.Ah ¿%
ADMINISTRACION
DE .ÍUSTÍ(ÍÍA

 

JDO. CENTRAL DE LO PENAL N. 1
MADRID

C/ GARCIA DE GUTIERREZ,1
Tfno.: 917'096422/23/24
Fax: 917096425)

SENTENCIA 3/2018

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 12/2016. M
DIMANA DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO No 275/08

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN No 5
PIEZA SEPARADA DE VALENCIA 1/2/6

MAGISTRADO:
D.JOSE MARIA VAZQUEZ HONRUBIA

El Juzgado Central de lx> Penal de l¿a Audiencia Nacional de
Madrid, en la causa referenciada, ha dictado,
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD, EL REY,
La siguiente
SENTENCIA Nº. — 3
En MADRID, a once de junio de dos mil dieciocho.
VISTO en Juicio Oral y Público ante el Juzgado Central de
lo Penal de la Audiencia Nacional el procedimiento arriba
referenciado, procedente de JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION nº:

005 seguido por un delito CONTRA LA HACIENDA PUBLICA, DELITO
ELECTORAL, Y DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL contra:

]… FRANCISCO CORREA SANCHEZ,

2.PABLO CRESPO SABARIS,

3.ALVARO PEREZ ALONSO,

  

ADMINISTRACÍON
I)I—Í .HISTI(ÍIA

 

lO.

ll.

12.

13.

. GABRIEL ALBERTO BATALLA REIGADA,

. ENRIQUE ORTIZ SELFA

. JOSE FRANCISCO BEVIA GARCIA,

. VICENTE COTINO ESCRIVA,

. CANDIDO HERRERO MARTINEZ,

. VICENTE RAMBLA MOMPLET,

RICARDO COSTA CLIMENT,

CRISTINA IBANEZ VIDAL,

DAVID FRANCISCO SERRA CERVERA,

YOLANDA VIOLETA GARCIA SANTOS,

  

á…s…á

ADMINISTRACÍON
I)I—Í .IHSTI(ÍIA

l4. JOSE RAMON BLANCO BALIN,

l5. ENRIQUE (IHHHK) ESCRIG,

l6. ANTONIO PONS DOLS,

l7. ALEJANDRO PONS DOLS,

l8. TOMAS MARTINEZ BERNA,

l9. RAFAEL MARTINEZ BERNA

20. JOSE ENRIQUE FRESOUET MARTINEZ

Habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, representado por la
Ilma. Sr. D& Myriam Segura Rodrigo y D. Carlos Alba Novillo,
el abogado del Estado representado por D. Edmundo Bal Francés
y dichos acusados.

ANTECEDENTES DEL HECHO

PRIMERO. — El Ministerio Fiscal en sus conclusiones
finales califico los hechos procesales como constitutivos de
los siguientes delitos:

 

 

 

1—Un delito electoral del articulo l49 de la L. O. 5/85,
de l9 de junio, de Régimen Electoral General, en su redacción

original, anterior a la reforma operada por la L. O. 2/2011,
de 28 de enero, con motivo de las Elecciones Autonómicas de
2007.
2- Un delito electoral del artículo 149 de la L. O. 5/85,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su redacción
original, con motivo de las Elecciones generales de 2008.
3- Un delito electoral del artículo 149 de la L. O. 5/85
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su redacción
original, con motivo de las Elecciones Generales de 2008.
4- Un delito continuado de falsedad en documento mercantil
de los arts. 392 en relación con el 390.1.2 y 3 y 74 del
Código Penal.
5- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto sobre el Valor
Añadido del año 2005.
6- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto de Sociedades
de 2005.
7- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto de Sociedades
de 2006.
8-Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto sobre el Valor
Añadido del año 2007.
9-Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto de Sociedades
de 2007.
10- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto sobre el Valor
Añadido del año 2008.
Los hechos de la conclusión alternativa subsidiaria referida
a la defraudación tributaria del IVA e IS (alternativa a los
apartados 2.5 a 2.10, correspondiente a los apdos. 9.1 a 9.4
de la Conclusión Primera) son constitutivos de:
- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto de Sociedades
de 2006.
- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación
Valor Añadido del año 2007.

del

Impuesto

sobre el

 - Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto de Sociedades
de 2007.
11.- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2006.
12.- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305
del Código Penal por defraudación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2007.
- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29
y 31 del CódigoPenal, los acusados son responsables de los
referidos delitos en los siguientes conceptos:
1. Son responsables como autores del delito
correspondiente a las Elecciones Autonómicas de

electoral
2007 los

acusados Ricardo Costa Climent, David Serra Cervera, Vicente
Rambla Momplet, Cristina Ibáñez Vidal, Antonio Pons Dols,
Alejandro Pons Dols, Enrique Gimeno Escrig, Rafael Martínez
Berna, Tomás Martínez Berna, Gabriel Alberto Batalla, Álvaro
Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabarís, Cándido Herrero Martínez y
Francisco Correa Sánchez.
2.

Son

responsables

como

autores

del

delito

electoral

correspondiente a las Elecciones Municipales de 2007 los
acusados Ricardo Costa Climent, David Serra Cervera, Cristina
Ibáñez Vidal, Antonio Pons Dols, Alejandro Pons Dols, Enrique
Gimeno Escrig, Rafael Martínez Berna, Tomás Martínez Berna,
Gabriel Alberto Batalla, Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo
Sabarís, Cándido Herrero Martínez y Francisco Correa Sánchez.
3. Son responsables
correspondiente a las

como autores del delito
Elecciones Generales de

electoral
2008 los

acusados Ricardo Costa Climent, David Serra Cervera, Vicente
Rambla Momplet, Cristina Ibáñez Vidal, Antonio Pons Dols,
Alejandro Pons Dols, Enrique Gimeno Escrig, Gabriel Alberto
Batalla, Vicente Cotino Escrivá, Enrique Ortiz Selfa, José
Francisco Beviá García, Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo
Sabarís, Cándido Herrero Martínez y Francisco Correa Sánchez.
Es responsable como cómplice del mismo delito Yolanda
García Santos.

 4. Son responsables como autores del delito de falsedad
documental los acusados Antonio Pons Dols, Alejandro Pons
Dols, Enrique Gimeno Escrig, Rafael Martínez Berna, Tomás
Martínez Berna, Gabriel Alberto Batalla Reigada, Vicente
Cotino Escrivá, Enrique Ortiz Selfa, José Francisco Beviá
García, Ricardo Costa Climent, David Serra Cervera, Cristina
Ibáñez Vidal, Vicente Rambla Momplet, Álvaro Pérez Alonso,
Pablo Crespo Sabarís,
Correa Sánchez.

Cándido

Herrero

Martínez

y

Francisco

5. Son responsables como autores de los delitos contra la
Hacienda Pública de los apartados 9. 1 a 9. 4 de la Conclusión
Primera (defraudación de IVA e IS) los acusados Álvaro Pérez
Alonso, Pablo Crespo Sabarís, Francisco Correa Sánchez y José
Ramón Blanco Balín. El acusado Cándido Herrero Martínez es
responsable en el mismo concepto de autor solo respecto de los
ejercicios fiscales de los años 2006, 2007 y 2008.
En el supuesto de la conclusión alternativa subsidiaria
referida a la defraudación tributaria del IVA e IS son autores
Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabarís, Francisco Correa
Sánchez, José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero Martínez.
6. Es autor de los delitos contra la Hacienda Pública del
apartado 9. 5 de la Conclusión Primera (defraudación del IRPF)
el acusado Álvaro Pérez Alonso.
- Concurre en los acusados las siguientes
modificativas de la responsabilidad criminal:

circunstancias

1. Respecto de Francisco Correa Sánchez.
1.1. En los delitos contra la Hacienda Pública:
- Atenuante analógica de reparación del daño de los arts.
21.6 en relación con el art. 21.5 del CP vigente al tiempo de
los hechos.
-

Atenuante

analógica

de

confesión

del

art.

21.6

en

relación con el art. 21.4 del CP vigente al tiempo de los
hechos.

 1.2. En los demás delitos:
-

Atenuante

analógica

de

confesión

del

art.

21.6

en

relación con el art. 21.4 del CP vigente al tiempo de los
hechos.
2. Respecto de Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez
Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dolz, Alejandro
Pons Dols Gabriel Alberto Batalla Reigada, Enrique Francisco
Ortiz Selfa, José Francisco Beviá García y Vicente Cotino
Escrivá: en todos los delitos, atenuante analógica de
confesión del art. 21.6 en relación con el art. 21.4 del CP
vigente al tiempo de los hechos.
Y solicita las siguientes penas:
1.- Por el delito electoral relativo a las Elecciones
Autonómicas de 2007:
- A los acusados Cristina Ibáñez, David Serra y Vicente
Rambla, las penas de quince meses de prisión y multa de 5
meses con cuota de 80 €, con responsabilidad personal
subsidiaria conforme al art. 53.1 CP para el caso de impago.
- Al acusado Cándido Herrero, la pena de doce meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Ricardo Costa las penas de seis meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Pablo Crespo, las penas de seis meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Álvaro Pérez, las penas de seis meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Francisco Correa, las penas de tres meses de
prisión y multa de sesenta días con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.

 - A los acusados Antonio Pons, Alejandro Pons, Enrique
Gimeno, Rafael Martínez, Tomás Martínez, Gabriel Alberto
Batalla tres meses de prisión (a sustituir conforme al art. 88
CP, a una cuota diaria de 100 euros), con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 45
días con una cuota diaria de 100 €, con responsabilidad
personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP para el caso de
impago.
Todas las penas privativas de libertad conllevarán las
accesorias de suspensión de empleo o cargo público e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
2.

Por

el

delito

electoral

relativo

a

las

Elecciones

Municipales de 2007:
- A los acusados Cristina Ibáñez y David Serra, las penas
de quince meses de prisión y multa de 5 meses con cuota de 80
€, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al art.
53.1 CP para el caso de impago.
- Al acusado Cándido Herrero, la pena de doce meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Ricardo Costa las penas de seis meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Pablo Crespo, las penas de seis meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Álvaro Pérez, las penas de seis meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Francisco Correa, las penas de tres meses de
prisión y multa de sesenta días con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.

 - A
Gimeno,
Batalla,
88 CP, a

los acusados Antonio Pons, Alejandro Pons, Enrique
Rafael Martínez, Tomás Martínez, Gabriel Alberto
tres meses de prisión (a sustituir conforme al art.
una cuota diaria de 100 euros) y multa de 45 días con

una cuota diaria de 100 €, con responsabilidad personal
subsidiaria conforme al art. 53.1 CP para el caso de impago.
Todas las penas privativas de libertad conllevarán las
accesorias de suspensión de empleo o cargo público e
inhabilitación especial para el ejercicio del
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
3. Por el delito
Generales de 2008:

electoral

relativo

a

las

derecho

de

Elecciones

- A los acusados Cristina Ibáñez, David Serra y Vicente
Rambla las penas de quince meses de prisión y multa de 5 meses
con cuota de 80 €, con responsabilidad personal subsidiaria
conforme al art. 53.1 CP para el caso de impago.
- Al acusado Cándido Herrero la pena de doce meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota
responsabilidad personal subsidiaria conforme
para el caso de impago.
- Al acusado Ricardo Costa las penas de
prisión y multa de 3 meses con cuota

de 80 €, con
al art. 53.1 CP
seis de meses de
de 80 €, con

responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- A la acusada Yolanda García Santos procede imponer la
pena de cinco meses de prisión y multa de sesenta días con
cuota de 80 €, con responsabilidad personal subsidiaria
conforme al art. 53.1 CP para el caso de impago.
- Al acusado Pablo Crespo las penas de seis de meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Álvaro Pérez las penas de seis meses de
prisión y multa de 3 meses con cuota de 80 €, con
responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- Al acusado Francisco Correa, las penas de tres meses de
prisión y multa de sesenta días con cuota de 80 €, con

 responsabilidad personal subsidiaria conforme al art. 53.1 CP
para el caso de impago.
- A los acusados Antonio Pons, Alejandro Pons, Enrique
Gimeno, Gabriel Alberto Batalla, Enrique Ortiz, José Francisco
Beviá y Vicente Cotino, tres meses de prisión (a sustituir
conforme al art. 88 CP, a una cuota diaria de 100 euros) y
multa de 45 días a 100 €, con responsabilidad personal
subsidiaria conforme al art. 53.1 CP para el caso de impago.
Todas las penas privativas de libertad conllevarán las
accesorias de suspensión de empleo o cargo público e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

4. Por el delito continuado de falsedad documental de los
años 2007 y 2008:
- A los acusados David Serra, Cristina Ibáñez, Vicente
Rambla y Cándido Herrero las penas de tres años y nueve meses
de prisión y multa de quince meses, con una cuota de 80 €, con
la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el
artículo 53. 1 del Código Penal.
- A Ricardo Costa las penas de dos años y nueve meses de
prisión y multa de doce meses, con una cuota de 80 €, con la
responsabilidad
personal
subsidiaria
establecida
en
el
artículo 53. 1 del Código Penal.
- A Álvaro Pérez las penas de tres años de prisión y
multa de quince meses, con una cuota de 80 €, con la
responsabilidad
personal
subsidiaria
establecida
en
el
artículo 53. 1 del Código Penal.
- A Pablo Crespo las penas de tres años de prisión y multa
de quince meses, con una cuota de 80 €, con la responsabilidad
personal subsidiaria establecida en el artículo 53. 1 del
Código Penal.
- A Francisco Correa las penas de dos años y seis meses de
prisión y multa de diez meses, con una cuota de 80 €, con la
responsabilidad
personal
subsidiaria
establecida
en
el
artículo 53. 1 del Código Penal.
- A los acusados Antonio Pons, Alejandro Pons, Enrique
Gimeno, Rafael Martínez, Tomás Martínez, Gabriel Alberto

 Batalla, Enrique Ortiz, José Francisco Beviá y Vicente Cotino:
doce meses de prisión (a sustituir conforme al art. 88 CP, a
una cuota diaria de 100 euros) y multa de cinco meses con
cuota
diaria
de
100
€,
con
responsabilidad
personal
subsidiaria conforme al art. 53.1 CP para el caso de impago.
Todas las penas privativas de libertad conllevarán las
accesorias de suspensión de empleo o cargo público e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
5.- Por los delitos contra la Hacienda Pública por
defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades de Orange
Market procede imponer:
5.1. A los acusados José Ramón Blanco Balín y Cándido
Herrero
Martínez
(este
únicamente
por
los
delitos
correspondientes a los ejercicios tributarios de 2006, 2007 y
2008) las siguientes penas:
Por
cada
uno
de
los
delitos
de
defraudación
tributaria (IVA e IS) indicados en los apartados 2. 5 a 2. 10
de la conclusión segunda, la pena de dos años y seis meses de
prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un
periodo de cinco años.
Al acusado Álvaro Pérez Alonso, por cada uno de los
delitos de defraudación tributaria, la pena de 1 año y seis
meses de prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante un periodo de cinco años.
A Pablo Crespo Sabarís, por cada uno de los delitos de
defraudación tributaria, la pena de 1 año y seis meses de
prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un
periodo de cinco años.
A Francisco Correa Sánchez, por cada uno de los delitos de
defraudación tributaria, la pena de ocho meses de prisión y la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos

 fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres
años.
En todos los casos, las siguientes multas:
- Por el IVA del año 2005 una multa de 285.000 €, con tres
meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
- Por el IVA del año 2007 una multa de 1.000.000 €, con
nueve meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
- Por el IVA del año 2008 una multa de 280.000 €, con tres
meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
- Por el IS del año 2005 una multa de 650.000 €, con seis
meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
- Por el IS del año 2006 una multa de 500.000 € con cinco
meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
- Por el IS del año 2007 una multa de 1.800.000 €, con un
año de arresto sustitutorio en caso de impago, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
5.2. Conforme a la conclusión alternativa subsidiaria
referida
a
la
defraudación
tributaria
del
IVA
e
IS
(alternativa B del apdo. 9 de la Conclusión Primera de los
Hechos) a todos los acusados, por cada uno de los delitos de
defraudación tributaria, las mismas penas privativas de
libertad solicitadas en el apartado 5.5.1 y además:
- Por la correspondiente al IS del año 2006 una multa de
400.000 € € con cinco meses de arresto sustitutorio en caso de
impago, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP;
- Por el IVA del año 2007 una multa de 1.100.000 €, con nueve
meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.

