EL SAQUEO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO
LAS POLÍTICAS FISCALES DESTRUCTIVAS DE
CARLOS M. GARCÍA YA HAN DAÑADO A PUERTO RICO.
¿PODRÍA VOLVER A OCURRIR?
RESUMEN EJECUTIVO
Como antiguo ejecutivo bancario de Santander,1 el papel de Carlos M. García dentro de la Junta de
Control de PROMESA, también conocida como la “Junta”, ha sido severamente criticado. En los años
anteriores a la elección del Gobernador Luis Fortuño del 2008, García construyó Valores Santander
-la empresa municipal de bonos del banco- mientras que José Ramón González, otro miembro de la
Junta, fue el director del banco.2 Con la elección de Fortuño, a García se le concedió mucho poder
sobre la política fiscal como Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (“BGF”), Presidente
de la Junta de Control Local (una junta especial compuesta por cinco funcionarios del gabinete
con responsabilidad ministerial para asuntos fiscales de Puerto Rico y poderes de reestructuración
concedidas por el legislador de Puerto Rico) y director de la Autoridad para las Alianzas PúblicoPrivadas de Puerto Rico (AAPP).3
Un informe previo, titulado Piratas del Caribe, documentó el papel que desempeñaron García y
Santander en la crisis de finanzas públicas y la política de “puerta giratoria” que existía dentro del
BGF del 2009 al 2012. Este informe detalla que una de las primeras acciones de García en el BGF fue
liquidar el fondo de infraestructura conocido como la Cuenta del Corpus y dejarlo con una gran deuda
a pagar en el futuro lejano.
La liquidación de la Cuenta del Corpus dejó a Puerto Rico sin capacidad para modernizar sus sistemas
de acueducto y alcantarillado.4 Estos sistemas son vitales para la protección de la salud pública
contra las epidemias de virus transmitidas por mosquitos y otras enfermedades.5 García promovió
la colaboración público-privada, que no ha podido satisfacer adecuadamente las necesidades de
infraestructura de Puerto Rico. Mientras García dirigió la AAPP el único proyecto de acueducto que se
lanzó buscó la inversión del sector privado para mejorar la recaudación de ingresos de la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados, es decir para contrarrestar “el robo de agua.”6

IN PARTNERSHIP WITH

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

1

 La Cuenta del Corpus tenía más de $ 1 billón dedicado a proyectos de acueductos y alcantarillados
esenciales que, bajo la dirección de García, el BGF desvió hacia una serie de transacciones
financieras destinadas a reforzar la calificación crediticia de la isla, pero resultó en la emisión de
una nueva deuda de mil millones. En última instancia, esa deuda ayudó a generar un estado de
insolvencia en el BGF.
El endeudamiento del BGF fue parte de una reestructuración fiscal más grande que se llevó a
cabo bajo García y que ha dejado a Puerto Rico con una deuda en condiciones desfavorables. Por
ejemplo, en la actualidad la deuda de Puerto Rico incluye mil millones en bonos de revalorización
de capital garantizados por impuestos sobre las ventas (conocidos como COFINA, “COFINA Cabs”)
que acumulan interés compuesto durante décadas. Esto significa que la deuda adquirida, una vez
se venzan los bonos, puede ser hasta diez veces mayor a la cantidad originalmente prestada.7
Incluso, un reembolso parcial de esta deuda significaría redirigir los fondos, que se necesitan
desesperadamente, a los bancos ricos y a Wall Street y representaría una carga catastrófica para el
pueblo de Puerto Rico y su economía.
Mientras García lideró la emisión de mil millones en bonos de COFINA, y de pagarés del BGF del 2009
al 2011, su antiguo empleador, Santander, ganó millones como asegurador principal o participante
en estas transacciones. Santander es uno de los principales tenedores de bonos de COFINA y ha
solicitado públicamente a la Junta que a Puerto Rico no se le perdonen sus deudas tóxicas. La “puerta
giratoria” (es decir el movimiento constante de funcionarios entre las dos instituciones) que existió entre
Santander y el BGF en los años claves, que condujeron a los vencimientos de bonos, generaron los
principales conflictos de intereses con el gobierno de Puerto Rico.
Los conflictos de intereses se extienden ahora a Carlos M. García en su papel dentro de la Junta
de Control de PROMESA. La relación de García con Santander y su papel en el BGF bajo la
administración de Fortuño comprometen su capacidad para poner en práctica un programa fiscal
justo y que responda a las necesidades humanitarias del pueblo de Puerto Rico. Lamentablemente, a
García se le ha dado otra oportunidad de ayudar a resolver la crisis de la deuda con la misma fórmula
fallida que se utilizó para agravarla: desviar recursos públicos de Puerto Rico a los acreedores de Wall
Street, reducir los gastos públicos vitales y dejar en mano de los intereses privados el control de los
proyectos de infraestructura esencial para el bienestar del público. García debe renunciar a la Junta y
a Puerto Rico se le debe perdonar la deuda tóxica que él ayudó a crear.

