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GOBIERNO DE PUERTO RICO

2 18 va.
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5

Asamblea

1ra.
Sesión
Legislativa

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

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P. del S. 489

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8 de mayo de 2017

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Presentado por los señores Vargas Vidot, Ríos Santiago, Neumann Zayas, Seilhamer Rodríguez y
Bhatia Gautier

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Referido a las Comisiones de Gobierno; de Desarrollo e Iniciativas Comunitarias; y de
Bienestar Social y Asuntos de la Familia

LEY

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14
15 Para crear la “Ley de Reforma del Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico”; para añadir un
16
nuevo inciso (n) al Artículo 3 y reasignar los incisos (n) al (v) como incisos (o) al (w) de
17
dicho artículo; enmendar el inciso (1) del Artículo 4; añadir un nuevo Artículo 4-A;
18
añadir un nuevo Artículo 20-A; enmendar el Artículo 21; enmendar el Artículo 23;
19
enmendar el inciso (c) (1) del Artículo 24 y añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 37 de la
20
Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores
21
de Puerto Rico"; enmendar el inciso (d) de la Regla 2.9; enmendar la Regla 2.12,
22
enmendar la Regla 2.14, añadir una nueva Regla 2.18, enmendar la Regla 5.1 y enmendar
23
la Regla 8.1 de las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores, según
24
enmendada, a los fines de establecer que la jurisdicción de Tribunal de Menores será
25
ejercida sobre los menores entre la edad de 13 años de edad y menores de 18 años y
26
establecer procedimientos alternos para menores que no hayan cumplido los trece 13 años
27
de edad; requerir el agotamiento de remedios administrativos establecido en el sistema de
28
educación público o privado cuando la situación elevada a la consideración del foro
29
judicial, Sala de Asuntos de Menores, se origine en una institución educativa; prohibir el
30
uso de restricciones mecánicas en los procedimientos de menores y regular el proceso
31
para determinar en qué casos de manera excepcional podrán ser utilizadas las mismas;
32
establecer la Mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en los
33
Procesos de Menores; prohibir el uso del informe social en la vista adjudicativa y prohibir
34
el confinamiento en solitario a menores durante el periodo carcelario; disponer que será
35
compulsorio el uso de intérpretes; atemperar los términos para la celebración de la vista
36
de determinación de causa probable para la radicación de la querella a los dispuesto en la
37
Ley de Menores; reducir los términos para la celebración de las vistas en alzada tanto en
38
los casos de menores bajo la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles, como
39
para los menores bajo la custodia de padres o encargados y disponer requisitos mínimos
40
al Estado al momento de celebrar vistas en ausencia del menor; para enmendar el Artículo
41
5.005 y añadir los Artículos 5.005(a), 5.005 (b), 5.005 (c) y 5.005 (d) a la Ley 201-2003,

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según enmendada, conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 2003”, a los fines de extender las Cortes de Drogas, conocidas como
“Drug Courts”, a casos de menores; disponer que cada Región Judicial tenga una Sala
Especializada para atender ciertos casos criminales relacionados con sustancias
controladas y menores y para ordenar al Departamento de Justicia y a la Administración
de Salud Mental y Contra la Adicción a colaborar con dicho programa; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

10

Introducción

11

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que: “[l]a dignidad

12 del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse
13 discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas
14 políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos
15 principios de esencial igualdad humana”.1 Asimismo, se dispone en nuestra Constitución que
16 existirá el derecho a la igual protección de las leyes, derecho constitucional que también opera en
17 la jurisdicción federal.2 Este mandato constitucional requiere que el estado extienda igual trato
18 legal a toda persona, sin mediar discrimen alguno.
19

Por otro lado, la Constitución de Puerto Rico reconoce derechos dirigidos a la protección

20 y el bienestar de nuestros niños.3 Así las cosas, toda legislación que se promulgue en cuanto a los
21 menores tendrá que ir dirigida a cumplir, de la manera más efectiva posible, la responsabilidad
22 pública del Estado de velar por la seguridad e integridad de éstos.
23

La Ley de Menores de Puerto Rico (en adelante Ley de Menores), tiene entre sus

24 propósitos esenciales el proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y
25 rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad; proteger el interés público
26 tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez
27 que se les exige responsabilidad por sus actos, y el de garantizar a todo menor un trato justo, el
28 debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.4

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1

CONST. PR art. 2 § 1.
Id. § 7; U.S. CONST. amend. XIV.
3
Id. § 5.
4
Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 34 L.P.R.A. § 2201 (2017).
2

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1

Según el Perfil del Menor Transgresor en Puerto Rico, actualmente hay 254 menores

2 confinados en instituciones juveniles, de los cuales, 234 son varones y 20 féminas.5 Asimismo, se
3 desprende del censo que sobre el 80% de los menores proviene del sistema público de enseñanza
4 y que solo el 20% de los menores alcanzó el duodécimo grado. Por otro lado, al revisar las faltas,
5 solo el 4% de las mismas fueron en contra de la vida, siendo el mayor porcentaje de las faltas
6 contra la propiedad o violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, con 32% y 22%,
7 respectivamente.
8

Es norma diáfanamente reiterada que en nuestra jurisdicción el bienestar del menor está

9 revestido del más alto interés. El Estado, mediante el ejercicio de su facultad de parens patriae,
10 tiene el deber de salvaguardar, proteger y garantizar ese bienestar para así lograr el cumplimiento
11 de su política pública. Así las cosas, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo revisar y
12 reformar el Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico con el propósito de garantizar que los
13 niños y jóvenes puertorriqueños no sean permanentemente marcados y estigmatizados por las
14 pesadas exigencias de los procedimientos judiciales de menores. Independientemente de los
15 actos que cada cual pueda cometer, todos los seres humanos, en especial aquellos que aún no
16 cuentan con la capacidad de ser verdaderos dueños de sus acciones, merecen disfrutar de una
17 auténtica presunción de inocencia, del derecho a ser perdonados y de recibir todas las
18 salvaguardas que las leyes y el derecho le puedan brindar a su pleno desarrollo y dignidad.
19

Vista en Alzada

20

La Ley de Menores reglamenta los procedimientos en casos de menores de edad que

21 incurren en una falta.6 Uno de los propósitos de esta ley es garantizar a todo menor un trato justo,
22 el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Además,
23 nuestro ordenamiento jurídico extiende a los menores de edad los derechos y salvaguardas
24 procesales fundamentales reconocidas a los adultos por mandato constitucional.
25

La Ley de Menores dispone que, previo a la radicación de una querella a un menor, se

26 celebrará una vista de determinación de causa probable ante un juez, conforme al procedimiento
27 establecido en las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. 7 Dichas reglas no podrán
28 menoscabar o modificar derechos sustantivos y regirán una vez se cumpla con los trámites
2
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5

5

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN, PERFIL DEL MENOR TRANSGRESOR 2016 (2016),
http://ac.gobierno.pr/correccion/wp-content/uploads/2017/03/perfil_menor_trangresor.pdf.
6
Pueblo en interés del menor S.M.R.R., 185 DPR 417 (2012).
7
Ley de Menores, supra nota 4, en el art. 18. de la Ley de Menores.

 1

4

1 fijados per la Sección 6, Artículo 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
2 Rico.8
3

Actualmente, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores disponen que si el

4 menor es detenido provisionalmente o si queda bajo la custodia de sus padres o encargados, se le
5 citará para que comparezca a la vista de determinación de causa probable para la radicación de la
6 querella.9 En el caso en que el menor sea detenido provisionalmente, salvo causas excepcionales,
7 la vista se celebrará dentro de los siete (7) días posteriores a la aprehensión. En el caso en que el
8 menor haya quedado bajo la custodia de sus padres o algún encargado la vista se celebrará dentro
9 de los siguientes treinta (30) días. A este procedimiento aplicarán todas las normas de juicio
10 rápido existentes en nuestra jurisdicción.
11

Los términos establecidos en dicha regla son distintos a los establecidos en el Artículo 22

12 de la Ley de Menores. La Ley Núm. 183 del 12 de agosto de 1995 enmendó el Artículo 22 de la
13 Ley de Menores a los efectos de reducir el término para la celebración de la vista de
14 determinación de causa probable. Se determinó en dicha enmienda que el término para la
15 celebración de la vista de causa de un menor detenido provisionalmente será de tres (3) días a
16 partir del momento de la aprehensión. Si el menor está bajo la custodia de sus padres o
17 encargados, la vista se celebrará dentro de veinte (20) días posteriores a la aprehensión. Estos son
18 los términos considerados actualmente para la celebración de la vista de determinación de causa
19 probable. Esto es así, porque los principios especiales de la Ley de Menores prevalecen en caso
20 de conflicto con otras disposiciones de ley.10 El propósito de dicha enmienda a la ley fue agilizar
21 los procedimientos sobre determinación de causa y vista adjudicativa cuando un menor se
22 encuentra detenido de manera preventiva.
23

Por otra parte, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, dispone el término

24 de sesenta (60) días para que el Procurador de Menores solicite la vista de causa en alzada
25 cuando el juez ha determinado no causa o causa por una falta menor. 11 Este término es cónsono
26 con el término establecido en los casos criminales para la celebración de una vista preliminar en

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8

Id. en el art. 38.
R. PROC. AM 2.9, 34 L.P.R.A. Ap. I-A R 2.9 (2016).
10
Ley de Menores, supra nota 4, en el art. 1.
11
R. PROC. AM 2.12, 34 L.P.R.A. Ap. I-A R 2.12 (2016).
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5

1 alzada. Así lo dispone la Regla 64 (n) (8) al establecer el término de 60 días para la celebración
2 de una vista preliminar en alzada, o de lo contrario desestimar la petición.12
3

La Ley de Menores especifica que los procedimientos, al igual que las órdenes o

4 resoluciones del juez bajo esta ley no se considerarán de naturaleza criminal y que tampoco se
5 considerará al menor un criminal convicto en virtud de dicha orden o resolución. 13 El Tribunal
6 Supremo de los Estados Unidos ha reconocido en varias ocasiones la importancia de distinguir
7 los procedimientos de los menores al de los adultos en el proceso judicial. En Roper v. Simmons,
8 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció tres factores que deben ser considerados y
9 por los cuales los menores deben ser procesados de forma distinta a los adultos. 14 Estos son: la
10 falta de madurez y sentido de responsabilidad, la vulnerabilidad y susceptibilidad a influencias
11 negativas y a la presión de grupo y que la personalidad está en desarrollo y es más transitoria que
12 la de los adultos. En esta decisión se establece que la capacidad del menor para desarrollarse,
13 madurar y cambiar debe ser reconocida por razones de lógica, ciencia y moralidad. Igualmente,
14 en J.D.B. v. North Carolina, el Tribunal Supremo enfatizó que es necesario que no se perciba al
15 menor como un adulto en miniatura.15
16

