VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. D. JOSÉ
MANUEL MAZA MARTÍN A LA SENTENCIA Nº 101/2012, recaída
en la Causa especial nº 20048/2009.

Desde el profundo respeto que me merece la posición
mayoritaria de mis compañeros de Sala en la presente Resolución, he de
discrepar, no obstante, de la misma por considerar que efectivamente nos
hallamos ante un delito de prevaricación judicial dolosa, del art. 446 3º CP,
toda vez que el Magistrado acusado, con pleno conocimiento de la
contradicción de sus Resoluciones con el ordenamiento jurídico español,
que estaba obligado a aplicar y respetar, comenzó asumiendo competencia
que no le correspondía para incoar un procedimiento penal inviable,
instrumentalizándolo al servicio de sus propias intenciones subjetivas,
contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de
amnistía o que, en todo caso, se encontraban ya claramente prescritos, lo
que en definitiva supuso un abuso de sus facultades jurisdiccionales,
imponiendo su voluntad y la búsqueda de intenciones propias sobre el
mandato explícito de la norma.
Mi discrepancia del criterio de la mayoría, por tanto, se
establece con base en las siguientes razones:
I
En esa decisión mayoritaria se comienza describiendo los
hechos acreditados como consecuencia de la Instrucción en su día llevada a
cabo y de la prueba, esencialmente documental, practicada en el acto del
Juicio oral que, en resumen y completados con los que ya se expusieran en
su día por el Instructor de la Causa en su Auto de 3 de Febrero de 2010 que
aquí se consideran también relevantes, son:

 1) Que el 19 de Diciembre de 2006 el Magistrado acusado
ordenó, manifestando que los hechos podían ser constitutivos de un delito
que no identifica, la incoación de Diligencias Previas, admitiendo a trámite
las denuncias formuladas por diversas personas y Asociaciones que,
invocando el derecho a conocer el destino de los restos de personas
fallecidas como consecuencia de un “plan preconcebido y sistemático” de
eliminación de enemigos políticos desatado tras lo que los denunciantes
denominan “sublevación militar” acaecida en nuestro país el 18 de Julio
de 1936, exigían su derecho a conocer la ubicación de los restos de tales
víctimas, quejándose de que el Estado no preste su colaboración en esa
tarea de localización de los lugares de enterramiento cuando era su
responsabilidad y solicitando a la Administración de Justicia “…que asuma
un papel activo en la localización de las fosas, exhumaciones,
identificación de restos y restitución a sus familiares…” puesto que las “…
familias no cuentan con los medios necesarios…” para ello. Así mismo
dispone en ese momento el traslado al Fiscal para que informe acerca de la
competencia para conocer del asunto, traslado que no se materializa en
aquel momento.
2) Desde la fecha mencionada, 19 de Diciembre de 2006,
hasta Junio de 2008 transcurre año y medio en los que el Instructor no
realizaría ninguna diligencia de investigación ni acordaría medida alguna
de protección a las víctimas, limitándose a practicar las ratificaciones de las
denuncias presentadas y, sólo tras ser objeto de denuncia, a causa de su
inactividad, por parte de la “Asociación por la recuperación de la memoria
histórica de Mallorca” ante el Servicio de Inspección del Consejo General
del Poder Judicial, el día 8 de Noviembre de 2007 dispone, por proveído de
16 de Noviembre de 2007, hacer efectivo el traslado al Ministerio Fiscal,
que había acordado ya once meses antes, para que se pronunciase acerca de

 si le correspondía al Instructor la competencia para la tramitación del
procedimiento.
Como consecuencia de ello el Fiscal informó el día 1 de
Febrero de 2008 en el sentido de que ni procedía admitir a trámite las
denuncias, pues la Ley de Amnistía era plenamente aplicable a los hechos
denunciados y no cabía la calificación de los hechos como delitos de lesa
Humanidad ya que no era posible la aplicación retroactiva de esta categoría
delictiva, de acuerdo con la doctrina expresa de esta Sala (STS de 1 de
Octubre de 2007, caso “Scilingo”), ni en cualquier caso correspondería al
Juzgado Central la competencia para conocer de un procedimiento
semejante ya que, según el art. 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no
sería competente la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de un delito
de lesa Humanidad cometido en el territorio español, pues tan sólo en
relación con los delitos cometidos fuera de nuestro territorio nacional el
principio de Jurisdicción Universal le otorgaba esa competencia que, en
otro caso, correspondía a los órganos jurisdiccionales nacionales del lugar
donde los delitos se hubieran cometido.
3) Tras el anterior informe casi cinco meses más transcurrirían
hasta que, el día 23 de Junio de 2008, el acusado, sin resolver aún sobre lo
interesado por el Fiscal respecto de su falta de competencia, dispone la
práctica de una serie de diligencias dirigidas tanto a los propios
denunciantes como a organismos tales como la Abadía Benedictina de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos, la Delegación del Patrimonio Nacional
en San Lorenzo de El Escorial, el Centro Documental de la Memoria
Histórica del Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Dirección
General de los Registros y del Notariado, Conferencia Episcopal Española,
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Vicepresidencia Primera del Gobierno, etc. para conocer el
número de “desaparecidos” (sic) existentes desde el 17 de Julio de 1936 y

 sus identidades, así como la existencia de denuncias precedentes relativas a
esas desapariciones.
4) El 16 de Octubre de 2008 el Magistrado acusado decide
afirmativamente sobre su competencia para investigar “…un delito
permanente de detención ilegal sin ofrecerse el paradero de la víctima en
el marco de crímenes contra la humanidad, a los que añadirá delitos
contra las personas y contra Altos Organismos de la Nación…” y ya desde
ese momento admite que se enfrenta a una serie de lo que denomina como
“escollos” tales como el de la irretroactividad de la Ley aplicable, la
consideración como delito permanente de detención ilegal la desaparición
de las personas víctimas de los hechos a investigar como medio para eludir
la prescripción de los delitos, la exclusión de la aplicación de la Ley de
Amnistía de 1977, la competencia del Juzgado Central para semejante
investigación, la identificación de los presuntos responsables y su situación
actual o las posibilidades de que el Instructor dispone para dispensar
protección a las víctimas de las infracciones investigadas.
5) El 18 de Noviembre de 2008, tras aportar acreditación la
Policía Judicial acerca del fallecimiento de las 35 personas contra las que
se dirigía la investigación y antes de que la Sala de la Audiencia Nacional
dictase Auto el día 2 de Diciembre estimando el Recurso interpuesto por el
Fiscal contra la anterior Resolución del acusado declarando la
incompetencia objetiva del Juzgado “…para la investigación de los hechos
y presuntos delitos a que se refiere el auto de 16 de octubre de 2008.”, el
Magistrado dispuso la extinción de la responsabilidad penal por
fallecimiento de las personas imputadas y se inhibe a favor de los Juzgados
competentes territorialmente para la exhumación de las fosas que han sido
identificadas y las que en el futuro se identifiquen.

