Roj: SAP SE 1077/2012 - ECLI:ES:APSE:2012:1077
Id Cendoj: 41091370072012100133
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Sevilla
Sección: 7
Nº de Recurso: 5318/2011
Nº de Resolución: 9/2012
Procedimiento: PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Ponente: JUAN JOSE ROMEO LAGUNA
Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial de Sevilla - 1 Sección Séptima
Rollo 5318-2011 (sentencia sumario.)
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA
SECCIÓN SÉPTIMA
SENTENCIA Nº 9/20012
Rollo nº 5318-2011 (sentencia P.A.)
P.A. nº 47-2010
Juzgado de Instrucción nº 4 de Dos Hermanas.
Magistrados:
Javier González Fernández.
Juan Romeo Laguna. Ponente.
Esperanza Jiménez Mantecón.
Siglas que se utilizan : CE (Constitución); CP (Código Penal vigente de 1.995); LECR (Ley de
Enjuiciamiento Criminal); STS (Sentencia del Tribunal Supremo).
Sevilla a 9 de marzo de 2012

ANTECEDENTES PROCESALES
Primero. - Han sido partes:
El Ministerio Fiscal. Representado por el Sr. Fiscal D. Javier Rufino Rus.
El acusado D. Sixto con DNI NUM000 , natural de Camas (Sevilla), nacido el NUM001 de 1963,
hijo de Alfonso y de Julia, sin antecedentes penales, en libertad por esta causa, con domicilio en Camas
(Sevilla), representado por la procuradora doña Virtudes Moreno García y defendido por el letrado don Emilio
Fernández Portes.
La acusada Dª Mariola con DNI NUM002 , natural de Sevilla, nacida el NUM003 de 1978, hija
de Adolfo y María Dolores, sin antecedentes penales, en libertad por esta causa, con domicilio en Sevilla,
representada por el procurador don Roberto Hurtado Muñoz y defendida por el letrado don Manuel García
Aranda.
Segundo .- El juicio oral tuvo lugar el día 13 de diciembre de 2011, practicándose con el resultado que
constan en autos las siguientes pruebas: interrogatorio del acusado, documental reproducida, declaración de
los testigos Dª. Andrea , Dª Graciela , D. Clemente , Policías locales de Dos Hermanas nº NUM004 ,
NUM005 , NUM006 , NUM007 , NUM008 , NUM009 , NUM010 , NUM011 , NUM012 , NUM013 ;
NUM014 , NUM015 , NUM016 , NUM017 , NUM018 , NUM019 , NUM020 , NUM021 , NUM022 ,

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 NUM023 , NUM024 y NUM025 , , y la pericial de los Inspectores de Policía de Dos Hermanas nº NUM026
y agente NUM013 , del ingeniero industrial D. Patricio y de la sicóloga Dª Celsa .
Tercero .- El Ministerio Fiscal formuló conclusiones definitivas en los siguientes términos: "Segunda:
Los hechos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente del art 325.1 º y 326, b) del C.P . en relación
con el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamente de Protección contra
la contaminación acústica en Andalucía, y la Ley española 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; tercera:
Son coautores directos los acusados, ya reseñados; Cuarta: No concurren por el momento circunstancias
modificativas, y Quinta: Procede imponer a cada uno de los acusados las penas de 4 años y 1 día de
prisión, multa de 30 meses con cuotas diarias de 10 euros ( con responsabilidad personal subsidiaria caso de
insolvencia) e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionados con la explotación
de negocios de hostelería por el periodo de 4 años. Costas En el orden civil los acusados solidariamente
indemnizarán a Dª Andrea en 4000 euros por los daños causados, siendo responsable subsidiaria a la entidad
El Chorrito, S.L.
Cuarto .- Las defensas formularon conclusiones definitivas, solicitando la absolución de sus
representados y costas de oficio.

HECHOS PROBADOS
Primero .- El acusado Sixto constituyó con otra persona el 4 de julio de 2006 la entidad de bodegón El
Chorrito, sociedad limitada, asumiendo el acusado la mitad de las participaciones sociales. El objeto principal
de la empresa era la explotación del bar con música el Coyote, radicado en el bajo del nº 67 de la Avenida
de España, en Dos Hermanas.