Asimismo, varios estudios relacionados al comportamiento psicológico de los menores

17 han demostrado que estos tienen menos habilidad de auto control en situaciones emocionales
18 fuertes, mayor sensibilidad a la presión de grupo y a incentivos inmediatos y que están menos
19 conscientes de las consecuencias a largo plazo de sus actuaciones en comparación con los
20 adultos. Los hallazgos científicos sobre las diferencias existentes entre menores y adultos
21 fortalecen el fundamento de establecer un sistema de justicia juvenil distinto al sistema de
22 justicia criminal de los adultos.16 De otra parte, se ha establecido que las Reglas de
23 Procedimiento para Asuntos de Menores se interpretarán de acuerdo a los propósitos que inspira
24 la Ley de Menores y de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todos los
25 asuntos.17
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12

R.P. CRIM. 64(n)(8), 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(n)(8) (2017).
Ley de Menores, supra nota 4, en el art. 37.
14
Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
15
J.D.B. v. North Carolina, 564 U.S. 261 (2011).
16
JOHN D. AND CATHERINE T. MACARTHUR FOUNDATION, BECAUSE KIDS ARE DIFFERENT: FIVE OPPORTUNITIES
FOR REFORMING THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM (2014),
http://www.modelsforchange.net/publications/718/Because_Kids_are_Different_Five_Opportunities_for_Reforming
_the_Juvenile_Justice_System.pdf.
17
R. PROC. Asuntos de Menores 1.2, 34 L.P.R.A. Ap. I-A R 1.2 (2017).
13

 1

6

1

A pesar de la aprobación de la Ley Núm. 183 del 12 de agosto de 1995, la cual enmendó

2 el Artículo 22 de la Ley de Menores con el fin de reducir el término para la celebración de las
3 vistas de causa probable y la vista adjudicativa, la medida no es suficiente para cumplir de
4 manera exhaustiva con el objetivo principal de dicha ley; pues, su objetivo principal es que el
5 procedimiento de menores sea uno más rápido, justo y económico. Dicho aspecto ha de ser
6 considerado en mayor proporción cuando el menor se encuentra detenido. La detención de los
7 menores, ya sea de forma preventiva (antes del juicio) o permanente (después de la condena),
8 deberá ser lo más breve posible y tan sólo empleada como medida de último recurso cuando no
9 se dispone de otro tipo de solución.
10

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa, por medio de esta ley, pretende

11 que se exponga menos al menor al esquema procesal de adultos y haya una mayor economía
12 procesal sin que ello viole los derechos fundamentales del menor.
13

Prohibición de uso de restricciones mecánicas (“Shackling”)

14

La política pública debe reconocer el derecho de todo menor a rehabilitarse. La atención

15 debe estar dirigida a programas de desvíos (y no a la reclusión), como un método viable para su
16 rehabilitación, siguiendo las reglas de las Naciones Unidas para la rehabilitación de la justicia de
17 menores y las reglas de la Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la
18 libertad.18 La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de
19 desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social
20 para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al
21 mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. Los servicios de justicia de menores se
22 perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con miras a elevar y mantener la competencia de
23 sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y actitudes adoptados. El sistema de justicia de
24 menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar
25 físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso.
26

Muchos jóvenes en custodia se ven obligados a comparecer ante los tribunales

27 encadenados de las piernas, cintura y manos. La práctica de restringir a los jóvenes que no
28 suponen una amenaza para la seguridad, humilla innecesariamente, estigmatiza y traumatiza a los
29 jóvenes. Encadenar a los jóvenes es inconsistente con los objetivos de rehabilitación del sistema
2
3
4

General Assembly resolution 40/33, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice ("The Beijing Rules") (28 November 1985), available from
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm.
18

 1

7

1 de justicia juvenil, ofende el debido proceso y afecta negativamente la condición física y mental
2 del niño. Por otra parte, también influye en la determinación de los jueces en contra del menor.
3

Los Estados de California, Florida, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New

4 México, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, South Carolina y Washington habían
5 eliminado la práctica indiscriminada del “shackling”.19 De esta forma queda demostrado que el
6 uso sistemático del encadenamiento no es necesario para mantener la seguridad y el orden en los
7 tribunales de menores. Es para ese fin, cada sala del Tribunal de Menores cuanta con personal del
8 Alguacilazgo, que procura la seguridad y el orden en la sala.
9

El encadenamiento obligatorio o rutinario es inconsistente con los objetivos de

10 rehabilitación del sistema de justicia juvenil. También interfiere con el derecho del joven a la
11 asistencia efectiva de un abogado e ignora las garantías del debido proceso que ofrece la
12 Constitución. Con respecto a los acusados adultos, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha
13 dictaminado que la rutina del encadenamiento (“shackling”) es inconstitucional. En Deck v.
14 Missouri, la Corte concluyó que "el encadenamiento visible socava la presunción de inocencia y
15 la equidad relacionada del proceso de determinación de hechos".20
16

Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa, por medio de esta ley, propone que se

17 elimine la utilización indiscriminada de restricciones mecánicas en menores sin haber realizado
18 un análisis minucioso de su necesidad.
19

Mediación

20

El Pueblo de Puerto Rico se ha comprometido en agotar todos los esfuerzos necesarios

21 para lograr el sano desarrollo de las personas menores de edad, así como la protección integral de
22 sus derechos a través del diseño y formulación de las políticas públicas y en la ejecución de los
23 programas destinados a su atención y defensa.21 El estado tiene la responsabilidad, a través de su
24 poder de parens patriae, de proveer a toda persona menor de edad, a quien se le impute la
25 comisión de alguna acción contraria a la ley y al orden público, el derecho a que se considere su
26 condición de minoridad en los procedimientos especializados de menores que se enfoquen en la
27 rehabilitación y readaptación de estos menores a la sociedad bajo un estricto matiz de
2
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5
6
7

19

NATIONAL JUVENILE DEFENDER CENTER, ENDING THE INDISCRIMINATE SHACKLING OF YOUTH (2007),
http://njdc.info/wp-content/uploads/2014/10/Shackling-HR-10.9.14.pdf.
20
Deck v. Missouri, 544 U.S. 622 (2005).
21
Ley de Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad, su Padre, Madre, Tutor, y del Estado,
Ley Núm. 289 de 1 de septiembre de 2000, 1 L.P.R.A. § 421 nota (2017).

 1

8

1 confidencialidad. La responsabilidad que recae tanto en el menor como en el Estado, es que se
2 logre adelantar el fin principal de la Ley de Menores: su rehabilitación y reinserción en la
3 comunidad. Ante ello, esta Asamblea Legislativa entiende que debe considerarse la mediación
4 como una medida alternativa para adelantar dicho fin.
5

Los propósitos de nuestro ordenamiento de menores son cónsonos con los fines de la

6 mediación. La mediación es una alternativa no adversativa para el manejo de conflictos. Es un
7 proceso más rápido e informal que el procedimiento judicial que permite a las partes, con la
8 intervención de un facilitador imparcial denominado mediador explorar todas las opciones
9 posibles para lograr un acuerdo que les sea mutuamente aceptable y que finalice el conflicto con
10 la anuencia y participación activa de las partes involucradas. Se busca brindarle una experiencia
11 menos adversativa, y que reduzca el desarrollo de la estigmatización en los menores que
12 experimentan un procedimiento judicial juvenil.
13

En aras de proteger el bienestar del menor y cumplir con el propósito rehabilitador de la

14 Ley de Menores, esta Asamblea Legislativa estima pertinente extender a los menores la
15 mediación como alternativa adecuada y razonable para disponer del proceso celebrado en su
16 interés. Si la mediación se reconoce como uno de los métodos alternos para la solución de
17 conflictos en procedimientos judiciales contra adultos, más aún debe ofrecerse la misma
18 alternativa a los menores, considerando la naturaleza sui generis de estos procesos.
19

Acorde con este principio, aun cuando el ordenamiento de menores no ha sido

20 atemperado a la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico -la cual busca encaminar el
21 derecho hacia soluciones no litigiosas de las controversias-, es preciso llenar ese vacío de la ley
22 con piezas legislativas sensatas, razonables y justas. Así, se logrará el objetivo de velar por el
23 bienestar de los menores involucrados en la controversia, promoviendo que asuman
24 responsabilidad por sus actos y se comprometan a corregir dicha conducta a través de un proceso
25 que pondere la responsabilidad del menor, y la reparación del daño con la parte afectada.
26

Esta Asamblea Legislativa reconoce que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a

27 través de su rama judicial, debe ofrecer a los menores nuevas alternativas de tratamiento que
28 propicien la rehabilitación, evite la reincidencia y logre la adaptación del menor en la sociedad.
29 Después de todo, como parte de la discreción judicial sobre la forma de adjudicar un caso, muy
30 bien podría determinarse que el mecanismo más acertado y conveniente es referir el mismo a
31 mediación en lugar de continuar el trámite tradicional.

 1

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1

Confinamiento solitario

2

La Constitución de los Estados Unidos de América dispone que: No se exigirán fianzas

3 excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles y desusadas.22 El
4 confinamiento solitario consiste en la práctica de encarcelamiento de una persona sin ningún
5 contacto, exceptuando el requerido con los oficiales de la prisión. De manera general, en el
6 confinamiento solitario se separa al prisionero de la población general alrededor de 22 horas
7 diarias. Esto es una realidad tanto en la población carcelaria adulta como juvenil.
8

El ex presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama condenó la frecuencia

9 del uso del confinamiento solitario y abogó por la prohibición del confinamiento solitario a
10 menores en las cárceles federales. En sus declaraciones mencionó el caso de Kalief Browder, un
11 menor que fue encarcelado tras ser acusado de apropiación ilegal23. El menor fue mantenido
12 durante dos años en confinamiento solitario. A consecuencia de esto el menor se privó de la vida.
13 Siendo este un ejemplo práctico y modelo de las consecuencias de este castigo inhumano que
14 continúa siendo practicado en las Instituciones Carcelarias del País.
15

Cuando de menores se trata, el interés del Estado en salvaguardar el mejor bienestar del

16 menor es evidente. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reviste de
17 importancia el proteger el mejor interés y bienestar del menor. Esto es así debido a la
18 vulnerabilidad de la población de menores. Si deseamos defender el principio constitucional de
19 rehabilitación, es menester que se implementen las medidas que provean para que el menor que
20 se encuentre cumpliendo una medida dispositiva en custodia vuelva a reintegrarse a la sociedad.
21 No podemos privarle al menor recluido la oportunidad de desarrollarse.
22

Informe Social

23

La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de recibir un proceso judicial justo

24 que sea resultado un debido proceso de ley. 24 Su propósito es evitar abusos y lograr que nadie
25 pueda ser condenado sin habérsele provisto la oportunidad de defenderse adecuadamente en un
26 juicio justo, rápido e imparcial.