 6) Así mismo, con anterioridad, el mismo magistrado
querellado, en fecha 16 de diciembre de 1998, en Diligencias
Indeterminadas 70/98 tramitadas en su juzgado, dictó auto en el que
rechazó la admisión a trámite de una querella interpuesta por la Asociación
de familiares y amigos de víctimas del genocidio de Paracuellos del Jarama
contra D. Santiago Carrillo Solares, el partido Socialista Obrero Español, el
Partido Comunista, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de
Madrid. Argumentaba, entre otras consideraciones, sobre la aplicación a los
tipos penales objeto de la querella, de la aplicación del instituto de la
prescripción y de la amnistía de 1.977 a los hechos denunciados.
II
Junto con esos hechos, ya descritos por el Instructor en su día
y plenamente confirmados por esta Sala tras el Juicio oral, la mayoría, a lo
largo de los primeros Fundamentos de su Resolución, seguidamente
efectúa una serie de valoraciones jurídicas que no puedo por menos que
compartir y que son las siguientes:
1) Que “No es posible en nuestro sistema procesal una
actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de
imposición de una pena”, lo que implica la existencia de responsabilidades
penales exigibles y con, al menos potencialmente, la presencia del
imputado con pleno ejercicio de su derecho de defensa y con la
intervención activa que la Ley procesal establece y le garantiza.
Lo que evidentemente no se pretendía ni con las denuncias ni
por el Instructor que, en realidad, lo que perseguían era la satisfacción del
derecho a conocer las circunstancias en las que aquellas personas habían
fallecido y el lugar en el que reposaban sus restos, a la manera de los
denominados “Juicios de la verdad” llevados a efecto en otras latitudes,

 pero que no están reconocidos en nuestro ordenamiento y, menos aún,
dentro de un proceso penal que, como hemos visto, tiene un objeto que
excluye absolutamente esa clase de finalidad pues “El derecho a conocer
la verdad histórica no forma parte del proceso penal…” ya que, como dice
la decisión mayoritaria, “Difícilmente puede llegarse a una declaración de
verdad judicial, de acuerdo con las exigencias formales y garantistas del
proceso penal, sin imputados, pues estos fallecieron, o por unos delitos, en
su caso, prescritos o amnistiados.”
Y es que, en efecto, no puede caber duda alguna de que, no
sólo los supuestos autores de los ilícitos que se denunciaban habían muerto
cuando las denuncias se presentan, sino que, en todo caso, sus actos,
presuntamente delictivos, habrían sido objeto de amnistía como
consecuencia de la LO de 1.977 y, por si todo lo anterior fuera poco, se
encontrarían además prescritos, de acuerdo con las previsiones de los arts,
130 y siguientes del Código Penal.
Con lo que no tenía sentido la incoación de un procedimiento
penal a partir de unas denuncias que, en realidad, no buscaban el
enjuiciamiento y condena de personas responsables de hechos delictivos,
imposibles ya al haber fallecido, sino la legítima satisfacción moral de
conocer el paradero de los restos de sus familiares y el auxilio del Estado,
económico y de medios materiales, para conseguir ese fin.
2) Se apoya el acusado en su Auto de 16 de Octubre de 2008
en una particular lectura de la Sentencia de esta Sala de 1 de Octubre de
2007 (caso “Scilingo”) para sostener que el hecho de que encontrarse la
investigación de unos delitos de detención ilegal sin ofrecer razón del
paradero de la víctima “en el marco de crímenes contra la humanidad” le
faculta para atribuirse la competencia, criterio completamente erróneo,
como se encargan de explicar mis compañeros suficientemente, habida

 cuenta de que no sólo la referida “doctrina Scilingo” no avala semejante
decisión del acusado en modo alguno sino que, incluso, en esa Sentencia lo
que pueden leerse son, en realidad, consideraciones tan contrarias a los
intereses del Magistrado como las de la insistencia en la vigencia, en
nuestro ordenamiento, del principio de legalidad y sus exigencias de “lex
previa, lex certa, lex scripta y lex stricta”, la irretroactividad del art. 607 bis
CP (delitos de lesa Humanidad) que no se incorporó a nuestro Código hasta
el 1 de Octubre de 2004, así como la necesidad de una precisa
transposición, operada según el Derecho interno, para posibilitar la
aplicación del Derecho Internacional Penal, al menos en aquellos sistemas,
como el español, que no contemplan la eficacia directa de las normas
internacionales (art. 10.2 CE), incluidas por supuesto las de carácter
consuetudinario y todas aquellas de esta misma naturaleza o de otra distinta
en las que intenta apoyar su decisión competencial el acusado.
3) En lo que se refiere a la sorprendente persecución de delitos
de los que sus posibles autores se encontrarían ya fallecidos la Sentencia
mayoritaria refiere que, aún cuando el Magistrado, al tiempo de asumir su
competencia, afirmase desconocer si alguno de los imputados estaba vivo,
“Sin embargo, no podría desconocer que era notorio el fallecimiento de
alguno de los imputados en su causa y cuando la lógica del tiempo le
hubiera llevado a la conclusión que cualquier persona ejerciendo
funciones de mando y responsabilidad tendría en la época de los hechos
una edad que en el 2008 sería más que centenaria.”
4) Por otra parte, respecto de la ausencia de prescripción de
los delitos objeto de investigación que el Magistrado acusado defiende
argumentando que nos hallaríamos ante un delito permanente de detención
ilegal sin dar cuenta del paradero de la víctima, la Resolución mayoritaria
es categórica cuando, tras recordar que “Las diligencias penales se
originan en 2006 por lo que han transcurrido entre 54 y 70 años, tiempo

