de su programa electoral un calendario
de aumento del actual permiso de paternidad, hasta lograr la igualdad, más ambicioso
que el aquí propuesto. Dicha igualdad entre permisos de paternidad y maternidad debía
alcanzarse en el curso de la siguiente legislatura. Se flexibiliza el objetivo en este punto,
planteándose un calendario de implantación más progresivo (llegar a las 10 semanas de
paternidad en 2019, y a las 16 semanas intransferibles en 2022).

8.  TERMINAR CON LA AUSTERIDAD FISCAL
La situación económica, laboral y social exige un cambio en la política presupuestaria para la
próxima legislatura. No puede existir agenda social, ni la ambiciosa política de inversiones públicas que se necesita para promover el cambio de la estructura productiva y el aumento de la productividad, sin una dotación presupuestaria suficiente. Sin un impulso de la actividad económica
no se creará más empleo. Además, la austeridad fiscal no solo es contraproducente para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también lo es para alcanzar los objetivos de
reducción del déficit que dice perseguir.
Frente a la estrategia del actual Programa de Estabilidad del Gobierno, consistente en mantener
constante la ratio ingresos/PIB y reducir 5 puntos porcentuales la ratio gastos/PIB, proponemos
lo contrario. Es decir: incrementar la ratio ingresos/PIB para asegurar el mantenimiento de la ratio
gasto/PIB en su nivel actual (43,2%). Esto implica la implementación de un plan de expansión fiscal de 62.000 millones de euros a lo largo de la siguiente legislatura (a razón de 15.500 millones
anuales), adicionales en todo caso a lo ya contemplado por dicho Programa de Estabilidad.
Creemos que puede alcanzarse el objetivo de elevar la ratio ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales al final de la legislatura a través de las medidas que se proponen en el punto 10, con lo que el
déficit podría reducirse en esta misma magnitud (hasta el 2,2%). El desglose de las partidas de
gasto contemplado sería el siguiente:
-  La mitad del paquete de expansión fiscal iría destinada a educación y sanidad, de forma que
el peso sobre el PIB de la inversión en estas partidas sea el mismo que en 2009 (4,6% y 6,8%,
respectivamente).
-  El gasto en protección social se mantendría 1,3 puntos porcentuales por encima de lo que prevé
la política diseñada por el Partido Popular. Esto permitiría poner en marcha el Plan de Renta Garantizada, la extensión de la atención a la dependencia y la revalorización de las pensiones propuesta.
-  El resto de la diferencia con el Programa de Estabilidad (1,2 puntos porcentuales) se destinaría
a políticas medioambientales, vivienda y servicios comunitarios, ocio y cultura.
-  El resto de partidas (servicios públicos generales, defensa, orden público y asuntos económicos) sí mantendrían la reducción prevista en el Programa de Estabilidad actual.
Es decir, el peso del gasto en el PIB quedaría de la siguiente forma:

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Clasificación funcional, % PIB
Total
Servicios públicos generales
Defensa
Orden público y seguridad
Asuntos Económicos
Protección del medio ambiente
Vivienda y suministros comunitarios
Salud
Cultura, ocio y religión
Educación
Protección social

2015
43.2%
6.7%
1.0%
2.0%
4.0%
0.8%
0.4%
5.9%
1.1%
4.0%
17.2%

2019
Prog. Estab.
Propuesta
38.5%
43.2%
5.5%
5.5%
0.8%
0.8%
1.7%
1.7%
3.7%
3.7%
0.7%
1.1%
0.4%
0.6%
5.3%
6.8%
1.0%
1.4%
3.7%
4.6%
15.7%
17.0%

El desarrollo de la inversión pública estaría centrado en financiar la transición energética vinculada
al cambio de modelo productivo.
Debe acordarse igualmente la modificación sustancial de aquellos aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la aplicación de políticas fiscales adecuadas a la posición
cíclica de la economía y a las necesidades de reforzamiento del Estado de bienestar, y poner en
marcha la reforma del artículo 135 de la Constitución española.

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una propuesta de
expansión fiscal de 96.000 millones de euros para los 4 años de la legislatura. En esta
propuesta dicha cifra se reduce aproximadamente un tercio, hasta los 62.000 millones
de euros (15.500 millones anuales).

