TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION 5

Pieza de Medidas Cautelares no: 5 /00018,5/2017-

AD"IIIsTRACIOI
DE JUSTICIA

N.I.G: 46250-33-3-2017-0000997
Demandante/Recurrente: RIBERA SALUD II, UNION TEMPORAL DE EMRPESAS LEY 18/82 "RIBERA
.
SALUD II, UTE" ·
Procurador!Letrado: IGNACIO MONTES REIG I
Demandado/Recurrido: CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA
Procurador!Letrado: /ABOGADO GENERALITAT VALENCIA
·.
.
Codemandado:
~ GEN Ef( Al ! TAT V'1.1 i "i r1'\ \ :.,
Procurador!Letrado: I
ADV OCAC !i\ GE NE R/; L

2 8 ABft 2017
,,. .
·~··· '

A · U T 0 NUM. 172-17
llustrlsimos Senores
Presidente
Don FERNANDO NIETO MARTIN
Magistrados
Don JOSE BELLMONT MORA
Dona ROSARIO VIDAL MAS
Don EDILBERTO NARBON LAINEZ .
Dona BEGONA GARCIA MELENDEZ
En Ia ciudad de Valencia, a veinti
D~da

cuenta y a Ia vista de los siguiente

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- RIBERA SALUD II, UNION· TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82
"RIBERA SALUD II, UTE", interpuso recurso contencioso-administrativo contra las
Normas de 27 de marzo de 2017, del Director Gene~al de Recursos Humanos y
Econ6micos de Ia Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica, encaminadas a
·~

~

~

GENERALITAT
VALENCIANA

Ia reversion del Servicio Publico de Asistencia Sanitaria Integral en el Departamento
·de Salud de Ia Ribera, as I como del personal e instalaciones, equipamientos,
inversiones y demas elementos vinculados con dicho servicio publico.

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 · SEGUNDO.-

AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

En el escrito de interposicion, mediante otrosf, solicito Ia medida

cautelarisima de suspension del acto administrative recurrido, que fue denegada por
Auto de fecha 11-4-17 y acord~da Ia tramitacion de Ia medida por el procedimiento
ordinaria, por lo que se formo Ia oportuna pieza separada, ·ordenando el traslado a Ia
parte demandada a fin de que manifestara lo que tuviera por conveniente,
oponi€mdose a Ia adopC:ion de dicha medida cautelar.

FUNDAMENTACION JURIDICA
La presente solicitud ~e medidas cauteiares (suspension del acto
impugnado) se formula respecto a las Normas encaminadas a Ia Reversion del
Servicio Publico de Asistencia Sanitari? Integral del Departamento de Salud de Ia
Ribera, asf como del Personal e lnstalaciones, Equipamientos, lnversiones y demas
elementos vinculados con dicho Servici
-das por el Director General de
· Recursos Huma.nos y Economicos de I
e Sanidad, de .27 de marzo de
2017.
PRIMERO.-

;,..

· Con caracter no exhaustive y .a los
de los abundantes motives de impugn
dictan al amparo de Ia clausula 23 del
"Finalizado el plazo de Ia concesi6n,

de alcanzar mayor comprension
mismas, debemos seiialar que se
blece que:
ertira a Ia Administraci6n, asf
y todo su equipamiento. El

como Ia propiedad fibre . de cargas

quipamientos a que este contrato

adjudicatario entregara el edificio, inst
le obliga, en el estado de consetVac
··lgualmente revertiran en las mis

centros de

equipamientos gestionados por el conces1
, asf como todas /as inversiones ·
realizadas por el mismo, ·de acuerdo con los programas aprobados porIa Conselleria
de sanidad ...
Respecto de Ia gesti6n del servicio publico, ·debera producirse Ia reversion en
condiciones normale$ de pres.taci6n, es decir con el nivel de ca/idad en Ia prestaci6n
'

.

y con las demoras maximas establecidas para el sistema sanitario publico .. ."
Fundamentalmente, del parrafo tercero que establece:
"Un ano antes de Ia finalizaci6n .del contrato Ia administraci6n dispondra las
iiormas encaminadas a Ia recepci6n del hospital, centros y equipamiento sanitaria y
del personal que corresponda, asf verificar a/ estado de cada una de las
'

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.GENERALITAT
VALENCIANA

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.

instalaciones, edificios y equipamiento, para exigir su reparaci6n o reposici6h en su
caso."

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Se ampara igualmente en Ia clausula quinta del contrato que establece que,
cumplido el p'lazo, el contrato quedara extinguido, con los efectos del art. 11 de Ia

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.

 ley, operandose Ia reversion de los bienes y derechos afectos a Ia concesion,
adquiriendo Ia Administracion concedente Ia plena propiedad de los mismos, .libres
de cargas y gravamenes y en adecuado estado de conservacion y funcionamiento.
El contrato se suscribio el 31 ·de marzo de 2003, por un periodo de quince anos,

AD"IIISTRACIOI
DE. JUSTICIA

prorrogable por cinco anos mas, por acuerdo entre las partes. En consecuencia, a
falta del mismo, el 31 de marzo de 2018 concluye el contrato.
Tanto Ia ley como .el pliego de clausulas administrativas confieren al organo de
contratacion Ia facultad de dictar las disposicione~ necesarias para asegurar Ia
continuidad del servicio, a cuyo efecto es fundamental conocer previamente y con
detalle Ia organizacion y funcionamiento de losservicios.
Las tareas que se han establecido a dicho fin son fundamentalmente: solicitudes
de informacion, verificgcion y comprobacionde Ia infor,macioh facilitada, creacion de
posibles grupos de trabajo bila~erales, reforzar Ia unidad el comisionado, intervenir
en Ia toma de decisiones a lo largo del ano hasta la terminacion del contrato, que
puedan modificar Ia situacion que se des
nde de Ia informacion facilitada.
Se establecen dos fases, una
categorizada por areas de intervenci ,
que debera facilitarse antes del dfa 1
julio, en Ia que se podran solicitar acl

querimiento de informacion
n el anexo I de las normas y
segunda fase a partir del 15 de
bre Ia informacion facilitada en Ia

primera fase.
. La· concesionaria .designara un resp ·

a una de las areas senaladas

en el anexo I, que sirva de interlocut
sobre Ia ·informacion facilitada y Ia .A

r las du'das que se planteen

bilaterales para aclarar cuestiones

puede crear grupos de trabajo
na vez se tenga Ia informacion ·

requerida, Ia .Administracion valorar

ia de desplazar al departamento

de Ia · Ribera los tecnicos que se

necesarios para realizar las

verificaciones y comprobaciories oportunas.
Para refor~ar Ia unidad del Comisionado, Ia entidad concesionaria debera prever
Ia habilitacion del espacio ffsico y meclios materiales necesarios para un mfnimo de
tres funcionarios adicionales a los que actualmente conforman dicha unidad.
A partir del 1 de abril de 2017 todos los cambios que se produzcan tanto en
materia de personal como del patrimonio, suministros y servicios que vayan a tener
una incidencia mas alia del 31 de marzo de 2018, asf como cualquier otra de
caracter esencial , deberan contar con el informe favorable de Ia Conselleria asi
como cualquier otra que pudiera modificar Ia informacion facilitada.
~
i.Lt~

