A LA MESA DEL CONGRESO
Doña Irene Montero Gil y 36 diputados y diputadas más, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, y de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 114 de
la Constitución española y en los artículos 175 a 179 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, por medio del presente escrito, interponemos una MOCIÓN DE CENSURA para que el Congreso exija la responsabilidad política del Gobierno por las siguientes CONSIDERACIONES:
La Constitución española establece en su artículo 113 que el Congreso de los Diputados puede exigir responsabilidad política al Gobierno
mediante la adopción de una moción de censura. Las circunstancias
de excepcionalidad y emergencia democrática que vive España como
consecuencia de la parasitación de las instituciones del Estado por parte del Partido Popular (PP) nos obligan a hacer uso de este mecanismo
democrático previsto en nuestra Carta Magna.
El Gobierno de España, en manos del Partido Popular, ha abandonado
a la ciudadanía al secuestrar las instituciones y ponerlas al servicio de
la defensa de su partido y de los saqueadores de las arcas públicas.
No cabe duda de que, desde el Gobierno, el PP no respeta la división
de poderes y hace uso de las instituciones en función de su propio interés. La credibilidad de la democracia española está en juego, tanto
en nuestro país como en Europa y en el resto del mundo. Un Gobierno
que actúa contra las reglas mínimas de la democracia no representa a
nuestro pueblo.
Durante las últimas semanas, España ha conocido casos de corrupción
que no solo afectan directamente a un amplio número de dirigentes del
PP, sino que han revelado una práctica continua de parasitación de las
instituciones y de saqueo de lo público que afecta al Gobierno actual y,
en particular, a ministros con carteras estratégicas como la de Interior,
la de Justicia o la de Hacienda y Función Pública, además de a la propia
Presidencia del Gobierno. Prácticamente a diario la ciudadanía asiste
atónita al espectáculo de comprobar cómo el Gobierno se esfuerza en
dificultar las investigaciones de los casos de corrupción que afectan a
dirigentes del PP, así como a la publicación de informaciones acerca
de chivatazos desde el Gobierno y desde una cúpula judicial cómplice de los investigados por graves delitos de corrupción para intentar
entorpecer esas investigaciones y proteger a los corruptos. Todo ello
es incompatible con la decencia y la dignidad democrática de España.
El deterioro de la vida política, reflejado en la incapacidad del Gobierno
para alcanzar acuerdos parlamentarios sin que medie alguna forma de
chantaje; el escándalo social ante los casos de corrupción, que ha situa-

1

 do a los políticos como una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía y puesto bajo sospecha el entramado empresarial que contrata
con el sector público; la confirmación de la quiebra de las reglas básicas
del juego democrático por parte del Partido Popular; la colusión entre
los poderes del Estado, expresada, por un lado, en el bloqueo continuo
de la acción legislativa por parte del Ejecutivo a través de vetos y, por
otro, en la reprobación parlamentaria del ministro de Justicia, del fiscal
general del Estado y del fiscal anticorrupción, aunque no sus dimisiones;
las interferencias gubernamentales en los medios de comunicación, limitando la libertad de expresión a partir de la financiación con dinero negro o con fondos públicos de medios parciales y venales, o del uso abusivo de los medios de comunicación públicos; y la pérdida de derechos
de la ciudadanía, especialmente los que afectan a las mujeres (como
depositarias obligadas de las tareas de cuidados a las que ha renunciado
el Estado), los que afectan al mundo laboral (cada vez más precarizado),
y los relativos a las garantías para el pago de las pensiones. Todos estos
aspectos generan, en definitiva, una situación de excepcionalidad democrática, social y política en el país, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy
pretenda normalizarlos.
De hecho, lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno ha optado
por la mentira y la banalización de los problemas simulando ignorar la
grave crisis institucional que vive España. Tras su reprobación, el ministro de Justicia afirmó en las redes sociales que las asociaciones de
fiscales no habían criticado la injerencia del Gobierno en el trabajo fiscal, lo que motivó una respuesta inmediata de la Unión Progresista de
Fiscales, en la que se desdecía —una vez más— al ministro y se reafirmaba la denuncia de injerencias del poder político en el poder judicial.
Las vinculaciones entre altos cargos del Gobierno y cargos políticos o
familiares imputados en casos de corrupción han generado un enorme
escándalo en la opinión pública. Los mensajes del ministro de Justicia
al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para
desearle suerte en sus problemas con la justicia, han abochornado a
los demócratas españoles y les ha recordado los mensajes de aliento
que en su día el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mandó al extesorero de su partido. La reunión de José Antonio Nieto, secretario
de Estado del Interior (número 2 del Ministerio del Interior), con Pablo
González, hermano de Ignacio González, imputado en la «operación
Lezo», y la sospecha de los propios fiscales de dicha operación de que
desde sectores del Ejecutivo se han filtrado informaciones a personas
investigadas por corrupción, son hechos que desacreditan gravemente
la independencia de la justicia y de la cúpula fiscal a ojos de los ciudadanos. La descalificación por parte del Partido Popular de la tarea de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra la
delincuencia ha generado protestas de asociaciones profesionales que
defienden el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), y dejan en

