AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN SÉPTIMA
Núm. de Recurso:
Tipo de Recurso:
Núm. Registro General :
Apelante:
Procurador
Apelado:
Abogado Del Estado

0000054/2017
APELACION
00060/2017
MINISTERIO DE DEFNSA
D. CESAR MANTECA TORRES
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Ponente IImo. Sr.:

D. JOSÉ LUIS LOPEZ-MUÑIZ GOÑI

SENTENCIA EN APELACION

IImo. Sr. Presidente:
D. JOSÉ LUIS LOPEZ-MUÑIZ GOÑI

Ilmos. Sres. Magistrados:
D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ
Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

Madrid, a veintitres de octubre de dos mil diecisiete.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional, ha visto en grado de apelación, número 54/2017, el recurso
interpuesto contra la sentencia, desestimatoria, de fecha 7 de febrero de 2017,
dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10, en el
Procedimiento Ordinario número 33/2016, interpuesto por el MINISTERIO DE
DEFENSA, representado y asistido por el Abogado del Estado, y de otra, como
recurrido el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, representado
por DON CÉSAR MANTECA TORRES, Procurador de los Tribunales, sobre remisión
de información y contra la resolución de fecha 12 de abril de 2016 dictada por la
Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la que se
requiere del Ministerio de Defensa que deje sin efecto la resolución de 16 de marzo
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 de 2016 del General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, con número de
expediente 001-005078, notificándoselo así al interesado, y proceda a ejecutar en
sus términos la Resolución de 15 de febrero de 2016 que, a su vez,
acordó:”...PRIMERO: ESTIMAR parcialmente las reclamaciones presentadas con
fechas 1 y 29 de diciembre de 2015, por D. MIGUEL ÁNGEL GAVILANES contra la
Resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 2 de diciembre de 2015. SEGUNDO:
INSTAR al Ministerio de Defensa a que, en el plazo máximo de UN MES,
proporcione la- información solicitada en los términos indicados en el Fundamento
Jurídico 7; TERCERO: INSTAR al Ministerio de Defensa a que, en el mismo plazo
máximo de UN MES, remita al CTBG y Buen Gobierno, copia de la información
suministrada al reclamante...”.
En esta apelación, ha sido parte apelante el MINISTERIO DE DEFENSA y
como parte apelada el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10,
en el proceso indicado, dictó sentencia en fecha 7 de febrero de 2017, cuyo fallo
dice: “DESESTIMO EL RECURSO INTERPUESTO POR el el MINISTERIO DE
DEFENSA, representado y asistido por el Abogado del Estado, contra la resolución
de fecha 12 de abril de 2016 dictada por la Presidenta del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno mediante la que requiere del Ministerio de Defensa que deje sin
efecto la resolución de 16 de marzo de 2016 del General Segundo Jefe del Estado
Mayor del Aire, con número de expediente 001-005078, notificándoselo así al
interesado, y proceda a ejecutar en sus términos la Resolución de 15 de febrero de
2016 que, a su vez, acordó:”...PRIMERO: ESTIMAR parcialmente las reclamaciones
presentadas con fechas 1 y 29 de diciembre de 2015, por D. MIGUEL ÁNGEL
GAVILANES contra la Resolución del Ministerio de Defensa, de fecha 2 de
diciembre de 2015. SEGUNDO: INSTAR al Ministerio de Defensa a que, en el plazo
máximo de UN MES, proporcione la información solicitada en los términos indicados
en el Fundamento Jurídico 7; TERCERO: INSTAR al Ministerio de Defensa a que,
en el mismo plazo máximo de UN MES, remita al CTBG y Buen Gobierno, copia de
la información suministrada al reclamante...”, resolución que confirmo porque es
ajustada a Derecho. Las costas procesales causadas como consecuencia de la
tramitación de este recurso se imponen a la parte demandante.”
SEGUNDO.- Contra dicha resolución por el Ministerio de Defensa, se
interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido, siendo
impugnado por la parte recurrida, y remitidos los autos a esta Sección, se señaló
para votación y fallo el día 19 de octubre de 2017 lo que se efectuó.
TERCERO.- En la tramitación del recurso en ambas instancias se han
observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 PRIMERO.- Como antecedentes de hecho se deben establecer los
siguientes:
Se consideran acreditados los hechos, relevantes para dar respuesta a las