Cuando respecto a lo dispuesto .las normas en cuarta, quinta y septima

~

hubiera impedimeritos de confidencialidad, que no· permitan Ia comunicacion de Ia

~

informacion .solicitada, debera comunicarlo asf, · al objeto de suscribir entre am bas

~

GENERALITAT
· VALENCIANA

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partes el correspondiente acuerdo de acceso, cesion y confidencialidad de datos, en .

Cl

el que se concretara Ia forma de acceso y tratamiento de .los datos requeridos asf

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como las medidas de seguridad correspondientes.

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 AD"IIIISTRACIOII
DE JUSTI~IA

. Para garantizar Ia disponibilidad de los recursos necesarios y sio menoscabo de
Ia valoracion que deba hacerse en Ia liquidaciori, Ia · entidad concesionaria debe
proveer un stock mfnimo de productos sanitarios no sanitarios y de medicamentos
deal menos 30 dfas a partir del1 de abril de 2018.
De conformidad con Ia clausula 17 del pliego, el concesionario . adoptara
progresiv9mente los sistemas de informacion sanitaria desarrollados por Ia
Conselleria de sanidad, asumiendo el gasto proporcional de dichas inversiones, lo
que implica que a fecha 31 de marzo de 2018 Ia concesionaria debe haber adaptado
todos sus sistemas informaticos a los aplicativos corporativos de Ia Conselleria de
sanidad, estableciendose a continuacion los aplicativos corporativos que ·debe
implementar a partir del1 de abril de 2017 asf como Ia justificacion asociada.
De conformidad con Ia clausula siete
del contrato, en materia de .personal, .·
'
establece que los tres ultimos anos de Ia concesion los. castes de gasto de personal
del concesionario no pod ran superar el crecimiento 1 medio de los doce alios
·anteriores de vigencia de Ia concesion y concesionaria comunicara los datos del
crecimiento de los gastos de pers
jercicios 2003 a 2014, los
correspondientes a los ejercicios 201
ue se preve que se vayan a
producir en el 2017, informacion que
antes del1 de mayo de 2017.
Por ultimo, establece . que con el
larizar las liquidaciones anuales
pendientes ·de aprobacion, se inician p
a Consellerfa, los trabajos para Ia
ndientes a los ejercicios 2013
elaboracion de las propuestas de liqui
e elaborara una liquidacio':l
2015, respecto a los ejercicios 201
provisional primer trimestre de 2018.
~

SEGUNDO.- Parte Ia demandan

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GENERALITAT
VALENCIANA

on caL:Jtelar, del reconocimiento
de Ia competencia de Ia Administracion
as normas impugnadas sobre Ia ·
base de lo dispuesto en Ia clausula 23 del PCA , a reproducida.
Tras fundamentar Ia solicitud de esta medida por Ia vfa del articulo 135 de Ia Ley
Jurisd•ccional, cuestion ya resuelta por el Auto de 11 de abril, aborda Ia parte Ia
·cuestion relativa a Ia medida cautelar ordinaria y senala los criterios generales que,
a tenor de Ia doctri~a jurisprudencial, deben tenerse en cuenta para Ia adopcion de
Ia medida cautelar yasf, en primer Iugar, destaca Ia concurrencia, en este caso, de
FUMUS BONI !URIS que se desprende de Ia manifiesta lesion a Ia legalidad
cometida porIa Administracion, asf, vista el contenido y alcance de las normas del
27 de marzo y su caracter vinculante, en primer Iugar, estima que exceden· de las
facultades otorgadas al organa de contratacion en ·el contrato y en Ia normativa de
contratacion publica, !Iegan do acordar .incluso Ia intervenci6n empresarial de Ia
concesionaria, intervencion que solo es posible mediante ley a tenor del articulo
128 ..2 de Ia Constitucion, no previendo nada semejante Ia legislacion contractual,
cuya unica figura similar" es Ia del rescate que, en todo caso, confiere derechos al
concesionario.

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 AD"IIISTRACIOI ·
· DE JUSTICIA

Estima que las prerrogativas de direccion, inspeccion y control que ostenta el
organo de contratacion, al ampq.ro del articulo 155.3 del TRLCAP, es una potestad
que unlcamente puede ejercitarse ante un incumplimiento de una obligacion
aceptada por las partes en el contrato, no extracontractualmente.
Considera que se ha producido Ia intervencion empresarial puesto que Ia norma
tercera se establece que durante el ultimo ano del contrato, Ia Administracion podra
intervenir en Ia toma de decisiones que se pueda adoptar a lo largo del ano que
resta hasta .Ia terminacion del contrato -y que venga a modificar Ia situacion que se
haya presentado en los informes referidqs en Ia norma cuarta, tales como
nombramientos o modificacion del equipo directive, el cambia de composicion de
comisiones o comites cHnicos, adquisiciones o transmisiones de bienes muebles,
inmuebles, activos inmateriales, cam bios retributivos .del personal, mod.ificaciones en
Ia polftica _de personal, despidos, nuevas contrataciones y modificacion de Ia
'
.
estructura de servicios etc. Por lo que considera que se ha incurrido en ilegalidad y
ello conforma el fumus boni iuris senalad
Estima que concurre tambiE3n ileg
rcera y Ia sexta normas, en
relacion con Ia figura del comisionado
se ,establece que se reforzara
Ia unidad el mismo por Ia que Ia con
habilitarle del espacio Hsico y
tres funcionarios adicionales a los
medias materiales necesarios para un
que actual mente ·COnforman dicha ynid
ue esta modificando los _Pliegos y .
el contrato.
tacion, sabre Ia base de los
Por lo que se refiere_a Ia peticio
informes tecnicos · que acompana al e
ca que se trata de documentos
que ya obran en poder de Ia admi · ·
abundando todo ello en Ia nulidad q
Alega tambien nulidad, por vulnerac
empresa del artl.culo ·38 de Ia Cohstit-ucion,
vulnerado por todo lo expuesto ya anteriormente.

