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11 PROPUESTAS PARA UN FUTURO MEJOR

Modelo turístico - Energia y modelo productivo — Autónomos — Feminismo y ocupación
Derechos socrales- Regeneracrón democrática — Agua y recursos hídricos - Vivienda
, Admrnrstracron cercana y efrorente — Cultura - Vertebración e infraestructuras

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PODEM.

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"NTRODUCCIÓN

A un año de que finalice la primera legislatura del cambio toca hacer recuento de los avances logrados y de las
tareas pendientes para presentarnos ante las y los valencianos con los deberes hechos. Para la consolidación
y la profundización del cambio político, la mejor garantía
es acometer las próximas elecciones municipales y autonómicas avalados por la obra realizada, por la certeza
de que se han cumplido los compromisos del Botànic y
no se ha faltado a la palabra dada. No es momento de
poner la legislatura en punto muerto sino justamente de
lo contrario, de subir una marcha para cumplir la hoja de
ruta del Botànic.
Por ese motivo creemos que los partidos del Consell no
deben instalarse entre una lógica defensiva y una retórica triunfalista. Sería un mal diagnóstico pensar que el
momento político actual, siendo año electoral, requiere
pregonar los logros, meter el Botànic en el congelador y
sentarse a esperar a que termine la legislatura. Adoptar
una actitud conformista o dejarse llevar por las inercias
de la etapa de gobierno del PP, puede conducir a defraudar las expectativas de cambio de las y los valencianos.
Si bien hemos logrado poner freno a los principales desmanes que habían caracterizado la etapa de Gobierno
del PP, tenemos todavía el reto de sentar las bases de un
proyecto de país más democrático, justo y solidario. De
lo que se trata es de garantizar el bienestar social reduciendo las desigualdades y combatiendo la precariedad,
de mejorar la cohesión territorial y reconciliar a las y
los valencianos con nuestras instituciones y generar un
sentimiento compartido de comunidad. El camino que se
abre ante nosotros es todavía mucho largo que el que

ya hemos dejado atrás. El cambio iniciado en 2015 tiene
todavía mucho recorrido por delante, debemos finalizar
este último año de legislatura dejando las instituciones
en las mejores condiciones posibles para acometer el
siguiente ciclo a partir de 2019.
Corremos el riesgo de que el cambio político se convierta en un breve paréntesis antes de que vuelvan a
ocupar las instituciones las mismas políticas y los mismos políticos que nos llevaron al desastre. Por eso no
podemos conformarnos con pensar que nuestra tarea
se limita a tapar las fugas de agua para mantener el
barco a flote, de lo que se trata es también de fijar un
rumbo y remar para llegar a puerto, de no quedarnos
encallados o a la deriva. El gran reto es demostrarle a
nuestro pueblo que tenemos un proyecto de país sobre
el que avanzar a futuro, propuestas para un desarrollo
sostenido y sostenible, para lograr una sociedad más
próspera, cohesionada y democrática.
Si el PP logró blindarse en el gobierno durante 20 años
no fue solamente a través del uso partidista de las instituciones o usando la financiación irregular para ir dopados a las elecciones. Durante muchos años realizaron
un intenso trabajo para moldear la sociedad valenciana
y adaptarla a la medida de sus intereses. El PP está hoy
fuera de la Generalitat pero sus políticas siguen impregnando la vida económica y la cultura cívica de nuestro
país. Por eso nuestra tarea no consiste solo en gestionar
de un modo más limpio y eficaz las instituciones, sino
en superar el modelo heredado. Si el Consell se limita
a poner en “pause” las políticas del PP, regresarán más
pronto que tarde y con mayor fuerza.
3

 En estos momentos la Comunitat Valenciana es un signo
esperanzador de unas políticas diferentes. Haber logrado torcerle el brazo al PP aquí, en lo que consideraban
su feudo y el principal laboratorio de sus políticas, señala el camino que es posible recorrer en otras Comunidades Autónomas y en el Gobierno de España. Cada avance
que logramos en nuestro territorio es un ejemplo en el
conjunto de España de que se pueden hacer políticas en
beneficio de la mayoría.
Es por todo ello que nos hemos concentrado en plantear
un conjunto de retos y propuestas para llevar a cabo
con el horizonte puesto en el 2019, de situarnos objetivos
y de marcar la agenda política hasta al final de la legislatura. Ese mapa de intervención política se inscribe sobre
las que consideramos son algunas de las principales demandas de la sociedad valenciana. Demandas nucleadas en torno a la situación económica y los servicios
públicos, las revitalización de reivindicaciones históricas
en nuestro territorio, los avances del movimiento feminista o los sucesivos escándalos de corrupción.
En este sentido, planteamos una hoja de ruta fundamentada en cuatro bloques temáticos que van a configurar
la acción política de Podem de aquí a las elecciones autonómicas de 2019 y durante la próxima legislatura con
las miras puestas en establecer y estabilizar un modelo
de éxito para la próxima década. Es a partir de estos
bloques temáticos que hemos desarrollado las propuestas que contienen este documento.
Garantizar derechos frente a la extensión de la precariedad
Básicamente, el ‘modelo PP’ ha consistido en el desarrollo de un modelo productivo ligado a sectores de bajo
valor añadido excesivamente dependientes del sector
servicios como la hostelería, la restauración o el turismo de baja calidad. Esto ha provocado, promocionado
y cronificado un mercado laboral caracterizado por un
empleo mal pagado, precario, poco cualificado y tremendamente estacionalizado.
Como es coherente, este modelo productivo ha generado una economía para las familias valencianas que,
una vez derrumbada la burbuja del crédito asociado a

la especulación y el sector inmobiliario, ha propiciado
la imposibilidad para el acceso a la vivienda, la caída en
el nivel de vida (que descendió un 24% durante el período 2008-2015) y una juventud que ha tenido que aplazar
durante un tiempo indeterminado sus expectativas de
vitales en cuanto a formación, empleo o creación de una
familia. Estas consecuencias económicas derivadas de
un modelo productivo fundamentalmente característico
de una región en vías de subdesarrollo no han sido reorientadas hacia una reorganización de nuestro modelo
productivo.
Responder con políticas efectivas las reivindicaciones
del movimiento feminista.
En los últimos años las mujeres están protagonizando
una amplia movilización que está logrando avances importantes en la igualdad entre hombres y mujeres y por
reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI.
La histórica movilización de este 8 de marzo ha puesto
en primer plano las reivindicaciones feministas sobre la
igualdad retributiva. Las instituciones no deben quedarse por detrás de la sociedad. En la Comunitat Valenciana estamos satisfechos de haber contribuido al Pacto
Contra las Violencias Machistas pero ahora se trata de
que sea una herramienta eficaz. En España solo durante
2017 han sido asesinadas 80 mujeres, 11 de ellas en la
Comunitat Valenciana.
Es necesario que en 2018 la Generalitat asuma la responsabilidad de realizar políticas que garanticen la
igualdad en el trabajo, tanto en lo que se refiere a las
retribuciones como a las propias condiciones laborales.
En España las mujeres cobran de media un 23% menos
que los hombres, las diferencias en las pensiones son
mayores, una brecha del 36%. Además la Generalitat tiene un papel clave en las competencias sobre la educación y los cuidados. Ámbitos de la vida tradicionalmente
reservados a las mujeres. La educación y la atención a
las personas mayores con dependencia deben atender
las reivindicaciones de las mujeres.
Desterrar la corrupción y re legitimar nuestras instituciones
Si el modelo del PP en cuanto a matriz productiva ha sido
un desastre para nuestra tierra, el utilizado para gestio4

 nar y entender las instituciones públicas no ha sido diferente. La patrimonialización del Estado y la imbricación
entre instituciones y redes empresariales afines con el
objetivo de delinquir para acceder a ingentes bolsas de
dinero público a través de prácticas de corrupción generalizada ha dejado un mapa de devastación institucional y de desconexión absoluta entre representantes de
la ciudadanía y la propia ciudadanía. Hemos asistido a
una corporativización y expropiación de nuestras instituciones por parte de un partido político que ha moldeado
de forma evidente el tipo de administración característica de nuestra tierra y el tipo de empresariado que era
sistemáticamente premiado con concesiones públicas a
costa de tratos de favor o financiación irregular.
El Consell no ha puesto freno a este modelo y no ha
puesto en marcha ningún tipo de ofensiva contra empresarios y empresas vinculadas a tramas de corrupción
que hoy en día siguen contratando con la Generalitat y
que están al frente de la adjudicación de obra pública,
como es el caso de Becsa, del empresario Gabriel Batalla, dueño hoy del mantenimiento de las carreteras de
Castelló o los, al menos, 52 millones que la Conselleria
de Vivienda ha adjudicado a empresas vinculadas con
la trama Gürtel
Integrar las reivindicaciones territoriales en la agenda
política valenciana
En materia de vertebración y de generación de comunidad y horizontes y pasiones compartidas, el PPCV basó
su política en construir un enemigo radicado en Catalunya y descargar sobre él toda su producción identitaria, cohesionando a su alrededor apelando al “enemigo
catalán” a costa de desmembrar y desentenderse de las
necesidades de trazar lazos compartidos entre los valencianos y valencianas. El resultado de esta forma de
desprecio hacia lo valenciano es una Comunitat Valenciana definida no por lazos compartidos sólidos y fuertes sino por sus escisiones y exclusiones internas. Esto
es particularmente evidente si miramos la nula identificación que siente, en especial, las comarcas del sur
y del interior con ningún proyecto compartido que nos
incluya a todos y todas los valencianos y valencianas.

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 HORITZÓ 2019 / 11 PROPOSTES PER A UN FUTUR MILLOR

DESHINCHAR LAS BURBUJAS
garantizar el acceso a la vivienda

PODEM.

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 El acceso a la vivienda ha constituido un problema endémico en el conjunto del Estado y en la Comunitat Valenciana desde hace más de 15 años. Lo que durante la
crisis se había convertido en una problema hipotecario
vinculado a la compra de viviendas se ha trasladado durante el último año y medio al mercado del alquiler. Esto
está provocando una nueva burbuja ligada al alquiler. En
el Raval de Elche el precio del alquiler se ha duplicado
desde 2014. En Alicante se ha triplicado en zona calle
Castellanos y los precios medios que se pagan ahora por
arrendar un inmueble ya están por encima de los máximos que se registraban en plena burbuja inmobiliaria:
los precios ya están un 0,9% por encima de los máximos
registrado en 2008. En València ha subido un 13.31% en
2017, y en algunas zonas como Rascanya, Algirós y Benicalap ha subido más de un 30%. En el distrito d’Eixample
ha subido 26.86% en un año.
El alza de los precios de alquiler está vinculada, cuanto
menos, a dos factores de nuevo cuño: de un lado el proceso de turistificación que ha provocado la migración de
una parte de los alquileres residenciales al formato de
alquileres turísticos para obtener plusvalías más cuantiosas; de otro, el crecimiento acelerado de las SOCIMIs,
Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que de manera continuada han venido
ocupando una parcela mayor del mercado inmobiliario,
sustituyendo poco a poco a los pequeños propietarios
como arrendadores.
En paralelo a este proceso, el nivel de vida valenciano ha
caído un 24 % en siete años (2008-2015) y los trabajadores de la Comunidad cobran 156 euros al mes menos
que la media estatal, y solo el 20% de los menores de
29 años pueden irse de casa. De la gente que se independiza, el 84,3% comparte su vivienda. Más de un tercio
de los menores de 30 años se encuentran por debajo
del umbral de la pobreza en España, tasa que alcanza
el 56,8% entre los que están en paro. Lo que señala con
claridad que el incremento en el precio de los alquileres
no es en ningún caso resultado del aumento del poder
adquisitivo de la sociedad valenciana.
Más bien al contrario, lo que encontramos es la tendencia inversa en los desahucios. Durante 2017 los lanzamientos se mantuvieron en unas cifras alarmantes,
afectando a más de 30 familias al día en la Comunidad
Valenciana. La novedad es que la gran mayoría se derivaron de impagos de arrendamiento.