 - Por la correspondiente al IS del año 2007 una multa de
1.100.000 € €, con nueve meses de arresto sustitutorio en caso
de impago, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
6. Por cada
del IRPF de los
Segunda, procede
pena de un año

uno de los delitos de defraudación tributaria
apartados 2. 11 y 2. 12 de la Conclusión
imponer al acusado Álvaro Pérez Alonso la
y seis de prisión, con las accesorias de

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y
del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de
la Seguridad Social durante un periodo de cinco años, y las
siguientes penas de multa:
- por el IRPF del año 2006 una multa de 350.000 €, con
tres meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
- por el IRPF del año 2007 una multa de 380.000 €, con
tres meses de arresto sustitutorio en caso de impago, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53. 2 CP.
Todas las penas privativas de libertad conllevarán las
accesorias de suspensión de empleo o cargo público e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Los acusados serán condenados en costas en proporción a
su participación a sus hechos.
Responsabilidad Civil.
1. En relación con el delito electoral, procede remitir
testimonio de la sentencia que se dice al Tribunal de Cuentas,
para su valoración por el Pleno a los efectos de lo dispuesto
en los artículos 8 y 12 de la LO 3/87 y 17 y 18 de la LO 8/07.
Igualmente, procede remitir testimonio de la sentencia a la
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, conforme a
lo dispuesto en el artículo 45 y concordantes de la Ley
1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana.
2. En relación con el delito contra la Hacienda Pública por
defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades:

 2.1. Los acusados indemnizarán a la Hacienda Pública con
las siguientes cantidades:
- Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación
del Impuesto de Sociedades e IVA de Orange Market
-

-

-

cometido en 2005, en la cantidad de 454.920’53 €.
Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación
del Impuesto de Sociedades de Orange Market cometido en
2006, en la cantidad de 250.522´5 €.
Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación
del Impuesto de Sociedades e IVA de Orange Market
cometido en 2007, en la cantidad de 1.259.044’18 €.
Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación
del Impuesto de IVA de Orange Market cometido en 2008, en
la cantidad de 131.961’46 €.

2.2. En el caso de la calificación alternativa:
- Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación

-

-

del Impuesto de Sociedades de Orange Market cometido en
2006, en la cantidad de 183.562´01 €.
Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación
del Impuesto de Sociedades cometido en 2007 en la
cantidad de 518.638´29 €.
Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación
del Impuesto de IVA de Orange Market cometido en 2007, en
la cantidad de 510.412´30 €.

3. En relación con el delito contra la Hacienda
Pública por defraudación del IRPF de Álvaro Pérez Alonso,
dicho acusado indemnizará a la Hacienda Pública con las
siguientes cantidades:
- Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación

-

del IRPF cometido en 2006, en la cantidad de 165.599’33
€.
Por las cuotas defraudadas por el delito de defraudación
del IRPF cometido en 2007, en la cantidad de 178.418,27
€.

En
todos
los
casos,
las
anteriores
cantidades
se
incrementarán con los intereses legales devengados desde el

 último día de presentación voluntaria de las declaraciones
fiscales, y con los de demora desde la fecha de los hechos que
se generen por la cuota defraudada, conforme con lo dispuesto
en el artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, y Disposición Adicional 10ª de la
vigente Ley 58/2003 General Tributaria (ex. arts. 26 y 58
LGT), debiendo declararse para la satisfacción de estas
cantidades -a salvo el IRPF de Álvaro Pérez Alonso- la
responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Orange
Market, SL, Diseño Asimétrico SL y RBlanco Asesores SL, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120. 4º del Código
Penal.
OTROSI DICE:
1º. Que se remita testimonio de la sentencia que se dicte
y del informe de fecha 25/7/2012 a la AEAT en relación con la
defraudación del IVA de 2006, por cuantía inferior a 120.000
€, de Orange Market SL.
2º. Que se remita testimonio de la sentencia que se dicte
al Juzgado de lo Penal nº 6 de Valencia a los efectos
oportunos respecto el PA 69/2015 en el que recayó la sentencia
7/2017 de 12/1/2017, confirmada por la SAP de Valencia 203/17
de 24/3/2017.
3º. Que se remita testimonio de la sentencia que se dicte
a la AEAT a los efectos oportunos respecto de los expedientes
incoados contra Álvaro Pérez Alonso (Oficio AEAT de 19/7/13,
f. 273 tomo 1 Pieza 6).
4º. Que se remita testimonio de la sentencia que se dicte
al Juzgado Central de Instrucción nº 5 para su unión a las DP
275/08, para su constancia y efectos en relación con la
liquidación que proceda por los delitos contra la Hacienda
Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades, IVA e
IRPF.
5º. Que se publique la sentencia que se dicte, conforme al
art. 152 LOREG.
SEGUNDO. - El
confirma las
acusación de
modificaciones

Abogado del Estado en sus conclusiones finales
provisionales formuladas en su escrito de
16 de febrero de 2016, con las siguientes
en cuanto a las penas:

a) Francisco
Correa,
atendiendo
a
las
atenuantes
de
reconocimiento de los hechos y reparación del daño, 8

 meses de privación de libertad por cada delito contra la
Hacienda Pública, tanto de multa y privación de derechos
de 2 años.
b) Pablo Crespo, atendiendo a la atenuante de reconocimiento
de hechos, 1 año y seis meses de privación de libertad,
multa del duplo y 3 años de privación de derechos.
c) Álvaro Pérez, por los delitos imputados a la mercantil
ORANGE
MARKET,
atendiendo
a
la
atenuante
de
reconocimiento de los hechos, 1 año y seis meses de
privación de libertad, multa del duplo y 3 años de
privación de derechos; por sus propios delitos del IRPF,
apreciándose el reconocimiento del posible delito aunque
se discuta la cuantía y que la cuota se encuentra cercana
al umbral delictivo, la misma pena que la señalada para
cada uno de los dos delitos.
d) Ramón Blanco, no habiendo reconocido los hechos, ni
realizado pago alguno, se le mantienen las penas del
escrito de acusación.
e) Cándido Herrero, no habiendo reconocido los hechos,
realizado pago alguno, se estima sin embargo que
participación en los hechos es inferior a la del resto
autores, pidiéndole una pena de 1 año y seis meses
privación de libertad, multa del duplo y 3 años
privación de derechos.
Los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusa
el escrito de acusación son:

ni
su
de
de
de
en

1) IS 2005 con RC 313.431,87 euros.
2) IVA 2005 con RC 141.488,66 euros.
3) IS 2006 con RC 214.822,10 euros.
4) IS 2007 con RC 813.955,43 euros.
5) IVA 2007 con RC 445.088,75 euros.
6) IVA 2008 con RC 131.961,46 euros.

Lo que arroja un
2.060.748,27 euros.

total

imputable

a

ORANGE

MARKET

de

 7) IRPF Álvaro Pérez 2006 con RC 165.559,33 euros.
8) IRPF Álvaro Pérez 2007 con RC 178.418,27 euros.
Lo que suma la cantidad imputable a Álvaro Pérez 343.977,60
euros.
2ª Subsidiariamente, modificarlas en atención al último
informe pericial de la Inspección de Hacienda, por lo que
afecta al número de delitos contra la Hacienda Pública y la
cuantía de la responsabilidad civil que se deriva de las
nuevas liquidaciones, manteniéndose los delitos de Álvaro
Pérez por su IRPF y modificándose los delitos atribuidos a
ORANGE MARKET.
Las cinco personas señaladas más arriba, con las penas que se
han indicado, serían responsables de tres delitos contra la
Hacienda Pública (dado que no ha sido objeto de acusación en
este juicio el correspondiente al IVA de 2006):
1) IS 2006 con RC de 183.562,01 euros.
2) IS 2007 con RC de 518.638,29 euros.
3) IVA 2007 con RC de 510.412,30 euros.
Sumando el total de la RC 1.212.612,6 euros.
TERCERO. La acusación Popular en sus conclusiones finales
califica los hechos como constitutivos de los siguientes
delitos:
A) Un delito electoral continuado del Art. 149 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General. Ley 5/1985.
B) Un delito continuado de falsedad en documento mercantil
cometido por particular del Art. 392.1, en relación con
el Art.390 y Art 74 del C.Penal.
4 delitos contra la Hacienda Pública del art. 305 del
C.Penal.
C) Un delito de falsedad en documento mercantil cometido por
particular del art. 392 del Código Penal.
D) Un delito electoral del Art.149 de la Ley
Régimen Electoral General, ley 5/1985.
D.ALVARO PEREZ ALONSO: Por un delito contra
Pública por el año 2005 ,2006 ,2007 y 2008
continuado de falsedad documental.
D PABLO CRESPO SABARIS: Un delito contra
Pública por el año 2005,2006,2007,2008 y
continuado de falsedad documental.
D.FRANCISCO CORREA SANCHEZ: Un delito contra
Pública por el año 2005,2006,2007,2008 y
continuado de falsedad documental.

Orgánica de
la Hacienda
y un delito
la Hacienda
un delito
la Hacienda
un delito

D.CANDIDO HERRERO MARTINEZ: Un delito contra la Hacienda
Pública por el año 2005,2006,2007,2008 y un delito
continuado de falsedad documental.

 Dª RAMON BLANCO BALIN: Un delito contra la Hacienda
Pública por el año 2008 y un delito continuado de falsedad
documental.
Dª CRISTINA IBAÑEZ VIDAL: Un delito electoral continuado.
D.VICENTE RAMBLA MONPLET:
Como inductor de un delito
electoral continuado y un delito de falsedad continuada en
documento mercantil.
D.RICARDO COSTA CLIMENT: Como inductor de un delito
electoral continuado y un delito de falsedad continuada en
documento mercantil.
Dª YOLANDA GARCIA SANTOS: Un delito electoral.
D.DAVID FRANCISCO SERRA CERVERA: Un delito lectoral
continuado y un delito de falsedad continuada en documento
mercantil.
D.RAFAEL MARTINEZ BERNA: Un delito de falsedad documental.
D.TOMAS MARTINEZ BERNA: Un delito de falsedad documental.
D.JOSE ENRIQUE FRESQUET MARTINEZ: Un delito de falsedad
documental.
D.
ENRIQUE
documental.

GIMENO

ESCRIG:

Un

delito

de

falsedad

D.ALEJANDRO PONS DOLS: Un delito de falsedad documental
D.GABRIEL ALBERTO BATALLA REIGADA : Un delito de falsedad
documental.
D. ENRIQUE
documental

TOMAS

D.JOSE FRANCISCO
documental

ORTIZ
BEVIA

D.VICENTE
COTINO
documental.

SELFA:

Un

delito

de

falsedad

GARCIA:

Un

delito

de

falsedad

ESCRIBA:

Un

delito

de

falsedad

Solicitando las siguientes penas:
A D. ALVARO PEREZ ALONSO:
-9 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena, y 110 días de multa con cuota de
100 euros por cada delito electoral.
-3 años y 7 meses de prisión, por falsedad documental
continuada y multa de 10 meses con 80 euros de cuota.
-2 años de prisión y
2005), con imposibilidad
como beneficios fiscales
responsabilidad personal

multa de 1.364.761,59 euros (IS e IVA
de recibir subvenciones o ayudas si
durante un periodo de 5 años, con
subsidiaria de 6 meses de privación

 de libertad en el caso de impago de la multa por el delito del
año 2005.
-2 años de prisión y multa de 1.108.487,43 (IS e IVA 2006)
con imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas si como
beneficios fiscales durante un periodo de 5 años, con
responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación
de libertad en el caso de impago de la multa por el delito del
año 2006.
-2 años de prisión y multa de 4.144.782,69 euros (IS ,IVA
e IRPF 2007) con imposibilidad de recibir subvenciones o
ayudas si como beneficios fiscales durante un periodo de 5
años, con responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de
privación de libertad en el caso de impago de la multa por el
delito del año 2007.
-2 años de prisión y multa de 974.208,54 euros (IS e IVA
2008) con imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas si
como beneficios fiscales durante un periodo de 5 años, con
responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación
de libertad en el caso de impago de la multa por el delito del
año 2008.
Debiendo ser condenado por Responsabilidad Civil conjunta
y solidariamente con D. Pablo Crespo Sabaris y D. Francisco
Correa Sánchez
Y D. Cándido Herrero Martínez a 454.920, 53
euros por las cuotas eludidas de IS e IVA del año 2005,
241.555,90 por las cuotas eludidas del IS del año 2006,
1.259.043,75 por la cuotas eludidas del IS e IVA del año 2007,
y 324.736,18 euros por las cuotas eludidas del IS e IVA del
año 2008 ( este último además junto a D. Ramón Blanco Balín.
Igualmente deberá ser condenado por Responsabilidad civil
a 127.939,91 euros (IRPF 2006) Y 122.550,48 (IRPF 2007).
A D. PABLO CRESPO SABARIS:
-10 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena, y multa de 120 días con cuota de
100 euros por cada uno de los delitos electorales.
-3 años y 9 meses de prisión por el delito de falsedad
continuada y 12 meses de multa con cuota de 80 euros.
-2 años de prisión y
2005), con imposibilidad
como beneficios fiscales
responsabilidad personal
de libertad en el caso de
año 2005.

multa de 1.364.761,59 euros (IS e IVA
de recibir subvenciones o ayudas si
durante un periodo de 5 años, con
subsidiaria de 6 meses de privación
impago de la multa por el delito del

-2 años de prisión y multa de 724.667,70 euros (IS e IVA
2006), con imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas si
como beneficios fiscales durante un periodo de 5 años, con
responsabilidad personal subsidiaria de 4 meses de privación
de libertad en el caso de impago de la multa por el delito del
año 2006.