Desde al menos agosto del año 2007 hasta mayo de 2008, el acusado y la regenta del local, la también
acusada Dª Mariola , a diario en horario nocturno y en especial durante las madrugadas de todos los fines
de semana, ponían la música en su bar El Coyote a un volumen notoriamente excesivo, lo que ocasionaba
ruidos intolerables en el interior de la casas de algunos vecinos, especialmente en las viviendas de Dª Andrea
y Dª Graciela , quienes residen respectivamente en los pisos NUM027 NUM028 y NUM029 NUM028
del número NUM030 de la mencionada AVENIDA000 .
A pesar de que los acusados conocían las graves molestias que continuadamente causaban a los
vecinos indicados, quienes les mostraban sus quejas a causa del ruido nocturno procedente del bar y de
las constantes inspecciones de la Policía Local, alertada tras denuncias vecinales, los acusados volvían a
conectar la música tras la marcha de los agentes que continuamente acudían la lugar de madrugada.
De este modo, como consecuencia de numerosas denuncias administrativas y policiales de Dª Andrea
Y Dª Graciela , entre otros, los policías locales de Dos Hermanas los días que a continuación se citan:
NUM004 y NUM005 el 8 de agosto de 2007; NUM006 y NUM007 el 24 de diciembre de 2007; NUM008 y
NUM012 el 27 de enero de 2008; NUM013 el 1 de febrero de 2008; NUM014 y NUM015 el 2 de febrero de
2008; NUM016 y NUM017 el 4 de febrero de 2008; NUM018 y NUM007 el 17de febrero de 2008; NUM018
y NUM007 el 29 de enero de 2008; NUM031 y NUM019 el 20 de enero de 2008 agentes NUM018 ,
NUM020 el 2 de marzo de 2008. Dichos policías comprobaron en todos los casos el exceso de ruido, y en
algunas inspecciones, las medidas puestas por los acusados para no ser descubiertos.
Segundo .- En el expediente administrativo sancionador abierto en el Ayuntamiento de Dos Hermanas,
una vez comprobados los ruidos abusivos, se detectó entre el 19 y 24 de noviembre de 2007 los niveles de
ruidos superaban el límite permitido en 6 dba diurnos y en 16 nocturnos. Asimismo, el 29 de diciembre de
2007 los técnicos policiales comprobaron a presencia de ambos acusados que el domicilio de Dª Graciela se
superaban en 2,9 a las 0:10 horas los límites, máximos de inmisión sonora establecidos reglamentariamente
(NAE límite de 34,9 dba). Por esta razón se dictó resolución del teniente de alcalde el 14 de diciembre de 2007
-notificada al acusado D. Sixto -ordenando como medida provisional el precinto del foco emisor de ruidos. El
14 de enero de 2008 y al haberse comprobado por medición el exceso acústico y el relatado incumplimiento
de las resoluciones del Ayuntamiento, se ordenó por la misma autoridad la suspensión de la actividad del bar,
lo que fue notificado al acusado el 25 de enero de 2008 aunque ni él ni Dª Mariola , que decía ser también
dueña del negocio, atendiera nunca los requerimientos del Ayuntamiento.
Por otra parte los policías comprobaron que para burlar la orden de 14 de diciembre de 2007, los
acusados, si bien mantenían el precinto de reproductor de música y el limitador de sonido, habían conectado
un ordenador y un televisor a un amplificador para emitir música a elevado volumen sin pasar por el limitador.

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 Además, los agentes policiales NUM013 y NUM021 comprobaron el 9 de Marzo de 2008 la vulneración
de la orden municipal citada ordenando la suspensión de la actividad y el precinto de foco emisor de ruido,
estando la acusada Dª Mariola regentando el bar; lo mismo comprobaron los agentes NUM032 y NUM022
el 27 de abril de 2008, advirtiendo a la acusada que no podían emitir música, lo que desoyó otra vez.
El 28 de abril de 2008 se volvió a precintar el aparato de música a presencia del acusado D. Sixto ,
instruyéndole de que de quebrantarlo cometían un delito, pese a ello, el 14 de mayo de ese año los agentes
de Policía NUM023 y NUM024 constataron que, abierto el bar, el precintado y la orden de cierre estaban
tirados en el suelo y volvieron a precintar delante del acusado.
