FACULTADES DE LA MESA RESPECTO DE LA CALIFICACION DE LOS
ESCRITOS DE DISCONFORMIDAD DEL GOBIERNO A LA TRAMITACION
DE PROPOSICIONES DE LEY.

Con fecha de 14 de octubre de 2016 (núms. de registro 6388 a 6394 y 6396), 28
de octubre de 2016 (núm. de registro 7345) y 7 de noviembre de 2016 (núms. de registro
7812 y 7813) el Gobierno presentó en el Registro General de la Cámara, en virtud de lo
establecido en el artículo 134.6 de la Constitución, comunicación de su disconformidad
respecto de la tramitación de las siguientes proposiciones de Ley:

- Proposición de Ley sobre la suspensión del calendario de la implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(Orgánica).

— Proposición de Ley sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria
pública.

- Proposición de Ley sobre generación de energía eléctrica renovable para
autoconsumo.

- Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

- Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de
la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

- Proposición de Ley sobre la creación de un fondo de compensación a las víctimas
del amianto.

- Proposición de Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la
pobreza energética.

— Proposición de Ley de supresión de tasas judiciales.
- Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los
Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los

trabajadores subcontratados.

- Proposición de Ley sobre generación de energía eléctrica renovable para
autoconsumo.

- Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido

 

por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
la derogación del apartado 7º del articulo 241.1.7 LEC añadido por Ley 37/2011,
de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

- Proposición de Ley para la modificación del régimen de tasas judiciales y la
exención a ciertas entidades.

- Proposición de Ley sobre la paralización del calendario de la implantación de la
LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa) y para la derogación de las disposiciones adoptadas en su desarrollo
(Orgánica).

En su reunión de 18 de octubre, la Mesa encomendó a la Secretaria General la
elaboración de un informe sobre calificación de los escritos del Gobierno en los que
contemple la jurisprudencia existente en la materia, a fm de poder tener un criterio de
actuación sobre la motivación que el Gobierno ha de acompañar para que se atienda su
petición, así como sobre el propio ámbito de competencia de la Mesa, teniendo en cuenta
que afecta al ejercicio de la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios.

Esta cuestión ha sido planteada a la Secretaría General en Legislaturas anteriores.
Sobre la base de los informes elaborados entonces y la incorporación de los precedentes
más recientes, se elabora la siguiente nota.

I. DISPOSICIONES APLICABLES

En su artículo 134.6, la Constitución dispone lo siguiente:

“Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución
de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su
tramitación. ”

En desarrollo de dicho precepto constitucional, los apartados 2 y 3 del artículo
126 del Reglamento del Congreso de los Diputados establecen lo siguiente referido a las
proposiciones de ley:

“2. Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la
proposición de ley y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio
respecto a la toma en consideración, asi como su conformidad o no a la
tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos
presupuestarios.

 

3. Transcurridos treinta días sin que el Gobierno hubiera negado expresamente
su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de
ser incluida en el orden del dia del Pleno para su toma en consideración. ”

II. PRECEDENTES

A. I Legislatura

1) De 1980 a marzo de 1982

a) De 1980 a marzo de 1982, fueron remitidos por el Gobierno escritos de
oposición a la tramitación de las siguientes proposiciones de ley, por suponer un aumento
del gasto público:

* Proposición de ley relativa a la creación de una pensión social para ancianos y
enfermos, presentada por el Grupo Parlamentario Comunista (núm. reg. 5371;
acta de la Mesa de 23 de septiembre de 1980).

— Proposición de ley sobre dignificación real de la tercera edad, presentada por
el Grupo Mixto (núm. reg. 7373; acta de la Mesa de 10 de febrero de 1981).

- Proposición de ley sobre la creación del parque natural de la Cabecera del
Genil, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (núm.
reg. 8018; acta de la Mesa de 21 de abril de 1981).

- Proposición de ley de modificación de la entrada en vigor de la ley de la
situación de la reserva activa y edades de retiro del personal militar
profesional, presentada por D. Alfonso Osorio García del Grupo
Parlamentario de Coalición Democrática (núm. reg. 11208; acta de la Mesa
de 9 de marzo de 1982).

— Proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 20/ 1981, de 6 de julio,
sobre creación de la situación de reserva activa y fijación de las edades de
retiro, para el personal militar profesional (núm. reg. 11710; acta de la Mesa
de 9 de marzo de 1982).

— Proposición de ley sobre Escuelas Infantiles, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso (núm. reg. 11711; acta de la Mesa de 9 de marzo de
1982)

 

Proposición de ley relativa a beneficios fiscales a viviendas de protección
oficial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (núm. reg. 11712;
acta de la Mesa de 9 de marzo de 1982).

Proposición de ley relativa a los capitanes y tenientes retirados de la Guardia
Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña (núm.
reg. 11850; acta de la Mesa de 16 de marzo de 1982).

b) En el mismo periodo, el Gobierno se opuso a la tramitación de las siguientes
proposiciones de ley porque su tramitación habría implicado una disminución de los
ingresos presupuestarios:

Proposición de ley sobre modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, presentada por el Grupo Parlamentario Coalición
Democrática (núm. reg. 6246; acta de la Mesa de 18 de noviembre de 1980).

Proposición de ley sobre utilización de propano y butano comercial destinado
a carburante de automoción (núm. reg. 7449; acta de la Mesa de 10 de marzo
de 1981).

Proposición de ley sobre exención del Impuesto General sobre el Tráfico de
Empresas en servicios de asistencia manicomial prestados por Diputaciones
Provinciales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
(núm. reg. 8820; acta de la Mesa de 16 de junio de 1981).

Proposición de ley relativa a beneficios fiscales a viviendas de protección
oficial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (núm. reg. 11712;
acta de la Mesa de 9 de marzo de 1982).

0) Asimismo, la oposición a las siguientes proposiciones de ley se motivaba en
que su tramitación implicaba un aumento de gasto público y, en su caso, disminución de
ingreso público:

a

Proposición de ley sobre empleo juvenil, presentada por el Grupo
Parlamentario Comunista (núm. reg. 7341; acta de la Mesa de 3 de marzo de
1981)

Proposición de ley relativa a la devolución del patrimonio confiscado a
cooperativas y centros culturales al término de la Guerra Civil, presentada por
el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña (núm. reg. 10770; acta de la
Mesa de 9 de marzo de 1982).

 

Respecto de todos ellos, la Mesa, según consta en las respectivas actas, estudia
dichos escritos, sin adoptar otro acuerdo. Por lo que cabe entender que acepta el criterio
del Gobierno.

2) A partir de abril de 1982

A partir de abril de 1982, consta la remisión por el Gobierno de escritos de
oposición a la tramitación de las siguientes proposiciones de ley, motivándose en un
aumento del gasto público:

- Proposición de ley sobre Estatuto del Minero, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso (núm. reg. 12426; acta de la Mesa de
20 de abril de 1982).

- Proposición de ley relativa a la igualdad de la mujer ñmcionaria en los
derechos pasivos, presentada por el Grupo Mixto (núm. reg. 12729; acta de la
Mesa de 4 de mayo de 1982).

— Proposición de ley relativa a las pensiones de viudedad en el sistema de la
Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (núm. reg.
13083; acta de la Mesa de 1 de junio de 1982).

- Proposición de ley relativa al reconocimiento de nivel de proporcionalidad 10
(Licenciados Universitario, Arquitectos e Ingenieros) a los Oficiales
Radiotelegrañstas de Primera, funcionarios de la Administración estatal,
autónoma o institucional, presentada por el Grupo Parlamentario Centrista
(núm. reg. 13084; acta de la Mesa de 1 de junio de 1982).

- Proposición de ley relativa a la extensión de la desgravación fiscal por
inversiones a otras modalidades, presentada por el Grupo Parlamentario de la
Minería Catalana (núm. reg. 13151; acta de la Mesa de 8 de junio de 1982).

- Proposición de ley sobre la autonomía universitaria, presentada por el Grupo
Parlamentario Comunista (núm. reg. 13152 acta de la Mesa de 8 de junio de
1982)

- Proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 20/1981, de 6 de julio,
de situación de la reserva activa o fijación de las edades de retiro para el
personal militar profesional, presentada por el Grupo Parlamentario Coalición
Democrática (núm. reg. 13227; acta de la Mesa de 15 de junio de 1982).

 

- Proposición sobre beneñcios fiscales a viviendas ubicadas en polígonos de
nueva urbanización 0 reforma interior, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista (núm. reg. 13228; acta de la Mesa de 15 de junio de 1982).

- Proposición de ley relativa al régimen legal de la metrología, presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto (núm. reg. 13316; acta de la Mesa de 28 de
junio de 1982).

