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Índice
Moción de censura: un imperativo ético .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
I. Lucha contra la corrupción y apuesta firme
por la regeneración política. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6
II. Redistribución de la riqueza madrileña .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
III. Tarjeta única de transporte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
IV. La vivienda como derecho, no como problema .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
V. Nuevo modelo productivo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
VI. Educación: presente y futuro de los madrileños .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
VII. Sanidad para las madrileñas y los madrileños,
no para las empresas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
VIII. Ley de reversión de la privatización
del Canal de Isabel II.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
IX. Medio ambiente, salud y patrimonio
socioambiental.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
X. Memoria económica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

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Moción de censura: un imperativo ético
El Partido Popular ha convertido una comunidad autónoma
con enormes potencialidades para ser líder en innovación, crecimiento, justicia social, educación y dinamismo económico en
una región que es hoy sinónimo de corrupción.
La detención y encarcelamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco de la «operación Lezo» ha puesto el broche de oro a una larga trayectoria
de tramas corruptas que se inició con la Púnica. Son más de
650 millones de euros lo que se calcula que han costado las
distintas tramas de corrupción en concepto de malversación
o apropiación de dinero público por parte del Partido Popular. Unas cantidades enormes sustraídas del erario público, que
rinden cuenta de la dimensión de los distintos casos y su enorme coste para la ciudadanía madrileña.
La corrupción en la Comunidad de Madrid ha sido la forma
de gobernar de un Partido Popular declarado «organización
criminal» por el juez De La Mata. Una situación política e institucional que no tiene parangón en ninguno de los países de
nuestro entorno. Una situación de absoluta excepcionalidad
democrática que exige una acción firme, determinada y valiente que corte de raíz el saqueo sistemático de nuestras instituciones públicas y del dinero de todas y todos.
Proteger las instituciones públicas es un imperativo ético de
los demócratas. Nadie puede asegurar que lo que ha estado
ocurriendo durante los últimos quince años no siga ocurriendo
hoy. No hay garantías suficientes, avaladas por las investigaciones judiciales o por las inspecciones realizadas, que certifiquen que se haya detenido el saqueo.
El epicentro de la trama de corrupción de la «operación Lezo»
se encuentra en el Canal de Isabel II, una empresa de la que
la actual presidenta de la Comunidad de Madrid fue consejera en el año 2014, mientras sucedían los hechos delictivos.
Importantes cargos del Gobierno de la Comunidad y de la
Asamblea pertenecientes al Partido Popular también formaron parte de su consejo directivo. Pese a que no existan en
estos momentos responsabilidades judiciales directas, la responsabilidad política de esos altos cargos es innegable. No se

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puede mirar hacia otro lado ante las prácticas que deterioran
nuestra democracia y nuestra vida pública, ni se puede dejar
de actuar cuando el dinero de todas y todos está siendo sustraído de forma ilegal e ilegítima.
No podemos permitir que la impunidad y la normalización de la
corrupción persistan en nuestra comunidad autónoma. Existen
responsabilidades judiciales y responsabilidades políticas que
deben asumir las personas implicadas en las distintas tramas.
No podemos ser cómplices ni quedarnos de brazos cruzados
ante el expolio de nuestros recursos públicos, y tampoco podemos ser partícipes del hundimiento de la imagen de Madrid
ni de su secuestro institucional.
Es la hora de devolver la normalidad institucional a nuestra
comunidad. Dejar atrás los tiempos oscuros y la forma corrupta de gobierno que ha impuesto el Partido Popular. Una
forma de gobierno cuyo modelo de privatizaciones y externalizaciones era la condición de posibilidad para seguir saqueando las arcas públicas.
El modelo de privatizaciones diseñado e implementado por
el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha sido la antesala de la corrupción masificada. Los sucesivos Gobiernos del
PP no han querido desarrollar nunca reformas que mejoraran
nuestros servicios públicos, haciéndolos más eficientes y más
eficaces. Por el contrario, las reformas de Esperanza Aguirre
y de Ignacio González, profundizadas por Cristina Cifuentes,
únicamente reproducían y reproducen esquemas de modelos
fracasados del pasado en el que se liberalizan servicios y gracias a los cuales se ha intentado regalar hospitales y escuelas
a amigos del Partido Popular.
La corrupción es el ADN de la venta de lo público a corporaciones privadas muy poderosas al servicio de las élites políticas y sociales de la Comunidad de Madrid. Las privatizaciones
han seguido únicamente la lógica de enriquecer al Partido Popular y a las minorías privilegiadas de Madrid.
Nuestra moción de censura presenta un programa de gobierno
que quiere acabar con la corrupción, con los corruptores y con
los modelos de gobernanza que permiten y reproducen esta
nefasta situación. Es el momento de solucionar de raíz los problemas que empobrecen a las mayorías sociales madrileñas y
que han hundido y destrozado nuestras instituciones públicas.

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Poner Madrid a la altura de su gente. Un Madrid que trabaja por
mejorar de manera incesante y que quiere entrar de lleno en el
siglo XXI. Una Comunidad de Madrid que vuelve a vestirse con
la bandera de la democracia y la justicia social, la sanidad y la
educación públicas y de calidad, el buen funcionamiento y las
buenas prácticas institucionales; que rompe los andamiajes de
la corrupción que el PP ha instalado en cada una de las paredes de un edificio al borde de la demolición.
Toca reconstruir los cimientos con los materiales del siglo XXI:
participación, transparencia y servicios públicos de calidad. Es
la hora de pasar página y de enterrar para siempre un pasado
oscuro para escribir la nueva página del Madrid moderno y dinámico que no deje a nadie atrás.
El decálogo de propuestas programáticas recogido en este documento pretende ser la base de un programa de regeneración
democrática y de transformación abierto a la ciudadanía y a
los partidos, por lo que nace y deberá seguir nutriéndose de un
diálogo honesto y colectivo. Este decálogo es, en definitiva, una
propuesta sincera para construir un futuro de oportunidades
que vuelva a poner a Madrid en el lugar que se merece.

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I. Lucha contra la corrupción y apuesta firme
por la regeneración política
Las tramas Gürtel, Púnica o Lezo, el ático de Marbella, la trama
de los espías, los cursos de formación de la patronal, la venta
de vivienda social a fondos buitres y el agujero de Bankia son
ejemplos conocidos por todos de cómo veinticinco años del
Partido Popular en la Comunidad de Madrid han convertido
la corrupción, el clientelismo y la opacidad en una forma de
gobierno. El rescate de autopistas, los sobornos, los proyectos
faraónicos y la privatización de servicios públicos esenciales
en beneficio de unos pocos han dejado una Administración
totalmente empobrecida. Esta realidad es bien percibida por
las madrileñas y los madrileños, que señalan ya la corrupción
como el segundo problema de la Comunidad, tan solo por detrás del desempleo.
La ciudadanía ha expresado de diversas maneras su profundo
rechazo a la corrupción sistémica que sacude tanto a Madrid
como al resto de España. Gracias a la decisión de los ciudadanos y funcionarios anónimos, que decidieron rebelarse y
denunciar el abuso y el expolio de lo público, hemos podido
conocer muchas tramas corruptas. Sin embargo, son estas
personas las que sufren a menudo las consecuencias de tan
honesta heroicidad mientras los corruptos campan a sus anchas con impunidad. Es un modelo de gobierno agotado que
usa las instituciones en contra de los más vulnerables y se consume en sus propias luchas internas de poder. En Podemos
somos conscientes de que para dar la vuelta a esta situación
hemos de otorgar el protagonismo a la gente, ofreciendo las
herramientas necesarias para ejercer un control ciudadano sobre la función pública como medio para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente.
Nuestras propuestas pivotan sobre tres ejes:

• Transparencia y rendición de cuentas para prevenir, dificultar, detectar y atacar la corrupción.

• Facilitar y fomentar la participación de los ciudadanos en la
gestión activa de los asuntos públicos.

• Promover la evaluación y análisis de políticas públicas para
mejorar la toma de decisiones, facilitar la participación y
aumentar la rendición de cuentas.