cuestiones controvertidas, siguientes:
- El 21 de octubre de 2015, Dª Eva Belmonte Belda, en nombre de D. Miguel
Ángel Gavilanes, presentó ante el Ministerio de Defensa una solicitud de información
expresada en los siguientes términos: "Me gustaría solicitar un listado de los
pasajeros que han acompañado a las autoridades transportadas por la flota del
Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española u otras unidades que han transportado
autoridades españolas. Me gustaría que dicha información estuviese desglosada por
fechas de vuelo, ciudad, aeropuerto de origen y de destino desde el año 1976 o
desde el primer año disponible. Les agradecería que el formato (o una copia) de la
información fuese un archivo reutilizable como XLS, CSV o similar…”.
- El 1 de diciembre de 2015, transcurrido el plazo previsto en la Ley de
Transparencia y Buen Gobierno sin que el Ministerio de Defensa le notificara
resolución alguna, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno.
- El día 2 de diciembre de 2015 el Ministerio de Defensa resuelve la solicitud
denegándola al considerar que, de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley,
prevalece la protección de los datos personales sobre el interés público en la
divulgación y que los datos referentes al transporte de autoridades, cuando se trata
de Presidencia del Gobierno y Casa Real, están de por sí clasificados,
considerándose, por lo tanto, amparados por lo dispuesto en la normativa
departamental que desarrolla la ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
- El solicitante de la información presenta una nueva reclamación contra la
resolución expresa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, alegando
que al no pedir la información de la tripulación, no se comprometen derechos
constitucionales y, por ello, insiste en la solicitud de información.
- El Consejo da traslado al Ministerio de Defensa de la nueva reclamación
para trámite de alegaciones, siendo presentadas en fecha 22 de enero de 2016,
insistiendo en la improcedencia de facilitar la información.
- El 15 de febrero de 2016 la Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno resuelve la reclamación en el siguiente sentido:”…PRIMERO: ESTIMAR
parcialmente las reclamaciones presentadas con fechas 1 y 29 de diciembre de
2015, por D. MIGUEL ÁNGEL GAVILANES contra la Resolución del Ministerio de
Defensa, de fecha 2 de diciembre de 2015. SEGUNDO: INSTAR al Ministerio de
Defensa a que, en el plazo máximo de UN MES, proporcione la- información
solicitada en los términos indicados en el Fundamento Jurídico 7; TERCERO:
INSTAR al Ministerio de Defensa a que, en el mismo plazo máximo de UN MES,
remita al CTBG y Buen Gobierno, copia de la información suministrada al
reclamante…”.
- El Fundamento Jurídico 7 de la resolución es del siguiente tenor:”…Por lo
tanto y en conclusión, teniendo en cuenta que el transporte se realiza con cargo a
fondos públicos y haciendo uso de material de carácter público y que se enmarca
dentro de la actividad pública desempeñada por el mencionado Grupo de la Fuerza
Aérea Española, el CTBG y Buen Gobierno considera que: a. Debe estimarse
parcialmente la reclamación presentada y el Ministerio de Defensa debe
proporcionar información sobre los pasajeros acompañantes de autoridades
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 transportadas por el Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española desde el año 1976 o
desde el momento en que estén los registros disponibles. En este caso, deberá
argumentarse adecuadamente la imposibilidad de dar información de fechas
anteriores. b. Dicha información no incluirá datos de vuelos cuya información haya
sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejercito del Aire por venir referida a
Presidencia del Gobierno y/o la Casa Real. c. La información que se proporcione no
contendrá datos sobre la tripulación ni sobre el personal de seguridad que se
desplace…”, fijando de esta forma los límites de la información a facilitar.
- El 16 de marzo de 2016 el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire
acuerda:”…Por tanto, al no disponer de datos fehacientes sobre lo solicitado y
conforme a lo expresado en anteriores resoluciones del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, al no obrar la documentación solicitada en poder de este
Departamento en los términos del artículo 13 de la Ley 19/2013, no podría