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7

22

U.S. CONST. amend. VIII.
Barack Obama, Why we must rethink solitary confinement, WASHINGTON POST (25 de enero de 2016),
https://www.washingtonpost.com/opinions/barack-obama-why-we-must-rethink-solitaryconfinement/2016/01/25/29a361f2-c384-11e5-8965-0607e0e265ce_story.html?utm_term=.16a9ed92b272 (última
visita 3 de mayo de 2016).
24
CONST. PR art. 2 § 11.
23

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1

10
Según la Ley de Menores, al concluir la vista adjudicativa, el juez viene obligado a

2 imponer una medida dispositiva tomando en consideración un informe social. Este informe
3 incluye datos relacionados con el menor, sus familiares, sus circunstancias, su versión de los
4 hechos, admisiones y cualquiera otra información que le permita al juez hacer una disposición
5 adecuada, que responda a los mejores intereses del menor y de la comunidad. La ley claramente
6 señala que el informe social se tomará en consideración en la vista dispositiva. No obstante, nada
7 indica sobre la utilización del mismo en la vista adjudicativa. Esto acarrea una serie de
8 problemas que atentan contra el debido proceso de ley que garantiza la celebración del proceso
9 judicial ante un juez imparcial y el derecho de gozar de la presunción de inocencia. La
10 información provista en el informe tiene el potencial de ocasionar que el juez llegue a
11 conclusiones que sean producto de un razonamiento prejuiciado que no está basado en los hechos
12 particulares en controversia.
13

Claramente podemos apreciar que la prohibición de evaluar un informe social en la vista

14 adjudicativa responde a la política judicial imperante de evitar que el juez sea prejuiciado por
15 consideraciones extrínsecas al proceso judicial. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende
16 necesario estipular que el informe social dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de Menores deberá
17 permanecer fuera del expediente del tribunal hasta tanto se vaya a imponer una medida
18 dispositiva, posterior a la adjudicación del caso. Una vez el menor sea hallado incurso, la
19 secretaria de la sala o personal autorizado anejará el informe social al expediente. Una vez
20 anejado el Tribunal podrá imponer la medida dispositiva a tenor con las recomendaciones del
21 Especialista en Relaciones de Familia. Entendemos imperativo la incorporación de estas
22 disposiciones para así cumplir la política pública del Estado y salvaguardar el bienestar del
23 menor puertorriqueño.
24
25

Vistas en ausencia del menor
La Ley de Menores especifica que los procedimientos, al igual que las órdenes o

26 resoluciones del juez bajo esta ley, no se considerarán de naturaleza criminal. Tampoco se
27 considerará al menor como un criminal convicto en virtud de dicha orden o resolución. Por otra
28 parte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido en varias ocasiones la
29 importancia de distinguir los procedimientos de los menores al de los adultos en el proceso
30 judicial.

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11

1

En Roper v. Simmons, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció tres factores

2 por los cuales los menores deben ser procesados de forma distinta a los adultos. 25 Estos son: la
3 falta de madurez y sentido de responsabilidad, la vulnerabilidad y susceptibilidad a influencias
4 negativas y a la presión de grupo y que la personalidad está en desarrollo y es más transitoria que
5 la de los adultos. En esta decisión se establece que la capacidad del menor para desarrollarse,
6 madurar y cambiar debe ser reconocida por razones de lógica, ciencia y moralidad. Igualmente,
7 en J.D.B. v. North Carolina, el Tribunal Supremo enfatizó que es necesario que no se perciba al
8 menor como un adulto en miniatura.26
9

No obstante, bajo el procedimiento de asuntos de menores, existen circunstancias en las

10 que un menor puede ser encausado por la comisión de una falta en ausencia y ordenar el
11 cumplimiento de su medida en una institución juvenil, o libertad condicional. A esos fines, la
12 Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rice garantiza que "...
13 Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se
14 negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes”. 27 En la Carta de
15 Derechos se consagra otro derecho fundamental sobre el debido proceso de ley, y es que ''[e]n
16 todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho ... a tener asistencia de
17 abogado".28
18

Para poder cumplir con su responsabilidad de parens patriae, el Estado debe asegurar

19 que, cuando un menor se enfrenta a los procesos de la justicia, los preceptos constitucionales del
20 debido proceso de ley se protejan. Con esto en mente, el legislador aprobó las Reglas de
21 Procedimientos para Asuntos de Menores.29 Con la aprobación de estas reglas el legislador tuvo
22 el propósito de extender a los menores "los derechos y salvaguardas procesales fundamentales
23 que se les han reconocido a los adultos o que los adultos disfrutan por mandato constitucional". 30
24 Uno de estos derechos y salvaguardas procesales fundamentales, lo es la celebración de vistas en
25 ausencia. En cuanto a la celebración de estas en adultos, se ha adoptado mediante jurisprudencia
26 ciertas circunstancias que pueden justificar la celebración de una vista de causa para arresto en
27 ausencia. Estas son:
2
3
4
5
6
7

25

Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
J.D.B. v. North Carolina, 564 U.S. 261 (2011).
27
CONST. PR art. 2 § 7.
28
Id. § 11.
29
R. PROC. AM 1.1, 34 L.P.R.A. Ap. I-A R 1.1 (2016).
30
Pueblo en interés menor J.A.S., 134 D.P.R. 991, 995 (1993).
26

 1

12

1 “(1) si a pesar del esfuerzo realizado, la persona no pudo ser localizada; (2) cuando se pretenden
2 realizar arrestos en serie o cuando un operativo haya dado lugar a denuncias múltiples que hagan
3 muy oneroso para el Estado citar previamente a todos los imputados; (3) cuando la seguridad de
4 las víctimas o testigos aconsejan que se celebre el proceso en ausencia del imputado; y (4)
5 porque sea necesario para evitar que se malogre una investigación en curso. [...]
6

[...] El justificar ante el magistrado la decisión de someter un caso en ausencia y

7 reconocer que es este quien debe tomar la decisión final al respecto, constituye un requisito de
8 cumplimiento sencillo que no le impone una carga excesiva al Estado. Este requisito de fácil
9 cumplimiento puede redundar en marcados beneficios, a saber: propiciar la economía de energía
10 policial y judicial, en cuanto permitiría que el magistrado adquiera jurisdicción sobre la persona
11 tan pronto haga la determinación afirmativa de causa probable; evitar que los ciudadanos que
12 opten por acudir a la vista de determinación de causa para el arresto sean puestos bajo arresto en
13 lugares o circunstancias penosas, y, en algunas ocasiones, reducir el riesgo de una determinación
14 errónea que pueda culminar en una privación de libertad innecesaria”.31
15

Sin embargo, estas protecciones respecto a establecerle al Estado unos requisitos

16 mínimos a la hora de celebrar una vista en ausencia aún no han sido extendidas a los menores.
17 Son estas desigualdades legales y jurídicas las que a través del tiempo han marcado la trayectoria
18 de los casos de menores. Estudios estadísticos han demostrado que, en los casos de menores
19 procesados, éstos son más propensos a ser encontrados culpables que la población general. Un
20 informe preparado para oficina de asuntos de la juventud en el año 2002, arrojó lo siguiente:
21

“Cabe señalar que las convicciones del crimen general representaron el 12.9% del total de

22 querellas, mientras en los menores resultaron en un 22.5% del total de intervenciones. De igual
23 forma, la proporción de intervenciones de menores donde hubo causa para procesar representó el
24 59.5% del total (seis de cada diez intervenciones), mientras en el crimen general, la misma
25 tendencia fue de 19% (uno de cada cinco). No cabe duda que los menores tienen mayor
26 probabilidad de ser intervenidos, adjudicados, procesados y encontrados culpables que la
27 población en general”.32 Estadísticas como éstas demuestran el déficit en garantías procesales
28 que existen en los procesos de menores, en comparación con aquellas que existen con los
29 adultos.
2

31

3

32

4

Pueblo v. Rivera Martell, 173 D.P.R. 601(2008).

OFICINA DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD, ANÁLISIS DE LA DELINCUENCIA ENTRE MENORES DE EDAD EN PUERTO
RICO (2002).

 1

13

1

Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa entiende imperativo establecer requisitos

2 mínimos al Estado, antes de celebrar una vista en ausencia de un menor, con el fin de hacer
3 extensivo a los procesos de menores las salvaguardas constitucionales para la protección del
4 debido proceso de ley establecidas por jurisprudencia.
5

Agotamiento de Remedios Administrativos

6

Según datos obtenidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico y el Consejo de

7 Educación Superior de Puerto Rico, cerca del 73% de los estudiantes matriculados en Puerto
8 Rico pertenecen al sistema de educación pública, mientras que un 27% pertenecen al sistema de
9 instrucción privado. El Perfil del Menor Transgresor del Departamento de Corrección y
10 Rehabilitación del 2016 reveló que la población en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico
11 está compuesta por 254 menores confinados en instituciones juveniles, de los cuales, 234 son
12 varones y 20 féminas y que las edades de los menores rondan entre los catorce (14) y veinte (20)
13 años de edad.33 Asimismo, se desprende del censo que sobre el 80% de los menores proviene del
14 sistema público de enseñanza y que solo el 20% de los menores alcanzó el duodécimo grado. El
15 51% de los menores transgresores son egresados del programa de educación especial previo al
16 ingreso del sistema juvenil de justicia, empero solo el 35% son estudiantes activos del programa
17 de educación especial. De igual forma, según el perfil, el 36% de los menores reportó tener
18 alguna discapacidad.
19

Por otro lado, al revisar las faltas, solo el 4% de las mismas fueron en contra de la vida,

20 siendo el mayor porcentaje de las faltas contra la propiedad o violaciones a la Ley de Sustancias
21 Controladas, con 32% y 22%, respectivamente. Al evaluar patrones de violencia en contra de
22 estos menores o su núcleo familiar, se encontró que el 43% había sido víctima de maltrato y 23%
23 de los menores fueron víctimas de trata o explotación previo a su ingreso. La mayoría de los
24 menores provienen de hogares de escasos recursos y dependientes de asistencia nutricional del
25 Estado. De los datos publicados por el Departamento cabe destacar que el 92% de los menores
26 detenidos son varones cuya edad es 18 años o menos, el 46% de los menores han tenido algún
27 familiar confinado, el 58% de los menores procedían de un núcleo familiar en cuyo único ingreso
28 provenía de subsidios o ayudas públicas y el 72% de los menores de edad ingresados en las
29 instituciones juveniles se encontraban bajo el índice de pobreza.
2
3

33

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN, SUPRA NOTA 5.016 (2016), http://ac.gobierno.pr/correccion/wpcontent/uploads/2017/03/perfil_menor_trangresor.pdf.

