DECLARACIÓN DE VALÈNCIA
JORNADAS MUNICIPALISTAS POR UNA
FINANCIACIÓN JUSTA

Propuestas de reforma.
València 16 y 17 de febrero de 2017

 JORNADAS MUNICIPALISTAS POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA
Los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas presentes en València los días 16 y 17 de
febrero de 2017 convocados por el Alcalde de la Ciudad, Joan Ribó, con motivo de la
celebración de las “JORNADAS MUNICIPALISTAS POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA.
PROPUESTAS DE REFORMA”.

Declaramos en la Ciudad de València que:
1.

Los gobiernos locales son entes políticos que prestan servicios públicos
esenciales desde la proximidad, amparados en el principio constitucional de
autonomía. Como tales, requieren de un sistema de financiación estable que
garantice la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en el marco de
sus competencias al menos al mismo nivel que el resto de los gobiernos
territoriales. En consecuencia, como punto de partida esencial, la reforma del
sistema de financiación local no pude verse postergada, ni supeditada a la
reforma del modelo autonómico, sino que debe abordarse conjuntamente con éste
en el marco de una reforma global de la financiación del sector público.

2.

En todo caso el/los sistema/s de financiación local deberá/n combinar la presencia
de un espacio fiscal propio con impuestos (propios y compartidos), tasas, precios
públicos y, en su caso, contribuciones especiales, que permita a los gobiernos
locales ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal, con un conjunto de
transferencias incondicionales (procedentes tanto de la Administración Central,
como de las Administraciones Autonómicas) que tengan por objeto cubrir la brecha
existente entre las necesidades de gasto estimadas con base a las competencias
asumidas y la capacidad fiscal propia que emana de las bases tributarias
disponibles.

3.

En relación con los espacios fiscales a utilizar por los gobiernos locales, la
propiedad inmobiliaria, en tanto que base imponible fijada al territorio, debería
continuar siendo la base nuclear de la fiscalidad local. Ello requiere un sistema
ágil de gestión y actualización de la base catastral y la libertad de los gobiernos
locales para establecer los tipos impositivos que consideren convenientes. Por otra
parte, en la medida en que el IBI es un tributo de base real (a diferencia del
Impuesto sobre el Patrimonio Neto, sólo grava una parte de las propiedades de los
contribuyentes sin permitir deducir sus cargas), debería flexibilizarse el número de
exenciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales aplicables a este tributo
que erosionen su recaudación y derivarse en su caso al lado del gasto las
decisiones de política social tradicionalmente fomentadas por estas medidas.
Asimismo, se considera necesaria una reforma de la Ley de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos de manera que se evite la utilización de la citada ley
para beneficio injusto de exenciones fiscales.

4.

Complementariamente, deberían revisarse el resto de los tributos locales
vigentes actualmente, al objeto de mejorar su equidad distributiva y la

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 eficiencia de sus objetivos en coordinación con la fiscalidad de las
Comunidades Autónomas. Parece necesaria una reforma en profundidad del
Impuesto sobre Actividades Económicas, cuyo potencial se ha visto seriamente
damnificado por la reforma que desfiscalizó a los profesionales y a la gran mayoría
de las actividades empresariales, generando importantes inequidades en la
distribución geográfica de las bases. Y parece igualmente necesaria una reforma
simultánea que coordine bases fiscales similares utilizadas por ambas
administraciones, como son los vehículos o las plusvalías inmobiliarias.
Finalmente, debería mantenerse el sistema de coparticipación en las grandes figuras
tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, y
estudiarse la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de
competencia normativa (por ejemplo la potestad de establecer recargos en el caso
del IRPF).
5.

En lo que respecta al sistema de transferencias, debería combinarse el recurso a
las transferencias estatales (la llamada participación en tributos del estadoPIE) con las menos desarrolladas transferencias autonómicas (PICAs). En este
punto es una vez más importante la coordinación con el modelo de financiación
autonómica, al objeto de fijar conjuntamente los criterios sobre cuya base se
determine el cuánto agregado inicial (la distribución ente niveles de gobierno de los
recursos a efectos de garantizar la equidad vertical de acuerdo con la distribución
de competencias) y también las reglas de evolución de ese agregado. Un segundo
asunto relevante es el que afecta a la distribución interna (entre municipios) de esa
cuantía agregada, lo que requiere también el establecimiento de reglas que
deberían ser definidas técnicamente con base a indicadores de necesidades de
gasto y capacidad fiscal. Probablemente en ese caso, la diversidad local aconseje
criterios distributivos no homogéneos al menos en lo que respecta a la distribución
de las PICAs. En todo caso, como principio general, en aras al respeto no sólo de la
autonomía local, sino también de la eficiencia en su gestión, las transferencias de
las comunidades autónomas a los municipios deberían ser principalmente
incondicionales, al contrario de lo que viene siendo tradicional en este tipo de
relaciones intergubernamentales.

6.