9.  NUEVA SENDA DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
El próximo Gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda
de reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía:
apuntalar la recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los servicios sociales y el Estado de bienestar para luchar contra las desigualdades. Esto exige un ritmo
de reducción del déficit significativamente más paulatino que el planteado por la Comisión Europea, y que en todo caso se produzca como consecuencia de una mejora en la financiación del
Estado y no gracias a nuevos recortes del gasto público. Pensamos que el ritmo debe ser de 0,75
puntos porcentuales de reducción anual, para pasar del 5,2% actual al 2,2% al final de la legislatura. Un ritmo superior podría fácilmente traducirse en una nueva asfixia económica y en la imposibilidad de fortalecer la cohesión social en nuestro país.

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una propuesta de
reducción del déficit público del 2,5% para la próxima legislatura. Se acepta aquí una
disminución del déficit más rápida, del 3% para el conjunto del periodo.

10. REFORMA TRIBUTARIA PROGRESIVA
El objetivo de esta reforma fiscal debe ser elevar la capacidad recaudatoria de la Hacienda española, que recordemos se encuentra a 8 puntos del PIB por debajo de la media de la UE.

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Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar 3 puntos porcentuales la ratio de ingresos/
PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser la lucha contra el fraude fiscal y la ampliación de las bases tributarias. Además, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales mediante la eliminación
de las deducciones más regresivas, deberá instaurarse un tipo efectivo mínimo para las grandes
empresas (del 15%), habrá que desarrollar un impuesto sobre transacciones financieras, recuperar
y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones (modificándose además el mínimo exento en el impuesto de patrimonio). Tendrá que reducirse además la dualidad de la tarifa
entre rentas del trabajo y ahorro, y deberá regularse la fiscalidad de las SICAV para eliminar las
«pantallas tributarias». Debe instaurarse un «impuesto de solidaridad» a las entidades financieras
privadas con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas
por el sector.
Esta reforma debe hacerse además reforzando la progresividad de nuestro sistema. Para ello se
aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción,
gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una reforma tributaria
que incrementase la recaudación fiscal un 4% del PIB. Se relaja aquí ese objetivo en un
punto del PIB. La vía para articular esta flexibilización pasa fundamentalmente por descartar subidas en los tipos nominales del IRPF y del Impuesto de Sociedades, y centrar
los esfuerzos de la reforma en elevar exclusivamente los tipos efectivos de dichas figuras
tributarias.
No se incrementarían por tanto los tipos marginales máximos para rentas superiores a
los 60.000 euros al año (aunque sí el tipo efectivo a pagar, vía eliminación de deducciones), ni tampoco se restituiría el tipo general del Impuesto de Sociedades al 30%.

11.  REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO
La sociedad española en el curso de la crisis se ha hecho cada vez más desigual. Esto es consecuencia de la propia crisis y, especialmente, de las políticas aplicadas durante estos años. Es
necesario revertir esta fuerte tendencia hacia la desigualdad, y el primer ámbito donde esto debe
y puede hacerse es en el ámbito laboral. Para ello es necesario reequilibrar la negociación colectiva y luchar contra los bajos salarios, determinantes de que la pobreza se haya extendido incluso
entre quienes tienen un puesto de trabajo. Además, es necesario impulsar una reforma de nuestro mercado de trabajo que sea capaz de atajar el fenómeno de la creciente precariedad laboral,
asociada en buena medida a un injustificado nivel de temporalidad y a una elevada cuota de empleos a tiempo parcial no deseado.
Es necesario avanzar en el desarrollo de un nuevo marco laboral que garantice la creación de
empleo de calidad. Para conseguirlo pensamos que un Gobierno de cambio debería apostar, entre otras, por las siguientes medidas:
Aprobar un calendario de incremento del Salario Mínimo Interprofesional que permita alcanzar
los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, y que en 2019
sea de al menos 900 euros al mes.
-  Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue los aspectos más lesivos para los
intereses de los trabajadores de la última reforma laboral, con los objetivos de: 1) reducir la precariedad; 2) reequilibrar la negociación colectiva; 3) impulsar la participación de los trabajadores
en la gestión de la empresa; y 4) eliminar las discriminaciones de género.
-  Reformar la contratación temporal y a tiempo parcial. Se establecerá un contrato único temporal (en lugar del contrato estable y progresivo) que contemplará las causas que justifiquen la