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La corrupción puede ser atacada de dos maneras diferentes. Una de ellas es a través de la vía penal, tipificando nuevos delitos, agravando las penas de los delitos de corrupción
o dotando de más medios y recursos al poder judicial. Otra
vía complementaria es la de la prevención, que se logra implementando un verdadero sistema de transparencia y participación ciudadana en la Administración Pública y las instituciones.
La vía penal es una materia sobre la que se puede legislar únicamente desde las Cortes Generales del Estado. Sin embargo,
desde la Asamblea y la Comunidad de Madrid es posible hacer
una seria y valiente apuesta por la participación y por la transparencia, acompañada de algunas medidas anticorrupción
desde las competencias de nuestra comunidad autónoma. A
ello es a lo que nos comprometemos en Podemos, a convertir
estos ejes en líneas maestras de acción desde el primer día en
que entremos en las instituciones.
Durante los últimos años, hemos defendido que la democracia
no debe reducirse a echar una papeleta cada cuatro años. La
política no puede ser un casino en el que unos pocos hagan
negocio a costa de la mayoría de la población. La participación
política es un derecho fundamental, recogido en la Constitución española en los artículos 1.2, 9.2 y 23.1. Pero para participar en la vida política con todas las garantías es necesario contar con toda la información, presentada en formatos de clara
consulta y fácil comprensión.
La promoción del software libre y los datos abiertos también
es una oportunidad para desarrollar una industria innovadora
y fomentar la creación de empleo. Como puede observarse en
otros países tales como el Reino Unido o EE.UU., la aplicación
de criterios de transparencia en formatos Open Data (datos
abiertos) no solo permiten el ahorro y reducen la corrupción,
sino que favorecen y permiten el surgimiento de todo un nuevo sector económico en torno a la información pública, que
genera empleo y riqueza. Es un buen punto de partida de cara
a renovar el modelo productivo de la región, estableciendo
nichos para los sectores tecnológico e infomediario, tradicionalmente débiles y externalizados. Queremos además resaltar
que la aplicación del programa implicaría un ahorro a las arcas
públicas, pues su coste no es alto y el impacto en la reducción
de la corrupción compensaría ampliamente los costes.
La consolidación de la participación ciudadana permitirá que
la ciudadanía pueda colaborar en la acción de los gobernantes, y que se produzca, de este modo, una complementación

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entre la participación en los asuntos públicos y la democracia
representativa, lo que posibilitará el perfeccionamiento de los
valores democráticos, de la cultura democrática, de la racionalización y modernización de las administraciones públicas, de
la innovación en la gobernabilidad y del afianzamiento de una
democracia más deliberativa y más próxima a la ciudadanía.
Es, en resumen, a través de las medidas que se exponen a
continuación como queremos recuperar las instituciones y el
protagonismo de la gente de Madrid, expulsando de la Administración Pública a los corruptos y convirtiéndola en la más
transparente y participativa del mundo; y sentando las bases
para erradicar la corrupción, la opacidad y el clientelismo de la
gestión pública y abriendo puertas y ventanas para que entre
el aire fresco de la democracia.

Nuestras propuestas:
Reforma de la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es una de
las herramientas fundamentales para la fiscalización del gasto público. Sin embargo, dispone de una regulación muy débil
en comparación con otras comunidades autónomas, y los recientes casos de corrupción han dejado clara su incapacidad
para detectar y prevenir irregularidades. Actualmente la imagen de la institución se ha visto dañada al relacionarse a dos
consejeros con la «operación Lezo». Por un lado, el presidente de la Cámara de Cuentas fue gerente del Canal de Isabel II
cuando comenzó la expansión en Latinoamérica, y responsable de la compra de Inassa, «fraudulenta» según el juez Velasco. Una operación sobre la que Ignacio González dijo: «Eso sí
que fue un pelotazo». En segundo lugar, Concepción Ruano
es la esposa de Idelfonso de Miguel, mano derecha de Ignacio
González en el Canal de Isabel II, que ha quedado en libertad
bajo fianza tras la «operación Lezo». Tanto su marido como su
hermano participaron en el negocio de las adjudicaciones de
la TDT. Contando con estos consejeros, no es de extrañar que
se dejaran sin fiscalizar grandes focos de corrupción como el
propio Canal, la agencia de informática (ICM), la Ciudad de
la Justicia o Telemadrid. Ahora es más necesario que nunca
rediseñar una Cámara de Cuentas a la altura de las demandas

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ciudadanas, que ejerza un verdadero control sobre las finanzas públicas y que sirva para evaluar la eficacia y el beneficio
social de la implementación de políticas públicas. Esta reforma de ley tendrá siete puntos fundamentales:

• Garantizar la pluralidad y la independencia de los consejeros mediante un nuevo sistema de elección y cese.

• Dotar a la Cámara de Cuentas de capacidad sancionadora.
• Ampliar el perímetro de actuación a entidades mixtas regidas por el derecho privado, pero bajo control público. Ampliar también el rango de fiscalizaciones a partidos políticos para incluir a sus fundaciones vinculadas.

• Ampliar las funciones para realizar informes operativos que

analicen el beneficio social de políticas públicas en relación
con los recursos empleados.

• Medidas de prevención de corrupción.
• Detectar aumentos patrimoniales injustificados
cargos.

de altos

• Aumentar la colaboración con la Intervención General, Hacienda y el Banco de España.

Ley de Participación
La participación ciudadana es una de las asignaturas pendientes de las instituciones en general y de la Comunidad de Madrid en particular. Frente a la concepción mínima de la participación que tienen las instituciones, en la que el voto es la única
manera de influir en la manera de gestionar lo común, proponemos una concepción amplia y extendida de la participación,
donde la ciudadanía se implique de manera activa en la gestión de lo público. Para conseguirlo, es necesario realizar una
serie de cambios estructurales que aborden nuevos espacios
de deliberación y proposición entre actores públicos, privados
y comunitarios, que pasan por la democratización de las administraciones, para devolver a la sociedad sus instituciones. Más
participación significa mayor compromiso ciudadano, mayor
legitimidad en la toma de decisiones, mayor empoderamiento
y, en definitiva, mayor democracia y transparencia.

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El principio de participación recogido en el Libro Blanco de la
Gobernanza Europea establece que «la calidad, la pertinencia
y la eficacia de las políticas públicas implican una amplia participación de la ciudadanía en todas y cada una de las distintas
fases del proceso, desde su concepción hasta su aplicación».
Una participación reforzada debería generar una mayor confianza en los resultados finales y en las instituciones de las que
emanan las políticas.
Las únicas dos herramientas de democracia participativa, reconocidas en la Constitución española y desarrolladas a través
de leyes orgánicas, son el referéndum y la iniciativa legislativa
popular. Estos instrumentos se han demostrado insuficientes
para canalizar la demanda de participación ciudadana y para
atajar el progresivo distanciamiento entre los procesos deliberativos y decisorios de las instituciones y la ciudadanía, es
decir, el distanciamiento entre los representantes y el pueblo,
que afecta de forma directa a la eficacia y a la eficiencia de
estas instituciones.
Con este objetivo, proponemos una Ley de Participación que
recoja los siguientes puntos:

• Garantizar la participación directa o indirecta a través de
asociaciones y colectivos, tanto para residentes en Madrid
como para madrileñas y madrileños residentes en el extranjero.

• Mejorar el procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular.
• Referéndum consultivo.
• Conferencias de políticas públicas.
• Procesos de deliberación participativa.
• Consultas populares.
• Iniciativas populares para la creación de normas y reglamentos.

• Proposiciones no de ley y participación popular en el control al Gobierno.

• Presupuestos participativos.

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II. Redistribución de la riqueza madrileña
Eliminar los beneficios fiscales para los ricos
permitirá recaudar 3.200 millones de euros más
Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos y son un medio para distribuir mejor la
riqueza de la sociedad. Con esta afirmación estamos de acuerdo el 66,8% de los españoles y las españolas, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Únicamente uno de cada tres españoles, el 29,4% del total,
considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga
a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.
Es más, el 78,3% de los españoles consideramos que quienes
tienen más riqueza deberían tener un mayor compromiso fiscal con la sociedad, porque creemos que actualmente los ricos
pagan pocos impuestos en nuestro país.
Sin embargo, según señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en su Informe de las líneas fundamentales de presupuestos para 2016 de las Comunidades Autónomas, «la Comunidad de Madrid tiene un amplio margen en
cuanto al ejercicio de la capacidad normativa tributaria al alza,
al mantener una presión fiscal sensiblemente por debajo de
la media de las comunidades autónomas». Las estimaciones
de la AIREF concluyen que en 2015 se perdieron ingresos públicos por valor de 3.200 millones de euros por los beneficios
fiscales concedidos, principalmente a los contribuyentes más
ricos de nuestra región. Sin embargo, tan solo un 12,8% de los
españoles opinan, como así opina también el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que los ricos pagan muchos impuestos.
La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de beneficios fiscales con relación al PIB, un
1,6% en 2015, sobre una media nacional que está ligeramente
por debajo del 0,5%. Las medidas fiscales que serían necesarias para revertir esta situación son las siguientes:

• Revertir las tres rebajas aprobadas por el Gobierno de la
Comunidad de Madrid en la escala autonómica del IRPF
que benefician a las rentas más altas y que han hecho que
en nuestra Comunidad sea donde el IRPF es más bajo, dentro de las de régimen común.