considerarse como información pública y, por lo tanto como objeto de una solicitud
de acceso a la información…”, ofreciendo la posibilidad de interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de dicho orden del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, o del correspondiente al lugar de residencia de la solicitante, a su
elección, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo establecido en los artículos
10.1 i), 14.1, regla segunda, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, previa y potestativamente,
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un
mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación
de la presente Resolución.
- El 29 de marzo de 2016 el solicitante presenta un escrito ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno manifestando su oposición a la respuesta dada por
el Ministerio de Defensa.
- El 12 de abril de 2016 el Consejo “…requiere del Ministerio de Defensa que
deje sin efecto la resolución de 16 de marzo de 2016 del General Segundo Jefe del
Estado Mayor del Aire, con número de expediente 001-005078, que da origen al
presente escrito, notificándoselo así al interesado, y proceda a ejecutar en sus
términos la Resolución de 15 de febrero de 2016 de este organismo, ref. R-04292015 y R-0509-2015…”.
Contra dicha resolución se interpone el recurso contencioso administrativo nº
33/2016, recurso en el que la parte actora pretende que se dicte sentencia
estimando la demanda y acordando dejar sin efecto la resolución del CTBG y Buen
Gobierno objeto del presente procedimiento, confirmando la resolución del Ministerio
de Defensa de 16 de marzo de 2016, con imposición de condena en costas a la
Administración demandada. La defensa de la Administración demandada solicita que
se dicte sentencia por la que desestime el recurso interpuesto de contrario, todo ello
con imposición de las costas al demandante.
La sentencia fundamenta su desestimación en que la previa resolución del
CTBG de 15 de febrero de 2016 ha devenido un acto firme y consentido, y que
cuando el 16 de marzo de 2016 el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire,
en ejecución de la anterior resolución de 15 de febrero de 2016, dicta una resolución
explicando que, por no disponerse de los datos, no se puede suministrar la
información al solicitante, está, de facto, dejando sin efecto “una resolución que ha
ganado firmeza, dictada por el órgano encargado por la ley de revisar las decisiones
de las diferentes administraciones en materia de transparencia”. Añade a
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 continuación que “por lo tanto y en una primera aproximación el órgano
administrativo que inicialmente denegó el acceso a la información no puede dejar sin
efecto sin más la resolución del órgano encargado por la ley de la revisión de su
decisión”. Afirma igualmente la sentencia impugnada que “la competencia para
ejecutar no conlleva la de dejar absolutamente inoperante la de aquél y ha de ser, en
caso de disconformidad como aquí acontece, el órgano revisor quien ha de decidir si
el acto de ejecución es ajustado a su resolución y a las normas jurídicas aplicables”.
Y finalmente afirma también la sentencia impugnada, que “en este párrafo se
contiene, a mi juicio, la razón única en que se ampara el recurso y que, como se
explicará a continuación, no puede prosperar en modo alguno. Decimos esto por
cuanto las nuevas causas de denegación no han quedado imprejuzgadas en la
resolución del CTBG, como se afirma en la demanda, sino en la resolución inicial del
Ministerio de Defensa que da respuesta a la solicitud del interesado y es que,
presentada ésta, el Ministerio debe dar la respuesta que proceda teniendo en
cuenta, valorando, todos los requisitos y circunstancias previstos en la ley pues a
ello le obliga el artículo 89 de la ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
al disponer que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo”.
Finalmente, en el fundamento cuarto, in fine, se afirma que “en realidad lo que se
pretende con la demanda es la revisión de un acto firme del CTBG promovida por el
órgano fiscalizado que no impugnó su resolución inicial estimatoria de la reclamación
del interesado, revisión que, no es ajustada a derecho”.
En el escrito interponiendo el recurso de apelación se razona que la