En todos ellos la Mesa estudia el escrito remitido por el Gobierno y acuerda el
traslado del mismo al autor de la iniciativa. Acepta, por tanto, el criterio del Gobierno.

B. 11 Legislatura

La Mesa de la II Legislatura establece en su reunión de 8 de marzo de 1983 el
criterio de que la oposición del Gobierno sólo es posible cuando una proposición de ley
implique aumento de gastos o disminución de ingresos presupuestarios respecto del
Presupuesto en vigor y no respecto de presupuestos ñ1turos, lo que obliga a considerar
una por una las proposiciones de ley a las que se formula oposición.

De conformidad con dicho criterio, la Mesa decide calificar como correcta y
eficaz, con arreglo al artículo 126.3 del Reglamento, la oposición del Gobierno (núm.
reg. 1274) a la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo de Minoría
Catalana sobre desgravación por inversiones, en la medida en que implica disminución
de ingresos presupuestarios de los presupuestos prorrogados en vigor. La toma en
consideración de la citada proposición estaba incluida en el orden del día de la sesión
plenaria que tendría lugar en la misma semana que la reunión de la Mesa, por lo que se
procedió asimismo a su retirada del orden del día (acta de la Mesa de 8 de marzo de
1983)

Asimismo, en cumplimiento del citado criterio, la Mesa decidió no admitir a
trámite de toma en consideración las siguientes Proposiciones de ley, por oponerse el
Gobierno a su tramitación (núm. reg. 890, 891, 892, 895, 1407 y 1475 respectivamente) e
implicar aumento de gastos o disminución de ingresos en el ejercicio presupuestario en
v1gor:

- Proposición de Ley de Minoría Catalana sobre devolución del patrimonio
conñscado a Cooperativas y centros culturales después del final de la guerra
civil (acta de la Mesa de 15 de marzo de 1983).

— Proposición de ley de Minoría Catalana, sobre pensiones mínimas y su
aplicación al régimen especial de los trabajadores autónomos (acta de la Mesa
de 15 de marzo de 1983).

 

Proposición de ley de Minoría Catalana, sobre revisión del incremento de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social (acta de la Mesa de 15 de marzo
de 1983).

Proposición de ley de Minoría Catalana, sobre modificación de la Ley
20/1981, de creación de la reserva activa y fijación de la edad de retiro del
personal militar (acta de la Mesa de 15 de marzo de 1983).

Proposición de ley relativa a la regulación del Impuesto sobre la Renta de
Personas Físicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular (acta de la
Mesa de 22 de marzo de 1983).

Proposición de ley sobre reconocimiento por años trabajados a efectos de la
Seguridad Social de los periodos de prisión sufridos como consecuencia de
los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977,
(acta de la Mesa de 22 de marzo de 1983).

En el mismo sentido, la Mesa acordó que “implica disminución de ingresos por lo
que no procede someterla a la toma en consideración por el Pleno de la Cámara, dando
traslado del acuerdo al Grupo proponente ” en relación con los criterios del Gobierno de
disconformidad (núm. reg. 1637 y 1650 respectivamente) con las siguientes iniciativas
legislativas:

Proposición de ley del Grupo Popular sobre modificación de la Ley 20/1981,
de 6 de julio, de creación de la situación de reserva activa y fijación de las
edades de retiro para el persónal militar profesional (acta de la Mesa de 6 de
abril de 1983).

Proposición de ley del Grupo de la Minoría Catalana relativa a la adecuación
de las bases y de las deducciones comprendidas en la Ley 44/1978, de 8 de
septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en función
del índice de precios al consumo (acta de la Mesa de 6 de abril de 1983).

En relación con la proposición de ley del Grupo Mixto sobre asistencia y
protección de las migraciones trabajadoras, la Mesa acordó, a la vista del criterio del
Gobierno manifestando su disconformidad a la tramitación de la misma (núm. reg. 4234),
que “implica aumento de gastos de los presupuestos en vigor, por lo que no procede
someterla a la toma en consideración por el Pleno de la Cámara” (acta de la Mesa de 27
de septiembre de 1983).

 

En relación con la proposición de ley, del Grupo de la Minoría Catalana, relativa
al restablecimiento de normas específicas de valoración o de atribución de valores a
efectos fiscales, que fue asimismo objeto de un escrito de oposición del Gobierno a su
tramitación (núm. reg. 1530), la Mesa acordó lo siguiente: “considerando que la
proposición de ley en su disposición final prevé que “la presente Ley entrará en vigor
con efectos al dia ] de enero de 1983... ”, implica disminución de ingresos de los
Presupuestos en vigor, por lo que no procede someterla a la toma en consideración por
el Pleno de la Cámara” (acta de la Mesa de 6 de abril de 1983).

Respecto de la proposición de ley del Grupo Mixto, para que desaparezca la
discriminación de que son objeto en la Ley 37/1984, de 22 de octubre, los militares
profesionales de la República que accedieron a sus empleos en las Fuerzas Armadas con
posterioridad al 18 de julio de 1936, el oficio del Gobierno (núm. reg. 26010)
argumentaba su oposición en el aumento de créditos presupuestarios. En virtud de ello, la
Mesa adoptó el siguiente acuerdo: “no procede someterla a la toma en consideración
por el Pleno de la Cámara, conforme al artículo 126 del Reglamento ” (acta de 8 de abril
de 1986).

En cumplimiento del mismo criterio, la Mesa acuerda, a pesar de la Oposición del
Gobierno (núm. reg. 1273, 893, 894 y 1408 respectivamente), tramitar las siguientes
proposiciones de ley, por no implicar aumento de gastos o disminución de ingresos
presupuestarios del Presupuesto en vigor:

- Proposición de ley del Grupo Popular sobre Cámaras Agrarias (acta de la
Mesa de 8 de marzo de 1983). Asimismo, la Mesa acordó que, al no afectar al
presupuesto en vigor, la proposición de ley “debe permanecer en el orden del
día de la sesión plenaria y ser objeto de debate en torno a su toma en
consideración ”.

- Proposición de ley del Grupo Minoría Catalana, sobre igualdad de la mujer
trabajadora en las prestaciones de la Seguridad Social (acta de la Mesa de 15
de marzo de 1983).

- Proposición de ley del Grupo Minoría Catalana sobre pensiones vitalicias del
régimen especial agrario de la Seguridad Social anterior al 20 de febrero de
1974 (acta de la Mesa de 15 de marzo de 1983).

— Proposición de ley del Grupo Popular, relativa a la gratuidad de la enseñanza
constitucionalmente obligatoria. El escrito de oposición del Gobierno
argumentaba que la proposición de ley comportaba un aumento de gastos
(acta de la Mesa de 22 de marzo de 1983).

 

En relación con el criterio del Gobierno oponiéndose a la tramitación y, en todo
caso a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular sobre regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (núm. reg. 2387), asi como de la proposición de ley también presentada por el
Grupo Parlamentario Popular sobre regulación del pago de interés por demora sobre las
cantidades retenidas por el Estado a los contribuyentes con derecho a devolución en el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (núm. reg. 2441), por implicar en ambos
casos disminución de ingresos, la Mesa acordó, en su reunión de 24 de mayo de 1983,
incluir dicho criterio en la relación de asuntos susceptibles de ser incluidos en sesión
plenaria.

En relación con la proposición de ley del Grupo Popular relativa a la
modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre el Lujo, el Gobierno emitió un
criterio (núm. reg. 2716) de oposición a la tramitación de la citada Proposición, si bien la
Mesa acordó la admisión a trámite de toma en consideración de la proposición de ley
(acta de la Mesa de 7 de junio de 1983). Con posterioridad, el Gobierno remitió una
nuevo escrito de oposición a la tramitación en el que argumentaba que “al presentarse la
proposición en el año 1983 no se afectaba el presupuesto en vigor, pero no es menos
cierto que hoy al tramitarse, toda vez que la proposición pretende entrar en vigor el ] de
enero de 1984, si afectaría a los créditos e ingresos presupuestarios para 1984
aprobados por las Cortes Generales y publicados en el BOE” (núm. reg. 7463). Tras
examinar el nuevo escrito del Gobierno, la Mesa, en su reunión de 22 de febrero de 1984,
acordó por mayoría, que “por implicar aumento de gastos o disminución de ingresos
para el presupuesto del ejercicio en vigor, no procede su admisión a trámite de toma en
consideración, por lo que deberá retirarse del orden del dia de la sesión plenaria”.