luso que prdceden de Ia misma,
cho constitucional a Ia' libertad
. que analiza y que afirma

Considera igualmente que las Norm as del 27 de marzo son invalidas por vulnerar
el principia de necesidad, proporcionalidad, asf como de adecuacion a los fines
perseguidbs de los actbs administrativos, exigidos por los artfculos 103 y 106 de Ia
Constit~cion, principios que analiza Ia parte a continuaci6n para concluir que. nose-

81

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GENERAL! TAT
VALENCIANA

respetan en dichas normas, en. primer Iugar, por falta de motivacion con lo cual no
puede afirmarse de las mismas que esten encaminadas a Ia reversion. En segundo
Iugar, lo acordado en las normas noes necesario para elfin perseguido, prueba de
ella es Ia intervencion empresarial acordada y Ia cantidad de ·informacion requerida
sin dar justificacion alguna a Ia concesionaria. En tercer Iugar, lo aprobado por las
normas no resulta equilibrado puesto que no lo requiere el interes General y cercena
· los derechos de Ia concesionaria.
En consecuencia, las normas son
desproporcionadas e inidoneas, al margen de Ia legalidad, sin facultades para ello

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 por el organa de contratacion y causando un dano irreparable a Ia concesionaria,
que debe ser indemnizado.

AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

Considera que las normas son invalidas por incurrir en el vicio de anulabilidad de
falta de motivacion, vulnerando el articulo 35, parrafos a) e i) de Ia ley 39/2015. Tras
analizar Ia exigencia de motiv~cion d~ los actos administrativos, estima que las
normas debieron motivarse por afectar a derechos e intereses legftimos de Ia
concesionaria puesto que se esta acordando una intervencion . empresarial, ·
destacando por que dichas normas se estima necesarias para Ia reversion del
servicio publico, asf como justificar Ia necesidad de Ia informacion solicitada como
por ejemplo Ia de servicios exten1os no asist!3nciales postales y de paqueterfa es
decir Ia relaci6n de destinatarios y remitentes de los dos ultimos anos, con Ia
consecuencia de incurrir en arbitrariedad.
Considera igualmente que las normas I 27 de marzo son inv8Jidas por tratarse
de normas oscuras, que vulneran los
1288 del codigo civil, por. lo
que no pueden favorecer al organa de
ulnerantambien los principios
de buena fey legalidad. Tras analizar
s legales, estima que concurren
en este caso porque a Ia hora de
s tareas o Hneas de actuaci6n,
establecen un cajon de sastre, ya que
rcera establece que el organa de
contrataci6n se autofaculta para efect
ano de vida de Ia concesi6n
r a Ia vista de Ia informacion
"cualquier otra tarea adicional que se
sidere necesaria para asegurar
facilitada por Ia entidad concesionaria
les directos de Ia gestion de los
una transicion adecuada a los nue
servicios".
Establece tambiem Ia posibilidad
ir en Ia toma de decisiones que
se puedan adoptar a lo largo del ano que rest asta Ia terminacion del contrato y
que vengan a modificar Ia situacion que se haya prestado en los informes
requeridos".
Lo mismo ocurre con Ia norma septima que aun amplfa mas las facultades que se
auto atribuye el 6rgano de contrataciqn.
Las normas de 27 de marzo son invalidas porque suponen Ia imposici6n a Ia
concesionaria de una serie de obligaciones de imposible cumplimiento y asf, tras
analizar criterios generales en torno acto administrative, destaca Ia norma cuarta
que obliga a Ia conceslonaria a atender requerimientos de infonnacion que son
desmesurados y de imposible cumplimiento, por ejeniplo, Ia exigencia de datos de
gastos de personal de 2016, exigidos en Ia norma undecima; de los que no se
dispondra hasta que no queden en aprobadas y registradas las cuentas anuales de
dicho ejercicio; lo mismo cabe afirmar respecto a los gastos de personal previstos
para 2017.

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GENERALITAT
VALENCIANA

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 AD"IIISYRACIOI
DE JUSYICIA .

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En cuanto a Ia peticion relativa dentro del capitulo de recursos humanos, a Ia
copia escaneado de los expedientes del personal, por orden alfabetico y categorfas
profesionales, no solo se esta refiriendo a los expedientes de 1800 personas, sino
que no estan archivados en Ia forma en que solicita, por lo que dicha peticion no
solo es desorbitada sino imposible a Ia fecha pretendida por Ia Administracion.
Destaca por ultimo Ia peticion de que cualquiera alta, baja o modificacion de Ia
documentacion antes referida debera ser puesta ·en conocimiento . de Ia
Administracion sanitaria con caracter inmediato, obligacion indeterm inada y de diffcil
cumplimiento.
En segundo Iugar y por lo que se refiere a los recursos econ6micos, se solicita
informacion relativa a inmuebles e infraestructuras, denominacion del centro y
direccion, sf se esta refiriendo a los centres construidos por Ia concesionaria, el
material es imposible de suministrar antes de Ia fecha indicada, como tambien lo es
el informe tecnico sobre el estado de conservacion del actual edificio, incluyendo
posibles patologfas · y averfas si las hub· ra, informacion de Ia que no dispone Ia
concesionaria, por tanto de imposible c
En er apartado relative a los servi ·
asistenciales, el apartado de
servicios postales y paqueterfa, requie
acion Ia estimacion de consume
slade de muestras y paqueterfa
por tipo de envfo, indicando .expre
General, asf como Ia relacion de desti
mitentes de los dos ultimos aflos,
ormacion a una ·empresa
datos para los que serfa necesa
mita, todo ello imposible antes
subcontratada y procesar Ia document
del 30 de abril.
Esto mismo ocurre respecto al ap
hospitalarios (numero de contenedo
tipos de residues, diferi3nciando por tipo