impugnación no iba dirigida a la resolución del CTBG de 15 de febrero de 2016, cuya
revisión procedería por los cauces legales aplicables. La resolución del CTBG
impugnada, es de 12 de abril de 2016. Lógicamente no se puede desconocer la
vinculación que existe entre una y otra, dado que el solicitante de acceso a la
información es el mismo, y la información que se demanda es la misma en los dos
momentos temporales, pero eso no significa que la solución que dicta el CTBG, y
que ampara la Sentencia Impugnada puedan prescindir de la necesaria revisión de
la cuestión fáctica que se suscita en los presentes autos.
Es evidente que al margen de la impugnación de las decisiones del CTBG
existen otros instrumentos normativos para la revisión de las decisiones
administrativas contrarias a la legalidad. El hecho de no haber impugnado la
resolución de 15 de febrero de 2016 no impide que esta pueda ser objeto de revisión
por los cauces generales de revisión de las disposiciones administrativas contrarias
a la legalidad. Pero esta no es la vía utilizada por la Administración para la
impugnación de una resolución del CTBG, porque, como hemos indicado antes, no
impugnamos ante la jurisdicción la resolución del CTBG de 15 de febrero de 2016,
sino la de 12 de abril de 2016.
Como hemos dicho antes, la cuestión fáctica y jurídica que suscita esta
segunda resolución del CTBG, y a la que desde nuestro punto de vista no da
respuesta la Sentencia Impugnada, justifica la estimación del recurso contencioso
administrativo y consecuentemente la revocación de la Sentencia Impugnada.
En suma, no se pretende la revisión indirecta de un acto firme y consentido.
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 La parte apelada se opone a tales alegaciones y pretensiones.
SEGUNDO.- La cuestión a resolver se centra en determinar cuál es la
resolución originaria impugnada, y si en ejecución de una resolución del CTBG, se
puede matizar el cumplimiento de dicho acuerdo.
La resolución originaria es la de fecha 12 de abril de 2016 el Consejo
“…requiere del Ministerio de Defensa que deje sin efecto la resolución de 16 de
marzo de 2016 del General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, con número de
expediente 001-005078, que da origen al presente escrito, notificándoselo así al
interesado, y proceda a ejecutar en sus términos la Resolución de 15 de febrero de
2016 de este organismo, ref. R-0429-2015 y R-0509-2015…”.
En esta resolución de fecha 15 de febrero de 2016, se acuerda teniendo en
cuenta que el transporte se realiza con cargo a fondos públicos y haciendo uso de
material de carácter público y que se enmarca dentro de la actividad pública
desempeñada por el mencionado Grupo de la Fuerza Aérea Española, el CTBG y
Buen Gobierno considera que: a. Debe estimarse parcialmente la reclamación
presentada y el Ministerio de Defensa debe proporcionar información sobre los
pasajeros acompañantes de autoridades transportadas por el Grupo 45 de la Fuerza
Aérea Española desde el año 1976 o desde el momento en que estén los registros
disponibles. En este caso, deberá argumentarse adecuadamente la imposibilidad de
dar información de fechas anteriores. b. Dicha información no incluirá datos de
vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejercito
del Aire por venir referida a Presidencia del Gobierno y/o la Casa Real. c. La
información que se proporcione no contendrá datos sobre la tripulación ni sobre el
personal de seguridad que se desplace…”.
La resolución del Ministerio de Defensa, manifiesta que la obligación de
proporcionar la información solicitada, es únicamente desde que nace legalmente,
es decir desde que entra en vigor la Ley 19/2013 que lo fue el día 10 de diciembre
de 2014.
La información solicitada se encuentra en varios soportes físicos e
informáticos y requeriría la recopilación de datos dispersos, con intervención de
varios miembros de personal, siendo necesaria una labor de reelaboración fecha a
fecha siendo necesaria la detracción de personal de sus labores específicas para su
realización.
La identificación de los acompañantes no ha sido facilitada al 45 Grupo por
los organismos solicitantes en la mayoría de los casos.
TERCERO.- La resolución que se dice impugnada, de fecha 12 de abril de
2016, constituye un acto de ejecución del acuerdo del CTBG de fecha 15 de febrero
de 2016, que es firme y consentido, al no haberse interpuesto contra el mismo