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utilización de ese modelo de contrato. Los contratos temporales cuya causa sea una obra o servicio determinado se convertirán de manera automática en indefinidos cuando su duración sea
superior a un año o cuando se concatene una sucesión de dichos contratos durante ese periodo.
-  Modificar la actual regulación del despido: a) en el despido improcedente el trabajador tendrá la titularidad de la opción de optar por la indemnización o la readmisión en la empresa; b) se
recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley; c) se reforzará la causalidad del despido
por razones económicas, productivas, técnicas y organizativas; d) se revertirá el abaratamiento
del despido de la reforma laboral de 2012; e) la autorización gubernamental preceptiva para los
Expedientes de Regulación de Empleo será obligatoria.
-  Reformar la negociación colectiva: a) Los convenios sectoriales tendrán preminencia sobre los
de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y se modificará la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos; b) se reconocerá el grupo empresarial como unidad de negociación; c) se aprobará un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los
convenios colectivos; d) con la finalidad de mejorar la eficacia de los sistemas de representación
en la empresa, se ampliará el ámbito de representación de los trabajadores a todas las empresas
y centros de trabajo que carezcan de representación unitaria; e) se suprimirá la unilateralidad del
empresario para fijar condiciones de trabajo, estructura y cuantía del salario; f) se reforzarán las
garantías para ejercer el derecho de huelga bajo el principio de autotutela.
-  Fortalecer los procedimientos de información y consulta mediante la implantación de un sistema similar a los Consejos de Vigilancia establecidos en Alemania.
-  Impulsar los mecanismos de flexibilidad interna (a través de la reducción de la jornada laboral) en las empresas ante los cambios en la demanda y en el nivel de actividad económica, para
evitar tanto los despidos como los ajustes a través del salario. Ante reducciones de la jornada,
debe existir compensación salarial del sector público.

Podemos estableció en su programa electoral una subida del SMI hasta los 950 euros al
mes al final de la legislatura. En esta propuesta reducimos a 900 euros al mes nuestra
petición de aumento del salario mínimo a lo largo de la próxima legislatura.
Por otro lado, la propuesta aquí contemplada deroga fundamentalmente la reforma laboral del Partido Popular (2012). Se hace menos hincapié en los aspectos lesivos de la
reforma laboral del PSOE (2010), dándose por buena una parte de dicha reforma. Se
acepta la causalidad del despido por razones económicas, pero se refuerza con más
garantías.

12.  PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PNTE)
Un PNTE estructurado alrededor de dos ejes:
1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna
vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas.
2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir
todos los eslabones en la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación.
El PNTE estará acompañado de una reforma en profundidad del sistema eléctrico que incluirá:
una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el
sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas
en concepto de Costes de Transición a la Competencia); el establecimiento de controles efectivos
para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical; la modificación del
marco regulatorio y del mercado eléctrico, de modo que todas las fuentes de generación de elec-

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tricidad reciban una retribución basada en los costes reales de producción; la aprobación de una
legislación del autoconsumo de manera que a) la energía autoconsumida instantáneamente quede
libre de cualquier tipo de imposición; b) la energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora; c) los trámites administrativos sean ágiles; d) se permitan
instalaciones compartidas; la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una
transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores; el cierre definitivo de la
central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el
resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024;
la recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.
Finalmente, no se autorizarán ni prospecciones ni instalaciones de fractura hidráulica (fracking)
por ser contrarias a la transformación del modelo energético que persigue el PNTE.

El elemento de flexibilidad que introducimos en la propuesta, para facilitar su negociación, se encuentra en la inversión anual destinada al PNTE y en su duración. En nuestra
propuesta original se dedica al PNTE, durante 20 años, una inversión público-privada
anual equivalente al 1,5% del PIB. Ahora dejamos abierta la posibilidad de negociar esa
cuantía de modo que la cifra final encaje coherentemente en el programa económico
que surja del potencial acuerdo.

13.  REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HIPOTECARIA DE LOS HOGARES
El peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en particular de la
deuda hipotecaria de los hogares. Entre 2000 y 2007 se firmaron en España más de 7 millones
de hipotecas. La sostenida caída en el precio de la vivienda entre 2008 y 2015 ha llevado a que
buena parte de aquellas hipotecas presenten en la actualidad una importante desproporción entre el valor nominal que se consignó en su momento y el valor real que los activos inmobiliarios
tienen hoy en el mercado. Así, son muchos los hogares sobre los que pesa una importante losa
económica: un elevado nivel de endeudamiento que lastra la demanda privada y dificulta la recuperación.
Pensamos que es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares
mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las
familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros estén en paro y no cuenten
con ningún otro ingreso o hogares que presenten ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM). Por
otro lado, se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de
deudas (fase de conciliación/fase de vista judicial), en el marco de un nuevo régimen de segunda
oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea
efectiva.