!})§1

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GENERALITAT ·
VALENCIANA

a Ia alimentaci6n y al de residues
ra Ia gestion de cada uno de los
de los dos dltimos aflos)

En este mismo capitulo en relacion con Ia reposici6n de suministro sanitarios y no
sanitarios, a cumplir antes del 31 de mayo a el relative a Ia reposicion de farmacia.
se establece antes del 30 de abril, debiendo igualarse am bas fechas puesto que son
informacion logfstica que se obtienen de forma conjunta en todas las areas del
.
'
departamento de salud de Ia ribera.
· Considera · tam bien de . imposible cumplimiento el r~querimiento relative a
informacion sobre el mantenim:ir;mto de equipos de electromedicina y alta tecnologfa,
respecto al inventario de equipos incluyendo ·Ia informacion que Orion-Logis puede
almac~nar en ese concepto en todos y cada uno de los campos asignados,
diferenciado por tipos, no se concreta Ia, informacion que se solicita y en cuanto al
Valor de los repuestos asignados a Ia reparaciones de los dos ultimos aflos, es
lmposible facilitar esta informacion porque los repuestos asignados a Ia
reparaciones los asume Ia empresa subcontratada para prestar ese servicio.

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 ADtiiiiSTRACIOI.
DE JUSTICIA

En cuanto al suministro de electricidad en relacion con los servicios externos no
asistenciales, respecto al con sumo de .tarifas de los. dos ultimos alios desglosado.
por cehtro supone un trabajo aproximadamente de dos meses, por lo que es
imposible en el.plazo concedido, y respecto al resto.del requeriniiento relative a este
suministro existen centres en los que no se dispone de informacion sobre dicho
consume en los dos ultimos alios.
En parecidos terminos se enfrenta a· Ia peticion relativa al suministro de agua,
suministro de gases medicinales, distribucion de lenceria, esterilizacion instrumental,
television y telefonia y coste anual de peticiones del servicio ~n quioscos asociadas.
Respecto a Ia actividad asistencial, Ia indeterminacion de Ia peticion relativa al
servicio de farmacia hace imposible su cumplimiento, no obstante lo cual se le exige
antes del 30 de abril, estimando la· concesionaria que su cumplimiento no podrfa
llevarse a cabo antes del 30 de junio.
Tambien es de ii:nposible cumplimiento lq. exigencia de implementar a fecha 1 de
mayo de 2017 el aplicativo informatica G D, HSE y SIA/ABUCASIS y a techa ·uno
de septiembre el aplicativo informatic
.un se · expone en el informe
tecnico que se acomparia.
Las normas del 27 de marzo son in
haber incurrido en desviacion de
poder y, por tanto, en causa de anula
fculo 48.1 de Ia ley 39/2015, que
analiza a continuacion para concluir q
te caso porque se ,eJerce una
que Ia ley confiere al drgano
potestad administrativa de autotutela
de contratacion, con un fin diferente
en Ia .clausula 23 del. PCAP y
buena prueba de ello son los mens ·
Ia administraci6n se traslado a Ia
tor al hospital de Alzira para
ciudadanla, e1 hecho de haber en
cerciorarse de que Ia concesionaria no
ndo documentacion, las propias
normas que se impugnan que extra limitan am
mente los lfmit!3S el contrato y. de
Ia ley, todo ello para desacreditar" el modelo Alzira".

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GENERAUTAT
VALENCIANA

Por lo que se refiere a Ia PONDERACION de los intereses en presencia, estima
que determina Ia procedencia de Ia ·medida cautelar, porque de lo contrario el
recurso PERDERA SU FINALIDAD LEGITIMA.
Considera que los efectos de las normas generarian l:Jnos pe.rjuicios de imposible
o muy diffcil reparacion, habida cuenta de que siendo el objeto del contrato el
servicio publico sanitaria, el cumplimiento de las normas de 27 de marzo priva a Ia
concesionaria de Ia agilidad con que venia actuahdo, por t~ner que recabar en todo
caso el informe favorable de Ia Administracion; en el caso de que Ia Administracion
no . este de acuerdo con lo que se pretenda llevar a
cabo por .-·Ia concesionaria; no
.
esta claro como debera actuar se, como tampoco lo esta para el caso de que Ia
Administracion se demore excesivamente en su respuesta.
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 En segundo Iugar, vulneran el principia de seguridad jurfdica al no concretar las
condiciones laborales a las que debera sujetarse quien pretenda cbnservar su
puesto de trabajo, tras Ia reversion de Ia gestion del servicio.

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AD"IIIISTRACIOII
DE JUSTICIA

En tercer Iugar, considera que Ia concesionaria se ha visto sometida
un
desprestigio continuo por parte de Ia Administracion, desde que se inicio el
expediente relative a Ja pr6rroga.
En cuarto Iugar, las normas impugnadas sbn vinculantes para Ia con·cesionaria, y
en caso de incumplimiento Ia Administracion puede desplegar sus facultades de
policfa, existiendo numerosos obligaciones . oscuras desproporcionadas y
desequilibradas, e incluso de imposible cumplimiento, suponiendo todo ello un.
enorme coste para Ia concesionaria que no ha sido en aqsoluto justificado como
necesario para Ia reversion.
La Administraci6n de~andada formula oposicion a Ia medida
trata de un servicio esencial para Ia vida
cautelar solicitada sobre Ia base de que
y salud de los ciudadanos que exige s
La reversion implica Ia recepci6n d
_cios afectados en condicion~s
tales que permitan Ia continuidad de I
. s y para ello Ia informacion por

· TERCERO.-

anticipado es esencial ya que en el
subrogar en el servicio, de ahf Ia previs
de reversion que orienten a Ia c
Administracion durante el tiempo que .r
hitos: Informacion, Comprobaci6n de Ia

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GENERAL !TAT
VALENCIANA

ano Ia Administracion se va a
.AP de Ia elaboracion de normas
bre las necesidades de Ia
to y que se han basado en 4
cimiento de los cambios que se
'n del contrato e lntervencion en
cular a Ia Administracion ya que ·<~ d de contratos tanto de personal
.

p,roduzcan desde Ia informacion h
Ia toma de decisiones de cuestiones
a fecha ~-4-18 va.a quedar subrogada
como de servicios.
Destaca ademas Ia falta de colaboracion de Ia concesionaria que esta recurriendo
todos los actos encaminados a cuanto se ha expuesto y senalaque esta solicitando
Ia suspension cuando lo que alega puede resolverse con una ampliacion de plazo o
aclaracion dt: algun extrema contenido en las Normas.
Acontinuacion, destaca Ia Administraci6nJas 7 areas de actuacion en cuanto a Ia
informaciOn solicitadEl:
1.- Estructura organizativa, ya que modificandose el mo~elo de gestion, son
muchos los ajus~es que pueden tener que llevarse a cabo, lo que requiere
informacion pormenorizi;lda al tener una repercusion directa en Ia atencion a _ los
ciudadanos.
2.- Recursos humanos, .informacion necesaria por _Ia sucesion empresarial del art.
44 del Estatuto de los Trabajadores, as I como los planes de refuerzo y sustituciones.