 1

14

1

Al observar el nivel socioeconómico promedio de los menores bajo la custodia de la

2 Administración de Instituciones Juveniles con los datos obtenidos sobre la matricula en las
3 escuelas públicas del país, vemos que una considerable porción de las querellas atendidas en la
4 Sala de Asuntos de Menores se presentan en contra de menores que provienen de escuelas
5 públicas y pertenecen a familias de escasos recursos económicos. Asimismo, es importante
6 señalar que el sistema judicial no ofrece un trato igual a los estudiantes que provienen de
7 escuelas privadas en comparación con aquellos que pertenecen al sistema de instrucción pública.
8 Esta situación se patentiza al evaluar cómo se canaliza un evento o incidente dentro de un plantel
9 escolar público en comparación con el procedimiento que opera en el sistema privado. Resulta
10 preocupante esta realidad al considerar que actualmente el Reglamento de Estudiantes del
11 departamento

de

Educación

dispone

procesos

específicos

que

reconocen

remedios

12 administrativos internos que pueden agotarse previo a solicitar la intervención del sistema
13 judicial.34
14

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa tiene el interés de que se agoten los

15 remedios administrativos previo que se presenten querellas contra menores ante el Tribunal
16 cuando se trate de hechos ocurridos dentro de los planteles escolares. A tales efectos, se
17 enmienda la Ley de menores a los fines de requerir el agotamiento de remedios administrativos
18 establecidos en el sistema de educación público o privado cuando la situación elevada a la
19 consideración del foro judicial se origine en la institución educativa. De esta manera,
20 pretendemos proveer alternativas adicionales para la solución de conflictos ocurridos dentro del
21 plantel escolar, sin la necesidad de que, de entrada, se exponga al menor a enfrentar un proceso
22 judicial que pudiera privarle de su libertad.
23

Edad Mínima

24

La Ley de Menores de Puerto Rico le confiere jurisdicción al Tribunal de Menores en

25 todo caso en que se le impute a un menor conducta que constituya falta, incurrida antes de éste
26 haber cumplido dieciocho (18) años de edad.35 No obstante, la Ley de Menores no contempla una
27 edad mínima para ejercer su jurisdicción y someter a un menor a un proceso sui generis por
28 haber cometido una presunta falta.

2
3

4

34

Departamento de Educación, Reglamento General de Estudiantes, Núm. 8115 (8 de diciembre de 2011),
http://pr.microjuris.com/ConnectorPanel/ImagenServlet?reference=/images/file/8115.pdf
35
Ley de Menores, supra nota 4, en el art. 4

 1

15

1

Como es sabido, un menor de edad se reconoce, por definición jurídica, como una

2 persona inimputable, exenta de responsabilidad penal. Desde el Código Penal de 1902, se
3 presumía que un menor de edad entre siete (7) y catorce (14) años era inimputable. Debido a
4 esta presunción, le competía rebatir dicha presunción a quien deseara responsabilizar a un menor
5 de catorce (14) años por una presunta conducta contraria a la ley. La Ley Núm. 97 de 1955 se
6 adoptó a los fines de evitar que los niños fueran procesados con el propósito puramente de
7 castigo. Por su parte, en el Artículo 29 del Código Penal de 1974 se disponía la minoridad de
8 edad como causa de inimputabilidad. El Código Penal de 2004 mantuvo la causa de
9 inimputabilidad por minoridad de edad, estableciendo como edad mínima para ser sometido a un
10 proceso penal la edad de dieciocho (18) años. Así las cosas, el derecho penal moderno reconoce
11 que un menor de dieciocho (18) años o menos, por su condición de minoridad, carece de la
12 capacidad mental necesaria para cometer delitos y ser procesado penalmente. A estos efectos, la
13 propia Ley de Menores contiene algunas excepciones siempre que el menor de edad haya
14 cumplido quince (15) años.
15

Como resultado de los casos de Kent v. U.S e In re Gault, se promovió la necesidad de

16 hacer una distinción entre lo que se entiende por un niño indisciplinado y un transgresor,
17 basándose en consideraciones de debido proceso de ley. 36 No obstante, Ley de Menores, no
18 distingue entre lo que debe considerarse un niño indisciplinado y un menor transgresor. La Ley
19 de Menores define a un menor como aquella persona que no ha cumplido la edad de dieciocho
20 (18) años de edad, o que habiéndola cumplido, sea llamada a responder por una falta cometida
21 antes de cumplir dicha edad.37 Asimismo, del Artículo antes citado se desprende que la Ley de
22 Menores no establece un mínimo de edad en la que un menor puede ser sometido a un proceso
23 ante el Tribunal de Menores.
24

Desde el caso de In re Gault, se reconoció que el debido proceso de ley protege tanto a

25 los adultos como a los menores. El debido proceso de ley requiere que la persona que está siendo
26 sometida a la jurisdicción del Estado entienda los procesos que se llevan en su contra y
27 comprenda las consecuencias de los actos que presuntamente ha cometido. Sabido es, que las
28 personas menores de cierta edad no han llegado a adquirir un desarrollo biológico completo que
29 le permita adquirir la madurez plena y entender las consecuencias de sus actos. El Estado no
2
3

36
37

Kent v. U.S, 383 U.S. 541 (1966); In re Gault, 387 U.S. 14 (1966).
Ley de Menores, supra nota 4, en el art. 3.

 1

16

1 puede exigirle responsabilidad a un menor que socialmente, biológicamente y psicológicamente
2 no entiende la naturaleza o peligros de las conductas incurridas y, por tanto, no puede exigirle
3 jurídicamente.
4

Nuestro ordenamiento ha reconocido que un menor de edad de trece (13) años tiene

5 discernimiento y aquellos actos que ha llevado a cabo han sido validados. 38 En Puerto Rico se
6 reconoce como adolescente a un menor que se encuentra entre los trece (13) a dieciocho (18)
7 años. Tales distinciones responden a etapas del desarrollo cognoscitivo. Entre más edad tenga el
8 menor, se presume que tendrá mayor capacidad para distinguir entre el bien y el mal.39
9

Desde el 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas se expresó sobre los

10 derechos de los niños, redactando así la Convención de Derechos del Niño. 40 En el Artículo 40 de
11 dicho cuerpo se establece que:
12

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el

13

establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas

14

para los niños quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes

15

se le acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

16

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se

17

presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir leyes

18

penales;

19

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas

20

para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en

21

el entendimiento que se respetarán plenamente los derechos

22

humanos y garantías leales.”

23
24

La convención antes citada se complementa con la proclama de las Reglas para la

25 Protección de los Menores Privados de Libertad. 41 En el Artículo II de dicho cuerpo se expresa
26 que se entenderá por “juvenil” a toda persona que no ha cumplido los dieciocho (18) años de
2
3
4

5
6
7
8

38

Piris v. Registrador, 67 DPR 811 (1947).
Helwig, C., The Relation between Law and Morality: Children’s Reasoning about Socially Beneficial and Unjust
Laws, Child Develpement, Sepetember/October 2001, Vol. 72, Num. 5, pp. 1382-1393.
40
Convención Sobre los Derechos del Niño, Nov. 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 3.
41
General Assembly resolution 45/113, United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their
Liberty, A/RES/45/113 (14 December 1990), available from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/45/113.
39

 1

17

1 edad. No obstante, impone que la edad mínima en los procesos de menores sea establecida a
2 través de legislación Así las cosas, la Ley de Menores no cumple con las disposiciones de las
3 Naciones Unidas en cuanto a los derechos de los menores de edad. En la actualidad se procesan
4 niños sin mínimo de edad, provocando situaciones en donde una persona de apenas seis (6) años
5 podría ser compelida a responder por actos que por su condición de minoridad no puede
6 entender.
7

Es de notar que los procesos de menores no tienen un fin punitivo, sino uno rehabilitador.

8 Su andamiaje se encuentra cimentado en que un menor de edad tiene muchas más posibilidades
9 de rehabilitarse que un adulto. Como es sabido, para poder gozar de un proceso de rehabilitación
10 efectivo se tiene que conocer las consecuencias de los actos cometidos. Un Tribunal de Menores
11 que tiene ante si a un menor de diez (10) años que no conoce la gravedad de sus actos no cumple
12 su propósito.
13

Como parte de las obligaciones que tiene el Estado, para con los menores de edad se

14 encuentra la obligación de proveer recursos económicos y sociales que faciliten la estabilidad y
15 la seguridad de los niños y niñas de las familias puertorriqueñas. En cumplimiento con este deber
16 se creó la Ley de Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad. 42 En la
17 Exposición de Motivos de la Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad
18 se reconoce el grado variable y condición física e intelectual y la limitación de la capacidad
19 jurídica de obrar que tienen las personas menores de edad. La limitación a la capacidad jurídica
20 que sobreviene con la minoridad de edad coloca al menor en un estado de dependencia hasta
21 alcanzar la mayoría de edad. El propio Estado reconoce, en la parte expositiva de la Declaración
22 de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad, que los menores son vulnerables.
23 Inclusive, éstos se pueden exponer a situaciones de estado de indefensión, las cuales exigen
24 acciones afirmativas por parte del propio Estado a los fines de proteger su bienestar y de vindicar
25 sus derechos constitucionales.
26

Como parte de este mandato, esta Asamblea Legislativa entiende que el Estado viene

27 obligado a enmendar los procesos de menores limitando su jurisdicción a menores entre los trece
28 (13) a dieciocho (18) años. Establecer límites a la jurisdicción de los procesos de menores aporta
29 a su protección. Como bien reconoce el propio Estado, la vulnerabilidad inherente a la minoridad
30 impide el proceso de estos menores ante nuestros tribunales. Esta Asamblea Legislativa reconoce
2

42

Ley de Declaración de Derechos y Deberes, supra nota 25.