LA PRIVATIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA CREA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA Y GENERA GRANDES GANANCIAS PARA ACCIONISTAS
La Cuenta del Corpus inicialmente contaba con $ 1.2 mil millones de dólares de las ganancias del
BGF resultado de la de privatización en 1999 de la compañía telefónica de Puerto Rico.8 Una ley
aprobada por la asamblea legislativa de Puerto Rico (Ley Nº 92) estableció la Cuenta del Corpus
como un vehículo de inversión permanente para proyectos de infraestructura. Los ingresos de la
Cuenta del Corpus se reservaron exclusivamente para la financiación de proyectos de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y las mejoras necesarias en virtud de las disposiciones
de la Ley Federal de Agua Limpia y la Ley Federal de Agua Potable.9
2 

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

 Cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló10 anunció el plan para vender una participación de
control en la compañía telefónica a un consorcio que incluía a GTE, el Banco Popular de Puerto Rico y
un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores, los 6.000 trabajadores de la compañía
telefónica se declararon en huelga para protestar y para intentar detener el acuerdo.11 Asimimso, 50
sindicatos que representan a 300.000 empleados públicos y otros más se unieron a los trabajadores
telefónicos y realizaron una huelga general de dos días para protestar por la venta. A pesar de esto el
consorcio logró adquirir una participación del 53 por ciento.12
Una vez que la Cuenta del Corpus se había establecido, fue gestionada por la de Autoridad para
el Financiamiento Infraestructura de Puerto Rico (AFI), subsidiaria de propiedad total del BGF.13 De
acuerdo a la Ley 92, el capital de la Cuenta del Corpus debía ser mantenido en una “cuenta separada
y permanente” y “nunca debería ser reducido por cualquier razón.”14 Por otra parte, los $ 1.2 mil
millones de la cuenta debían ser invertidos de manera segura y “exclusivamente en el gobierno de
Estados Unidos u obligaciones de EE.UU. respaldado por el gobierno.”15
Una vez establecida la Cuenta del Corpus con las ganancias de la venta de la compañía telefónica,
la AFI emitió $ 1,093 mil millones de bonos en octubre del 2000, asegurado por los intereses
obtenidos por la Cuenta del Corpus. Santander ayudó a asegurar estos bonos a través de un acuerdo
de cooperación con Merrill Lynch y con otros diez bancos.16 La declaración oficial de la emisión de
los bonos afirmaba que los intereses recibidos por las inversiones de la Cuenta del Corpus “serían
suficiente para pagar a su vencimiento el capital y los intereses sobre los bonos Serie 2000.”17 Las
ganancias de la emisión de bonos se destinaron a financiar proyectos de la AAPP en todo Puerto
Rico, de acuerdo con la misión de la Cuenta del Corpus.
Durante los siguientes ocho años, los ingresos por inversiones de la Cuenta del Corpus se aplicaron
al pago de capital e intereses de los Bonos de la Serie 2000. La mayoría de los bonos, que llevan a
tasas de interés entre 4,1% y 5,5%, se fijaron a vencer en 25 a 40 años con cerca de 5% del capital
del bono ligado a tasas de interés variables. A medida que estos bonos fueron pagados, los $ 1 mil
millones en el Fondo del Corpus pretendían asegurar los préstamos para proyectos de acueductos y
alcantarillados adicionales.18
Mientras tanto, la privatización de la compañía telefónica resultó muy rentable para los inversionistas
privados. El principal inversionista, GTE se fusionó con Bell Atlantic para convertirse en Verizon, que
vendió su acción del 52% en la compañía telefónica de Puerto Rico a Carlos Slim América Móvil en
2007 por $ 980 millones, obteniendo una ganancia antes de impuestos de $ 120 millones.19

GARCÍA Y LA LLEGADA DE SANTANDER A LAS FINANZAS
PÚBLICAS DE PUERTO RICO
El 4 de noviembre de 2008, Luis Fortuño fue elegido gobernador de Puerto Rico llegando el Partido
Nuevo Progresista (PNP) al poder. Nueve días más tarde Fortuño eligió a Carlos M. García, presidente
y director de operaciones del Banco Santander de Puerto Rico, para dirigir el BGF de la isla. Al mismo
tiempo, Fortuño eligió al ex ejecutivo de Santander José Ramón González para formar parte de su
Comité de Reconstrucción Económica y Asesoria Fiscal, que se encargó de la creación de un plan
EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

3

 para resolver un problema de flujo de caja de la isla y el establecimiento de parámetros para las
asociaciones público-privadas (APP).20
Incluso antes de abandonar su puesto en Santander, García comenzó a trabajar para el gobierno de
transición de Fortuño. García acompañó a Fortuño en una visita a Wall Street en diciembre del 2008
para reunirse con las agencias de calificación y los inversionistas en bonos. Allí, García y Fortuño
trataron de crear la percepción de seguridad en el mercado de bonos ya que tenían un plan para
enfrentar la situación fiscal de la isla.21 Días después, García recibió un pago de $ 1.25 millones del
Grupo Santander como parte de un acuerdo de despido.22
Una vez asumieron el poder el 2 de enero de 2009, el gobernador Fortuño y García se movieron
rápidamente para implementar cambios drásticos en la política fiscal de la isla, que incluían la
liquidación del fondo de infraestructura. La nueva administración ayudó a promulgar numerosas leyes
que ataban los recortes del gobierno a técnicas de ingeniería financiera riesgosas.23 La Ley N ° 3, que
se aprobó menos de dos semanas después de asumir Fortuño el cargo y tomar García el control del
BGF, activó una de las políticas nuevas más importantes. La Ley N ° 3 anuló una ley anterior que había
establecido la Cuenta del Corpus de $ 1,2 mil millones. La nueva ley autorizó la venta de los valores
del fondo de infraestructura.24