Tras examinar el oficio del Gobierno de disconformidad a la tramitación (núm.
reg. 7575), la Mesa, en su reunión de 29 de febrero de 1984 acuerda no proceder la
admisión a trámite de toma en consideración de la proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa a la enseñanza de la asignatura de niveles de BUP
y PP y del Profesorado que ha de impartirla, por implicar aumento de gastos o
disminución de ingresos. Asimismo, la Mesa acuerda que deberá retirase del orden del
día de la sesión plenaria.

La Mesa, en la misma reunión, adopta idéntico acuerdo en relación con la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, relativa a la
devolución del patrimonio confiscado a C00perativas y Centros Culturales al término de
la Guerra Civil y que había sido objeto de un escrito del Gobierno de disconformidad a
su tramitación (núm. reg. 7576). Dicho acuerdo de la Mesa es objeto de una solicitud de
reconsideración por parte del Grupo autor (núm. reg. 7741). La Mesa, en su reunión de 7
de marzo de 1984, acordó “mantener el acuerdo anteriormente adoptado, por la
precisión de que el Gobierno solamente podrá hacer uso de la facultad de negar su

 

conformidad a que se sometan proposiciones de ley a ai toma en consideración, hasta la
expiración de*30 dias hábiles a contar desde primera de_£ebrero último; asi con-:o la
particularidad de que los Grupos Parlamentarios podrán subsanar la referencia al año
1984, cambióndola por otra al año 1985, sin necesidad de nueva presentación de
iniciativa

En relación con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre
modificación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 20/1981, de 6 de julio, de
creación de la situación de reserva activa y fijación de las edades de retiro para el
personal militar profesional, el Gobierno remitió su criterio negando su conformidad a la
tramitación de la misma (núm. reg. 25421). La Mesa, en su reunión de 5 de marzo de
1986, adoptó el siguiente acuerdo: “considerando que, de acuerdo con el criterio
establecida por ia Mesa al interpretar el Reglamento, no existe precepto en la iniciativa
que apiaee !a entrada en vigor de la Ley para el ejercicio presupuestario siguiente al de
la fecha de su aprobación, tener por eficaz la no conformidad del Gobierno a su
tramitación comanicándolo al Grupo proponente

C. IX Legislatura

Con fecha de 4 de septiembre de 2008, el Gobierno presentó dos escritos (núm.
reg. 34768 y 34769) en los que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y
conforme a lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, traslada el criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de las
siguientes Proposiciones de Ley:

- La Proposición de Ley relativa a la aplicación del tipo reducido del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) a las residencias de mayores y discapacitados
(núm. expdte. 122/000094).

- La Proposición de Ley relativa al impulso de las infraestructuras hidráulicas
en Aragón (núm. expdte. 122/000095).

En ambos casos, el Gobierno manifiesta no prestar su conformidad para la
tramitación de las iniciativas conforme al artículo 134.6 de la Constitución. En el caso de
la iniciativa relativa a la aplicación del IVA a las residencias de mayores y
discapacitados, el Gobierno justifica su disconformidad por suponer una disminución de
ingresos presupuestarios, mientras que en el caso de la iniciativa relativa al impulso de
las infraestructuras en Aragón, la disconformidad se fundamenta en el aumento de los
créditos presupuestarios que supondría la aprobación de la proposición de ley.

A la vista de los escritos presentados, la Mesa de la Cámara, en su reunión de 10
de septiembre de 2008, adoptó en ambos casos el siguiente acuerdo: “Expresada por el

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Gobierno su disconformidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la
Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara. Acordar que no procede la toma en
consideración por el pleno de la citada Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este
acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el
Boletín. ”

Con fecha de 19 de septiembre de 2008, el Gobierno presentó una comunicación
(núm. reg. 35764) de disconformidad a la tramitación de la Proposición de Ley de
reparación de la discriminación laboral sufrida por las mujeres durante la dictadura
franquista (núm. expdte. l22/000096). El criterio del Gobierno era contrario a la
tramitación de la citada iniciativa, por conllevar un incremento de gasto público.

La Mesa, en su reunión de 23 de septiembre de 2008, acordó adoptar el mismo
acuerdo que para los otros dos escritos de disconformidad remitidos hasta la fecha en la
IX Legislatura.

El Gobierno remitió al Congreso de los Diputados, con fecha de 26 de septiembre
de 2008, comunicación (núm. reg. 38046) de su disconformidad respecto de la
tramitación de la Proposición de Ley por la que se reforma el Estatuto Básico del
Empleado Público para garantizar a los empleados públicos el incremento de sus salarios
de acuerdo al IPC real (núm. expdte. l22/000097), en la que señalaba que el contenido de
la citada iniciativa legislativa podía suponer un aumento de los créditos presupuestarios.
La Mesa de la Cámara acordó en su reunión de 30 de septiembre de 2008 “Solicitar al
Gobierno que complemente la información contenida en su escrito, en relación con los
requisitos establecidos en el artículo 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento
del Congreso de los Diputados”. El Gobierno remitió a la Cámara, con fecha de 6 de
octubre de 2008, la información complementaria (núm.reg. 40286) en la que se afirmaba
que la Proposición de Ley en cuestión conllevaría que hubiera “un di]%rencial entre la
revalorización incluida en la Ley de Presupuestos y el indice de precios al consumo real
que, en caso de resultar negativo, conllevaría, en primer lugar, la actualización
retributivo y, en segundo lugar, la percepción de la diferencia correspondiente al
ejercicio vencido. Ambas medidas tendrian como consecuencia un aumento no previsto
de los créditos presupuestarios contemplados en el Capitulo ] de los vigentes
Presupuestos Generales del Estado, aprobados por las Cortes Generales ”. Y, por tanto,
el Gobierno se reañrmaba en su disconformidad con la tramitación de la Proposición de
Ley de referencia, en virtud del artículo 134.6 de la Constitución. La Mesa de la Cámara
en su reunión de 14 de octubre de 2008 acordó que: “expresada por el Gobierno su
disconformidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y
126.2 del Reglamento de la Cámara no procede la toma en consideración por el Pleno
de la citada Proposición de Ley ”.

Con fechas de 6 de octubre de 2008 y 9 de diciembre de 2008, el Gobierno
presentó dos escritos (núms. reg. 40285 y 55501) en los que, al amparo del artículo 134.6

11

 

de la Constitución y conforme a lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, traslada el criterio del Gobierno respecto de la toma en
consideración de dos Proposiciones de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana—Izquierda Unida—Iniciativa per Catalunya Verds de modificación de la Ley
35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o
adaptación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación
económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción (núms.
expdte. 122/000100 y 122/000107). En ambos casos, el Gobierno manifiesta no prestar
su conformidad para la tramitación de las iniciativas conforme al artículo 134.6 de la
Constitución. A la vista de los escritos presentados, la Mesa de la Cámara, en sus
reuniones de 14 de octubre de 2008 y 16 de diciembre de 2008, adoptó en ambos casos el
siguiente acuerdo: ”Expresada por el Gobierno su disconformidad, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la
Cámara, acordar que no procede la toma en consideración por el pleno de la citada
Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario autor
de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el Boletin. ”

Con fecha de 2 de febrero de 2009 el Gobierno remitió al Congreso de los
Diputados, comunicación (núm. reg. 61807) de su criterio respecto de la tramitación dela
Proposición de Ley de modificación de la ley por la que se establece la deducción por
nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la
prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción
(núm. expdte. 122/000112), en el que señalaba que el contenido de la citada iniciativa
legislativa podía suponer tanto aumento de los créditos presupuestarios como una
disminución de los ingresos, por lo que el Gobierno no prestaba su conformidad para su
tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución. Con fecha
6 de febrero de 2009 el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó un escrito
(núm. reg. 63150) de “recurso de amparo” a la Mesa para que ésta solicite al Gobierno
que revoque su decisión. En dicho escrito, el Grupo Parlamentario señalaba que la
iniciativa presentada incluía expresamente una disposición final que la modificación
legislativa “entrará en vigor en el ejercicio siguiente al de su aprobación por las
Cámaras”, no afecta a cifra alguna de ingresos ni de gastos públicos aprobados por las
Cortes Generales antes de que la Ley entre en vigor. El Gobierno, con fecha 9 de febrero
de 2009, remitió a la Cámara escrito (núm.reg. 64005), como continuación y ampliación
de su escrito de 2 de febrero, en el que se reañrmaba en que la Proposición de Ley con
núm. expdte. 122/000112 afectaría a los ingresos del año 2009.