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• Revertir de forma fiscalmente progresiva la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para el
entorno familiar más próximo.

• Incrementar el impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

• Anular la bonificación del 95% del impuesto de adquisición
de inmuebles para uso industrial.

• Eliminar la bonificación del 100% del impuesto de patrimo-

nio, quedando exentos aquellos patrimonios inferiores a los
400.000 euros. En concreto, en la Comunidad de Madrid
hay 13.498 personas empadronadas que tienen un patrimonio superior al millón y medio de euros y que cada año
se ahorran 658 millones de euros en impuestos gracias a
esta política fiscal regresiva. Según Gestha, el sindicato de
Técnicos del Ministerio de Hacienda, las personas residentes en nuestra región que tienen un patrimonio superior a
treinta millones de euros dejan de aportar a las arcas públicas una media de 600.000 euros anuales.

• Eliminar la devolución del gravamen autonómico del impues-

to sobre hidrocarburos para los transportistas profesionales.

• Hacer que las rebajas fiscales para familias numerosas y jó-

venes en materia de vivienda en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como
en el IRPF, se otorguen teniendo en cuenta la renta de los
solicitantes, ya que tal y como se desarrolla actualmente, sin
tener en cuenta la renta, hace que resulte regresiva.

• Eliminar los beneficios fiscales en materia de descendien-

tes, por nacimiento y adopción de hijos y por gastos educativos, y sustituirlos por subvenciones directas que tengan en cuenta la renta de los beneficiarios, lo que permitirá
evaluar sus efectos.

Renta Activa de Inserción
En la actualidad, la Renta Activa de Inserción que gestiona la
Comunidad de Madrid para hogares en situación de pobreza
severa la reciben algo más de 22.000 hogares.
Nuestro objetivo inmediato, modesto, es que al menos la reciban 51.000 hogares más, lo que exigiría incrementar la cuantía
de esta partida en unos 340 millones de euros, hasta alcanzar
un presupuesto en 2018 de 484,5 millones de euros.

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Presupuesto

Hogares
beneficiados

Población

Renta de Inserción vigente
en la Comunidad de Madrid

146.000.000

22.000

6,5 millones
de personas

Renta de Inserción que
propone Podemos

484.454.545

73.000

6,5 millones
de personas

Renta de Inserción vigente
en el País Vasco

488.328.886

64.000

2,1 millones
de personas

Se trata de un objetivo modesto, ya que esa cuantía presupuestaria y el número de beneficiarios sería similar a la Renta de
Inserción que está vigente en el País Vasco, pero la población
total de esa comunidad es inferior a un tercio de la población de
la Comunidad de Madrid.
Para incrementar el número de beneficiarios se revisarán los
actuales requisitos de acceso. De forma inmediata se revisarán
todos los expedientes que hayan sido rechazados por llevar
menos de un año sin percibir prestaciones, un requisito excluyente en la actualidad para acceder a la Renta Activa de Inserción en nuestra comunidad. Condenar a un año de penurias a
personas que carecen de medios de subsistencia es un intolerable ejemplo de crueldad administrativa. El nuevo Gobierno
de la Comunidad de Madrid se compromete a que durante los
primeros 100 días de gobierno dicho plazo se reducirá a seis
meses con el objetivo de que posteriormente se reduzca a tres.

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III. Tarjeta única de transporte
El transporte tiene un peso considerable en el marco del desarrollo sostenible debido a las presiones ambientales, a los efectos sociales y económicos asociados y a las interrelaciones con
otros sectores. La movilidad es un derecho fundamental que
solo se puede garantizar mediante un sistema de transporte
público accesible para todo el mundo, puesto que es esencial en la movilidad interna y en las relaciones con el exterior,
además de ser el principal factor de cohesión territorial en la
región. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, las tarifas de
un servicio esencial como el transporte han aumentado notablemente en los últimos años, al mismo tiempo que la capacidad de la ciudadanía para poder pagarlas se ha resentido
gravemente, lo que ha convertido el uso del transporte público
en un bien casi de lujo.
En la búsqueda de un servicio de transporte público de calidad
que ayude a incrementar su uso y su mejora constante, y si nos
fijamos en las necesidades de la población y en la mejora de
la sostenibilidad ambiental de nuestras ciudades y municipios,
proponemos las siguientes medidas para ayudar a conseguir
tales objetivos:
La integración tarifaria en toda la región con un billete único que permita el transbordo entre los diferentes medios de
transporte
La principal novedad será un sistema tarifario integrado, donde se pagará por el trayecto y no por los medios necesarios
para realizarlo. Así se evitaría la duplicidad de infraestructuras
y se conseguiría que cada medio tuviera la ocupación óptima,
pues se eliminan barreras artificiales que hacen que la opción
más eficiente sea la más cara.
La realización de un análisis de movilidad en la Comunidad
de Madrid con el objetivo de avanzar hacia la tarjeta única de
transporte
La tarjeta única de transporte permite maximizar las ventajas
del transporte intermodal y unificar las distintas tarifas creadas en los últimos años. Además, se plantea una revisión de
la actual ubicación tarifaria para evitar casos injustos, con lo
que se garantizaría siempre la accesibilidad y la sostenibilidad
económica.

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IV. La vivienda como derecho, no como problema
En materia de vivienda, el Gobierno de Cristina Cifuentes viene practicando el continuismo con las políticas antisociales de
sus predecesores: Ignacio González y Esperanza Aguirre.
La primera medida que se tomó en relación con el Instituto de
la Vivienda de Madrid (Ivima) fue llevar a cabo la fusión con
con el Instituto de Realojo e Inserción Social para formar la
Agencia de Vivienda Social. Aparte de una maniobra de recorte encubierto, seguramente se quiso borrar el nombre propio
de un escándalo que se buscada esconder bajo la alfombra la
venta de casi 3.000 viviendas sociales del Ivima, prácticamente el 10% de su patrimonio, al fondo buitre Goldman Sachs, lo
que ha supuesto pérdidas de unos 100 millones de euros en las
arcas públicas.
Mientras se mantiene la cifra de 25 desahucios diarios en la Comunidad de Madrid, el gobierno regional no solo no construye
más viviendas sociales, sino que sigue autorizando operaciones de ventas a fondos buitre por parte de las constructoras
que las promovieron con el impulso y la financiación de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de julio se autorizó la venta
al fondo buitre Fidere de 1.154 viviendas situadas en Torrejón,
cuyo alcalde fue el actual consejero de Vivienda.
En lo que respecta a rehabilitación, Cristina Cifuentes tampoco
se hace cargo de los agujeros dejados por sus predecesores.
Al ser preguntada por las 26.000 familias que siguen esperando desde 2012 que se les pague la subvención comprometida
para obras de rehabilitación en sus edificios, su respuesta fue
textualmente: «Ese dinero no se va a pagar». Parte de esos
fondos, siendo finalistas y provenientes de fondos estatales y
comunitarios, se desviaron a otras partidas, como confesó en
sede parlamentaria el anterior consejero de Vivienda, Pablo
Cavero, cuya sicav familiar está paralelamente investigada en
el sumario penal por la venta de las 3.000 viviendas del Ivima
a Goldman Sachs. Al mismo tiempo, durante el ejercicio 2016
el Gobierno de Cifuentes ha dejado sin ejecutar el 80% del presupuesto previsto para rehabilitación de vivienda.
Por último, en lo relativo al fomento del alquiler como forma
asequible, económica y socialmente recomendable de acceder
a la vivienda, el Gobierno regional ha hecho caso omiso de las
recomendaciones para dinamizar el mercado del alquiler tanto

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desde la oferta como desde la demanda. No ha hecho nada
para que bancos y Sareb pongan en circulación las 300.000
viviendas vacías que hay en la Comunidad de Madrid, ni ha potenciado agencias públicas de alquiler, ya sean la regional o las
municipales, ni ha considerado aumentar las ayudas al alquiler
que cada año llegan tan solo a un tercio de los solicitantes por
su escasa dotación presupuestaria.
En Podemos consideramos que una política de vivienda seria para la administración competente en la materia que es la
Comunidad de Madrid pasaría por hacer lo diametralmente
opuesto a lo que viene haciendo el Gobierno de Cifuentes, y
giraría en torno a tres ejes:
Vivienda social

• A corto plazo:
• Anular cualquier operación de enajenación de vivienda
social a fondos buitre y evitarlas por ley a futuro.

• Revertir la venta hecha en el 2013.

• A medio plazo:
• Implementar el alquiler seguro y asequible como única
forma de tenencia de la vivienda social.