2

 evidencia a un Gobierno que trabaja al margen de la ley. El papel del
fiscal anticorrupción, señalado por políticos detenidos como la mejor
baza para sus intereses, sitúa bajo sospecha la cúpula fiscal, aún más
cuando ha intentado frenar la tarea honesta de fiscales en su lucha
contra la corrupción, como hemos visto en la «operación Lezo».
Quedan pocas dudas de que el Partido Popular lleva más de veinte años
financiándose ilegalmente, con dinero procedente de contratistas del
Estado que costean elecciones a cambio de contrapartidas, quebrando la legislación electoral y ejerciendo un abuso que pone en cuestión
la legitimidad del Gobierno. En una democracia las elecciones son un
proceso que busca la autorización política por parte de la ciudadanía,
siempre que se respeten las reglas del juego. El Partido Popular, en el
Gobierno, habría financiado campañas electorales ilegalmente y habría
construido un entramado de favores, cargos y prestaciones, dentro de
un trasvase ilegítimo de dádivas que incluye puestos a familiares y amigos en cargos públicos, así como recompensas en grandes empresas a
los políticos, en una escandalosa trama que quebranta el corazón jurídico de nuestra Constitución. Hoy sabemos que el Partido Popular es el
cemento político de esa trama. Quedan pocas dudas de que el Partido
Popular ha ganado las elecciones al competir con ventaja gracias a la
financiación ilegal de sus campañas. No hacer nada significaría aceptar
que el Gobierno de Mariano Rajoy puede quebrar las leyes y vaciar de
legitimidad nuestra democracia.
La trama, sostenida políticamente por el Partido Popular, se ha construido
en colusión con grandes intereses empresariales y con élites económicas
que han colaborado a la hora de parasitar el ámbito público, con la consiguiente condena a la pequeña y mediana empresa a sufrir una competencia
desleal por parte de esa lógica económica clientelar que vive de la cercanía
al poder político. Esa misma lógica ajena a la democracia se ha traducido
en un desprecio hacia el mundo del trabajo, con el resultado de recortes salariales, desempleo, trabajo precario, morosidad en el pago a las pequeñas
y medianas empresas, pérdida de progresividad fiscal, desahucios y emigración obligada para los jóvenes (a quienes, además, se les dificulta votar
desde el extranjero). La deriva del Gobierno del PP se ha cebado también
en las personas mayores, que ven cada día cómo empeoran sus condiciones de vida, al tiempo que padecen con tristeza la suerte de sus
hijos y de sus nietas, sumidos en la precariedad que rompe el ascenso
social que había sido una de las claves de nuestra democracia tras el
final de la dictadura. El vergonzoso deterioro de la capacidad adquisitiva de las pensiones y el vaciamiento de la «hucha» que las garantizaba
hacen que la preocupación se convierta en desasosiego. La conclusión
de esas políticas, más orientadas al robo y a la colusión, se ha traducido en un aumento de las desigualdades que sitúa a más de 8 millones
de trabajadores y trabajadoras por debajo del umbral de la pobreza.