La Mesa de la Cámara en su reunión de 10 de febrero de 2009 acordó: “Solicitar
al Gobierno una mayor información en relación con la argumentación que avalaria su
criterio contrario a la tramitación de la citada iniciativa”. No se presentó por el
Gobierno mayor información relativa a su disconformidad a la tramitación de la
iniciativa. La toma en consideración de la Proposición de Ley fue incluida en el orden del
dia del Pleno que comenzaba el 31 de marzo de 2009 (acta de la Junta de Portavoces de

12

    

%%… 2 gar/Mr

24 de marzo de 2009). La iniciativa fue tomada en consideración por el Pleno de la
Cámara en dicha fecha (DS. Congreso de los Diputados Núm. 73 de 31/03/2009, P.73).
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 14 de abril de 2009 acordó, encomendar la
aprobación de la Proposición de Ley con competencia legislativa plena, conforme al
artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Economía y Hacienda y se estableció un
plazo de enmiendas por un periodo de quince días hábiles. La iniciativa caducó al final
de la Legislatura (BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-648 de 28/10/2011 P.l3).

Con fecha de 6 de marzo de 2009, el Gobierno presentó 7 escritos (núms. reg.
67950 a 67956) en los que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a
lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada
el criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de las siguientes
Proposiciones de Ley:

- Proposición de Ley relativa a los apoyos fiscales a las personas con
discapacidad y mayores (núm. expdte. 122/000120).

- Proposición de Ley relativa a la adopción de medidas de apoyo a las empresas
y autónomos por el repunte de la morosidad (núm. expdte. 122/000121).

— Proposición de Ley relativa a los incentivos fiscales al ahorro en la economía
española (núm. expdte. l22/000122).

- Proposición de Ley relativa a los incentivos fiscales a los autónomos, a las
pequeñas y a las medianas empresas (núm. expdte. 122/000123);

- Proposición de Ley relativa a la mejora de la competitividad y al crecimiento
económico en España (núm. expdte. 122/000125).

- Proposición de Ley relativa a la recuperación de los incentivos fiscales a la
compra de vehículos de turismo y vehículos industriales (núm… expdte.
122/000126).

- Proposición de Ley relativa a la recuperación de los incentivos fiscales a la
compra de vehículos de turismo y vehículos industriales (núm. expdte.
122/000128).

— Proposición de Ley relativa a la supresión temporal del gravamen por el
impuesto especial sobre determinados medios de transporte (núm. expdte.

122/000127).

En todos estos casos, el Gobierno manifiesta no prestar su conformidad para la
tramitación de las iniciativas conforme al artículo 134.6 de la Constitución.

13

 

A la vista de los escritos presentados, la Mesa de la Cámara, en su reunión de 10
de marzo de 2009, adoptó en todos los casos el siguiente acuerdo: “Expresada por el
Gobierno su disconformidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la
Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, acordar que no procede la toma en
consideración por el pleno de la citada Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este
acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el
Boletin. ”

Con fecha de 5 de octubre de 2009, el Gobierno presentó 3 escritos (núms. reg.
86106 a 86108) en los que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a
lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada
el criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de las siguientes
Proposiciones de Ley:

- Proposición de Ley sobre reforma del IRPF para evitar la discriminación
fiscal de los cónyuges no custodios (núm. expdte. 122/000169).

- Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, para mejorar la tributación del sector
agrario y ganadero e5pañol (núm. expdte. 122/000171).

- Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las PYMES y
autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas (núm. expdte.
122/000172).

En los tres casos, el Gobierno manifiesta no prestar su conformidad para la
tramitación de las iniciativas conforme al artículo 134.6 de la Constitución.

A la vista de los escritos presentados, la Mesa de la Cámara, en su reunión de 13
de octubre de 2009, adºptó en todos los casos el siguiente acuerdo: "Expresada por el
Gobierno su disconformidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la
Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, acordar que no procede la toma en
consideración por el pleno de la citada Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este
acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el
Boletín. ”

Con fecha 22 de octubre de 2009 el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presentó escrito (núm. reg. 88785) de solitud de amparo a la Mesa de la Cámara para que
ésta solicite al Gobierno que revoque su decisión mediante la que no presta su
conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las
PYMES y autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas (núm. expdte.

14

 

122/000172). La Mesa de la Cámara en su reunión de 27 de octubre de 2009 acordó el
traslado al Gobierno de dicho escrito.

Con fecha de 12 de febrero de 2010, el Gobierno presentó un escrito (núm. reg.
98485) en el que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada el
criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley
relativa a la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido para que todos los productos y los servicios re1acionados con la cadena
alimenticia tributen a1 4 por ciento (num. expdte. 122/000191). En dicho escrito el
Gobierno manifiesta no prestar su conformidad para la tramitación de Ias iniciativas
conforme al artículo 134.6 de la Constitución. A la vista del escrito presentado, la Mesa
de la Cámara, en su reunión de 16 de febrero de 2010, adoptó el siguiente acuerdo:
“Expresada por el Gobierno su disconformidad en virtud de lo dispuesto en los
artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, acordar que no
procede la toma en consideración por el pleno de la citada Proposición de Ley.
Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y al
Gobierno y publicar en el Boletin. ”

Con fecha de 16 de marzo de 2010, el Gobierno presentó un escrito (núm. reg.
105080) en el que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada el
criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley
relativa a la actualización de las jubilaciones anticipadas forzosas al cumplir los 65 años
(num. expdte. 122/000197). En dicho escrito el Gobierno manifiesta no prestar su
conformidad para 1a tramitación de las iniciativas conforme al artículo 134.6 de la
Constitución. A la vista del escrito presentado, la Mesa de la Cámara, en su reunión de
23 de marzo de 2010, adoptó el siguiente acuerdo: “Expresada por el Gobierno su
disconformidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y
126.2 del Reglamento de la Cámara, acordar que no procede la toma en consideración
por el pleno de la citada Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este acuerdo al
Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el Boletin. ”

Con fecha de 9 de septiembre de 2010, el Gobierno presentó un escrito (núm. reg.
138472) en el que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada el
criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de
supresión del capítulo II “Medidas de Seguridad Social” del Real Decreto Ley 8/2010 de
medidas extraordinarias para la reducción de déficit (num. expdte. 122/000230). En
dicho escrito el Gobierno manifiesta no prestar su conformidad para la tramitación de las
iniciativas conforme al artículo 134.6 de la Constitución. A la vista del escrito
presentado, la Mesa de la Cámara, en su reunión de 14 de septiembre de 2010, adoptó el
siguiente acuerdo: “Expresada por el Gobierno su disconformidad, en virtud de lo

15

 

dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la
Cámara, acordar que no procede la toma en consideración por el pleno de la citada
Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario autor
de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el Boletin ”. Con fecha 6 de octubre de 2010
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó escrito (núm. reg. 142206) de
solitud de reconsideración del Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se determina
que no procede la toma en consideración por el Pleno de la citada Proposición de Ley
(núm. expdte. 122/000172). La Mesa de la Cámara en su reunión de 13 de octubre de
2010 acuerda el traslado a la Junta de Portavoces del escrito del Grupo Parlamentario
Popular. La reunión de la Mesa de la Cámara de 10 de noviembre de 2010, oída la Junta
de Portavoces (reunión de 19 de octubre de 2010), acuerda desestimar la solicitud de
reconsideración del Grupo Parlamentario Popular.

El 8 de noviembre de 2010 el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, interpuso recurso contencioso-administrativo contra "el Acuerdo del
Gobierno de 9 de septiembre de 2010, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales nº 255.2 de 17 de septiembre de 2010", en cuya virtud no se presta
conformidad para la tramitación de la Proposición de Ley relativa a la supresión del
capítulo II concerniente a medidas de seguridad social del Real Decretme 8/2010 de
medidas extraordinarias para la reducción del déficit, núm. expdtc 1221000230, por
cuanto que los elementos reglados de dicho Acuerdo del Gobierno wlneran lo prevenido
en los artículos 134.6 de la CE y 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
El Tribunal Supremo mediante Auto 14724/2010 (Sala de lo Contencioso
Administrativo) acuerda desestimar el recurso interpuesto. En dicho Auto el Tribunal
Supremo afirma que “Los recurrentes, al menos aparentemente, confunden o pretender
confundir, voluntaria o involuntariamente, el acuerdo de la Mesa de la Cámara con el
escrito en que el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios da
traslado a aquella de la disconformidad del Gobierno con la tramitación de la
Proposición de Ley presentada, ya que pretenden impugnar, dice literalmente el escrito
de interposición del recurso, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de septiembre de
2010, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 17 de septiembre de
2010, cuando lo que publica el Boletin Oficial de las Cortes Generales es el Acuerdo de
la Mesa de la Cámara que decide la no toma en consideración por el Pleno de la
proposición de ley presentada relativa a la supresión del capítulo 11 "Medidas de
seguridad social " del Real Decreto—Ley 8/20] 0, de modo que lo que realmente acontece
es que se pretende recurrir un acto producido en el ámbito de la actividad
parlamentaria, en base a unos supuestos elementos reglados que se pretenden
infingidos pero que no son predicabies de dicho acto del Gobierno sino del acuerdo del
Congreso de los Diputados, en el que aquél esta integrado de manera inescindible”. En
el Fundamento Juridico Cuarto el Tribunal Supremo examina su posible carencia de
jurisdicción, por entender que la cuestión planteada no es asumible por el orden
jurisdiccional contencioso administrativo. En dicho Fundamento el Tribunal se refiere a
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con la calificación de iniciativas