Mientras, el gobierno del Partido Popular ha anunciado
su Plan de Vivienda Estatal para el ciclo 2018-2021. Un
plan que cuenta con la desaprobación de los colectivos
de afectados y es mayoritariamente desaconsejado por
los expertos. Este plan combina una extraordinaria infradotación presupuestaria para la ampliación del parque
de vivienda pública con una propuesta viciada desde la
raíz de subvención directa al alquiler. Con los precios del
alquiler lejos de estabilizarse y constantemente en alza,
las subvenciones sobre la renta aumentan el riesgo de
inflar aún más la burbuja, beneficiando en vez de a los
inquilinos, a los grandes arrendadores anónimos. Arrendadores que aumentan su capitalización cada día en los
mercados bursátiles.
Entendemos que el derecho constitucional a la vivienda
debe garantizarse con medidas estructurales, y la única que puede tener efectos duraderos es la que pueda
contribuir, de manera decisiva, al aumento del parque
de vivienda pública. La capacidad de ofrecer alternativas a un mercado hinchado es la única vía para hacer
que el mercado se ajuste a las capacidades reales de la
población.
En la Comunitat Valenciana se estima que hay en torno
a 500.000 viviendas vacías, aproximadamente un 15% del
total de viviendas construidas. Con estas cifras, superiores a la media Estatal, es evidente que la vivienda no
es un recurso escaso, pero no está convenientemente
movilizado. Esto señala que es las prioridades de las administración autonómica deberían ser rehabilitar antes
que construir y activar, bajo la figura de alquileres sociales, la vivienda en desuso. Para ello, proponemos las
siguientes medidas.

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 Desarrollo de un Plan Estratégico de vivienda a escala de la Comunitat Valenciana, actualizado a partir de
los problemas presentes y que tenga por objetivo un
mapeo completo de las viviendas vacías en la Comunitat,
la racionalización bajo un mismo directorio de todas las
viviendas de titularidad pública y la generación de un
espacio de cooperación interinstitucional efectiva, ahondando especialmente en la relación con los municipios,
para canalizar las inversiones y hacer un seguimiento de
sus resultados. Una de las medidas inmediatas para esa
racionalización debería ser la recalificación de viviendas
de promoción pública inicialmente destinadas a venta y
ahora vacías para incrementar el parque de oferta pública de alquiler.
Dentro de ese plan, será necesario destinar cuanto menos 100 millones de euros anuales para la promoción
en suelo público, rehabilitación y compra directa a fin
de multiplicar el parque público de vivienda. La adquisición de vivienda no se dirigirá a través de negociaciones con bancos o grandes propietarios sino a través de
compras a particulares mediante convocatoria pública.

Complementariamente, será necesario incentivar la cesión temporal de vivienda vacía de pequeños propietarios para su uso como alquiler social a partir de dos
principios: la administración garantizará a los propietarios el cobro del alquiler por parte de los arrendadores;
a los propietarios se les bonificará el 100% de impuestos
vinculados a la vivienda: tanto el IBI a escala municipal
como los tramos fiscales de competencia autonómica
vinculados al valor de la vivienda cedida.
Ampliar por ley los derechos de las personas y familias afectadas por procesos de titulización hipotecaria, cláusulas abusivas y otras prácticas que generan
indefensión en inseguridad residencial sin alternativa
habitacional en caso de desahucio.

Además, instaremos al Consell a ejercer los derechos
de tanteo y retracto por parte de la Generalitat valenciana sobre viviendas sujetas a cualquier régimen de
protección pública para la adquisición y ampliación de
viviendas del parque público.

NI CASAS SIN GENTE
NI GENTE SIN CASAS.
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 HORITZÓ 2019 / 11 PROPOSTES PER A UN FUTUR MILLOR

APOSTAR POR LA SOSTENIBILIDAD
un modelo turístico de calidad

PODEM.

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 El papel reservado a territorios como la Comunitat, tanto
a nivel global como español, es el de ser una economía
fuertemente terciarizada y ligada al sector servicios de
la industria turística. Eso nos sitúa en una posición delicada. Al mismo tiempo que el turismo es motor económico de la Comunitat, es un sector productivo especialmente vulnerable en tiempos de crisis, fue uno de
los factores de mayor importancia en la formación de
la burbuja inmobiliaria, sirvió de excusa para la explotación más allá de lo razonable de nuestro litoral y genera
puestos de trabajo en su mayoría no especializados y
con un grado muy elevado de precariedad laboral.
En ese sentido, el modelo turístico de la Comunitat ha
cronificando la precariedad como salida a la crisis. El
45% de los contratos en el sector de la hostelería firmados en 2017 duraron menos de una semana. Entre 2012
y 2017 los contratos discontinuos aumentaron un 57%
en la Provincia de Alicante.Datos que explican por qué
el 30,5% de la población de la Comunitat Valenciana se
encuentre en riesgo de pobreza y exclusión social, una
cifra tres puntos superior a la de la media Estatal.
Al mismo tiempo, el boom actual dentro del sector ha
provocado la proliferación de pisos turísticos. Plataformas como AirBnB (dedicada al alquiler turístico) han
aumentado su oferta más de un 100% en los principales núcleos turísticos de la Comunitat, contribuyendo de
manera decisiva a la alza de precios del alquiler y a la
expulsión sostenida de vecinas y vecinos de los núcleos
urbanos.
Por ello es necesario impulsar un cambio de sensibilidad y de modelo con respecto al turismo de manera
que deje de concebirse como una actividad económica
aislada y susceptible de explotación comercial y pueda
ofrecer un marco de convivencia pensado desde el derecho a la ciudad, la conservación del patrimonio naturaly la garantía de empleo digno.
Estos tres elementos son centrales para la valorización
del turismo como sector productivo sostenible. No puede haber turismo de calidad en barrios degradados y
vaciados de vecinos, con servicios prestados por trabajadores precarios en litorales masificados y parajes
naturales destruidos. Para que el turismo pueda mantenerse como uno de los principales sectores productivos

de la Comunitat Valenciana durante las próximas décadasdebe dar respuesta a estos desafíos.
Esas respuestas deben coordinarse a escala autonómica y municipal y deben empezar a plasmarse en el
marco regulativo de la inminente ley de turismo. En ese
sentido proponemos las siguientes medidas:
Promover la desestacionalización del turismo con
un Plan de Fomento de Nuevos Modelos Turísticos,
fomentando particularmente el turismo de interior. Se
crearán lanzaderas y corredores entre las zonas de
costa y de interior para fomentar y facilitar la conexión
entre los diferentes destinos turísticos para que los visitantes no tengan que concentrarse en una única experiencia y puedan disfrutar de la riqueza de la Comunitat.
Poner en marcha un sello de empleo justo y de calidad para los establecimientos hosteleros y hoteleros
que permita distinguir a las empresas que desarrollan
buenas prácticas de las que no lo hacen. Para obtener
el sello deberán cumplirse los siguientes requisitos: aplicación de convenios colectivos, prevención de riesgos
laborales, valorar que la empresa no arrastras infracciones graves y puesta en marcha de medidas vinculadas
al empleo de calidad. Adicionalmente, se creará un sistema de clasificación de hoteles de acuerdo con la política de responsabilidad social de los establecimientos
hoteleros basado en la consideración de turistas, trabajadores, sindicatos y gestores, sobre criterios tangibles.
Junto con lo anterior, replantear el modelo de concesiones administrativas y de subvenciones públicas a
los establecimientos turísticos, y demás agentes económicos de este sector, que fije un sistema de garantías relacionadas con la debida responsabilidad social
de las empresas; no se subvencionará ni se autorizarán
licencias a aquellos que vulneren los derechos básicos
de seguridad y salud entre sus trabajadores; y viceversa, se premiará a quienes cumplan con un nivel de exigencia razonable. Además se incorporará a los sectores
profesionales del sistema turístico, y de representación
laboral (asociaciones de Kellys, sindicatos profesionales,
asociaciones de vecinos, etc.)en los procesos de participación social y de concertación de los agentes sociales
en programas, planes, mesas de turismo, etc., para que
su voz esté presente en todo lo que ataña al modelo
turístico que se desarrolla en nuestras ciudades.
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 Impulsar un Acuerdo para el Empleo de Calidad en el
Turismo, basado en el diálogo social, en la mejora de las
condiciones laborales y en un mejor reparto entre todos
los actores de los beneficios y mejoras en la rentabilidad
que vivimos en estos años de crecimiento del sector. El
acuerdo debería estar basado contemplará los siguientes puntos:
- 
Aumento progresivo de los salarios, para compensar las bajadas sufridas durante la crisis y recuperar
el poder adquisitivo que han vivido los trabajadores y
trabajadoras del sector durante estos últimos años.
- 
Plan de ayudas a la lucha contra la temporalidad y la estacionalidad del trabajo.
- 
Reducción de las externalizaciones del trabajo
en el sector turístico, y en su caso, mantenimiento de
las empresas externas de mantener como mínimo los
compromisos salariales y respeto de los acuerdos de los
convenios colectivos.
- 
Inspección y control de las cargas de trabajo,
puesta en marcha de medidas de prevención en materia
de ergonomía y reconocimiento de las enfermedades
profesionales.

Promover, a escala municipal, de Planes Especiales
Urbanísticos de Alojamientos Turísticos que zonifiquen el municipio por densidad de viviendas turísticas-residenciales y puedan declarar zonas turísticamente saturadas. Estas zonificaciones debe desarrollarse en
colaboración con la administración autonómica a partir
de un marco legal específico que permita la puesta en
marchade Planes de Intervención en Ámbitos Turísticoscon el objetivo de evitar la saturación de zonas turísticas
en detrimento de la calidad de vida de los vecinos y del
medio ambiente garantizando a todos la ciudadanía el
acceso a la vivienda y evitando la economía especulativa
en torno al alquiler turístico.
Frenar los establecimientos turísticos ilegales invirtiendo en inspectores y desarrollando un marco normativo que obligue a las plataformas digitales dedicadas al
alquiler turístico a dos cosas:
- 
Acreditar que todo alojamiento ofertado dispone de número de licencia y alta  legal.
- 
Ceder los datos de los titulares de las ofertas a
la administración autonómica, de manera que se permita la comprobación ágil por parte de si ese piso turístico
está o no dado de alta.