Tercero .- Dª Graciela y Dª Andrea y sus familias, así como otros vecinos, se han visto durante
ese periodo de tiempo expuestos reiteradamente a ruidos que por su frecuencia, intensidad, duración, falta
de control sobre la fuente y sonoridad han afectado gravemente a su sosiego, descanso nocturno y conducta.
La situación mantenida les ha generado intenso estrés, con el consiguiente riesgo de afectar gravemente a
su salud general. No se han acreditado pese a ello que demandan por ello asistencia médica.
Dª Graciela renunció en el juicio oral a la indemnización que le pudiera corresponder.
Cuarto .- Los acusados carecen de antecedentes penales y no han estado privados de libertad por
esta causa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero .- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de los artículos 325 y 326
b) del C.P ., imputable a ambos acusados, D. Sixto y Dª Mariola .
Los niveles de ruidos provocados por los acusados incumplen los límites establecidos en el Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación
acústica en Andalucía, y la Ley española 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ya en la importante e innovadora Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda núm. 52/2003,
de 24 de Febrero -seguidas por otras más, entre las que cabe citar las SSTS 1091/2006, de 19 de octubre ,
7499/2006, de 31 de enero de 2007 , 109/2007, de 7 de Febrero , 327/2007, de 27 de abril ,- se afirma que "el
medio ambiente es uno de los pocos bienes jurídicos que la Constitución expresamente menciona como objeto
de protección o tutela penal, citando el artículo 45 de la CE que dispone que deberán establecerse sanciones
penales, o en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado, para quienes
realicen conductas atentatorias del medio ambiente. Se reconoce, por tanto, a nivel constitucional, el triple
frente de protección del medio ambiente: civil, penal y administrativo. La protección jurídica del medio ambiente
ha de hacerse combinando medidas administrativas con medidas penales. Para determinar en qué casos
habrá de acudirse al derecho penal y qué conductas serán merecedoras de una mera sanción administrativa,
ha de partirse del principio de "intervención mínima" que debe informar el derecho penal en un moderno Estado
de derecho. Sólo ante los ataques más intolerables será legítimo el Derecho Penal. El examen del artículo
325 del Código penal revela que es la gravedad del riesgo producido la nota clave que permitirá establecer la
frontera entre el ilícito meramente administrativo y el ilícito penal, ya que el mencionado precepto exige que
las conductas tipificadas "puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". Y "si el riesgo
de grave perjuicio fuese para la salud de las personas la pena de prisión se impondrá en su mitad superior".
Y esto es lo que ocurre precisamente en el presente caso de autos.
Por un lado, se cumple el elemento normativo del tipo de que el autor contravenga las leyes y otras
disposiciones de carácter general, pues los acusados, como socio y responsable del local no respeta el
límite de inmisión del ruido de la música del local de autos en los dormitorios de los vecinos de autos en
horario nocturno, superando con creces los 30 dB establecidos en el Reglamento de Protección contra la
contaminación acústica en Andalucía, y la Ley española 37/2003, de 17 de noviembre.
Como puede verse el art. 325 CP es una norma penal en blanco que debe ser completada por la
normativa administrativa relativa al ruido o a la contaminación acústica, que es la normativa citada, además
de los arts. 45 de la CE .
También concurre el elemento de que el autor "provoque o realice directa o indirectamente emisiones,
vertidos, radiaciones extracciones...ruidos, vibraciones...que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de
los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión
se impondrá en su mitad superior".

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 Estamos ante un delito que no es de propia mano, es decir, de los que excluyan la posibilidad de
coautoría o de autoría mediata, como tiene reconocido la jurisprudencia mencionada del Tribunal Supremo,
pues lo decisivo de la imputación típica no es el movimiento corporal del operador de los aparatos, sino la
infracción de los deberes legales y reglamentarios que incumben al titular de una organización respecto de
los bienes ajenos que puedan ser lesionados. Por lo tanto, en la medida en la que el delito tiene un autor
legalmente determinado que puede valerse de otros para el cumplimiento o para el incumplimiento de sus
deberes, el acusado es autor mediato del delito del artículo 325 , de acuerdo con lo previsto en el art. 28 CP .