3

 Por culpa de la corrupción y del mal uso de lo público, el conjunto del
país avanza a dos velocidades: el 27,9% de los españoles (casi 1 de cada
3) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, el 38% de los
hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 15,3%
de los hogares manifiesta llegar a final de mes con mucha dificultad. La
tasa de riesgo de pobreza y exclusión está 5,6 puntos por encima de la
media europea. El Gobierno de Mariano Rajoy nos aleja de Europa sin
remedio y sitúa a nuestro país de nuevo a la cola del continente. Y esto
ocurre no por ningún tipo de mandato inexorable, sino por culpa de un
desprecio de lo público y de los instrumentos de control y fiscalización
democráticos que ha llevado a la democracia española a un momento
de emergencia.
No responder al desprecio de la democracia que representa el Gobierno
de Mariano Rajoy implicaría renunciar a los logros que conseguimos
desde la recuperación de la democracia. Los ataques al contrato social democrático por parte de los Gobiernos del PP no son tolerables:
los denunciados intentos del Gobierno de Mariano Rajoy de manipular
a jueces y a fiscales, tanto en el control de sus órganos de gobierno
como a través de presiones y favores; la creación de instituciones con
dinero público para ponerlas al servicio de empresas que evitan pagar
impuestos recurriendo a los paraísos fiscales; las amnistías a personas
y a grupos afines y la falta de fiscalización de las listas de defraudadores; la puesta en marcha de empresas familiares, como la creada por
Cristóbal Montoro, para asesorar a los grandes contribuyentes, formada por antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria, posibilitando así
favores económicos a través de las tramas políticas que debilitan la capacidad fiscal del Estado; el castigo a los medios de comunicación que
no se pliegan; la aplicación de la ley mordaza (Ley de Protección de la
Seguridad Ciudadana), que pretende silenciar las protestas y debilita
derechos esenciales como son el de reunión, el de manifestación y el
de huelga, al tiempo que la ley Berlusconi (artículo 324 de la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) pretende dificultar, cuando no
impedir, la investigación de los grandes casos de corrupción y las grandes tramas criminales limitando los plazos de instrucción; la sospecha
fundada de la creación de una policía política al mando del Ministerio
del Interior que espiaría y construiría pruebas falsas contra los adversarios políticos. Tolerar todos estos abusos significaría dejar de pelear
por que España sea una democracia y el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no va a consentir este ataque
frontal a lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido hacer de la mentira su principal estrategia. Así ocurre cuando afirman colaborar con la justicia
pero destrozan a martillazos los discos duros de los ordenadores del

4

 Partido Popular; cuando dejan pasar que magistradas se conviertan en
confidentes de los corruptos de su propio partido y les den chivatazos
como si estuvieran en nómina; cuando expresan la voluntad de ayudar
a los jueces —mostrando señales de buena voluntad en los telediarios
amigos— pero luego deciden que el presidente del Gobierno declare a
través de un plasma en un juicio por la financiación ilegal de su partido.
Además, las mentiras del Gobierno de Rajoy han empeorado la convivencia entre los territorios del Estado. Desde la recuperación de la democracia, nunca las tensiones territoriales han sido tan extremas como
lo son hoy. El Gobierno de Mariano Rajoy es responsable de haber deteriorado la convivencia entre las gentes y los pueblos de España, al
querer presentar las legítimas reclamaciones de las diferentes naciones
que configuran España como una amenaza usada reiteradamente para
ocultar los innumerables casos de corrupción. España, como revela su
historia, es plurinacional, y así lo ha demostrado cada vez que ha podido expresarse libremente, fuera en la Primera República, en la Segunda República o una vez recuperada la democracia tras la dictadura
franquista. Al contrario, negar la condición plurinacional de España es
algo propio de las etapas oscuras de la Restauración, de la dictadura
de Primo de Rivera y de la dictadura de Franco. Millones de ciudadanos de nuestro Estado reclaman el derecho a su propia lengua, a su
propia cultura, a sus propias instituciones y a su propia capacidad de
decidir democrática y legítimamente su relación jurídica con el Estado.
No asumir el reto democrático de la plurinacionalidad y encastillarse
en un búnker autoritario significa, sencillamente, no entender España.
Es más: en estos momentos la acción del Partido Popular ha supuesto
la ruptura del pacto territorial, a la vez que este partido se muestra
absolutamente incapacitado para buscar una solución democrática a
la voluntad mayoritaria de Cataluña para decidir libremente su futuro.
El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
confía en España y entiende nuestras responsabilidades con la ciudadanía. Por eso la moción de censura que presentamos va más allá de nuestro
propio programa y pretende ser un instrumento político de dignidad que
no solo apele a los millones de ciudadanos que nos votaron, sino también
a todas aquellas personas que quieren ver al PP fuera de las instituciones.
Es esencial que tanto los cargos públicos que han incurrido en ilegalidades como los corruptores se pongan en manos de la justicia, paguen
sus culpas y devuelvan el dinero robado. Su enjuiciamiento, así como las
responsabilidades políticas que emanan de esos comportamientos deben marcar un punto de inflexión en nuestro país: la impunidad no es
compatible con la democracia. La ciénaga en la que el Partido Popular ha
convertido buena parte de la política española tiene que acabarse. Necesitamos un antes y un después en la democracia española que ponga fin a
este cenagal. Del mismo modo, no puede ser que vuelvan a funcionar los