Diferenciar el alquiler turístico “esporádico o no profesional” del alquiler “permanente o profesional” a
partir de dos criterios normativos: vivienda entera un
máximo de 60 pernoctaciones al año o una habitación
sin límite de pernoctaciones en la misma vivienda en la
que resida el propietario. El alquiler profesional ha de
sujetarse a todas las disposiciones legales específicas
en tanto actividad económica con una importante rentabilidad y con importantes efectos sociales mientras
que alquiler esporádico no profesional debe comprenderse dentro del ámbito de la actividad colaborativa y
por tanto no debería someterse a las regulaciones específicas de uso turístico. Además, los vecinos y vecinas
podrá decidir si permiten que en su edificio de viviendas
residenciales haya o no una vivienda de uso turístico, en
tanto en cuanto se trata de una actividad con alto rendimiento económico y que en general causa mayores
molestias que una vivienda residencial.
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 I- M PULSAR LA TRANSICIÓN
ENERGÍETICA
hacía un nuevo modelo productivo

Queremos enfocar el debate y este bloque en particular
sobre la base de la creación de una alternativa real e
integral al modelo productivo y laboral actual. Esos son
los dos principales elementos que queremos desarrollar
con la aproximación a las energías renovables y el tipo
de políticas públicas a implementar en este campo.
El cambio de modelo productivo que se está impulsando
en la Comunitat Valenciana ha de procurar la incorporación de la inercia de un cambio en el modelo energético,
de acuerdo con las directrices de la UE y de su paquete legislativo “Clean Energy for all Europeans”, según los
objetivos climáticos del Acuerdo de París, al objeto de
incrementar el consumo de energía que provenga de
fuentes renovables, la reducción de emisiones contaminantes y el incremento de la eficiencia energética. Se
pretende avanzar hacia un nuevo modelo energético
que impulse el desarrollo del autoconsumo y de la inversión en potencia instalada de producción de energía
eléctrica con fuentes renovables.
En un segundo plano, nos interesa también la participación y la interacción en red, tanto de la ciudadanía como
de los diferentes actores del sector, a la hora de proponer horizontes en el terreno de las energías renovables,
así como el estímulo del compromiso con la generación
de nuevas formas de empresariado realmente colaborativo que se pueda nutrir tanto de los avances conseguidos mediante la investigación pública como de otras
experiencias empresariales del propio sector.
El diagnóstico inicial es sencillo: la Comunitat Valenciana
tiene una matriz productiva excesivamente dependiente
del sector servicios y del urbanístico, sobre todo cuando
hablamos de hostelería y restauración, ocio, turismo y
vertebración y planificación territorial. Esto implica que
nuestra economía ocupa un lugar de tercera en el mapa
global y regional: dentro de Europa, España es un país
del sur que poco a poco ha ido ocupando un lugar subordinado dentro del reparto de los roles productivos
a escala continental. Y dentro de España, la Comunitat
ha asumido un papel de ‘chiringuito’ y ‘destino turístico
atractivo’ como rasgos exclusivos de su economía. Esto
lleva aparejado no sólo los habituales salarios bajos,
empleos precarios y temporales y falta de formación y
especialización, sino, más recientemente y al calor del

crecimiento de compañías y plataformas dedicadas al
negocio inmobiliario en la línea de AirBnB, Wimdu o HomeAway, el crecimiento de los precios del alquiler y la
compra de vivienda y, por tanto, una acentuación de las
barreras para el acceso a la misma por parte de la población local, así como un éxodo y desaparición de los
vecindarios tradicionales, que son sustituidos, excluidos
o expulsados de sus barrios.
El turismo de masas o ‘turismo industrial’, como lo llaman algunos expertos y expertas, está provocando una
nueva burbuja inmobiliaria ligada al mercado del alquiler, la compra y, además, una cesión de soberanía en
materia de vivienda y planificación urbana y del territorio puesto que buena parte del mercado de vivienda
está siendo adquirido por inversores extranjeros.
Todos y todas somos turistas y aspiramos a poder viajar
por todo el globo, pero para que esta situación no acabe
por terminar de explotar, con consecuencias imprevisibles para la economía valenciana y la convivencia entre
ciudadanía de diferentes procedencias, será decisiva la
construcción de un modelo productivo basado en economía real de alto valor añadido, conseguida a través del
fomento de la investigación, la innovación tecnológica, la
digitalización de las pymes y su acceso a los mercados
internacionales, impulsando sectores como la industria,
la agricultura, el comercio de proximidad y un turismo
sostenible y desestacionalizado para que incrementen
su valor relativo en términos de PIB.
Aquí es donde entra en juego el valor de la promoción
de las energías renovables como uno de los vectores de
transformación de la matriz productiva de la Comunitat.
Fomento del Autoconsumo energético
Una de las claves para lograr este cambio de modelo
energético consistirá en la adecuación del marco legal
impuesto al sector. De esta forma, desde Podemos proponemos el cambio a una legislación atractiva para las
inversiones, pero también para el estímulo orientado a la
financiación de iniciativas empresariales propias y para
el fomento del autoconsumo, que permita acercar la generación al consumo, con la consiguiente reducción de
los costes económicos de nuestro sistema energético, el
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 fortalecimiento de nuestra economía y el combate contra la pobreza energética.
Para ello proponemos instar al Gobierno de España a derogar, de manera inmediata el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, así como modificar el
artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, para elaborar, de forma participada
por los diferentes agentes sociales, investigadores y
empresariales, una nueva normativa del autoconsumo
eléctrico que elimine todas las barreras actuales.
Fomento de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
Asimismo, y de forma complementaria, promover un
nuevo marco legislativo autonómico para el fomento
de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia
energética, con un desarrollo reglamentario que defina
las condiciones técnicas y administrativas a cumplir por
las instalaciones afiliadas del sistema eléctrico y las instalaciones para aprovechamiento y consumo directo de
fuentes de energía renovable que precisen intercambiar
la energía excedentaria, producida en el autoconsumo,
con el sistema eléctrico.
Será determinante completar la reformulación del Plan
Eólico Valenciano en el plazo fijado en el acuerdo del
Consell, de 28 de julio de 2017, de forma que permita
desarrollar plenamente todos los subplanes que componen el Plan de Energía Sostenible de la Comunidad
Valenciana 2020 (PESCV2020), así como prestar una
atención especial a la energía solar fotovoltaica y a
su versatilidad para adecuarse a cualquier núcleo urbano o rural.
Proponemos el impulso de la I+D+i en todo tipo de
fuentes renovables: hidráulica, eólica, hidroeólica, solar
fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable y otras renovables como el biogás, biomasa, la hidráulica marina
o la geotérmica, así como el fomento de los planes de
acción en materia de ahorro y eficiencia energética,
centrados especialmente en el aislamiento térmico, la
priorización del entorno de los edificios, las medidas
para reducir el gasto energético en los edificios y otras
propiedades de la administración pública, así como en
las infraestructuras y servicios públicos: alumbrado,
sistemas de depuración de agua, redes de frío y calor,
transporte, etc.

Será necesario diseñar y poner en campañas de sensibilización y concienciación social en relación con la
importancia de la eficiencia energética, así como realizar actuaciones de información y formación en buenas
prácticas dirigidas a los profesionales relacionados con
este sector.
Cierre de la Central Nuclear de Cofrentes
Ante un eventual cierre de la Central de Cofrentes, en
2021 o fecha posterior, cabe pedir a las administraciones
competentes que se diseñe un plan de contingencia
social y económico para el área de influencia socioeconómica de la central, así como de abastecimiento
eléctrico, para garantizar el suministro en nuestro territorio autonómico.
En materia de empleo
Orientar la contratación, en especial en el caso de
desempleados del sector de la construcción y sus derivados, hacia el avance, promoción y consolidación de
la eficiencia energética en viviendas e inmuebles. Para
ello se estudiará la forma más productiva de poner en
marcha planes de formación integral y se hará hincapié tanto en la intervención en hogares afectados por
pobreza severa como en edificios públicos, extendiendo
este plan hacia el resto de vivienda residencial con el
objetivo de dar un salto energético y tecnológico que
actualice las fuentes y usos energéticos en todos los
hogares.
En materia industrial
Nuestros objetivos en materia industrial se centrarán en
evaluar el papel que pueden jugar las energías renovables en la reorientación de la actividad de las empresas que conserven prácticas contaminantes o de
alto riesgo ambiental.
La intención no es sólo gravar y obtener ingresos sino
educar y reenfocar las prácticas productivas. En esta
línea estableceremos como reto principal el desarrollo
de planes de estímulo energético que vehiculen inversiones hacia el desarrollo de energías renovables
para la progresiva sustitución de los combustibles fósiles, de planes de I+D+i en ‘tecnologías verdes’ y a la mejora de la eficiencia energética en las infraestructuras
productivas.

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 HORITZÓ 2019 / 11 PROPOSTES PER A UN FUTUR MILLOR

DEFENDER A LAS Y LOS
AUTÓNOMOS
trabajar en condiciones dignas

PODEM.