 que supera con creces el de la prescripción señalado en el art. 131 y
siguiente del Código penal”, pasa a afirmar que “…la argumentación
sobre la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la
lógica jurídica” pues “No es razonable argumentar que un detenido
ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda
racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo de
prescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, por lo que, en
definitiva, “Esa construcción supondría considerar que este delito se
sustrae a las normas de prescripción previstas en el Código penal.”
Porque, y ésta es una pregunta que me hago yo, ¿pretende
acaso el Magistrado acusado que unas personas víctimas de desaparición
forzada bajo la Dictadura han permanecido en situación de privación de
libertad, en algún lugar ignoto, durante una extensión tal de tiempo, en la
que se incluyen los últimos 36 años, recuperadas ya plenamente las
libertades propias de nuestro sistema democrático?
El que se acuda a una argumentación de tamaña
inconsistencia, para superar el “escollo” que suponía la evidente
prescripción de los posibles delitos, evidencia bien a las claras la voluntad
del acusado de seguir adelante con sus personales designios sin
preocupación alguna por cumplir con la obligación de respeto al Derecho
vigente.
5) Finalmente, en cuanto al dato de que las infracciones
investigadas se encontraban amnistiadas, de acuerdo con la Ley de 1.977,
el texto que apoya la mayoría explica con toda claridad y rigor el valor y
alcance de dicha norma en relación con estos delitos, norma que por otra
parte ya había aplicado, admitiendo por tanto su legítimo valor y eficacia,
el propio acusado en su Auto, ya mencionado, de 16 de Diciembre de 1998
(caso “Paracuellos”).

 La evidencia en este punto de la concurrencia del elemento de
abuso de poder en el que se instala el núcleo de la significación antijurídica
del acto prevaricador queda magistralmente reflejada cuando mis
compañeros, tras exponer cómo “La idea fundamental de la “transición”
fue la de obtener una reconciliación pacífica entre los españoles y tanto la
Ley de Amnistía como la Constitución Española fueron importantísimos
hitos en ese devenir histórico” y recordar que la misma fue aprobada por
un Poder legislativo con plena legitimidad democrática y representación de
todos los partidos e ideologías y que, frente a otras llamadas Leyes “de
punto final”, ésta “…en ningún caso fue una ley aprobada por los
vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes”,
concluyen diciendo que “Precisamente, porque la transición fue voluntad
del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o
tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso.
Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en
exclusiva, al Parlamento.”
III
Por otra parte, la doctrina de esta Sala ha venido insistiendo,
respecto del delito de prevaricación judicial, en los siguientes aspectos:
1) Que en este delito “Lo relevante es el abuso de la función
judicial en la aplicación del derecho…” (STS de 3 de Febrero de 2009)
pues “…la cuestión de la responsabilidad penal del juez comienza allí
donde la aplicación incorrecta de la ley no puede ser imputada a la
falibilidad humana, sino al abuso de las funciones del juez, En estos
supuestos la disfunción no es imputable al sistema, sino al juez, y es en
estos casos que se hace necesaria la exigencia de responsabilidad penal
del juez como “correlato o contrapeso que garantiza la libertad de

 responsabilidad y, de esta manera, la independencia”.” (STS de 3 de
Febrero de 2009).
2) Que su diferencia con la prevaricación administrativa se
encuentra tanto en la “…mayor gravedad de este delito frente a la
prevaricación administrativa…” como porque “…la prevaricación
judicial es un delito de técnicos del derecho, de ahí que no deba
trasladarse “sic et simpliciter” los calificativos que tradicionalmente ha
utilizado la jurisprudencia para definir el acto injusto, como
esperpéntico, apreciable por cualquiera, etc., pues éstos han sido forjados
para funcionarios no técnicos en derecho” (STS de 3 de Febrero de 2009).
3) Que, así mismo, “…siendo el sujeto activo un juez, la
injusticia de su resolución puede estar escondida en una argumentación
aparentemente ajustada a derecho” (STS de 15 de Octubre de 1999, caso
“Gómez de Liaño”).
4) Que “…este delito no consiste en la lesión de bienes
jurídicos individuales de las partes en el proceso, sino en la vulneración
del Estado de Derecho al quebrantar la función judicial de decidir
aplicando el Derecho…”, lo que supone que “…se produce un abuso de
la posición que el derecho otorga al Juez, con evidente quebranto de sus
deberes constitucionales” (STS de 15 de Octubre de 1999). Por ello, la
antijuridicidad de la Resolución judicial “…ha de ser demostrativa del
apartamiento de la función que corresponde al juez en el Estado de
Derecho según los arts. 117.1 7 103.1 de la Constitución” (STS de 15 de
Octubre de 1999) que, a su vez, disponen el “…sometimiento pleno a la
Ley y al Derecho” en la actuación de cualquier Administración Pública y
que la Justicia se administra por Jueces y Magistrados “…sometidos
únicamente al imperio de la ley.”

 5) Que la comisión de esta clase de ilícitos requiere dos
elementos, a saber, “…el objetivo, integrado por el dictado de una
resolución injusta, y el subjetivo, integrado en saber que se está dictando
la resolución injusta” (STS de 3 de Febrero de 2009).
6) Que “…la esencia de este delito radica en el
quebrantamiento del Derecho objetivo, y se entiende que existe tal
quebrantamiento

cuando

la

aplicación

del

mismo

no

resulta

objetivamente sostenible…” e incluso “En caso de normas de contenido
impreciso y en los de decisiones sobre facultades discrecionales se afirma
la posibilidad de decisión prevaricadora cuando el juez excede el
contenido de la autorización, cuando el juez decide motivado por
consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico, o cuando el juez se
aparte del método previsto en el ordenamiento” (STS de 3 de Febrero de
2009).
7) Que se da este delito de forma especial en todos los casos
de absoluta falta de competencia, tanto “…cuando se inobservan las
normas esenciales de procedimiento o cuando el contenido de la
resolución judicial suponga un torcimiento flagrante del Derecho” (STS
de 24 de Junio de 1998).
8) Que, por otra parte ha de excluirse una concepción
subjetivista del elemento objetivo de la injusticia de la Resolución toda vez
que “…no se configura el delito como el producto de la actitud subjetiva
del juez al aplicar el derecho, o sea, según su propia idea de la justicia,
sino que la ilegalidad ha de existir objetivamente” (STS de 15 de Octubre
de 1999), ya que “El elemento objetivo de la resolución injusta sólo puede
ser definido desde la perspectiva de la legalidad porque la prevaricación
comienza con el abandono de dicho principio y no desde las convicciones
del juez, porque en tal caso la subjetivización del delito de prevaricación

