© © CUENTAS PARA MWW/º… %? u_nn3D % %? EN ' . NI GQUO lllenmarea PODEMOS % ¡… m___ _ == Índice UNOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA UN NUEVO PROYECTO DE PAÍS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 UNA ESTRATEGIA PARA PONER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO AL SERVICIO DEL VERDADERO PROGRESO SOCIAL. . . . . . . . . . . . 9 Un crecimiento inclusivo y moderno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Una política que impulse la transformación del crecimiento: verde y digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Un crecimiento morado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 El marco presupuestario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 15 MEDIDAS PRESUPUESTARIAS PARA CAMBIAR UN PAÍS. UN NUEVO PROYECTO PARA ESPAÑA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 UNOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA UN NUEVO PROYECTO DE PAÍS Como ya ocurrió en 2017, la incapacidad del Gobierno del Partido Popular para presentar a tiempo un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) está paralizando no solo el debate democrático sobre cuáles son las opciones de política económica que el país requiere, sino también la toma de decisiones que afectan directamente al bienestar de millones de ciudadanos y ciudadanas o que son necesarias para evitar la paralización de inversiones imprescindibles para la buena marcha de nuestra economía. No hay mejor ejemplo de la debilidad del Gobierno (de su falta de liderazgo e iniciativa y del agotamiento de su proyecto político) que las dos prórrogas consecutivas de los presupuestos que ha solicitado. Pero España no puede esperar más. Tenemos que salir de esta parálisis. Por eso, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha decidido tomar la iniciativa, impulsando el debate sobre cuáles son los elementos principales que deberían contemplar unos presupuestos pensados para que la «salida de la crisis» sea una realidad para todos y todas. Necesitamos un nuevo proyecto de futuro que mejore las condiciones económicas de la mayoría social, con empleos estables y justamente pagados, y que se comprometa a eliminar la precariedad crónica que caracteriza nuestro modelo de crecimiento. Es ineludible poner en marcha cuanto antes un nuevo modelo de país como alternativa al proyecto agotado del Partido Popular. Esta alternativa de país es posible. En el Congreso de los Diputados existe una mayoría parlamentaria que ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para consensuar propuestas alternativas a las del Gobierno. Este ha paralizado estas iniciativas con una utilización muy abusiva y poco democrática de su poder de veto y ha postergado sine die las iniciativas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios. A pesar de ello, con esta estrategia no va a poder detener el cambio. Y esta alternativa de país, además de posible, es urgente por dos motivos principales: para garantizar que el crecimiento económico se asienta sobre bases más sólidas y, lo más importante, para transformar el modo en que España crece, a fin de que la ciudadanía sea partícipe de los beneficios que se obtengan y de los retos que se deberán afrontar en el futuro. 4 En este sentido, destacamos cuatro desafíos a los que debe hacer frente esa «transformación del crecimiento» que propugnamos. El primero es contrarrestar los profundos costes sociales que han tenido lugar en la última década y combatir la precariedad. El segundo consiste en resolver los desequilibrios estructurales de nuestro patrón de crecimiento tradicional y en impulsar un proceso de modernización de la estructura productiva, la innovación y la adaptación a los retos de la digitalización. El tercero es afrontar con más decisión los retos del cambio climático y la transición energética. El cuarto y último, un objetivo transversal irrenunciable, es promover un nuevo modelo social y económico que elimine por fin las brechas de género. El crecimiento registrado por la economía española durante los últimos años se sostiene en elementos demasiado frágiles y dependientes de factores externos, que se conocen como «vientos de cola». La política expansiva del Banco Central Europeo (BCE) o la bajada de precios del petróleo —y no la devaluación salarial ni las políticas de austeridad— han sido los factores decisivos que explican el crecimiento de nuestra economía. A nosotros estos vientos de cola nos afectan más que a otros países de la eurozona, dado que somos una economía con un endeudamiento de hogares y empresas más elevado, con buena parte de las hipotecas referenciadas al euríbor y con una alta dependencia energética. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de España (BE) atribuyen a este tipo de factores dos tercios del crecimiento registrado por la economía española a partir de 2015. Otro viento de cola muy importante ha venido dado por la afluencia masiva de turistas que han evitado las regiones del norte de África que sufren conflictos bélicos. Este viento de cola también es frágil: las condiciones turísticas en otras regiones competidoras pueden cambiar en cualquier momento. Ahora que estos motores externos pierden fuerza, la incapacidad del Gobierno para ofrecer al país seguridad en el futuro y resolver la crisis territorial está añadiendo más incertidumbre. El FMI ha elevado recientemente las previsiones de crecimiento de la economía mundial para 2018, pero ha reducido la de España. La prórroga presupuestaria también contribuye a esta situación, entre otros factores, por la paralización de inversiones públicas. Estas se encuentran ya, de acuerdo con los últimos datos disponibles, en su nivel más bajo desde hace cincuenta años en términos del PIB (1,9%) y 30.000 millones de euros por de- 5 bajo del nivel que tenían antes de la crisis. Sin duda, la falta de un nuevo presupuesto va a provocar que no se inicien muchos proyectos de obra pública (en especial los proyectos de inversión regionalizada que deberían sustituir a los que han finalizado en 2017, muchos de ellos estratégicos para la vertebración del territorio). Es más, algunos podrían incluso paralizarse si sigue en vigor la limitación de gasto impuesta por el Gobierno a los distintos ministerios. Además, el Gobierno está aprovechando la prórroga para congelar el incremento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, y no ha renovado la posibilidad de que las corporaciones locales utilicen sus remanentes de tesorería para llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles, haciendo más duras aún las limitaciones que les impone una regla de gasto injusta y absurda. De hecho, los presupuestos prorrogados representaban ya un modelo de política económica agotado y no respondían a las necesidades reales de la mayoría de la población. La cifra del techo de gasto para 2018 aprobada el pasado mes de julio (62.000 millones inferior al techo de gasto que había en 2010, cuando empezaron las políticas de austeridad, e inferior incluso al de 2013, el peor año de la crisis) supone consolidar los recortes de los años anteriores e impide reforzar el crecimiento cuando los vientos de cola se debilitan y atender a los principales retos y debilidades de nuestra economía. Por eso, y como se concretará después, nuestra alternativa