Juan Ignacio Zoido Álvarez MINISTERIO DEL INTERIOR Ministro Sr. D. Nils Muiznieks Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ,, Madrid, 6 de octubre de 2017 La democracia es la extensión universal del estatuto pleno de la ciudadanía. Con ella una sociedad es capaz de permitir que todos sus miembros disfruten de sus derechos civiles y políticos sin que quepa ningún tipo de segregación, incluida la política. España es una democracia consolidada, gobernada por el Estado de Derecho, que siempre busca la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos, aplicando todas las salvaguardias democráticas. Bajo la actual Constitución de 1978, España ha disfrutado del más largo periodo de concordia, crecimiento económico y bienestar de su historia. Cataluña ha participado en todo ello como región rica y próspera que disfruta en el marco de un Estado ampliamente descentralizado, de un alto grado de autonomía política y autogobierne. En España nadie es perseguido por sus ideas. Cualquier aspiración política puede ser expresada y canalizada a través de vías legales. Precisamente nuestra Constitución permite la reforma de sus principios más fundamentales, incluidos los de soberanía y unidad, a través de un procedimiento con garantías y mayorías cualificadas que los secesionistas han ignorado de manera deliberada. Sobre esa base, el Tribunal Constitucional de España declaró ilegal la convocatoria del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, reiterando a las autoridades públicas su deber de prevenir o paralizar cualquier iniciativa que pretendiese ignorar la suspension del referendum ordenada por el Alto Tribunal. Como consecuencia de lo anterior, el Fiscal General del Estado y el Poder Judicial, en el marco de procedimientos judiciales ajustados a Derecho, habian tomado medidas contra las autoridades y acciones que hubieran podido contribuir a Ia organización y desarrollo de ese referéndum. Por todo ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguiendo instrucciones del Poder Judicial, actuaron prudente, apropiada y proporcionadamente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y Ia proteccion de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Además, las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no solo estuvieron motivadas por Ia manifiesta ilegalidad del pretendido referendum, sino también por la absoluta falta de respeto por los estándares democráticos más básicos requeridos para una consulta de esas características, siendo la primera de ellas que estuviera en el marco de la legalidad democrática, muchos de ellos recogidos y expresados por la Comision de Venecia (Consejo de Europa}. Las actuaciones no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas, sino que buscaron la no celebracion de la consulta, acatando de este modo las instrucciones evacuadas desde el más Alto Tribunal hasta el último de los juzgados del territorio nacional. El Consejo de Europa como organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores democráticos, los derechos humanos y el Imperio de la ley, cuenta con el apoyo de España por encontrar en dicho órgano un espacio jurídico con garantías mínimas compartidas, sin líneas divisorias, en tres pilares: la defensa de los derechos humanos, la democracia pluralista y la primacía del derecho, y ello incluye la lucha contra la discriminación de las minorías, la xenofobia, el crimen organizado y el terrorismo. Por último, ninguna democracia consolidada puede aceptar un desafío a su orden constitucional y a su integridad territorial que busque la imposición por la fuerza de un proyecto de ruptura. Una comunidad internacional en la que el Estado de Derecho prevalece no puede aceptar el comportamiento antidemocrático de unos pocos que ignoran los derechos de todos los demás y que quieren subvertir unilateralmente los principios y valores en los que se funda la coexistencia democrática en una sociedad avanzada. La primera condición para el funcionamiento de un sistema democrático es el respeto a la ley, fuera de la ley no hay democracia.