La austeridad y la privatización en 2009
La liquidación del fondo de infraestructura era parte de una revisión fiscal más grande de Puerto Rico,
impulsada por la Junta de Control Local, el BGF y la administración de Fortuño. Juntos promulgaron
políticas por las cuales se despidieron a decenas de miles de empleados públicos y que privatizaron
los activos públicos. En marzo de 2009, La Ley Pública No. 7 creó una “Junta de Control Local”
para ejecutar un plan de estabilización fiscal que incluye “medidas para proporcionar la liquidez
necesaria para garantizar los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico y para financiar la deuda
extra-constitucional.”25 Para disponer de la liquidez necesaria, la administración tomó medidas como
suspender unilateralmente los convenio sindicales, paso por alto las leyes laborales para despedir a
los empleados públicos y de paso le negó la protección laboral a los trabajadores sindicalizados.26
El BGF de García también comenzó a promover agresivamente las asociaciones público-privadas
(APP) en lugar del fondo público para el desarrollo de la infraestructura.27 Las APP implican
típicamente la firma de contratos a largo plazo con una empresa privada para promover que la
empresa financie, construya u opere un servicio público. A la empresa privada se le paga a través
de las tasas pagadas por los usuarios, o de pagos de la autoridad pública, o una combinación de
ambas.28 Durante décadas la experiencia en proyectos de desarrollo de infraestructura a través de
las APP ha mostrado no solo los gatsos guberbmanetales que implican sino los riesgos potenciales
de eso. Las APP pueden generar el riesgo para el público de contratos incompletos, la probabilidad
de renegociación y de deudas activas en caso de quiebra o incumplimiento por parte de la empresa
privada.29

4 

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

 García fue nombrado el director de la nueva Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico
(AAPP), mientras trabajaba también en el BGF. La Autoridad privatizó el Aeropuerto Internacional Luis
Muñoz Marín y puso en marcha la modernización de escuelas, peajes y muchas otras iniciativas.30
Según su hoja de vida, García presidió la ejecución de cinco grandes proyectos de infraestructura,
esto durante su tiempo como director de la AAPP. El único proyecto de infraestructura relacionado
con el agua que dirigió, denominado “Aplicación de Tecnologías Avanzadas para la Reducción del
Agua No-Facturada en Puerto Rico,” buscó el apoyo del sector privado para mejorar la recaudación
de ingresos de la AAPP, es decir para contrarrestar “el robo de agua.”31

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
El fondo de infraestructura fue liquidado después de la promulgación de la Ley Nº 3, lo que permitió
que el BGF bajo la dirección de García pudiera vender todos los valores de la Cuenta del Corpus. De
acuerdo con una presentación que García dio a los acreedores de Puerto Rico en 2010, la venta “se
aprovechó de las dislocaciones del mercado y proporcionó una ganancia significativa y exclusiva al
Gobierno.”32
Sin embargo, esta ganancia de la venta de los títulos no fue utilizada para financiar proyectos de
acueductos y alcantarillados que necesita Puerto Rico. En cambio, el monto recaudado fue de $1.95
mil millones en efectivo, de los cuales $1.2 mil millones fueron para pagar a los tenedores de bonos
originales AFI de 2000. Después de pagar los tenedores de bonos quedaron $766 millones, de los
cuales aproximadamente $310 millones fueron desviados para cubrir el déficit presupuestario del
Estado Libre Asociado y $155 millones se utilizaron para recapitalizar el BGF.33 Eso dejó $300 millones
para la Cuenta del Corpus original. Esta cantidad se depositó en el BGF y el BGF aportó a cambio
al fondo de infraestructura con un “contrato de inversión garantizada,” por el cual el BGF debería
devolver a la Cuenta del Corpus aproximadamente $1.2 mil millones para el año 2040.
Esta transacción fue, como la Ley No. 3 declaró sin ironía, “consistente con el propósito original de la
referida Ley No. 92, ya que ambos comparten el objetivo de proteger el Fondo Corpus de manera que
en el año 2040, dicho Fondo tendrá $1.2 mil millones para el beneficio del pueblo de Puerto Rico.”34
Sin embargo, los restantes $300 millones podrían no ser utilizados para el desarrollo de infraestructura
ya que estaba vinculado un contrato del BGF, muy parecido a cuando el comprador de una cuenta de
Certificación de Depósito no puede acceder a su inversión mientras está depositada en el banco.