15

 Una de las apuestas gubernamentales más decididas
para combatir la destrucción de empleo, durante la crisis económica, ha sido gestionada potenciando la lógica
del emprendimiento y el autoempleo. De ese modo, muchas personas que no encontraban acceso a un empleo
por cuenta ajena han optado por tratar de impulsar su
propio proyecto empresarial o profesional. De hecho, en
España las Pymes y, fundamentalmente, las microempresas, tienen un peso relativo en la ocupación y en el
PIB superior al de muchos países de nuestro entorno.
Sin embargo, gran parte de estas empresas tienen grandes dificultades para mantenerse en el mercado y, según los datos disponibles, más del 60% de las empresas
que no tienen ninguna persona empleada cierran antes
de alcanzar los 5 años de vida. En lo que se refiere a
las personas trabajadoras autónomas, y solamente en
la Comunitat Valenciana, se registró en 2017 una disminución de las mismas de 1.449, es decir 4 cada día,
especialmente vinculada con las dificultades de supervivencia del pequeño y mediano comercio de proximidad,
un sector comercial regentado en una gran parte por
personas trabajadoras autónomas.
Este colectivo de personas, emprendedoras de su propio
negocio o actividad profesional, han padecido y continúan padeciendo, en la actualidad, de una especial vulnerabilidad al no gozar de los mismos niveles de protección social que las personas empleadas por cuenta
ajena. El régimen especial de cotización de las personas
trabajadoras autónomas (RETA) es demasiado rígido y
regresivo, y no logra adaptarse a la realidad de la actividad empresarial o profesional en cada momento de su
desarrollo, produciendo, como consecuencia, unas pensiones de jubilación más bajas que las de otros regímenes de cotización.
Otro de los problemas fundamentales de este colectivo
ha sido, desde hace ya demasiados años, la rápida extensión del uso fraudulento de la figura del autónomo
como una forma de eludir la contratación por cuenta
ajena y la aplicación de sus convenios colectivos, el pago
de cotizaciones en régimen general a cargo de la empresa, las indemnizaciones por despido, la retribución de
las horas extra, el correcto tratamiento de las bajas y
la prevención de riesgos laborales, etc., en lo que se ha
venido a llamar, comúnmente, los “falsos autónomos”. De

ese modo, la figura de la persona trabajadora autónoma
se ha convertido, en muchos casos, en un instrumento
de precarización de sus condiciones laborales, constatando recientemente el dato de que, en España, el 29%
de las personas trabajadoras autónomas, menores de
30, tienen una remuneración por debajo del umbral de
la pobreza.
La inspección de trabajo y los tribunales están reconociendo un número cada vez mayor de casos en que, bajo
la figura de las personas trabajadoras autónomas existe
una relación laboral encubierta, y las instituciones tienen
el deber y la responsabilidad de legislar adecuadamente
en la defensa de esta y otras formas de precarización
laboral en nuestro país, un problema que está causando
los mayores niveles de desigualdad de la Unión Europea
y situando a una gran parte de la población, tanto empleada como desempleada, por debajo del umbral de la
pobreza.
Todo ello hace necesario que las Administraciones Públicas adapten la regulación de la figura de las y los trabajadores autónomos así como para mejorar su situación
y evitar el uso fraudulento de esta figura. La Generalitat
Valenciana dispone de competencias que, aún siendo
limitadas, ofrecen oportunidades interesantes para intervenir en esa dirección:
A finales de 2015, el Pleno de Les Corts Valencianes
aprobó, por unanimidad de los grupos parlamentarios,
la creación de una Mesa de Trabajo dirigida a mejorar
la situación de las personas trabajadoras autónomas
en nuestro territorio. La Mesa elaboró una amplia propuesta de medidas, que fueron consensuadas con las
principales organizaciones asociativas que representan
a este colectivo, que fue tramitada como una proposición no de ley, por vía de urgencia, por parte de todos
los grupos parlamentarios. A pesar de la existencia de
un amplio consenso entre los partidos políticos con representación en Les Corts Valencianes y las organizaciones representativas del colectivo, no se han producido
avances destacables en las medidas planteadas en la
mencionada proposición no de ley, con lo que uno de
los objetivos inmediatos de Podem es garantizar las
convocatorias de esta Mesa de Trabajo, de acuerdo
con la Resolución 184/IX de las Cortes, para exigir explicaciones sobre el grado de cumplimiento de esta
resolución, a la conselleria competente, y dinamizar
las actuaciones que se vayan acordando en el marco
de esta mesa de trabajo.
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 determinados gastos e inversiones realizadas vinculadas
al desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
Poner en marcha reformas legislativas que establezcan la obligatoriedad de aplicar a los falsos autónomos el convenio colectivo que rija, en su sector de
actividad, para las personas empleadas por cuenta
ajena en la empresa. Una propuesta en ese sentido
implicaría, entre otras, la reforma de la actual Ley de
Cooperativas de la Comunitat Valenciana, tal y como
ya se ha hecho en otras comunidades autónomas.

Finalmente, la administración valenciana ha de incluir,
siempre, a las personas trabajadoras autónomas como
posibles destinatarias de la oferta pública de formación, como uno de los principales instrumentos de desarrollo y viabilidad de esta forma de emprendimiento.

Desde la Generalitat Valenciana ya se han planteado
subvenciones para el pago de las cuotas sociales de
este colectivo. Sin embargo, el rango de estas ayudas
hace que el número de personas trabajadoras autónomas que finalmente se acogen a ellas sea relativamente
bajo, al igual que las partidas presupuestarias consignadas para este fin. Además, el pago de las ayudas no
resulta siempre ser puntual y existen demasiadas dificultades administrativas para tramitarlas, lo que resta
eficacia a la medida. En lo que resta de legislatura, se
debe establecer una política de ayudas más ambiciosa y eficaz a la cuota de las personas trabajadoras
autónomas, ampliando tanto su cobertura económica
y rango de aplicación como su dotación presupuestaria
total, al objeto de que aporte mayor seguridad y fiabilidad a las personas que pueden acogerse a ellas.
De forma complementaria, es necesario que la Generalitat Valenciana habilite de forma inmediata un subsidio
por cierre de actividad para las y los autónomos que
hayan pasado a situación de desempleo y con especial énfasis en el colectivo de mayores de 45 años.
Consideramos prioritario, también, la creación de un
sistema de ayudas para que las personas trabajadoras
autónomas que se acogen a las bajas debidas a la maternidad o a la paternidad puedan ser suplidas durante
ese periodo en su puesto de trabajo. Las dificultades
para poder ejercer este derecho son de facto superiores, en este colectivo, a lo que ocurre con las personas
empleadas por cuenta ajena, cuya baja puede ser cubierta con más facilidad y que, en todo caso, no tienen
que cubrirlas con cargo a sus propios inresos.
Asimismo, es necesaria una justa adecuación de la política fiscal de la Generalitat Valenciana con este colectivo, estableciendo incentivos fiscales para las nuevas
personas trabajadoras autónomas, durante los dos
primeros años de actividad, incorporando, además, deducciones al tramo autonómico por creación de empleo y por su mantenimiento en el tiempo, así como por

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 HORITZÓ 2019 / 11 PROPOSTES PER A UN FUTUR MILLOR

LLEVAR EL FEMINISMO AL ÁMBITO
DEL TRABAJO
por la igualdad retributiva

PODEM.

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 Dependiendo de las fuentes y el método de cálculo, la
brecha salarial en España se sitúa entre el 17% y el 24%.
En la Comunitat Valenciana, esta se sitúa en un porcentaje del 30.3%, una cifra muy superior a la media estatal.
Es preciso recalcar que en el último informe de Comisiones Obreras sobre brecha salarial, esta ha disminuido un
punto en el último año en el conjunto del país mientras
que en la Comunitat ha aumentado en dos puntos.
Hay varios motivos que explican esta brecha o desigualdad retributiva entre hombres y mujeres. La más evidente y directa es la que puede derivarse del hecho de
que las empresas asignen abiertamente sueldos base
diferenciados según el sexo. La forma más sutil e indirecta de establecimiento de asimetrías en las retribuciones de hombres y mujeres se da por el hecho de
considerar de forma diferente ocupaciones que tienen
el mismo valor o con recompensar con complementos
unas tareas en perjuicio de otras. Esta desigualdad retributiva más ‘invisible’ se da cuando hablamos de dietas
por desplazamiento, pluses por representación, por asistencia a cursos formativos, conferencias o, en definitiva,
complementos que se otorgan por ocupar puestos de
mayor responsabilidad o peso dentro de las empresas.
En estos momentos es posible que una empresa pague
complementos aleatorios que, incluso, escapen de los
convenios colectivos.
Estas asimetrías retributivas podrían haber sido la norma en el siglo XIX, pero no en el XXI; no es coherente que
estas diferencias se mantengan y permanezcan cronificadas en el seno de los sistemas retributivos de sociedades avanzadas como la que aspiramos a construir.
Por supuesto, las mejoras y los avances en todos los
campos en materia de igualdad entre hombres y mujeres hay que atribuírselos al compromiso de las mujeres
por hacer avanzar no sólo a ellas sino al mundo en general. Estas conquistas son patrimonio de todos y todas, pero todavía queda camino por recorrer. La brecha
salarial o, más correctamente, desigualdad retributiva,
es uno de los indicadores que miden las desigualdades
laborales entre hombres y mujeres y es especialmente revelador por la importancia que tiene el salario en
todos los aspectos de la vida; más todavía cuando se
trata del salario asociado a las mujeres, que les permite
acceder a cuotas de autonomía vitales imprescindibles
como, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, donde son
las mujeres las que están sujetas a dependencia econó-

mica de sus parejas, en la práctica totalidad de ocasiones hombres, en casos de acoso, maltrato y agresiones.
La cuestión fundamental es que no hay excusa para que
las condiciones laborales de las mujeres y los hombres
difieran, ya no solo en el salario base, sino también en,
como resaltábamos anteriormente, en toda clase de
complementos, otras condiciones de trabajo o en el uso
y disfrute del tiempo.
En este sentido, la Comisión Europea emitió una recomendación para mejorar el ordenamiento jurídico español en materia de igualdad salarial entre mujeres y
hombres.
Por otro lado, son ya varios Estados los que han tomado
medidas para solucionar este problema. Es el caso de
Alemania, que desde enero de 2017 cuenta con una ley
de transferencia que permite a las personas trabajadoras denunciar a sus superiores si estos no son capaces
de argumentar la ya problemática desigualdad entre salarios que un hombre y una mujer reciben por realizar el
mismo trabajo. Islandia es otro ejemplo claro ya que ha
sido el primer país que introdujo una legislación de este
tipo como corolario a su largo recorrido para conseguir
la reducción de la brecha salarial.
Así, orientaremos toda nuestra política a asegurar el
cien por cien del cumplimiento de las medidas que hemos impulsado y que están fase de no ejecución o ejecución parcial por parte del Consell:
En lo que respecta al ámbito del sector privado:
Trabajar para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres bajo la implementación del concepto de
igual retribución por trabajo de igual valor.
Impulsar la transparencia en la información que tienen que dar las empresas sobre el sueldo de sus empleados y empleadas, las cuales tienen que publicar,
respetando siempre la Ley de protección de datos, las
retribuciones completas (salario base y todo tipo de
complementos) de mujeres y hombres de cada lugar.
Garantizar que las empleadas y los empleados puedan
solicitar información sobre los niveles salariales,
desglosados por sexo e incluido no sólo el salario, sino
también los complementos o los pagos en especie, para
las categorías de trabajadores y trabajadoras que realizan el mismo trabajo u otro de igual valor.
19

 Implementar mecanismos de control para evitar cláusulas discriminatorias por razón de sexo en los convenios colectivos, especialmente las discriminaciones
indirectas.
Implementar mecanismos para mejorar, en las estadísticas desagregadas por sexo sobre la ocupación,
mayor transparencia salarial a través de los indicadores correspondientes y asegurar que quedo incluido el
trabajo doméstico y de cuidados.
Instar el gobierno estatal a destinar recursos en inspección del trabajo y seguridad social para detectar
y sancionar discriminaciones directas e indirectas salariales por razón de sexo.
Instar el gobierno estatal a equiparar los permisos de
paternidad y maternidad y, además, hacer que sean
intransferibles y cien por ciento remunerados, con el
calendario de implementación respectivo.
Implementar estas medidas en el marco del Pacto
Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista,
como también promover que los sindicatos las incluyan dentro de la negociación colectiva.
En lo que respecta al ámbito del sector público:
Que todas las organizaciones y las empresas públicas
valencianas participadas mayoritariamente con capital
público tengan listos y visados por la Consejería de
Hacienda y por la Consejería de igualdad, planes de
igualdad donde necesariamente un apartado será combatir la brecha salarial y asegurar la igualdad retributiva,
con los indicadores pertinentes para su evaluación.
Promoción activa de controles para que todas las
organizaciones y las empresas públicas valencianas
participadas con capital público de forma no mayoritaria implementen medidas para combatir la brecha
salarial y aseguren la igualdad retributiva. En este
tipo de relaciones público-privadas necesariamente se
tendrá que incluir el estudio y la corrección, si procede,
de la clasificación de los puestos de trabajo para alcanzar efectivamente estos objetivos.