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AD"IIISTRACIOII
DE JUSTICIA

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3.- Recursos economicos, por Ia necesidad de Ia Administracion de prever los
costes de mantenfmiento a que se va a entrentar, -asf como todos los costes
necesarios para mantener el hivel de calidad requerido.
4.- Actividad asistencial, es deQir, las agendas de los distintos Departamentos,
como (mica forma de proveer, bien a su continuidad, bien a su cambio.
5.- Farmacia -y productos sanitarios para conocer los mecanismos de
aprovisionamiento, Ia estructura ffsica, equipamiento y, recursos humanos de esta
area y aunque Ia contraparte senala que las protesis no son objeto del contrato, hay
que distinguir entre Ia financiacion - de esta prestacion (no es contractual) de Ia
realidad asistencial _(se gestionan, almacenan y dispensan por el personal
sanitaria.
.
del Departamento).
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6.,; Si~temas de informacion y comunicaciones. Considera Ia administracion, que
en este punto hay situaciones diferentes, asf existen aplicaciones informaticas que
no tienen por que intewarse coil las del sistema publico, como pqdrla ser el sistema
de contabilidad y gestion, otros que de
integrarse necesariamente como por
ejemplo Ia gestion de nominas de los t
r lo que queda pertectamente
justificada esta peticion.
7.-Servicios externos no asistencial
zon de Ia peticion Ia misma que
en casos anteriores, Ia necesidad
ad del servicio, para lo que se
necesita conocer los contratos de pre
que tiene Ia concesion actualmente y s

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GENERAL! TAT VALENCIANA

se-dicta en virtud de habilitacion
De todo ello concluye que Ia resoluci
ada para Ia finalidad perseguida
legal y contractual, siendo proporci
on de Ia empresa concesionaria
por el interes publico, y sin que sup
rato.
que continua su gestion hasta Ia tinaliz
El segundo Iugar destaca Ia Administracion
e se solicita Ia suspension de Ia
totalidad de Ia resolucion de 27 de marzo de 2017, sobre Ia base de Ia existencia de
una supuesta apariencia de buen derecho y porque estima Ia concesionaria como
tundamento, alegaciones que versan sobre el tondo de Ia cuestion cuando Ia
resolucion se limita a recabar informacion necesaria para continuar con lagestion de
_
todos los centres asistenciales y de los 2000- profeskmales sanitarios que prestan
asistencia sanitaria a 250.000 personas.
En cuanto a Ia posible perdida de finalidad del recurso, caso de no acordarse Ia
suspension, destaca Ia Administracion el contenido del articulo 130 de Ia Ley Ia
Jurisdiccion, asf como los numerosos pronunciamientos de esta misma Sala en
torno a su interpretacion, destacando el abandono de Ia doctrina del .Fum us Boni
luris, en pro de una valoracion de los intereses en conflicto, invocando -consolidada
jurisprudencia del Tribunal Supremo y criterios mantenidos por esta .misma Sala,
por lo que considera que debe analizarse Ia posibilidad de 'un dano de imposible o
diflcil reparacion, que pueda hacer perder su finalidad al recurso, asf como tambien
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 ADMIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

.•

interes publico, general o de terceros que ·demande Ia ejecucion del acto
impugnado.
Respecto a Ia doctrina de .fum us boni iuris, destaca que ha sido acogida
unicamente en supuestos muy especlficos en los que resulta "ab initio" Ia existencia
de una infraccion-a Ia legalidad o so lidos antecedentes jurisprudenciales en los que,
para casos iguales, se han dictpdo sentencias estimatorias, supuesto que no
concurre en este caso. A Ia vista de Ia resolucion impugnada, lo que resulta
manifiesto es Ia inexistencia de apariencia de buen derecho, puesto que el organo a
quien corresponde legal y contractualrriente, solicita informacion sobre cuestiones
que puedan afectar al servicio; tam poco existe una evidente y manifi~sta infraccion
a Ia legalidad, en terminos que puedan ser apreciadosen este memento procesal,
por ultimo porque resulta dudoso Ia iinposibilidad aportacion de Ia informacion
solicitada, cuando est~ ~9nstituye informacion habitual de cualquier empresa, como
es el inventario de bienes, organigrama, pla~tilla y situacion, informacion toda ella
informatizada que facilita su obtencion, to o ello sin perjuicio de que Ia recurr~nte si
estima, justificadamente, que es nee
lazo · del conced)do para su
obtencion, lo solicite.
;!i
Por ultimo seflala Ia Admin istracion ,~·
alegacion sin prueba alguna no
permite estimar como probado que ·
n del acto impugnado ocasione
perjuicios, ni menos que sean de
osible reparacion, criterio este
mo y aplicable en el presente
reiteradamente mantenido por nuestro
daflo potencial y futuro que
caso ya que Ia parte se basa en Ia e s
limita ,a Ia necesidad -informe favor
inadas decisiones cuyo alcance
decisiones, cuando lo unico que se r
puedan alterar Ia informacion
temporal sea posterior al 1 de a
nflictos aun no producidos como
previamente remitida, refiriendose Ia rec
te y Ia Administracion en los
son las _posibles discrepancias entre Ia rec
"
supuestos previstos en Ia norma Septima de Ia resolucion recurrida que, de
producirse, tendrfan su adecu~da solucion a traves de los recursos administrativos y
judiciales, sin que Ia resolucion recurrida afecte a las , condiciones de los
trabajadores tras Ia reversion porque no regula dicha materia y porque Ia sucesion
de empresas tiene su regulacion en el ambito de. las normas sociales, siendo incierto
'
que con Ia suspension no se afecten intereses publicos o de terceros ya que .es Ia
adecuada realizacion de Ia reversion del servicio Ia que: requiere Ia ejecucion de las
normas impugnadas.
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51ff

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GENERAL! TAT
·VALENCIANA _

CUARTQ .... Para el adecuado analisis de Ia cuestion planteada hay que partir de

Ia regia general de los principios de eficacia y ejecutividad de los actos administrativos, contemplados en los artfculos· 103 de Ia Constitucion Espanola, 56, 94 y_11 1 de
Ia Ley 30/1992, en relacion con Ia presuncion d·e legalidad de los mismos del articulo
57 de Ia misma.

