Quienes suscribimos este documento nos sentimos orgullosos de trabajar en
la sanidad pública, de formar parte de la sanidad pública de Castilla y León,
desde la responsabilidad de dirigir numerosos servicios asistenciales, de
gestionar importantes recursos y de contribuir a organizar el día a día de la
sanidad de Castilla y León respondiendo a las demandas y las necesidades de
nuestros pacientes.
Como jefes de servicio y de unidades asistenciales de nuestros hospitales
queremos manifestar nuestra voluntad de
servicio público. La sanidad
pública de Castilla y León ha evolucionado y mejorado en la última década,
con nuevas prestaciones y nuevos servicios. También, como el conjunto de la
sociedad, la sanidad se ha visto afectada por la crisis
económica: las
medidas adoptadas han afectado más a los profesionales que a las
prestaciones del sistema sanitario, que se han mantenido o incrementado en
aspectos puntuales.
Esas políticas y el esfuerzo de los equipos que dirigimos, el esfuerzo global
de los profesionales, han permitido mantener importantes niveles de calidad
en el sistema público de salud de Castilla y León. Por ello no entendemos
algunas de las valoraciones sobre la sanidad que hemos escuchado
recientemente. No podemos compartir eslóganes que hemos escuchado en
las últimas semanas: el caos de la sanidad, el desmantelamiento de la
sanidad pública, la creciente privatización de la sanidad, o, como se ha
llegado a afirmar, el funcionamiento de la sanidad como un riesgo grave para
los pacientes; no responden a la realidad. El día a día de la sanidad es muy
distinto. Con problemas, con algunas insuficiencias, pero también con
muchas experiencias de éxito, con muy buenos resultados en muchos
aspectos. Y creemos que muchos de nuestros pacientes también aprecian
estas mejoras.
Reclamamos a los responsables políticos mayor realismo en sus
manifestaciones sobre la situación, que intenten separar la sanidad de los
debates partidistas, que promuevan, realmente, una mayor capacidad de
gobierno y de influencia en las decisiones sanitarias a favor de los
profesionales y que tengan en cuenta las preferencias de los pacientes. Pero
identificar y señalar nuestros problemas no puede ser justificación para una
descalificación global que termina desprestigiando nuestra sanidad. Las
luchas políticas no justifican denostar la sanidad; nosotros nos sentimos
concernidos y dolidos por esa descalificación. Muchos profesionales, y
creemos que también gran parte de los ciudadanos, aspiramos a que las
bases de la sanidad pública sean objeto de un pacto político que aporte

 racionalidad y alternativas realistas y no sea objeto de encendidos e
interesados debates partidistas.
Nuestros medios, los recursos de los que disponemos y gestionamos, son
equiparables a los de los hospitales de otras comunidades, con niveles de
excelencia en algunos casos y con situaciones mejorables en otros. Nada que
nos señale especialmente, con carácter general, en lo negativo. Al contrario,
en muchas especialidades y servicios nos sentimos orgullosos de los
resultados que tenemos. En términos de recursos, de cualificación, de
actividad o de resultados nuestra situación respecto a otras comunidades o a
otros países de nuestro entorno no justifica los términos catastrofistas y
negacionistas que hemos escuchado.
Percibimos señales de recuperación de algunas condiciones laborales,
anuncios de mayor estabilidad laboral, decisiones que inician la renovación
tecnológica de nuestros centros, de mejora de las infraestructuras. Creemos
que ese es el camino a seguir y lucharemos porque se continúe en esa
senda. Pelearemos por seguir mejorando, por seguir creciendo. Porque la
sanidad se defiende, pero desde el realismo y desde el trabajo diario, desde
el esfuerzo por tratar de ofrecer la mejor atención al ciudadano, pero no
desde una visión apocalíptica que en absoluto contribuye a mejorarla y que,
en ocasiones, la desprestigia, nos desprestigia a todos.