 -2 años de prisión y
2007), con imposibilidad
como beneficios fiscales
responsabilidad personal
de libertad en el caso de
año 2007.

multa de 3.777.131,25 euros (IS e IVA
de recibir subvenciones o ayudas si
durante un periodo de 5 años, con
subsidiaria de 9 meses de privación
impago de la multa por el delito del

-2 años de prisión y multa de 974.208,54 euros (IS e IVA
2008), con imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas si
como beneficios fiscales durante un periodo de 5 años, con
responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de privación
de libertad en el caso de impago de la multa por el delito del
año 2008.
Debiendo ser condenado por Responsabilidad Civil conjunta
y solidariamente con D. Álvaro Pérez Alonso y D. Francisco
Correa Sánchez a 454.920, 53 euros por las cuotas eludidas de
IS e IVA del año 2005, conjunta y solidariamente con D. Álvaro
Pérez Alonso , D. Francisco Correa Sánchez
y D. Cándido
Herrero Martínez a
241.555,90
por las cuotas eludidas del
del año 2006 y 1.259.043,75 por la cuotas eludidas del IS e
IVA del año 2007, y 324.736,18 euros por las cuotas eludidas
del IS e IVA del año 2008 ( este último además junto a D.
Ramón Blanco Balin.)
A D. FRANCISCO CORREA SANCHEZ:
-9 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena, y multa de 60 días con cuota de
100 euros por cada uno de los tres delitos electorales.
-3 años de prisión por el delito de falsedad continuada y
multa de 10 meses con cuota de 80 euros día.
-Respecto de los delitos contra la Hacienda Pública se
adhieres a lo propuesto por la Abogacía del Estado.
Debiendo ser condenado por Responsabilidad Civil conjunta
y solidariamente con D. Álvaro Pérez Alonso y D. Pablo Crespo
Sabaris
a 454.920, 53 euros por las cuotas eludidas de IS e
IVA del año 2005, conjunta y solidariamente con D. Álvaro
Pérez Alonso , D. Pablo Crespo Sabaris
y D. Cándido Herrero
Martínez a 241.555,90 por las cuotas eludidas del año 2006 y
1.259.043,75 por la cuotas eludidas del IS e IVA del año 2007,
y 324.736,18 euros por las cuotas eludidas del IS e IVA del
año 2008 ( este último además junto a D. Ramón Blanco Balín.).

-A D. CANDIDO HERRERO MARTINEZ.
-Adhesión a
subsidiariamente
electoral.

lo solicitado por el Ministerio Fiscal y
10
meses
de
prisión
por
cada
delito

-3 años de prisión por el delito de falsedad continuada.

 -2 años de prisión por cada delito contra la Hacienda
Pública.
-A Dª CRISTINA IBAÑEZ VIDAL:
-La pena mínima por cada delito electoral y por el delito
de falsificación documental continuada.
-A D. VICENTE RAMBLA MOMPLET:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
-A.D. RICARDO COSTA CLIMENT:
-12 meses por cada delito electoral
- 3 años por el delito de falsedad continuada
A Dª. YOLANDA GARCIA SANTOS:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
A D. DAVID FRANCISCO SERRA CERVERA:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
A. D. RAFAEL MARTINEZ BERNA:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
A D. TOMAS MARTINEZ BERNA:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
A D. JOSE ENRIQUE FRESQUET MARTINEZ:
-Retirada de acusación al inicio de las sesiones del
juicio oral.
A.D. ENRIQUE GIMENO ESCRIG:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
A D. ANTONO PONS DOLS:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
A D. GABRIEL ALBERTO BATALLA REIGADA:
- 1 año de prisión y multa de 6 meses de prisión con a
accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
condena y multa de 6 meses a razón de 50 euros día.
A D. ENRIQUE TOMAS ORTIZ SELFA:
-Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
A
A
-

D. JOSE FRANCISCO BEVIA GARCIA:
Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
D. VICENTE COTINO ESCRIBA:
Adhesión
a la petición del M. Fiscal.
Las defensas de los acusados al elevar a definitivas sus
conclusiones incluyeron las siguientes modificaciones:
1) La defensa de Francisco Correa mostró su conformidad
con la calificación del Ministerio Fiscal respecto a
delitos electorales, y respecto al delito de falsedad
continuado solicitó se le impusieran las mismas penas
solicitadas a los empresarios, en cuanto a los delitos

 contra la Hacienda Pública (3) solicitó se apreciaran
las atenuantes de confesión y reparación del daño,
debiendo imponerse la pena mínima.
2) La defensa de Pablo Crespo solicitó la libre absolución
y alternativamente se apreciaran los atenuantes de
dilaciones indebidas como muy cualificadas, confesión y
reparación del daño solicitando la pena mínima, siendo
3 los delitos contra la Hacienda Pública.
3) La defensa de Álvaro Pérez solicito se le aplicara el
art.65,3 del C. Penal, mostrándose conforme con la
calificación del Ministerio Fiscal y solicitando por
los delitos electorales la pena de 6 meses de prisión
cada uno, por la falsedad continuada 9 meses de prisión
y por los delitos contra la Hacienda Pública 3 meses de
prisión cada uno. Asimismo, se apreciará la atenuante
de
dilaciones
indebidas
como
muy
cualificadas,
reparación del daño y confesión.
4) La defensa de Cándido Pérez solicitó su absolución por
los delitos electorales, solicitando por el delito de
falsificación continuada la pena de 9 meses de prisión
y 9 meses de multa con cuota de 3 euros día por
concurrir la atenuante de confesión y dilaciones
indebidas, en cuanto a los delitos contra la Hacienda
Pública (3) por concurrir la atenuante de reparación
del daño y quasi-prescripción la pena mínima.
5) La representación de O.M que se circunscribiera su
responsabilidad a 3 delitos contra la hacienda Pública.
6) Las defensas de Gabriel Batalla, Enrique Ortiz Selfa,
José Francisco Bevia García, Vicente Cotino Escribá,
Enrique Gimeno Escrig, Antonio Pons Dols, Alejandro
Pons Dols, Tomas Martinez Berna y Rafael Martínez Berna
mostraron su total conformidad con la calificación
jurídica y las penas (y su sustitución) formulada por
el M. fiscal, salvo la de
Alejandro Pons Dols que
solicito
se
sustituyera
la
sustitución
por
la
suspensión de la pena.
7) La defensa de Ricardo Costa mostró su conformidad con
la calificación del M. Fiscal, pero estimando que
concurría
la
atenuante
de
confesión
como
muy
cualificada solicitó se impusiera la pena de 3 meses de
prisión por cada delito electoral y 10 meses y 15 días
por la falsedad continuada.

 8) Las defensas de Vicente Rambla, Cristina Ibáñez, David
Serra, Yolanda García, Ramón Blanco Balín y Diseño
Asimétrico S.L elevaron a definitivas sus conclusiones
solicitando la libre absolución.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO. ANTECEDENTES: Sobre la organización de la
sociedad Orange Market, S. L. y el grupo de sociedades al que
pertenece.
En las fechas de los hechos a que se refiere este
escrito el acusado Francisco Correa Sánchez controlaba un
grupo de empresas, constituidas entre 2002 y 2005 con
distintos
objetos
sociales,
sedes
y
administradores,
dedicadas principalmente a la publicidad y a la organización
de eventos y viajes, con las que aparentemente aquel no
mantenía una vinculación formal, si bien en su gestión única
participaba de un modo efectivo y con verdadero poder de
decisión, junto con el también acusado Pablo Crespo Sabarís.
En relación con los hechos que se dirán, también intervenían
activamente en la gestión societaria el acusado Álvaro Pérez
Alonso.
Dichas sociedades actuaban en el tráfico mercantil,
bien bajo su propia denominación, bien agrupadas bajo el
nombre comercial “FCS GROUP”. Francisco Correa era el dueño
mayoritario del grupo empresarial y por ello el principal
destinatario de los beneficios obtenidos por la actividad
societaria, mientras que las funciones de gerencia las
desempeñaba el acusado Pablo CRESPO SABARÍS con la estrecha
colaboración de Cándido Herrero.
Entre 2003 y 2005, la actividad del grupo realizada
en la sede de Serrano nº 40 de Madrid (a través de, entre
otras, la sociedad Technology Consulting Management SL), se
diversificó mediante la apertura de nuevas sedes en Madrid y
Valencia.
En
la
Comunidad
Autónoma
de
Madrid,
fue
concretamente en la localidad de Pozuelo de Alarcón donde se
estableció la sede de otras sociedades del grupo, como Good &
Better SL; Servimadrid Integral SL y Diseño Asimétrico SL,
además de Down Town Consulting SL, que en marzo de 2005
cambió su denominación
Comunicación SL.

y

pasó

a

llamarse

Easy

Concept

 La expansión del negocio del grupo a la zona de Valencia
tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio
mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban
su actividad política en el ámbito de aquella comunidad con
el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la
convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos
que pudieran ser organizados por el propio partido político,
por órganos de la Administración autonómica valenciana y por
entidades públicas dependientes de la misma. Dicha expansión
del negocio la articularon los acusados Francisco Correa,
Pablo Crespo y Álvaro Pérez fundamentalmente a través de la
constitución de la sociedad Orange Market SL en dicha
Comunidad. Para ello, el 24 de julio de 2003 Pablo Crespo y
Luis de Miguel Pérez constituyeron la sociedad Orange Market
SL, con sede en la calle Conde de Salvatierra núm. 22, 1º de
Valencia. En ese estado inicial, Pablo Crespo adquirió una
participación y Luis De Miguel las 3.004 restantes. La
sociedad tuvo ese domicilio social hasta el 2 de febrero de
2008, fecha en la que lo trasladó a la calle Colón 18, 7º A y
B de Valencia.
La mercantil Orange Market, S. L. se constituyó como
entidad valenciana, pero sus propietarias últimas eran dos
sociedades radicadas fuera de España, como se expone a
continuación. El administrador formal de la sociedad Orange
Market SL fue en su inicio Luis de Miguel Pérez, pero el 22 de
septiembre de 2.003, apenas dos meses después de constituirse
la sociedad, el mismo vendió
sociedad británica Bangtone
participada por la sociedad
Nevis & San Cristóbal. Pablo
500 participaciones sociales

sus participaciones sociales a la
Ltd, compañía que a su vez era
Forevermore Ltd, de la Isla de
Crespo era el titular de al menos
de Forevermore Ltd. desde el 4 de

junio de 2003. De esta forma De Miguel daba por cumplida su
intervención meramente instrumental en la constitución de
Orange Market y la dejaba bajo el control de Crespo y, con él,
de Correa.
El 26 de mayo de 2005 su formal propietaria, la
compañía británica Bangtone Ltd realizó la operación inversa,
pues,
representada
por
Pablo
Crespo,
vendió
sus

 participaciones en Orange Market SL a Luis de Miguel
nuevamente. Pocos días después, el 6 de junio de 2005, De
Miguel y Crespo vendieron sus participaciones sociales en
Orange Market a Álvaro Pérez y a una empleada cualificada del
grupo, Mónica Magariños Pérez, que se desplazó a tal efecto
desde Madrid para prestar sus servicios en la empresa Orange
Market SL, donde trabajó desde el 2 de febrero de 2004 hasta
el 3 de octubre de 2005. El primero figuraría con 2.886
participaciones y la segunda con 120.
En los años siguientes se produjeron nuevas sucesiones
en
las
participaciones
y
cargos
sociales,
si
bien
permaneciendo inalterada la gestión real por parte de los
acusados.
Magariños
totalidad
pasaron a
propiedad

El 16 de noviembre de 2005 Álvaro Pérez y Mónica
vendieron sus participaciones; Magariños en su
y Pérez retuvo 1.002. Las participaciones vendidas
la titularidad de la entidad Hator Consulting SL,
a su vez de José Ramón Blanco Balín, asesor

externo encargado de la gestión societaria fiscal y contable
del grupo Correa. Tras la transferencia de participaciones
de “Orange Market S.L.” reseñada y a partir de 16 de
noviembre
de
2005
la
composición
de
la
titularidad
societaria quedó configurada por la sociedad, fiscal y
contable “Hator Consulting S.A.” con un total de 2.004
participaciones,
que
representan
el
66,66%
de
las
participaciones sociales de “Orange Market S.L.” y por el
acusado Álvaro Pérez Alonso con un total de 1.002
participaciones,
que
representan
el
33,33
participaciones de la sociedad “Orange Market S.L.

de

las

El 14/10/2008, en Orange Market SL se sustituyó el cargo
de administrador por un consejo de administración integrado
por José Ramón Blanco, Cándido Herrero y Álvaro Pérez Alonso.
Este último fue designado presidente del consejo y Cándido
Herrero consejero delegado, si bien ambos ejercían ya
funciones ejecutivas en la sociedad desde 2003 y 2006
respectivamente. Álvaro Pérez se había desplazado a Valencia
para dirigir Orange Market SL, aunque no figuró de alta en la
plantilla de trabajadores hasta el 1/7/2007, y Cándido Herrero
tenia amplísimos poderes para actuar por Orange Market SL

 desde el mes de marzo de 2006. Trabajaba en la empresa desde
el 3/3/2006 como director de administración, lo que incluía
funciones de preparación de presupuestos, confección de
nóminas, facturación y contabilidad.
Orange Market SL comenzó utilizando como infraestructura
necesaria para el desarrollo de su actividad la existente en
Madrid. Su propio administrador de hecho Álvaro Pérez Alonso administrador bajo la superior dirección de Pablo Crespo en
los hechos que se describirán en los apartados siguientes- fue
un trabajador de las empresas en Madrid.
Francisco Correa Sánchez no figuraba vinculado
formalmente a empresa alguna del grupo FCS, si bien ha venido
percibiendo y disfrutando de los beneficios obtenidos
todas las actividades de dicho grupo de empresas.

por

Como se expuso anteriormente,
en la constitución,
composición y actividad formal de la empresa Orange Market SL
tuvo decisiva importancia la participación de los asesores de
Francisco
Correa
Luis
de
Miguel
Pérez
-del
despacho
profesional Luis de Miguel & Asociados- y José Ramón Blanco
Balín -del despacho Blanco-Guillamot y la sociedad R. Blanco
Asesores Fiscales SL que sucedió al primero.
SEGUNDO. - El desenvolvimiento de la actividad de Orange
Market SL en Valencia se produjo a través de la contratación
de dicha sociedad por parte del Partido Popular de la
Comunidad Valenciana y por parte de diferentes
integradas en la Administración Pública valenciana.

entidades

A finales del año 2006 el Partido Popular de la Comunidad
Valenciana (en lo sucesivo PPCV) comenzó a preparar la campaña
electoral para las elecciones autonómicas y municipales que
habrían de celebrarse el 25/5/2007. Para organizar la campaña,
contrató a Orange Market SL, que desde esos momentos preparó
el primer esbozo de lo que habría de ser una compleja sucesión
de actos de presentación de candidatos, mítines, difusión en
prensa, radio, vallas, etc… hasta la fecha misma de la
celebración de las elecciones. Orange Market SL inició dicha
labor preparatoria como consecuencia del encargo que los

 dirigentes del PPCV Ricardo Costa y Vicente Rambla hicieron a
Álvaro Pérez Alonso. Durante las elecciones autonómicas y
municipales de 2007, Ricardo Costa Climent era Vicesecretario
General del PPCV en Valencia, pasando a desempeñar el cargo de
Secretario General el 13/6/2007. Vicente Rambla Momplet
dirigió diversas consellerías y fue Portavoz del Gobierno
Valenciano hasta las elecciones de 2007, momento a partir del
cual pasó a ser Conseller de Presidencia y Vicepresidente del
Consejo de la Generalitat Valenciana. David Serra Cervera fue
designado diputado autonómico tras las elecciones de 2007.
Durante esa legislatura fue Secretario General del Grupo
Parlamentario
Popular
en
Les
Corts
Valencianes
y
Vicesecretario General en el PPCV desde el 13/9/2007 Ricardo
Costa dejara este puesto para asumir la Secretaría General.
Cristina Ibáñez Vidal fue, entre 2005 y 2009, Gerente Regional
del PPCV –salvo los meses de junio a noviembre de 2008-,
encargada en virtud de dicho cargo de la ejecución de los
planes generales de campaña (prensa, radio, vallas, mailing) y
del control presupuestario de los fondos de campaña.
En desarrollo del plan de campaña, los acusados no
tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto
electoral prevista legalmente. La Ley Orgánica del Régimen
Electoral General LO 5/1985 (en lo sucesivo LOREG) regula los
gastos electorales, que son, conforme al artículo 130 “los que
realicen
los
partidos,
federaciones,
coaliciones
o
agrupaciones participantes en las elecciones desde el día de
la convocatoria hasta el de la proclamación de electos”, por
conceptos como los siguientes:
(…)
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a
promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y
el medio que se utilice.
c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña
electoral.
El gasto electoral tiene un límite cuantitativo en función
del proceso electoral de que se trate y de parámetros como el
número de votos obtenidos en anteriores comicios y el número
de habitantes (arts. 55, 193 y 227 de la LOREG) y ese límite

 determina a su vez el importe de las subvenciones a obtener
por los partidos políticos con ocasión de las elecciones.
El periodo en el que el gasto tiene carácter electoral
comienza el día de la convocatoria de las elecciones y quince
días antes de su celebración tiene lugar la campaña electoral,
que comprende el conjunto de actividades lícitas llevadas a
cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Todos los
fondos
destinados
a
sufragar
los
gastos
electorales,
cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en cuentas
bancarias abiertas específicamente a tal fin, y todos los
gastos deben pagarse con cargo a las mismas (arts. 50 y 125
LOREG).
Los fondos con los que los partidos políticos satisfacen
sus gastos provienen de subvenciones (para gastos electorales
y para gastos de funcionamiento), donaciones, etc… Conforme a
los artículos 127 y 128 de la LOREG, no puede financiar la
campaña electoral las empresas que, mediante contrato vigente,
prestan servicios o realizan suministros u obras para alguna
de las Administraciones Públicas y, en todo caso, el importe
máximo que cada persona física o jurídica puede aportar a la
cuenta electoral de cada partido político era en la época un
millón de pesetas (6.010´12 €).
La LOREG resulta complementada, a los efectos mencionados,
por la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de
los Partidos Políticos y, más tarde por la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos. La LO 3/1987 resulta aplicable a las elecciones
autonómicas y municipales de 2007 y la LO 8/2007 a las
elecciones generales de 2008. Ambas leyes establecen límites
al gasto electoral, así como requisitos y prohibiciones a las
donaciones privadas. Existen unos límites a determinados
gastos electorales en función de su finalidad: así, la
candidatura no puede gastar en prensa, radio, pancartas y
carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de
banderolas más del 20% del límite máximo de gastos electorales
(arts. 55 y 58 de la LOREG).