 conduce a la justificación de cualquier decisión judicial. La conciencia
del juez no puede erigirse en tribunal de la conciencia de la ley porque
ello conduce en definitiva a convertir la conciencia del juez en la ley
para resolver el conflicto y tal planteamiento es incompatible con los
postulados del Estado de Derecho” (STS de 3 de Febrero de 2009).
IV
En definitiva, a la vista de los hechos tenidos como probados,
tanto por mis compañeros de Sala como por mí mismo, a partir de las
conclusiones alcanzadas durante la Instrucción y que se han visto
plenamente corroboradas en fase de enjuiciamiento, así como del contenido
de la reiteradísima y pacífica doctrina jurisprudencial que acaba de citarse,
la conclusión, a mi juicio, no podría ni debería ser otra que la condenatoria,
toda vez que la conducta del acusado integra plenamente los elementos
constitutivos de un delito de prevaricación judicial, tal como viene descrito
en el art. 446 3º del Código Penal, es decir, el hecho de que un Magistrado
dicte a sabiendas una Resolución injusta.
En efecto, resulta obvio que el acusado, en el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales, adoptó cuando menos las siguientes decisiones
contrarias a Derecho:
a) Incoar un procedimiento penal con una finalidad impropia
de este instrumento legal, puesto que se dirigía contra personas fallecidas,
con los presuntos delitos amnistiados y, en todo caso, ya prescritos, por lo
que, desde su inicio resultaba evidente la imposibilidad de concluir en el
enjuiciamiento de responsable alguno respecto de los hechos objeto de
investigación.

 b) Perseguir, por consiguiente, con esa Instrucción penal como
única finalidad la de la localización de los lugares de enterramiento de las
personas fallecidas en el transcurso de la Guerra Civil y, posteriormente, a
consecuencia de las represalias realizadas por una de las partes
contendientes en ella, la que impuso su dominio por las armas. Finalidad
que la Ley vigente no atribuye, en caso alguno, a la jurisdicción penal sino
a las Administraciones que pueden, y deben, facilitar a los familiares de los
fallecidos los medios para la localización, identificación y recuperación de
sus restos (Ley de la Memoria Histórica).
c) Atribuirse

indebidamente

la

competencia

para

la

Instrucción de ese procedimiento pues, aún cuando su objeto hubiere sido
procesalmente válido, se refiriese realmente a la persecución de delitos de
lesa Humanidad y existiera efectivamente la posibilidad de alcanzar la
condena de algún responsable por ellos, de ninguna manera sería el titular
del Juzgado Central el competente para su investigación, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 65 LOPJ, al tratarse de hechos acaecidos en territorio
español y, por ende, no afectados por los criterios competenciales
derivados de la aplicación de los principios de Jurisdicción Universal
previstos en el art. 23 LOPJ. Sin que en este punto pudiere tampoco valer
de excusa que tales hechos se refirieran a un delito contra el Gobierno y las
altas Instituciones legítimas de la República no sólo porque dicho delito
también estaría prescrito, como tan acertadamente razonan mis
compañeros, sino también por la sencilla razón de que en el tiempo que el
propio acusado acota respecto de los hechos objeto de su investigación (a
partir de 1939 y hasta 1954) ese Gobierno legítimo ya se le había hecho
desaparecer.
La realidad de tales hechos y la calificación de los mismos
como contrarios a Derecho a nadie, de los trece miembros de esta Sala, que
tanto durante la fase de Instrucción como en el enjuiciamiento hemos

 tenido intervención en la presente Causa especial, de entre los catorce
Magistrados titulares que en este momento integramos la plantilla real del
Tribunal, nos han ofrecido duda alguna, a la vista del contenido constante
de nuestras sucesivas Resoluciones.
Con ello se satisfaría ya, en principio, la integración del tipo
objetivo del delito, es decir, el dictado de una (en este caso más de una)
Resolución “injusta”, quedando por determinar, tan sólo, si esa
contrariedad al Derecho era conocida por el acusado que, a pesar de ello,
decidió actuar en desobediencia al ordenamiento jurídico o si, por el
contrario, no fue consciente de la real trascendencia antijurídica de su
conducta, lo que abriría el debate acerca de si nos hallamos ante un
supuesto de delito imprudente, también previsto en nuestra legislación para
la prevaricación, exclusivamente si se trata de la judicial (art. 447 CP),
camino que parece iniciar el Voto Particular del Excmo. Sr. Sánchez
Melgar que, no obstante, concluye también en la convicción de que lo
procedente es la conclusión absolutoria.
Pero la opinión de mis compañeros de la mayoría no llega a
entrar en esa valoración de la concurrencia, o no, del elemento subjetivo
acerca de si el acusado dictó sus Resoluciones “a sabiendas” de que con
ellas contravenía el Derecho pues consideran que, como quiera que
evidentemente hay que distinguir el mero error o la simple equivocación en
la interpretación de la norma de la prevaricación y que, por ende, no toda
decisión no ajustada a Derecho ha de ser considerada prevaricadora, que
éste es uno de esos casos en los que no se da ese “plus” de entidad en la
contravención que convierte el simple error jurídico en decisión
prevaricadora.
Y consideran los cinco compañeros que no suscriben ninguno
de los dos Votos Particulares que tal circunstancia de la posibilidad

