TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
AUTO

CAUSA ESPECIAL
Nº de Recurso:20442/2016
Fallo/Acuerdo: Auto Archivo Querella o Denuncia
Procedencia: DENUNCIA
Fecha Auto: 08/07/2016
Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Soriano Soriano
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo
Escrito por: FGR

Causa Especial

 Recurso Nº: 20442/2016
Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Soriano Soriano
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
AUTO

Excmos. Sres.:
D. Manuel Marchena Gómez
D. José Ramón Soriano Soriano
D. Francisco Monterde Ferrer

En la Villa de Madrid, a ocho de Julio de dos mil dieciséis.

I. HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 12 de mayo pasado se recibió en el Registro
General de este Tribunal escrito presentado por DON LUIS MARTÍNEZ
VÁZQUEZ

formulando

denuncia

contra

DON

PABLO

MANUEL

IGLESIAS TURRION.

SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala y registrado con el núm. 3/
20442/2016 por providencia de 19 de mayo se designó Ponente para conocer

 de la presente causa y conforme al turno previamente establecido, al
Magistrado Excmo. Sr. Don José Ramón Soriano Soriano y se interesó del
Ilmo. Sr. Secretario Gobierno certificación acreditativa de la condición de
Miembro actual de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados
del Sr. Iglesias Turrión al haber sido disueltas las Cortes Generales por Real
Decreto 184/2016.- Acreditada tal condición se remitieron las actuaciones al
Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y contenido de la denuncia
formulada.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal, en el trámite correspondiente,
evacuó traslado con fecha 27 de junio de 2016 interesando se declare la
competencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo no admitiendo a trámite
la denuncia y decretando el archivo del procedimiento, conforme al art. 269
LEcrm.

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Por DON LUIS MARTÍNEZ VÁZQUEZ se ha
presentado escrito formulando denuncia contra Don Pablo Manuel Iglesias
Turrión, Miembro actual de la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados por los hechos siguientes:
"...El Gobierno de Nicolás Maduro efectuó un pago de 272.325
dólares a Pablo Iglesias a través de un banco situado en un paraíso fiscal. La
operación se realizó en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de
Podemos. La orden realizada por las autoridades venezolanas se camufló
como un pago de "asesorías para el desarrollo social en el país". se adjuntan
doc. nº 1 al 3.- Según unos documentos publicados el viernes 6-5-16 por el
periódico digital OKDIARIO, Rodolfo Clemente Marco torres, Ministro del
Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, ordenó realizar una

 transferencia por un total de 272.325 dólares a pagar a Pablo Iglesias
Turrión. El encargado de ejecutar la orden de pago fue Carlos Erik Malpica
Torres, Tesorero Nacional.- Dicho pago opaco a Pablo Iglesias se realizó a
una cuenta bancaria radicada en las Islas Caribeñas de San Vicente y las
Granadinas.- Esta cuenta podría ser de Iglesias, si bien los jerarcas
bolivarianos se refieren a él en clave como " Santa María", segundo apellido
de su madre, Luisa Turrión. El banco utilizado para llevar a cabo esta
operación es el Euro Pacific Bank, con sede en Kingstown, capital de la Isla
San Vicente y las Granadinas...". La denuncia se acompaña de tres fotocopias.

SEGUNDO.- Al dirigirse la denuncia contra quien ostenta la
condición de Miembro actual de la Diputación Permanente del Congreso de
los Diputados, esta Sala es competente conforme al art. 71.3 CE y 57.1.2º
LOPJ para su conocimiento

TERCERO.- Tras una atenta lectura de la denuncia, en ella no se
ofrece elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la
realidad de la posible comisión de un hecho delictivo.

La circunstancia de que los hechos relatados por el denunciante se
sustenten en el contenido de informaciones periodísticas publicadas en el
periódico digital OKDIARIO, sin aportar ningún dato objetivo adicional, del
que el denunciante haya podido tener conocimiento, y que permita su encaje
en algún tipo penal, no puede cumplir esta función. La mera publicación de
informaciones en los medios de comunicación no puede justificar la apertura
de un procedimiento penal para su investigación si la denuncia que los
incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión
que pueda ser calificado como accesible y racional. En esas condiciones, la

 denuncia se concreta en la mera remisión al Tribunal de una serie de
informaciones, difundidas públicamente a través de medios de comunicación.

En este mismo sentido, hemos dicho en auto de 7 de junio de 2010
(Causa Especial núm. 20602/2009, querella presentada contra un ex Ministro)
que procede la inadmisión de una querella cuando el querellante se limita a
narrar unos hechos sustentados únicamente en una información periodística,
careciendo de mínimo apoyo probatorio, y que desde su perspectiva considera
ocurridos, pero sin que acompañe a su denuncia datos objetivos y accesibles
de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervención de la persona
querellada.

Decisión también adoptada en el auto de 31 de mayo de 2011 (Causa
Especial núm. 20080/2011, presentada contra un ex Presidente del Congreso).
Ello porque la mera remisión al contenido de las informaciones supone que
quien interpone la denuncia no asume como propia la imputación de tales
hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una
eventual falsedad.

Tampoco es posible afirmar en el caso examinado que las
informaciones periodísticas citadas por el denunciante sean verdaderos
«indicios», concepto que en su acepción penal es entendido como “todo
rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, o
mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de
inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido” (STS núm. 548/2009,
de 1 de junio), sino de simples noticias.
Apariencia

delictiva

decimos

no

existe,

pues

el

pago

por

asesoramientos al Gobierno de Venezuela, no constituye el delito de
financiación ilegal que por primera vez se tipificó en la reforma de 2015, ni

 tampoco blanqueo de capitales o fiscal, pues para su existencia en relación con
el primero, tendría que constar el origen delictivo de los bienes y no pueden
presumirse ilegítimos

y procedentes de delito los bienes recibidos del

Gobierno de un país en contraprestación por servicios de asesoramiento, y en
el segundo delito, no consta la elusión del pago de tributos por esa cantidad en
cuantía superior a la cuota prevista del art. 305 CP.
En definitiva, a tenor de los hechos descritos en la denuncia y a la vista
de la carencia de elementos que indiciariamente los puedan sustentar como
delictivos, conforme peticiona el Ministerio Fiscal ante esta Sala y dispone el
art. 269 LEcrm, procede abstenerse de todo procedimiento y acordar el
archivo de lo actuado.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: 1.-) Declarar la competencia de esta Sala para

conocer de la denuncia presentada por DON LUIS MARTÍNEZ VÁZQUEZ
contra DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRION. 2.-) Abstenerse de
todo procedimiento por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno
y acordar el archivo de lo actuado.

Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. que han
formado Sala para ver y decidir la presente, de lo que como Secretario,
certifico.

D. Manuel Marchena Gómez

D. José Ramón soriano Soriano

D. Francisco Monterde Ferrer