El BGF Refinancia y Pide Préstamos Descontroladamente
Durante el mandato de García el BGF pasó de cumplir un papel como agente de préstamos para la
infraestructura y el desarrollo económico a tomar un papel clave en la financiación del déficit entre
el Estado y sus entidades relacionadas.35 Con las ganancias de la venta de los valores de la Cuenta
del Corpus, el BGF de García se pudo recapitalizar y empezar a pedir préstamos y refinanciación
descontroladamente. Entre diciembre de 2008 y 2009, el BGF vendió $2.8 mil millones de pagarés
y vendió otros $2.8 mil millones en el mismo período entre 2009 y 2010.36 En total, el BGF emitió
aproximadamente $11 mil millones de pagarés, sobre todo durante la administración de Fortuño, y la
mitad de lo que quedaba pendiente para el año 2013.37
EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

5

 Valores Santander y otros bancos locales asumieron un papel protagónico en la aseguración de estas
emisiones y así recibieron ganancias por honorarios de aseguración y al vender los bonos y pagarés
a sus clientes y colocarlos en otra parte del mercado secundario. Por ejemplo, Santander actuó como
asegurador principal de cuatro emisiones de bonos del BGF por un valor de $4.6 mil millones entre
diciembre de 2008 y 2011, participando de esa manera de más de $43 millones en descuentos y los
honorarios del asegurador.38
Si bien los pagarés emitidos por el BGF se comercializan por todo el mundo, aproximadamente la
mitad fueron vendidos en Puerto Rico por Santander y otros bancos a inversionistas locales.39 Muchos
clientes de Santander adquirieron y aún tienen los pagarés indirectamente a través de la compra de
acciones de los fondos mutuos de inversión cerrados del banco “Primer Puerto Rico”. Las inversiones
solo se valoran en una pequeña fracción de su valor inicial y los inversionistas locales han perdido
millones en la medida en que el BGF ha caído en la insolvencia.40

LA INFRAESTRUCTURA Y LOS FONDOS DE PENSIONES SE QUEDAN CON LOS
PAGARÉS DE LOS BONOS DE APRECIACIÓN DE CAPITAL DE COFINA
Incluso los $300 millones de dólares que quedaron como depósito en el BGF resultaron muy
tentadores para los ingenieros financieros de la administración Fortuño. En el 2011, la asamblea
legislativa aprobó la Ley Nº 96, que utilizó los $162,5 millones de dólares que quedaban en la Cuenta
del Corpus para apuntalar el plan de pensiones de los empleados públicos41 que, a su vez, había sido
aprovechado previamente en 2008 por medio de varias emisiones de bonos que Santander y otros
bancos habían ayudado a asegurar y de los cuales se beneficiaron.42
En realidad los $162,5 millones de dólares no se pusieron a disposición del fondo de pensiones
para pagar los beneficios, en cambio, se invirtió en una serie de bonos revalorización del capital de
COFINA43 que acrecentaría los intereses al 7% pero que no vencería hasta 2043-2048.44 El interés del
interés en crecimiento en estos bonos significa que al vencer tendrían un valor de $1.65 mil millones,
lo que representa una ganancia de más de diez veces su valor inicial.45
La Ley N ° 96 también implicaba invertir los $165 millones restantes en la Cuenta del Corpus para ser
invertidos en los mismos bonos de apreciación de capital de COFINA l; señalando que “se proyecta
que el valor al vencimiento de cada uno de estos bonos de COFINA será de aproximadamente $1,2
mil millones, logrando así el objetivo de proteger la Cuenta del Corpus del Fondo.”46 En realidad, la
Ley Nº 96 permitió al BGF salir de la Cuenta del Corpus con nada más que un pagaré caro para un
futuro lejano.
Es difícil imaginar que el BGF sinceramente pensara que los bonos de apreciación de capital
COFINA que se le asignaron a la Cuenta del Corpus y del fondo de pensiones se pagarían al llegar
a su vencimiento.47 Esto debería plantear preguntas acerca de por qué el BGF dejó a los fondos de
infraestructura y de pensiones de los empleados públicos con pagarés dudosos. Es posible que
el BGF haya calculado que sería capaz de reembolsar los bonos de alto costo desde fechas tan
tempranas como el 2016,48 pero Puerto Rico ha incumplido con la deuda y el BGF ha caído en la
insolvencia.
6 

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

 En resumen, la mayor parte de las ganancias de la privatización de una empresa de telefonía rentable,
de propiedad pública, destinadas a proyectos de acueducto cruciales para Puerto Rico, se perdieron
completamente. La Cuenta del Corpus ya no financia el desarrollo de infraestructura, lo único que
queda son pagarés de bonos con vencimiento en el 2043 que son deuda activa de COFINA y, en
última instancia, de las personas de Puerto Rico que pagan impuestos de ventas y de uso.