16

 
     

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'.—-—

por la Mesa de la Cámara y dice que “las previsiones que se contienen en los articulos
134.6 de la Constitución y 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados tienden a
asegurar, en los términos que reconoció la precedente sentencia del Tribunal
Constitucional nº 99/1987 de ]] de junio, "un ámbito de acción propia del Gobierno "
que cumple una función de dirección política sin afectación a los elementos reglados,
como subraya la Abogacía del Estado, pues el control de la Mesa del Congreso excede
de la verificación formal de los requisitos para la tramitación de la iniciativa y se
proyecta sobre el análisis de la viabilidad sustancial del criterio del Ejecutivo, en sede
estrictamente parlamentaria, desde la perspectiva de la proporcionalidad y
razonabilidad, ante la no conformidad por veto, a la tramitación parlamentaria de una
proposición de ley, por implicar aumento o disminución de ingresos presupuestarios, en
orden a ejecutar un programa anual de política económica que se concreta en la
aprobación delpresupuesto También se refiere el Tribunal Supremo a la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional en relación con la disconformidad del Gobierno a la
tramitación de proposiciones de ley (STC 242/2006). Finalmente, el Tribunal Supremo
señala que se está “ante una situación que tiene su respaldo constitucional explícito en el
articulo 134. 6 de la Constitución y que afecta a las relaciones de las Cortes Generales y
el Gobierno, lo que debe ser tenido en cuenta al pronunciarse sobre el tema que nos
ocupa Por ello, entiende que “dicha actividad está sustraída, por su propia naturaleza,
al control jurisdiccional contencioso- administrativo en aplicación de los artículos 9.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y l, 2 y 5.2 de la Ley 29/98. El eventual control de
dicha actividad sería subsumible en el amparo previsto en el articulo 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional. Concluye, el Auto señalando que en este caso se
está ante “una potestad del Gobierno reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución
ejercida en el ámbito de la actividad parlamentaria, que en modo alguno constituye un
acto susceptible de control en via jurisdiccional contencioso administrativa”.

Con fecha de 16 de septiembre de 2010, el Gobierno presentó un escrito (núm.
reg. 140173) en el que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada el
criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley
sobre mantenimiento del Pacto de Toledo en la revalorización de las pensiones (num.
expdte. 122/000231). En dicho escrito el Gobierno manifiesta no prestar su conformidad
para la tramitación de las iniciativas conforme al artículo 134.6 de la Constitución. A la
vista del escrito presentado, la Mesa de la Cámara, en su reunión de 21 de septiembre de
2010, adoptó el siguiente acuerdo: “Expresada por el Gobierno su disconformidad, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento
de la Cámara, acordar que no procede la toma en consideración por el pleno de la
citada Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario
autor de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el Boletin. ”

17

 

Con fecha de 14 de octubre de 2010, el Gobierno presentó un escrito (núm. reg.
142709) en el que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada el
criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de
Televisión sin Fronteras (num. expdte. 120/000007). En dicho escrito el Gobierno
manifiesta no prestar su conformidad para la tramitación de las iniciativas conforme al
artículo 134.6 de la Constitución. La Mesa de la Cámara acordó en su reunión de 19 de
octubre de 2010 “Solicitar del Gobierno una mayor información en relación con la
argumentación que avalaria su criterio contrario a la tramitación de la citada
iniciativa”. Con fecha de 18 de ju1io de 2011 el Gobierno remitió al Congreso de los
Diputados, comunicación (núm. reg. 177800) en la que informaba de su no oposición a la
inclusión del debate de la toma en consideración de dicha iniciativa en el orden del dia de
una sesión plenaria. La toma en consideración de la Proposición de Ley fue incluida en el
orden del día del Pleno que comenzaba el 13 de septiembre de 2011 (acta de la Junta de
Portavoces de 6 de septiembre de 2011). La iniciativa fue tomada en consideración por el
Pleno de la Cámara en dicha fecha (DS. Congreso de los Diputados Núm. 271 de
13/09/2011, P.49). La Mesa de la Cámara, en su reunión de 20 de septiembre de 2011
acordó encomendar la aprobación de la Proposición de Ley con competencia legislativa
plena, conforme al articulo 148 del Reglamento, a la Comisión de Industria, Turismo y
Comercio y estableció un plazo de enmiendas, por un periodo de quince días hábiles. La
iniciativa fue trasladada al próximo Congreso al final de la Legislatura (BOCG.
Congreso de los Diputados Núm. D-648 de 28/10/2011 P.858).

Con fecha de 8 de octubre de 2010, el Gobierno presentó un escrito (núm. reg.
142427) en el que, el amparo del artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, traslada el
criterio del Gobierno reSpecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley
relativa al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones para el año 2011 (num.
expdte. 122/000242). En dicho escrito el Gobierno manifiesta no prestar su conformidad
para la tramitación de las iniciativas conforme al artículo 134.6 de la Constitución. A la
vista del escrito presentado, la Mesa de la Cámara, en su reunión de 19 de octubre de
2010, adoptó el siguiente acuerdo: “Expresada por el Gobierno su disconformidad, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento
de la Cámara, acordar que no procede la toma en consideración por el pleno de la
citada Proposición de Ley. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario
autor de la iniciativa y al Gobierno y publicar en el Boletín. ”

18

 

III. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

a) Jurisprudencia general del Tribunal Constitucional relacionada con las
facultades de la Mesa relativas a la calificación de escritos

Tal como ha afirmado repetidamente el Tribunal Constitucional en repetidas
Sentencias (v.gr. las Sentencias 38/1999, de 22 de marzo, 107/2001, de 23 de abril,
203/2001, de 15 de octubre y 78/2006, de 13 de marzo), la Mesa cum…e una función
técnico-juridica de ordenación y racionalización del funcionamiento de la Cámara en aras
ala mejor eficiencia de esta última como foro de debate y participación.

Debido a su carácter técnico-jurídico, cabe afirmar lo siguiente:

1) En el caso en que la Constitución, el bloque de Constitucionalidad o el
Reglamento encomienden a la Cámara la emisión de un juicio de oportunidad política
respecto de una determinada iniciativa, la Mesa no puede sustituir a la Cámara, por lo
que, en estos casos, “a la Mesa sólo le compete, en principio, por estar sujeta al
Ordenamiento juridico (…) y en aras de la (…) eficacia del trabajo parlamentario,
verificar la rem;iaridad juridica v la viabilidad procesal de ia iniciaiiva esto es,
examinar si la iniciativa cumple los requisitos formales exigidos por la norma
reglamentaria.” (STC 208/2003, de 1 de diciembre).

2) En el caso en que la Constitución, el bloque de Constitucionalidad o el
Reglamento prevea que una determinada iniciativa debe cumplir con unos límites
formales, la Mesa puede, en cumplimiento de la legalidad aplicable, extender su examen
de la misma más allá de la estricta verificación de los requisitos formales.

3) En el supuesto que la legislación aplicable no establezca límite material
alguno, la operación de verificación de admisibilidad ha de ser siempre formal, tal como
recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 78/2006, de 13 de marzo.

b) Jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionada con la facultad de
disconformidad del Gobierno a la tramitación de proposiciones de lov que supongan
aumento delos créditos o disminución de los inggsos presupuestarios

1) La Sentencia 223/2006, que es la que marca la linea doctrinal en la cuestión
que nos ocupa, señala con nitidez el fundamento de la prerrogativa del Ejecutivo. Asi,
indica que “En su condición de vehiculo de dirección de la poii¡ir:a económica del
Ejecutivo el presupuesto es un instrumento fundameniai para la realización de Su
programa de Gobierno (…). La ejecución de un presupuesto en curso supone la
verzficación de dos confianzas: de un lado la obtenida por el Gobierno con la

19

 

investidura de su Presidente; de otro la concedida específicamente por la Cámara a
su programa anual de política económica (…). Este es el fundamento de la facultad
que se le reconoce al Ejecutivo para oponerse a la tramitación de iniciativas
legislativas que puedan desvirtuar el instrumento económico de su acción de
Gobierno ” (STC 223/2006, FJ 5).