• Invertir en la ampliación del parque de vivienda social

con la construcción de nueva vivienda y con la puesta
en circulación de vivienda vacía bajo alquiler social.

• Crear parques de vivienda social específicos para problemáticas sociales específicas en las que la alternativa
habitacional sea parte fundamental de la solución (desahucios, housing first, violencia machista, emancipación, refugiados, chabolismo).

Rehabilitación

• A corto plazo: Saldar la deuda pendiente con 26.000 fa-

milias por los fondos recortados retroactivamente en 2012.

• A medio plazo: Apostar por la rehabilitación de vivienda

como motor de cambio de modelo productivo, de generación de empleo verde en la industria de la construcción y
de fomento de la cultura del ahorro energético.

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Alquiler

• A corto plazo:
• Aumentar la oferta de ayudas al alquiler hasta cubrir la
demanda.

• Reforzar y mejorar la regulación del alquiler turístico.
• Reforzar y mejorar los servicios de las agencias públicas
de alquiler, tanto la regional como las municipales.

• A medio plazo:
• Apostar por el alquiler como modo asequible de acce-

so a la vivienda y como generador de equilibrio en el
mercado inmobiliario. Esto es, regular más a fondo el
mercado del alquiler, dentro del marco competencial de
la Comunidad de Madrid.

• Incentivar la puesta en circulación del parque de viviendas vacías específicamente en régimen de alquiler.

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V. Nuevo modelo productivo
La capacidad futura de la economía madrileña para crecer a
largo plazo incrementando la productividad, la cantidad y calidad del empleo, y su sostenibilidad medioambiental está condicionada por el papel que juegue la innovación en la actividad
económica y empresarial.
Es necesario promover un cambio de modelo productivo, en el
que debe participar muy activamente el sector público, priorizando y diseñando las líneas estratégicas de la política industrial
en la Comunidad de Madrid, de forma que se apueste decididamente por la reindustrialización de la región. Un «nuevo Madrid
industrial» que conjugue crecimiento económico, sostenibilidad
medioambiental y cohesión social, y que cubra los sectores básicos (construcción, automoción, turismo y química verde), los
emergentes (agricultura ecológica, material ferroviario, servicios
sanitarios y sociales) y los sectores de futuro (mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). Para cubrir
ese alcance se debe establecer un Plan de Desarrollo Regional.

Plan de Desarrollo Regional
El Plan de Desarrollo Regional tendrá como objetivos:

• Incrementar el valor añadido generado por la industria.
• Impulsar actividades industriales respetuosas con el medio
ambiente, en particular las relacionadas con la economía
verde.

• Impulsar una industria generadora de empleos de calidad.
• Buscar una sólida inserción internacional de las empresas

madrileñas que supere el actual marco geográfico de la
Unión Europea.

Frente a la absurda lógica de que todo tiene que ser privado,
que ha constituido la bandera de la gestión política realizada
por el Gobierno del PP, reivindicamos la complementariedad
de lo privado, lo público y lo social. Las administraciones públicas deben ser un actor fundamental en el buen funcionamiento de la economía madrileña, alejándola de los intereses
especulativos.

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De esta forma se superará el perverso modelo que ha agravado
la crisis en nuestro país y especialmente en nuestra Comunidad,
cuyo resultado más evidente es una creciente desigualdad.
Para lograrlo resulta necesario apoyar los comportamientos
socialmente responsables de la pequeña y la mediana empresa y la economía social y cooperativa.
Además debe ser objeto de atención prioritaria la articulación
y consolidación de la economía de los cuidados. El envejecimiento de una población que tiene una mayor esperanza de
vida necesita que la sociedad comprometa los recursos necesarios para llevar una existencia digna. Exige un cambio igualitario en el reparto de los trabajos reproductivos entre mujeres
y hombres, y pone en primer plano la necesidad de que se
ofrezcan servicios desde el ámbito público, lo que obliga a que
las administraciones asuman una parte de esas tareas.
Este marco estratégico contribuirá al profundo y necesario cambio del insostenible y depredador modelo económico actual,
racionalizando el consumo de materias primas y energía, mejorando su posicionamiento en el mercado global con la adaptación tecnológica de su oferta y la coordinación de su tejido
relacional en el que las instituciones públicas tengan un papel
promotor de actividades y tecnologías de alto valor añadido.
En definitiva, una estrategia de política industrial que involucre
a todas las partes interesadas (sindicatos, asociaciones empresariales, Ayuntamientos, asociaciones de vecinos, asociaciones ecologistas…), permitiendo su participación tanto en la
fase de diseño como en la posterior fase de desarrollo, seguimiento y evaluación de la estrategia.
Además, el establecimiento de una evaluación permanente de
los objetivos fijados será un instrumento básico en la asignación de los medios y recursos a los fines y proyectos, para la
garantía de transparencia y rendición de cuentas del sector
público ante la sociedad.

Impulso del turismo de calidad
La ciudad de Madrid recibe millones de visitantes cada año.
Apostamos por un modelo turístico medioambientalmente
sostenible, social y culturalmente innovador, comprometido
con la realidad local y social, que contribuya a la desestacionalización de la actividad turística. La riqueza generada tiene
que repercutir en la localidad de destino e ir fundamentalmen-

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te hacia las pymes, que son las grandes damnificadas por los
operadores turísticos y el modelo del «todo incluido».
Planteamos la creación de una «etiqueta verde» que se otorgue a los establecimientos que cumplan sus requisitos, y un
plan que fomente la inclusión de los establecimientos turísticos en dicha etiqueta. Esos requisitos abarcarán el impacto
medioambiental, social y cultural, y deberán utilizar las leyes
fundamentales de la sostenibilidad turística.
También impulsaremos la introducción de la tasa turística, variable según el tipo de alojamiento turístico. Esta tasa deberá
englobar también el uso turístico de la vivienda privada.
Se planteará una reforma de los actuales procedimientos de
participación en el Consejo de Turismo de la Comunidad de Madrid, para promover la participación y la representatividad de
todos los actores turísticos y no solo de las grandes cadenas.

Apoyo a los comportamientos socialmente responsables
de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos
La Comunidad de Madrid deberá realizar una gestión eficiente
en la planificación de los servicios (logísticos, de transferencia tecnológica y de conocimiento, de promoción y rehabilitación del suelo, de potenciación del mercado, financiación…),
cubriendo las necesidades de las empresas. Esto es particularmente importante para que el amplio tejido de las pymes consiga el apoyo necesario para su transformación tecnológica y
organizacional.
Establecer mecanismos para que en las licitaciones públicas
existan criterios de discriminación positiva para las pequeñas
empresas y para que los pliegos de condiciones den ventaja a
las empresas que propongan criterios ecológicos o de cantidad y calidad del empleo en cada contrato.

Impulso a las cooperativas y a la economía social
La gestión participativa del conocimiento de los trabajadores
es crucial para mejorar la competitividad de las empresas en
las economías avanzadas.

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El objetivo de impulsar la industria de alto contenido tecnológico en la región de Madrid debe considerar también el apoyo
a nuevos modelos de las empresas que incentiven la participación de los trabajadores y las trabajadoras en su propiedad y
en su gestión. Esto es la democracia económica.
La gestión participativa de las empresas puede tener varias
formas jurídicas que superen el marco convencional del cooperativismo. Impulsaremos una Ley de Participación Financiera de los Trabajadores en las Empresas, que superará los límites que presenta la actual Ley de Cooperativas.
Los efectos económicos y laborales de este tipo de empresas,
que en nuestro país tienen un amplio desarrollo en el País Vasco, son muy importantes:

• Para los trabajadores, ya que suponen mayores ingresos,

mayor estabilidad laboral y mayor satisfacción personal en
el trabajo realizado.

• Para las propias empresas, ya que incrementa la reinversión
de beneficios, las hace menos dependientes de flujos exteriores cortoplacistas o de decisiones tomadas en el exterior,
en el caso de filiales de multinacionales, permite una mayor
adaptación a situaciones de crisis, mejora la innovación, el
trabajo en equipo, un menor absentismo y una mayor permanencia de los trabajadores en la empresa.

• Asimismo,

en términos sociales, genera una distribución
más equitativa de la renta y de la riqueza en el territorio,
menor desempleo y menores riesgos de deslocalización,
incrementando el capital social.

Un plan de ayudas a los proyectos cooperativos que debe contemplar acciones tales como:

• Cesión de suelo público en desuso.
• Ayudas a los gastos iniciales de la puesta en marcha.
• Ayudas al personal laboral de empresas en crisis con el fin
de que puedan acceder a su propiedad, previo análisis y
evaluación de viabilidad, mediante fórmulas cooperativas o
sociedades laborales.

• La creación de un servicio público de asesoría para las empresas cooperativas.