LA AUSTERIDAD Y LA PRIVATIZACIÓN EN 2017, UN CASO REPETIDO
A principios del 2016, García declaró ante el Congreso que apoyaba la creación de otra junta de
control para hacer frente a la crisis fiscal de Puerto Rico. En su testimonio afirmó que el “servicio
continuo” de su anterior junta de control local (2009-2011) habría evitado la “reactivada crisis de
Puerto Rico.” Afirmó que había fracasado en dos zonas, en no reformar y reestructurar la legislación
laboral de Puerto Rico y de sus organismos públicos, lo que implica que es partidario de nuevos
ataques a la negociación colectiva, las pensiones y la privatización de los activos públicos.49 Unos
meses después de este testimonio el gobierno de Obama anunció el nombramiento de siete
personas, incluido García para una nueva junta de control de PROMESA encargada de supervisar los
asuntos fiscales de Puerto Rico y reestructurar su deuda.
Desde el establecimiento de la Junta, los puertorriqueños han sido sometidos a nuevas medidas de
austeridad, que han sido diseñadas en parte para tranquilizar a los acreedores de Wall Street. Bajo
la dirección de Ricardo Rosselló, el actual gobernador, se promulgó la Ley Nº 4, conocida como la
Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Esta Ley debilita drásticamente las normas laborales
existentes, incluyendo el tiempo de trabajo, compensación y beneficios para los trabajadores de
Puerto Rico.50 El proyecto de ley Nº 938, el cual se volvió ley el 29 de abril de 2017, invalida los
acuerdos de negociación colectiva y limita permanentemente los beneficios de los empleados en el
sector público.51
La Junta ha presionado aún más por la austeridad que el gobernador Rosselló, solicitando que haya
una reducción de gastos de $3 mil millones en dos años, la mitad de la cual se dirige a los servicios
esenciales: mil millones de dolares en recortes sanitarios, $300 millones en recortes a la educación
y $200 millones en recortes al sistema de pensiones.52 La Junta ha pedido recortes presupuestarios
aún más profundos en el año 2021, incluidos $1.3 mil millones en el gasto de personal y la eliminación
de $450 millones del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, es decir casi la mitad de su
presupuesto. La Junta ha hecho caso omiso a promover casi cualquier estímulo, con la excepción de
incluir el gasto en las asociaciones público-privadas en su plan fiscal.53 Se trata de una mala noticia
más para los puertorriqueños, que necesitan salarios más altos y buenos puestos de trabajo para
hacer frente a la subida del costo de la vida.

SANTANDER PRESIONA A LA JUNTA PARA ASEGURAR
QUE LA DEUDA DE COFINA SE PAGUE
Por su parte, el Banco Santander ha concentrado sus fuerzas en presionar a la Junta para exigir
el reembolso de los tenedores de bonos de COFINA. En marzo de 2017, Santander se unió a los
principales acreedores de la deuda de Puerto Rico, quienes se dirigieron por escrito a la Junta de
EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

7

 Control de PROMESA, quejándose de que su plan fiscal no tomó en cuenta sus preocupaciones.
Santander firmó la carta como uno de los tres principales tenedores de bonos de COFINA a través de
sus fondos mutuos de inversión cerrados de First Puerto Rico, que aseguraba $ 3.65 mil millones de
bonos de COFINA y $1.8 mil millones en bonos de obligación emitidos o garantizados por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.54
Como miembros de la Junta, los ex-ejecutivos de Santander Carlos García y José Ramón González
tendrán un papel importante en la decisión sobre si se debe y como se debe reembolsar la deuda.55
No deberían ser reembolsados ni siquiera en parte. La Junta debe ignorar las peticiones de los
acreedores con conflictos de intereses como Santander. En cambio, los bonos de COFINA y los
pagarés del BGF mantenidos y gestionados por Santander, en nombre de sus clientes de Puerto
Rico, deben ser cancelados y los clientes deben ser reembolsados en su totalidad directamente por
Santander, que ganó $1.8 mil millones de euros solo en el primer trimestre de 2017. Dicha ganancia
debería ser de preocupación mundial.

CONCLUSIÓN
Bajo García el BGF dirigió la emisión de mil millones en pagarés y bonos de COFINA, y de esta
manera desvió fondos que originalmente estaban destinados a proyectos vitales de alcantarillado y
tratamiento de aguas a deudas de alto coste impagables. Como resultado, la capacidad de Puerto
Rico para hacer frente al Zika y otras epidemias de virus transmitidas por mosquitos ha disminuido
y se le está diciendo que debe confiar en el sector privado.56 Así mismo, a Puerto Rico se le ha
impedido financiar otros servicios públicos cruciales por el desvío del impuesto sobre las ventas para
asegurar y reembolsar malas ofertas de deuda como los bonos de apreciación de capital COFINA.
Como se dijo anteriormente, incluso el reembolso parcial de los bonos de COFINA equivale a una
carga catastrófica para el pueblo y la economía de Puerto Rico.
Santander debe rendir cuentas por promover y beneficiarse de las transacciones cuestionadas en
Puerto Rico. El banco sirvió como principal asegurador de cuatro emisiones de bonos de BGF de
$4.6 mil millones de dólares entre diciembre del 2008 y el 2011, obteniendo así una ganancia de más
de $43 millones en descuentos y los honorarios del asegurador.57 García también se ha beneficiado
personalmente por su estrecha relación con Santander, donde trabajó inmediatamente antes y
después de su tiempo en el BGF, al recibir un pago por su despido de $1.25 millones de dólares del
banco antes de unirse a la administración Fortuño.58
Al igual que Santander, García parece apoyar firmemente la segregación de las obligaciones de
bonos de COFINA, muchas de las cuales se mantienen en bonos de apreciación de capital costosos
y usando constantemente impuestos sobre las ventas para reembolsar los bonos de COFINA,
como se señaló en su testimonio sobre PROMESA en Capitol Hill en el 2016.59 Santander es uno
de los principales tenedores de bonos de COFINA que está solicitando a la Junta para asegurar la
recuperación sus inversiones. El conflicto de interés de García generan preguntas preocupantes
acerca de si se debe permitir que los mismos individuos que crean y se lucran de la deuda deben
insistir en que ahora otros deban pagarla.