 1

18

1 que niños de doce (12) años o menos se encuentran en un estado de indefensión ante la ley. Son
2 los padres los llamados a servir de modelos y de guías para nuestros más pequeños ciudadanos.
3

La Ley de Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad no tan sólo

4 reconoce derechos, sino que también impone deberes sobre los menores de edad. No obstante,
5 dispone que dichos deberes estarán equiparados en su capacidad mental, desarrollo físico y edad
6 cronológica, de forma que sea cónsona con lo requerido. Se distingue entre las obligaciones y
7 deberes que tiene un menor para con la sociedad según su edad y capacidad mental. A la luz de
8 estos principios, resultaría en un contrasentido procesar a un menor por presuntos actos ilícitos
9 sin tomar en cuenta su edad y capacidad mental para comprender la consecuencia de sus actos.
10

La Ley de la Declaración de los Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad

11 dispone que la política pública del Estado, en cuanto a los menores de edad, estará guiada por
12 consideraciones de vulnerabilidad variable a que se ven sometidas las personas menores de edad
13 durante su proceso de desarrollo y socialización hasta que alcanzar, la plena capacidad jurídica. 43
14 De igual forma, la Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad reconoce el
15 derecho a la libertad del menor sujeto a consideraciones de capacidad de obrar por los derechos y
16 responsabilidades impuestas en ley.44 En otras palabras, el derecho a la libertad de los menores es
17 uno que sólo se puede limitar teniendo en cuenta las responsabilidades de éstos frente a la
18 sociedad, en un análisis basado en la capacidad de obrar. De esta manera, la política pública del
19 Estado en cuanto a los menores se encuentra guiada por la capacidad de obrar.
20

La experiencia ha demostrado que nuestros Tribunales de Menores se encuentran

21 abarrotados de mociones de inimputabilidad o procesabilidad por condición de minoría de edad.
22 Dicho recurso está disponible a través de las Reglas de Procedimiento Criminal. 45

La

23 presentación de tales recursos para demostrar la ausencia de capacidad de un menor de doce (12)
24 años o menos, dilata los procesos dentro de las salas de menores y mantiene a ese menor inmerso
25 en un procedimiento judicial. De esta manera, se sobrecargan innecesariamente las salas de
26 menores en evaluaciones psicológicas continuas.
27

En atención a esta situación, esta Asamblea Legislativa estima necesario disponer la edad

28 mínima de trece (13) años para que el Tribunal de Menores asuma jurisdicción. Uno de los
29 propósitos de establecer esta edad mínima es que el menor ya cuenta con unos conocimientos
2
3
4

43

Id. en el art. 1.
Id. en el art. 12.
45
R.P. CRIM. 240, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 240 (2016).
44

 1

19

1 que le otorgan un grado de discernimiento mayor que aquél que pueda poseer un niño de doce
2 (12) años o menos.
3

Las estadísticas publicadas por la Administración de Tribunales revelan que las querellas

4 presentadas en contra de menores de doce (12) años han disminuido consistentemente. Durante
5 el Año Fiscal de 1997-1998, apenas el 1.9% de las querellas eran presentadas en contra de
6 menores de doce (12) años. En cuanto a las faltas cometidas por estos menores, los cuales se
7 encuentran en los grupos de seis (6) a doce (12) años la mayoría eran Falta Tipo I. Las Faltas
8 Tipo I son equivalentes a conducta constitutiva de delito menos grave por un adulto. En el Año
9 Fiscal 1999-2000, de un total de noventa y tres (93) querellas referidas, sólo treinta y dos (32)
10 menores fueron sometidos a un proceso judicial ante el Tribunal de Menores. En cambio, para el
11 Año Fiscal 2000-2001, de un total de setenta y nueve (79) querellas referidas, sólo catorce (14)
12 fueron procesados ante el Tribunal de Menores.
13

Es de notar, además, que para el 2007, apenas se presentaron veinticuatro (24) querellas

14 en contra de menores de doce (12) años de un total de seiscientos treinta y dos (632) querellas
15 reportadas. Las estadísticas más recientes divulgadas por la Oficina de Administración de
16 Tribunales refleja, en un estudio integrado por clases de falta y edades, que apenas ciento treinta
17 y cuatro (134) querellas fueron reportadas en contra de menores de doce (12) años para el
18 período de 2006-2007. Así las cosas, la mayoría de las querellas consideradas por el Tribunal de
19 Menores son sometidas en contra de menores que se encuentran entre las edades de trece (13) a
20 diecisiete (17) años. A su vez, la mayor cantidad de querellas resueltas en un avista adjudicativa
21 son sometidas contra menores entre edades de quince (15) a diecisiete (17) años. El exponer a un
22 menor, que por naturaleza se considera inimputable, a un proceso en su contra tiene el efecto de
23 malgastar los recursos del Estado.
24

El National Juvenile Court Data publicó su Informe (1995-2005), el cual comprende un

25 estudio integrado de los procedimientos de menores a nivel los Estados Unidos clasificados por
26 edades y faltas reportadas.46 Para el año 2005, reportó que las querellas en contra de menores de
27 diecisiete (17) años duplicaban las reportadas en contra de los menores de catorce (14) años y
28 éstas, a su vez, eran tres (3) veces mayor que las querellas reportadas en contra de menores de
29 trece (13) años. De igual forma, el estudio reveló que para los años de 2000-2005 las faltas
30 cometidas por menores entre las edades de diez (10) a doce (12) años disminuyó en comparación
2
3

46

NATIONAL CENTER FOR JUVENIL JUSTICE, JUVENIL COURT STATISTICS (2008) disponible en
http://www.ncjj.org/PDF/jcsreports/jcs2005.pdf

 1

20

1 con las demás edades. En Puerto Rico, el perfil del joven delincuente, revela que la población
2 promedio de las Instituciones Juveniles de Puerto Rico son varones que se encuentran entre las
3 edades de dieciséis (16) y diecisiete (17) años de edad quienes provienen de hogares de escasos
4 recursos y dependen de asistencia nutricional del Estado. Tanto en los Estados Unidos como en
5 Puerto Rico las edades de mayor riesgo de incurrir en faltas son los menores entre los quince
6 (15) a diecisiete (17) años de edad.
7

A pesar de que en los Estados Unidos no existe uniformidad en cuanto a los procesos de

8 menores, opera la presunción de doli incapaz en virtud de la cual se presume que un menor de
9 edad no tiene capacidad necesaria para cometer un delito. La propuesta encuentra aceptación en
10 jurisdicciones como España en donde los procesos de menores tienen un fin preventivo, al igual
11 que en Puerto Rico. La Ley Orgánica 5/2000 de España propuso que las Cortes de Menores
12 tendrán jurisdicción sobre los menores que se encuentren entre las edades de catorce (14) y
13 dieciocho (18) años. Las situaciones donde se implique a menores de catorce (14) años son
14 reguladas bajo las disposiciones del Código Civil Español.
15

Por su parte Chile, enmendó la Ley del Juzgado de Menores, a través de la Ley 16.618

16 del 16 de mayo del 2000 para establecer la jurisdicción de dicho juzgado o aquellos que
17 encuentren entre las edades de dieciséis (16) a dieciocho (18) años. El estatuto hace la salvedad
18 de que para procesar a un menor de dieciséis (16) se tendrá que probar que actuó con
19 discernimiento. Los datos arriba provistos sustentan la necesidad de limitar la jurisdicción del
20 Tribunal de Menores a los menores de trece (13) a dieciocho (18) años.
21

A los fines de fomentar que los procedimientos de menores se enfoquen en actos

22 cometidos por menores que tienen el discernimiento necesario para que se les exija
23 responsabilidad, esta Asamblea Legislativa propone enmendar el Artículo 4 de la Ley de
24 Menores a los fines de limitar su jurisdicción a aquellos menores que se encuentren entre las
25 edades de trece (13) a dieciocho (18) años.
26
27

Cortes de Drogas (“Drug Courts”)
En la actualidad, la utilización de sustancias controladas por parte de los menores de edad

28 ha ido en aumento. Atada dicha problemática a la falta de programas dirigidos específicamente a
29 la prevención y tratamiento en el abuso y uso de sustancias, es necesario crear mediante
30 legislación salvaguardas dirigidos a tratar ese mal. Esta Asamblea Legislativa pretende promover

 1

21

1 el progreso social y elevar el nivel de vida de nuestros menores dentro del concepto más amplio
2 de libertad, para que la medida disciplinaria impuesta no resulte excesivamente punitiva.
“Cada día son más los jóvenes que están involucrados en actividades delictivas
que infringen la ley. Nuestras cárceles están atestadas de delincuentes de todas
clases sin considerar las edades de los infractores ni la gravedad del acto delictivo.
Estamos creando de las cárceles, escuelas de delincuencia, donde los delincuentes
adultos y reincidentes sirven de maestros en muchas ocasiones a primeros
ofensores. ¿Y qué hace nuestro sistema de justicia juvenil por evitarlo? ¿Acaso los
niños no son el futuro de nuestra sociedad?”47
Para resolver la problemática planteada anteriormente y evitar la reincidencia, nuestro
ordenamiento jurídico ha creado una serie de programas que promueven la rehabilitación de los
jóvenes delincuentes. Una de las medidas más eficaces para la prevención de la reincidencia ha
sido la creación de programas de desvío. Mediante el desvío se consideran opciones que
permiten la utilización de los recursos disponibles fuera del ámbito judicial; ofreciéndole a los
menores mejores servicios que fomenten su rehabilitación.
Recientemente el Secretario de Corrección, Eric Rolón Suárez, se expresó en torno a los
aspectos económicos relativos a la población correccional de menores. Según el Secretario, la
población suma 246 y cuesta cien mil dólares cada uno anualmente a la agencia. Esto significa
que alrededor $24,600,000 son utilizados anualmente para sufragar el costo de mantener a los
jóvenes recluidos. Al finalizar el año 2014 la División de Planificación y Estadísticas adscrita al
Departamento de Justicia realizó un informe estadístico de las Procuradurías de Menores de la
Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia. El estudio reflejó que, de 2,631 casos en
los que se encontró incurso a un menor por la comisión de una falta, sólo a 300 querellados les
fueron concedidos algún desvío. Con la creación de un programa de desvío que integre una Corte
de Drogas para menores y un tratamiento brindado por ASSMCA se disminuirá la cantidad de
menores recluidos y, por consiguiente, habrá una drástica reducción en el costo anual asignado a
su custodia. El dinero ahorrado se asignaría a la creación de un Fondo Especial que adelante los
propósitos del programa.
2
3

47

Grisel Hernández Arocho, La ley de menores número 88, génesis de nuestra criminalidad, 36 Rev. Der. P.R. 69
(1997).

 1

22
Un estudio realizado por el juez Lou Hill sobre las cortes de drogas juveniles en Estados
Unidos demostró que el porcentaje de reincidencia entre las personas que completaron
programas asignados por la Corte de Drogas redujo entre 80 y 95%, ahorrándole así
aproximadamente $18,000 por cada persona a la comunidad.48 Según el estudio antes citado:
[a] US report concludes that successful Drug Court Programs are capable of
reducing total crime, both drug and non-drug related, by 50%. Cost savings to
the community and government: For every $1 spend (sic) on the program in the
United States, it is estimated that the community has saved up to $7. Greater
efficiency in our legal system: For every judge appointed to the Drug Courts, it
is estimated that the work load of 7 judges of the traditional courts will be
removed.