presupuestaria parte del rechazo al techo de gasto aprobado en julio y de seguir priorizando una rápida reducción del déficit público (del 3,1% al 2,2% del PIB) sobre el resto de objetivos. Los objetivos de «déficit excesivo» impuestos por Bruselas son contraproducentes e ineficientes desde el punto de vista macroeconómico, ya que han prolongado la recesión y han contribuido a incrementar las desigualdades. Además, una vez que dichos objetivos han sido alcanzados, una nueva reducción del déficit es innecesaria e incompatible con los objetivos de las políticas públicas que deberían centrar nuestro esfuerzo, como potenciar el empleo de calidad; eliminar la fractura social, territorial y de género; y transformar nuestro modelo de crecimiento acercándolo gradualmente hacia los estándares de nuestros socios europeos. El primer objetivo de nuestros presupuestos alternativos es reforzar el crecimiento que España necesita para reducir a un mayor ritmo su tasa de desempleo. Aunque esto no será su- 6 ficiente. Pese a que España ha registrado en los últimos años unas tasas de crecimiento del PIB elevadas, la mal llamada «recuperación» presenta perfiles muy preocupantes: el empleo que se crea es precario y con bajos salarios, las desigualdades se mantienen en niveles muy elevados y los sectores tractores del crecimiento son aquellos con una productividad más baja. Todo parece indicar que se está reproduciendo el viejo patrón de crecimiento, con problemas estructurales similares a los que ya vivimos en el pasado: »»El empleo que se crea es precario y de bajos salarios. Si hay un elemento que identifica bien los costes de la década perdida es el de la destrucción de empleo, y aún queda por recuperar casi la mitad de los 3,8 millones de empleos perdidos entre 2008 y 2013. Si no solo tenemos en cuenta el desempleo (17% de la población activa en 2017), sino también las personas desanimadas que abandonan el mercado de trabajo y aquellas que se encuentran subempleadas (trabajo a tiempo parcial no deseado), la tasa real de infrautilización del trabajo llega hasta el 28%. Y lo más preocupante es que la precariedad se ha convertido en la norma. En este sentido, no solo se mantiene una elevada temporalidad: la duración de los contratos se ha reducido (hay una mayor rotación) y se han generalizado nuevas formas de empleo atípico y en peores condiciones (tiempo parcial no deseado, contratos en prácticas y becas, falsos autónomos). Finalmente, donde sí han tenido éxito los impulsores de la reforma laboral es a la hora de promover un intenso proceso de devaluación salarial, que ha causado unas pérdidas de poder adquisitivo superiores al 10% entre 2008 y 2014, y que han alcanzado el 25% en los salarios más bajos. La situación económica actual no está corrigiendo estos retrocesos salariales. Los salarios siguen estancados a pesar del crecimiento. La recuperación del empleo perdido durante la recesión se está produciendo con unas condiciones laborales mucho peores, y se paga menos que antes de la crisis. »»Las desigualdades se mantienen en unos niveles muy elevados. La desigualdad en la distribución de la renta no es un fenómeno nuevo en la economía española, aunque la crisis agudizó esta dinámica de «crecimiento desigual». España es el país de la unión monetaria donde más ha aumentado la desigualdad en la última década. Esto se debe a diferentes razones: la fortísima destrucción de empleo, acentuada por la facilidad de despido de las personas con empleos temporales y por el abu- 7 so de este tipo de contratos; las políticas de austeridad, que —además de agudizar la destrucción de empleo— limitaron la capacidad redistributiva de nuestro débil Estado de bienestar, y la política de devaluación salarial que fue impulsada por las reformas laborales. Como consecuencia, la desigualdad de la renta ha aumentado en todas sus facetas: ha caído el peso de los salarios en la renta nacional, se ha incrementado la diferencia entre los salarios más bajos y más altos y ha aumentado la desigualdad en las rentas personales. Es más, el tipo de crecimiento económico y de creación de empleo que hay no reduce la desigualdad, sino que la cronifica. »»Los sectores tractores del crecimiento son aquellos cuya pro- ductividad es más baja. La retórica de las «reformas estructurales» aplicadas durante los años de crisis sostiene que estas han propiciado un cambio de modelo de crecimiento. Sin embargo, la aparente mejora de la productividad que se produjo entre 2008 y 2013 tuvo un carácter espurio: su origen estuvo en la fuerte destrucción de empleo que se experimentó en el sector de la construcción tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y también en el de las manufacturas. Desde 2014, una vez que el PIB volvió a crecer, la productividad ha vuelto a ralentizarse. El crecimiento económico de estos años no se caracterizó en absoluto por haberse desplazado hacia sectores más productivos. Es más, ha sucedido lo contrario: el peso de los sectores de productividad por encima de la media ha vuelto a disminuir, debido a que el crecimiento económico se ha concentrado en las ramas con menor productividad (comercio, transporte, hostelería y turismo). En los últimos cuatro años, el 82% del aumento de las horas trabajadas se ha concentrado en los sectores con una productividad inferior a la media. Solo una cuarta parte de los nuevos empleos requiere cualificaciones superiores y la mayoría, únicamente habilidades bajas o medias. La conclusión es clara. Por un lado, el crecimiento económico que está registrando España desde 2014 no está generando un «progreso social». No consigue mejorar de una forma sustancial la situación de la mayoría, y la elevada desigualdad se ha instalado como una «característica estructural» de nuestra sociedad. Por otro lado, estas políticas no han originado un nuevo modelo de crecimiento que permita resolver los desequilibrios estructurales que tradicionalmente afectan a la economía española. Finalmente, nos enfrentamos a nuevos retos, como la digitalización, el cambio climático o acabar con la brecha de género, que exigen un cambio fundamental de la política económica. 8 No podremos responder a estos desafíos siguiendo la misma estrategia que ha venido aplicando el Partido Popular. La solución consiste en impulsar un nuevo proyecto de país, cargado de futuro, que en el terreno económico promueva un nuevo modelo de crecimiento verdaderamente inclusivo que permita el progreso social. Al mismo tiempo, este debe ser verde, morado y con capacidad para poner los beneficios de la digitalización al servicio de la mayoría. Para ponerlo en marcha, es necesario aplicar medidas de distinta naturaleza, así como establecer unos presupuestos que presenten una orientación muy distinta a la política presupuestaria que ha desarrollado hasta el momento el Partido Popular, la misma que —si atendemos a la cifra del techo de gasto y el plan presupuestario— este partido impulsaría en 2018 si pudiera aprobar los PGE. A continuación, señalamos las principales características de esta estrategia alternativa y cómo se concretaría en un marco presupuestario alternativo. 