 Conforme a la LO 8/2007 las donaciones se encuentran
sujetas a determinados requisitos. Así, deben abonarse en
cuentas de entidades de crédito abiertas para dicho fin; las
que efectúen las personas jurídicas requieren acuerdo social
adoptado al efecto; no pueden realizarlas empresas que presten
servicios para las Administraciones Públicas; y tienen un
límite cuantitativo máximo de 100.000 € por cada persona
física o jurídica (60.101´101 € en la LO 3/1987).
Las Elecciones Autonómicas y Municipales de 2007 se
convocaron por Decreto 4/2007, de 2 de abril y por Real
Decreto 444/2007, de 2 de abril respectivamente. La fecha
señalada para las elecciones fue el 25 de mayo de 2007. El
periodo electoral comprendía desde el 2/4/2007 al 11/6/2007.
Las Elecciones Generales de 2008 se convocaron por Real
Decreto 33/2008, de 14 de enero y se celebraron el 9 de marzo
de 2008. La Orden EHA/20/2008, de 17 de enero, fijó las
cantidades actualizadas de las subvenciones electorales y del
límite de gastos electorales. El periodo electoral duró desde
el 14/1/2008 hasta el 14/3/2008 o el 17/3/2008 según las
circunscripciones provinciales.
Para garantizar el cumplimiento de los deberes que a los
partidos impone la normativa reguladora de las elecciones y de
los partidos políticos, los mismos han de designar un
administrador de candidatura en cada proceso electoral.
El administrador electoral es responsable de los ingresos
y gastos de la candidatura y de su contabilidad. Conforme a la
LOREG (art. 121.2), la contabilidad de la candidatura debe
ajustarse en todo caso a los principios generales contenidos
en el Plan General de Contabilidad.
Los partidos que presenten candidaturas en más de una
provincia deben tener, además, un administrador general, bajo
cuya responsabilidad actúan los administradores de las
candidaturas. El administrador general es el responsable de
todos los ingresos y gastos electorales realizados por el
partido y por sus candidaturas, así como de la correspondiente
contabilidad.

 En Valencia, los administradores de la candidatura del
Partido Popular en las elecciones de 2007 y 2008 fueron
nominalmente Cristina Ibáñez para las Elecciones Autonómicas
de
2007,
Luis
Bárcenas
Gutiérrez
para
las
Elecciones
Municipales de 2007 y Cristóbal Páez Vicedo para las
Elecciones Generales de 2008. La primera con carácter regional
y los dos últimos nacional.
TERCERO. - Con el propósito de obtener mayor despliegue en
el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en
las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con
distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market
SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en
efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos,
tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en
contabilidad. Los servicios prestados por Orange Market SL
para la campaña electoral del Partido Popular en Valencia
incluían tanto la organización de actos de naturaleza
electoral (organización de mítines) como la intermediación en
la contratación de comunicación electoral, a través de
publicidad en autobuses, vallas, radio, prensa y mupis,
principalmente. Aparte de infringir la genérica prohibición
legal de abono de los gastos de los partidos políticos por
terceras personas (art. 4 LO 8/2007), quienes abonaron a
Orange Market SL parte de esos servicios eran grupos
empresariales que -por tener contrato con las Administraciones
Públicas- no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por
ese motivo, los pagos que hicieron a Orange Market SL, de la
deuda que con dicha sociedad tenía el partido político por su
trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por
supuestos servicios que había prestado Orange Market SL a
aquellas, pero que realmente no se habían producido.
En el ejercicio de sus funciones como administradora y
gerente, Cristina Ibáñez omitió el preceptivo control de que
el gasto electoral se adecuara a su presupuesto máximo, y
confeccionó la contabilidad electoral con omisión parcial de
contrataciones (y sus pagos resultantes) efectuadas por los
dirigentes del PPCV. De este modo, dio cobertura a la
confección de documentos mercantiles y contables por Orange

 Market SL con deliberada omisión de
celebrados y ejecutados. A partir del
Ibáñez continuó desempeñando sus funciones
un tesorero, cargó que fue asumido por

actos y contratos
19/10/2008 Cristina
pero el PPCV nombró
la acusada Yolanda

García Santos. Cuando Yolanda García se incorporó al puesto de
tesorera, ya se encontraba instaurado en el PPCV el sistema de
contratación y pago al margen de los cauces legales. Pese a
ejercer importantes funciones de responsabilidad en el PPCV,
no adoptó decisión alguna para modificar dicha situación. En
su lugar, colaboró activamente canalizando los pagos conforme
a dicho sistema.
De los procesos electorales de

2007 y 2008, la única

cuantía declarada por la sociedad Orange Market SL y por el
Partido Popular en Valencia fue 175.000 €, correspondiente a
la organización de actos con motivo de las elecciones
autonómicas. Sin embargo, fue muy superior el servicio que
encargó y recibió de Orange Market SL. Una parte de estos
servicios los facturó otra de las sociedades del grupo fcs,
integradas en el llamado grupo Pozuelo. El encargo de los
servicios de organización de actos, mítines y publicidad de
naturaleza electoral del PPCV en medios de comunicación a
Orange Market SL fue realizado indistintamente para actos
electorales autonómicos y locales. Se trataba de propaganda
política de un mismo partido y para dos procesos electorales
que se celebraban el mismo día. El efecto perseguido era
doble, conseguir el voto autonómico y el voto local. Por eso,
mediante directrices impartidas por los acusados vinculados al
PPCV, se organizaron actos a los que acudía tanto el candidato
autonómico como el candidato municipal.
El Coordinador de Campaña en la Comunidad Valenciana fue
Vicente Rambla en las Elecciones de 2007 y Ricardo Costa en
las de 2008.
CUARTO - Los servicios, por actos y por comunicación,
prestados por Orange Market SL al PPCV con motivo de las
elecciones de 2007 que no fueron objeto de facturación,
contabilización y declaración tributaria son, al menos, los
siguientes:

 En las elecciones autonómicas 1.155.231´43 €.
En las elecciones municipales: 78.878´33 €.
Los actos electorales vinculados a las Elecciones
Autonómicas en 2007 fueron, al menos, los siguientes:
FECHA

ACTO

IMPORTE

17/04/200
7

CENA SANIDAD PISCINA VALENCIA

6.461,40

05/05/200

PRESENTACIÓN

7

OCEANOGRAFIC

11.368,78

07/05/200
7

ACTO CULTURA 2

5.312,88

7

MAPA JUDICIAL CV

2.900,27

12/05/200
7

ACTO RAJOY ALICANTE

16.882,22

20/05/200
7

DIA DE LA FAMILIA

7.461,66

21/05/200
7

ACTO DEPORTES

6.143,10

22/05/200
7

ACTO PLAZA DE TOROS

31.489,92

PROGRAMA

08/05/200

ACTO FIN HEMISFERIC + vídeos y
25/05/200
7

otros gastos de comunicación de
campaña.
969.377,84
OTROS VIDEOS DE CAMPAÑA

80.380,25

ACTO FIN DE CAMPAÑA HEMISFERIC

25.100,93

25/05/200

ACTO

GENERALITAT

CIUDAD

DE

LA

7

JUSTICIA

11.421,81

27/05/200
7

ACTO ELECCIONES

12.473,04

PLAZA TOROS XATIVA

48.033,41

08/06/200
7

Se eliminan las facturas a proveedores que
hacen referencia a campaña pero cuya fecha
está fuera del “periodo electoral”
-79.576,08
TOTAL

1.155.231,43

Los actos electorales vinculados prioritariamente a las
Elecciones Municipales fueron, al menos, los siguientes:

 FECHA

ACTO

IMPORTE

03/04/200
7

COMIDA TEULADA

2.009,12

25/04/200
7

ACTO EN REQUENA

3.968,58

05/05/200
7

ACTO SILLA

1.932,18

7

ACTO QUART DE POBLET

1.626,69

11/05/200
7

ACTO ORIHUELA

2.191,56

17/05/200
7

ACTO ELDA

22.441,58

17/05/200
7

COMIDA ELDA

556,80

18/05/200
7

MITIN CULLERA

2.177,63

7

MITIN PUERTO DE SAGUNTO

1.073,86

19/05/200
7

ACTO CASTELLON

22.718,97

7

ACTO VILLENA

8.728,06

23/05/200
7

ACTO IBI

2.562,85

23/05/200
7

ACTO ONTENIENTE

5.578,45

24/05/200
7

ACTO VALL DE UXÓ

1.312,50

09/05/200

19/05/200

21/05/200

TOTAL

78.878,83

Los administradores de candidatura del Partido Popular por
Valencia en las elecciones de 2007 fueron, para las
Autonómicas
Cristina
Ibáñez.
Cristina
Ibáñez
presentó
rendición de cuentas electorales a la Sindicatura de Comptes
el 27/6/2007, indicando como único gasto electoral satisfecho
a Orange Market SL 175.000 € por organización de actos de
campaña, omitiendo deliberadamente que dichos gastos habían
ascendido, al menos, a 1.155.231,43 €.

 Luis Bárcenas Gutiérrez, en la citada condición de
administrador de la candidatura, recibió la información
contable de las diferentes agrupaciones del Partido Popular en
Valencia y el 27/9/2007 hizo la correspondiente rendición ante
el Tribunal de Cuentas presentando la contabilidad del partido
con ocasión de las elecciones autonómicas y municipales de
2007. La contabilidad presentada a tal efecto ante el Tribunal
de Cuentas omitía ingresos y gastos del Partido Popular en la
Comunidad Valenciana en la cuantía expuesta y fue la remitida
desde Valencia.
QUINTO.- Los servicios prestados por Orange Market SL con
motivo de las elecciones de 2008, que no fueron objeto de
facturación, contabilización y declaración tributaria son, al
menos, 801.810´56 € conforme al siguiente desglose:
FECHA

ACTO

IMPORTE

19/01/200
8

ACTO EMPLEO

18.252,00

24/01/200
8

ACTO TORREVIEJA

20.400,00

26/01/200
8

ACTO CASTELLÓN

15.160,00

30/01/200
8

FOTOS CANDIDATOS CASTELLÓN

1.389,00

03/02/200
8

ACTO BENISSA

15.807,00

04/02/200
8

ACTO RAFELBUNYOL

6.500,00

8

ACTO MUJERES LA PETXINA

13.649,00

10/02/200
8

ACTO SEDE PP

10.116,00

12/02/200
8

ACTO ALICANTE

16.670,00

12/02/200
8

ACTO ALZIRA

8.027,00

12/02/200

DESAYUNO PP CASTELLÓN

3.814,00

06/02/200

 8
21/02/200
8

INICIO CAMPAÑA

50.600,00

8

PEGADA DE CARTELES CASTELLÓN

12.233,00

23/02/200
8

ACTO IFA ALICANTE

109.928,00

8

AMPLIACIÓN PRESUPUESTO IFA

17.884,00

27/02/200
8

ACTO SEDE PP

4.700,00

28/02/200
8

ACTO IFA RAJOY

27.264,00

29/02/200
8

ACTO CREVILLENTE

39.900,00

01/03/200
8

ACTO ALMASSORA

11.275,00

8

ACTO PARQUE CABECERA

11.500,00

04/03/200
8

ACTO GANDIA

8.129,00

8

ACTO ELDA

9.745,00

05/03/200
9

ACTO ALCOY

5.067,00

06/03/200
8

ACTO PLAZA DE TOROS

79.500,00

07/03/200
8

CIERRE CAMPAÑA HEMISFERIC

19.800,00

09/03/200
8

SEDE PP/ALAMEDA PALAS

22.500,00

21/02/200

23/02/200

02/03/200

05/03/200

CAMPAÑA DE PRENSA Y RADIO

131.407,00

TOTAL MITINES + PRENSA + RADIO

691.216´00

IVA DEVENGADO

110.594´56

TOTAL

801.810´56

Cristóbal Páez Vicedo, en su condición de administrador
general de la candidatura para las Elecciones Generales 2008,
recibió la información contable de las diferentes agrupaciones

 del Partido Popular en Valencia y el 10/7/2008 presentó ante
el Tribunal de Cuentas la contabilidad, que omitía ingresos y
gastos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en la
cuantía expuesta, limitándose su actuación, como el anterior a
presentarla ante aquel Tribunal.
SEXTO. - Una parte del gasto comprometido por los acusados
vinculados al PPCV fue financiado por empresas radicadas en la
Comunidad Valenciana que, en connivencia con aquellos y con
los responsables de Orange Market SL, asumieron el pago de los
servicios adeudados por dicha formación política a aquella
sociedad,
haciéndolos
aparecer
como
pago
de
servicios
prestados por Orange Market SL a tales empresas. Se trata de
sociedades integradas en grupos empresariales beneficiarios de
contratos con la Administración Pública Valenciana.
Así,
los
pagos
se
hicieron
por
dichas
empresas
directamente a Orange Market SL y esta les facilitó facturas
correspondientes a supuestos servicios que en realidad no
habían sido prestados. Varias de estas empresas declararon
ante la Agencia Tributaria los pagos de los supuestos
servicios prestados por Orange Market SL, obteniendo con ello
una indebida deducción en el Impuesto sobre Sociedades y
repercusión en el IVA que no llegó a generar, aisladamente
considerada, una ocultación superior a 120.000 € anuales.
Se trata en particular de las siguientes empresas:
6.1. Piaf, SL.
Piaf SL, por decisión de sus consejeros Antonio y
Alejandro Pons Dols, entregó al PPCV en 2007 la cantidad de
26.912 € y en 2008, la de 4.400 €. Para la cobertura de esta
entrega, Orange Market SL elaboró en favor de Piaf SL diversas
facturas con conceptos inveraces conforme al siguiente
detalle:
IVA
Nº fra. Fecha
63/07