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 Por su parte, el art. 129 de Ia Ley 29/1988 de 13 de Julio, de Ia Jurisdiccion
Contencioso-administrativa, permite a los interesados solicitar en cualquier estado
del proceso Ia 9dopcion de cuantas. medidas aseguren Ia efectividad de Ia
sentencia, en armonfa con el principia de tutelajudicial efectiva del articulo 24 de Ia
Constitucion.
El art. 130 de Ia citada Ley de Ia Jurisdiccion, establece que Ia medida cautelar
podra acordarse unicamente cuando Ia ejecucion ~ del acto. o Ia aplicacion de· Ia
disposicion pudieran .hacer perder su finalidad legftima al recurso, previa valoracion
circunstanciada de todos los intereses en conflicto. Asimismo, Ia medida cautelar
podra denegarse cuando de esta pudi,era seguirse perturbacion grave- de ' los
intereses generales o de tercero que el Tribunal ponderara en forma
circunstanciada.

AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

QUINTO.- Asf pues, de Ia normativa anteriormente expuesta se desprende que

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· GENERALITAT
VALENCIANA

esta Sala debera previamente realizar un valoracion
de los intereses en conflicto y,
. .
seguidarnente, acordar Ia medida caut
s61o en el supuesto de que Ia
ejecucion del acto' impugnado inviab ·.
a finalidad del recurso, salvo
grave perturbacion de los intereses ge
erios mantenidos por re.iterada
Tal valoracion debeni tener pres
jurisprudencia del Tribunal Suprem
a por Ia doctrina del Tribunal
leza del dana, Ia seriedad de
Co'nstitucional y que pueden sintetizar
Ia relacion de los mismos con
los motivos de impugnacion del acto o
los intereses generales.
upremo exige Ia irreparabilidad o
Respecto a Ia naturaleza del dan
r, por lo que ha de valorarse en ·
diffcil reparacion que Ia ejecucion p
ublico presente en Ia actuacion
cada caso en muy directa relacion con
administrativa. Y asf, cuando ·las exigencias . ejecucion que el interes publico
presenta son tenues bastaran perjuicios de escasa entidad para provocar Ia
suspension, por el contrario cuando aquella exigenC:ia sea de gran intensidad solo
perjuicios de muy· elevada consideracion podran determinar Ia suspension de Ia
ejecucion y, desde luego, .es al interesado a quien corresponds Ia carga de probar
indiciariamente Ia concurrencia de los danos y perjuicios (Auto TS 7.3.96), es decir,
los elementos, fundamentos y circunstancias de los que se derivan aquellos.
Como destaca el ATS 16827/2007 de 12 de diciembre "EI maximo interprete
constitucional ha sentado que Ia justicia cautelar forma parte del contenido esencial
. del derecho a Ia tutela judicial efectiva (SSTC 115-87, 7 de julio, 238-92, 17
diciembre, 148-93, 29 de abril), ya que 11 1a tutela judicial no es tal sin medidas
cal!telares que aseguren el efectivo cumplimiento de Ia resolucion definitiva que
recaiga en el proceso Sucede, en consecuencia, que 1a medida cautelar a adoptar
en cad a caso ha de ser adecuada a .su finalidad de garahtizar Ia efectividad de Ia
tutela judicial que en su dfa se otorgueu (STC ·148/93, 29 de abril).
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 AD"IIIISTRACIOII
DE JUSTICIA

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GENERAUTAT
VALENCIANA

Posfcion que asimismo ha mantenido este Tribunal al declarar que "Ia necesidad
de atenerse a Ia singularidad de . cada case
debatido per las circunstancias
.
concurrentes en el mismo, lo que implica, desde luego un clare relativismo en
desacuerdo con declaraciones dogmaticas y con criterios rfgidos o uniformes"
(Autos de este Tribunal de 23 de enero de 1990, 8 de octubre de 1991, 31 de
octubre de 1994).
Es constante el criteria de este Tribunal acerca de que 11 la suspension de Ia
ejecutividad de los actos recurridos e$ una medida provisional establecida para
garantizar Ia efectividad de Ia sentencia que en su dfa pueda recaer en el proceso
principal" (Sentencia de este Tribunal de 21 de octubre de 2004, . recurso de
casacion .1723/2002 con mencion de otras anteriores).
En esa misma lfnea se decanta el Tribunal Constitucional al sostener qu~ no
cabe, per tanto, prejuzgar el fonda del asunto . per lo que son ajenas al incidente
cautelar las cuestiones que corresponde resolver al proceso principal (STC
148/1993, 29 de .abril, ATS 22 de octubre e 2002, STS 2 de julio de 2004).
El interesado en obtener Ia suspen ·
I
ga de probar adecuada'mente
que danos y perjuicios de reparacion
cil concurren en el case para
. acordar Ia suspension sin que sea suf
. ra invocacion gen$rica (Auto de
22 de octubre de 2002).
Por otra parte y en cuanto a Ia po
· ionada a que "de una manera
pueda operar para justificar Ia suspen
cia de una de las causas de
terminante, clara y ostensible se apre
enamiento" (sentencia de 21 d_e
nulidad de pleno derecho previstas en
octubre de 2004, recurso de casaci'
reproduciendo multiples autos y
suerte que Ia virtualidad de tal
sentencias anteriores en Ia misma
pen$ion el tramite idoneo para
doctrina es escasa al no ser el incid
decidir Ia cuestion objeto del pleito:
El principia de Ia apariencia .de buen derecho ha de manejarse con mesura (Auto .
de 17 de enero de 2000, Sentencia 12 de noviembre de 2003 ). lnsiste asf Ia
~entencia de_esta Sala de 12 de julio de 2004 al margen de que solo puede ser un
factor importante, como indicaban los Autos de esta Sala de 19 de mayo y 12 de :
noviembre de 1998 y Ia Sentencia de 10 de julio de 1998, para. dilu?idar Ia
prevalencia del. interes que podrfa dar Iugar a Ia procedencia de Ia ~uspension,
siempre que concurra Ia existencia de danos y perjuitios acreditados per quien
solicita Ia suspension. Per ello reiteraqa. jurisprudencia (Auto de 22 de octubre de
2002 con cita de otros anteriores, Sentencias de 7 de octubre, 11 de noviembre de
2003 ; auto de 27 de noviembre de 2006 con cita de otras precedentes ) ha resuelto
que solo cabe consi'derar su alegacion cuando el acto haya recafdo en cumplimiento
o ejecucion de una norma ·o disposicion general que haya side previamente
~eclarada nula o cuando se impugna un acto o una disposicion identicos a otros que
ya fueron jurisdiccionalmente anulados.