 alternativa de una distinta interpretación de la norma, en el sentido que
siguió el acusado, no se inscribe en el ámbito de la subjetividad del autor
de dichas decisiones, que pudiera pensar que las mismas eran correctas,
sino que excluye la concurrencia del elemento objetivo del tipo, porque
“objetivamente” la aplicación que se hizo de la norma, en este caso, no era
tan claramente contraria a Derecho como para merecer el reproche penal.
En resumen: que la interpretación del Derecho que sostenían
los Autos objeto de examen era, aunque equivocada, “objetivamente”
defendible en nuestro ordenamiento.
Yo disiento por completo de semejante planteamiento y
adelanto, desde aquí, que incluso de ser cierta esa posibilidad de una
interpretación alternativa como la que el acusado siguió, tendría toda la
razón el Voto concurrente de que la misma sólo cabría entenderla desde la
subjetividad de quien la utilizó, dando eso sí lugar con ello a una conducta
punible a título de imprudencia, pero sin poder en modo alguno considerar
que “objetivamente” no nos hallamos ante Resoluciones “injustas”, en el
sentido que a este calificativo, de apariencia tan grandilocuente, ha venido
dando en forma más ajustada y realista toda nuestra Jurisprudencia hasta el
día de hoy.
En realidad, tan sólo parte de los últimos párrafos de su
extensa Fundamentación, en especial de los dos últimos de la misma,
dedica la Sentencia mayoritaria a explicar las razones por las que considera
que, a pesar de la evidencia de lo erróneo de la interpretación del Derecho
llevada a cabo por el Magistrado acusado y que tan amplia y acertadamente
se describe en toda la argumentación precedente cuyo contenido comparto
fervorosamente pues constituye un excelente texto tanto en lo estrictamente
jurídico como en la explicación contextual, social, política e histórica, de
las normas de aplicación en el caso enjuiciado, no existe sin embargo delito

 de prevaricación de clase alguna pues, desde el punto de vista objetivo, no
se da ese elemento que transforma la simple equivocación en un ejercicio
abusivo de las funciones que tiene atribuidas el Juez que pretende imponer
su voluntad, intención particular o capricho sobre el imperio de la norma
emanada de la soberanía popular, a través del Poder legislativo,
sustituyendo la aplicación de ésta con suplencia del Legislador.
En este caso, la conducta del acusado quedaría dispensada del
reproche penal según mis compañeros, porque, la “…finalidad perseguida,
aún cuando errónea en su realización y convenientemente corregida, ha
tratado de mejorar la situación de unas víctimas cuyo derecho a conocer
los hechos y recuperar sus muertos para honrarles es reconocido por la
Ley de Memoria Histórica” y porque la argumentación en apoyo de tales
Resoluciones, “…aunque errónea, es mantenida por algunos juristas en
sus informes y en alguna resolución de organismos de control de
Derechos Humanos”, textos de los que la propia Sentencia ha dado cuenta
anteriormente para afirmar que en modo alguno vinculan a nuestros
Tribunales.
La finalidad o “buena intención” del Juez que dicta
Resoluciones no acordes con la norma que tiene la obligación de aplicar,
obviamente no sirven para justificar su conducta y así lo ha reiterado este
Tribunal en numerosas ocasiones.
La propia Resolución mayoritaria expresa con rotundidad y
enfáticamente que el Sistema penal “…no es el medio que el legislador ha
dispuesto para atender esas legítimas pretensiones.”
Me

preocupa seriamente

que, con la

argumentación

mayoritaria (el fin dar satisfacción a los perjudicados contribuye a justificar
la incorrecta aplicación de la norma) se pueda estar dando pie a que

 alguien, en situación semejante, presuma que se encuentra habilitado para
aplicar el célebre principio de que “el fin justifica los medios” que tan
enérgica y razonablemente se ha declarado ajeno a la cultura propia de un
Estado de Derecho en pronunciamientos de esta Sala muy recientes como
los contenidos en la Sentencia de 9 de Febrero de 2012 (caso
“Garzón/intervención de las comunicaciones de los presos”) donde se
concluye afirmando tan categórica como justamente que “La justicia
obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia.”
Pero es que, además y por si fuera poco, resulta que dicha
finalidad, de satisfacción de las justas pretensiones de los familiares de las
víctimas del franquismo, no era tampoco realizable por la vía del
procedimiento penal, como lo demostró el destino último, previsible y
lógico de las actuaciones incoadas por el acusado.
Y tal circunstancia, que el Magistrado sin duda debía conocer,
convertía toda su actuación procesal en un verdadero simulacro de
instrucción penal que, a la postre, conduciría a los denunciantes, como era
previsible e inevitable, a una frustración más en tan difícil y meritoria
búsqueda de los restos de sus seres queridos para honrarlos debidamente,
añadiendo sobre ellos un nuevo y reiterado efecto “victimizador”.
Porque la legitimidad y razón que ampara a esos perjudicados
en sus pretensiones no admite discusión de ninguna clase, resultando
ociosa la prueba en tal sentido aportada por la Defensa al Juicio y en él
practicada, aunque que ello no fuera propiamente objeto del mismo, pues
avergüenza pensar que se haya podido plantear siquiera la duda, hasta el
punto de practicar pruebas ante este Tribunal acerca de ese extremo, de que
ha de darse por indiscutible el legítimo derecho de los denunciantes a ver
cumplidos sus deseos. Hasta la propia Acusación ha venido insistiendo en
esta misma idea de reconocimiento innegable.

 La cuestión es otra. No se está enjuiciando si a los
denunciantes les asistía la razón, e incluso por supuesto el derecho, para
pedir lo que pedían, y si, por tanto, el intentar darles satisfacción justifica la
aplicación torcida de la norma, sino si el Magistrado acusado era realmente
quien debía darles respuesta y disponía de los instrumentos legales para
ello o si, con sus actos, vulneraba el ordenamiento jurídico a su capricho,
hasta el punto de perjudicar, por buena que fuera su intención, los propios
intereses de los denunciantes conduciéndoles al callejón sin salida de un
procedimiento penal sin ninguna finalidad posible.
Porque no sólo en el procedimiento penal, como ya queda
dicho, no tenía en modo alguno cabida la tramitación de una pretensión
semejante, sino que, incluso, el 26 de Diciembre de 2007, en pleno compás
de espera en la tramitación de la Causa, el Parlamento español aprobó la
Ley 52/2007, denominada “de la Memoria Histórica”, en la que se
reconocen y amplían los derechos de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, incluyendo todo lo relativo
a la localización, recuperación y tratamiento de los restos de los fallecidos
en tales circunstancias, materia cuya competencia se atribuye, con carácter
general, a las Autoridades administrativas ajenas a la jurisdicción.
Y, a pesar de ello, el acusado prosiguió con su procedimiento
penal, en el que tan sólo un mes antes de la aprobación de esa Ley, muy
avanzada ya su tramitación parlamentaria, el 16 de Noviembre de 2007,
había decidido por fin dar traslado al Fiscal, para su Informe sobre
competencia, cumpliendo entonces lo acordado once meses atrás.
En todo caso ¿es que la intención de dar satisfacción a los
denunciantes puede justificar la persecución de unos delitos prescritos y
con sus presuntos autores ya fallecidos, como hecho más que notorio en