13/04/2007

Concepto
Vallas
Publicitarias

Importe

incluido

23.200

26.912

 117/08

13/03/2008

Publicidad

3.793

4.400

TOTAL

26.993

31.312

Orange Market SL elaboró la segunda factura, que no llegó
a entregar pese a que sí recibió el pago.
6.2. Facsa y Aguas de Castellón.
Facsa, por decisión de su administrador, el acusado
Enrique Gimeno, pagó a Orange Market SL lo que a esta empresa
le debía el PPCV. Pagó en 2007 150.000 € y en 2008 200.000 €.
Para dar cobertura a estas entregas, Orange Market SL elaboró
diversas facturas que suponían la prestación de servicios por
su parte a la empresa Facsa, lo que realmente no ocurrió. Las
facturas confeccionadas para su entrega a esta empresa
corresponden al siguiente detalle:
2007:
Nº fra. Fecha

Concepto

Importe

IVA
incluido

084/07

Publicidad Anual

30.000

34.800

29.000

33.640

44.000

51.040

07/08/2007

Análisis

de

07/08/2007

Identidad
Corporativa

086/07

07/08/2007

Manual
Procedimientos

087/07

07/08/2007

Diseño Estrategia

47.000

54.520

TOTAL

150.000

174.000

085/07

de

2008:
IVA
Nº fra. Fecha

Concepto

Importe

incluido

123/08

02/04/2008

Stand SMAGUA

75.420

87.487

127/08

23/04/2008

Jornadas AEAS

55.369

64.228

128/08

02/05/2008

Stand ECOFIRA

68.925

79.953

TOTAL

199.714

231.668

 6.3. Grupo Vallalba SL, CHM Obras e Insfraestructuras SA y
Padelsa Infraestructuras SA (Pavimentos del Sureste SA).
Los

acusados

Rafael

y

Tomás

Martínez

Berna

decidieron

abonar una parte de los gastos del PPCV, en cuantía de 199.520
€. Para dar cobertura formal a estas entregas, Orange Market
SL elaboró diversas facturas que suponían la prestación de
servicios por su parte a las sociedades del grupo empresarial
Vallalba, lo que realmente no había ocurrido. Las facturas
elaboradas corresponden al siguiente detalle:
Nº
fra.

Fecha

Receptor

Concepto

Importe

IVA
incluido

10/09/200
088/07 7

Pavimentos 8
Lonas
del
Publicitaria
Sureste
s
35.000

40.600

24/09/200
089/07 7

Grupo
Vallalba

21.460

22/10/200
090/07 7

Hormigones Estudio
Martínez
Corporativo

60.000

69.600

12/11/200
093/07 7

Hormigones Estudio
Martínez
Impacto

58.500

67.860

172.000

199.520

Asesoramient
o RRPP
18.500

Total

Rafael Martínez Berna era al tiempo de los hechos
consejero delegado de Pavimentos de Suroeste SA, presidente
del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras
SA (Hormigones Martínez) y consejero de Grupo Vallalba SL.
Tomás Martínez Berna era consejero de Pavimentos de
Suroeste, secretario del Consejo de Administración de CHM
Obras e Infraestructuras SA y consejero de Grupo Vallalba SL.
6.4. Luis Batalla S.A (más tarde Durantia Infraestructuras SA)
y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL.
Gabriel Alberto Batalla Reigada, administrador de la
sociedad Lubasa, abonó una parte de los gastos del PPCV con
ocasión de la campaña de las Elecciones Autonómicas y
Municipales de 2007, y lo hizo nuevamente de los gastos de
dicho partido con motivo de las Elecciones Generales de 2008.
La cuantía total de ambas entregas fue de 110.200 €, de los

 que 52.200 € correspondían a la campaña de 2007 y 58.000 a la
de 2008. Para dar cobertura formal a estas entregas, Orange
Market SL elaboró diversas facturas que suponían la prestación
de servicios por su parte a las sociedades del grupo Lubasa
Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SA. Las
facturas elaboradas corresponden al siguiente detalle:
IVA
Nº
fra.

Fecha

19/12/200
101/07 7

Importe

incluid
o

45.000

52.200

Desarrollos
Acuerdo
de
Inmobiliarios Colaboración 50.000

58.000

Receptor
Luis
SA

Concepto

Batalla Merchandisin
g

Lubasa
08/07/200
143/08 8

TOTAL

95.000

110.200

6.5.
Enrique
Ortiz
e
Hijos
Contratista
de
Obras
SA
(anteriormente Grupo Ortiz e Hijos), perteneciente al Grupo
Ortiz.
Enrique Ortiz Selfa y José Beviá García (dueño y delegado
de la empresa Enrique Ortiz e Hijos respectivamente) abonaron
una parte de los gastos del PPCV con ocasión de la campaña de
las Elecciones Generales de 2008, en cuantía de 348.115 €.
Para dar cobertura formal a estas entregas, Orange Market SL
elaboró diversas facturas que suponían la prestación de
servicios por su parte a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos
Contratista de Obras SA. Las facturas confeccionadas a favor
de esta última sociedad corresponden al siguiente detalle:

Nº fra. Fecha

Concepto

Importe

IVA
incluido

118/08

01/04/2008

MUS

27.400

31.784

121/08

01/04/2008

Feria 2.007

72.500

84.100

163/08

06/11/2008

URBE 2.008

100.000

116.000

31/12/2008

Acuerdo
Colaboración

50.000

58.000

176/08

de

 177/08
178/08

del

31/12/2008

Trabajos
Semestre

del

31/12/2008

Trabajos
Semestre

2º
32.310

37.479

17.890

20.752

300.100

348.115

1º

TOTAL

6.6. Sedesa Obras y Servicios, SA (en la actualidad, Ezentis
Infraestructuras SA), Sedesa Inversiones
Sedesa, (en la actualidad Fundación Pontia).

SL

y

Fundación

Vicente Cotino Escrivá decidió pagar una parte de los
gastos del PPCV con ocasión de la campaña de las Elecciones
Generales de 2008, en cuantía de 150.684 €. Para dar cobertura
formal a estas entregas, Orange Market SL elaboró diversas
facturas que suponían la prestación de servicios por su parte
a las antes citadas sociedades y a la fundación del grupo
empresarial Sedesa. Las facturas elaboradas corresponden al
siguiente detalle:

Fecha
Receptor

Abono

IVA
incluid

de

Nº fra.

Fecha

140/08

Sedesa
01/07/2008 Inversiones

17/07/2008 35.000

40.600

141/08

01/07/2008 Sedesa Obras 17/07/2008 34.900

40.484

142/08

Fundación
08/07/2008 Sedesa

23/07/2008 30.000

34.800

167/08

Fundación
27/11/2008 Sedesa

17/12/2008 30.000

34.800

TOTAL

Importe

129.900
Vicente

Cotino

era

presidente

del

o

150.684

Consejo

de

Administración de Sedesa Inversiones SAU, de Sedesa Obras y
Servicios SA y de la Fundación Sedesa.

 SEPTIMO. - A lo largo de los años 2007 y 2008, el Partido
Popular en la Comunidad Valenciana encargó, igualmente, otros
servicios a Orange Market SL de organización de actos no
electorales. Parte de esos servicios se abonaron también fuera
del circuito legal del dinero y no se contabilizaron, por
importe de 508.051,40 € en 2007 y 918.012,44 € en 2008.
En 2007, estos servicios son los correspondientes a los
siguientes actos:
FECHA

ACTOS

13/1/07

ACTO VILLARREAL

16/1/07

ACTO BENICARLO

23/1/07

ACTO ELDA

27/01/07

CASTELLON PRESENTACION CANDIDATOS

30/1/07

ACTO COMIDA PATERNA

5/2/07

ACTO COMIDA ALICANTE (SAN VICENTE DE RASPEIG)

8/2/07

ACTO ELDA

12/2/07

ACTO CENA GANDIA

16/2/07

ACTO
EN
CABANYAL)

24/2/07

EN ALICANTE

27/2/07

ACTO COMIDA SAGUNTO

13/3/07

ACTO MISLATA

29/3/07

ACTO ELCHE

31/3/07

PRESENTACION PRESIDENTE

31/3/07

PRENSA PRESIDENTE

31/3/07

RADIO PRESIDENTE

13/7/07

ACTO CASTELLÓN

19/7/07

ACTO ALICANTE

28/7/07

ACTO VALENCIA (PALACIO DE LA EXPOSICION)

8/8/07

ACTO TRANSFERENCIA PARTIDO

31/8/07

ACTO EN ELDA

24/9/07

ACTO EN ALICANTE

10/10/07

ACTO 100 DIAS DEL GOBIERNO

22/10/07

ACTO SEDE PP VINILOS

26/10/07

CENA HOTEL NH CENTER

27/10/07

EN FERIA DE VALENCIA

27/10/07

PRENSA EN FERIA DE VALENCIA

VALENCIA

(SEDE

Y

POLIGONO

DEL

 8/11/07

CUMBRE CORREDOR MEDITERRANEO

10/11/07

ACTO INFRAESTRUCTURAS

24/11/07

SEGURIDAD

16/12/07

ACTO NNGG

20/12/07

ACTO NNGG

El importe total de los servicios prestados en 2007 por
Orange Market SL fue 1.131.259´40 €, si bien los servicios
facturados fueron en total 623.208 €. En consecuencia,
importe no facturado en ese año fue 508.051,40 €.

el

En 2008, los servicios no facturados y abonados fuera del
circuito legal son los prestados por los siguientes actos:
01/01/2008
12/01/2008
13/01/2008
12/03/2008

TRASERAS CORTES
PROYECTOR ALICANTE
ACTO SANIDAD ELCHE
REUNION COMITÉ

04/04/2008
14/04/2008
17/04/2008
19/04/2008

VISITA FERIA
JORNADAS INTERPALAMENTARIAS SEDE
VISITA CAMPS A FERIA
ACTO ELCHE

26/04/2008
28/04/2008
07/05/2008
10/05/2008
23/05/2008

ACTO EN ONDA
RUEDA DE PRENSA ELCHE
ACTO EN ORIHUELA
ACTO EN GANDIA
PP EUROPEO

14/06/2008
18/06/2008
20/06/2008
21/06/2008
01/07/2008

ACTO SEDE PP
ACTO SEDE VOLUNTARIOS
STAND PP CONGRESO
FIESTA PP CONGRESO
SELECCIÓN ESPAÑOLA

11/07/2008
24/07/2008
25/07/2008
26/07/2008
27/08/2008

VIDEO CENA
JUNTA DIRECTIVA REGIONAL
CENA LA NUCIA
ACTO ECONOMÍA
PRESENTACIÓN WEB

02/09/2008
04/09/2008
05/09/2008

RUEDA DE PRENSA CASTELLÓN
ACTO SEDE SI A LA VIDA
CENA CASTELLÓN

 08/09/2008
09/09/2008
17/09/2008
20/09/2008

DOMINIOS WEB/VALLAS/PÁGINA WEB
ACTO SEDE
CENA ALICANTE
ACTO ALICANTE (AULA CAM)

25/09/2008
27/09/2008
03/10/2008
04/10/2008

TORREVIEJA
PRESENTACIÓN CONGRESO
R.PRENSA CASTELLÓN
CAMPAÑA ZAPATERO

18/10/2008
24/10/2008
28/11/2008
30/11/2008

XII CONGRESO PPCV
ACTO CASTELLÓN
REUNION BENIDORM
MANIFESTACIÓN EDUCACIÓN

El importe total de estos servicios prestados en 2008 por
Orange Market SL fue 1.432.544´44 €, si bien los servicios
facturados fueron en total 514.530 €. En consecuencia,
importe no facturado en ese año fue 918.012,44 €.

el

OCTAVO. - La facturación elaborada por Orange Market SL
para el PPCV correspondiente a los años 2007 y 2008, por
decisión
conjunta
de
ambas
partes
fue
deliberadamente
genérica, de modo que en muchos casos no permite identificar
siquiera el servicio, la fecha de su prestación o el medio de
pago de cada factura. De este modo, la cuantía global
facturada fue notoriamente inferior a la realmente contratada
y abonada.
El detalle de las facturas que Orange Market SL hizo para
el PPCV y que como tales fueron reflejadas en la contabilidad
(Balance de sumas y saldos, extracto de cuentas y Diario de
movimientos, tanto del PPCV como de Orange Market) es el
siguiente:
Nº Fra.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

57/2007

5/3/07

PRESENTACIÓN
CANDIDATOS 16.412 €
ALCALDÍA (27/1/07)

58/07

4/3/07

ACTO 24/2/2007 ALICANTE

67/07

2/4/07

EVENTOS MES DE MARZO Y 348.000 €
CAMPAÑA COMUNICACIÓN MARZO

63/07

2/4/07

CAMPAÑA MARZO

12.000 €

38.000 €

 64/07

13/4/07

ACTO 31-3-07 FERIA VALENCIA

76/07

23/5/07

PRODUCCION Y REALIZACION DE 15.196 €
VARIOS ACTOS

79/07

1/6/07

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2007

82/07

4/7/07

PLAZA DE
8/6/07

83/07

27/7/07

EXTRAS ACTO PLAZA DE TOROS 74.000 €
XATIVA 8/6/07

95/07

22/11/07

PRESTACION

TOROS

DE

30.000 €

175.000 €

XATIVA 100.000 €

SERVICIOS

EN 40.000 €

PRODUCCION
DEL
ACTO
CELEBRADO EL 27/10/07 EN
FERIA VALENCIA
99/07

17/12/07

ACTOS
REALIZADOS
EN
CUARTO TRIMESTRE DE 2007

EL 23.200 €

102/2007

20/12/07

PRESENTACION WEB EN LA SEDE 400.000
DEL 16/12/07

111/2008

27/2/08

PRODUCCION Y ALQUILER DE 30.000 €
LOCALES
PARA
ACTOS
DEL

€

PARTIDO
115/2008

1/3/08

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y 30.000 €
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE
EL MES DE FEBRERO.

116/2008

12/3/08

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y 50.000 €
TECNICO DURANTE EL MES DE
MARZO

119/2008

1/4/08

ACTO 17/2/08 HEMISFERIC

145/2008

15/7/08

PRODUCCIÓN DE ACTOS SEGUNDO 38.600 €

18.872,04 €

 TRIMESTRE
164/2008

12/11/08

DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE 348.000 €
SALA PLENARIO “12 CONGRESO
REGIONAL”

165/08

12/11/08

STAND 12 CONGRESO REGIONAL

17.930 €

Igualmente, por decisión conjunta de los acusados
vinculados al PPCV y a OM esta elaboró dos facturas 74/2007 y
77/2007 por servicios prestados el 18/5/2007 e importes 1.740
€ y 22.037,68 €, que fueron expedidas a nombre del candidato
local a las elecciones. El concepto que recogió Orange Market
en la factura 77/07 (“Realización de varios actos. Sonido,
iluminación y estructuras”) fue nueva y deliberadamente
genérico a fin de ocultar que obedecía, igual que la factura
74/07, al mismo acto celebrado en Gandía el 18/5/2007.
Al objeto de saldar parte de la deuda que a finales de
2008 permanecía insatisfecha, el 26/12/2008 los acusados
vinculados al PPCV abonaron 142.680 € con fondos del Grupo
Parlamentario Popular, recibiendo a cambio la factura 173/08
de OM por “servicios prestados al grupo parlamentario durante
el segundo semestre de 2008”, pese a que
prestados no habían excedido de 4.000 euros.
NOVENO.