2) De lo anterior se deduce con claridad que a los requisitos formales (carácter
expreso de la disconformidad; motivación de la misma; plazo de treinta días hábiles
para su remisión), se le suma el hecho de que la oposición sólo es constitucionalmente
licita respecto del ejercicio presupuestario en curso.

3) Más complejidad presenta el aspecto material que envuelve la facultad de
Oposición del Gobierno. Esto es, que la iniciativa respecto de la que aquélla se formule
contenga, efectivamente, medidas que supongan “aumento de los créditos o
disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario ” (art.
134.6 CE), precepto repetido —aunque no literalmente- en el art. 126.2 RCD.

Partiendo, como antes se ha indicado, de que se trata de los presupuestos en curso
ya que “debe tenerse en cuenta que la finalidad de la disconformidad del Gobierno es
garantizar la ejecución del programa económico aprobado con la Ley de
Presupuestos” (STC 242/2006), la cuestión se centra en la verificación o adveración
de si la Mesa puede revisar y/o dejar sin efecto la oposición gubernamental cuando
entienda que el Ejecutivo no fundamenta de manera adecuada la causa que justifica la
oposm10n.

A este respecto cabe señalar que la jurisprudencia contenida en la STC 223/2006
es bastante más contundente —y por ende menos matizada- que la que incorpora la STC
242/2006. A ello quizá no es ajeno el hecho que origina ambos procesos
constitucionales.

En efecto, en el caso de la STC 22312006, al Tribunal le tocaba resolver sobre
una modificación reglamentaria en la Cámara extremeña que residenciaba, en última
instancia, en el propio Parlamento la capacidad de decidir sobre si se daba o no el
supuesto de hecho (aumento de créditos o disminución e ingresos), que justificaba, en
definitiva, el ejercicio de la prerrogativa gubernativa.

Por ello, de manera tajante señala el Tribunal Constitucional que: “La reforma
del Reglamento de la Asamblea de Extremadura lleva, en el punto ahora examinado,
pura y simplemente a privar al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de la
facultad que tiene reconocida en el art. 60 b) EAE, facultad que viene justificada como
consecuencia de la asunción de los principios básicos del llamado “parlamentarismo
racionalizad0” por parte tanto del Texto constitucional español como de los Estatutos de

20

 

las diferentes Comunidades Autónomas", y, por ende, y sin mayores matices indica que
“es claro en el sentido de que solamente se podrán aiterar dichos compromisos con el
consentimiento de! Ejecutivo autonómico, quedando facultado éste, con toda libertad,
para oponerse a las iniciativas que pretendan modificarlos, y sin que puedan los
órganos parlamentarios emitir un juicio sobre el carácter manifiestamente infundada
o no de tal oposición, puesto que al introducirse una norma que los habilita para
realizar dicha tarea se está claramente trasladando la potestad de decidir del Gobierno
a la Asamblea de la Comunidad Autónoma, alterando asi el equilibrio de poderes
previsto en el Estatuto de Autonomía, equilibrio de poderes diseñado en línea con las
interpretaciones más recientes del régimen parlamentario (a las que responde, sin duda,
el diseño de la forma de gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura), en las
que se ha pretendido reforzar la posición de los ejecutivos y, singularmente, de sus
presidentes, en aras de dotar a todo el sistema de una mayor estabilidad y mejorar su
funcionamiento ”.

La conclusión, clara y radical es que: “El órgano facultado estatutariamente para
decidir si se produce 0 no dicha alteración es el Gobierno (…) lo que no es compatible
con un “sistema parlamentario racionalizado” como el previsto en el Estatuto de
Autonomía de Extremadura, es pretender gobernar mediante decisiones parlamentarias
puntuales que alteren los términos de la relación de confianza establecida entre
Asamblea y Consejo de Gobierno en el campo presupuestario, que es donde se expresan
con mayor claridad las prioridades de la acción política en general y de la gubernativo
en particular.

Por contra, la STC 242/2006, en la que se plantea no una modificación normativa
en abstracto, sino el juego concurrente de las facultades de ambos órganos (Gobierno y
Mesa de la Cámara) para calificar una concreta iniciativa legislativa, es bastante más
matizada y equilibrada.

Tras reconocer la competencia que al Gobierno le corresponde y su fundamento
tanto estatutario como constitucional, el Tribunal recuerda que: “… la Mesa del
Parlamento Vasco tiene encomendado el control de la disconformidad manifestada por
el Gobierno ”. Al amparo de esta potestad y partiendo del hecho de que el efecto
inmediato de la denegación de la tramitación de una iniciativa legislativa puede
colisionar con el tus in oficium y el derecho de participación contenido en los artículos
23.2 y 23.1 CE, el Tribunal señala explícitamente que: “no debe descartarse de
antemano que los órganos rectores del Parlamento puedan vulnerar los arts. 23.2 y 23.1
CE al inadmitir a trámite una proposición de Ley como consecuencia del ejercicio de
dicha facultad por parte del Gobierno. Igualmente, tampoco es posible atribuir a toda
decisión de este tipo una usurpación de una facultad que corresponde en exclusiva al
Gobierno. Y ello no sólo por la propia existencia del art. 42 LOT C, sino porque, como
reconoce el propio Letrado del Parlamento Vasco, la Mesa también debe ejercer su

21

 

función genérica de calificación respecto a los documentos de índole parlamentaria
remitidos por el Gobierno

Precisamente por ello el Tribunal insiste en que “dado que las decisiones de
inadmisión de tales escritos y documentos pueden implicar una limitación del derecho a
ejercer la función parlamentaria y, con él, del derecho de participación ciudadana,
también hemos exigido que las mismas estén formal y materialmente motivadas, a fin
de que tras ellas no se esconda un juicio sobre la oportunidad politica, en los casos en
que ese juicio está atribuido a la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de
toma en consideración o en el debate plenario. ”

Esto nos lleva directamente a recordar que, en la medida en que en el ámbito
parlamentario lo que surte efecto no es la exclusiva manifestación del Gobierno,
oponiéndose a la tramitación, sino también la decisión de la Mesa dando estado a dicha
manifestación, ésta última ha de ser necesariamente adecuada al ordenamiento vigente y,
aún más, suficientemente motivada para poder incidir con plenitud en el ejercicio de
derechos fundamentales de los parlamentarios.

Por ello mismo, la STC 242/2006 reconoce explícitamente que “aunque la propia
normativa aplicable limita la conformidad del Gobierno a la concurrencia de un
requisito material como la disminución de los ingresos o el aumento de los créditos
presupuestarios que, de acuerdo con nuestra doctrina, abre las puertas a un control
desde la perspectiva de la proporcionalidad y la razonabilidad, en este contexto es
evidente que tanto la Mesa del Parlamento como este Tribunal deben limitarse a un
control de una menor intensidad. Así, y sin que ello signifique renunciar a controlar
otros aspectos objetivos como la presentación en tiempo y forma de la disconformidad
del Gobierno, la Mesa del Parlamento no debe obstaculizar el ejercicio de esta facultad.
En un caso como el presente, que se refiere a una disconformidad del Gobierno respecto
a la tramitación de una proposición de Ley, y que se da en una Comunidad Autónoma
que prevé algunas reglas adicionales sobre cuándo puede entenderse que se produce una
alteración de las previsiones presupuestarias, es posible un pronunciamiento de la
Mesa sobre el carácter manifiestamente infundado del criterio del Gobierno”.

En resumidas cuentas, ni el Ejecutivo puede oponerse de manera infundada o
inmotivada a la tramitación de iniciativas legislativas, ni la Mesa puede eludir su
obligación constitucional y reglamentaria de que sus decisiones, además de conformes
con el ordenamiento, sean motivadas y razonables cuando lo que está en juego es una
decisión que, en última instancia, afecta al derecho de participación y al ius in oyficium.

Buena prueba de ello es la Resolución del Congreso de los Diputados y del
Senado de 19 de julio de 2011, por la que se regula la composición y funcionamiento de
la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, creada por la Ley 37/2010 de 15 de
noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, que

22

 

parte de la base de que la Mesa conoce y resuelve sobre las controversias que la cuestión —
citada pudiera producir. El propio art. 151.5 del Reglamento del Senado prevé la
existencia de estas controversias y establece que las mismas serán resueltas por su
Presidente. >

IV. SUPUESTOS PENDIENTES DE CALIFICACIÓN.

A continuación se realiza, de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de 18 de
octubre de 2016, el análisis de cada uno de los escritos presentados por el Gobierno
clasificados en dos categorías, en función de que algún Grupo Parlamentario haya
manifestado su oposición a la comunicación de la disconformidad del Gobierno o no.