8 

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

 La Junta ha sometido a muchos puertorriqueños a medidas de austeridad ampliamente criticadas,
mientras ha hecho caso omiso sobre la generación de estímulos directos, con la excepción de
las polémicas asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura.60 El enfoque de
austeridad fallará en Puerto Rico así como enfoques similares han fracasado en Grecia y Portugal.61
Para ayudar a que Puerto Rico se recupere, debe haber un estímulo económico directo, lo que
parece poco probable a menos que se logre hacer que bancos como el Santander y los ejecutivos
de los bancos privados como Carlos García rindan cuentas por hundir a Puerto Rico en una deuda
pública impagable.

ENDNOTES
1  Utilizamos Santander en el sentido de Banco Santander, SA, y todas sus filiales. En Puerto Rico, durante gran parte
del período de tiempo que abarca este informe, Santander BanCorp era el holding banco matriz de Banco Santander
Puerto Rico, que tenía varias filiales.
2  Ver “Pirates of the Caribbean: How Santander’s Revolving Door with Puerto Rico’s Development Bank Exacerbated
a Fiscal Catastrophe for the Puerto Rican People,” Hedge Clippers y Committee for Better Banks.
3 Ver GDB Presentation de 10 de junio de 2010 acerca de las políticas promulgadas en los 16 meses anteriores, p. 7. La
junta de control local tenía un mandato de dos años. Los miembros de la Junta de Control incluyen al director, Carlos
M. García, presidente del BGF, el Secretario del Tesoro, el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, el
Secretario del Trabajo y el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Ver también el testimonio Carlos García
del 2 de febrero de 2016 ante el “Subcommittee on Indian, Insular and Alaska Native Affairs of the Committee on
Natural Resources” de la Cámara de Representantes, “The Need for the Establishment of a Puerto Rico Financial
Stability and Economic Growth Authority.” Para más información sobre la dirección de Carlos García de la AAPP, ver
aquí.
4 Ver Fiscal Plan Target, 28 de enero de 2017.
5  Ver Society for Medical Anthropology’s Zika Interest Group Public Statement on Zika Virus in Puerto Rico. “Queremos
destacar la absoluta necesidad de actualizar la distribución de agua y sistema de tratamiento en Puerto Rico,
especialmente bajo la perspectiva de la imposición de una junta de control como la que se impuso en Flint, Michigan.”
6  Ver Study for the Project, “Implementation of Advanced Technologies for the Reduction of Non-Revenue Water for
Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority,” RFQ aquí.
7  Por ejemplo, el bono de revalorización de capital COFINA asignado a la Cuenta del Corpus en 2011 de $165 millones
de capital inicial tendría que tener un valor de $ 1.2 mil millones dólares al vencerse en el 2048.
8 Ver PRIFA Special Obligation Bonds 2000 Series A&B, p. 3. Ver “Plan to Sell Puerto Rico Phone Company Leads to
Strike”, el New York Times, Mireya Navarro, 19 de junio de 1998. El dinero de la venta ($ 1.8 mil millones) era para pagar
la deuda actual de la compañía telefónica, finanzas cierta retiro y beneficios de salud para empleados de la compañía,
y establecer un fondo de $1 mil millones para invertir en obras públicas como sistemas de alcantarillado y distribución
de agua. “Hemos trabajado para mantener la Telefónica de Puerto Rico en su nivel actual y hemos demostrado a
nosotros mismos para ser trabajadores productivos, y el pueblo de Puerto Rico lo saben”, dijo Olga Grajales, de 43
años, un delantero que trabaja en el departamento de facturación y cobro. “La gente sabe que realmente lo que están
haciendo es un robo”.
9  Ver la Ley No. 92, p. 4. http://www.oslpr.org/download/en/1998/0092.pdf
10  Pedro Rosselló, que sirvió como gobernador durante este tiempo, es el padre del actual gobernador de Puerto Rico,
Ricky Rosselló.
11  Ver “Puerto Rico Paralyzed by Strike over Phone Company Sale,” Washington Post, Guy Gugliotta, 8 de julio de
1998.
12  Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc., Formulario S-4 / A presentado ante la SEC 09.27.1999, pp . 25-26.
13  Ver AFI emisión de Bonos 2000 A y B de Obligación Especial Description,p. 2.
14  Ver Commonwealth of Puerto Rico’s Series 2004 Tax and Revenue Anticipation Notes, p. I-41, and Puerto Rico
Infrastructure Financing Authority Act, p. 31.
15  Ver Puerto Rico Public Financing Corporation 2004 Series B Bonds, Commonwealth Appropriation Bonds, p. I-38.
EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