-

Los

acusados

gestores

de

los

Orange

servicios

Market

SL

decidieron que esta mercantil presentara sus declaraciones por
los Impuestos de Sociedades y sobre el Valor Añadido de
conformidad con la apariencia creada para cubrir los hechos
descritos en los apartados anteriores. Por ello, Orange Market
SL omitió en sus declaraciones tributarias los ingresos y
gastos que en virtud del acuerdo entre aquellos y los acusados
vinculados al PPCV habían quedado al margen del circuito
financiero legal, e incluyó los derivados de su supuesta
relación comercial con las empresas que le habían pagado sin
correlativa prestación de servicios.
La ocultación de los ingresos y gastos reales obtenidos
por la empresa en las declaraciones tributarias no era, sin
embargo, nueva cuando se utilizó como corolario de la

 colaboración que Orange Market SL prestó para financiación
irregular del PPCV. Ya en los años anteriores Orange Market SL
presentaba sus declaraciones de los Impuestos de Sociedades y
sobre el Valor Añadido incorporando en las mismas,
gastos
inveraces y ocultando una parte de
La confección material y,
suscripción de las declaraciones
los empleados del acusado José

sus ingresos.
en algunos casos, incluso
tributarias, la realizaron
Ramón Blanco Balín, quien

impartió las instrucciones oportunas en connivencia con Pablo
Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez Alonso y Cándido
Herrero .En la sede de Valencia fue Cándido Herrero quien, por
dirigir las tareas de administración de Orange Market SL -e
incluso haciendo uso de sus poderes en la empresa-, dio las
órdenes
para
la
contabilización e

confección
de
facturas
y
generó
la
inclusión de datos inveraces en las

Declaraciones ante la Agencia Tributaria confeccionadas por el
despacho de José Ramón Blanco en Madrid.
Las operaciones de ocultación y alteración de datos de
naturaleza tributaria realizadas por los administradores de
hecho y de derecho de la sociedad Orange Market SL en el
periodo comprendido entre los ejercicios fiscales de 2005 a
2008 son las siguientes:
A)
9. 1. En el EJERCICIO 2006, los gestores efectivos de la
mercantil presentaron la declaración por el Impuesto de
Sociedades, con una base imponible mendazmente declarada, al
no haber contabilizado ni declarado ingresos, y a la vez
incrementaron el importe de los gastos con facturas que no se
correspondían
con
servicios
efectivamente
prestados
o
correspondientes a gastos no deducibles.
Como resultado de lo anterior, en 2006 eludió el pago de
183.562,01 € en el Impuesto sobre Sociedades.
Respecto del IVA de dicho ejercicio no fue objeto de
acusación por no alcanzar el mínimo legal ni por tanto
incluirse en el auto de Apertura de juicio oral.
9. 2. En el EJERCICIO 2007, procedieron del mismo modo, en
relación
con
el
Impuesto
de
Sociedades,
a
aminorar
intencionadamente la base imponible del impuesto mediante la
inclusión de gastos no deducibles, bien por no haberse
producido realmente, bien por ser ajenos a la actividad

 empresarial, y a omitir numerosos ingresos por servicios
efectivamente prestados, alcanzando la elusión impositiva la
cifra de 518.638 euros.
9. 3.
También En el EJERCICIO 2007, los gestores
efectivos de la referida mercantil volvieron a presentar
intencionadamente las declaraciones trimestrales y anual del
IVA con alteraciones de la realidad, declarando cuotas de IVA
soportado que no tenían la condición de deducibles, omitiendo
al propio tiempo numerosos ingresos por servicios prestados y
las correspondientes declaraciones de IVA devengado, derivadas
de tales ingresos. El IVA defraudado de este ejercicio alcanza
la cifra de 510.412 euros.
B)
9. 5. Asimismo, durante los años 2006 y 2007 el acusado
Álvaro Pérez Alonso presentó sus declaraciones de IRPF
omitiendo una parte de los ingresos que percibía por su
actividad en Orange Market SL. Ingresaba dichas cantidades sin
que tuvieran reflejo en la contabilidad oficial de Orange
Market SL y respecto de ellas la entidad no realizó retención
alguna a efectos del IRPF, aunque sí figuraban en el registro
de anotaciones en “B” que existía en esta empresa: 387.898´72
€ en 2006 y 426.978´97 € en 2007.
La cuota tributaria eludida por Álvaro Pérez por los
referidos ingresos procedentes de la actividad de Orange
Market SL no declarados a la AEAT en 2006 asciende a
165.599´33 €.
La cuota tributaria eludida por Álvaro Pérez por los
referidos ingresos procedentes de la actividad de Orange
Market SL no declarados a la AEAT en 2007 asciende a
178.418´27 €.
DECIMO .- Previamente a la celebración del juicio oral los
acusados Enrique Ortiz, José Francisco Beviá, Alejandro Pons,
Vicente Cotino, Antonio Pons, Enrique Gimeno, Rafael Martínez
Berna, Tomás Martínez Berna, y Gabriel Batalla reconocieron
los hechos de los que se les acusa y aportaron justificantes
de abono de las cuantías reclamadas para garantizar las
responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Esta

 actuación fue realizada ante el Juzgado de Instrucción o
mediante comparecencia personal ante la Fiscalía asistidos de
sus letrados y queda recogida en escritos -de defensa y
posterioresde
fechas
29/3/2016,
8/4/2016,
10/2/2017,
13/2/2017, 6/3/2017 y 9/3/17.
Previamente a la celebración del juicio oral, el acusado
Francisco Correa remitió al Juzgado Central de lo Penal carta
de 30/11/2017 dirigida al Credit Suisse en Suiza, indicando a
la entidad bancaria que remitiera a la cuenta del Juzgado el
importe en el que se cuantificaba la indemnización por la
defraudación tributaria cometida por la sociedad Orange Market
SL. Dicha iniciativa ha dado lugar, a diferencia de otras
actuaciones procesales anteriores respecto de los fondos
cautelarmente bloqueados en las DP, a la comunicación de las
autoridades suizas de la orden de transferencia desde el
Credit Suisse a la cuenta del Juzgado de lo Penal. La orden de
transferencia se produjo finalmente el 3/5/2018 por el importe
solicitado, 2.060.748´27 €. Asimismo, el acusado remitió al
Juzgado escrito de 2/1/2018 reconociendo los hechos descritos
en la acusación de la Fiscalía y aportando datos relevantes en
relación con los delitos y sus autores.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO. - Al inicio del juicio oral se desestimaron
oralmente y con sucintas consideraciones las de cuestiones
previas propuestas:
-Nulidad de las grabaciones que aportó el denunciante José
Luis Peñas.
-Vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley por
las normas de reparto.
-Vulneración de derechos
entradas y registros.

fundamentales

al

acordarse

las

-Nulidad de la causa por conexión de antijuricidad de la
vulneración
de
derechos
fundamentales
producida
en
la
intervención de comunicaciones de Soto del Real 18 de febrero
de 2009 y posteriores.
-Inhabilitación de la actuación de los funcionarios de la
Policía Judicial que escucharon las conversaciones de Soto del
Real para el resto de diligencias que se practicaron.
-Ruptura de la cadena de custodia.

 -Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones al
acordarse las intervenciones telefónicas (de 8 de agosto de
2008 al 6 de febrero de 2009).
-Vulneración del derecho a un proceso justo por la formación
de piezas separadas.
-Vulneración del derecho de defensa por la utilización de la
plataforma virtual Alfresco como medio para acceder a la
documentación de las actuaciones.
-Vulneración del derecho de defensa por estar los acusados en
prisión preventiva por otra causa, lo que les impide preparar
el juicio correctamente STC 91/2000.
-Prescripción de los diferentes delitos. STC 63/05.
-Vulneración de derechos fundamentales por ser prospectiva la
investigación.
-Nulidad de las intervenciones telefónicas del Juzgado de
Orihuela parcialmente testimoniadas para su unión a este
procedimiento.
Todas se desestimaron, por ser ya cuestiones propuestas y
resueltas ante los diversos Tribunales y Juzgados que han
intervenido en este procedimiento. Esencialmente el TSJCV y su
Juez Instructor, TSJM, JCI núm. 5 y Sala de lo penal de esta
propia Audiencia Nacional, en definitiva, se volvían a
proponer temas ya examinados y reexaminados (pues muchas de
estas cuestiones se resolvieron en recurso de Apelación) lo
cual supone violentar el principio de cosa juzgada. Por ende,
el T.S en reciente sentencia 214/18 “Caso Fitur” en 8 de mayo
de 2018 ha vuelto a desestimar tales cuestiones.
Los
hechos
declarados
probados
son
legalmente
constitutivos de 3 delitos electorales del art. 149 de la L.O.
5/85 tanto en su redacción original como en la vigente (sin
perjuicio de la adaptación de las penas, prisión menor y multa
de hasta 300.000 ptas., redacción original y que conforme a la
Disposición
Adicional
Undécima
del
C.P.
de
1996
debe
entenderse prisión de 6 meses a 3 años y multa de 3 a 10
meses)
Estos delitos electorales se corresponden a las Elecciones
Autonómicas de 2.007, las Municipales de 2.007 y a las
elecciones Generales de 2.008 de los que deben responder en
concepto de Autores: Ricardo Costa Climent; David Serra
Cervera, Cristina Ibañez y los empresarios Antonio y Alejandro
Pons Dols, Enrique Gimeno Escric, Rafael
y Tomas Martínez
Berna, Gabriel Alberto Batalla ,siendo en las generales de
2008 además, responsables Enrique Ortiz, José Francisco Beviá
y Vicente Cotino pero no Rafael y Tomas Martínez Berna y el
grupo constituido por Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo
Sabarís y Álvaro Pérez Alonso y Cándido Herrero todos éstos en
condición de cooperadores necesarios y como cómplice del
delito relativo a elecciones generales de 2008 Yolanda García
Santos.
Asimismo, los hechos son constitutivos de un delito
continuado de falsedad en documento mercantil del art. 392 en

 relación con los artículos 390, 1.2 y 3 y 74 del Código Penal
del que deben responder en concepto de autores Antonio y
Alejandro Pons Dols, Enrique Gimeno Escrig, Rafael y Tomas
Martínez Berna, Gabriel Alberto Batalla. Vicente Cotino
Escrivá, Enrique Ortiz Selfa, José Francisco Bevia García,
Ricardo Costa Climent, David Serra Cervera, Álvaro Pérez
Alonso, Pablo Crespo Sabarís , Francisco Correa Sánchez y
Cándido Herrero.
También son constitutivos de un delito contra la Hacienda
Pública del art. 305 del Código Penal (IVA 2007), así como dos
delitos contra la Hacienda Pública (Impuesto de Sociedades
2006 y 2007) de los que deben responder en concepto de
Autores: Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís, José
Ramón Blanco Balín , Cándido Herrero y Álvaro Pérez Alonso .En
total 3 delitos contra la Hacienda Pública. Y dos delitos
contra la Hacienda Pública (defraudación del I.R.P.F. AÑOS
2006 Y 2007) de los que debe de responder en concepto de Autor
el acusado Álvaro Pérez Alonso.
Se ha retirado la acusación, ejercitada por el Ministerio
Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular respecto
a José Enrique Fresquet Martínez.
Y teniendo en cuenta que no se declara probado lo que
exceda y difiera de los hechos probados ni personas o
entidades que no hayan sido acusadas en el estricto marco del
presente
procedimiento
conviene
hacer
las
siguientes
consideraciones:
A)
Habida
cuenta
del
riguroso
y
pormenorizado escrito de acusación, tras la
práctica del juicio oral, salvo modificaciones
afectantes a la culpabilidad de los acusados se
ha declarado como hechos probados de esta
sentencia. No obstante para centrar y resumir
los mismos conviene precisar respecto al delito
electoral que es de obligada aplicación el art.
149 de la LOREG, LO 5/1985
y su redacción
vigente cuando se produjeron los hechos, que
sanciona “ a los administradores generales y de
las candidaturas de los partidos, federaciones,
agrupaciones de electores o coaliciones que
falsean las cuestas, reflejando u omitiendo
indebidamente en las mismas aportaciones o
gastos o usando de cualquier artificio que
suponga aumento o disminución de las partidas
contables”. Como se ha dicho la pena en su día
se estableció en prisión menor y multa de hasta
30000 pesetas, hoy conforme a la reconversión
legal pena de prisión de 6 meses a tres años y
multa de 3 a 10 meses. Naturalmente es
inaplicable
el
nuevo
artículo
304
bis,
introducido por la Ley Orgánica 1/2015 pues al

 imponer penas más elevadas no puede aplicarse
con carácter retroactivo.
El artículo que se aplica es pues un delito de mera actividad
que no exige resultado alguno, se considera puede calificarse
como un delito de riesgo y si como todos estos delitos
adelanta la barrera de protección jurídica, sin necesidad de
resultado, parece evidente que el bien jurídico protegido es
de forma inmediata tratar de mantener la pureza de los
procesos electorales, en definitiva, “el juego limpio”
electoral.
Pero además de tratar de prevenir que los contendientes
electorales dispongan, exclusivamente, de los medios legales
en la citas electorales, también se considera que de forma
mediata trata de prevenir un riesgo abstracto: preservar la
neutralidad y objetividad del Estado en el que se incluyen la
administración local y autonómica frente a supuestos como en
el presente caso en que dicha neutralidad y objetividad de las
administraciones se ve seriamente cuestionada cuando los
financiadores
de
la
campaña
electoral
son,
exacta
y
precisamente , adjudicatarios y/o concesionarios de obras,
servicios o suministros contratados por la Administración
cuyos representantes políticos han sido elegidos apoyándose en
una campaña financiada ilegalmente.
Naturalmente que los financiadores sean o vayan a ser
adjudicatarios de obras o servicios públicos empaña de una
manera
absoluta
la
repetida
neutralidad
y
objetividad
afectando de manera directa a los intereses generales.
Pero junto esta puesta en peligro de dichos intereses
generales también se produce un peligro concreto para el resto
de empresas y empresarios, intereses particulares, que no
participan en la financiación irregular pues es fácilmente
inducible que tendrán enormes dificultades cuando no serán
inmediatamente excluidos para ser adjudicatarios de obras o
servicios de una administración cuyos ocupantes sean de un
partido al que no han querido financiar.
En resumen, se entiende que este articulo protege no solo a
la debida y legal igualdad de los partidos en los procesos
electorales, sino que también protege intereses generales y
particulares.
Resulta preciso recalcar que el presente procedimiento se
limita
subjetiva
y
objetivamente
a
dicha
financiación
irregular electoral como pieza separada de la rama principal
bajo el nombre de “Valencia 1,2,6”, existen otras diez piezas
de la denominada “Trama Gurtel” en ella se investigan o ya se
han enjuiciado delitos de cohechos (soborno), malversación de
caudales públicos, prevaricación administrativa, etc,etc..
por
tanto,
no
es
objeto
de
este
procedimiento
la
materialización
concreta
del
peligro
abstracto
antes
comentado.
B)
Sentado
lo
anterior
es
necesario
distinguir entre tres grupos bien diferenciados
pero que como más adelante se estudia actúan de