A. Proposiciones de Ley respecto de las que, comunicada por el Gobierno su
disconformidad a la tramitación, a la misma se ha opuesto algún grupo
parlamentario

lº. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/2/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la universalización del derecho a la
asistencia sanitaria pública en que ello supondría un aumento de los créditos
presupuestarios, al modificar el actual régimen vigente establecido por el Real Decreto-
Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que fue desarrollado por el
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y
de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. Con la memoria económica que
acompañó al RD 1192/2012, eliminar este régimen supondría un coste en torno a 1.250
M€, según el desglose realizado por ciudadanos europeos o con convenio bilateral,
ciudadanos extranjeros de países no comunitarios ni con convenio bilateral y ciudadanos
que superan el límite de ingresos de 100.000 euros.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el dia siguiente de su
publicación en el BOE.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentó escrito núm. 6454
señalando que no puede considerarse justificada su oposición cuando la motivación que
le acompaña se refiere a cálculos referidos a ejercicios pasadas, como es el ejercicio
2012. Esta Proposición de Ley coincide sustancialmente con otra presentada por este

23

 

grupo parlamentario en la XI Legislatura sin que este mismo Gobierno se opusiera en
ningún momento a su tramitación.

Finalmente, solicita a la Mesa de la Cámara que solicite del Gobierno una mayor
información en relación con la argumentación que avalaría su criterio contrario a la
tramitación de la citada iniciativa.

2“. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/6/1

El Gobierno argumenta su disoonibrmirlad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de protección de los consumidores
vulnerables y contra la pobreza energética en que ello supondría un aumento de los
créditos presupuestarios.

Así, el Gobierno argumenta que la Proposición de Ley que se plantea generaría
indudablemente un efecto de aumento del gasto, con ampliación de los créditos
presupuestarios, por dos vías:

1) La asunción mediante asignaciones del Presupuesto General del Estado del
déficit de ingresos de las empresas obligadas al suministro de clientes con tarifa social. A
día de hoy, el coste de la tarifa social es cubierto íntegramente por las compañias
suministradoras, con un coste de 200 millones de euros anuales. Puesto que la
proposición de ley amplía el número de consumidores cubiertos y el rango de productos
objeto de protección, el coste total para el presupuesto sería incluso superior a dicha
cantidad.

2) La creación de un fondo de eñciencia energética. Si bien dicha partida no se
cuantifica, el cumplimiento del mandato al Gobierno de constituir dicho fondo tendría
como consecuencia directa un mayor gasto en los presupuestos, por las dotaciones al
mismo.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentó escrito núm. 6453
señalando que lo contenido en la proposición de Ley no son previsiones que afecten al
Presupuesto vigente sino que deberán, en su caso, ser contempladas en los presupuestos
de ejercicios futuros. Por otro lado, argumentan que la Proposición de Ley coincide
sustancialmente con otra presentada por este grupo parlamentario en la XI Legislatura,
sin que este mismo Gobierno se opusiera en ningún momento a su tramitación.

24

 

Finalmente, solicita a la Mesa de la Cámara que solicite del Gobierno una mayor
información en relación con la argumentación que avalaría su criterio contrario a la
tramitación de la citada iniciativa.

3º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/14/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión de tasas judiciales en que ello
supondría una disminución de los ingresos presupuestarios.

Así, el Gobierno argumenta que la Proposición de Ley introduce una ampliación
de las exenciones subjetivas de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional de lo
que puede derivarse una minoración en la recaudación correspondiente a la exacción de
la tasa, cuyo alcance supondría una pérdida de recaudación aproximada de unos
15.000.000 Euros anuales, respecto de los 45.000.000 que supone la recaudación total.

Debe tenerse en cuenta que la recaudación prevista en concepto de tasas judiciales
forma parte del Presupuesto de Ingresos del Estado y se destina a la financiación
indiferenciada del Presupuesto de Gastos del Estado. Una disminución de ingresos
producirá un desequilibrio entre gastos e ingresos, con efecto directo sobre el déficit
público.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el dia siguiente de su
publicación en el BOE.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentó escrito núm. 6452
señalando que, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada
resolviendo el recurso de inconstitucionalidad núm. 973-2013, ya se ha producido una
disminución de los ingresos por este concepto y que la Proposición de Ley presentada no
supone una mayor disminución sino una reordenación del sistema de tasas.

Por otro lado, argumentan que la Proposición de Ley coincide sustancialmente
con otra presentada por este grupo parlamentario en la XI Legislatura, sin que este
mismo Gobierno se opusiera en ningún momento a su tramitación.

Finalmente, solicita a la Mesa de la Cámara que solicite del Gobierno una mayor

información en relación con la argumentación que avalaría su criterio contrario a la
tramitación de la citada iniciativa.

25

 
     

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B. Proposiciones de Ley respecto de las que, comunicada por el Gobierno su
disconformidad a la tramitación, a la misma no se ha opuesto ningún grupo
parlamentario

lº. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 125/3/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley de la Asamblea Regional de Murcia, sobre generación de energía eléctrica
renovable para autoconsumo en que ello supondría una disminución de los ingresos
presupuestarios, como consecuencia de una menor recaudación tributaria (menor
recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto especial de electricidad
e impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica). El impacto económico
en impuestos que se dejarían de recaudar anualmente sería de 235 M€. Adicionalmente,
se tendría una pérdida de peajes de 50 M€ anuales por no hacer frente a los cargos
variables del sistema.

Según el criterio del Gobierno, también se verían afectados otros ingresos
impositivos derivados de la Ley 15/2012 por el hecho de verse modificada la cantidad de
energía en el mercado, su precio y en consecuencia también el mix de generación.

Finalmente, la ampliación de la definición de autoconsumo de la Proposición, la
ausencia de registros y otras medidas de la proposición, contribuye a un aumento del
fraude en el sistema, con el consiguiente impacto negativo para los ingresos públicos.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

2º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 125/2/2

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Parlamento de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de modificación
de la Ley 14í2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización en que ello supondría tanto un aumento de los créditos como una
diminución de los ingresos presupuestarios.

Así, con la aprobación de un plan de apoyo económico, que no está contemplado
en los presupuestos actuales y aunque la cuantía de dicho plan no se detalla, el
cumplimiento del mandato al Gobierno en el plazo previsto de seis meses, supondría un
gasto adicional que, no por dejar de esta cuantificado, deja de ser cierto.

26

 

En cuanto a las previsiones relativas a la cotización a la Seguridad Social de los
clubes de base, según los datos aportados por el Gobierno para el periodo 2012-2014, la
aprobación de una cantidad máxima a percibir como criterio para no considerar como
salarial la cuantía pagada impediría determinar aquellos casos en los que la percepción
responde a una remuneración propiamente dicha, al exceder de una mera compensación
de los costes del voluntario. Además, esta regulación abriría, con gran probabilidad, la
puerta a un mayor número de fraudes en materia laboral. En consecuencia, se produciría
un perjuicio a la recaudación de la Seguridad Social en dichos casos.

Finalmente, en relación con el mandato para la revisión de determinadas figuras
impositivas, según el Gobierno, aunque el contenido de dicha revisión no se especifica de
forma cuantitativa, el cumplimiento de este mandato tendría un impacto presupuestario
por la vía de la reducción de ingresos.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

3º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 125/4/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley Orgánica del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Galicia, de transferencia
de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia en que
ello supondría un aumento de los créditos presupuestarios.

Así, dado que la Disposición Adicional Tercera de la Proposición de Ley recoge
que la Administración general del Estado asumirá las obligaciones económicas y
financieras en caso de que, en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente
ley orgánica, la Comunidad Autónoma acuerde el rescate de la concesión de la autopista
AP-9 para su reversión al ámbito público y la Disposición final única indica que entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
supone que, de acuerdo con los últimos datos cerrados y disponibles, en 2014 la
concesión de la AP-9 tuvo unos ingresos derivados del peaje de 127,7 millones de euros.
Dado que el fm de la concesión está fijado en 2048, el coste estimado de rescate de toda
la concesión está cifrado en más de 4.300 millones de euros. Esto significa que, en el
caso de que la Comunidad Autónoma acordase unilateralmente el rescate de la concesión,
la Administración General del Estado tendría que asumir de manera inmediata unas
indemnizaciones a la sociedad concesionaria que estarían eifradas en, al menos, 4.300
millones de euros, importe correspondiente al peaje que dejaría ésta de recibir hasta el
momento previsto para el fin de la concesión en el año 2048.