• Recuperación del Consejo de Cooperativismo de la Comunidad de Madrid.

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VI. Educación: presente y futuro de los madrileños
La gestión austericida de la crisis por parte del Partido Popular ha pasado factura a los servicios públicos de la Comunidad
de Madrid, y se ha ensañado especialmente con la educación.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, tomando como referencia 2009, los
recortes acumulados en gasto educativo para la región hasta
2014 (último dato disponible en gasto educativo ejecutado)
ascienden a 2.741 millones de euros. Por tanto, en la actualidad
gastamos un 15% menos en educación que en 2009.
Un buen modo de medir el compromiso de un territorio con la
educación es el esfuerzo económico en porcentaje del PIB y
gasto por habitante. Según un reciente estudio elaborado por
la fundación BBVA relativo al gasto público de las comunidades autónomas, Madrid se sitúa a la cola en porcentaje del PIB
destinado a educación, con un exiguo 2,6%, a un abismo de los
puestos de cabeza: Extremadura (6,5%) y Andalucía (5,7%). En
relativa consonancia a este hecho, ocupamos también el último puesto del ranking en gasto educativo por habitante, con
791 euros, alejados de los primeros puestos: País Vasco (1.224
euros) y Navarra (1.107 euros).
En educación, como en otras tantas cuestiones, lo que le falta
al PP de Cristina Cifuentes es voluntad política y lo que le sobra, ideología (neoliberal y privatizadora). Sirva este contraste
clarificador al respecto: la Comunidad de Madrid, región con
mayor PIB del país y segunda en renta per cápita, se sitúa en
el último puesto en porcentaje del PIB dedicado a gasto educativo, y es también la región con menor gasto por habitante.
Además de la cobertura estatal, las comunidades autónomas
deben promover sistemas de becas y ayudas en aras del reequilibrio social. Los datos para nuestra región vuelven a ser
desoladores. Según los datos del Ministerio de Educación y
Ciencia, entre los cursos 2008-2009 y 2014-2015, el número
de becas concedidas por la Comunidad de Madrid se ha recortado en un 78%, el número de becarios ha caído, en consecuencia, otro 78%, y el monto destinado a becas se redujo en
un 22%.1

(1) El desajuste entre la caída diferencial de becas/becarios y el importe de las becas tiene que ver con
la retirada masiva en nuestra región de las ayudas a libros de texto y al material escolar que, aunque
pequeñas desde el punto de vista presupuestario, daban cobertura a cientos de miles de estudiantes.
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Al margen del gasto ejecutado en anteriores años, el último
presupuesto de educación de 2016, según el informe elaborado por CC.OO., supone una pérdida de 341 millones de euros
(-8%) respecto al del año 2009. El presupuesto educativo en
la Comunidad de Madrid está en niveles de 2006, pero con el
hándicap de contar con 120.000 estudiantes más.
Los recortes en educación y la más que insuficiente financiación del sistema público educativo provocan un desplome del
porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos.
Así, según los últimos datos del Ministerio de Educación y
Ciencia para el curso 2015-2016, tan solo un 54,8% de los estudiantes madrileños no universitarios matriculados lo hacía en
un centro público, porcentaje hasta 13 puntos inferior a la media para el conjunto del país (67,8%). La Comunidad de Madrid
apuesta inequívocamente por la educación privada.
Además, los pocos datos disponibles acerca de la ratio de estudiantes por aula no dejan en buen lugar a la región. Según
el último informe de la Federación de Enseñanza de CC.OO. al
respecto, la ratio en la Comunidad de Madrid excede los límites
permitidos a todos los niveles de la educación no universitaria:
747 aulas (18%) de Educación Infantil con exceso de ratio; 1.353
(16%) en Educación Primaria, 410 (11%) en Educación Secundaria
y 210 (17%) en Bachillerato. Para revertir esta situación y llevar la
ratio de estudiantes por aula al máximo establecido harían falta
222 aulas adicionales y 412 profesores más.
La educación madrileña se encuentra amenazada, recortada y
privatizada. La Marea Verde, Podemos y otras fuerzas políticas
y sociales venimos alertando de la deriva privatizadora y destructora de nuestro sistema público de educación, asfixiado
por las políticas de recortes de un PP de Madrid que entiende
la educación pública como un gasto, y no como un derecho
y una inversión de futuro, el de las madrileñas y madrileños.
Urge un giro de 180 grados hacia un modelo educativo público, integrador y de calidad.

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Presentamos a continuación una batería de propuestas programáticas.
Acuerdos educativos para la moción de censura

• Defensa de la Educación Pública frente al proceso de pri-

vatización al que está siendo sometida en la Comunidad
de Madrid. Nos proponemos no solo revertir estas políticas ineficaces, autoritarias y segregadoras, sino asumir el
reto histórico de proporcionar un sistema educativo que
se ajuste a la realidad del siglo XXI, una realidad diversa y
heterogénea que requiere de un sistema flexible, descentralizado y democrático, atento a las demandas ciudadanas
y al equilibrio territorial.

• Reversión de los recortes en educación con el objetivo de

llegar a un porcentaje del presupuesto que garantice el
funcionamiento del sistema educativo según estándares de
calidad, universalidad y equidad.

• Garantizar a toda la ciudadanía el acceso a una plaza pú-

blica dentro de su barrio, distrito o municipio a través de
la Red de Centros Públicos, con intervención efectiva del
servicio de inspección y con las comisiones mixtas creadas
en torno a la comunidad educativa.

• Puesta en marcha de un estudio para elaborar un plan de

erradicación del fracaso escolar y evaluación de las barreras que impiden el aprendizaje y éxito escolar de todo el
alumnado, de manera que se pueda garantizar la inclusión
educativa de todos ellos, especialmente de aquellos con
mayor riesgo de exclusión social —por sus características
personales, sociales o económicas—, mediante la intervención en los elementos esenciales del sistema educativo: curriculares, metodológicos y organizativos.

• Garantizar la inclusión educativa de todo el alumnado en

los centros ordinarios con los medios y recursos personales
adecuados, para invertir así la tendencia hacia la escolarización del alumnado en centros específicos de Educación
Especial. Dichos centros se irán reconvirtiendo en centros
de recursos —excepcionales— para aquellos alumnos cuyas
circunstancias personales lo precisen y durante el tiempo
de escolarización que fuera requerido. La inclusión es un
indicador o factor de calidad, porque supone garantizar el
derecho a la educación de todo el alumnado.

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• Elaboración de un plan de evaluación del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid.

• Apertura de un diálogo con la comunidad educativa para
elaborar un acuerdo social y político por la educación en la
Comunidad de Madrid.

• Creación de una red territorial de centros; deberán evaluar-

se las necesidades de cada zona y territorio, coordinarse
sus recursos, proyectos y demandas para optimizarlos y
abrirlos a la ciudadanía. Una red que administre la escolarización del alumnado con criterios de equidad. No queremos competencia entre centros, sino centros competentes
que cooperen y se coordinen de forma solidaria.

• Evaluación y auditoría de los conciertos educativos y de las
cesiones de suelo público.

• Supresión del área única de escolarización.
• Recuperación de la participación de familias, directoras y

directores de centros educativos, equipos de orientación
y sindicatos en los Servicios de Apoyo a la Escolarización
(SAE), u órgano análogo que los sustituya, para garantizar
el equilibrio en la escolarización y el control democrático
de todo el proceso.

• Planificación de la red de escuelas infantiles para garantizar
la oferta pública necesaria para esta etapa.

• Ampliación de la oferta formativa de plazas públicas, espe-

cíficamente en la Formación Profesional, de acuerdo con
un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad y
eficiencia, que genere empleos estables y con futuro coordinado con la Formación Profesional reglada y con la Formación Profesional para el empleo.

• Incremento en la inversión en los centros educativos públi-

cos (mejora de los presupuestos, recursos, infraestructuras,
aumento de la red pública, etcétera).

• Paralización de cualquier proceso de cierre de centros si no

está planificado por el conjunto de la comunidad educativa
y con estudios contrastados por los SAE.

• Supresión de las construcciones de centros por fases, ya
que suponen un verdadero problema para la calidad de la
enseñanza y para la escolarización en su conjunto.

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• Promoción de la autonomía de los centros educativos que

permita decisiones sobre el funcionamiento de los centros
en aspectos como el horario escolar, el comedor escolar o
el plan de apertura de centros en horario y días no lectivos
en coordinación con otros centros de su zona.

• Aplicación de mecanismos objetivos y transparentes de ac-

ceso a la función pública docente y establecimiento de un
procedimiento de asignación centralizada para todas las
plazas, con publicación previa de las vacantes disponibles,
asignando toda la plantilla de vacantes al inicio del curso.

