Ante las incertidumbres de cómo está actuando el
Gobierno de España en la elaboración del nuevo modelo
de financiación, compartimos las siguientes premisas y
estaremos muy vigilantes al desarrollo del grupo de
trabajo.
1.- La reforma del sistema de financiación autonómica no
debe abordarse como un debate de territorios, sino con el
objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado del
Bienestar en España, poniendo en el centro de atención las
necesidades de las personas, con independencia del
territorio donde vivan.
El actual Sistema de Financiación Autonómica no ha
protegido el gasto social durante la crisis. En las grandes
partidas de sanidad, educación y dependencia el gasto real
por habitante de las Comunidades se ha visto forzado a
retroceder un 15% entre ese año y 2015. Pese a esa caída,
las Comunidades Autónomas dedican 16.000 millones de
euros más a prestar los servicios públicos esenciales de los
que ofrece el Fondo de Garantía creado por el actual
modelo para financiarlos en similares condiciones en todos
los territorios. Así pues, es evidente que existe una
insuficiencia en los recursos asignados por el sistema a
estas funciones.

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 Y las Comunidades Autónomas no derrochan en sanidad,
educación y protección social. En realidad, el gasto de las
Comunidades Autónomas se encuentra 4 puntos de PIB
por debajo de la media de los países de la Eurozona, es
decir, 40.000 millones de euros menos.
Resolver este problema de insuficiencia estructural para
financiar el gasto en sanidad, educación y protección social
de las Comunidades Autónomas debe ser el primer y el
principal objetivo del nuevo Sistema de Financiación
Autonómica.
Es imprescindible que el conjunto de los ingresos públicos
pueda sostener el conjunto de los gastos públicos, sin
incurrir el déficit, y también es necesario equilibrar los
gastos y los recursos atribuidos a cada administración. Por
esa razón, la actual distribución de la distribución de los
ingresos tributarios entre las Administraciones Públicas
debe ser revisada.
2.- Adicionalmente, el nuevo modelo tiene que
proporcionar una financiación suficiente para que las
Comunidades Autónomas puedan prestar todos los
servicios públicos de los que son responsables, con unos
niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficits en el
horizonte de 2020.

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 3.- Hay que construir un sistema que equipare en recursos
a las distintas regiones. Todos los ciudadanos,
independientemente del territorio en el que residan,
tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de
servicios públicos a prestar por las Comunidades
Autónomas. Es una reivindicación de equidad.
4.- El sistema de financiación debe proporcionar
estabilidad a la financiación de la sanidad, la educación y
los servicios sociales, que son tres de los cuatro pilares del
Estado del Bienestar. Con otras palabras, su nivel de gasto
debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo
económico. En este sentido, debe construirse una garantía
a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y la
creación de un fondo de reserva (tal y como sucede con las
pensiones), de forma que se protejan los recursos
necesarios para la prestación de tales servicios.
5.- Asimismo, debe asegurarse la aplicación efectiva del
principio de lealtad institucional entre el Estado y las CCAA,
y de las Comunidades Autónomas entre sí. Ello significa, en
primer lugar, que las nuevas necesidades de gasto deben
ir acompañadas de los recursos correspondientes. Puesto
que la mayoría de las normas que regulan los niveles de
prestación de los servicios públicos fundamentales
emanan del Estado, éste debe comprometerse con su
financiación.

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 Y en segundo lugar, ha de acometerse un proceso de
armonización fiscal. Ésta es una condición necesaria para
que cualquier sistema de financiación autonómica
funcione de manera eficiente y equitativa. La ausencia de
armonización fiscal puede provocar que los ciudadanos
decidan dónde vivir no según sus preferencias o
condiciones personales sino según la legislación tributaria
de las CCAA, con la consiguiente desigual e injusta
distribución de la carga tributaria.
6.- El nuevo modelo debe ser sencillo, transparente,
predecible y, por tanto, permitir la planificación a medio y
largo plazo, lo que coadyuvará a una mejor consolidación
fiscal en las CCAA.
7.- Durante los últimos cinco años la contribución al
esfuerzo de reducción del gasto público de las distintas
administraciones ha sido muy desigual y en absoluto
proporcional a sus pesos respectivos en el gasto público.
La Administración central ha soportado un 20,5% de los
ajustes, las Comunidades Autónomas el 62,2% y las
Corporaciones Locales el 28,1%. En sentido contrario, la
Seguridad Social ha contribuido a incrementar el gasto un
10,8% en estos años. Es decir, la reducción del gasto
público en el periodo 2011-2015 ha sido lograda en un 95%
por el esfuerzo de las administraciones subcentrales: las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

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 Con la finalidad de repartir equitativamente los esfuerzos
y potenciar al máximo la rentabilidad social del gasto
público, todos los principios enunciados anteriormente
deben contemplarse igualmente en el diseño de la
financiación de los servicios prestados por las
Corporaciones Locales a los ciudadanos y en la
determinación de los objetivos de déficit de los diferentes
niveles de administraciones públicas, como viene
reiterando la AIReF.
8.- Como consecuencia de la insuficiencia de ingresos, y
pese a las reducciones de gasto en todos los ámbitos, las
Comunidades
Autónomas
han
incrementado
sustancialmente su endeudamiento entre 2009 a 2014. Si
el sistema de financiación hubiera provisto los recursos
necesarios para cubrir el gasto en servicios públicos
fundamentales, el endeudamiento autonómico hubiera
sido 156.000 millones de euros menos.
En consecuencia, debe abordarse la problemática derivada
de los déficits presupuestarios generados por la
infrafinanciación autonómica desde el principio y,
particularmente, en el periodo 2002 a 2017, y que se han
traducido en un nivel de deuda que amenaza la viabilidad
financiera de la totalidad de Comunidades Autónomas de
régimen común. La infrafinanciación que han
experimentado las Comunidades Autónomas debe ser
tratada y solucionada como un problema de Estado,
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 especialmente si la puesta en marcha del nuevo sistema de
financiación se demora en el tiempo.

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