La experiencia reciente de gestión de la PIE desde el Ministerio de Hacienda, en
particular el mecanismo de los ingresos a cuenta sobre la base de presupuestos
preventivos y las importantes desviaciones (la volatilidad de los resultados
definitivos), que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los
municipios y han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias en
momentos de crisis aguda, aconsejan revisar en profundidad no sólo el
contenido, sino también la forma de llevar a la práctica esa gestión.

7.

En la medida en que una adecuada gestión presupuestaria es básica para la salud
financiera de los municipios y para una correcta planificación plurianual de sus
inversiones, debería agilizarse al máximo la transmisión de la información
relevante para este objetivo. En este sentido, dado que las transferencias del
Estado (PIE) constituyen una parte muy apreciable del conjunto de ingresos

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 corrientes y que no parece de esperar que ese peso tienda a disminuir, todos
los asuntos relacionados con ese instrumento cobran especial interés y
cualquier medida que anticipe la transmisión de información relativa al mismo
tendría efectos notablemente positivos. Así por ejemplo una eventual sustitución
de la variable Ingresos Tributarios del Estado por el PIB como norma a la que
vincular la evolución de la PIE podría ser estudiada como alternativa.
8.

Además, siempre en el contexto establecido por la normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera con base al principio de lealtad
institucional, las entidades locales tendrán derecho a acceder al endeudamiento
como instrumento complementario para la financiación de sus necesidades de
inversión, manteniéndose la deuda local en un nivel no inferior al 3 % del PIB
establecido por la legislación vigente como objetivo a alcanzar en el año 2020.
Porcentaje con el que deberán ser coherentes los objetivos anuales de
capacidad/necesidad de financiación y de deuda, consensuados entre los tres niveles
de la Administración, conjuntamente con las líneas generales de la política fiscal y
la distribución vertical de los recursos financieros. Se reformará así mismo la
fórmula de cómputo de la deuda y avales de cada entidad en el régimen regulador
del endeudamiento, con aplicación de los criterios del Protocolo de Déficit
Excesivo.

9.

El subsector de las entidades locales, viene obteniendo a partir del año 2012
superávit en términos de capacidad/necesidad de financiación frente al objetivo de
equilibrio que se les exige. Paralelamente la evolución del volumen de la deuda
local se sitúa, a partir del año 2014, por debajo de la senda de objetivos que le son
asignados. Ambos resultados, sostenidos en el tiempo, son la consecuencia de las
normativas a la que las entidades se ven sometidas en materia de endeudamiento,
planes y regla de gasto, mucho más restrictivas de lo requerido por el cumplimiento
de dichos objetivos. En esta situación de superávit continuado la regla de gasto
contribuye a su perpetuación, a la acumulación de recursos excedentes, o a su
destino a la reducción de deuda cualquiera que sea el volumen de ésta. Supone una
grave limitación de los recursos, tanto no financieros como financieros, que los
Ayuntamientos pueden invertir, dentro de los márgenes que el equilibrio
presupuestario y la sostenibilidad financiera determinan. Por ello propugnamos
que la Regla de Gasto se aplique a las entidades locales, (e igualmente al resto
de las Administraciones públicas), únicamente en caso de vulneración de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, formando
parte del conjunto de medidas preventivas y correctivas que la ley contempla
para lograr su cumplimiento. Se pretende recuperar así la finalidad y
características que la regla de gasto tiene en la Unión Europea, donde es aplicada a
los estados que están sometidos al Protocolo de Déficit Excesivo, con naturaleza de
indicador del cumplimiento del objetivo a medio plazo en términos de estabilidad
presupuestaria y no como objetivo propiamente dicho.

10. En la medida que los resultados obtenidos por las entidades locales siga siendo de
superávit en términos de estabilidad, como viene sucediendo en los últimos años, y

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 el objetivo a cumplir por cada una de las mismas sea el equilibrio, la obligación de
destinar los recursos excedentarios disponibles a cancelación de deuda solo cobra
su sentido en el supuesto de incumplimiento del nivel de deuda o del periodo medio
de pago a los proveedores. La restricciones a su inversión en cualquier otro tipo de
gasto, cuando las entidades no incurren en dichos incumplimientos, constituye una
imposición encubierta de mayores objetivos de superávit y de reducción de deuda
frente a los establecidos. que pretendemos explícitos y consensuados entre todas las
administraciones. Propugnamos por ello que las entidades locales que obtengan
un resultado de superávit o capacidad de financiación con remanente de
tesorería para gastos generales positivo, deberán poder disponer libremente de
dicho remanente, siempre y cuando no superen los límites en los niveles de
morosidad y deuda financiera que la ley establezca, sin que dicha disposición
compute a efectos de cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria.
Por todo lo anterior firmamos la presente declaración y damos traslado de estas
propuestas de reforma financiera a la Federación Española de Municipios y Provincias y
al Gobierno de España, mostrando nuestro apoyo a la Comisión de Expertos creada
para el estudio de la reforma de la financiación local, constituida por Acuerdo del
Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de febrero de 2017.
València, 17 de febrero de 2017

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