 manera coordinada y de consuno para, entre
todos, producir el delito.
Para mejor comprensión de lo
que se expone puede
distinguirse tres grupos:
-El primer grupo que vamos a denominar “Grupo Correa”
estaría constituido por Francisco Correa, Pablo Crespo,
Álvaro Pérez Alonso y Cándido Herrero Martínez con el
asesoramiento financiero/tributario de Ramón Blanco Balín.
-El segundo grupo que podríamos denominar “Grupo Político”
estaría constituido por Ricardo Costa Climent, David Serra
Cervera, Cristina Ibáñez Vidal y Yolanda García Santos.
-El tercer grupo a denominar “Grupo Empresarios”, formado
por Antonio Pons Dols y ocho mas
En esencia y en síntesis el “modus operandi” del
entramado y concatenación de los grupos es el siguiente:
Necesitado el “grupo político” actuando en nombre y para
el P.P.C.V de mayor financiación, infringiendo los límites
legales para subvenir el coste de las campañas electorales de
2007, locales y autonómicas y 2008, elecciones generales,
contrato con la sociedad del Grupo Correa (F.C.S) “ORANGE
MARKET S.L.” en adelante O.M para que esta realizara actos y
servicios de campaña de todo tipo, pero en vez de pagar el
P.P.C.V a la sociedad contratada, es decir O.M, procuró que
éstos gastos electorales fueran satisfechos por una serie de
empresarios
“Grupo
Empresarios”
que,
además,
eran
adjudicatarios de obras, servicios o suministros concedidos
por la Administración regional y/o local y para cubrir esta
anomalía, basicamente se elaboran una serie de facturas
mendaces que cubrirían unos supuestos servicios de O.M a estos
empresarios. De modo que el pago de los ser vicios que O.M
prestó al P.P.C.V se pagaron a O.M de tres formas: facturas
correctas, pagos en “B” y creando facturas falsas pagadas por
empresarios por supuestos trabajos no realizados a sus
empresas.
En definitiva, con la aquiescencia y voluntad del “Grupo
Correa” y el “Grupo Político”, se interpone O.M, a modo de
empresa pantalla para ocultar que las campañas electorales
eran pagadas, sino en todo, si en gran parte por el “Grupo
Empresarios”
violentando
e
infringiendo
así,
tanto
cuantitativamente como cualitativamente la legislación en la
materia.
Respecto al “Grupo Correa” ya ha sido considerado por el
TSCV asociación ilícita por lo que no es acusado, ni puede ser
condenado como grupo u organización criminal en este
procedimiento, sin embargo, debe constatarse que se dan en él
todas las características de tal, es decir, grupo de personas
permanentemente dedicadas a cometer delitos contra el
patrimonio o delitos que tienen un significado económico y
dotados de una organización articulada en donde costes
ganancias e inversiones se planifican dentro de una dimensión
empresarial, tanto como para permitir que dichos grupos
adquieran una ventajosa posición en el ámbito del mercado
ilegal.

 C) No cabe duda que en este juicio se han producido una
serie de confesiones, o declaraciones de autoculpabilidad que
por su contenido pueden enlazarse como informaciones valiosas
y relevantes. Relevantes porque han permitido desde las
primeras sesiones aclarar definitivamente unos hechos cuyo
desentrañamiento se venía persiguiendo por distintos jueces y
tribunales desde 2008 y valiosos porque solo en la Comunidad
Autónoma Valenciana quedan pendientes de enjuiciar 2 piezas
más en estos momentos, que obviamente se verán facilitadas por
las declaraciones prestadas en este juicio. Naturalmente esta
colaboración activa, importante y relevante, se reflejará en
la punibilidad como se estudiará más adelante.
Respecto a la declaración del acusado, confesando la
infracción y todos sus elementos y participes debe recordarse
que es un medio más de prueba, a valorar en conciencia por el
Juzgador bajo los principios de inmediación efectiva. Y en
este juicio han tenido especial significación las confesiones
de varios acusados, que han sido muy trascesdentes; porque en
terminología de la LECR. han contribuido de manera decisiva al
mayor esclarecimiento de los hechos y el más seguro
descubrimiento de la verdad. La declaración del acusado se
conforma en nuestro derecho como arranque del juicio y de la
actividad probatoria que sirve para destacar el papel central
y preeminente que se otorga a su declaración en nuestro modelo
de enjuiciamiento constituyendo un auténtico medio de prueba.
Pero, naturalmente, la sola declaración del acusado, no es
bastante, para extraer la conclusión culpabilizadora, es
necesario e imprescindible, que esta declaración esté avalada
por algún hecho, dato o circunstancia externa que suponga una
mínima corroboración (SSTC por todas 134/2009). En el caso de
co-imputados carecen de consistencia plena como prueba de
cargo cuando no resultan mínimamente corroborados por otras
pruebas,
en
definitiva,
es
exigencia
del
Tribunal
Constitucional (SSTC 153/97 ,49/98) que la declaración quede
mínimamente corroborada. Es imprescindible pues según doctrina
constitucional que existan otros datos o elementos que
constituyan una corroboración, aunque sea mínima periférica
(STC 70/2002) que pueden estar constituidos por cualquier
medio de prueba, incluso (STC 143/2001) por las propias
manifestaciones de otros coacusados incriminados.
Así pues, los co-acusados tienen una posición peculiar en
cuanto además de auto-incriminarse incriminan a otros coimputados colocándose en este caso como testigos de cargo o
más específicamente testigos impropios pues el derecho a no
declarar o no confesarse culpable solo puede alegarse respecto
a su propia declaración posibilitando claro está su autoinculpación voluntaria. Este carácter bi-fronte del coacusado, imputado respecto a si mismo y testigo impropio
respecto de los demás co-acusados está admitido en nuestro
derecho desde la STS de 3 de marzo de 2.000.
Sentado lo anterior e insistiendo en que todas estas autoinculpaciones e incriminaciones se han producido transmitiendo
una notable credibilidad y veracidad subjetiva así apreciada
por este Juzgador en virtud de inmediación efectiva, vistos y
oídos directamente presentan además consistencia y veracidad

 objetiva pues prestadas concatenadamente todas ellas se
complementan y suplementan y se integran las unas con las
obras permitiendo obtener una visión de conjunto que autoriza
el Juzgador a declarar los hechos como se han declarado
probados
pues,
en
puridad,
solo
ligeros
matices
o
puntualizaciones de carácter secundario han permitido atisbar
ligeras divergencias. Y lo que resulta altamente valorable es
que en ningún caso estas autoinculpaciones han tratado, desde
un punto de vista estrictamente penal de eximirse de
responsabilidad trasladando la culpa a un tercero. En suma,
los co-acusados confesos han asumido su culpa, admitiendo los
delitos y los actos realizados que han detallado de manera
completa y pormenorizada.
Por
tanto,
conviene
repasar
cada
una
de
estas
declaraciones auto-inculpatorias, haciendo mención a los datos
mínimamente corroboradores y que desde luego han sido básicos
y esenciales para considerar ciertos y probados los hechos
imputados por las Acusaciones s y ubsumibles en los delitos
enunciados.
SEGUNDO. – A) Respecto a la declaración de Francisco
Correa Sánchez ha sido precedida por un escrito, ratificado en
la vista, que aparece unido al rollo de este Juzgado, cuyos
puntos esenciales son las manifestaciones siguientes: A) que
son ciertos los hechos descritos por la acusación.
B) Que la mercantil ORANGE MARKET se creó porque dejaron
de trabajar para el P.P. en la Sede de Génova de Madrid.
Álvaro Pérez tenía un contacto que le presentó Francisco
Camps, quien le propuso hacer eventos para el P.P. de Valencia
y es cierto cuanto se afirma en el escrito de acusación
respecto a la creación de “O.M” pasando a continuación a ser
controlada por José Ramón Blanco Balín a través de su
mercantil HATOR CONSULTING pasando a hacer una serie de
imputaciones a este, respecto a la contabilidad y fiscalidad
de la empresa (las cuales se detallaran cuando se examine la
actuación de este acusado).
C) Es cierto que el pago de los servicios profesionales
que se prestaron al P.P. de Valencia en campañas electorales y
otros eventos, se abonaron a O.M. de 3 maneras:
mediante
facturas correctas, mediante pagos en “B” y mediante la
creación de facturas ficticias que se giraron a distintos
empresarios por trabajos no realizados realmente a sus
empresas,
que él (Correa) estaba al corriente de esas
operaciones, siendo Álvaro Pérez el que se dedicaba a la
captación de eventos y su desarrollo y Pablo Crespo
supervisaba desde Madrid junto con Cándido Herrero, los costes
de los eventos y los trabajos. Cándido Herrero era el
responsable de cobros, pagos a proveedores y nominas bajo la
supervisión y superior control de Pablo Crespo.
El dinero “B” de Valencia se trasladaba a Madrid. Existía
una caja “B” que la controlaba yo (F. Correa).
Por tanto, tras esta declaración ya puede configurarse el
puesto en el “Grupo Correa” de cada uno de sus integrantes,
Francisco Correa era el dueño del negocio, Pablo Crespo su
director general, ayudado por Cándido Herrero y Álvaro Pérez

 era el director ejecutivo, comercial o si se prefiere agente
de campo.
Esta declaración escrita ha sido corroborada en juicio
oral admitiendo la creación del Grupo F.C.S. (acrónimo
formado con sus iniciales) y tras una serie de imputaciones a
su contable y fiscalista Blanco Balín ( se corrobora con
documento, exhibido y reconocido “Empresas R. Blanco Asesores)
, tras reconocer que “F.C.S.” no era grupo consolidado, ha
admitido la creación en los términos que constan probados de
la organización de la Sociedad “O.M” y el grupo de sociedades
a la que pertenece incluyendo la participación de las
Sociedades, una sita en un “paraíso fiscal”, BANGTOME LTD
(GB)
y
FOREVERMORE
LTD
(Nevis).
Sociedades
puramente
instrumentales para manejar “O.M.” Y aquí aparece otro dato
corroborador
como
son
los
documentos
intervenidos
y
reconocidos relativos a dichas sociedades inglesas ubicadas en
G.B y Nevis son meras sociedades instrumentales “pantallas”
para tratar de ocultar al verdadero propietario (Correa).
Aclara Correa en su declaración que cada una de su grupo
tenía un director, así O.M. Álvaro Pérez y que su actuación
era supervisada por Pablo Crespo y éste le reportaba a él
(Correa).
Reconoce que OM emitía facturas falsas a empresarios para
poder cobrar trabajos realizados al P.P. Este dato es
corroborado por las facturas que constan y que han sido
admitidas y reconocidas por los empresarios valencianos que
también han admitido el hecho en este juicio.
Insiste que para cobrar tenían que emitir facturas
(falsas) a empresarios valencianos, esto se corrobora tanto
con las facturas exhibidas y reconocidas en juicio por los
citados empresarios, como absolutamente falsas, como por los
correos intercambiados, entre O.M y el despacho de su asesor
fiscal y contable (Blanco Balín) el texto es tan evidente que
no necesita más explicaciones: “las dos facturas que están
puestas al P.Popular hay que corregirlas y ponerlas a Enrique
Ortiz e Hijos” –correo electrónico de 20 de junio de 2.008,
las facturas son del de abril de 2.008asimismo entre las
mismas partes (OM- despacho de Blanco Balín) de 27 de junio
de 2.008 otro correo donde O.M pide a Blanco cambiar el
cliente de P.P.C.V a Ortiz e Hijos, otro cambiar el importe
del cliente FACSA, así como que conste esta sociedad (
implicada en este procedimiento –Enrique Jimeno) en lugar del
PP de Castellón
e incluso se modifica el importe. (Todos
estos correos constan en el Anexo 11.2. Informe final O.M. De
la Agencia Tributaria) aclara Correa que efectivamente Pablo
Crespo le comunicó que si querían cobrar los trabajos de la
campaña electoral efectivamente realizados al P.P. tenían que
dirigirse a determinados empresarios y que Pablo a fin de año
iba a Valencia y controlaba las cuentas ( Se corrobora con
intervención telefónica 30 de diciembre de 2.008 Correa--
Crespo).
También manifiesta Correa que Pablo Crespo controlaba O.M
y si se creó esta sociedad fue por que dejaron Génova (Es
decir la sede Central del P.P.) y a través de Álvaro Pérez que
había contactado con Camps consideraron que allí (en Valencia)

 había mucho trabajo que realizar, aclara que el trabajo sería
para el partido y que muy poco obtuvieron de la Generalitat
Valenciana. Refiere que todo lo relativo a las campañas lo
llevaba Álvaro, se confirma con documentación incautada en O.M
tal como Presentación campaña 2007, creatividad, bus, prensa,
radio, cuñas radio, etc.”
Respecto a quien se dio precio de
campañas, manifiesta que no había presupuesto “a priori” sino
que el P.P, conforme está se iba desarrollando pedía, más y
más.
Confirma que esta campaña la cobraban parte en “B” parte
en facturas falsas a empresarios.
Declara tajantemente que Álvaro y Pablo cobraban en
metálico aclarando que la Caja B de Valencia era pequeña que
la “gran caja B “sic la tenía en Madrid y que la controlaba él
a través de un empleado apellidado Izquierdo. La existencia de
la Caja B viene corroborada por el documento Caja “B” actual2005, pero el documento básico corroborador es el denominado
Caja B 2007 (doc. 8 memoria USB intervenida a Izquierdo). Este
documento curiosamente documenta (F27 a 43 TJ- documento
principal) los movimientos en “B” o dinero negro u oculto del
01/01/2007
al
31/12/2007
y
está
dividido
por
fechas,
“concepto”, observaciones, entradas, salidas y saldo cuya
lectura es imprescindible para la total comprensión de la
trama organizada por el que hemos denominado “Grupo Correa”
pues además de quien daba la instrucciones: P.C. o sea Pablo
Crespo, o solicitado por o autorizado por, en el apartado
concepto aparece también reiteradamente Álvaro Pérez bien como
receptor bien como destinatario de ciertas cantidades y
naturalmente el propio Francisco Correa que aparece con el
expresivo y esclarecedor apodo de “D. Vito” (sic) .En el
apartado entradas, a los efectos que nos ocupan son varias las
partidas
“Rec Valencia” ( o sea recibido Valencia) por
importes de hasta 250.000, 240.000 euros, 200.000 euros,
pasando por sumas entre los 50.000, 79.000, 80.000 euros, etc.
Son reiterados los conceptos
“entrega sobre” D. Vito y hay
constantes entradas y salidas de o hacia “Box 39” que se
deduce, como se ha probado en juicio, por otros acusados y
testigos se refiere a la Caja de seguridad manejada por la
organización,
muy
ilustrativo
son
los
movimientos
del
10/05/2007, pues el mismo día se reciben 700.000 euros de “D.
Vito”, se entregan 100.000 a D. Vito y se traspasan los
600.000 restantes a “Box 39”.Tambien el 10 de julio de 2007 se
reciben de Valencia de P. Crespo 70.000 euros y el mismo día,
a su orden, se ingresan en “Box 39” dichos 70.000 euros.
Por lo demás la mezcolanza de conceptos y cifras es
absoluta, apreciándose desde pagos a empleados y subalternos
del grupo hasta gastos realizados por los mismos y por los
“directores” (Correa/ Crespo) vehículos y su mantenimiento,
etc. También está acreditado documentalmente además de la
confesión de Corea que OM pagaba gastos absolutamente
particulares de Francisco Correa, este reconoce la factura del
Puerto Deportivo de Ibiza Nueva por 34.800 euros (Disco 4,
folios 1324 a 26 y 1340 y 1341) que los paga O.M, constando la
orden de esta Sociedad. La contabilidad ingresos/gastos es
pormenorizada y exhaustiva.
Y consta también que el seguro del Yate Carmen XI, que
ocasiona los gastos en el Puerto de Ibiza lo gestiona Pablo
Crespo, apareciendo por último que éste yate es propiedad de