49

Los resultados antes esbozados brindan un panorama de los efectos positivos que
las Cortes de Drogas pueden lograr social y económicamente. Es la reducción en el
porcentaje de reincidencia lo que hace que la implementación del programa sea
socialmente exitosa y a la vez, costo efectivo.
En un estudio publicado en el Journal of Experimental Criminology se informó que
[t]he findings presented [in this study] tentatively suggest that drug offenders
participating in a drug court are less likely to reoffend than similar offenders
sentenced to traditional correctional options, such as probation. This metaanalysis examined all available drug court evaluations that used a comparison
group design and examined some form of criminal activity. The pattern of results
across studies consistently favored the drug court over the comparison group
participants; that is, the majority of studies observed reductions in reoffending
among the drug court participants relative to the comparison participants.
Translating the results into practical terms, we found that the reduction in overall
offending was roughly 26% across all studies and 14% for the two high-quality
randomized studies.50
2
3
4
5

48

LOU HILL, JUVENILE DRUG COURTS? 3 (1999).
Id.
50
DAVID B. WILSON, OJMARRH MITCHELL, DORIS L. MACKENZIE, A SYSTEMATIC REVIEW OF DRUG COURT EFFECTS
ON RECIDIVISM 479 (2006).
49

 1

23

En Puerto Rico estamos viviendo momentos de crisis social y austeridad
económica. Es nuestro deber como puertorriqueños combatir ambos problemas de
manera creativa, fomentando siempre el bienestar de la sociedad puertorriqueña. Con esta
medida, no solo se procura la reducción de la reincidencia de menores en el uso de
sustancias controladas y sus riesgos, se promulga también el hacerlo utilizando los
recursos existentes en el sistema. Todo esto sin perder de perspectiva que el fin principal
de esta medida es crear un mecanismo alterno de rehabilitación terapéutica para nuestros
menores, que sirva de plataforma para que puedan reintegrarse a la sociedad y servir
como ciudadanos productivos.
1

Uso de intérpretes

2

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone: “La dignidad del

3 ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse
4 discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas
5 políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos
6 principios de esencial igualdad humana”.51 Al interpretar el Artículo de la Constitución
7 anteriormente mencionado, se debería llegar a la conclusión de que debe existir dentro de nuestro
8 sistema judicial una protección para aquellos que tienen algún tipo de desventaja social a causa
9 de una condición que menoscaba su habilidad para comprender el proceso judicial en su
10 totalidad. En el presente no contamos con una protección para aquellos menores que son audio
11 impedidos, lo que podría causar injusticias dentro de nuestro sistema judicial. Es deber de esta
12 legislatura el proteger a los menores con discapacidad auditiva y proveerles las herramientas
13 razonable y adecuada que garanticen todos sus derechos.
14

El Departamento de Justicia de Puerto Rico, mediante un informe de la Procuraduría de

15 Menores, trajo a la luz pública información acerca de la cantidad de menores intervenidos en los
16 años 2014-2015. Entre menores intervenidos por primera vez y menores reincidentes, el número
17 asciende a 3,982.

De esas estadísticas no surge información relacionada a menores con

18 problemas relacionados a su audición.

2

51

CONST. PR art. 2 § 1.

 1

24

1

Las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores rigen todos los procedimientos

2 de menores. 52 Estas buscan, por un lado, proteger los derechos de los menores y, por el otro,
3 resolver las controversias de la forma más justa, rápida y económica posible. Para garantizar los
4 derechos de los menores y llevar a cabo una decisión basada en justicia es necesario que se
5 cumplan las normas constitucionales. Nuestra Constitución establece que:
6

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio

7

rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación

8

recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la

9

comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y
a gozar de la presunción de inocencia.53

10
11
12

La Ley de Menores establece el derecho de todo menor a estar representado durante su

13 procedimiento judicial. El derecho de un menor a estar asistido de abogado conlleva que la
14 representación se lleve a cabo de manera efectiva. Los cánones de ética del Estado Libre
15 Asociado de Puerto Rico dirigen la función del abogado al servicio democrático y la
16 conservación de la dignidad del ser humano. Todo abogado tiene que garantizarle a su cliente
17 una “representación capacitada, integra y diligente”; la relación de abogado y cliente debe
18 fundamentarse en la absoluta confianza.
19

Cuando un menor es audio impedido y se encuentra en un trámite judicial se presenta una

20 limitación al comunicarse con su representante legal y viceversa; razón por la cual la función del
21 abogado no se efectuará exitosamente. Para garantizar una comunicación efectiva entre el
22 representante legal y el menor audio impedido es necesario proveer un intérprete que facilite la
23 relación entre estos. Así las cosas, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo establecer de
24 forma compulsoria el uso de intérpretes en todas las etapas de los procesos judiciales de
25 naturaleza penal en contra de menores sordos.
26

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo revisar y

27 reformar del Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico con el propósito de salvaguardar,
28 proteger y garantizar ese bienestar de los menores; así como, garantizar a todo menor un trato
29 justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.
2
3

52
53

R. PROC. AM 1.1, 34 L.P.R.A. Ap. I-A R 1.1 (2016).
CONST. PR art. 2 § 11.

 1

25

1 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
2

Artículo 1.- Título

3

Esta ley se conocerá como la “Ley de Reforma del Sistema de Justicia Juvenil de

4 Puerto Rico”
5

Artículo 2.- Declaración de Política Pública

6

Es la inequívoca intención de esta Asamblea Legislativa de realizar extensivos

7 cambios al sistema de justicia juvenil de Puerto Rico y proveer los mecanismos adecuados
8 para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores así como
9 proteger el bienestar de la comunidad. A través de las enmiendas propuestas se pretende
10 proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión,
11 cuidado y tratamiento y así garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de
12 ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. En vista de ello, esta Asamblea
13 Legislativa reconoce que es necesaria una Reforma al Sistema de Justicia Juvenil en Puerto
14 Rico.
15

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986,

16 según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que lea como
17 sigue:
18

"Artículo 3. Definiciones

19 (n) Mediación - Proceso de intervención no adjudicativo en el cual una persona imparcial
20 (mediador) ayuda a las personas en conflicto a lograr por sí mismas un acuerdo que les
21 resulte mutuamente aceptable. En la mediación las partes tienen la potestad de decidir si se
22 someten o no al proceso.
23 [(n)] (o)…

 1

26
1 [(o)] (p) ...
2 [(p)] (q) ...
3 [(q)] (r) …
4 [(r)] (s) ...
5 [(s)] (t) ...
6 [(t)] (u) ...
7 [(u)] (v) ...
8 [(v)] (w) ...”
9

Artículo 4.- Se enmienda el inciso (1) del Artículo 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio

10 de 1986, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:
11 “Artículo 4. Jurisdicción del Tribunal
12

(1) El Tribunal tendrá autoridad para conocer de:

13

(a) Todo caso en que se impute conducta que constituya falta a un menor de trece (13)

14 años o más, incurrida antes de éste haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Dicha
15 autoridad estará sujeta al período prescriptivo dispuesto en las leyes penales para la conducta
16 imputada.
17

(b) Cualquier asunto relacionado con menores, según dispuesto mediante ley especial,

18 confiriéndole facultad para entender en dicho asunto.
19

(c) En el caso de un menor que no haya cumplido los trece (13) años de edad regirá lo

20 siguiente:
21

(i) Todo menor que no haya cumplido los trece (13) años de edad, cuya conducta

22

imputada sea constitutiva de falta, se considerará no procesable. A tales efectos, el

23

Procurador de Menores referirá al menor y a su madre, padre, o tutor, al

 1

27
1

Departamento de la Familia para evaluación, servicios o cualquiera otra

2

determinación que el Departamento de la Familia decida en el mejor bienestar del

3

menor.

4

(ii) Todo menor que no haya cumplido los trece (13) años de edad, cuya conducta

5

imputada sea constitutiva de Falta Tipo II o Tipo III, se presumirá no procesable,

6

salvo prueba en contrario presentada por el Procurador de Menores. Si el Tribunal

7

determina su procesabilidad, continuará el curso ordinario de los procedimientos.

8

(2)…

9

…”

10

Artículo 5.– Se añade un nuevo Artículo 4-A a la Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986,

11 según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que lea como
12 sigue:
13 “Artículo 4–A.– Agotamiento de remedios administrativos
14 Antes del Tribunal ejercer su jurisdicción sobre la persona menor de edad, deberá agotarse
15 todo remedio administrativo establecido en el sistema de educación pública o privada, según
16 sea el caso, cuando la falta que se impute haya tenido lugar en un plantel escolar. En caso
17 del tribunal tener que asumir su jurisdicción sobre la persona menor, nada de esto se
18 entenderá en menoscabo del derecho del menor a que su caso sea referido a mediación o
19 desvío, si cualifica según lo establece esta Ley y las Reglas de Asuntos de menores.”
20

Artículo 6.- Se añade un nuevo Artículo 20–A a la Ley Núm. 88 del 9 de julio de

21 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que lea
22 como sigue:
23 “Artículo 20–A.- Prohibición de uso de restricciones mecánicas

 1

28
1 Cualquier instrumento de restricción física al que una persona menor de edad está sujeto
2 fuera del tribunal, tales como esposas, cadenas, hierros, grilletes, camisas de fuerza, o
3 cualquier otro mecanismo dirigido a los fines de limitar la movilidad, deberá ser removido
4 antes de que el menor entre a la sala del tribunal. Se prohíbe el uso de dichas restricciones
5 durante cualquier procedimiento en el tribunal, según establecen las Reglas para Asuntos de
6 Menores.”
7

Artículo 7.- Se enmienda al Artículo 21 a la Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986,

8 según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que lea como
9 sigue:
10 "Artículo 21. Referimientos.
11 (a) En cualquier momento [Luego de radicada una querella] y previa la adjudicación del
12 caso, cualquiera de las partes podrá solicitar del tribunal el referimiento del caso al proceso de
13 mediación establecido en la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983 cuando existan las
14 siguientes circunstancias:
15

(1) …

16

(2) …

17 b) ...
18 …”
19

Artículo 8.- Se enmienda el Articulo 23 de la Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986,

20 según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que lea como
21 sigue:
22 “Artículo 23. Vista Dispositiva

 1

29
1 Al terminar la vista adjudicativa se procederá a la celebración de una vista dispositiva del
2 caso excepto si el Tribunal, a solicitud del menor o del Procurador, señala la vista dispositiva
3 para una fecha posterior. El Juez deberá tener ante sí un informe social antes de disponer del
4 caso de un menor encontrado incurso. Dicho informe social permanecerá fuera del
5 expediente del tribunal hasta tanto se vaya a imponer una medida dispositiva, posterior a la
6 adjudicación del caso. Una vez el menor sea hallado incurso se anejará el informe social al
7 expediente, por la secretaria de la sala o personal autorizado. Una vez anejado el Tribunal
8 podrá imponer la medida dispositiva a tenor con las recomendaciones del Especialista en
9 Relaciones de Familia.”
10

Artículo 9.- Se enmienda el inciso (c) (1) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 del 9 de

11 julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que
12 lea como sigue:
13 “Artículo 24. Imposición de medidas dispositivas al menor incurso en falta
14 (a)…
15 (b)…
16 (c) Custodia. -- Ordenar que el menor quede bajo la responsabilidad de cualquiera de las
17 siguientes personas:
18 (1) El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en los casos que se le
19 imponga al menor un término mayor de seis (6) meses en su medida dispositiva. El
20 Departamento de Corrección y Rehabilitación determinará la ubicación del menor y los
21 servicios que le serán ofrecidos.