recurso alguno.
Este acto o acuerdo de ejecución, pretende, el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, que se lleve a cabo en sus propios términos.
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 Por el contrario el Ministerio de Defensa sostiene que en la ejecución literal de
lo acordado en dicho acuerdo, pueden producirse violaciones de normas vigentes, y
matiza la ejecución de aquel acuerdo de 15 de febrero de 2016.
La cuestión que se plantea, es si la ejecución de los acuerdos firmes deben
llevarse a efecto en sus propios términos o si se pueden matizar en su ejecución,
como sucede con la ejecución de las sentencias, que deben ser ejecutadas por la
Administración conforme determinan los artículos 104 y siguientes de la Ley 29/98.
No cabe duda, que se encuentra suficientemente motivada la negativa a
emitir a información desde el año 1976, pues la Ley que impone la obligación de
información entra en vigor en fecha 10 de diciembre de 2014.
Pero ello, no le impediría haber emitido la información de todas las personas
que con posterioridad a esa fecha han utilizado los aviones del Grupo 45.
La justificación de esta negativa se encuentra, en que el Ministerio de
Defensa afirma que estos datos, deben recopilarlos, al no encontrarse ni en sus
dependencias y en diversos soportes, debiendo dedicar personal para ello de
manera específica.
Y esta cuestión es la que se convierte en base de la discusión: puede basarse
en esta alegación para negarse a emitir el informe acordado en fase de ejecución o
debería haberse recurrido y lograr que la resolución o sentencia que resolviese el
recurso, solucionase esta alegación.
Es evidente que si la ejecución acordada conlleva la imposibilidad física o
legal, o jurídica de aquello que se pretende ejecutar, podrá promoverse el oportuno
incidente, ante la negativa de la Administración ejecutada a llevar a cabo la
ejecución de lo acordado por la Administración ejecutante.
En el caso que nos ocupa, se justifica con lógica jurídica que la obligación de
emitir esta información se produce únicamente a partir de la entrada en vigor de la
Ley 19/2013 que tiene lugar el día 10 de diciembre de 2014.
Ahora bien, a partir de esta fecha debería emitirse la información solicitada;
pero alega el órgano que debe emitir la información, Ministerio de Defensa, que los
datos que se le piden, se encuentran sobre diversos soportes, y que requieren de
una reelaboración, y que incluso no se encuentran en las dependencias del
Ministerio de defensa, debiendo recabarlas de otros Ministerios o dependencias
ministeriales, y que por tanto nos hallaríamos ante un supuesto de inadmisibilidad de
la petición prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013.
Que esta causa de inadmisibilidad debió hacerse en fase de alegaciones, es
cierto. También lo es que las mismas se hicieron y fueron contestadas en la
resolución de fecha 16 de abril de 2016, que sostiene que existen mecanismos que
facilitan estas revisiones o correcciones en el procedimiento administrativo, y que no
han sido utilizados en su momento procedimental por el Ministerio de Defensa, sino
hasta un momento posterior, y ya extemporáneo.
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 Pero como ya se ha dicho se pueden plantear cuestiones al tiempo de la
ejecución de las resoluciones y acuerdos administrativos.
CUARTO.- La resolución que deniega la ejecución del acuerdo del CTBG de
fecha 15 de febrero de 2016, se opone frontalmente a la ejecución de dicho acuerdo
alegando:
Que deben restringirse la información solicitada a partir de la fecha de entrada
en vigor de la Ley 19/2013, que lo fue el 10 de diciembre de 2014; que los vuelos
realizados para la Casa Real y la Presidencia del Gobierno, vienen clasificados
como materia reservada; que en todo caso, la información que se le solicita no se
encuentra en el Ministerio de Defensa, de quien depende el Grupo 45, sino que se
encuentra en otros ministerios, y que debería elaborarse la información, al hallarse la
misma en diversos soportes y dependencias, con lo que se estaría elaborando un
informe y no proporcionando una información, debiendo dedicar personal a
desarrollar dicho informe, que es necesario para desempeñar otras actividades.
Estas alegaciones debieron hacerse como fundamento
contencioso administrativo que no interpuso en tiempo y forma.