Innovación y calidad

• Fomento de una formación a lo largo de la vida no some-

tida a las exigencias del mercado o al reciclaje permanente según necesidades ajenas al propio interés de formarse.
Por ello, es necesario dotar de recursos a los centros de
educación no formal, ponerlos al servicio de la ciudadanía
y ampliar su oferta formativa, facilitando el acceso a los
mismos a través de una política de supresión de tasas.

• Establecimiento de un sistema que garantice oportunidades reales de desarrollo y aprendizaje.

• Creación de comisiones mixtas en las que la comunidad
educativa pueda tomar decisiones respecto de la apertura
de los centros a su entorno.

• Fomento de la autonomía y la elaboración de planes de

progreso como un proceso sistemático y continuado de
mejora de la educación.

• Promoción de una educación innovadora que facilite a todo

el alumnado la consecución del máximo desarrollo posible
de sus capacidades individuales, sociales y emocionales.
Erradicar la brecha digital.

• Fomento de la participación de la comunidad educativa en
el gobierno de los centros para garantizar su gestión democrática.

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Reversión de los recortes en educación

• Recuperación del número de alumnas y alumnos por profesor (ratio) bajo estándares que garanticen una atención y
resultados adecuados del alumnado.

• Incremento

en la inversión en profesorado (ampliación
de plantilla), PAS y personal especializado en los centros
educativos. Sustitución inmediata de todo el profesorado
con baja médica, con licencia por matrimonio o que solicite permiso sin sueldo. Disminución progresiva del número
actual de horas de docencia directa para dedicarlas a coordinación, formación, proyectos de innovación y planes de
progreso.

• Abono de los meses de verano al profesorado interino. In-

cremento de la oferta de cursos de formación a todo el
personal.

• Recuperación e incremento progresivo de los recursos para

becas de comedor, material didáctico, transporte (en el
caso de imposibilidad de matriculación en el entorno cercano), etcétera, con especial atención a situaciones de urgencia social.

• Supresión de las tasas de Formación Profesional de grado

superior y reducción progresiva hasta la consecución de la
gratuidad de las tasas en las escuelas oficiales de idiomas
y en todas las enseñanzas artísticas: escuelas de música,
conservatorios, escuelas de arte y centros de enseñanzas
artísticas superiores.

Evaluación

• Creación de un organismo público e inclusivo en la Comu-

nidad de Madrid para la evaluación del sistema educativo,
incluidos los programas específicos implementados por la
Consejería de Educación.

• Las conclusiones de las evaluaciones servirán para detectar

las carencias, las barreras que dificultan la inclusión educativa, para solventar las necesidades de los centros y para
la elaboración y aplicación de los planes de progreso (mejora). También para garantizar la equidad, la atención a la
diversidad, el aprendizaje de todo el alumnado y para ase-

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gurar la participación de toda la comunidad educativa. En
ningún caso los resultados de estas evaluaciones servirán
para establecer clasificaciones de centros.

• Supresión de las pruebas externas en las que participen entidades privadas.

• Creación de equipos de inspección especializados y de referencia en los ámbitos curriculares, de etapas y de enseñanzas.

• El futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid defenderá

la derogación de la LOMCE y la elaboración de una nueva
Ley de Educación fundamentada en el documento de bases para una nueva Ley de Educación.

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VII. Sanidad para las madrileñas y los madrileños,
no para las empresas: revirtamos los recortes
y la privatización
Distintos actores de la sociedad civil, movimientos sociales y
algunos partidos políticos hemos denunciado en innumerables
ocasiones la deriva privatizadora de los servicios públicos por
parte de los de Cifuentes. El paulatino desmantelamiento de
la sanidad pública madrileña en favor de la privada es una evidencia a la luz de los datos. Sirva un primer acercamiento a los
presupuestos destinados a la sanidad.
Los distintos capítulos y partidas asociadas esconden el afán
privatizador del PP madrileño. El capítulo 2, «Gasto corriente
en bienes y servicios» (o lo que es lo mismo, gastos en medios ajenos para la asistencia sanitaria, incluyendo un monto
minoritario destinado a la adquisición de material sanitario y
farmacia), y el capítulo 8, «Activos financieros», destinados al
pago del canon a empresas privadas por la construcción de
hospitales públicos bajo la fórmula PFI (Iniciativa Privada de
Financiación), componen el grueso del presupuesto destinado
a la privatización de la sanidad. El contraste de la evolución en
los últimos años de estos dos capítulos frente a los restantes
señala una clara tendencia: menos dinero al sector de la pública y más al de la privada, ya sea en términos absolutos o
relativos.
En 2009, el monto de los capítulos 2 y 8, privatización de la
sanidad, era de 2.440 millones de euros, un 34% del total. En
el presupuesto de 2016 asciende a 3.249 millones de euros, un
44% del total.
Tomando como referencia los presupuestos de 2009, en el período 2009-2016 el incremento acumulado de dinero asignado
a la privatización de la sanidad (capítulos 2 y 8) asciende a
+3.432 millones de euros, mientras que los recortes acumulados de dinero asignado a la sanidad pública (resto de capítulos) son de -3.066 millones de euros.
Así, en 2009, hasta 1 de cada 3 euros presupuestados iba destinado a financiar la sanidad privada. En 2016 son casi 1 de
cada 2 euros.

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El actual Proyecto de Presupuestos de 2017 es toda una declaración de intenciones: la asignación al Servicio Madrileño
de Salud es 300 millones inferior a lo gastado en 2016, pero
los recortes se aplican de forma asimétrica. Mientras tanto, a
los cuatro grandes hospitales de gestión pública (La Paz, 12 de
Octubre, Clínico y La Princesa) se les asignan 45 millones de
euros menos, y la Fundación Jiménez Díaz (empresa privada)
obtiene 50 millones de euros adicionales.
El PP de Cifuentes apuesta inequívocamente por la transición
hacia un modelo mercantilista de la sanidad donde las empresas privadas del sector puedan hacer negocio. Desde Podemos lo hemos dicho una y mil veces: el problema de la gestión
privada de los servicios públicos radica en su eficacia. A pesar
de la fervorosa defensa de los gurús de la privatización de la
sanidad, con frecuencia desprovistos de datos contrastables,
los profesionales sanitarios cuentan con estudios que avalan
la eficacia de la gestión pública frente a la privada. Así, según
el Informe comparativo coste/eficiencia de la gestión pública
y la gestión privada de la sanidad en la Comunidad de Madrid,
elaborado por CSIT-Unión Profesional, la cama en un hospital
(público) de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, mientras que en uno de gestión pública el coste se reduce a 955
euros. La diferencia es de 705 euros por cama y día, un 74%
más barata si es de gestión pública.
A la privatización, pilar básico de las políticas del PP madrileño
en materia de sanidad, se unen los recortes, para mayor asfixia
de lo público.
No hay mejor indicador al respecto que el que muestra el gasto público sanitario. Así, según los últimos datos publicados
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
relación con el gasto público consolidado y, tomando como
referencia el año 2011, observamos con claridad los efectos
de la gestión austericida de la crisis en detrimento de la sanidad. Entre 2011 y 2014 (último año disponible en gasto público
consolidado), los recortes acumulados en sanidad ascienden a
algo más de 2.800 millones de euros.
El tijeretazo del PP de Madrid a la sanidad tiene una traducción
directa en el porcentaje del PIB destinado a sanidad y en el
gasto por habitante, como indicadores más claros y digeribles.
Según el informe Análisis de presupuestos de sanidad de la
Comunidad de Madrid 2016 elaborado por CC.OO., el gasto
sanitario de la Comunidad de Madrid en porcentaje del PIB