Estamos ante un delito de peligro abstracto ( STS 1828/2002, de 25 de octubre ), pues el tipo no requiere
la producción del perjuicio, sino que basta con la capacidad de producirlo, es decir el tipo extiende la punición
a todas las actividades de vertido, emisión..ruido, etc., que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales, previendo una agravación de la pena para aquellos supuestos en los que el riesgo grave
de perjuicio fuese para la salud de las personas. Basta, pues, para la comisión del delito, con la realización
de la acción peligrosa, y que no requiere la producción de un resultado de riesgo concreto. Lo que ocurre
es que en el caso de autos es evidente que se produce, además, un resultado de peligro concreto, al haber
afectado gravemente el ruido la salud de los vecinos de autos, pues debe destacarse que los intensos ruidos
se estuvieron produciendo en horario nocturno durante unos varios meses como mínimo de forma continuadade agosto de 2007 a mayo de 2008-, que es el periodo que se enjuicia en los presentes autos, lo que confiere
la gravedad suficiente para constituir los hechos probados un delito y no una mera infracción administrativa.
Cuando se trata de contaminaciones acústicas, tanto el Tribunal de Derechos Humanos como la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional ponen de manifiesto las graves consecuencias que la exposición prolongada a un
nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de la personas, integridad física y moral, su conducta social y en
determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden
atentar contra su derecho a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que
impiden o dificulte gravemente el libre desarrollo de la personalidad, resaltando que constituyen supuestos
de especial gravedad cuando se trata de exposición continuada a unos niveles intensos de ruido. (F.J. Sexto
último apartado de la STS 52/2003, de 24 de febrero ).
Por otra parte, como hemos puesto de manifiesto en el hecho probado tercero el ruido padecido por
esas vecinas ha afectado gravemente a su sosiego, descanso nocturno y conducta. La situación mantenida
les ha generado intenso estrés, con el consiguiente riesgo de afectar gravemente a su salud general.
Sienta la sentencia del T.S. de 16 de junio de 2009 :
"El precepto cuya infracción se denuncia constituye -se dice- una ley penal en blanco y un delito de
peligro concreto, siendo necesario que la conducta enjuiciada "provoque un riesgo de grave perjuicio", pues
"la situación de grave riesgo es el plus de antijuridicidad que se le exige al ilícito administrativo para que sea
constitutivo de una infracción penal"; y "una actividad probatoria en este sentido no se produjo (...) y, como es
obvio, tampoco se plasmó en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida. Se "presumió el riesgo
para la salud de las personas a partir del hecho que el ruido superaba el nivel de decibelios permitidos por
la administración" y "la constatación de la infracción administrativa no es suficiente para estimar la comisión
del delito del artículo 325 CP ".
Este motivo carece también del necesario fundamento y, por tanto, debe ser desestimado.
En efecto en el "factum" de la sentencia, se declara expresamente probado que las denunciantes Alejo,
Belinda y Elsa, que vivían en el inmueble donde se hallaba ubicado el bar Macumba, sufrían "molestias que
les ocasionaban insomnio por el ruido que durante las horas de apertura al público se derivaba del uso del
equipo musical" instalado en dicho establecimiento, razón por la que formularon la correspondiente denuncia.
El Tribunal de instancia afirma luego, en la fundamentación jurídica de la sentencia, que, en el acto
del juicio declararon como peritos, la Dra. Celia y el Dr. Conrado , y que la primera ratificó en tal
momento el informe obrante a los folios 506 y 507. Informe que "sirve de prueba de que dicho ruido podía
producir trastornos del sueño importantes, dificultando la conciliación del sueño, su interrupción, anulando el
efecto reparador al alterar su profundidad, pudiendo por otra parte provocar fatiga, depresión y reducción del
rendimiento" (v. FJ 1º).
Por lo demás, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal al evacuar el trámite de instrucción, la
actividad que se declara probada en los hechos de la sentencia "produce un insomnio asociado al ruido a los
vecinos que se prolonga durante mucho tiempo" y "los riesgos para la salud de las personas, derivados de
tal actividad son comprensibles para cualquier persona medianamente culta, incluso sin necesidad de haber
estudiado medicina".

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 "Los efectos de un insomnio de larga duración provocado por el ruido pueden producir, en la forma que
se relata en el citado informe (se refiere al obrante a los folios 506 y 507) y se recoge en la sentencia, graves
trastornos para la salud de las personas"; "cualquiera puede entender de lo que se está hablando; pero es
que, en este caso, además, existen pruebas que corroboran dicho informe y que soportan las conclusiones
fácticas de la sentencia y la calificación jurídica en que el Tribunal subsume la conducta del acusado".