9

 16 Ver PRIFA Special Obligation Bonds 2000 Series A&B, p. 15
17 Ver PRIFA Special Obligation Bonds 2000 Series A&B, p. 11.
18 Ver PRIFA Special Obligation Bonds 2000 Series A&B, segunda página de presentación. También Ver la Ley 92 para
ver la intención del Fondo Corpus.
19  Ver Fitch: TELPRI Rating Unaffected by America Movil Acquisition and Verizon Communications, Inc. 10Q for
quarterly period ending March 31, 2007.
20  Carlos M. García fue nombrado Presidente y COO de Santander BanCorp el 28 de agosto de 2008, la misma época
en que José Ramón González renunció como presidente y CEO. El 13 de noviembre de 2008, se anunció que García
se dirigiría el BGF y González sería parte del Comité del Gobernador. Ver “Jose Ramon Gonzalez Resigns from
his position at Banco Santander,” PR Newswire, 29 de agosto de 2008. Ver “Four Bankers in Fortuno’s Economic
Reconstruction & Fiscal Advisory Committee,” Caribbean Business, Jose L. Carmona, 13 de noviembre de 2008.
González fue también jefe de la BGF a finales de los años 80 en Puerto Rico.
21  “Puerto Rico Panel Readies New Projections,” The Bond Buyer, Michelle Kaske, 19 de diciembre de 2008. Ver también
el perfil en Revolvy.com.
22 Ver Acta de Terminación entre Banco Santander y Carlos Garcia en SEC.gov.
23  Los cambios en la política permitieron emitir ofertas de deuda cada vez más arriesgadas que se basaban en
características controversiales, tales como bonos de apreciación de capital del Estado Libre Asociado, el interés
capitalizado y permutas de tipo de interés. Estos generan más ingresos al negocio de aseguración de Santander y
otros bancos. Ver “Pirates of the Caribbean: How Santander’s Revolving Door with Puerto Rico’s Development
Bank Exacerbated a Fiscal Catastrophe for the Puerto Rican People,” HedgeClippers and Committee for Better
Banks. También ver Tom Sgouros, “Predatory Public Finance,” The Journal of Law in Society, Vol. 17:1 (2014)
24  Ver la Ley Nº 3 aquí: http://www.bgfpr.com/2013/Eng/Perfil/documents/LeyOrganica-Eng.pdf
25  Ver el testimonio de Carlos García del 2 de febrero, el año 2016 ante el Subcommittee on Indian, Insular and Alaska
Native Affairs of the Committee on Natural Resources of the U.S. House of Representatives, “The Need for the
Establishment of a Puerto Rico Financial Stability and Economic Growth Authority.”
26  ”Ver “Puerto Rico in Crisis: Government Workers Battle Neoliberal Reform,” NACLA, Yarimar Bonilla y Rafael A. Boglio
Martínez.
27  Ver “GDB locks up the ‘piggy bank,’ Caribbean Business, Carlos Márquez, 29 de enero de 2009.
28  Ver “WHY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS DON’T WORK: The many advantages of the public alternative,” David
Hall, PSIRU, Enero 2014. Ver “Government Objectives: Benefits and Risks of PPPs,” World Bank Group.
29  Ver “WHY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS DON’T WORK: The many advantages of the public alternative,” David Hall,
PSIRU, January 2014, p.46.
30 Ver FAA aprueba PPP para el aeropuerto 23 de diciembre de 2009, y otros anuncios en el sitio web de la AAPP.
31  Ver Estudio para proyecto RFQ aquí.
32 Ver Carlos M. Garcia GDB presentation at Puerto Rico Credit Conference 2010, Febrero 25-26, 2010, p. 14.
33 Ver Carlos M. Garcia GDB presentation at Puerto Rico Credit Conference 2010, Febrero 25-26, 2010, p. 14.
34  Ley No. 3 (H.B. 600), aprobada el 14 de enero, 2009, p. 2.
35  Ver “The Sinking of the GDB,” Caribbean Business, Philipe Schoene Roura y Luis. J. Valentin, 13 de junio, 2016.
36  Ver las emisiones de bonos del BGF aquí.
37  Tenga en cuenta que cuando Carlos Garcia dejó el BGF a finales de marzo de 2011 fue sustituido como presidente por
Juan Carlos Batlle, otro ejecutivo de Santander.
38  Ver $1.796B BGF 2011 Series H & I ($16,580,422.10 en honorarios de aseguración, Santander principal), ver $1.356B
GDB 2009 Series C &D ($14,279,323.76 en honorarios de aseguración, Santander principal junto con UBS y Popular),
ver $250M GDB 2009 Series A ($2,390,000 en honorarios de aseguración, Santander principal junto con UBS y
Popular), y ver $1.230B GDB 2008 Series A & B ($10,301,958.16 en honorarios de aseguración, Santander principal
junto con UBS y Popular).
39  Ver “The Sinking of the GDB,” Caribbean Business, Philipe Schoene Roura y Luis. J. Valentin, 13 de junio, 2016.
40  Ver “The Sinking of the GDB,” Caribbean Business, Philipe Schoene Roura y Luis. J. Valentin, 13 de junio, 2016.
41  Ley No. 96-2011 (HB 3336).
42 Ver“Pirates of the Caribbean: How Santander’s Revolving Door with Puerto Rico’s Development Bank Exacerbated
a Fiscal Catastrophe for the Puerto Rican People,” HedgeClippers y Committee for Better Banks.
43  Ver, por ejemplo Refund America, “Puerto Rico’s Payday Loans.”
44  Ver Bonos de Ingresos AFI (Ports Authority Project) Series 2011.
10 