 especial respecto de algunos de ellos como en el caso del General Franco,
contra el que también se incoa desde un principio la causa?
Pues bien, si no se puede justificar el incumplimiento de la
norma aplicable ni por la bondad de la finalidad perseguida cuando
además, en este caso, ese objetivo legítimo tenía sus propios cauces para
ser alcanzado, de acuerdo con la más reciente legalidad, otro tanto cabe
decir de la alusión a los informes de ciertos juristas y a alguna resolución
de los organismos de control de Derechos Humanos, como elementos que
neutralizarían el carácter “injusto”, por contrario a Derecho, de las
Resoluciones dictadas por el acusado.
Hasta hoy, al menos, cuando se ha medido la decisión
acordada por el acusado de prevaricar, a efectos de valorar el exceso en la
aplicación de la Ley por parte del Juez que, abusando de la función que
tiene encomendada, hace imperar su voluntad sobre la del Legislador y, por
ende, es reo del delito de prevaricación, se había remitido siempre este
Tribunal a la propia norma vigente en nuestro ordenamiento nacional,
cuando es evidente en su sentido y su vigencia incuestionable, y en
contadísimas ocasiones, precisamente para evitar que una condena de esta
clase pudiera basarse en una interpretación concreta del Tribunal Supremo,
en la propia doctrina jurisprudencial cuando ésta resultaba inequívoca,
clara, notoria y exclusiva en relación con la interpretación del precepto.
Aquí, sin embargo, nos encontramos con la originalidad
consistente en el hecho de que mis compañeros equilibran lo que es una
serie de Resoluciones, cuyo carácter contrario al Derecho se explica con
pormenor y claridad diáfana, con la existencia de opiniones o criterios,
ajenos a nuestro ordenamiento, para afirmar que, objetivamente, la decisión
del acusado permitía una interpretación alternativa que excluye el delito de
prevaricación.

 Pero ¿cómo puede existir esa interpretación alternativa si la
misma habría de basarse en criterios que no son de aplicación en nuestro
ordenamiento y que, incluso, contradicen preceptos expresos contenidos en
éste, tales como los relativos a la prescripción de los delitos, la Ley de
Amnistía de 1977 o la de Memoria Histórica de 2011, o principios como el
de legalidad o el objeto del procedimiento penal y sus garantías en nuestro
Sistema penal, por no hablar de las propias reglas de competencia de los
órganos jurisdiccionales?
¿Es que a partir de ahora el Juez español puede desobedecer
las leyes patrias, las dictadas por nuestro Parlamento soberano, porque
encuentre criterios u opiniones ajenos a nuestro Derecho que coincidan con
su particular modo de ver las cosas?
En mi modesta opinión, si el delito de prevaricación se refiere
a la gravemente incorrecta aplicación del Derecho, alude en exclusiva al
Derecho español, de obligado cumplimiento en nuestro país, el que los
Jueces nacionales tienen que aplicar, incluyendo, por supuesto, aquel otro
que, emanado de la letra de los Convenios internacionales suscritos por
España, o de sus derivaciones como el Derecho comunitario, o de los
Tribunales u órganos encargados de interpretar esos textos, tenga acogida
en nuestro ordenamiento de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y
en las Leyes. Y basta.
Creo que así lo entienden cada día los Jueces españoles
cuando de aplicar el Derecho, las fuentes de nuestro Derecho, se trata.
Por otra parte, la absoluta inexistencia de Resoluciones
anteriores semejantes a las adoptadas por el acusado de órgano
jurisdiccional alguno, ni en España ni por virtud de jurisdicción universal

 por ningún Juez del mundo hasta ese momento, ni de una iniciativa en ese
mismo sentido por el Ministerio Fiscal en todo ese considerable período de
tiempo de setenta años o, cuando menos, treinta desde la restauración del
régimen democrático en nuestro país, debían sin duda haber sido avisos,
incluso para el menos avisado de los Jueces, sobre la improcedencia de las
Resoluciones adoptadas, máxime cuando, como luego veremos, ese fue
también el criterio seguido por el propio acusado al desestimar la admisión
de la querella interpuesta por unos hechos análogos a los que aquí nos
ocupan, en las diligencias 70/1998 (Caso “Paracuellos”).
De hecho, el propio texto que apoyan mis compañeros de la
mayoría dice textualmente que: “El magistrado acusado se ha apoyado en
fuentes de interpretación reconocidas en nuestro ordenamiento, si bien ha
obviado que la fuerza expansiva de la cultura de protección de los
Derechos Humanos, que es vinculante en nuestra interpretación, ha de
ajustarse a las exigencias del principio de legalidad, en los términos que
aparece diseñado en el art. 9.3 de la Constitución...”
Con este argumento, para mí, se habría completado
plenamente el elemento objetivo del tipo del delito en su integridad, toda
vez que lo que viene a decirse es que el Magistrado acusado ha obviado el
cumplimiento del principio de legalidad buscando amparo para
desobedecer la Ley que está obligado a cumplir en planteamientos, del todo
respetables, pero carentes de la menor eficacia en y contra nuestro
ordenamiento, en tanto que el elemento subjetivo, es decir, el que el
Magistrado

acusado

sabía

perfectamente

que

incurría

en

grave

incumplimiento de la Ley, aparece de forma aún más clara si cabe a partir
de dos circunstancias evidentes.
En primer lugar, su amplia experiencia y conocimientos como
Juez de Instrucción durante muchos años, tramitando gran cantidad de