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regional está muy por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. La región se sitúa en un discreto 3,9% del
PIB, mientras que la media autonómica lo hace en el 5,8%.
Además, en lo referente al gasto sanitario medio por habitante, ese mismo informe sitúa a la Comunidad de Madrid en los
puestos de cola, con 1.082 euros por habitante, solo por delante de Andalucía (977 euros por habitante) y de la Comunidad
Valenciana (1.074 euros por habitante), y a una distancia muy
notable de los primeros puestos, ocupados por País Vasco
(1.570 euros por habitante), Asturias (1.399 euros por habitante) y Navarra (1.394 euros por habitante).
En resumen, la Comunidad de Madrid, región con mayor PIB
del país y segunda en renta per cápita, se sitúa en el puesto
decimoquinto en gasto sanitario medio por habitante.
Como cabía esperar, existe una relación directa entre privatización y recortes, estandartes de la agenda austericida del PP
de Madrid. Nuestra región es el laboratorio neoliberal de Rajoy,
por cortesía de Cifuentes. Recortes en sanidad, sí, pero financiación pública de la sanidad privada, también.
Atendiendo a los últimos indicadores clave publicados por el
Sistema Nacional de Salud, en lo tocante al «porcentaje de
gasto en consumos intermedios», esto es, gasto en servicios
no sanitarios (laboratorios, limpieza, seguridad, etcétera), que
son contratados a empresas privadas, la Comunidad de Madrid ocupa el tercer puesto, con un 26,9% del gasto sanitario
total, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (33,5%) y
Cantabria (30,4%). Por otra parte, en relación con el «porcentaje de gasto destinado a conciertos», o lo que es lo mismo,
el gasto en servicios sanitarios contratados a empresas privadas, la región ocupa también el tercer puesto, con un 11,2% del
gasto sanitario total, solo por detrás del otro gran laboratorio
neoliberal y austericida del país, Cataluña (24,5%), y de las Islas Baleares (11,7%). Mientras el gasto público sanitario (consolidado) cayó un 12% entre 2011 y 2014, el monto de dinero
público destinado a conciertos aumentó en un 3%.
Así, la Comunidad de Madrid está entre las regiones que destinan un mayor porcentaje de dinero público a la externalización (privatización) de servicios vinculados a la sanidad, alcanzando el 38,1% del gasto sanitario. Desde 2010, Madrid es
la comunidad autónoma que más ha incrementado el gasto en
externalización. Casi 4 de cada 10 euros de la sanidad pública
madrileña se dedican a externalizar servicios.

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Soluciones y propuestas
La sanidad pública está amenazada por un modelo privatizador y
austericida, hecho denunciado por la Marea Blanca y algunas fuerzas políticas y sociales. Urge retomar la senda del bienestar social y
el modelo público de salud, suficientemente dotado de recursos y
bajo las señas de universalidad, gratuidad y calidad, en una apuesta
decidida por la gestión pública frente a una privatización ineficaz y
más costosa para las madrileñas y los madrileños.
Por último, exponemos una serie de propuestas, todas ellas
sencillas, de sentido común y que apelan a los intereses de las
mayorías sociales en nuestra región:

• Revisar y revertir los procesos privatizadores de la sanidad pública: servicios y centros.

• Revertir los recortes y recuperar plantillas sanitarias, camas y medios asistenciales a niveles anteriores a la crisis
(2008).

• Nueva Ley de Salud que garantice la asistencia sanitaria

universal y que apoye y potencie la atención primaria,
coordine de manera efectiva el sistema sanitario con los
distintos programas sociales, promueva el trabajo social
sanitario como una profesión del sector y estudie la implantación de nuevas áreas de salud.

• Derogación del Área Única Sanitaria ante el deterioro de

la coordinación, cooperación y debida complementariedad entre los diferentes servicios y centros sanitarios del
Servicio Madrileño de Salud. Su finalidad no es la libre
elección de centro o de médico especialista para la ciudadanía, sino la mercantilización y libre elección de la «clientela» más rentable para las empresas privadas implantadas
en nuestro sistema público.

• Acabar con la precariedad laboral en la sanidad. Convertir

las plazas temporales en fijas, regulando el acceso a ellas a
través de un concurso de méritos en el que puedan participar todas aquellas personas que estén trabajando o hayan
trabajado en el Servicio Madrileño de Salud.

• Puesta en marcha de turnos completos de tarde, con objeto

de disminuir la lista de espera en quirófano, en las pruebas
diagnósticas y las consultas al médico especialista.

• Auditoría de la deuda del área de sanidad.
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VIII. Ley de reversión de la privatización
del Canal de Isabel II
Hacia finales de 2008, el Gobierno de Esperanza Aguirre impulsó
la privatización del Canal de Isabel II mediante la creación de una
sociedad mercantil (Canal de Isabel II Gestión, S. A.) que preveía
la entrada de inversores privados y notables resultados económicos y empresariales. Nada de esto ocurrió. Canal de Isabel II
Gestión, S. A. se ha caracterizado en estos años por su distanciamiento del interés ciudadano y la opacidad en el funcionamiento.
Esta opacidad y las prácticas alejadas del interés general de la
ciudadanía, así como la titularidad pública del Canal de Isabel II
y otros organismos y empresas dependientes, hacen necesaria
y urgente la reversión hacia el modelo de gestión íntegramente público, en que el Gobierno recupere el control y racionalice
las estructuras existentes y evite la duplicidad de instituciones,
gastos y procesos, para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines asignados.
Para ello, la Ley de Reversión de la Privatización del Canal de
Isabel II prevé la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión, S. A., así como la implantación de las herramientas necesarias que faciliten una gestión más transparente, colaborativa
y democrática que rija su gestión por los criterios de excelencia técnica y económica, calidad del servicio, respeto al medio
ambiente, transparencia, participación ciudadana y rendición de
cuentas.
Dada la transversalidad del ciclo integral del agua, y el carácter de operador público único, en el nuevo modelo de gestión
contemplado en la ley se pretende la participación y el diálogo
social, y la creación de vínculos y sinergias entre las administraciones públicas con responsabilidades en la gestión del ciclo. Para ello, es imprescindible potenciar la coordinación con
los distintos municipios, así como la presencia e integración
de los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales en la
nueva orientación de la empresa.
Se trata, en definitiva, de facilitar y sentar las bases para un
modelo de gestión que ofrezca y asegure a los ciudadanos y a
las ciudadanas un servicio acorde con los principios de acceso
universal, no discriminación, igualdad sustantiva, disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad, asequibilidad, participación, acceso a la información, transparencia, rendición
de cuentas y sostenibilidad: un servicio que tenga en cuenta
como cuestión esencial y fundamental el derecho humano al
agua reconocido por Naciones Unidas.
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IX. Medio ambiente, salud y patrimonio
socioambiental
La actitud del Partido Popular en materia de salud y protección ambiental es uno de los mejores ejemplos del impacto
negativo de su gestión para la Comunidad de Madrid. La falta
de calidad y la visión cortoplacista de sus medidas, cuando estas existen, han llevado a despilfarrar recursos valiosos como
nuestro patrimonio natural, visible en el estado de abandono
de los parques naturales, en la década perdida de la gestión de
residuos o en la triste situación de la agricultura y la ganadería
en el territorio de la Comunidad de Madrid.
La captura y la colonización del Canal de Isabel II, la institución
que habría debido liderar los esfuerzos de adaptación al cambio climático y asegurar la viabilidad futura de nuestra agricultura, es un ejemplo perfecto de por qué nos hemos visto
obligados a impulsar esta moción de censura para evitar una
degradación irreversible en la situación de la Comunidad de
Madrid y, especialmente, en la percepción que se tiene de ella
en Europa y en los círculos de inversión globales, que cada
vez ven con más claridad a la Comunidad como un territorio
de segunda o tercera fila donde aparcar actividades sucias y
peligrosas que otros territorios ya no desean acoger. Esto se
refleja en la progresiva pérdida de calidad de las inversiones
que llegan a Madrid y, con ello, en la preocupante pérdida de
competitividad de nuestro territorio en el concierto europeo.

Defendamos un patrimonio natural privilegiado
La Comunidad de Madrid tiene un patrimonio natural privilegiado que le permite plantearse estrategias sólidas de adaptación y respuesta a las amenazas del cambio climático en lo que
se refiere al agua. Pero esto demanda la dedicación de recursos presupuestarios y una normativa que, desgraciadamente,
en estos momentos están siendo desviados hacia proyectos
de dudosa viabilidad que, además, degradan nuestro patrimonio natural e histórico en nombre de la extracción de riquezas
a corto plazo.
La protección efectiva de las montañas y los parques naturales
de la Comunidad de Madrid y una política inteligente de apoyo
a los municipios de montaña y específicamente a su agricultura y ganadería son las primeras medidas que podrían tomarse

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una vez desalojado el Partido Popular de las instituciones autonómicas. Estas políticas de protección socioambiental deberían estar centradas en asegurar la función de las montañas
y áreas circundantes como asientos de las zonas productoras
de agua en la Comunidad y, simultáneamente, asiento de actividades de producción de alimentos de calidad destinados al
consumo de la propia Comunidad, que es uno de los centros
de mayor capacidad de compra del país.
Las cuencas de nuestros ríos (Henares, Jarama, Manzanares y
otros) necesitan medidas complementarias para que puedan
volver a recuperar su vegetación de ribera y vehicular los servicios ambientales de generación y conservación del agua que
realizan las montañas, bosques y prados de la Comunidad de
Madrid. Afortunadamente, el territorio de Madrid es compacto
y las medidas de protección de cuencas podrían establecerse
con rapidez.
La combinación de medidas de protección de espacios naturales, ríos y montañas y de apoyo al tejido agroganadero e
histórico en su entorno generaría un impacto rápido y visible
en la viabilidad de nuestra producción de alimentos de calidad,
lo que fijaría la población al territorio. Estas medidas deberían
estar acompañadas de actuaciones decididas para la limpieza
y restauración de activos naturales y patrimonio social, hoy
ocupados con frecuencia por infraestructuras obsoletas, restos de los múltiples proyectos de modificación de la red de
carreteras, vertidos incontrolados y restos abandonados de
urbanizaciones y otros proyectos fallidos.