9 UNA ESTRATEGIA PARA PONER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO AL SERVICIO DEL VERDADERO PROGRESO SOCIAL Un crecimiento inclusivo y moderno Tras una década perdida, la economía española volvió en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supuso quebrar el contrato social. Actualmente, tenemos una economía más desigual que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja de lado a una parte muy importante de la población. Cuanto más tardemos en solucionar la grave brecha social más difícil será cerrarla. Además, una economía con altas tasas de desigualdad difícilmente puede generar una dinámica de crecimiento sostenible, y esto supone un problema para el conjunto de la población por los bajos salarios, la precariedad y la inestabilidad que conlleva, y determina un mercado interno frágil y unos incentivos perniciosos al excesivo endeudamiento de los hogares. Una estrategia integral para reducir drásticamente las desigualdades y garantizar que los beneficios del crecimiento se reparten de forma más equitativa debe contemplar, en primer lugar, un nuevo marco de relaciones laborales más equilibrado entre los trabajadores y los empresarios y poner en pie una verdadera ofensiva contra el trabajo precario y contra la temporalidad injustificada, además de establecer un suelo a los bajos salarios (compromiso para subir escalonadamente el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.000 euros al mes en 2020) y acabar con la brecha salarial de género. En segundo lugar, se necesitan también políticas específicamente dirigidas a asegurar que todos los ciudadanos y las ciudadanas reciben unos ingresos suficientes, a fin de erradicar la pobreza y la exclusión social. De esta manera, se podría mejorar la poca capacidad que nuestro sistema de protección social tiene para reducir dicha pobreza, tal y como ha alertado recientemente la Comisión Europea. En este sentido, nuestros presupuestos alternativos incluyen la puesta en marcha de un verdadero Plan de Renta Garantizada para aquellos hogares que carecen de recursos suficientes. A este propósito se consagrarán en una primera fase 3.100 millones de euros. 10 Un programa de renta diferencial (complementaria a la de los ingresos existentes) para todos los hogares que tengan unos ingresos que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza permitiría darle forma real a una estrategia de «crecimiento inclusivo». Si además este programa contempla una retirada gradual (y no súbita) de las prestaciones a medida que se encuentre empleo y los hogares vayan aumentando los ingresos, la reducción de las desigualdades será compatible con la erradicación de posibles trampas de la pobreza. Los cálculos existentes en el diseño de esta medida, hechos a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), establecen un coste total de un 1%-1,5% del PIB. Teniendo en cuenta que España está a la cola de la UE en materia de fiscalidad verde, la simple equiparación de nuestros niveles de tributación ambiental con los de los países de menor tamaño —como Bulgaria, Grecia o Malta— serviría para financiar esta medida. Por tanto, es perfectamente viable. Construir un verdadero sistema de Renta Garantizada no es solo una cuestión de equidad y lucha contra las desigualdades. Además de fortalecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades, también favorecería el propio crecimiento económico, al reforzar la capacidad adquisitiva de aquellos hogares que tienen precisamente una mayor propensión marginal al consumo. Diversas encuestas (Banco de España, Observatorio del Trabajo Autónomo) ponen de manifiesto que la principal restricción de las empresas españolas a la hora de acometer nuevas inversiones es la falta de demanda. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral también revela que más del 90% de las empresas no crean más empleo porque no lo necesitan (debido a la falta de ventas). En tercer lugar, no se puede olvidar que los últimos presupuestos no han contribuido a revertir los recortes en el Estado de bienestar, sino que los han consolidado y han convertido en permanente un deterioro que se anunciaba como temporal y asociado a las dificultades coyunturales derivadas de la crisis. Hay que tener en cuenta, además, que ya antes de la crisis nuestro país sufría un infradesarrollo de dicho Estado de bienestar en comparación con la gran mayoría de países de nuestro entorno. Otra característica definitoria de nuestros presupuestos alternativos es que luchan por la reversión de los recortes, particularmente en las áreas de sanidad, educación, vivienda social y cultura y deporte, y buscan el avance de otras áreas que tienen 11 un gran impacto en términos de género, como la atención a la dependencia o los permisos por nacimiento o adopción. Estos presupuestos consagran casi 3.000 millones de euros adicionales a estas dos últimas medidas, todo un avance para garantizar la reducción de la brecha de género y la equiparación laboral entre mujeres y hombres. Por supuesto, en este capítulo incluimos un aumento del gasto en prestaciones de la Seguridad Social, para cubrir la actualización de las pensiones contributivas de acuerdo al IPC. España es el único país de la UE donde se ha producido esta desvinculación, y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado ya una proposición de ley para eliminar el Índice de revalorización y el factor de sostenibilidad introducidos en la reforma de 2013. No hacerlo supondría para los pensionistas que se hayan jubilado en 2017 una pérdida del valor real de sus pensiones cercana al 30% a lo largo de su vejez. Asimismo, contemplamos un aumento de las pensiones no contributivas. Por supuesto, revertir los recortes experimentados en educación, sanidad y protección social desde 2010, construir un auténtico sistema de Renta Garantizada y fortalecer la capacidad redistributiva de nuestro Estado de bienestar solo será posible si se aborda la siempre pospuesta reforma fiscal. Para ello, sería necesario poner en marcha una reforma fiscal progresiva y una lucha feroz contra el fraude fiscal, con el fin de elevar significativamente el porcentaje de ingresos sobre el PIB y acercarnos a la media europea (actualmente situada en 8-9 puntos del PIB). Además, el actual sistema fiscal permite que las personas con rentas elevadas no procedentes del trabajo por cuenta ajena paguen muy pocos impuestos. Ello se debe al tratamiento privilegiado de las rentas y ganancias de capital, así como a la existencia de regímenes especiales de estimación para las actividades económicas muy favorables. Se ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio al no prorrogarse para 2018. Nos parece muy relevante la eliminación de un impuesto que grava la riqueza, en uno de los países que tienen mayores índices de desigualdad de la zona euro. Además, y como consecuencia de las importantes deducciones que el sistema fiscal pone en su mano, las grandes empresas tributan únicamente el 5-6% de su resultado contable y, en el ejercicio fiscal de 2017, el impuesto de sociedades tan solo recaudó de las grandes empresas un tercio de lo previsto. Y no es aceptable que dejen de recaudarse miles de millones de euros cada año por no luchar eficaz- 12 mente contra el fraude fiscal. Si no se hace frente a todos esos retos tributarios, difícilmente podremos conseguir que nuestro sistema tributario sea similar al de los países de nuestro entorno. Y, en consecuencia, difícilmente podremos lograr que nuestro Estado de bienestar sea como el los países de la eurozona. Con las medidas que proponemos en estos presupuestos alternativos podrían darse ya pasos significativos para asegurar unos ingresos mayores con los que financiar las políticas públicas y mejorar la progresividad. Una política que impulse la transformación del crecimiento: verde y digital Uno de los principales desafíos de nuestra economía consiste en ser capaces de transformar nuestro modelo de crecimiento. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de una forma virtuosa. Lamentablemente, a lo que estamos asistiendo es a la recuperación del viejo modelo. A pesar de la retórica de las reformas, el Gobierno no ha aprovechado los favorables vientos de cola que han llegado desde el exterior estos años para resolver los problemas tradicionales de nuestra estructura productiva. La necesidad de este cambio de modelo productivo es, de hecho, un lugar común en cualquier programa de política económica, una manida declaración de principios que nunca llega a materializarse. Para pasar de las palabras a los hechos es necesario abandonar la idea de que las reformas estructurales orientadas al mercado, por sí solas, pueden impulsar ese cambio, y sustituirla por una política industrial, activa y focalizada, que potencie activamente algunos sectores estratégicos involucrando de forma colaborativa al sector público y al sector privado. Esto significa que se deben establecer prioridades, es decir, elegir algunos sectores que puedan actuar como catalizadores de la transformación del modelo productivo, y adoptar activamente medidas específicas para impulsarlos. Entre ellas, no cabe duda de que es imprescindible rescatar la inversión pública de los recortes que ha practicado el Partido Popular —una de las grandes víctimas de la gestión del Gobierno—, incluyendo la inversión en educación y en ciencia y tecnología. De hecho, el Gobierno prevé una caída del porcentaje del PIB dedicado a la educación para 2018 en el plan presupuestario que ha remitido a Bruselas. 13 En lo relativo a este proceso de selección, en nuestra propuesta se establecen dos grandes prioridades estratégicas: »»Un crecimiento verde. Esto significa que la acción contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad debe ser un elemento central en toda la estrategia de crecimiento de la economía española. Aunque este objetivo tiene un carácter transversal, los planes de transición energética son los que representan de forma más nítida esta dimensión. Para hacerlos realidad, es necesario llevar a cabo un programa de inversiones orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares por energía procedente de fuentes limpias y renovables. Estos planes generarían distintos tipos de beneficios, entre los que se encuentran una drástica reducción en la emisión de CO2; una disminución muy sustancial de las importaciones de energías fósiles, que reduciría la dependencia exterior de nuestra economía; una rebaja de los elevados costes energéticos de los hogares españoles (que disminuiría la pobreza energética) y del tejido empresarial, el cual es notablemente más elevado que en los países de nuestro entorno; y la creación de empleo relacionado con la construcción (rehabilitación de edificios, infraestructuras para las nuevas energías), con las industrias auxiliares y con un sector más cualificado relacionado con la ingeniería y la innovación, dando pasos hacia un cambio de modelo productivo. Estas inversiones deben diseñarse con una perspectiva a largo plazo. Pero podríamos empezar a dar ya los primeros pasos, y en nuestra propuesta de presupuestos alternativos se incluye un muy importante Plan Nacional de Eficiencia Energética, dotado con 1.300 millones de euros. Para financiar una estrategia inversora de este tipo es importante el aumento de la fiscalidad verde, que además contribuiría a desincentivar consumos medioambientalmente dañinos. La recaudación por este tipo de impuestos supone en España el 1,4% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 2,5%. Además, su reparto es ciertamente regresivo: el 50% de la recaudación proviene de los hogares (a través de la factura de la luz y de los impuestos sobre la gasolina), mientras que la aportación de la industria y las empresas energéticas no alcanza el 20%. 14 Por último, no habrá un crecimiento verde real si no se produce un cambio en el sector del transporte. Hoy ya es posible avanzar de forma rápida y decidida hacia la progresiva electrificación de los vehículos, tal y como contemplamos en esta alternativa presupuestaria, con un Plan de Movilidad Eléctrica cuyo fin es sustituir los vehículos de gasolina y diésel por vehículos eléctricos. Para que este proceso favorezca una estrategia de crecimiento más sostenible debe hacerse en combinación con la drástica reducción del peso de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles —es el caso de las centrales de ciclo combinado— y con una creciente colectivización del transporte, relacionadas con estrategias de desarrollo del transporte público. Esto reduciría el posible impacto ambiental, de deshechos materiales y residuos sólidos, asociado a la propia renovación del parque automovilístico. Impulsar los esquemas de coche compartido debería formar parte de la agenda de políticas públicas para los próximos años, así como la sustitución progresiva del transporte de mercancías por carretera por el transporte mediante ferrocarril. »»Gobernar la digitalización en favor de la mayoría. El proceso de digitalización va a ser de gran influencia en la evolución futura de la economía y la sociedad, y hablamos de «gobernar la digitalización» por dos motivos. En primer lugar, no hay que esperar que este desplazamiento desde las actividades más tradicionales hacia otras caracterizadas por un mayor contenido tecnológico —sin duda, una buena alternativa frente a seguir compitiendo con bajos costes salariales, como hacemos ahora— se produzca espontáneamente por el mercado sin una implicación efectiva del «Estado emprendedor». No obstante, es necesario «gobernar la digitalización» porque tampoco es seguro que este proceso sea socialmente neutro si no se adoptan las medidas necesarias. El proceso de digitalización de la economía puede conllevar numerosos beneficios para la sociedad; es un modo de incrementar la productividad y, por ende, el crecimiento a medio y largo plazo. Sin embargo, si no se regula de manera adecuada el reparto de dicho beneficio puede provocar una peor distribución de la renta (al beneficiarse solo una parte de la población), más desigualdad y peores condiciones de trabajo. Por su propia definición, las innovaciones tecnológicas producen, si no se asegura un aumento de la demanda agregada que garantice unos niveles de producción más altos, una reducción de la demanda de trabajo. En el caso de la digitali- 15 zación, además, esto tiene la complicación adicional de que seguramente afectará de forma especial a determinadas ocupaciones (y niveles de formación). Como muestra tenemos el ejemplo de la globalización —un proceso que ha sido gobernado fundamentalmente por el mercado—. Son necesarias políticas activas que aseguren la aparición de otros empleos en sectores diferentes (transición energética, cuidados personales) o que, alternativamente, impulsen el