5

 indultos con nombres y apellidos, una bula del siglo xxi que los poderosos
compran a los gobiernos que no gobiernan para sus pueblos, de la misma
manera que debe desterrarse cualquier tipo de favor que diseñe una justicia para las mayorías y otra para las tramas.
Hace 37 años, en unas circunstancias mucho menos graves que las actuales, se presentó una moción de censura que no prosperó pero que, sin
embargo, señaló un futuro de cambio. Hoy asistimos a la descomposición
de una trama de poder que intenta atrincherarse sin más proyecto político
que el de normalizar la corrupción y el saqueo en un modelo de Estado
envejecido y con un sistema económico ineficaz. Registramos esta moción para transmitir a nuestro pueblo que no hay por qué resignarse y que
es posible construir un futuro con instituciones limpias y con un Gobierno
preocupado por la gente y no por proteger a las élites y a los corruptos.
No podemos quedarnos de brazos cruzados asistiendo al enorme deterioro de nuestras instituciones, y consideramos un deber ético inexcusable censurar al Gobierno y hacerlo también en el Parlamento. La
ciudadanía ya no soporta el bochorno que supone la imputación diaria
de cargos del Partido Popular por casos de corrupción, la entrada permanente de altos cargos de este partido en la cárcel, los mismos altos
cargos que antes de ser imputados recibieron siempre el apoyo y la
confianza de la dirección del PP y del presidente del Gobierno. Tampoco es posible ya no dar una respuesta contundente tras escuchar las
conversaciones de estos altos cargos afirmando que controlan el Gobierno, la judicatura, los medios de comunicación o la policía. La indiferencia del poder legislativo ante esta quiebra democrática sería para
el Partido Popular la mayor garantía de éxito en su empresa normalizadora de la corrupción y de la desigualdad. Si el poder legislativo no
responde a estos despropósitos, estará fallando gravemente a quienes
realizaron el esfuerzo democratizador en nuestros pueblos durante las
últimas cuatro décadas.
Es hora de poner en marcha, de manera decidida, un proceso de regeneración democrática que devuelva no solo su independencia a las estructuras de control de la legalidad, sino también el control político del
Gobierno a la ciudadanía, como única vía para que la política gubernamental se oriente a la defensa de la sociedad y, asimismo, para que
los ciudadanos y las ciudadanas logren recuperar los derechos que les
pertenecen y que ahora están amenazados o permanecen secuestrados debido al comportamiento intolerable del Partido Popular y su Gobierno. Frente a la impunidad, el saqueo y la corrupción, entregamos
nuestra confianza a la acción esperanzada y decidida de la ciudadanía
para recuperar derechos, soberanía y democracia.

6

 Por todo lo expuesto, y acompañando a este escrito la expresa aceptación como candidato a la Presidencia del Gobierno del Sr. Pablo Iglesias Turrión, que suscribe este documento, es por lo que solicitamos a
la Mesa del Congreso de los Diputados que admita este escrito para
que se pueda exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante
la adopción de esta moción de censura.
Madrid, a 19 de mayo de 2017
Irene Montero Gil, Ione Belarra Urteaga, Xavier Domènech Sampere, Alberto Garzón Espinosa, Antón Gómez-Reino Varela, Nagua Alba Govelli, Rosa Ana Alonso Clusa, Teresa Arévalo Carballo, Pedro Arrojo Agudo, Àngela Ballester Muñoz, Carolina Bescansa Hernández, Rita Bosaho
Gori, Amparo Botejara Sanz, Miguel Ángel Bustamante Martín, Pablo
Bustinduy Amador, Diego Cañamero Valle, José David Carracedo Verde, Sara Carreño Valero, María Asunción De la Concha García-Mauriño,
Juan Manuel Del Olmo Ibáñez, Juan Antonio Delgado Ramos, Yolanda
Díaz Pérez, María Gloria Elizo Serrano, Íñigo Errejón Galván, Marcelo
Expósito Prieto, Sonia Farré Fidalgo, Miguel Anxo Fernán Vello, Sofía
Fernández Castañón, Alexandra Fernández Gómez, Isabel Franco Carmona, María del Mar García Puig, Eva García Sampere, Segundo González García, Txema Guijarro García, Juan Antonio López de Uralde,
Rafael Mayoral Perales y Josep Vendrell Gardeñes.
Pablo Iglesias Turrión

7