Adaptación de los sistemas y los programas informáticos para permitir la explotación de los datos desagregados por sexos en materia de retribuciones en
las organizaciones y en las empresas públicas valencianas.
Elaboración de un estudio sobre brecha retributiva en
el sector público valenciano, donde se incluya la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas públicas valencianas y con relación a los puestos
de trabajo, los salarios establecidos, las clasificaciones
por colectivos y los porcentajes de sexo de las personas
en cada uno de ellos, los complementos salariales y las
retribuciones variables percibidas (antigüedad, complemento de carrera, complementos personales transitorios, productividad...), de tal forma que se pongan en
evidencia las brechas salariales y se exhiba un mapa
y un diagnóstico concreto para conocer y corregir en
profundidad las causas que provocan la desigualdad retributiva.
Consejos de administración paritarios en las empresas públicas valencianas.
Estudio de la posibilidad de obtener, calendarizándolos,
permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y al 100 % remunerados en las empresas
públicas valencianas participadas mayoritariamente
con capital público.
Rendición de cuentas en el inicio del nuevo curso político —septiembre de 2018— del grado de cumplimiento
de todas estas medidas.
Además, trabajaremos por impulsar la expedición de
un Certificado de Garantía de Igualdad Retributiva
entregado por la Generalitat Valenciana a aquellas empresas, ya sean públicas, mixtas o privadas, que cumplan
con los requisitos expuestos en esta serie de medidas,
que podrán ser ampliados y profundizados en futuras
legislaturas a medida que la sociedad civil, los movimientos ciudadanos y las instituciones públicas vayan
proponiendo nuevos objetivos.

20

 Para contribuir a este último punto, pondremos en marcha en el seno de Podem un Observatorio Permanente
por la Igualdad Retributiva, órgano que tendrá como
objetivo establecer un espacio permanente de control,
revisión, evaluación y propuesta de la situación actual
en la materia y proponga horizontes para la mejora de
estas asimetrías retributivas, y que estará participado
y en diálogo con los diferentes actores sociales y de la
sociedad civil.

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 HORITZÓ 2019 / 11 PROPOSTES PER A UN FUTUR MILLOR

GARANTIZAR LOS DERECHOS
SOCIALES
más y mejores servicios públicos

PODEM.

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 Los servicios públicos de la Comunitat Valenciana sufren
una doble agresión: de un lado la degradación acumulada por falta de inversión durante los años de la crisis;
de otro, el deficiente e injusto sistema de financiación
autonómica que castiga a la Comunitat Valenciana.
Sanidad y Educación son dos de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene el modelo de bienestar
valenciano. Sin embargo, pese a que los presupuestos
autonómicos de los tres últimos años han supuesto un
mejoramiento evidente sobre la tendencia heredada, los
recursos destinados siguen lejos de de llegar a las cantidades óptimas.
Sanidad
En 2018 la Comunitat Valenciana volverá a quedar por
debajo de la media del conjunto de las autonomías en
inversión sanitaria. De hecho será la sexta autonomía
por la cola con una inversión por habitante de 1294,83
euros, un 25% inferior a lo que invierte en sanidad el País
Vasco. Esta baja inversión relativa, sumada a la ineficiencia de un sistema de salud parcialmente externalizado, ha llegado a lastrar las listas de espera de manera
alarmante.
Por supuesto, hay que reseñar acontecimientos muy
positivos. El pasado 1 de abril se logró uno de los principales hitos de esta legislatura: la reversión a la gestión
pública del Hospital de Alzira hasta el momento gestionada por Ribera Salud, una sociedad participada por el
Banco Sabadell y la multinacional norteamericana Centene. Un objetivo que se ha logrado frente las resistencias y presiones de la empresa concesionaria que ha
desplegado todos sus recursos para evitarlo. Pero corremos el riesgo de que la desprivatización del Hospital
de Alzira quede en un hecho aislado. En el horizonte aún
quedan por revertir las concesiones de los hospitales de
Manises, Dénia, Elx-Crevillent y Torrevieja. Y junto a ellas
habrá que devolver a la gestión pública servicios externalizados de hospitales como el General de València o el
Provincial de Castelló.
Educación
De manera semejante al aumento del gasto sanitario, el
incremento en inversión educativa de este año, aunque
acumulando un aumento significativo durante los últimos tres ejercicios, apenas habrá servido para cubrir
los recortes sufridos en el periodo de 2009-2015. Los
grandes retrasos en la erradicación de los barracones

o que hasta este año no se haya logrado presupuestar
la gratuidad de las aulas de dos a tres años son buena
muestra del ritmo lento y difícil con el que se progresa
en la recuperación de derechos.
Mención aparte merece la Educación Superior, que partía de un contexto de especial devastación. Durante los
tres últimos ejercicios, las transferencias públicas al
Sector Universitario Público Valenciano (SUPV) no han
llegado a cubrir el recorte del 18,6% sufrido desde 2010 a
2014 (de 875 a 713 millones). Situación que se ha producido de manera aún más pronunciada con las transferencias destinadas a investigación, que siguen lejos de
revertir el recorte del 42,4% que sufrieron de 2010 a 2013
(de 71 a 41 millones de euros). Una situación que debe
resolverse urgentemente también por razones económicas: el SUPV devuelve a la sociedad 2,6€ por cada
euro recibido de las Administraciones Públicas. Formar
a nuestra juventud no sólo forma parte de un proceso
de consolidación de derechos, sino también una pieza
clave en el cambio de modelo productivo que necesita
nuestra Comunitat.
Por ello trabajaremos durante los próximos meses, para
que se cumplan los siguientes objetivos:
Reducir sustancialmente las listas de espera. Desde
Podem hemos realizado decenas de preguntas al Consell para conocer la situación exacta de las listas de espera en distintos departamentos de salud sobre las que
todavía no hemos recibido respuesta. Su reducción es
un punto fundamental del Pacte del Botànic que figura
en el punto 103 de su ampliación para cuyo cumplimiento antes de que finalice la legislatura vamos a promover
iniciativas específicas.
Reducir la pobreza farmacológica. En los Presupuestos de la Generalitat de 2018, Podem negoció con el Consell la inclusión de partidas destinadas a acabar con el
fenómeno de pobreza farmacológica que afecta a miles
de pacientes en la Comunitat Valenciana. Desde Podem
fiscalizaremos la ejecución de estas partidas a fin de
asegurar que los recursos consignados lleguen a las
personas que lo necesitan.

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 Revertir las externalizaciones de servicios sanitarios.
A comienzos de abril Podem reclamó en Les Corts que
la sanidad pública gestionara el servicio de resonancias
magnéticas. Se trata de un caso especialmente sangrante porque la Sindicatura de Comptes ha denunciado
hasta en dos ocasiones la existencia de importantes sobrecostes. Aunque la Conselleria de Sanitat ha anunciado la renovación del contrato con la misma empresa por
un importe menor, seguiremos reclamando su reversión
al sector público.
Gratuidad para las aulas de 0 a 3 años. El paso dado
en los últimos presupuestos es significativo pero insuficiente. Antes de que termine la legislatura deben
consignarse partidas presupuestarias para avanzar en
la gratuidad progresiva del primer ciclo de Educación
Infantil y la garantia de una oferta suficiente de plazas
en centros públicos. Además, será necesario que sea
obligatorio incluir las aulas de 0 a 3 años dentro del plan
de construcción de los futuros colegios
Revertir los recortes, empezando por la reducción de
las ratios, acortando el calendario de retorno a las
anteriores a 2012 en toda la escolaridad de educación
infantil, primaria y bachillerato. Consignación en los
presupuestos de recursos suficientes para garantizar
las medidas de tratamiento de la diversidad y el principio de inclusión en el sistema educativo valenciano.
Garantizar la movilidad social y la libertad material
en la educación a través del conocimiento eliminando
barreras económicas. Para ello propondremos aumentar la cuantía recibida por becas y ayudas al estudio
en los casos de renta más baja para eliminar barreras
que impidan la continuidad de los estudios por causas
económicas. Esto debe lograrse ampliando la cuantía
de las becas y ofreciendo unos requisitos académicos
más ajustados y accesibles para quienes deben conciliar trabajo y estudio, reduciendo el número de créditos
superados necesarios para poder acceder a una beca.

Ampliar las bolsas públicas de empleo en el sector
de la investigación. El peso de los universitarios en el
empleo global de la Comunitat Valenciana es del 26,3%,
sensiblemente inferior al de la media española (29,3%) y
muy por debajo de otras comunidades autónomas como
Madrid (41,5%), País Vasco (34,3%) y Cataluña (29,5%). Esta
situación es uno de los factores que lastra la productividad de nuestra economía. Para converger con la media
española una de las estrategias más efectivas sería la
ampliación significativa de las bolsas de empleo en el
sector de la investigación, el más castigado por los recortes.
Abordar entre las partes implicadas (universidades, Generalitat, respresentació del profesorado...) la negociación de unas condiciones salariales y laborales dignas para el profesorado asociado.
Facilitar el transporte del alumnado. Crear de lanzaderas que faciliten el acceso desde zonas periféricas, a
través de un convenio entre las administraciones autonómicas y municipales y las universidades.
Facilitar la transferencia de conocimiento entre estudiantes. Poner en marcha un Foro Valenciano del Conocimiento destinado a mantener un espacio virtual en
el que la ciudadanía pueda aportar apuntes, trabajos e
investigaciones en los diferentes campos de estudio de
nuestras universidades.
Facilitar el transporte del alumnado. Crear de lanzaderas que faciliten el acceso desde zonas periféricas, a
través de un convenio entre las administraciones autonómicas y municipales y las universidades.
Facilitar la transferencia de conocimiento entre estudiantes y el conjunto de la ciudadanía. Poner en
marcha el desarrollo de un Foro Valenciano del Conocimiento destinado a mantener un espacio virtual en
el que la ciudadanía pueda aportar apuntes, trabajos e
investigaciones en los diferentes campos de estudio de
nuestras universidades.