La propuesta original contenida en el programa de Podemos establecía que podrían
acogerse a este proceso de reestructuración de la deuda hipotecaria aquellos hogares
que tuvieran ingresos inferiores a 3 veces el IPREM (22.365 euros al año). Se endurece
ese criterio en la propuesta actual, de modo que el umbral para acogerse a dicho proceso de reestructuración pasa ahora por tener ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el
IPREM (18.637 euros al año).

14.  NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL
Nuestro modelo productivo necesita que se articulen aquellas medidas que puedan impulsar un
cambio en las especializaciones sectoriales e industriales que permitan desplazar nuestro tejido
empresarial hacia ramas de mayor valor añadido y mayor productividad. Para ello, se fijará como

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objetivo que la inversión nacional en I+D+i se sitúe en el 2% del PIB. En esta nueva política industrial cobran un mayor peso los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las
capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público. Con el fin de que
España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de entendimiento firmado con la UE
para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO.

Contar con un tejido productivo moderno y desarrollado, que supere nuestra tradicional
dependencia de la actividad constructora y de los servicios de medio y bajo valor añadido, exige converger con la media de la UE en materia de I+D, y mantener bajo control
público entidades financieras como Bankia y Banco Mare Nostrum, que puedan financiar
una nueva política industrial. No podemos renunciar por tanto a la aspiración de renegociar los términos del Memorando de Entendimiento firmado con la UE para mantener
dichas entidades bajo control del Estado.

15. REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Debe garantizarse el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de igualdad, mérito
y capacidad. Tales principios deben presidir igualmente la vigencia de la vida funcionarial y los
derechos de los empleados públicos, en lo relativo a la provisión de puestos de trabajo, sistema
de carrera administrativa y promoción interna. No obstante, debe impulsarse una reforma de la
función pública que adapte la carrera funcionarial a las necesidades de la sociedad actual y actualice algunos aspectos de su marco regulador.

Aceptamos la propuesta de Ciudadanos incluida en el documento suscrito junto con
el PSOE (página 50) de elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del
funcionariado para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de
permanencia en esta situación.

16.  SISTEMA ELECTORAL.
España, al igual que la mayoría de las democracias parlamentarias, cuenta con un sistema electoral de fórmula proporcional que distribuye a los representantes en Cortes en las distintas circunscripciones de acuerdo con un doble criterio de representación territorial y proporcional. Sin
embargo, el diseño confeccionado por los constituyentes configuró uno de los sistemas electorales de fórmula proporcional menos proporcional de Europa, con efectos homologables al sistema
mayoritario británico. Defender la igualdad política implica apostar por un sistema electoral en el
que el voto de todas las personas cuente lo mismo: una persona, un voto.
Defendemos una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que refuerce
la proporcionalidad de nuestro sistema electoral.

Nuestro compromiso con relación a la modificación del sistema electoral se ha basado en
la apertura de un proceso de reforma profunda que incluyese la modificación de todos los
marcos jurídicos implicados en el diseño de nuestro sistema electoral. Podemos proponía
en su programa original la inmediata modificación del artículo 68.2 de la Constitución española para sustituir la circunscripción provincial por la circunscripción autonómica.
En esta propuesta, restringimos nuestra aspiración de modificación al ámbito de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tal y como se propone en el documen-

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to suscrito entre el PSOE y Ciudadanos (página 49), rebajando los contenidos relativos
a la proporcionalidad del sistema (solo se abordarán aquellos enmarcados en la LOREG)
y circunscribiendo la revisión a la apertura de las listas, la incorporación de exigencias
de democracia interna en los partidos o reducción del número de diputados asignados
por provincia.

17.  FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
Desarrollo de una nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, centrada en la prevención del
delito específico para los partidos y la erradicación de la corrupción con las siguientes propuestas relativas al control de la financiación:
-  Equiparación de la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos.
-  Prohibición de las donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente
establecido para las donaciones monetarias.
-  Limitar severamente el endeudamiento bancario por parte de partidos políticos.
-  Aumento del plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y aclaración de los casos de duplicidad de sanciones.
-  Desarrollo específico adaptado a formaciones políticas de la norma expresada en el artículo
31 bis del Código Penal dirigida a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
-  Publicar la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5.000 euros al año.

Entendiendo la dificultad que nuestra propuesta programática sobre la prohibición de la
financiación bancaria de partidos políticos o reducción al máximo de su cuantía (medida
247 de nuestro programa electoral y página 63 de nuestra propuesta) puede suponer
para un acuerdo de Gobierno, renunciamos a sus máximos y proponemos limitar a la mitad del volumen del gasto anual de cada partido la cuantía susceptible de ser financiada
por los bancos.