Es patente que el motivo carece de fundamento. En el "factum" se dice que el uso del equipo musical
del bar Macumba ocasiona insomnio a los vecinos, por el ruido que proviene de tal uso; y luego, en el FJ 1º,
se pone de manifiesto la existencia de un informe pericial en el cual se describen las posibles consecuencias
de semejante ruido , que sin la menor duda deben calificarse de graves (fatiga, depresión y reducción del
rendimiento).
Como quiera que en el art. 325.1 del CP se castiga a los que contraviniendo las leyes u
otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque ruidos o vibraciones,
estableciendo una agravación de la correspondiente pena "si el riesgo grave de perjuicio fuese para la salud
de las personas", y resulta evidente, por todo lo anteriormente expuesto, que, en el presente caso, concurren
ambas circunstancias, es patente que el motivo carece de fundamento y que, por tanto, debe ser desestimado."
Pues bien, en nuestro caso, la sicóloga adscrita a los Juzgados de Sevilla fue categórica al señalar
en su informe, datado el 26 de noviembre de 2010 que Dª Andrea , con la que se entrevistó el 10 de
noviembre de 2010 (ver informe a los folios 395 a 398), la misma presentaba malestar emocional, que informa
d depresión y hostilidad por síntomas que incluyen vivencias disfóricas, de desánimo, anhedonia, impotencia,
falta d energía, así como ideas destructivas y otras manifestaciones somáticas características de estados
deprimidos (alteraciones del sueño y apetito). Es de resaltar que la fuente de esos padecimientos cesaron en
mayo de 2008, y a pesar de ello Dª Andrea en noviembre de 2010 aun los sufre.
Por otra parte, los hechos igualmente son constitutivos del tipo agravado del artículo 326 b) del C.P .,
ya que ambos acusados de modo clamoroso, como veremos, desobedecieron las órdenes expresas de cesar
en su conducta generadora de ruidos no permitidos.
Tercero .- Del expresado delito son penalmente responsables los acusados D. Sixto y Dª Mariola .
Así creemos que se infiere de la valoración de la prueba realizada.
Las continuas molestias a los vecinos sobre todo de madrugada a causa del alto ruido de la música en
las madrugadas de los fines de semana se acredita por las declaraciones de las denunciantes Dª Andrea y
Dª Graciela , de todos y cada uno de los policías que a requerimientos de ellas u otros vecinos se personaron
en las fechas que citan, entre agosto de 2007 y mayo de 2008, comprobando el ruido procedente del alto
volumen de la música procedente del bar Coyote.
En cuanto a la autoria de la acusada no ofrece duda, ya que era la persona que regentaba el bar,
estando presente en todas las ocasiones que se personó la Policía Local de Dos Hermanas a causa de las
denuncias citadas en el bar Coyote, mantuvo enfrentamientos verbales con las denunciantes a través del
telefonillo del portal retándolas a bajar a la calle y estaba presente los Policía al observar los agentes de la
autoridad que se había manipulado el precinto sobre la música y la misma funcionaba superando los limites
administrativos permitidos.
Respecto a la autoría del acusado ha reconocido haber recibido las notificaciones de precinto del
sistema de sonido de la música y se ha comprobado que ese sistema fue manipulado del modo descrito en
los hechos probados, y que observaron los Policías locales de Dos Hermanas NUM027 y NUM013 , así
como el perito D. Patricio , que asevero en el plenario que el limitador de volumen estaba manipulado en el
sentido de estar 3 días sin conectar , 3 días borrado el resultado de esos días y 9 días rebasando el limite.
Los Policías peritos incluso hicieron mediciones en presencia de los acusados en el interior de una de las
viviendas de las denunciantes (ver folio 200 y siguientes y 161 y siguientes), siendo superior a dicho limite
administrativo, los 30 dB establecidos en el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en
Andalucía, y la Ley española 37/2003, de 17 de noviembre.