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 ADitiiiSTRACIOII
DE JUSTICIA

En cuanto a Ia ponderaci6n de intereses se hace necesario · una adecuada
conjunci6n entre el interes publico y el privado a Ia hora de resolver sabre Ia
adopci6n de Ia medida cautelar (sentencia de 12 de julio de 2004 ) resolviendo
segun el grado en que el interes publico este en juego (Auto de 15 de marzo de
2000 ). Tambien para Ia prosperabilidad de Ia pretension es preciso un
imprescindible juicio c,je ponderaci6n (Sentencias de esta Sala de 16 de marzo de
2004, 14 de abril de 2003, etc.) acerca del interes publico a proteger.
SEXTO.- Aplic.ando tpdos estos criterios a los motivos sabre los que Ia parte

fundamenta su petici6n, debemos resaltar, en primer Iugar, que Ia misma construye
dos grandes bloques, como hemos vis~o: 1) Lascausas de nulidad-anulabilidad que
integran, a su Juicio, Ia. concurrencia del fumus' .boni iuris que invoca y 2) La
ponderaci6n de los intereses en conflicto que debe inclinarse, estima, a su favor,
dados los graves perjuicios empresariale
de funcionamiento del ser\licio que las
Normas entraiian.
En torno a Ia prim era de elias, fumu
otivos que invoca son, como .
hemos vista: Nulidad · de las nor
alimitaci6n competencial, por
extralimitaci6n respecto .a lo previst
documentaci6n que ya obra en p
Administraci6n solicitante y por
vulneraci6n de su derecho constitucion
e empresa.
ilidad por vulneraci6n de los
Estima que tambien incurren en ca
e adecuaci6n al fin perseguido;
principios de necesidad,. proporcionali
oscuridad, imponiendo ademas
tambien por falta de motivaci6n;
·r en desviaci6n de poder.
·obligaciones de imposible cumplimie
e desprende ya su .necesaria
De Ia simple lectura d~ este plant
desestimaci6n ya que, partiendo de cuanto
mos expLiesto anteriormente en .
cuanto a Ia mfnima aplicabilidad actual del institute de Ia apariencia de buen
derecho, quedarfan fuera de consideraci6n todos los relatives a las causas de
anulabilidad al estimar el Tribunal Supremo que tan s61o los casas de nulidad .
radical, podrlan ent~ariarla pero ademas, tampoco los supuestos que Ia parte invoca
como nulidad radical 'de las Normas tienen encuadre en los supuestos que, qon
.
caracter exclu?ivo, admite nuestro mas alto Tribunal (acto dictado en ejecuci6n de
norma declarada · nula o acto identico a otro previamente .anulado
jurisdiccionalmente). Los invocaoos por Ia deniandante, ademas de que entrarian,
como seriala Ia Administraci6n en su · oposici6n, el fonda del asunto cuyas
consideraciones quedan vedadas en esta Pieza, no pueden ser encuadrados en
dichos limitados casas.
Podemos resaltar, como mas recientes, Ia STS de 14 de marzo de 2017:
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GENERALITAT
VALENCIANA

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 Esta Sala viene declarando reiteradamente, por todas, Sentencia STS .11 de octubre
de 2012 (recurso· de casacion n° 5666/2011 ), respecto de Ia apariencia de buen
derecho -- doctrina

II

fumus boni iuris ",.-, que al socaire de Ia misma esta Sala no

puede anticipadamente pronunciarse sobre las cuestiones de fondo suscitadas en el
proceso. El exam en de Ia legalidad en Ia interpretacion y aplicaci6n de tales normas
AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

no puede ser realizado en Ia pieza de medidas cautelares, atendidos los If mites del
enjwiciamiento cautelar en el que, como es natural, se tiene un conocimiento
limitado sobre el fondo del recurso. Por ello nuestra jurisprudencia dictada al
interpretar Ia vigente LJCA, respecto del " fum us boni iuris II, ha limitando su
aplicacion --ademas de Ia tradicional prudencia que ha de presidir su .uso-- a
supuestos muy concretes, como los actos nulos de pleno derecho, actos dictados en
cumplimiento o ejecucion de una disposicion general declarada nula, cuando una
sentencia anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme, y, en fin, los
casos de existencia de un criteria reiterado de Ia jurisprudencia que Ia
Administraci6n se resiste a aplicar.
En definitiva, Ia aplicacion de un c

lecido por Ia propia Sala de
no de los casos en los que, a

instancia, aunque no tenga el caracte
tenor de nl.jestra jurisprudencia, pued ·
de buen derecho."
Y el ATS de 03 de abril de 2017:
"La apariencia del buen derecho o f

viene limitada por Ia doctrina

jurisprudencial mas reciente a aquello

de manifiesta nulidad de pleno
de actos de ejecucion de una
cia, au'nque no ·sea firme, o

derecho del acto impugnado, o c
disposici6n general declarada nul

criteria jurisprudencial frente al
actuaciones administrativas contrarias a
.· que Ia Administraci6n opone una resistencia con umaz."
Por tanto, no concurre en el presente caso Ia apariencia de buen derecho
necesaria para alcanzar Ia suspension de ras Normas recurridas.
En segundo Iugar, respecto a Ia ponderacion de los intereses en conflicto, es aquf
donde se debate realmente Ia p~tici6n cautelar que analizamos y asf, resumiendo
cuanto hemos expuesto en el Segundo Fundamehto Jurfdico, ·Ia parte considera que
su recurso perdera su finalidad legftima al producir Ia ap!icaci6n de las Normas
perjuicios de imposible reparaci6n porque le priva de Ia necesaria agilidad con que
viene actuando en Ia prestacion del servicio; vuineran los derechos laborales de sus

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GENERAL! TAT
VALENCIANA

trabajadores; viene

sufriendo' un

constants

desprestigio

por

parte

de ·Ia

Administracion desde que se inici6 el expedients de reversion y, por ultimo, que las
facultades de policfa de Ia Administraci6n inciden en obligaciones oscuras,
desproporcionadas y de imposible cumplimiento lo que supone un enorme coste
para Ia concesionaria, en absolute justificado.