27

 

En consecuencia, en la actualidad, no existen consignaciones en los créditos
presupuestarios del Ministerio de Fomento para el ejercicio 2016 que permitan afrontar
dicho pago.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

4º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 125/5/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre la creación de
un fondo de compensación a las victimas del amianto en que ello supondría un aumento
de los créditos presupuestarios a través de la creación de un organismo autónomo, cuyo
gasto dependerá de los recursos humanos y materiales con los que se dote= pero que en
todo caso genera un gasto cierto y del pago de las propias indemnizaciones pagadas por
el Fondo que se nutriría, según la Proposición, de las aportaciones de los Presupuestos
Generales del Estado, un recargo en las cotizaciones empresariales y las aportaciones de
Mutuas, entre otras fuentes.

La entrada en vigor de la norma está prevista a los veinte días de su publicación
en el BOE.

Sº. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/17/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre generación de energía eléctrica
renovable para autoconsumo en que ello supondría una disminución de los ingresos
presupuestarios, como consecuencia de una menor recaudación tributaria (menor
recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto especial de electricidad
e impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica). El impacto económico
en impuestos que se dejarían de recaudar anualmente sería de 235 ME. Adicionalmente,
se tendría una pérdida de peajes de 50 M&” anuales por no hacer frente a los cargos
variables del sistema.

Según el criterio del Gobierno, también se verían afectados otros ingresos

impositivos derivados de la Ley 15/2012 por el hecho de verse modificada la cantidad de
energía en el mercado, su precio y en consecuencia también el mix de generación.

28

 

Finalmente, la ampliación de la definición de autoconsumo de la Proposición, la
ausencia de registros y otras medidas de la proposición, contribuye a un aumento del
fraude en el sistema, con el consiguiente impacto negativo para los ingresos públicos.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el dia siguiente de su
publicación en el BOE.

6". Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/23/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de Proposición de
Ley del Grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem— En
Marea, de modilicación dei régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la derogación del apartado
7º del artículo 241.1.7 LEC añadido por Ley 37r'201 l, de 10 de octubre, de medidas de
agilización procesal en que ello supondría una disminución de los ingresos
presupuestarios.

Así, el Gobierno argumenta que la Proposición de Ley introduce una ampliación
de las exenciones subjetivas de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional de lo
que puede derivarse una minoración en la recaudación correspondiente a la exacción de
la tasa, cuyo alcance supondría una pérdida de recaudación aproximada de unos
15.000.000 Euros anuales, respecto de los 45.000.000 que supone la recaudación total.

Debe tenerse en cuenta que la recaudación prevista en concepto de tasas judiciales
forma parte del Presupuesto de Ingresos del Estado y se destina a la financiación
indiferenciada del Presupuesto de Gastos del Estado. Una disminución de ingresos
producirá un desequilibrio entre gastos e ingresos, con efecto directo sobre el déficit
público.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

7º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/27/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la modificación del regimen de tasas
judiciales y la exención a ciertas entidades en que ello supondría una disminución de los
ingresos presupuestarios.

29

 

Así, el Gobierno argumenta que la Proposición de Ley introduce una ampliación
de las exenciones subjetivas de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional de lo
que puede derivarse una minoración en la recaudación correspondiente a la exacción de
la tasa, cuyo alcance supondría una pérdida de recaudación aproximada de unos
15.000.000 Euros anuales, respecto delos 45.000.000 que supone la recaudación total.

Debe tenerse en cuenta que la recaudación prevista en concepto de tasas judiciales
forma parte del Presupuesto de Ingresos del Estado y se destina a la financiación
indiferenciada del Presupuesto de Gastos del Estado. Una disminución de ingresos
producirá un desequilibrio entre gastos e ingresos, con efecto directo sobre el déficit
público.

La entrada en vigor de la norma está. prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

8º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/29/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización del calendario de la
implantación de la LOMCE (Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa) y para la derogación de las disposiciones adoptadas en su desarrollo
(Orgánica) en que ello supondría una disminución de ingresos presupuestarios, al
implicar muy probablemente la pérdida total o parcial de los fondos prevista a partir del
curso en que ésta se implante, dado que no se cumplirían en la forma programada y
autorizada por la UE las medidas previstas.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

9º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/30/1

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación del régimen de tasas judiciales,
establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades
total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades -especialmente las entidades
sin fines lucrativos- y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de
reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto
de Sociedades en que ello supondría una disminución de ingresos presupuestarios.

30

 

Así, el Gobierno argumenta que la Proposición de Ley introduce una ampliación
de las exenciones subjetivas de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional de lo
que puede derivarse una minoración en la recaudación correspondiente a la exacción de
la tasa, cuyo alcance supondría una pérdida de recaudación aproximada de unos
15.000.000 Euros anuales, respecto de los 45.000.000 que supone la recaudación total.

Debe tenerse en cuenta que la recaudación prevista en concepto de tasas judiciales
forma parte del Presupuesto de Ingresos del Estado y se destina a la financiación
indiferenciada del Presupuesto de Gastos del Estado. Una disminución de ingresos
producirá un desequilibrio entre gastos e ingresos, con efecto directo sobre el déficit
público.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

10º. Verificación de los requisitos en el caso planteado por el escrito número
de expediente 122/31/3

El Gobierno argumenta su disconformidad para la tramitación de la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejoras en la prestación económica de la
Seguridad Social para la crianza de los hijos) en que ello supondría un aumento de los
créditos presupuestarios.

Así, el Gobierno señala que tanto la materialización de las modificaciones que se
proponen en los artículos 351, 352 y 353 del TRLGSS, con el objetivo de incrementar el
límite de ingresos y las cuantías de la asignación, como el establecimiento de una
protección universal por hijo o menor a cargo, supondrían una elevación de la protección
social con una importante repercusión económica y el correspondiente incremento del
gasto, en un doble sentido, aumento del número de beneficiarios y del coste de la
prestación.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el día siguiente de su
publicación en el BOE.

31

 

V. CONCLUSIONES.

De lo expuesto se deducen las siguientes

CONCLUSIONES

1.:! El Gobierno tiene legitimidad constitucional (art. 134.6 CE) y reglamentaria (art.
126.2 RCD), para oponerse a la tramitación de enmiendas o proposiciones de Ley
que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos.

2.3 Esta facultad, que está constreñida “al mismo ejercicio presupuestario ”, debe
ejercerse de forma:

. expresa

. suficientemente motivada

. y realizarse en el plazo de treinta días hábiles desde su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes. El silencio del Gobierno pone a la
proposición de Ley en condiciones de ser incluida en el orden del día del
Pleno para su toma en consideración (art. 126.3 RCD)

3.a Sin embargo, de acuerdo con los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional recaída sobre la materia, la Mesa, además de vigilar el cumplimiento
de los requisitos formales por pane del Gobierno, puede, en el ejercicio de las
competencias que le otorga el art. 31.1 4º y Sº RCD, examinar el contenido de la
motivación aportada por el Gobierno; si bien, el control se ha de limitar, en los
términos de la STC 242/2006 “a las decisiones que sean arbitrarias ()
manifiestamente irrazonables ”.

A estos efectos, la Mesa podrá requerir del Gobierno la aportación de motivación
adicional o complementaria para que su decisión sea adecuada al ejercicio de sus
competencias y no suponga, en ningún caso, eventual violación de los derechos
fundamentales que, de conformidad con el art. 23.1 y 2 de la Constitución, asisten a
los parlamentarios.

4.a En todo caso, la Mesa no puede sustituir al Gobierno en el ejercicio de la
prerrogativa constitucional y reglamentaria que éste tiene atribuida en los artículos
134.6 CE y 126.2 RCD.

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5.a En los casos pendientes del Acuerdo de la Mesa y, a la vista de lo anterior, se
podría valorar la posibilidad de que, en aquellos casos en que se ha presentado por
algún Grupo Parlamentario un escrito de oposición al criterio del Gobierno (núms.
1220, 12216 y 122!14) , la Mesa acuerde trasladar el mismo al Gobierno,
requiriéndole para que aporte motivación adicional o complementaria.

En el resto de los casos, podría aceptarse el criterio del Gobierno si se entendiese
que no se ha manifestado ninguna objeción al mismo.

En concordancia con las mencionadas conclusiones, a continuación se realiza, de
conformidad con el Acuerdo de la Mesa de 13 de octubre de 2016, el análisis de cada uno
de los escritos presentados por el Gobierno, organizados en dos categorías, en función de
que algún grupo parlamentario haya manifestado su oposición a la comunicación de la
disconformidad del Gobierno, en cuyo caso, se podria valorar la posibilidad de que la
Mesa acuerde trasladar el escrito de oposición al Gobierno, requiriéndole para que aporte
motivación adicional o complementaria. En el resto de los casos, podria aceptarse el
criterio del Gobierno, si se entendiese que no se ha manifestado ninguna objeción al

mismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 28 de noviembre de 2016.

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