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 rCOMBATIR LA CORRUPCIÓN
HASTA LAS RAÍCES
reforzar las instituciones

La corrupción tiene importantes costes para la democracia. El fraude y la corrupción han sido identificados
por la ciudadanía como unos de los principales problemas de España, también en la Comunitat Valenciana. El
Estado de Derecho debe estar siempre alerta, vigilante,
y reaccionar ante estas acciones con rapidez y contundencia, a través de medios preventivos y represivos, que
devuelvan a la ciudadanía la confianza en las instituciones y en sus gobernantes, en tanto que capaces de
defender y salvaguardar siempre los intereses públicos
por encima de los intereses privados y de partido. Urge
la regeneración democrática, incrementar la transparencia e implementar todas las medidas necesarias que
aseguren la eficacia y la eficiencia en la gestión pública.
La gestión del Partido Popular de las instituciones valencianas, en sus distintos niveles administrativos, ha estado marcada durante todos sus años de gobierno por
la corrupción. Más allá de que pretendan presentarla
como un fenómeno que ha afectado a cargos concretos
de este partido, se ha tratado en realidad de un fenómeno estructural, una forma de gobierno y de preservación del poder político, al tiempo que de enriquecimiento
personal.
El Pacte del Botànic tiene como imperativo ético limpiar
de corrupción las instituciones venga de donde venga,
tomar medidas para su prevención y disponer de los
mecanismos y los recursos para perseguirla. En ningún
caso debemos permitir que se defrauden las expectativas de cambio generadas entre las y los valencianos, por
eso los partidos que suscribimos el Botànic debemos
elevar el grado de exigencia ética e impedir que nuestras instituciones puedan verse desacreditadas.
Podem ha alcanzado logros importantes en la lucha
contra la corrupción que deben desarrollarse adecuadamente desde el Consell por lo que nuestra prioridad
es fiscalizar su realización:

El juicio del Caso Gürtel ha destapado las conexiones
entre el PP y grandes empresarios que financiaban ilegalmente el partido o sobornaban a sus cargos electos.
La externalización de servicios, la obra pública o la recalificación de suelo, han sido negocios muy rentables
a través de los cuales unos pocos se han enriquecido
a costa del saqueo de lo público. A pesar del cambio
de gobierno tanto en la Generalitat como en muchas
corporaciones locales, estos mismos empresarios siguen reteniendo contratos públicos por los que se embolsan beneficios ingentes. De ese modo el resultado
es que a pesar de las condenas judiciales, en muchos
casos únicamente traducidas en multas, la corrupción
sigue saliendo rentable. Por eso Podem sacó adelante
en Les Corts una PNL para que la Generalitat analice los
contratos mantenidos con empresas ligadas a la Trama
Gürtel, intervenga en caso de que se cometieran irregularidades, y finalmente garantice la transparencia y la
concurrencia en la contratación pública apoyándose en
la recientemente reformada Ley de Contratos del Sector Público. Podem debe asegurar de que el Consell
cumple con este mandato y ampliarlo a otros casos
de corrupción ligados a empresarios.
Indiscutiblemente la lucha contra el fraude y la corrupción ha de librarse con carácter preventivo, antes de que
el daño se haya hecho a las arcas públicas. Hasta ahora
no ha habido en nuestro país un órgano específico encargado de prevenir la corrupción, ni de dar amparo y
protección al denunciante de la misma. Considerando
necesaria la existencia una institución independiente
que velara por la integridad de las administraciones
públicas valencianas, Podem impulsó la creación de la
Agencia Antifraude, que ya ha iniciado su actividad de
investigación de varios casos de los que ha tenido conocimiento a instancias de denunciantes, algunos de los
cuales han sido protegidos. En lo que resta de legislatura se debe asegurar un correcto despliegue y una
adecuada dotación de recursos para que la Agencia
pueda realizar su labor.

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 No menos relevante resulta poner el foco en el ámbito
represivo del fraude y de la corrupción, porque la ciudadanía exige rapidez y eficacia en la lucha contra estas
actuaciones que dañan tan seriamente los pilares de
nuestro Estado de Derecho. Por ello, en los Presupuestos de la Generalitat para 2018, Podem exigió una mayor
dotación de recursos a los juzgados, especialmente a
aquellos destinados a tramitar causas por delitos de
corrupción o por los abusos bancarios con las denominadas claúsulas suelo. La mejora del funcionamiento
de la justicia es un signo de fortalecimiento de nuestro
Estado, por eso Podem fiscalizará la ejecución de las
partidas comprometidas en los Presupuestos, propondrá mejoras para el próximo ejercicio y seguirá
impulsando medidas para mejorar el funcionamiento
de la justicia.
En lo que queda de legislatura resulta crucial que pongamos en primer plano una agenda de regeneración
democrática que mejore el funcionamiento de nuestras
instituciones con independencia de que partidos vayan a
gobernarlas a futuro.
La regeneración política exige otras medidas, como las
que llevan a plantearse por qué algunos representantes
políticos señalados por corrupción todavía hoy siguen
beneficiándose de cargos institucionales por los que cobran un sueldo público. El caso más sonado ha sido el de
Francisco Camps que, acogiéndose al Estatuto de Expresidentes, pertenece al Consell Jurídic Consultiu además
de otros beneficios. Podem ha planteado una nueva modificación de este Estatuto que elimine privilegios a los
que pueden acogerse los ex presidentes del Consell
y que no tienen justificación alguna. Asimismo también
ha planteado una reforma del Consell Jurídic Consultiu
que seguramente incremente la independencia, transparencia y regeneración de este órgano técnico de la
Administración valenciana.

No son únicamente las y los cargos políticos quienes
han padecido la erosión de la opinión pública sino que
ha llegado también a las organizaciones patronales y
sindicales. Próximamente deberá debatirse en Les Corts
una reforma de la Ley de Participación y Colaboración
Institucional. Es necesario en primer lugar una revisión
de las subvenciones públicas que reciben estas entidades pero también la apertura y democratización
de la Mesa de Diálogo Social para que puedan incorporarse otras entidades como las pertenecientes a la
economía social, a otros colectivos de trabajadoras y
trabajadores, organizaciones feministas que velen por la
igualdad retributiva entre hombres y mujeres, etc.


La Reforma de la Ley Electoral se está tramitando en Les
Corts. El objetivo de Podem es lograr su aprobación incluyendo una reducción del porcentaje de votos para
obtener representación parlamentaria del 5 al 3%, e
introducir medidas que ya hemos puesto en práctica en
Podemos como evitar la acumulación de cargos, lograr
la paridad en las listas electorales o potenciar la realización de primarias en los partidos para conformar
las listas electorales.

Durante los últimos años se ha extendido entre la ciudadanía una fuerte crítica hacia los privilegios que se han
ido otorgando a si mismos los políticos. Se ha ido generado una sensación de divorcio entre representantes y
representados que tiende a deslegitimar las instituciones públicas. Por eso desde Podem hemos renunciado
y hemos propuesto acabar con beneficios injustificados
como la gratuidad de los parkings, los chóferes, las tarjetas T o la subvención de los menús en el restaurante de Les Corts. Además planteamos que es necesario
controlar y reducir el cobro de dietas y complementos de las y los parlamentarios.
27

 rSUPERAR LAS DIPUTACIONES
apostar por el municipalísmo

Las diputaciones son una institución opaca, poco democrática, difícil de fiscalizar y controlar al quedar al
margen de la voluntad popular. Todas las Diputaciones
del País Valenciano han sido protagonistas de casos de
corrupción: Afonso Rus en Valencia, Carlos Fabra en Castellón y Joaquín Ripoll en Alicante. Además el margen de
discrecionalidad que existe en las Diputaciones ha dado
pie también a comportamientos clientelares para favorecer a aquellos Ayuntamientos del mismo color político,
discriminando al resto.
Existe un importante déficit democrático respecto a las
Diputaciones dado que su representación no se elige de
forma directa por la ciudadanía y su composición está
lejos de ser proporcional al número de votos obtenido
por los partidos en las elecciones municipales. Las Diputaciones todavía cumplen una función de asistencia necesaria a los municipios de menos de 20.000 habitantes
que dependen de ellas para recaudar tributos, realizar
inversiones o prestar servicios. Sin embargo estas funciones podrían transferirse a la administración autonómica, municipal o a través de las mancomunidades comarcales para gestionarse de modo más transparente
y eficaz.
La propuesta política de Podem es la desaparición de
las Diputaciones provinciales destinando sus recursos
y personal a reforzar especialmente a los municipios
y las mancomunidades comarcales. Esto requeriría o
bien un cambio constitucional o bien una propuesta de
ley que debería aprobarse en Las Cortes Generales. Sin
embargo hasta que eso sea posible, pueden llevarse a
cabo diferentes iniciativas legislativas que minimicen su
papel y potencien una ordenación territorial del País Valenciano que impulse el municipalismo y configure su
comarcalización.
El PP se opone frontalmente a la desaparición de las
Diputaciones, de hecho dos de las instituciones más
importantes que sigue controlando en la Comunitat Valenciana son las Diputaciones de Alicante y Castellón.
Se acogen al argumento de que la desaparición de las
Diputaciones favorecería el centralismo de Valencia desfavoreciendo los intereses de castellonenses y alicantinos. Por el contrario de lo que se trata precísamente es
de que se trata es de vertebrar el PV potenciando las

comarcas y los municipios. Las comarcas son entidades territoriales basadas en lazos de tipo económico,
geográfico, cultural y social mucho más intensos que
las Diputaciones. De lo que se trata es de disponer de
instituciones más democráticas, transparentes y eficaces como las mancomunidades y los ayuntamientos, al
tiempo que suprimimos otras viejas, anquilosadas e instrumentalizadas por el PP para la corrupción y el clientelismo.
Las Diputaciones han sido superadas en el ordenamiento constitucional por las Comunidades Autónomas que
administran competencias clave de nuestro sistema de
bienestar. Al mismo tiempo los ayuntamientos son instituciones clave por su cercanía a las y los ciudadanos
que han carecido de una financiación adecuada. Potenciar el municipalismo es una prioridad en la agenda del
cambio político en España. El punt 28 del Pacto del Botánico establece la necesidad de reformar la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Sin embargo hasta ahora el Consell no ha presentado ninguna propuesta
de calado en ese sentido, por lo que se hace necesario
emplazar al Consell a que presente una propuesta de
reforma que pueda ser aprobado antes de finalizar la
legislatura.
Para aprovechar economías de escala, muchos municipios se han asociado en mancomunidades comarcales
para prestar servicios conjuntamente. El establecimiento de la división comarcal lleva pendiente desde la reforma del Estatuto de 2008 tal como establece en su artículo 71. El Consell aprobó en mayo de 2017 su propuesta
de Ley de Mancomunidades que se tramitará en Les
Corts este año 2018. En ella se posibilita la creación de
mancomunidades de municipios pero queda muy por
debajo de los objetivos que debería abordar puesto
que no contempla la cesión de recursos y competencias desde la Generalitat Valenciana y desde las Diputaciones. En otras CCAA como Aragón o Cataluña se
ha llevado ya a cabo ese proceso de comarcalización
dotando a las mancomunidades de capacidad jurídica y
administrativa pero reforzando también sus competencias en detrimento de las Diputaciones.