del

recurso

Ahora bien, existen limitaciones legales en la fase de ejecución del acuerdo
que nos ocupa.
Así, debe tenerse en cuenta que la Disposición Adicional Sexta de la Ley
19/2013, en relación con la información relativa a la Casa de Su Majestad el Rey,
establece que:
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano
competente para tramitar el procedimiento en el que se solicite el acceso a la
información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para
conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por
este órgano de las disposiciones de esta Ley.
QUINTO.- Ante la firmeza del acuerdo de 15 de febrero de 2016, debe
procederse a su ejecución, pero con los matices legales oportunos.
Así, la información relativa a la Casa Real, deberá hacerse a través de la
Secretaría de la Presidencia del Gobierno, lo que no se ha hecho en este caso.
La información solamente debe referirse a los viajes y acompañantes de
autoridades, que se hayan efectuado después del 10 de diciembre de 2014.
La información proporcionada, no podrá referirse a aquellos viajes o
acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia
clasificada.
La información a proporcionar, no podrá emitirse, cuando deba reelaborarse,
mediante la recopilación y obtención de datos que no obren en el Ministerio de
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 Defensa o en alguna de las dependencias, organismos o servicios, que dependan de
dicho Ministerio de Defensa.
Por todo lo expuesto, procede estimar en parte el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por el
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10, en el Procedimiento
Ordinario número 33/2016, así como el recurso contencioso administrativo
interpuesto contra la resolución de fecha 12 de abril de 2016, en los términos
establecidos en el fundamento de derecho QUINTO de esta sentencia, sin hacer
expresa imposición en cuanto al pago de las costas en ninguna de las instancias,
conforme determina el artículo 139de la Ley 2/1998.
VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación
FALLAMOS
Que ESTIMAMOS en parte el recurso de apelación número 54/2017,
interpuesto contra la sentencia, desestimatoria, de fecha 7 de febrero de 2017,
dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10, en el
Procedimiento Ordinario número 33/2016, interpuesto por el MINISTERIO DE
DEFENSA, representado y asistido por el Abogado del Estado,, confirmando en
parte la sentencia apelada, en cuanto confirma el acuerdo de fecha 12 de abril de
2016 que manda la ejecución del dictado en fecha 15 de febrero de 2016, si bien
dicha ejecución deberá llevarse a cabo con las siguientes limitaciones:
No procede emitir información alguna en relación con la Casa Real, pues tal
petición debe hacerse a través de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, lo
que no se ha hecho en este caso.
La información solamente debe referirse a los viajes y acompañantes de
autoridades, que se hayan efectuado después del 10 de diciembre de 2014.
La información proporcionada, no podrá referirse a aquellos viajes o
acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia
clasificada.
La información a proporcionar, no podrá emitirse, cuando deba reelaborarse,
mediante la recopilación y obtención de datos que no obren en el Ministerio de
Defensa o en alguna de las dependencias, organismos o servicios, que dependan de
dicho Ministerio de Defensa.
No se hace expresa condena al pago de las costas a ninguna de las partes.
La presente resolución es susceptible de recurso de casación que deberá
prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente
al de su notificación y para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo; en el escrito
de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
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 establecidos en el artículo 89.2 de la Ley Jurisdiccional justificando el interés
casacional objetivo que presenta.
Previamente deberá constituir un depósito por importe de 50 euros que
ingresará en la cuenta de esta Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, abierta en BANESTO número 2856 0000
24, e indicando en los siguientes dígitos el número y año del presente
procedimiento. Se aportará el correspondiente resguardo en el momento de su
preparación de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.
Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta
resolución una vez sea firme.
Lo mandó la Sala y firman los Ilmos. Sres. Magistrados al inicio indicados.

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ADMINISTRACION
DE USTICIA

 

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