 asuntos de indudable trascendencia, que hacen imposible pensar que
pudiera desconocer cuestiones tan elementales como el Derecho aplicable
en una instrucción o los fines del procedimiento penal, Leyes como la de
Amnistía o de la Memoria Histórica, esta última además aprobada
precisamente durante el transcurso de las diligencias que son aquí objeto de
enjuiciamiento, o las normas en las que se apoya su propia competencia.
Resultaría realmente un insulto a la razón afirmar el
desconocimiento de cuestiones tan esenciales por un profesional como el
Magistrado acusado y, en todo caso, semejante afirmación, que en modo
alguno suscribo, habría de conducir, con harta probabilidad, no a la
absolución sino a una condena por prevaricación imprudente del art. 447
CP.
La actitud del acusado en relación con las decisiones
destinadas a prolongar su conocimiento de la causa, frente al informe
contrario del Fiscal que se oponía a su competencia para ello, acordando
posteriormente un sobreseimiento libre por extinción de responsabilidad
penal por fallecimiento de los denunciados, cuando se sabe que semejante
Resolución no incumbe en ningún caso al Instructor en el Sumario
Ordinario sino a la Sala, y la posterior y precipitada inhibición a favor de
múltiples Juzgados sobre los que la Audiencia carecía en absoluto de
competencia funcional, con lo que evitaba el control de ésta sobre sus
decisiones precedentes, son en su conjunto datos igualmente reveladores de
la plena conciencia por su parte de lo irregular de su comportamiento
procesal.
Debiendo, por cierto, salir aquí al paso de una aseveración de
mis compañeros que con todo respeto no comparto, en concreto cuando
dicen que “No es, por lo tanto, congruente plantear la denuncia por

 prevaricación respecto a los dos autos, pues en uno se afirma y en el otro
se niega la competencia.”
Pues bien, a mi juicio tal incongruencia no es tal pues si bien
uno de los aspectos irregulares del Auto inicial de 16 de Octubre de 2008
es el de la asunción de una competencia que claramente no le correspondía,
por lo que se refiere al de 18 de Noviembre de 2008, en el que declina esa
competencia, antes de que se pronuncie en el mismo sentido la Sala de la
Audiencia, el acusado atribuye, al inhibirse, una jurisdicción a los
“juzgados competentes para la exhumación de las fosas que han sido
identificadas y las que en el futuro se identifiquen” de igual modo
inexistente pues, como ya se ha dicho, desde la publicación de la Ley de la
Memoria Histórica era a la Administración a quien correspondía esa tarea.
Culmina así el Magistrado su actuación en este procedimiento insistiendo,
una vez más, en un pronunciamiento contrario a la Ley con el ánimo
evidente de perpetuar la imposición de su particular interpretación sobre
los mandatos expresos de la norma positiva.
Pero es que además, si existiese aún alguna duda acerca del
conocimiento del acusado de cuál era la correcta aplicación del Derecho a
un caso como el que ha sido objeto de las presentes actuaciones, tenemos
como prueba de que él sí que sabía la solución acertada el hecho de que la
expuso y sostuvo, con meridiana claridad y hasta con un empeño y energía
poco frecuentes, en el Auto de fecha 16 de Diciembre de 1998, por el que
inadmitía a trámite la Querella presentada por la “Asociación de familiares
y amigos de víctimas del genocidio de Paracuellos del Jarama” contra
Santiago Carrillo Solares y otros.
En esa ocasión el acusado, aplicando con toda corrección la
Ley a un caso de extraordinaria semejanza con éste, aunque alguno de los
allí querellados constase entonces que aún permanecía con vida, y cuya

 solución, en cualquier caso, pasaba por la interpretación y aplicación de los
mismos preceptos, en especial la Ley de Amnistía de 1977, rechaza la
querella, emitiendo incluso fuertes reproches contra sus autores por el
hecho de haberla interpuesto con tan nulo fundamento jurídico al
encontrarse los hechos amnistiados, sin hacer alusión ninguna entonces a
razones para esa inadmisión que ahora pretende alegar como distintivas de
ambos supuestos.
Mis propios compañeros coinciden en esta apreciación, si bien
excluyen su significación reveladora del perfecto conocimiento por el
acusado de la correcta aplicación del Derecho en aquella primera ocasión y,
por ende, de su torcida conducta en la que aquí se enjuicia, probablemente
sin necesidad de entrar en ello puesto que al considerar que no se cumple el
tipo objetivo del delito no sería preciso justificar también la inexistencia
del subjetivo.
Sin embargo se argumenta la intrascendencia de aquella
Resolución y la discrepante aplicación del criterio con base en “…que los
diez años transcurridos entre una y otra resolución ponen de manifiesto un
cambio de opinión jurídica sobre unos hechos, con independencia de sus
autores y puede ser debida a la distinta concepción del sustrato de
protección y de la fuerza expansiva de los derechos humanos en los
últimos tiempos.”
Razonamiento que, con sinceridad y modestia, no me resulta
en absoluto convincente, máxime cuando en ningún momento esa ha sido
la explicación que nos ha ofrecido el acusado ni su Defensa, que justifican
el cambio de criterio por una diferencia entre los delitos a perseguir en una
y otra ocasión que, a su vez, nada tiene que ver con la corrección al
interpretar el ámbito y la eficacia de la Ley de Amnistía.

 De modo que, según mis compañeros, el acusado no sólo no
aplicó debidamente la norma en el caso que enjuiciamos sino que cuando
antes había acertado plenamente en ello con posterioridad se corrigió a sí
mismo, sin mala fe, para errar aplicando como Derecho criterios y
opiniones ajenas a nuestro ordenamiento que, por su mera existencia,
justificarían el hecho de que el Juez las acoja y se base en ellas como
fundamento de su decisión y posterior amparo frente a la acusación de
prevaricación.
De esta forma, en mi humilde opinión, se está elevando por la
mayoría de este Tribunal a categoría de exclusión del elemento objetivo del
tipo de la injusticia de la Resolución, la adscripción del Juez a unas
posiciones, ajenas a los ámbitos del Derecho aplicable en nuestro país, pero
que le suscitan adhesión personal y resultan útiles para fundar sobre ellas,
¿en Derecho?, aquellas Resoluciones que persigan los fines benéficos por
él deseados.
Pocas veces se habrá visto un ejemplo más claro de lo que es
una prevaricación judicial, cuando el Juez elige aquellos criterios que se
compadecen con su voluntad, independientemente de su origen, razón o
eficacia, para justificar con ellos el incumplimiento del mandato de la
norma que verdaderamente le vincula.
Y como entiendo que nos hallamos ante ese supuesto, yo, al
contrario de la mayoría, respetuosamente considero que la decisión
adoptada, de acuerdo con los hechos incontestablemente probados, la
norma aplicable y la numerosísima y constante doctrina de esta Sala que al
menos en parte ya se ha citado, no debería ser otra que la condenatoria por
la comisión de un delito de prevaricación judicial dolosa del art. 446 CP.