29

 El TSJCV suspendió en 2017 los decretos de la Generalitat Valenciana de coordinación con las Diputaciones
en materia de turismo y deporte. Sin embargo emplazó
a la Generalitat a aprobar una ley de coordinación con
las Diputaciones. El Estatuto de Autonomía establece en
su artículo 72, la obligación de aprobarse una Ley de
Coordinación de este tipo sin que se haya hecho hasta
el momento. Este es un compromiso adquirido por el
Consell en el programa del Botánico en el punto h del
epígrafe 2 sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción. De nuevo, emplazaremos a los partidos del Consell para sacar adelante una ley de estas
características.
El Estatuto de Autonomía va todavía más lejos al establecer en su artículo 72.3 que: “A los efectos de coordinar
estas funciones, los presupuestos de las Diputaciones,
que éstas elaboren y aprueben, se unirán a los de la Generalitat.” Esta posibilidad tampoco ha sido aprovechada
hasta ahora por el Consell por lo que vamos a reclamar
que los Presupuestos para el ejercicio de 2019 incorporen esa metodología conjunta entre la Generalitat y
las Diputaciones.

30

 rPOR UNA NUEVA CULTURA DEL
AGUA
proteger un bien común

Durante las últimas décadas, la Comunitat Valenciana ha
sido un ejemplo de mala gestión de recursos hídricos. La
inconsciencia de gobiernos sucesivos, que han considerado el agua como un medio de crecimiento económico
y no como el recurso un recurso finito y extremadamente delicado que es, han permitido el abandono de
las actuaciones necesarias para preservarlo y hacerlo
sostenible.
La situación se agrava hoy cuando ya son visibles los
efectos del cambio climático. Las sequias, cada vez más
recurrentes, afectan al ecosistema y ponen claramente
en riesgo el derecho humano al agua y al saneamiento.
Junto a ello, la privatización de los recursos hídricos en
el ámbito municipal ha supuesto la pérdida de control
y capacidad de decisión de los ciudadanos con respecto a su propio territorio. No sólo los beneficios que las
empresas privadas gestoras del agua no han repercutido en las poblaciones y han sido foco de innumerables
tramas corruptas, sino que han limitado la capacidad de
generar alternativas democráticas a los retos presentes
y futuros.
Sobre las administraciones públicas, autonómicas y municipales, recae la responsabilidad directa de poner en
marcha una planificación racional y eficiente de los recursos que asegure el agua necesaria tanto para uso
doméstico como para uso agrícola, ganadero, turístico o
industrial. Particularmente deben garantizar el derecho
a la disponibilidad de un mínimo vital a las personas en
situación de vulnerabilidad, el acceso universal al agua y
el desarrollo de todos los aspectos técnicos de la gestión que afectan a la eficiencia y la sostenibilidad económica y ambiental del suministro.
Por lo anterior, promoveremos la coordinación entre las
administraciones autonómicas y municipales para el desarrollo, en todo el territorio, de políticas homogéneas
relativas al ciclo integral del agua. Esa coordinación política se fundamentará en los principios de sostenibilidad
medioambiental y control democrático. Entre las medidas que proponemos están las siguientes:

Reorganizar el sistema de facturación municipal del
agua. Distribuir por tramos de tal manera que puedan
separarse los usuarios con consumos elevados por usos
lúdicos de los usuarios que hagan usos básicos. Las personas en situación de vulnerabilidad social no pagarán
el primer tramo. Debe establecerse un mínimo exento
para las personas en situación de vulnerabilidad en función de las personas que habiten la vivienda.
Desde las corporaciones municipales, instaremos a la
remunicipalización de la distribución de agua potable
para mejorar la transparencia de la gestión y la calidad
del servicio. Promoveremos la creación de mancomunidades, consorcios o cualquier otra fórmula colaborativa
entre municipios, en especial en el caso de pueblos con
menos habitantes, para optimizar los recursos. Desde
Les Corts promoveremos que los ayuntamientos dispongan de recursos técnicos y económicos para auditar los
contratos de suministro vigentes y poder detectar posibles incumplimientos.
Puesta en marcha de medidas urgentes para prevenir, y en su caso revertir, la contaminación de acuíferos por mala gestión de éstos: una planificación clara
y efectiva de la gestión de residuos, poniendo especial
control en el uso de bioestabilizados y lodos de depuradora. Puesta en marcha de todas las plantas de tratamiento de purines pendientes y creación de las que aún
no han sido construidas. Sellado efectivo de vertederos.
Implantación del SDDR como forma efectiva de prevención de residuos y de abandono de envases en cursos
naturales de agua.
Subvencionar el coste del agua desalinizada para, al
menos, igualar su precio al del agua en el mercado
libre.
Promover la racionalización del coste energético
de las Estaciones Desalinizadoras. Deberán disponer
de las infraestructuras suficientes para que funcionar
a pleno rendimiento. El objetivo a medio plazo es que
la inversión infraestructural permita que se alimenten
completamente de energías renovables.

32

 HORITZÓ 2019 / 11 PROPOSTES PER A UN FUTUR MILLOR

INVERTIR EN LA RED FERROVIARIA
apostar por el transporte público

PODEM.

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 Uno de los retos pendientes en el País Valenciano es lograr una vertebración de nuestro territorio que permita
la comunicación entre los diferentes puntos del territorio. Las Administraciones Públicas por una parte tienen
la responsabilidad de garantizar esta conectividad tanto
a través de la construcción de infraestructuras como de
ofrecer servicios de transporte público que sean accesibles, eficaces y sostenibles.
Las inversiones por habitante del Estado en la Comunitat
Valenciana han estado históricamente muy por debajo
de la media que se han realizado en el resto de Comunidades Autónomas. Las inversiones consignaron en
los Presupuestos Generales de 2017 han alcanzado un
mínimo histórico de 118,78€, 66€ menos que la media española. Aunque los Presupuestos Generales de 2018 han
aumentado las partidas siguen estando muy por debajo
de las necesidades de nuestro territorio.
Por ese motivo Les Corts Valencianes aprobaron en el
año 2011 una reforma del Estatuto de Autonomía que
trata de fijar un suelo de inversiones en nuestro territorio. Dicha reforma había quedado desde entonces paralizada en su tramitación en el Congreso de los Diputados
hasta el punto de retrasarse hasta en 38 ocasiones su
debate. Por fin la tramitación se ha iniciado contando
con el apoyo de Podem que ha presentado una enmienda a la reforma para incorporar a las corporaciones locales en el proceso de determinación de las inversiones.
Para Podem es especialmente relevante el desarrollo de
una red ferroviaria de cercanías completamente modernizada y de mayor alcance que la actual por eso una de
nuestras principales propuestas en materia de transporte se dirige a este ámbito:

En diciembre de 2017 el Ministerio de Fomento presentó junto a representantes de la Generalitat Valenciana
su plan sobre la mejora de la red de cercanías en la
Comunitat Valenciana hasta el año 2025. Sin embargo
estamos acostumbrados a que los anuncios del Gobierno de España no se traduzcan en inversiones reales
en nuestro territorio y a que los compromisos queden
constantemente aplazados. De nuevo esto ocurre en los
Presupuestos Generales de 2018. Es por eso que desde
Podem introduciremos en su tramitación partidas que
consignen partidas suficientes para la realización de
los compromisos ya adquiridos por el Gobierno de España además de demandas todavía no recogidas por
el plan 2017-2025.
La prolongación de la línea C1 de Gandia a Oliva está incluida en el Plan del Ministerio de Fomento pero sin que
exista mayor concreción o calendarización al respecto.
Por otra parte el Tren de la Costa no está previsto que
registre más avances entre 2017 y 2025 lo cual supone
renunciar a conectar esta línea con Dénia y desarrollar
el cercanías hasta Alicante o enlazando directamente
con el Aeropuerto del Altet. El Tren de la Costa es una
reivindicación histórica justificada por la importancia
demgráfica de las comarcas de la Safor, la Marina Alta y
la Marina Baixa, así como por la importancia del sector
turístico en esta zona. Finalmente se trata de una infraestructura clave para vertebrar el territorio de norte
a sur.
En Alicante se prevé la extensión de la línea C3 hasta Villena su paso por las comarcas del Vinalopó Mitjà y el Alt
Vinalopó, pero de nuevo estas actuaciones requieren un
aumento del tránsito con la renovación y ampliación de
trenes que no dispone de compromisos reales por parte
del Ministerio. Finalmente en la línea C1 Alicante-Murcia
el Ministerio no plantea más que dos actuaciones hasta
2025 obviando las necesidades de la comarca De la Vega
Baja que requiere solucionar problemas de retrasos,
goteras y electrificación de la línea.
Las líneas C3 y C5 de cercanías que conectan València
con el interior de la provincia y de Castelló respectivamente registran problemas de falta de asiduidad y de
envejecimiento. En la línea C2 que llega hasta Moixent,
aunque se prevén actuaciones del Ministerio no se incorpora la extensión de la línea de cercanías hasta Alcoi.
De hecho dicha línea sigue en estado de semi abandono sin que haya previsión de revertir la situación en el
plan del Ministerio de Fomento.

34

 La línea de cercanías C6 entre València y Castelló está
padeciendo problemas importantes de retrasos y congestión agravados por la reciente puesta en marcha del
AVE Madrid-Castelló. En principio se considera la prolongación de la red de cercanías al norte de Castelló
hasta llegar a Vinaròs lo que requiere el incremento del
tránsito con la renovación y el aumento de los trenes
de viajeros.
Los problemas surgidos en la línea ferroviaria que conecta València y Castelló remite además de la puesta
en marcha del AVE con ancho de vía europeo, remite
a su vez al debate en torno al Corredor Mediterráneo.
El Gobierno de España tras muchos años de retraso
ha realizado obras que permiten el tránsito de trenes
de ancho europeo a través del denominado tercer hilo.
Esta apuesta, más barata, implica también una mayor
congestión del tráfico ferroviario que haría preferible el
desdoblamiento de vías. Esta es una opción por la que
hay que seguir presionando. Más allá de esta parte del
trazado del Corredor, es necesario mejorar la conexión
entre València-Barcelona y sobre todo seguir apostando por un trazado que recorra la Comunitat Valenciana de norte a sur incluyendo el sur de la provincia
de València y Alacant.

La realidad de nuestro territorio es que el transporte
ferroviario y tranviario no alcanza a todas las localidades ni a todos los grupos sociales, en materia de
transporte público de viajeros, el servicio interurbano
por carretera sigue siendo cubriendo un volumen importante de necesidades. Por eso es necesario completar
con carácter urgente la reordenación del mapa concesional del transporte de viajeros por carretera y la
adjudicación de las diferentes líneas, garantizando los
criterios expresados de sostenibilidad medioambiental,
intermodalidad y las peculiaridades territoriales.
Finalmente apostamos por fortalecer y hacer operativa, con la incorporación de ayuntamientos y colectivos sociales y de personas usuarias, junto a la
redefinición de sus funciones, las Autoridades de
Transporte Metropolitano (hoy por hoy solo existe la
del área metropolitana de Valencia y sin recursos ni capacidad real de actuación) a fin de hacer propuestas,
planificación, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas en materia de transporte.