proceso histórico de reducción de jornada. En definitiva, es necesario aplicar medidas que eviten la aparición de grupos de excluidos laborales sin recursos («perdedores de la digitalización»). Por último, la forma que está adoptando el actual proceso de digitalización indica que también hay otros dos riesgos que evitar. El primero es que una parte importante de los trabajadores de la nueva «economía de plataformas» ha visto cómo se precarizaban enormemente sus condiciones de trabajo (viendo erosionados sus salarios o haciéndose pasar por acuerdos mercantiles entre empresas y autónomos lo que no son sino relaciones laborales en un entorno de nuevas posibilidades tecnológicas). El segundo es que, como consecuencia de lo anterior, las rentas salariales hacen más evidente su desconexión de los aumentos de productividad y no se benefician de dicha dinámica. En conclusión, la modernización y la adaptación de las relaciones laborales al mundo digital son necesarias para ajustar nuestro mercado de trabajo a las condiciones del siglo xxi, al tiempo que se garantizan y se recuperan los derechos laborales ahora erosionados. En nuestros presupuestos, contemplamos la implementación de un ambicioso impulso a la digitalización económica (1.240 millones de euros), centrado en el incremento de las inversiones en infraestructuras y redes de nuestro tejido productivo, así como en el desarrollo de procesos digitales avanzados en empresas y hogares. Un crecimiento morado Las mujeres, es decir, la mitad de la población, padecen una situación de desigualdad: menores salarios, largas jornadas de trabajo (dentro y fuera del hogar), vidas laborales discontinuas y un reparto inequitativo del trabajo doméstico. Hoy tenemos más tituladas que titulados en nuestras universidades y, a pesar de ello, nuestra sociedad y nuestro mercado laboral no facilitan la incorporación de este talento. 16 Acabar con esta situación, y garantizar la participación de las mujeres en la economía en plena igualdad —para elegir libremente su actividad y recibir por ella la misma remuneración que los hombres y con los mismos derechos—, debe ser una prioridad política. Por sí misma, y porque además tendrá implicaciones económicas muy favorables. Una estrategia de crecimiento morado tiene mucho que ver con un cambio sustancial de perspectiva en la forma en que se organiza en España el sistema de cuidados, soportado en gran medida por las mujeres. En primer lugar, los servicios públicos relacionados con los cuidados están escasamente dotados y han sufrido recortes importantes durante la crisis: España dedica a cuidados de larga duración el 0,6% del PIB, mientras que Holanda y Suecia alcanzan el 3,7%. Además, el grueso de las políticas públicas se dirige, en la práctica, a intentar que las mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar, facilitando que se retiren (total o parcialmente) del empleo durante los periodos en los que las familias experimentan necesidades de cuidados (infancia, enfermedad o vejez, por ejemplo). Por tanto, un cambio en la orientación de estas políticas y un mayor desarrollo de estos servicios será beneficioso para las mujeres: no porque vayan a ser quienes necesariamente ocupen estos empleos ligados al sector de cuidados, sino porque las liberará de estos condicionantes y les permitirá elegir libremente en qué quieren trabajar. La organización del trabajo también refuerza esta tendencia, y generaliza la dualidad laboral: por un lado, tenemos jornadas interminables en el puesto de trabajo principal para algunas personas (hombres, sobre todo), incompatibles con una adecuada planificación de los cuidados. Por otro, se consolidan el empleo precario a tiempo parcial y las interrupciones que impiden consolidar una trayectoria laboral estable (particularmente para las mujeres). Un 70% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20% de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado a la necesidad de atender al cuidado de familiares y otras tareas relacionadas con el hogar (en los varones estos casos no llegan al 5%). Como consecuencia de todo ello, las mujeres ganan un 23,5% menos que los hombres. Esta estructura sociolaboral penaliza la fecundidad y se traduce en una baja tasa de natalidad. Ponemos a las mujeres —pero no a los hombres— entre la espada y la pared, y las obliga- 17 mos a que escojan entre su carrera profesional o su familia. Las políticas «natalistas», consistentes en ofrecer incentivos a las mujeres para permanecer en el hogar, han tenido efectos contrarios a los que pretendían: Alemania o España, países que las aplican, presentan las tasas de fecundidad más bajas de toda Europa. Por el contrario, allí donde se aplican las políticas que evitan que las mujeres tengan que elegir entre un empleo de calidad y la maternidad —los países nórdicos, por ejemplo— se ha conseguido revertir la caída en las tasas de fecundidad. Estas desigualdades en el mercado laboral tienen, además, una repercusión directa en el sistema de pensiones: las bajas tasas de participación de las mujeres y sus menores salarios disminuyen los ingresos por cotizaciones, y el círculo de la discriminación se cierra después con menores pensiones para ellas. Avanzar hacia un modelo de «crecimiento morado» requiere un sistema de cuidados basado en los principios de corresponsabilidad y universalidad que asegure que todas las necesidades estén atendidas y, a la vez, que todas las personas conserven la independencia económica durante toda su vida, con igualdad real de oportunidades. Esto exige la universalización de los servicios públicos, jornadas laborales a tiempo completo más cortas y un reparto más igualitario de los cuidados entre hombres y mujeres. Hay medidas concretas que pueden favorecer este cambio de modelo, y algunas de ellas ocupan un lugar destacado en nuestra propuesta de presupuestos alternativos. Destacan las que desarrollamos a continuación: Para empezar, la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, con un aumento en el actual permiso de paternidad, hasta igualarlo al de maternidad. Para garantizar la paridad efectiva de derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible (como todos los demás derechos laborales y sociales), con una remuneración equivalente al 100% del salario y con protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad. Esta reforma del sistema de permisos de nacimiento no solo fomentaría la corresponsabilidad de cuidados en el hogar, sino que favorecería decisivamente los derechos laborales de las mujeres, al equipararse las condiciones (reales) de acceso a los permisos para hombres y mujeres. 18 Este nuevo sistema de permisos por nacimiento o adopción ayudaría también a cerrar significativamente la brecha salarial, siempre y cuando se garantice la intransferibilidad de los permisos, que es el verdadero caballo de batalla. Las medidas de transparencia (auditorías salariales en las empresas, por ejemplo) son necesarias, pero la brecha salarial no se explica tanto por la diferencia de remuneración en los mismos puestos, sino por la fuerte segregación de las mujeres en el mercado de trabajo (ellas trabajan en sectores peor remunerados, y evolucionan a un ritmo menor que ellos hacia categorías laborales mejor remuneradas); asimismo, las mujeres tienen vidas laborales más discontinuas, con más periodos de bajas. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener la etiqueta de «menos disponibles para el empleo». Por otra parte, es necesario ampliar y desarrollar también el catálogo de los nuevos derechos que deben conformar el Estado de bienestar del siglo xxi. Algunos existen ya sobre el papel, como la educación infantil pública y gratuita en el periodo de los 0 a los 3 años, pero están escasamente reconocidos y muy infradotados. Y es imprescindible la universalización del derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, lo que equipararía las condiciones laborales de quienes lo aseguran a las del resto de personas trabajadoras. El desarrollo de ambos sectores —la educación infantil y la atención temprana a la infancia y la dependencia— liberaría a millones de mujeres de la doble mochila laboral que en este momento asumen, y ello reforzaría su disponibilidad para el empleo en aquellos sectores que quieran elegir. Además, son sectores económicos intensivos en empleo con un consumo de materiales y energía relativamente bajo, lo que ayudaría a ir desplazando progresivamente la producción hacia otros sectores más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. En tercer lugar (aunque lo siguiente no esté reflejado en las cifras presupuestarias que presentamos), debe mencionarse también la importancia de eliminar los incentivos al empleo a tiempo parcial y de avanzar hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal, ya que ayudaría a racionalizar horarios y fomentaría la conciliación laboral y la reorganización del sistema de cuidados. Por supuesto, esta propuesta contribuiría también a un mayor reparto del empleo. La tendencia a la reducción de la jornada laboral, relativamente constante durante 19 todo el siglo xx, se detuvo en las últimas décadas de ese siglo en prácticamente todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también en el nuestro. Por último, la desigualdad de género y la brecha salarial deben situarse en el centro de la negociación colectiva en las empresas, con el fin de mejorar los protocolos antiacoso y los planes de igualdad, las medidas de conciliación y la visibilización de las brechas salariales existentes entre mujeres y hombres. El marco presupuestario El marco presupuestario que proponemos se fundamenta en dos principios que la diferencian de la orientación de la política presupuestaria que viene aplicando el Partido Popular. En primer lugar, en vez de subordinar las decisiones de política económica a la reducción del déficit público, nuestra propuesta parte de la delimitación de las necesidades sociales y económicas que deben ser cubiertas y que priorizamos frente a la reducción del déficit. En segundo lugar, en vez de apostar por consolidar los recortes en el gasto realizados desde el año 2010 —como hace el Gobierno—, nuestra propuesta parte del diagnóstico de que el verdadero problema fiscal que afrontamos es la insuficiencia de los ingresos públicos, que se encuentran en un nivel sustancialmente inferior al de la media europea. Frente a este problema, proponemos un conjunto de medidas que permitan cerrar progresivamente esa brecha de ingresos, financiando con esto la mejora y la expansión de los servicios públicos de calidad. El cuadro 1 recoge los cambios que se producirían en relación con las cifras del plan presupuestario mandado por el Gobierno a Bruselas en octubre de 2017 en esas tres magnitudes (ingresos, gastos y déficit) para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2018. Cuadro 1: Modificación de las principales cifras fiscales del conjunto de las Administraciones Públicas respecto a los presupuestos del Partido Popular (% del PIB) Escenario Partido Popular Plan Presupuestario 2018 Escenario UP-ECP-EM Alternativa presupuestaria 2018 Ingresos públicos 38,4% 39,3% Gasto público 40,6% 42,3% Déficit público -2,2% -3,0% 20 Los ingresos alcanzarían el 39,3% del PIB mediante diferentes medidas que se detallan después y que harían posible incrementar la recaudación en casi 11.500 millones de euros de manera directa, así como en unos 3.300 millones de euros indirectamente, gracias al efecto expansivo derivado del aumento del gasto público que proponemos. Este aumento del gasto alcanzaría la cifra de 24.500 millones de euros, repartidos entre las diferentes políticas planteadas, lo cual permitiría que, en vez de reducirse, el peso del gasto público sobre el PIB alcanzase el 42,3%. Las previsiones de déficit para 2017 lo sitúan en torno al 3%. Una vez alcanzada esta cifra, no se justifica el objetivo de seguir reduciéndolo (hasta el 2,2% en 2018) tras los fuertes recortes registrados por los servicios públicos en España y con la inversión pública en su nivel más bajo en cincuenta años. Por tanto, proponemos que se mantenga en 2018 en la misma cifra del 3% del PIB. Esta variación de ingresos, gastos y déficit en comparación con el Plan Presupuestario del Gobierno para 2018 se repartiría entre los diferentes niveles de la Administración Pública del modo que se detalla en el cuadro 2. Cuadro 2: Variaciones de los gastos, ingresos y déficit público de las distintas Administraciones Públicas respecto a las propuestas del Partido Popular (en millones de euros) Administración Ingresos (1) Gastos (2) Déficit Estado +5.995 +13.850 +7.855 Seguridad Social +8.145 +5.700 -2.445 Comunidades autónomas +400 +4.050 +3.650 Corporaciones locales +265 +955 +690 +14.805 +24.555 +9.750 Total Administraciones Públicas 1. Este incremento de ingresos se deriva tanto de las medidas adoptadas por las autoridades para mejorar la recaudación como del mayor crecimiento económico. 2. El incremento bruto de gasto sería aproximadamente 450 millones de euros mayor, aunque —como consecuencia de la actuación de los estabilizadores automáticos al registrarse un mayor nivel de actividad económica— algunos gastos se reducirían en una cantidad similar, lo cual se refleja ya en la cifra recogida en este cuadro. 21 En el caso del déficit público, esto implicaría una variación respecto a los objetivos que están establecidos actualmente para cada una de las Administraciones (véase el cuadro 3). En concreto, mientras la Administración central podría incrementar el suyo en 0,65 puntos porcentuales, las comunidades autónomas lo harían en 0,3 puntos, y las corporaciones locales en 0,05. Este último incremento sería posible gracias a una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, entre otras cuestiones, modificase los criterios de aplicación de la regla de gasto y generalizase la posibilidad de reinvertir los remanentes de tesorería en inversiones financieramente sostenibles. Por otro lado, gracias a las medidas de ingresos que planteamos a continuación, la Seguridad Social podría reducir su déficit en dos décimas. Cuadro 3: Variaciones de los objetivos de déficit público de las distintas Administraciones Públicas respecto a las propuestas del Partido Popular (% del PIB) Administración Estado Escenario Partido Popular Escenario UP-ECP-EM Alternativa Diferencia presupuestaria (puntos de déficit) -0,7% -1,35% +0,65 -1,1% -0,90% -0,20 Comunidades autónomas -0,4% -0,70% +0,30 Corporaciones locales 0,0% -0,05% +0,05 Total Administraciones Públicas -2,2% -3,0% +0,80 Seguridad Social En el caso de los ingresos públicos, su incremento provendría de dos fuentes principales, tal y como se ha mencionado anteriormente: la puesta en marcha de medidas discrecionales y su aumento indirecto, derivado de la mayor actividad económica. Las primeras se concretan en el cuadro 4. Estas medidas constituirían el primer paso de una reforma tributaria de mayor calado, y afectarían igualmente a la caja de la Seguridad Social (véase el cuadro 5). 