Una década perdida en la gestión de residuos
La segunda área de actuación inmediata debe ser la gestión
de los residuos. En la actualidad, vivimos las consecuencias de
la década perdida en la gestión de residuos en la Comunidad
de Madrid. En el último año hemos sufrido continuos incendios
y catástrofes en las instalaciones industriales que deberían estar tratando nuestros residuos y generando empleos y riqueza.
Arganda, Seseña o Chiloeches son ejemplos de los continuos
desastres industriales que han generado las políticas laxas y
acomodaticias del Partido Popular, entre las que se incluye su
decisión de dejar el sistema de gestión de residuos en manos de un pequeño círculo de empresarios que compiten entre
sí por capturar la adjudicación de contratos públicos con una
mezcla de estudios de dudosa calidad y ofertas por debajo del
coste del servicio. Esto ha generado un conjunto deslavazado

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de instalaciones reguladas por contratos poco transparentes
que responden más a las necesidades de financiación del Partido Popular que a la realidad económica y ambiental de la
Comunidad de Madrid.
La estrategia de residuos, ahora en tramitación, es una oportunidad que no podemos perder para establecer una dirección
firme a las políticas de gestión de residuos y recuperación de
materias primas. Es urgente evitar que continúe la deriva política de la Comunidad de Madrid en materia de residuos, pues
amenaza la seguridad de población, genera costosas operaciones de limpieza que se añaden a la larga lista de actuaciones pendientes y niega a nuestros emprendedores las oportunidades de negocio que en otras regiones de Europa están
revitalizando el tejido industrial de las áreas metropolitanas.
Madrid está perdiendo empleos y competitividad cada vez con
más claridad y ya es percibido como un territorio de segunda
o tercera división.
Las medidas para restaurar nuestra seguridad ambiental y
nuestra capacidad industrial en materia de residuos deben basarse en volver a dotar a la administración del rigor y la capacidad de inspección necesarios para evaluar los riesgos que
han creado décadas de gobiernos débiles en la Comunidad de
Madrid. No podemos esperar a que se produzcan daños irreparables para volver a poner en pie una administración capaz
de asumir sus responsabilidades con la salud de la población.

Políticas de calidad del aire: el efecto adormidera
Las políticas de calidad del aire y del agua en la Comunidad de
Madrid son otras áreas donde es necesario revertir con rapidez
la situación creada por la actitud negligente del Partido Popular.
Hemos citado ya los continuos desastres que arrojan columnas
de humo negro y obligan a evacuar colegios y cortar carreteras.
Pero lo único que escuchamos de las autoridades competentes
son declaraciones tranquilizadoras que insisten en que no ocurre nada, y que contrastan fuertemente con la realidad de calles
desiertas, barrios enteros con las ventanas cerradas y gente que
cada vez desconfía más de las instituciones.
Mientras tanto, las instituciones europeas se han cansado de
la política de ocultación de datos y negación de hechos, y nos
amenazan con procedimientos por incumplimiento y multas millonarias. Esto no parece afectar al Gobierno autonómico, que
se declara satisfecho con una red insuficiente de estaciones me-

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didoras e insiste en rebajar los estándares de calidad, incluso
frenando los esfuerzos de algunos municipios, mientras les niega a muchos ciudadanos de la corona metropolitana el derecho
de saber cuándo hay riesgo para la salud por contaminación
ambiental y la posibilidad de tomar medidas de precaución.
Recientemente hemos visto cómo la revisión de los protocolos
de emergencia relativos a la presencia de óxidos nitrosos en la
atmósfera ignoran los consejos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y de nuestras propias instituciones científicas,
que son plenamente conscientes de la situación. El nuevo protocolo es un ejemplo de que el Gobierno del Partido Popular
lleva a nuestra Comunidad en dirección contraria a la tendencia de otras ciudades europeas y no tiene pudor cuando ignora los estándares de salud ambiental. De hecho, este protocolo
parece ir más enfocado a frenar a los ayuntamientos que han
decidido afrontar la situación que en evitar que nuestros ancianos, nuestra infancia y la población en general sufran los
efectos de la contaminación y pierdan años de vida útil debido
a la mala calidad del aire en la Comunidad de Madrid.

Demasiado tarde, demasiado poco:
una moción de censura para darle la vuelta
En resumen, la política ambiental del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha demostrado su incapacidad para poner en
valor nuestro patrimonio y la capacidad de nuestro tejido industrial, como hemos visto reflejado en los presupuestos de este año
y en muchos otros anteriormente. Su política de gestos, como el
nombramiento de un «Comisionado de Cambio Climático», inoperante y sin mandato claro, no puede cambiar la percepción.
Su actitud laxa, su debilidad ante los intereses privados y sus
políticas erráticas ponen riesgo nuestra salud y nuestra seguridad ambiental, malgastan nuestros recursos y nos abocan a la
pérdida de competitividad y prestigio que amenaza con convertirnos en una región marginal donde localizar inversiones
dudosas y actividades expulsadas de otras regiones europeas.
Es urgente un cambio de rumbo que aproveche nuestro potencial, elimine los obstáculos artificiales a la evolución de nuestra
economía y recupere nuestro prestigio en el contexto europeo
y global. Pero eso no es posible mientras tengamos al Partido
Popular al frente del Gobierno autonómico. Demasiado poco,
demasiado lento y demasiado mal.

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X. Memoria económica
Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el margen de incremento de los
ingresos públicos por los beneficios fiscales concedidos a los
contribuyentes más ricos de nuestra región asciende a 3.200
millones de euros.

Millones de euros

2018

2019

Incremento de los ingresos fiscales
derivado de la eliminación beneficios
fiscales

3.200

3.200

Incremento del gasto en sanidad

996

1.046

Incremento del gasto en educación

390

410

Incremento del gasto en Renta
Mínima de Inserción

229

252

Incremento del gasto para otras
políticas medioambientales, sociales
y de transformación productiva

229

252

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la AIReF y de los Presupuestos
Generales del Estado de la Comunidad de Madrid

Las políticas de recorte del gasto sanitario en la Comunidad de
Madrid puestas en marcha por el Partido Popular han supuesto
que desde 2011 hasta 2014 la reducción acumulada del gasto
sanitario en nuestra región haya ascendido a 2.665 millones de
euros en tres años. El Gobierno del Cambio se compromete a
incrementar el primer año, en 2018, el gasto sanitario en 996
millones de euros, lo que nos permitiría recuperar los niveles
de gasto sanitario de 2011. Si se mantiene ese volumen de gas-

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to anual, en torno a los 8.400 millones de euros, en menos de
tres años se habrían revertido los recortes acumulados en el
periodo 2011-2014.
Las políticas de recorte del gasto educativo en la Comunidad
de Madrid puestas en marcha por el Partido Popular han supuesto que desde 2008 hasta 2016 la reducción acumulada
del gasto educativo en nuestra región haya ascendido a 2.371
millones de euros en ocho años. El Gobierno del Cambio se
compromete a incrementar el primer año, en 2018, el gasto
educativo en 390 millones de euros, lo que nos permitiría recuperar los niveles de gasto educativo de 2008. Si se mantiene
ese volumen de gasto anual, en torno a los 4.700 millones de
de euros, en unos cinco años se habrían revertido los recortes
acumulados en el periodo 2008-2016.
Si aumenta el número de beneficiarios de la Renta Activa de
Inserción en 43.000 beneficiarios más en 2018, se requerirá
un incremento del gasto en esta partida de 229 millones de
euros. En los siguientes años, esta partida tendrá que tener un
incremento progresivo para acercarnos a los niveles de beneficiarios cubiertos y cuantías percibidas de la Renta de Garantía
de Ingresos actualmente vigente en el País Vasco.
Los ingresos derivados de la eliminación de beneficios fiscales a los contribuyentes más ricos de la Comunidad de Madrid
permitirían una disponibilidad de gasto para otras políticas sociales (gratuidad de las escuelas infantiles para todos los niños
de 0 a 3 años y la implantación de la tarjeta única de transporte en la Comunidad de Madrid) y de inversión medioambiental
y de transformación productiva de cerca de 1.500 millones de
euros anuales.

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