Aunque las competencias sobre cercanías están en manos de la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana tendrá mayor capacidad de gestión sobre
cercanías a partir de 2020 con la aplicación de directiva
europea. La Generalitat Valenciana debe incrementar
su capacidad de gestión en materia de transportes
para poder asumirlas. Además de eso la Generalitat
tiene también competencias importantes en materia
de transporte que deben ser aprovechadas y desplegadas con eficacia:
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana gestiona el
metro del Área Metropolitana de Valencia, además del
tranvía de Alicante y el TRAM de Castelló. Esta empresa
pública padece problemas sobre su plantilla y la externalización encubierta de servicios, elementos que
son necesarios solucionar para poder asumir también
competencias en cercanías.

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 HORITZÓ 2019 / 11 PROPOSTES PER A UN FUTUR MILLOR

PROMOVER LA CULTURA
un patrimonio de todos y todas

PODEM.

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 Desde Podem, entendemos la Cultura como un sector
productivo estratégico, motor de empleo estable y de
calidad así como de desarrollo sostenible.
En los últimos años, el sector cultural ha sufrido un progresivo desmantelamiento ligado, en parte, a la llamada
crisis económica y muy concretamente, en nuestra Comunidad, vinculado al cierre de la radiotelevisión pública,
a la ausencia de una política cultural clara y decidida a
apoyar nuestras potencialidades culturales, así como los
bajos niveles de gasto público consignados en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para la Cultura.
Los mencionados efectos se incardinaron debido a la
falta de interés, desde las instituciones públicas, por la
defensa de una cultura plural que planificara su coordinación teniendo en cuenta la diversidad de sectores
y públicos.
Agotado el ciclo económico y el modelo que se instaló a
principios de los 90’, necesitamos acometer un cambio
de modelo productivo, también para el sector de la Cultura, que permita incrementar un empleo estable y de
calidad y termine con la precarización laboral en este
sector. Un escenario que valore la producción cultural como un factor estratégico, creador de riqueza. Un
cambio de modelo que fomente el acceso a la Cultura
por parte de la ciudadanía y dote a los municipios de
espacios públicos y privados para usos culturales. Es necesario cambiar el paradigma de que “la cultura es algo
que hacen otros”, para que la ciudadanía pueda sentirse
parte activa del tejido cultural.
Según lo contemplado en el Acuerdo del Botánico, en
esta legislatura se debería conseguir el compromiso de
destinar un mínimo del 1% del presupuesto total de la
Generalitat Valenciana al gasto en Cultura. La UE plantea
la Cultura como uno de los pilares de desarrollo y constata que los sectores culturales representan uno de los
nichos de oportunidades empresariales, y de puestos de
trabajo, más importantes en la economía del siglo XXI.
No es una petición cualquiera, si tenemos en cuenta que
el sector cultural y creativo representa entre el 3% y el
6% del PIB de la UE.

pulsado la creación en el Congreso de una Subcomisión
para la elaboración de un Estatuto del Artista y la profesión cultural - ahora mismo ya en fase de dictamen-, un
documento que propone crear un marco para mejorar
sustancialmente las condiciones de trabajo y de vida de
las personas que trabajan en el sector, y en todas las
comunidades autónomas. Este Estatuto afectará a las
competencias que siguen dentro del ámbito estatal: seguridad social, fiscalidad, intermitencia, compatibilidad
de pensiones, etc., pero que impactarán también en las
personas que trabajan en el sector en la Comunidad Valenciana.
Muchas son, sin embargo, las acciones que tiene al alcance el Gobierno de cambio de esta Comunidad y, por
ello, exigimos concreción a la hora de poner en marcha
medidas y también a la hora de conocer el impacto de
las políticas que se están llevando a cabo desde la consejería competente en la materia.
Desde Podem, creemos que es imprescindible situar la
Cultura en el centro del cambio del paradigma económico y, en esa línea, habría que fomentar propuestas de
consolidación que contemplaran:
- La Cultura como elemento potenciador del Talento Humano.
- La Cultura como dinamizadora de otras actividades,
como el turismo o la economía de los cuidados.
- La importancia de la Cultura en la creación e implantación de un modelo económico sostenible.
Por todo ello, consideramos prioritario, para el desarrollo
de la tarea que compete a PODEMOS, dentro del Acuerdo
del Botánico, así como para garantizar el cumplimiento
de los compromisos alcanzados con la ciudadanía, la
cuarta parte del Acuerdo, exigir:

En esa línea de responsabilidad, nuestras diputadas del
Grupo Confederal Unidos Podemos han propuesto e im37

 Un Informe de evaluación del cumplimiento del Plan
Estratégico FES CULTURA y su impacto en la economía productiva de la Comunidad Valenciana, estimado
inicialmente en un 7%. Un análisis que permita corregir
errores y priorizar acciones, así como evaluar y cuantificar los efectos respecto a:
— 
El impacto en la industrialización y consolidación de los sectores culturales y creativos.
— 
La territorialización de la cultura en las grandes
ciudades y en las zonas más alejadas.
— 
El ritmo de cooperación interinstitucional en
materia de cultura.
— 
Las medidas adoptadas para la internacionalización de las actividades culturales.
— 

La democratización y sus efectos.

Garantizar el aumento progresivo, en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, de un suelo de gasto
en Cultura hasta el 1% del presupuesto total, antes
del fin de la legislatura y, al mismo tiempo, exigir el
cumplimiento de la artículo 93 de la Ley 4/1998, de 11
de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio
Cultural Valenciano, donde se especifica el punto 1:
“Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana incluirán
anualmente una cantidad equivalente, como mínimo, al
1% del crédito total consignado para inversiones reales
en el Capítulo VI del Estado de Gasto
de los presupuestos del ejercicio anterior, con destino
a financiar programas de investigación, conservación,
restauración y rehabilitación, acrecentamiento y promoción del patrimonio cultural valenciano, gestionados por
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia “.
La aplicación de estas dos medidas, la primera, comprometida con la ciudadanía mediante el Acuerdo del
Botánico y, la segunda, de obligado cumplimiento por ley,
permitirán que la Cultura, en la Comunidad Valenciana,
comience a dar pasos importantes para convertirse
en un verdadero sector productivo capaz de crear trabajo, una economía de la cultura que sea accesible a
la ciudadanía y que disfrute del tratamiento que le han
negado gobiernos anteriores.

Realizar un informe, y ponerlo a disposición de las
Cortes Valencianas, sobre la aplicación del CODI DE
BONES PRÀCTIQUES en todas las áreas de la Cultura,
al objeto de garantizar, entre otras cosas, que los cargos
directivos de las instituciones culturales sean elegidos
con los criterios de dicho código, así como para garantizar la transparencia en su gestión.
Un Plan de medidas urgentes para incentivar la producción, distribución y la creación artística, musical,
teatral y cinematográfica, con dotaciones presupuestarias que contribuyan a consolidar proyectos y fijar un
tejido productivo estable en el territorio de la Comunidad Valenciana, promoviendo la colaboración público-privada.
Impulsar la puesta en funcionamiento, con una proposición ya aprobada en Les Corts Valencianes, de una
FILM COMISSION para la Comunidad Valenciana, que
facilite el acceso de las productoras locales, nacionales
o internacionales a toda la información útil y necesaria para la realización de un rodaje o otras actividades
audiovisuales en un determinado territorio. Esta es una
herramienta que actúa como amplificador de la industria audiovisual, de promoción turística y de desarrollo
económico.
La creación de un Observatorio para la Igualdad de
Género en la Cultura, que pueda hacer una evaluación
de datos sobre la presencia de las mujeres en el tejido
cultural valenciano. Una entidad con capacidad de promover acciones para garantizar la igualdad de oportunidades y la presencia de mujeres en todas las manifestaciones culturales y en puestos de responsabilidad, tal
como dicta la Ley de Igualdad. Deberá suponer también
el estudio de un sistema de cuotas análogo al de países
más avanzados en materia de políticas culturales, las
experiencias de las cuales pueden ser muy provechosas
en nuestro entorno (Islandia, Canadá, México, Francia,
etc.). Este Observatorio, a propuesta del Grupo Unidos
Podemos ECP-EM, acaba de ponerse en marcha en el
Ministerio de Cultura, y en otras autonomías existen proyectos similares.

38

 El fomento de la red de bibliotecas y archivos para
la modernización y actualización de las bibliotecas y
archivos de la Comunidad Valenciana. Implementar un
Plan para las bibliotecas escolares y dotarlo de recursos
económicos y de personal específico, con la adaptación
de los horarios de apertura para facilitar el uso y dinamitar las bibliotecas como espacios Culturales.

Poner en valor el Patrimonio Audiovisual de la Comunidad Valenciana, y que la gestión del archivo audiovisual sea asumida por el Consejo Audiovisual de la
Comunidad Valenciana, tal y como se recomienda en
su proyecto de ley.

Un Plan de Dinamización de espacios públicos poco
utilizados o en desuso, para su aprovechamiento o
adaptación para usos Culturales, a fin de impulsar un
tejido cultural sostenible y de proximidad en municipios
y ciudades. Potenciando el valor social de las actividades
que se desarrollan o revertir el abandono. Una colaboración entre municipios y gobierno autonómico para abrir
a la ciudadanía, en general, y especialmente a la gente
más joven la posibilidad de acercarse al mundo de la
creatividad y la cultura y vivir la creación en primera
persona.
La modificación de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de
Patrimonio de la Generalitat Valenciana, por la necesidad de elaborar un plan anual de restauración y actualización de catálogos, contando con las instituciones
de referencia en materia de elaboración de dictámenes.
La actualización de la Ley 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música, de la Generalitat, para dar respuesta a las demandas del sector y acercar a la ciudadanía la posibilidad de conocer, estudiar, practicar y
disfrutar de su patrimonio musical.
La potenciación del movimiento asociativo de las
sociedades musicales, como primer agente cultural
de la Comunidad Valenciana, fomentando su desarrollo
y su participación efectiva en órganos de decisión, así
como otros colectivos, asociaciones culturales, ateneos,
asociaciones festeras, fallas, hogueras, grupos, moros y
cristianos, escuelas de teatro, danza, etc.
La elaboración de la AGENDA CULTURAL VALENCIANA,
comprometida en el Acord del Botànic, al objeto de comunicar y hacer efectiva una visualización de los eventos culturales que tengan lugar a lo largo de todo el
territorio de la Comunidad Valenciana.

39

 HEMOS DEJADO ATRÁS LA TORMENTA
NO ES HORA DE ECHAR EL ANCLA

ES HORA DE IZAR LAS
VELAS Y LLEGAR A
TIERRA FIRME.

PODEM.