22 Cuadro 4: Variaciones de los ingresos del Estado en relación con las propuestas del Partido Popular (en euros) Fiscalidad verde 1.650.000.000 Impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas 1.000.000.000 Recargo de solidaridad sobre los beneficios de la banca 1.000.000.000 Impuesto de sociedades: eliminación de desgravaciones de los grandes grupos 700.000.000 IRPF: incremento en la tributación de los rendimientos del capital mobiliario 600.000.000 Impuesto de transacciones financieras 550.000.000 Eliminación de las sicav 350.000.000 IRPF: eliminación de las deducciones de planes de pensiones privados 170.000.000 Reducción fraude fiscal: aumento sobre la propuesta del Gobierno 350.000.000 IVA: reducción suministros a tipo 10% IVA: reducción cultura y productos de primera necesidad a tipo 4% TOTAL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DEL ESTADO: -1.000.000.000 -625.000.000 4.745.000.000 Cuadro 5: Variaciones de los ingresos de la Seguridad Social en relación con las propuestas del Partido Popular (en euros) Destope de las cotizaciones Régimen General de la Seguridad Social 7.250.000.000 Eliminación de las bonificaciones 1.700.000.000 Cuota progresiva autónomos -2.220.000.000 TOTAL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 6.7300.000.000 La urgencia de la puesta en marcha de estas medidas se justifica, en primer lugar, por la diferencia estructural que sufre nuestro país en lo relativo a su capacidad recaudatoria en comparación con la media europea (más de 8 puntos porcentuales); y, en segundo lugar, por la propia evolución reciente de los ingresos públicos, que, debido a las regresivas reformas aprobadas por el Partido Popular en 2015, han supuesto una pérdida sustancial de recursos para las arcas públicas, algo que es especialmente llamativo en el caso de la recaudación del impuesto de sociedades (sustancialmente más baja que antes de la crisis). 23 En consecuencia, España necesita una política tributaria que permita asegurar unos ingresos suficientes para financiar los servicios públicos fundamentales e incrementar el potencial redistributivo de las transferencias sociales, cuya capacidad para reducir la desigualdad y la pobreza se encuentra muy limitada, como ha advertido recientemente la Comisión Europea. Por ello, las medidas que se pongan en marcha para aumentar los ingresos deben asegurar una creciente progresividad en su recaudación. En efecto, el incremento de los ingresos públicos debe realizarse mediante un reparto justo de las cargas para los distintos grupos de contribuyentes. Actualmente, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se ha convertido en un impuesto que grava principalmente el trabajo asalariado y autónomo, mientras las rentas del capital se benefician de un tipo impositivo comparativamente muy bajo. Igualmente, el tipo efectivo del impuesto de sociedades para las grandes empresas es mucho menor que el que soportan las pymes. Mientras tanto, los impuestos al patrimonio y las grandes fortunas han ido desapareciendo. Pero no es solo eso. El fraude fiscal, del que se aprovechan sobre todo las grandes rentas, está privando al Estado de un importante volumen de ingresos. Por todo ello, la mejora de los ingresos públicos que proponemos se llevaría a cabo a través de las siguientes vías: »»En primer lugar, introducimos una serie de medidas de fisca- lidad verde con el objetivo de acercarnos paulatinamente a la recaudación que por este concepto se logra en los países de nuestro entorno. Además, esta fiscalidad estaría pensada para corregir el reparto de la carga de estos impuestos entre familias y empresas, que en la actualidad se encuentra completamente desequilibrada sobre las primeras. »»Por otro lado, el objetivo de nuestra propuesta en materia de patrimonio es recuperar una tributación de la riqueza que se ha ido perdiendo desde hace unos años. En particular, se aplica un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Adicionalmente, se elimina el régimen actual de las sicav. »»Además, se crea un recargo de solidaridad sobre los bene- ficios de la banca, que se concretaría en un incremento de 10 puntos porcentuales del tipo impositivo pagado por los bancos en el impuesto de sociedades. De manera complementaria, se impulsa la aplicación inmediata a nivel nacional del impuesto sobre transacciones financieras. 24 »»Por otra parte, se aumenta el gravamen sobre las rentas del capital en el IRPF. Estas rentas mantienen un gravamen inferior a las rentas del trabajo, que resulta doblemente regresivo, dado que los ingresos del ahorro suponen un porcentaje mayor de la renta familiar conforme esta es más elevada. »»También se eliminan los beneficios fiscales de carácter más regresivo, como por ejemplo las desgravaciones de los grandes grupos empresariales en el impuesto de sociedades, o la que sirve en el IRPF para incentivar los planes de pensiones privados. »»Y buscamos más progresividad en el impuesto sobre el valor añadido (IVA): bajaremos al 4% los bienes culturales y los de primera necesidad, y al 10% los suministros básicos. Compensaremos su efecto sobre la recaudación con el resto de medidas. Por último, la reducción más lenta del déficit y el aumento de los ingresos permitiría incrementar el gasto público en 24.500 millones de euros: 13.850 el del Estado, 5.700 el de la Seguridad Social y más de 5.000 el de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, tomadas conjuntamente. En el siguiente apartado detallamos las principales medidas de gasto del Estado y de la Seguridad Social en las que se concretarían esos incrementos. No obstante, a modo de síntesis, las principales modificaciones de las partidas de gasto del Estado se pueden agrupar en tres bloques, que se corresponden con la manera en que se atienden las prioridades políticas que hemos identificado (véase el cuadro 6): Cuadro 6: Variaciones del gasto público en la alternativa presupuestaria respecto a las propuestas del Partido Popular (en millones de euros) Tipo de políticas Incremento de gasto Modernización económica y cambio productivo +7.050 Igualdad de género y cierre de la brecha salarial +6.950 Políticas sociales +6.000 Total 20.000 En conjunto, el efecto expansivo sobre la actividad económica generado por el aumento del gasto público permitiría garantizar una tasa de crecimiento del PIB del 3,5% frente al 2,3% previsto por el Gobierno. Esto, a su vez, haría posible un incremento del empleo del 3,2%, con una mejora en la productividad de alrededor de tres décimas, sustancialmente mayor que el incremento del empleo del 2,4%, con estancamiento de la productividad, que prevé el Gobierno en el plan presupuestario. 