Frente a este peritaje las defensas de los acusados han opuesto la pericia de Valeriano . A este
respecto hay que resaltar que el propio Sr. Valeriano admite que para realizar la pericia ajustó el limitador
de volumen al máximo permitido administrativamente, por lo que su pericia no es incompatible con el hecho
de que reiteradamente se sobrepasasen los límites sonoros indicados, ya que los acusados manipulaban del
modo descrito ese limitador, una vez que fue instalado por el Sr. Valeriano .

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 Por otra parte, Los Policías Locales NUM021 y NUM013 comprobaron el 9 de marzo de 2008 que
practicado el precinto se colocó un amplificador independiente al aparato precintado, conculcando de esta
mantera la suspensión de la actividad musical, acordada por resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas
de 14 de enero de 2008 y notificada al acusado el 25 de enero de 2008 (folio162).
Los policías NUM022 y NUM032 el 27 de abril de 2008 vigente dicho precinto y suspensión de la
actividad de emisión de música presenciaron que en el local se estaba emitiendo música, advirtiendo a la
acusada que no podían emitirla, lo que desoyó de nuevo.
Esta desobediencia de los acusados a la suspensión de la actividad de emisión de música configura
la agravación contemplada en el artículo 326 b).
Cuarto.- No apreciamos la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Quinto .- Teniendo en cuenta las consideraciones hechas y lo establecido en los artículos 325 y 326
del C.P . se impone a cada uno de los acusados la pena mínima posible, es decir la pena de cuatro años
y un día años de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionados con
la explotación de negocios de hostelería y esparcimiento que requieran licencia para emitir grabaciones de
música o música en directo por el mismo periodo de 4 años y un día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 del Código penal , este Tribunal al considerar que
la pena impuesta de prisión es excesiva, atendidos el mal causado que no ha llegado a producir la necesidad
de atención médica y las circunstancias personales de los acusados que carece de antecedentes penales, se
muestra favorable a que les sea concedido por el Gobierno de la Nación un indulto parcial de la pena privativa
de libertad de dos años, para que le pueda ser suspendida, en su caso, la ejecución de la pena privativa de
libertad en base a los artículos 80 y siguientes del Código Penal , siempre que cumpla todos los requisitos
establecidos en dichos preceptos.
Sexto .- Toda persona responsable de un delito o falta lo es también civilmente. Los acusados
solidariamente indemnizarán a Dª Andrea por los perjuicios causados en 4000 euros, como solicita el
Ministerio Fiscal. Como vimos aún padece la Señora Andrea secuelas sicológicas derivadas de la conducta
delictiva de los acusados, secuelas que por su entidad justifican el montante de la indemnización. No procede
conceder indemnización alguna a Dª Graciela , ya que en el plenario renunció a la indemnización que le
pudiera corresponder.
De conformidad con los artículos 123 y 124 CP y 239 y siguientes LECR , imponemos a los acusados
las costas causadas por mitad.
Séptimo .- Finalmente como fundamentos de esta resolución se han tenido en cuenta los artículos 24
y 120 CE ; los artículos 1.1 , 2 , 5 , 15 , 27 , 32 a 34 , 53 y siguientes, 58 y 61 y siguientes del CP ; y los
artículos 142 , 741 y 742 de la LECr .

FALLAMOS
Condenamos a los acusados D. Sixto y Dª Mariola como autores responsables de un delito contra
el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica, ya definido, sin apreciar circunstancias
modificativas de su responsabilidad penal, a las penas para cada uno de ellos de 4 años y un día de prisión,
e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionados con la explotación de negocios
de hostelería y esparcimiento que requieran licencia para emitir grabaciones de música o música en directo
por el mismo periodo de 4 años y un día. Abonaran las costas por mitad.
En el orden civil los acusados solidariamente indemnizarán a Dª Andrea por los perjuicios causados
en 4.000 euros. No procede conceder indemnización alguna a Dª Graciela , ya que en el plenario renunció
a la indemnización que le pudiera corresponder.
Téngase en cuenta en ejecución de sentencia los intereses del artículo 576 de la L.E.C .
Reclámense las piezas de responsabilidad civil de los acusados al Juzgado Instructor.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación, que puede prepararse ante este Tribunal dentro de
los cinco días siguientes al de su última notificación, mediante escrito autorizado por letrado y procurador.
Así por esta nuestra sentencia, juzgando en única instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sala que la dictó en Audiencia Pública.
Doy fe.

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