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

 45  Ver Commonwealth of Puerto Rico Comprehensive Annual Financial Report Year Ended June 30, 2011, Pension
Reform section.
46  Ley No. 96-2011 (HB 3336).
47  COFINA fue creado por Puerto Rico en el 2006 cuando había una necesidad urgente de fondos, pero no se podía
emitir deudas porque se había llegado al límite constitucional de 15% de deuda. El impuesto sobre las ventas permitió
que la isla emitiera deuda que no contara para el límite del 15%. Para el 2011, Puerto Rico estaba emitiendo una
cantidad extraordinaria de deuda, incluidos los bonos COFINA de apreciación de capital. Refund America estima que
Puerto Rico tiene una deuda de $37.8 mil millones por bonos de apreciación de capital, por préstamos originales de
solo $4,3 mil millones, lo que implica una tasa de interés real de 785%. Refund también afirma a los inversionistas
que $36,9 de la deuda de Puerto Rico es de COFINA, y que el 63% de la deuda por bonos de apreciación de capital
es de COFINA. Refund también afirma que los inversionistas que son dueños de la deuda de apreciación de capital
compraron esta deuda con grandes descuentos en el mercado secundario porque los anteriores acreedores ya la
califican de deuda mala, lo que quiere decir que los actuales dueños nunca esperaron que la isla la podría reembolsar.
Además, la tremenda cantidad de deuda al momento de vencimiento (en el futuro lejano) y la tasa de interés real
generan la duda si el BGF esperaba poder reembolsarla. Ver “Opinion: COFINA deal is huge blow to dwindling appeal
of Puerto Rico’s bonds,” Ivan Rivera, FoxNews, 2 de mayo, 2016 y “Puerto Rico’s PayDay Loans,” Refund America.
48  Los documentos de bonos indican que el emisor tenía la opción de canjearlos desde el 2016.
49  Ver el testimonio de Carlos García del 2 de febrero del, 2016 ante el “Subcommittee on Indian, Insular and Alaska
Native Affairs of the Committee on Natural Resources” de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, “The
Need for the Establishment of a Puerto Rico Financial Stability and Economic Growth Authority.”
50  Ver “Puerto Rico: Major labor law and benefit reforms aim for flexibility and competitiveness,” Willis Towers Watson, 27
de marzo, 2017.
51 “House Bill 938 Would Void Right to Collective Bargaining,” Caribbean Business, Cindy Burgos Alvarado, 26 de abril,
2017. El proyecto de ley fue promulgado el 29 de abril de 2017. Ver la nota de pie de página 10 sobre: Statement of
Oversight Board in Connection with PROMESA Title III Petition.
52  Ver “Puerto Rico Oversight Board Appears Doomed to Recycle Failed Austerity Schemes,” Javier Balmaceda, Forbes
DebtWire, 22 de marzo, 2017.
53  Ver “AGC-Puerto Rico Sets Eyes on Infrastructure,” Caribbean Business, Philipe Schoene Roura and Eva Lloréns Vélez,
30 de marzo, 2017.
54  Ver Joint Creditor Letter to Oversight Board on Fiscal Plan for Puerto Rico, 27 de marzo, 2017. Ver también
“Bondholders Attack Fiscal Plan,” El Nuevo Día, Joanisabel Gonzalez, 28 de marzo, 2017. También en noviembre de
2016 Santander se unió a Franklin Advisers y OppenheimerFunds pidiendo que un juez federal los registrara como
acusados frente a una demanda presentada por los fondos de cobertura con bonos de obligación general. Santander,
Franklin y Oppenheimer son “transpondedores en 3.600 millones de dólares en reclamaciones de COFINA y 1.100
millones de dólares en reclamaciones por bonos de obligaciones generales”.
55  La Junta seguirá siendo el principal negociador con los acreedores. Ver “Our Bankrupt Policy for Puerto Rico,” David
Dayen, The American Prospect, 8 de mayo, 2017.
56  Ver el Public Statement on Zika Virus in Puerto Rico del Society for Medical Anthropology’s Zika Interest Group.
“Queremos resaltar la absoluta necesidad de actualizar el sistema de distribución y tratamiento de agua en Puerto
Rico, especialmente bajo la perspectiva de la imposición de una junta de control como la que se impuso en Flint,
Michigan”.
57  Ver nota pie de página 17.
58  Luego de irse del BGF, García fue director y vicepresidente ejecutivo de Santander Bank en Estados Unidos. Ver hoja
de vida aquí. Ver Termination Agreement entre el Banco Santander y Carlos Garcia at SEC.gov.
59 Ver testimonio de Carlos García del 2 de febrero de 2016 ante el Subcommittee on Indian, Insular and Alaska Native
Affairs of the Committee on Natural Resources de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, “The Need for the
Establishment of a Puerto Rico Financial Stability and Economic Growth Authority.”
60 Ver Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017.
61  Ver “IMF admits: we failed to realise the damage austerity would do to Greece,” The Guardian, Larry Elliott, Phillip
Inman y Helena Smith, 5 de junio, 2013.

EL SAQUEO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

11