25 15 MEDIDAS PRESUPUESTARIAS PARA CAMBIAR UN PAÍS. UN NUEVO PROYECTO PARA ESPAÑA A continuación resumimos las 15 propuestas, tanto relativas al Estado como a la Seguridad Social, que supondrían un mayor aumento de gasto, y en las que se concretaría nuestra estrategia para poner el crecimiento al servicio del verdadero progreso social. Estas medidas asegurarían avanzar en el crecimiento inclusivo, moderno, verde, digital y morado que necesita nuestro país. Plan de Renta Garantizada (3.100 millones de euros): puesta en marcha de la primera fase de nuestro Plan de Renta Garantizada para aquellas personas que se encuentren en un nivel de renta inferior al umbral de la pobreza. El plan se implementará progresivamente, por lo que el primer año cubriría a las personas y familias en situación de mayor necesidad, particularmente a aquellas con hijos y dependientes a su cargo. Escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas (3.000 millones de euros): esta medida permitiría, en el curso de dos años, garantizar el acceso gratuito a la educación infantil desde los 0 a los 3 años para todos los niños y las niñas de nuestro país. Este acceso universal se garantizaría mediante subvenciones a las familias que ya llevan a sus pequeños a centros educativos, y mediante el desarrollo de una amplia red de escuelas públicas infantiles. Se desarrollarían las pertinentes transferencias finalistas a las Administraciones autonómicas y locales correspondientes. Financiación de la ley de dependencia, para garantizar un nivel de protección mínimo que ponga fin al «limbo de la dependencia» (2.500 millones de euros): se debe asegurar el nivel mínimo de protección establecido en la ley a través de un fondo estatal que será transferido a las comunidades autónomas. Esta financiación debe poner fin al llamado «limbo de la dependencia»: 320.000 personas tienen ayudas reconocidas por las Administraciones que, sin embargo, no reciben. También se cubriría la recuperación de las cotizaciones de cuidadoras y cuidadores familiares no profesionales. 26 Revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, para que no se pierda capacidad adquisitiva (2.200 millones de euros): eliminación del actual índice de revalorización de las pensiones, que está suponiendo una progresiva pérdida de capacidad adquisitiva a los pensionistas. La revalorización de las pensiones contributivas volverá a fijarse de acuerdo con el IPC. Esto se acompañará, además, de un incremento progresivo de las pensiones no contributivas. Implementación de un Plan Nacional de Eficiencia Energética (1.300 millones de euros): plan de ayudas a la rehabilitación de viviendas, con especial énfasis en la rehabilitación energética, similar al Plan MAD-RE del Ayuntamiento de Madrid. Las ayudas se destinarán de forma prioritaria a las zonas de los municipios y al sector de la ciudadanía más vulnerables. Impulso (y democratización) de la digitalización de la economía (1.240 millones de euros): incremento de las inversiones en infraestructuras y redes para favorecer la digitalización de nuestro tejido productivo, así como la implantación de procesos digitales avanzados en las empresas, las Administraciones y los hogares de nuestro país. Este desarrollo vendrá acompañado de una propuesta de «Gobierno de la digitalización», que estudiará, legislará y erradicará las nuevas formas de «precariedad digital» que han resultado favorecidas por la «economía de plataformas», al tiempo que se impulsará la democratización del acceso a redes e infraestructuras. Plan de Empleo para la Juventud (1.100 millones de euros): el objetivo de este plan es transformar la garantía juvenil en un verdadero plan de empleo que facilite la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo e impulse el retorno de los jóvenes emigrados a otros países. 27 Plan de Rescate de la Ciencia y de la I+D+i (1.100 millones de euros): vinculado a las distintas medidas de incremento de la inversión en ciencia e I+D+i, así como al estímulo del retorno del talento científico emigrado. Plan de Erradicación de las Violencias Machistas (1.050 millones de euros): inmediata puesta en marcha de las medidas aprobadas en el Dictamen del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, con especial atención al ámbito competencial autonómico y local, para lo que se desarrollarán las pertinentes transferencias. Gratuidad del material escolar (950 millones de euros): gratuidad del material escolar para todas las familias españolas, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades escolares a todas las niñas y los niños de nuestro país en los tramos de la educación primaria y la secundaria obligatorias. Esta medida se implementaría a través de una financiación finalista a las comunidades autónomas para esta materia. Plan de choque para acabar con el empleo precario en las Administraciones Públicas, y oferta de empleo público extraordinaria con 20.000 nuevas plazas (800 millones de euros): eliminación del límite de la tasa de reposición para todos los ámbitos de la Administración, permitiendo que sean las propias Administraciones las que decidan el ámbito en el que gastan sus recursos. Las Administraciones Públicas podrán disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal, que incluirá hasta el 90% de las plazas de sus servicios que hayan estado dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante los tres años anteriores. Se habilitará, además, una oferta de empleo público extraordinaria para la Administración General del Estado con 20.000 nuevos puestos de trabajo, que servirá para cubrir el déficit de personal generado por los recortes de plantilla debidos a la tasa de reposición de los últimos años. 28 Plan de Alquiler de Viviendas a Precios Sociales (700 millones de euros): desarrollo de una ley de vivienda similar a la que en este momento se tramita en el Parlamento de las Islas Baleares, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible o alquiler social. Se pondrán a disposición del alquiler social hasta 120.000 viviendas de grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas) que lleven al menos dos años cerradas, mediante una cesión del uso de la vivienda desocupada a cambio de un precio de compensación a los propietarios. Igualación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad (400 millones de euros): reforma de los permisos por nacimiento o adopción para avanzar hacia la igualación de los permisos de paternidad y maternidad, garantizando el 100% del salario para ambos progenitores y la intransferibilidad del permiso. Plan Nacional de Movilidad Eléctrica y Transporte Público (310 millones de euros): implementación de un programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, acompañado de una futura ley de financiación del transporte público (particularmente orientada al ámbito municipal). En él se incorporarán, para determinar la cuantía de la ayuda, criterios como la renta del comprador o, en su caso, la antigüedad y las emisiones del vehículo diésel o gasolina que se sustituya. Apoyo al desarrollo rural y al modelo de agricultura, ganadería y pesca social y sostenible (250 millones de euros): puesta en marcha de programas de Apoyo al Desarrollo Rural; de Apoyo al Sector Agrario Social, Sostenible y Familiar por la Soberanía Alimentaria; de Apoyo y Fomento de la Ganadería Extensiva; y de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Bajo Impacto. Asimismo, reorientación de la Política Agrícola Común (PAC) hacia los objetivos de nuestros programa económico.