Queda prohibida cualquier forma de encarcelamiento

22 solitario en todas las instituciones que componen el Negociado de Instituciones Juveniles.
23 (2)…

 1

30
1 (3)…
2 …”
3

Artículo 10.-Se añade el inciso (h) al Artículo 37 de la Ley Núm. 88 del 9 de julio de

4 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, para que lea
5 como sigue:
6

(a)…

7

(b)…

8

(c)…

9

(d)…

10

(e)…

11

(f)…

12

(g)…

13

(h) Necesidad de Intérprete. –

14

(1) Etapa investigativa - en el caso de que un funcionario del orden público

15

advenga en conocimiento de que el menor investigado o aprehendido o su tutor es

16

sordo, el Estado deberá proveerle un intérprete.

17

(2) Etapa Judicial – en caso de que el Tribunal, motu proprio, o a solicitud de

18

parte, advenga en conocimiento de que el menor o su tutor es sordo, deberá proveerle

19

un intérprete durante todas las etapas del proceso.

20

Para propósito de esta disposición, el término sordo incluye las siguientes

21

clasificaciones: sordo, sordo parcial, sordo profundo y sordo labio lector. La sordera

22

impide el entendimiento de la comunicación oral o hablada.

 1

31
1

Además, el término de intérprete de lenguaje de señas o de intérprete labio-

2

lector se refiera a aquél profesional encargado de facilitar la comunicación entre una

3

persona sorda y una persona oyente. Mediante la interpretación se logra transmitir

4

la información al sordo y se facilita la comunicación efectiva de conformidad con la

5

legislación aplicable.

6

En el caso de que el menor o su tutor desconozcan el idioma español, el

7

tribunal deberá designar un intérprete con el propósito de facilitar la comunicación

8

entre las partes.

9

La persona que actúa como intérprete, de lenguaje de señas o idioma, deberá

10

ser juramentada y hará una interpretación fiel y exacta de las expresiones entre el

11

menor y las partes involucradas en el proceso.”

12

Artículo 11.- Se enmienda el inciso (d) de la Regla 2.9 de las Reglas de

13 Procedimientos para Asuntos de Menores, según enmendada, para que lea como sigue:
14 “Regla 2.9. Procedimiento ante el juez luego de la aprehensión
15

(a)...

16

(b)...

17

(c)...

18

(d) Corresponderá al juez determinar si el menor va a permanecer bajo la custodia de

19 sus padres o encargados hasta la vista de determinación de causa probable para la radicación
20 de la querella o si ordenará su detención provisional conforme a lo dispuesto en el Artículo 20
21 de la Ley (34 LPRA sec. 2220). Cuando se ordene la detención provisional el juez consignará
22 por escrito los fundamentos que justifiquen dicha orden.

 1

32
1

Si el menor es detenido provisionalmente o si queda bajo la custodia de sus padres o

2 encargados, se la citará para que comparezca a la vista de determinación de causa probable
3 para la radicación de la querella. En el primer supuesto, salvo causas excepcionales, la vista
4 se celebrará dentro de los [siete (7)] tres (3) días posteriores a la aprehensión. En el
5 segundo, la vista se celebrará dentro de los siguientes [treinta (30)] veinte (20) días. Se
6 aplicarán a este procedimiento todas las normas de juicio rápido existentes en nuestra
7 jurisdicción.
8

(e)…

9

(f)…

10

...”

11

Artículo 12.- Se enmienda la Regla 2.12 de las Reglas de Procedimientos para

12 Asuntos de Menores, según enmendada, para que lea como sigue:
13 “Regla 2.12. Efectos de la determinación de no causa probable.
14

Si en esta vista de determinación de causa probable el juez determina que no existe

15 causa probable para radicar la querella o que existe causa por una falta inferior a la imputada,
16 el Procurador podrá someter y un juez del Tribunal de Primera Instancia distinto al que
17 entendió en la vista de determinación de causa probable considerará el asunto de nuevo con la
18 misma u otra prueba dentro del término máximo de [sesenta (60)] veinte (20) días a partir de
19 la fecha de la [resolución] determinación si el menor se encuentra bajo la custodia de sus
20 padres o persona encargada. Si el menor se encuentra en detención preventiva, la vista en
21 alzada se celebrará dentro de los tres (3) días posteriores a la determinación de no causa
22 probable.”

 1

33
1

Artículo 13.- Se enmienda la Regla 2.14 de las Reglas de Procedimientos para

2 Asuntos de Menores, según enmendada, para que lea como sigue:
3 “Regla 2.14. Determinación de causa probable en ausencia
4

Antes de celebrar cualquier vista en ausencia del menor, el Juez ante quien se celebre

5 la misma debe considerar si se realizaron esfuerzos razonables, para citar al menor, pero el
6 menor, su padre, su madre o encargado, no pudieron ser localizados. Cuando se presente ante
7 el juez prueba de que se hicieron gestiones razonables para lograr la comparecencia del
8 menor y de sus padres o encargados a la vista de determinación de causa probable [y que ello
9 no fue posible,] el juez, oída la prueba, podrá determinar causa probable en ausencia y
10 procederá a expedir una orden de detención. En tal caso, el juez consignará en los autos los
11 fundamentos que existen para determinar causa probable en ausencia.”
12

Articulo 14.- Se añade una nueva Regla 2.18 a las Reglas de Procedimientos para

13 Asuntos de Menores, según enmendada, para que lea como sigue:
14 “Regla 2.18. Prohibición de uso de restricciones mecánicas; excepciones
15 Cualquier instrumento de restricción física al que una persona menor de edad está sujeto
16 fuera del tribunal, tales como: esposas, cadenas, hierros, grilletes, camisas de fuerza, o
17 cualquier otro mecanismo dirigido a los fines de limitar la movilidad, deberá ser removido
18 antes de que el menor entre a la sala del tribunal.
19 Se prohíbe, durante cualquier procedimiento en el tribunal, que la persona menor de edad
20 este restringida físicamente, excepto cuando el Juez determine que el uso de mecanismos
21 restrictivos es necesario debido a uno de los siguientes factores:
22

(a) Para prevenir daño físico al menor o a otra persona;

 1

34
1

(b) El menor tiene historial de conducta violenta dentro de la sala del tribunal, donde

2

se ha puesto a sí mismo o a los presentes en riesgo;

3

(c) Existe una creencia fundada de que el menor representa riesgo de fuga de la sala

4

del tribunal; y

5

(d) No existen alternativas menos restrictivas que prevengan el daño físico o fuga.

6 De haber una petición de parte de la Oficina de Alguaciles o el Procurador de Menores para
7 el uso de dichos mecanismos se celebrará una vista, donde se presentará prueba sobre la
8 necesidad del uso de mecanismos de restricción mecánica. El menor tendrá oportunidad de
9 rebatir dicha prueba.
10 Cuando se ordene el uso de alguna restricción mecánica en la persona menor de edad, el
11 juzgador vendrá obligado a realizar determinaciones de hechos para fundamentar su
12 decisión e incluirlas en el expediente del tribunal.”
13

Artículo 15. – Se enmienda la Regla 5.1 de las Reglas de Procedimientos para Asuntos

14 de Menores, según enmendada, para que lea como sigue:
15

“Regla 5.1. Cuándo se efectuará

16 (1) Referimientos a proceso de mediación.—
17

(a) A petición de cualquiera de las partes o motu proprio, el Tribunal podrá referir un

18 caso al proceso de Mediación establecido en la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983,
19 cuando se le impute al menor una falta Clase I [siempre y cuando ésta sea su primera
20 ofensa].
21
22 (2) …

(b)…

 1

35
1

Artículo 16.- Se enmienda la Regla 8.1 de las Reglas de Procedimientos para Asuntos

2 de Menores, según enmendada, para que lea como sigue:
3 “Regla 8.1. — Disposición del caso; término.
4

La vista dispositiva es aquella en la cual el tribunal impone la medida dispositiva. Se

5 celebrará al concluir la vista adjudicativa, excepto si el tribunal, a solicitud del menor o del
6 Procurador, la señale para una fecha posterior. En tal caso, la vista se celebrará dentro de los
7 tres (3) días siguientes a la fecha en que el tribunal emitióó el fallo, excepto si el menor
8 renuncia a ello. Cuando se concede la posposicióń, el tribunal ordenará que el menor
9 permanezca bajo las mismas condiciones que le fueron impuestas al concluir la vista de causa
10 probable para la presentación de la querella. A solicitud del menor o del Procurador, el
11 tribunal podráó modificar dichas condiciones. El Juez deber áó tener ante sí un informe social
12 antes de disponer del caso de un menor encontrado incurso. Este informe social permanecerá
13 fuera del expediente del tribunal, bajo la custodia del Especialista en Relaciones de Familia
14 hasta tanto el Tribunal adjudique el caso. Una vez el Tribunal haga una determinación de
15 incurso, o el menor realice alegación de incurso, se procederá a notificar a la unidad social
16 para que el Especialista en Relaciones de Familia comparezca llevando consigo el informe
17 social debidamente realizado. El informe social se anejará al expediente del Tribunal de
18 modo que el Tribunal pueda imponer la medida dispositiva conforme a las recomendaciones
19 del Especialista en Relaciones de Familia. Dicho informe deberá estar disponible en la
20 División Social y podrá ser examinado con antelación a la Vista Adjudicativa por el
21 Procurador de Menores y la representación legal del menor.”