 Deseando

dejar

constancia,

además,

de

mi

honda

preocupación por el precedente que esta Resolución pudiere llegar a
representar en relación con el tratamiento del delito de prevaricación
judicial, de modo que, a partir de ahora, en el futuro los Jueces puedan
sostener su apartamiento de las normas imperativas de nuestro
ordenamiento alegando la bondad de sus fines o intenciones subjetivas
junto a la existencia de opiniones jurídicas, meramente doctrinales o sin
efecto de vinculación alguna para nuestros Tribunales, en el dictado de
Resoluciones que contravengan de manera clara y flagrante incluso los
principios más básicos de nuestro Sistema penal o del resto del
ordenamiento jurídico.
V
No puedo finalizar este Voto Particular sin dar, por último,
respuesta a dos interrogantes que inquietaban al Ministerio Fiscal, según
sus propias palabras en el Informe final dirigido al Tribunal, y sobre las que
en mi opinión merece, incluso tras haber alcanzado su objetivo principal
con el éxito de la pretensión absolutoria, ser cumplidamente satisfecho.
Máxime porque resulta necesario, por la trascendencia que
ello pudiera tener o alarma causar, salir al paso de cualquier sospecha que
anide en la mente de quienes forman parte de una Institución tan
prestigiosa y justamente merecedora de crédito social como el Ministerio
Público de nuestra Nación.
El digno representante del Ministerio Público comenzó su
Informe, además de otras referencias a mi juicio poco afortunadas y
carentes de razón sobre la actuación del Instructor de este procedimiento y
a la propia doctrina de la Sala relativa a la actuación de la acción popular
en nuestro procedimiento penal, expresando sus dudas acerca de que

 estuviéramos asistiendo a un ejercicio del repudiable, y ya por fortuna
superado, Derecho Penal “de autor”, en el que se pretendía la condena del
acusado por ser quien es, por tratarse de quien se trataba, por su identidad
personal y no por la ilicitud de los hechos por él realizados, y concluyó el
Fiscal ese mismo alegato con una especie de admonición a la Sala acerca
del riesgo que se corría, caso de concluir en una condena en el presente
caso, de ataque a la independencia judicial pues podría tomarse como
ejemplo de escarmiento a quienes osasen disentir de la opinión de los
Tribunales superiores.
Evidentemente ninguna de ambas cuestiones deberían
preocupar al Fiscal que seguro que conoce sobradamente que no entra
dentro del proceder de ningún miembro de este Tribunal actitud alguna
persecutoria contra un ciudadano por el hecho de ser quien es, sospecha
que permítasenos calificar a estas alturas, de absurda, al igual que
sorprende sobremanera que se intente sostener que un procedimiento
tendente a enjuiciar si resulta de aplicación a una determinada conducta el
delito de prevaricación judicial supone, por sí mismo, un ataque a la
independencia judicial. Antes al contrario.
Del mismo modo que el hecho de la realización de meritorias
tareas en pro de la Justicia, nacional e internacional, o de otro orden, a
favor incluso si se quiere del conjunto de la Humanidad, no otorgan patente
de inmunidad perpetua ante la Ley a su autor, creo que es también sabedor
en primera persona el Fiscal de que este Tribunal tan acostumbrado, por
razón de las normas de aforamiento, a enjuiciar en única instancia a
personalidades de la máxima jerarquía política y social, nunca ha sufrido
prejuicio alguno, ni a favor ni en contra, en razón al carácter o la identidad
de la persona sometida a enjuiciamiento, como históricamente sus
Resoluciones evidencian.

 De la misma manera, no debe olvidarse, y así se lo he de
recordar al Fiscal como respuesta a sus inquietudes, que la sanción de la
prevaricación es precisamente la justificación misma de la independencia
judicial, la contrapartida necesaria del inmenso poder que la sociedad
deposita en sus Jueces que, por ese motivo, se les considera tan
independientes como sometidos a la Ley.
El poder amplísimo que otorga la jurisdicción no se le entrega
al Juez para que actúe arbitrariamente sino para que interprete y aplique la
Ley aprobada por el Poder legislativo como representante de la soberanía
popular.
El Juez que, con plena conciencia de ello, impone su propio
deseo y voluntad, por bienintencionada que su finalidad fuere, sobre la
vigencia del Derecho no sólo incumple los deberes de su función sino que
comete un acto verdaderamente subversivo contra los principios básicos
del Estado de Derecho y del reparto de Poderes propio del sistema
Democrático, haciendo un mal uso de la independencia de que goza e
incurriendo por ello en el delito de prevaricación.
Y la prevaricación se tiene por producida cuando así lo
proclama un Tribunal de Justicia, tras el correspondiente enjuiciamiento y
mediando generalmente la Acusación del Fiscal, siempre celoso en su
defensa de la legalidad.
Por ello la circunstancia de enjuiciar unos hechos por si fueran
constitutivos de delito de prevaricación no debería causar alarma alguna a
nadie, menos si cabe al Fiscal, ni miedo por la supervivencia de la
independencia judicial sino confianza en que el correcto uso de su
independencia por los Jueces está garantizado mediante el control de su
cumplimiento.

 Incluso la condena, de producirse, tampoco supondría ese
ataque a la independencia que tanto teme el Fiscal, sino recta aplicación de
la Ley en una materia tan trascendente como la de la evitación de la
arbitrariedad y el capricho judicial, en la que numerosas ocasiones se ha
significado el propio Ministerio Público obteniendo la justa condena de
miembros del Poder judicial merecedores de la misma.
Imagino, no obstante, que el pronunciamiento absolutorio
acordado por la mayoría de esta Sala habrá dado cumplida satisfacción al
Ministerio Público, despejando ampliamente sus dudas y tranquilizándole
respecto de los temores por la incolumidad de la independencia judicial, en
tanto que la minoritaria opinión que represento deberá ser respetada, o no,
en función de la razonabilidad de mis propios argumentos que, en
definitiva, poco deben preocupar puesto que se agotan en la ineficacia, al
menos inmediata, del Voto Particular.

Fdo: José Manuel Maza Martín