En relación a las noticias publicadasen las últimas horas en el diario el Mundo y siendo conscientede la gravedad de las acusaciones que allí se vierten, quiero explicar lo siguiente: 1. Durante más de quince años he desempeñado mi labor profesional en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo. Inicialmente en el ámbito de las ONG.Posteriormente desde el año 2001 como profesor titular de la Universidad Politécnica deValencia (UPV), dedicando parte importante de mi docencia e investigación a esteámbito. 2. Por lo que respecta a la experiencia académica, ejercí como director y docente en diversos posgrados de cooperación tanto en España como en América Latina y fui profesor e investigador invitado de distintas universidades estadounidenses ylatinoamericanas. 3. Como investigador universitario desarrollé una importante experiencia en el campo específico de la evaluación de proyectos de cooperación, trabajando a tal efecto para distintas ONG de la Comunidad Valenciana y del resto del estado español, de distintosorganismos públicos (Ministerio de Asuntos Exteriores, Generalitat Valenciana ydistintos organismos locales), así como de organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas. 4. Como experto en evaluación en cooperación, a mediados de 2009 comencé a realizar desde la UPV una asistencia técnica parala Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana -a propuesta de la entonces Directora General Pilar Collado- para mejorar los sistemas de evaluación de este organismo público.Una de las tareas que se me encomendó en el marco de dicho contrato fue el diseño de un sistema de evaluación de las convocatorias de subvenciones a ONGDs, con el objetivo de que el mismo fuera objetivo y transparente. 5. Con posterioridad a la dimisión de la Directora General de Cooperación, Pilar Collado, según se explica en el auto por identificar «circunstancias anómalas» en la concesión de subvenciones, yo mismo comencé a tener indicios de esas posibles prácticas anómalas. Conforme aumentaban esos indicios, me puse en contacto con periodistas (de los diarios Levante y Público), responsables políticos (de Esquerra Unida y Compromís) y técnicos de algunas ONGDs. Todo ello, de cara a facilitar lasinvestigaciones procedentes para destapar el funcionamiento de la presunta tramacorrupta. Este objetivo, el de recopilar evidencias de la operativa de esta tramapresuntamente delictiva, fue el que me llevó a seguir colaborando durante un tiempo conla Dirección General de Cooperación, siendo conocedores de ello todos los actoresmencionados. 6. Tras la dimisión de la Directora General, y para poder seguir accediendo a información relevante que pudiera aportar más luz a esas supuestas anomalías, me vi obligado a desarrollar progresivamente una actitud de “compadreo” para generar confianzay no despertar sospechas, especialmente cuandolos medios con los que contacté comenzaron a publicar sobre posibles irregularidades. Ello explica el tono de algunas de las comunicaciones que mantuve con personas investigadas en la causa, especialmente con Marc Llinares, quien era responsable del trabajo que me fue encargado originalmente. En algunos casos, incluso tuve que emplear términos peyorativos sobre actores del sector que cuentan con todo mi respeto por su trabajo. Soy consciente de que dicho tono puede resultar molesto e incluso ofensivo y quiero pedir disculpas públicas por ello, pero no tuve más remedio que emplearlo si quería seguir cerca de lo que parecía estar pasando. 7. Quiero expresar específicamente mi más firme desacuerdo con la interpretación que en las noticias aparecidas en el diario El Mundo se hace sobre algunos párrafos del auto judicial.Afirmar que maniobré «con los aliados de Blasco para para fijar criterios que permitieranevaluar proyectos con más discrecionalidad» no sólo es rotundamente falso, sino que escontradictorio con lo que reza el auto judicial queafirma que se definieron «unos criterios de valoración nuevos, al objeto de reducir al máximo posible la subjetividad».Afirmar que «convertía proyectos de cooperación inviables en aptos para recibirsubvenciones» no sólo es rotundamente falso, sino que el propio extracto del auto judicialque recoge el diario El Mundo es una evidencia de ello: Según ese extracto, yo puntué con 67,3 puntos uno de los proyectos presentados a una convocatoria de subvenciones, puntuación insuficiente para haber obtenido financiación pública. Sin embargo, el documento que consta como definitivo fue modificado posteriormente, sin yo tener conocimiento de ello, para otorgarle 75,0 puntos. Como también explica el auto judicial, esos correos con la puntuación alterada eran remitidos por el responsable de la empresa de consultoría encargada de laevaluación de las convocatorias, Luis Castel, quien está imputado en el proceso judicial. Este es el mismo modus operandi en todos los proyectos alterados, evaluados por distintos consultores, como así describe el auto con detalle. Insinuar queyo «suspendí» un proyecto para posteriormente manipular mi propio informe y«aprobarlo» es completamente absurdo, y contradictorio con los hechos indiciariamentecontrastados en el auto judicial.Afirmar que «el relato del auto me atribuye varios presuntos delitos» es rotundamente falso. Ni estoy, ni he estado en ningún momento imputado en este caso. 8. En mi trayectoria profesional he intentado siempre serhonesto. Cuando fui consciente de la presunta comisión de delitos, informé de forma discreta amedios de comunicación, responsables políticos y técnicos de determinadas ONGs. Esposible que lo correcto en ese momento hubiera sido acudir a la Fiscalía. Tal vez fue unerror. Soy humano y reconozco que en algunos momentoshe sentido miedo. Pero quiero recordar que, tal y como reza el autojudicial, las personas que en ese momento dirigían la Conselleria de Cooperaciónconformaban un «grupo criminal». En Valencia, a 1 de julio de 2017. Rafael MonterdeDíaz