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 Dejando de lado Ia vulneracion de .los derechos laborales, el desprest.igio que
denuhcia -y que tambien denuncia Ia contraparte en su oposicion- y las facultades
de policfa que son ajenas a las Normas impugnadas, Ia cuestion queda reducida a Ia
· merma en Ia agilidad en Ia prestacion del servicio que deriva, directamente, de Ia
aplicacion de las Normas.
· AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

Hay que destacar, tal y como senala Ia Administracion, que' choca de Ia presente
peticion cautelar su caracter global, · invocando Ia parte los motivos que estima
oportunos respecto a todas y cada una

qe

las 12 Normas que contiene el acto

impugnado, pero sin concretar los danos efectivos y reales -aun al nivel indiciario
exigido en esta Pieza- que se d~rivan de cada una de elias y aunque sl baja al
detalle de los motivqs por los que impugna cada una de elias, esos motives
constituyen -como ya hemos dicho- el fondo del asunto que nada tiene que ver co~
Ia exigencia alegatoria y probatoria de este incidente cautelar.
El interes que trata de proteger Ia Administracion con estas Normas esta claro: .Ia
normalidad y eficacia en Ia prestacion de

sencial servicio publico sanitaria durante

~

el cambia de titularidad del gestor del
complejidad es mas que evidente.
· El interes que invoca Ia concesiona

e produzca Ia reversion, cuya
, el mismo, es

d~cir,

reclama Ia

posibilidad de mantener Ia eficacia e

durante este ultimo ano, que ve

seriamente comprometida con Ia inge

· le encomienda Ia Administracion

y que le lleva a considerar atacad

libertad · empresarial, lo que

constituye su segundo interes invocado
No consideramos, dentro de los mar
Normas implique Ia intervencion em
cierto que se requiere Ia intervencio
pero esta delimitado en todo aquello qu
que constituira el contenido de Ia informacion s

teccion.
a Pieza, que Ia ejecucion de las
enuncia, en Ia medida en que es
racion en Ia toma de decisiones
rar Ia situacion actual que es Ia ·
itada y porIa razon, obvia, de que

va a quedar vinculada por dichas decisiones.
En cualquier caso, Ia procedencia o no de Ia suspension solicitada no puede ser
resue!ta al margen de una circunstancia que ninguna de las partes, mas alia de sus ·
· disensiones, pueden oi:Vidar y es que Ia extraordinaria complejidad del acto de Ia
reversion no solo es el fin logico de un contrato que nacio con e! mismo
predeterminado,

sino que -por ello- no se trata de una situaci6n sobrevenida,

inesperada, improbable o imposible, sino previsible y cierta en su realidad y en su
momenta, lo que no se altera por el hecho de que hubiera podido acordarse una

&

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GENERALITAT
VALENCIANA

prorroga que, en cualquier caso y dependiendo de Ia c.oncurrencia de voluntades,
nunca es segura, sino mas bien al contrario.
Por tanto, el hecho de que las Normas se hayan dictado el 27 de marzo y que las
. mismas contengan unos

pl~zos,

es un hecho previsto en el Pliego y en el contrato y

que de Ia reversion se deriva Ia necesidad de entregar el hospital, todo su
equipamiento, todos los demas edificios, instalaciones y equipamientos objeto del

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 contrato (Aibalat de Ia Ribera, Alberic, L'Aicudia, Alfarp, Algemesf, Alginet,
Almusafes, Alzira, Antella, Benifayo, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet,
Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, LlaL!rf,
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.
Llombay, Masalaves, Polinya del Xuquer, Riola, Sollana, Sueca y Tous) asf como el
se.Nicio en condiciones normales de prestacion, lo que significa fundamentalmente
que mucha de Ia informacion que se solicita -con independencia de que se trate de
.informacion de Ia que una empresa debe disponer, como seflala Ia Administracion
en su oposicion- era previsible que fuera a ser solicitada antes de Ia aprobacion de
las Normas del 27 de marzo.
\

ADI'IIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

Todo ello, que conduce' a Ia desestimacion, de Ia peticion cautelar, debe ser no
obstante matizado, en el sentido de que si estimamos que existe desproporcion
entre el tiempo que Administracion concede a Ia concesionaria para cumplimentar
sus requerimientos de informacion y el .que Ia misma se reserva para Ia
comprobacion de Ia misma, lo que unido al hecho de que, como seflala Ia
demandante, precisamente el tiempo co
ido coincide en un mes que tiene un
mayor numero de dias inhabiles de lo
I, nos lleva a considerar que
suspender Ia totalidad de los
debemos estimar parcialmente el pre
durante un mes y media.
plazas de los requerimientos contenid
Ley Jurisdiccional no ha Iugar a Ia
A Ia vista de lo dispuesto en el artfcu

Ia

expresa imposicion de costas de este i

LA SALA RESUELV

rcialmente Ia medida cautelar

es y media los plazas contenidos
solicitada en el sentido de suspender
Servicio Publico de Asistencia
en las Normas encaminadas a Ia
Ribera, asf como del Personal e
Sanitaria Integral del Departamento d
elementos vinculados con dicho
lnstalaciones, Equipamientos, lnversiones
Servicio Publico, dictadas por el Director General de Recursos Humanos y
Economicos de Ia Consellerla de Sanidad, de 27 de marzo de 2017, sin costas.
Esta resolucion no es firme y frente a Ia misma cabe recurso de reposicion ante Ia
propia Sala, a interponerse en el plazo de 'cinco dfas desde su notificacion.
Lo acuerdan, mandan y firman los limos. Srs. anotados, lo que certifico.

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VALENCIANA

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