18. PUERTAS GIRATORIAS
Si importante es una correcta regulación de las incompatibilidades de los cargos públicos, la prohibición de las denominadas «puertas giratorias» es una de las principales medidas en materia de
transparencia, blindando constitucionalmente estas incompatibilidades para altos cargos públicos. Para ello, se deben adoptar las siguientes medidas:
-  Extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales.
-  Acceso público a las agendas de los cargos públicos, especialmente en su relación con las empresas privadas y el establecimiento de la incompatibilidad de contratar con aquellas con las que
exista o haya existido algún vínculo personal, familiar o relación de amistad conocida públicamente.
-  Extender la incompatibilidad de los cargos públicos y políticos a las relaciones profesionales
remuneradas de cualquier tipo con empresas o grupo de ellas que previamente hayan tenido alguna relación contractual con la Administración o hayan recibido subvenciones o exoneraciones
de cualquier tipo.

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-  Establecer un mínimo de cinco años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito
afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública.
-  Impedir que cualquier excargo electo participe en consejos de administración de empresas
que operan en sectores estratégicos del Estado.
-  Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.
-  Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies
informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas
tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

Tratando de tender puentes en esta materia, aceptamos reducir el plazo de 10 a 5 años
tras el cese de los altos cargos del Estado para quienes tratan de incorporarse ex novo
a empresas, fundaciones y entidades de un sector sobre el que no tenían experiencia
profesional previa (renuncia a los contenidos del punto 3, página 60 de nuestro documento Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías
y asunción del acuerdo sobre la base de lo descrito en el punto correspondiente de la
página 50 del documento suscrito entre PSOE y Ciudadanos).

19. DERECHO A DECIDIR
El desarrollo de los procesos de descentralización propuestos en el título VIII de la Constitución
a lo largo de las últimas tres décadas ha revelado imprescindible una reformulación del modelo
territorial para que todas las naciones, comunidades políticas y territorios puedan encontrar su
encaje dentro de España si así lo deciden.
Para poder garantizar que se haga desde la plena adhesión a un proyecto común, lo anterior
debe tener como correlato la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad. Es en ese marco, el de la reconstrucción de un proyecto
común, donde queremos desarrollar un Estado plurinacional en el que todas las comunidades
nacionales y culturales puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario sin imposiciones.
Proponemos empezar así por el reconocimiento previo y específico de las diversas realidades
nacionales, para poder abordar después el modelo territorial, mientras aseguramos el respeto a
los diversos campos competenciales.
Dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia, desplazamos el ámbito de
negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa
de negociación integrada por En Comú Podem y PSC, comprometiéndonos a asumir
como propio el acuerdo que ambas fuerzas alcancen.

20. GOBIERNO DE COALICIÓN
Un Gobierno de cambio debe estar integrado en coalición por las distintas fuerzas progresistas
que lo sustentan (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, IU y Compromís) en función de
sus respectivos apoyos electorales. Este debe ser un Gobierno de cambio, plural y proporcional,
que asuma que el nuevo sistema pluralista obliga a abandonar el rodillo parlamentario de las
mayorías absolutas e instala el diálogo y el respeto en el centro de la vida política, tanto en Con-

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política y posibilitar un
Gobierno de cambio

greso como en el Ejecutivo; un Gobierno de coalición que posea la virtud de construir estabilidad
política en un escenario fragmentado y facilite la normalización del diálogo entre partidos con
planteamientos políticos diferentes.
Para ello, apostamos por un Gobierno en el que, además de los representantes de las distintas
fuerzas progresistas y de cambio, se integren personas independientes acordadas por consenso. Podemos facilitará todo cuanto le sea posible la formación de ese Gobierno. El propio Pablo
Iglesias ya ha declarado que si su presencia en dicho gobierno constituye un obstáculo para su
conformación, él dará un paso atrás.

La propuesta de Gobierno de coalición hecha pública por Podemos y sus confluencias
contemplaba la Vicepresidencia del Gobierno para Pablo Iglesias, y un Ejecutivo integrado por miembros de los respectivos partidos. El Secretario General de Podemos ha
dado un paso atrás para permitir la conformación de este Gobierno, y además Podemos
asume la posibilidad de que no todos los integrantes del Ejecutivo tengan que ser personas de uno u otro partido, sino posibles independientes de consenso.

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