 1

36
1

Artículo 17.- Se enmienda el Artículo 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada,

2 conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”,
3 para que lea como sigue:
4 “Artículo 5.005. - Sedes y Salas; Sesiones; Jurados
5

El Tribunal de Primera Instancia tendrá sedes y salas y celebrará sesiones en las

6 siguientes Regionales Judiciales: San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce,
7 Guayama, Humacao, Caguas, Aibonito, Utuado, Carolina y Fajardo. A solicitud del Juez
8 Presidente, fundamentada en los propósitos de proveer mayor acceso a la ciudadanía y contar
9 con un sistema judicial efectivo y rápido, la Asamblea Legislativa podrá variar el
10 establecimiento de estas sedes.
11

El Juez Presidente del Tribunal Supremo tendrá la facultad de determinar los

12 municipios incluidos en las regiones judiciales que comprenden las salas del Tribunal de
13 Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia sesionará en cada municipio donde se
14 haya establecido una sede. El Juez Presidente del Tribunal Supremo podrá establecer salas
15 municipales que atiendan los asuntos de dos (2) o más municipios contiguos, cuando el
16 establecer una sala en cada uno de dichos municipios por separado resulte en una sub17 utilización de los recursos de cada una de dichas salas.
18

Los jurados para las varias salas serán seleccionados de los mismos municipios que

19 comprenden las regiones judiciales correspondientes.
20

Los casos de privación de patria potestad, de adopción y aquellos que surjan a raíz de

21 la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como “Ley para el
22 Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, serán atendidos en una sala especialmente
23 designada para los mismos.

 1

37
1

La Rama Judicial designará salas especializadas para atender con acceso controlado al

2 público los casos de violencia doméstica en todas las regiones judiciales.
3

Los casos de violencia doméstica según la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,

4 según enmendada, y conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
5 Doméstica”, se verán en una sala especialmente designada para los mismos en cada Región
6 Judicial. Esta sala será de acceso controlado al público para salvaguardar la identidad de la
7 víctima, y será a discreción del Juez que preside la sala especializada determinar qué personas
8 del público pueden acceder a la misma.
9

El Juez Presidente designará al menos una (1) sala especializada para atender juicios

10 de asesinatos en todas las regiones judiciales que entienda necesario, dando prioridad a las
11 regiones judiciales de mayor incidencia criminal. La designación correspondiente deberá
12 detallar el proceso a seguir, el cual conlleva el referido del caso a la sala especializada, una
13 vez se determine causa para acusar. A su vez, la misma deberáó contemplar medidas alternas
14 que puedan ser necesarias para evitar la acumulación de los casos en la sala especializada.
15

Dichas Salas deberán ser presididas por jueces con adiestramiento especializado en el

16 área criminal, los cuales serán designados exclusivamente por el Juez Presidente. En aquellas
17 regiones en que se decida no establecer una Sala Especializada fija, la Rama Judicial deberá
18 establecer aquellas reglas y procedimientos internos que sean necesarios para garantizar que
19 los casos de asesinatos sean atendidos por un juez con adiestramiento especializado en el área
20 criminal.
21

El Juez Presidente designará una (1) Sala Especializada en Asuntos Contributivos y

22 Delitos Económicos en el Tribunal Superior de San Juan. Esta Sala atenderá las controversias
23 contributivas en casos civiles que surjan de cualquier ley que imponga cualquier tipo de

 1

38
1 contribución o tributo a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquiera de sus
2 instrumentalidades o subdivisiones; cualquier ley especial que conceda créditos contributivos,
3 así como cualquier ley especial que conceda exención contributiva cobijadas por algún
4 decreto, resolución o concesión de exención contributiva. Además atenderá los casos de
5 delitos económicos que surjan de: (i) violaciones al “Código de Rentas Internas de Puerto
6 Rico de 2011,” según enmendado, así como a otras leyes especiales en asuntos de materia
7 compleja tales como, pero sin limitarse a, la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según
8 enmendada, conocida como la “Ley de Bancos”, la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002”,
9 según enmendada, conocida como la “Ley de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
10 Crédito”, y la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la
11 “Ley Uniforme de Valores”; (ii) violaciones de ley derivadas y/o cometidas de los delitos
12 descritos en el inciso anterior; y (iii) aquellos otros que determine el Juez Presidente.
13

Dichas salas deberán ser presididas por jueces con adiestramiento y/o conocimiento

14 especializado en alguna de las siguientes áreas: finanzas, contabilidad, auditoría, Derecho
15 Tributario, u otra área relacionada según determinada por el Juez Presidente del Tribunal
16 Supremo.
17

El Juez Presidente del Tribunal Supremo deberá tomar todas las medidas

18 administrativas necesarias para la implementación de los objetivos de esta Sala Especializada
19 y su establecimiento en el Tribunal Superior de San Juan.
20

La Rama Judicial designará en cada región judicial donde exista el programa de

21 Salas Especializadas en Sustancias Controladas, al menos una sala especializada para
22 atender ciertos casos de menores relacionados con sustancias controladas. Estas Salas
23 atenderán casos: a) en el que haya un menor entre 13 y 17 años de edad, al momento de

 1

39
1 cometer la falta b) la falta imputada sea Clase I, b) la falta imputada sea Clase II, siempre y
2 cuando el menor sea un primer ofensor en Clase II, c) la falta imputada sea Clase III,
3 siempre y cuando el menor sea un primer ofensor en Clase III, d) la falta imputada guarda
4 relación causal con el uso y abuso de sustancias controladas, e) el menor muestra interés y
5 disposición de recibir tratamiento, f) no son elegibles menores incursos en faltas que
6 incluyan conducta violenta o que tengan pendiente querellas por la comisión de actos
7 delictivos que involucren conducta violenta.”
8

Artículo 18.- Se añade un Artículo 5.005 (a) a la Ley 201-2003, según enmendada,

9 conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”,
10 para que lea como sigue:
11 “Artículo 5.005 (a).- Juez; designación de salas.
12

El Juez que esté a cargo de la supervisión judicial intensiva de los participantes en la

13 Sala Especializada en Sustancias Controladas en los procesos de adultos por cada región
14 judicial, será el mismo que supervise en los procesos de menores.
15

De igual forma, cada Sala Especializada en Sustancias Controladas asignada a los

16 procesos de adultos, serán las mismas en los procedimientos de menores. Las vistas de
17 seguimiento en casos de menores se celebrarán, al menos, una vez por semana en cada
18 región judicial.”
19

Artículo 19.- Se añade un Artículo 5.005 (b) a la Ley 201-2003, según enmendada,

20 conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”,
21 para que lea como sigue:
22 “Artículo 5.005 (b).- Coordinador regional de la Sala Especializada en Sustancias
23 Controladas

 1

40
1

El coordinador que asista al juez en la Sala Especializada en Sustancias Controladas,

2 de igual manera, será la persona encargada de asistir al juez en los procesos de menores. El
3 Coordinador regional deberá preparar un informe detallado en el que esboce las distintas
4 etapas del proceso que se llevó a cabo con el menor. Será el Juez designado de cada sala
5 quien provea la supervisión intensiva de cada participante mediante la celebración de vistas
6 de seguimiento. El Juez podrá, y no estará limitado a: de acuerdo a cada caso, y si él
7 participante demuestra que ha realizado ajustes satisfactorios en su proceso de
8 rehabilitación, reconocer en la vista los esfuerzos realizados para lograr su rehabilitación y
9 proveerle incentivos, b)podrá, según cada caso, imponer sanciones, si las pruebas
10 toxicológicas administradas durante las visitas reflejan el uso de sustancias controladas, o si
11 se viola otra de las condiciones impuesta en la probatoria, c) Ordenar el archivo y
12 sobreseimiento de los casos cuando el participante complete satisfactoriamente el
13 tratamiento y cumpla con las condiciones de la probatoria especial. Por consiguiente, el
14 participante se considerará “graduado” del Programa, lo que significa que se le archivaron
15 los casos por los cuales fue admitido al Programa.”
16

Artículo 20.- Se añade un Artículo 5.005 (c) a la Ley 201-2003, según enmendada,

17 conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”,
18 para que lea como sigue:
19 “Artículo 5.005 (c).- Asignación de Fondos; certificación; fondo especial
20

Se asignarán fondos para capacitar a los diez coordinadores regionales de las Salas

21 Especializadas en Sustancias Controladas para que puedan cumplir con esta Ley. Se les debe
22 expedir una certificación en la que conste que han recibido adiestramiento en el manejo de
23 casos de menores.

 1

41
1

Los fondos asignados a la capacitación y adiestramiento de los coordinadores

2 regionales provendrán del Departamento de Justicia. La agencia creará un fondo especial
3 designado para capacitar el personal necesario para la promulgación de esta Ley.
4

El fondo especial se creará a base de la diferencia entre el costo de procesar y

5 mantener a cada menor en una Institución de Menores, y el costo del tratamiento que reciba
6 de cada menor participante en el programa. De esa diferencia, se asignará un porcentaje
7 para cubrir los gastos de adiestramiento al personal, y para cualquier otro fin que impulse la
8 política pública promulgada por esta Ley.”
9

Artículo 21.- Se añade un Artículo 5.005 (d) a la Ley 201-2003, según enmendada,

10 conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”,
11 para que lea como sigue:
12 “Artículo 5.005 (d).- Prestación de servicios; agencia encargada
13 La agencia principalmente encargada de brindar el componente de tratamiento e
14 investigación a los menores participantes del programa será la Administración de Salud
15 Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), o su agencia sucesora. Lo antes dispuesto no
16 limitará la selección del programa adecuado para el menor participante.
17

Artículo 22.-Reglamentación.

18

Se ordena al Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia a crear un

19 reglamento conjunto para establecer el procedimiento para referir casos al Departamento de la
20 Familia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de esta Ley.
21

Se faculta al Departamento de Educación, a la Oficina para la Administración de

22 Tribunales, la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción, al Departamento de
23 Corrección y Rehabilitación, o a cualquier agencia, departamento, junta, oficina o

 1

42
1 instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, para que en virtud de la presente ley,
2 enmiende cualquier reglamento para cumplir con los propósitos de esta Ley.
3

Artículo 23. - Cláusula de Supremacía.

4

Ante cualquier inconsistencia entre la legislación o reglamentación vigente y las

5 disposiciones incluidas en esta Ley, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.
6

Artículo 24.- Cláusula de separabilidad.

7

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,

8 sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o
9 declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará,
10 perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará
11 limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
12 sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere
13 sido anulada declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia
14 de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición,
15 sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada
16 o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
17 afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o
18 circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de
19 esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación
20 de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique
21 o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare
22 inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa

 1

43
1 hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal
2 pueda hacer.
3

Artículo 25.-Vigencia

4 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.