 “OSIRIS PATRIMONIAL S.A.” que es una Sociedad del también
acusado Blanco Balín (Grupo empresas R Blanco Asesores (Disco
0137/R08)
tomo I) el cual era copropietario de O.M, también
consta fax (disco 5 ) de J.L Izquierdo, el hombre de confianza
de correa para la Caja “B” en que ordenaba a Cándido Herrero
(hombre de Pablo Crespo) emitir una factura de muebles para
uso particular de Correa y que sería satisfecha por O.M, eso
sí, en el concepto se hacía figurar
“proyecto decoración
para varios actos públicos”. Es decir, se pagan gastos
particulares de Correa como gastos de O.M.
En suma como ha confesado F. Correa, la sociedad O.M., por
trabajos electorales al P.P.C.V, se nutría de dinero opaco o
“B” procedente de ciertos empresarios valencianos ya por su
entrega física o material ya tratándolo de justificar por
trabajos y servicios mediante facturas totalmente falsas pues
estos
empresarios
nada
habían
contratado
con
O.M.
y
naturalmente el dueño de esta sociedad, F. Correa, hacía y
deshacía a su antojo, con la cooperación directa y material de
Pablo Crespo- Cándido y Álvaro Pérez, cada cual con unos roles
bien establecidos y que entre otras consecuencias servía para
ocultar los verdaderos ingresos a la Hacienda Pública, todos,
cada uno en su faceta, contribuyeron a producir los actos
delictivos. Correa declara en juicio que efectivamente las
operaciones de O.M. estaban mal tributadas, aunque alude
constantemente a su asesor tributario Blanco Balín, a destacar
también que literalmente declara que P. Crespo es quien le
dice que fue Ricardo Costa el que le indicó que para cobrar
los trabajos de O.M “tenéis que facturar a unos empresarios”
(sic).
En definitiva y como se ha anticipado, Correa como los
otros confesos no han tratado de eludir responsabilidades
propias, en todo caso, han colaborado activamente para
determinar qué papel tenia cada uno en el entramado.
B) En cuanto a Pablo Crespo su declaración no hace sino
confirmar y ratificar lo declarado por su principal (Correa).
Admite como Crespo, la constitución de unas sociedades,
radicadas en el extranjero, en G.B. y en el paraíso fiscal de
la Isla de Nevis, Titulares nominales de O.M, del Grupo F.C.S
y meras pantallas para ocultar su propiedad real, y este dato
se confirma con abundantes documentos, exhibidos y reconocidos
a este acusado (folios 2077 y siguientes Tomo 4) relativos a
la constitución en Nevis de la Sociedad “FOREVER MORE INC” y
las correspondientes escrituras relativas a la creación de
O.M. Siendo el propio Pablo Crespo quien solicita su
denominación social,(Registro Mercantil en mayo de 2.003, esta
sociedad se constituye en Valencia, en julio de 2.003) por
Crespo y Luis de Miguel.
Admite junto con Correa que cercenadas o disminuidas sus
posibilidades de negocio con la central del PP en Madrid,
decidieron trasladarse a Valencia básicamente por los buenos
contactos que Álvaro Pérez tenía con dirigentes de dicho
partico en la Comunidad Valenciana. Así esta Sociedad O.M.
vino a realizar en Valencia lo que la sociedad “SPECIAL
EVENTS” venía realizando en Madrid, Crespo era el consejero
delegado de dicha sociedad en la que trabajaba Álvaro Pérez
desde el año 2002 siendo Crespo a la vez titular de un 13% de

 O.M. En definitiva, por las posibilidades de negocio en
Valencia Correa/Crespo colocaron a Álvaro al frente de O.M. en
esta comunidad manteniendo Crespo la supervisión económica y
financiera de los negocios (eventos y otros actos y servicios
de comunicación) contratados por Álvaro Pérez. Esto se
corrobora con el documento del Tomo 3 (Folio 1677) en que
Álvaro ya aparece como personal de “SPECIAL EVENTS”. La
confesada supervisión de Crespo de las cuentas de O.M. viene
confirmada por el ya citado documento “Caja B” de O.M. de
2007,
son
innumerables
los
asientos
donde
ya
en
“observaciones” ya en “concepto” aparecen las iniciales PC,
reconocidas por el confeso como las suyas, su labor en el
manejo de esta caja se resume solo a título de ejemplo en su
hoja 4 asientos 28/02/2007 al l de marzo donde aparece
Instrucciones PC, solicitado PC, Autorizado PC, confirmado por
PC.
La relación entre “SPECIAL EVENTS” (Crespo) y O.M (Álvaro
Pérez) también se corrobora en cuanto esta Sociedad, sita en
un principio en la Calle Conde Salvatierra de Valencia,
posteriormente en c/ Colon veía satisfechas sus facturas de
arrendamiento del local por la propia “SPECIAL EVENTS” con
domicilio social, con otras empresas del grupo en la Calle
Serrano de Madrid y el propio Crespo reconoce que las
sociedades del grupo se facturaban entre ellas.
Crespo reconoce que Correa era “el jefe”, literal, y se
confirma en la conversación telefónica de 30 de diciembre de
2.008 en la que es comisionado por Correa para supervisar y
controlar el cierre del año de O.M.
Declara
taxativamente,
corroborando
a
Correa
que
facturaban al P.P de tres maneras con facturas correctas
cobrando con dinero efectivo, no declarado a la Hacienda
Pública y que se ingresaba en la caja B de Correa y que
también se cobraba por medios de facturas falsas emitidas por
O.M, simulando trabajos que esta no había realizado. Las
remesas de dinero “B “pagadas por el P.P, pero con origen en
los empresarios se corroboran por la documental obrante en el
Anexo 2, informe final de la AEAT en que solo en el 2008 se
atribuye al P.P. haber satisfecho el 04/02 50.000 euros, el
07/02 49.000 euros, el 04/04 106.500, el 06/05/ 100.000, el
09/05, 43.000, el 14/07 25.000 euros, el 12/09 30.000 euros.
Pero estas cantidades, y es el eje de este juicio, no habían
sido satisfechas por el P.P.C.V sino por ciertos empresarios
de esta Región.
Reconoce y admite Crespo que efectivamente el PP encargó y
obtuvo servicios de eventos y comunicación con O.M, y basta
para su confirmación el grupo de facturas, reiteradamente
exhibidas, en folios 1400 a 1417 en que O.M. factura al Grupo
popular por conceptos tales como Presentación, Candidatos,
Alcaldía 27/01/2017. Eventos Marzo, Campaña Marzo, Feria
Valencia, Producción de varios actos, Plaza de Toros de
Xativa, Extra de Plaza de Xativa” servicios producción Feria
Valencia. Son actos realizados en el 4º Trimestre de 2.007,
todos ellos, y “producción para actos del partido”, ya de 2008
y la factura 115/2008 de 25.862, “servicios de producción y
asistencia en febrero de 2.008” “producción y técnicos marzo,
Acto Hemisferi, Congreso Regional, Stand 12 Congreso regional,

 todos de 2.008” y una más de 2.008 de “organización de actos
de campaña, autonómicas 2007”.
Evidentemente lo que resulta llamativo es que en la
mayoría de ellas los conceptos son absolutamente genéricos e
indeterminados como cierta repetición de los mismos pues así
la de Plaza de Toros de Xativa es de 86.206 e inmediatamente
se emite otra factura en concepto de “extras” del mismo acto
de 63.393 euros y algunos actos se facturan 2 veces, así 12º
Congreso Regional.
No es de extrañar que Crespo manifestara en juicio que el
P.P era su mejor cliente.
Pero estas facturas, también ha confesado, no las pagaba
el P.P sino ciertos empresarios. Y sí se ha reseñado el numero
de una factura (la 115) es porque su importe 25.862 euros y su
número vuelve a aparecer en el citado Anexo II de la AEAT
“Documentos en papel relevantes” como adjunto de un correo
enviado por Cándido herrero (Gestor Administrativo/ contable
en valencia de O.M, hombre de confianza de Correa/Crespo ) y
que es extraordinariamente expresivo, correo enviado a Pablo
Crespo ( 7 de marzo de 2.008): “Ayer se pagaron 100.000 euros,
en el parque 42.500 ( Parque es la denominación de una caja
fuerte sita en una Agencia Bancaria ubicada frente a un
parque) pero lo más ilustrativo es el archivo adjunto: junto a
una larga lista de actos realizados por el P.P en 2008 –
campañas generales en Castellón ,Alicante y Valencia y tras la
citada factura 115 aparecen los nombres de dos empresarios,
confesos también en esta causa, Enrique Jimeno y Enrique Ortiz
que “aportan” `para pagar los referidos actos del P.P las
sumas de 200.000 y 100.000 euros, conforme a las anotaciones
de este estado de cuentas los actos del P.P realizados por O.M
ascienden a 545.948 euros de los que “deben” los empresarios
172.482 euros, más otra serie de actos, en el que hay alguno
de 2.007 (locales, autonómicas) que ascienden a 105.810 euros
los cuales estaban pendientes de pagar en su totalidad por los
empresarios.
En definitiva, la confesión de Crespo se corrobora y
confirma por esta documental como dato externo o periférico a
la misma pero que permite ya concluir que servicios prestados
por O.M al P.P.C.V. eran satisfechos por empresarios de esta
Comunidad, que, además, eran beneficiarios de concesiones por
obras o servicios públicos de la administración regional
ocupada por el mismo partido al que financiaban.
También confirma esta declaración , la hoja 64 de este
Anexo donde se distingue y separa la denominada deuda
Alicante, a pagar con facturas aparentemente correctas y deuda
Barcelona (que en el argot del grupo es dinero o caja B)
especificándose cuál es la deuda total del partido ascendente
a 942.000 euros, y nuevamente aparece factura a SDS 130.000
euros y facturas LBS 50.000, evidentemente SDS corresponde a
“SEDESA obras
y servicios” de Vicente Cotino, empresario
también confeso en esta causa, siendo LBS, evidentemente
“LUBASA S.A” de Luis Batalla, empresario también confeso por
lo que este documento no hace sino corroborar y confirmar lo
expuesto : gastos del P.P.C.V
son pagados por empresas
contratistas con ña Administración Regional.

 También Crespo ha reconocido el correo de fecha 12 de
marzo de 2008 enviado por Cándido Herrero: “Hola Pablo te
adjunto el resumen de los actos de campaña”, para añadir,
acreditando la existencia de 2 contabilidades que manejaban a
su antojo: “En el parque (o sea caja de seguridad) 27 750. En
caja - 39.613, es decir, esto es del parque y prestado a
Alicante, poco a poco lo regularizo”.
Aun omitiendo la
peculiaridad que en caja pueda existir una cantidad negativa,
es evidente que este dinero “B” u opaco finalmente era el
entregado por los citados empresarios.
Todo se reconfirma en el folio 94 donde en otra hoja de
cálculo se lee literalmente P.P B (incluidos alcaldes) 154.580
euro en la columna “ingresos” en la que también constan la
citada caja “el parque” y facturas de clientes por lo que, al
detallarse también los gastos de junio, julio y agosto de 2008
resulta un saldo positivo, estos cálculos constan en un e-mail
en que Cándido dice a Álvaro y Pablo: “LUBASA” tiene que pagar
58.000 euros (julio 2008). En definitiva y como se ha repetido
se incluyen como ingresos una serie de facturas cuyos
pagadores ya se han comentado, resultando que la denominación
“P.P B “es inequívoca. Se pagan gastos por servicios al
partido con dinero B y lo pagan otros.
Como colofón este acusado también ha reconocido y se le ha
exhibido otra hoja “Excell” que es idéntica a la ya mencionada
Caja B 2007, ésta relativa al 2006 donde consta el dato si se
quiere anecdótico pero revelador de que en esta caja hay un
pago de 17/10/2005 cuyo concepto es literalmente “compra de
máquina contar dinero Valencia “de 540 euros.
También
es
confirmante
de
su
declaración
autoincriminatoria las notas de su agenda intervenida en el
registro de O.M donde en la columna R C evidentemente, Ricardo
Costa, admite las anotaciones Bajar “A” y liquidar resto “B” y
Problemas ORANGE “pagos P.P y llevamos así 6 meses”, también
consta lo que reconoce es una deuda de David Serra por
suministros equipo fijo para actos pequeños, exhibidas las
anotaciones reconoce su letra (folio 1422 T-3). A su vez en el
folio siguiente siempre bajo las siglas R.C una serie de actos
del P.P en diversas localidades de la Comunidad Valenciana,
siendo destacable la mención de “acto Orihuela” donde
establece que su importe de 371.860 euros se debe pagar así:
aplicar en “A” 86.207 y en “B” 285.653, también consta una
anotación “sobreprecio Yolanda” nombre que coincide con la
acusada Yolanda García Santos. Reconoce en juicio este
documento, en definitiva, actos del P.P pagados por otros en
dinero negro. No es de extrañar por tanto que declare que
estos paquetes de dinero en efectivo los recogía Álvaro Pérez
y Cándido Herrero, que él a su vez se los entregaba a Correa
para ingresar en su Caja B. Cifrando en el 99% las cantidades
trasladadas de Valencia a Madrid.
Como la confesión ha sido completa y detallada y adverada
como consta, lo que es esencial es que admite y aparece
documentalmente que facturas de trabajos de O.M al P.P.C.V
eran pagadas en un porcentaje más que sustancial por
determinados empresarios.

 También ha detallado Crespo quien ideo esta forma de pago
en el P.P.C.V, señalando categóricamente a Ricardo Costa.
Así relata una reunión (corrobora también Correa, Álvaro
Pérez y el propio Costa) entre Crespo, Álvaro Pérez y Costa
que se fija aproximadamente en septiembre de 2.007, reunión
que califica de tensa e incómoda pero en la que tras señalar
que el método le parecía complicado e inconveniente se le
impuso, a su parecer, a modo de “trágala” que si O.M quería
cobrar los trabajos realizados al P.P.C.V debía utilizar el
tan repetido sistema de emitir facturas a pagar por
empresarios valencianos, que ya se irían especificando, so
pena de acabar O.M en concurso de acreedores. Declara Crespo y
reconoce conversaciones telefónicas (así 15/01/2009 ÁlvaroCrespo)
que
el
primero
pronuncia
todo
tipo
de
descalificaciones hacia Rambla porque no le ayuda a cobrar,
que sin embargo Álvaro le comenta que Ricardo quiere pagar.
En suma, es patente que el P.P iba pagando sus deudas con
O.M. pero dando largas y todo tipo de excusas y como se ha
constatado se dirigirán al P.P para que éste a su vez
presionase o requiriese a los empresarios para satisfacer sus
deudas.
Es significativo que el acreedor o sea O.M que supuesta o
teóricamente había realizado trabajos y servicios a los
empresarios, según las tan repetidas facturas, se dirigiera
apremiosamente al P.P.C.V
para cobrar lo debido, lo que es
bien significativo del triángulo establecido consentido y
acordado O.M -PP- empresarios.
Para terminar, esta declaración y los documentos reseñados
ya permiten establecer junto con la de Correa y las que luego
se examinan que el PP CV financió sus campañas electorales de
los años contemplados de manera tan absolutamente irregular
que fue delictiva.
C) En cuanto Álvaro Pérez, tras manifestar que conoce el
escrito auto-incriminatorio de Correa, se adhiere íntegramente
a su contenido, ratifica expresamente los medios de pago a
O.M. es decir en efectivo, con facturas irreales y con
facturas correctas. Si recuerda Álvaro P que tras pasar O.M.
las vicisitudes que constan llegó a figurar como socio de esta
sociedad, si bien como confirma Crespo no tuvo que desembolsar
cantidad alguna por su adquisición, como nada percibió por su
venta. En 14/10/2008 fue nombrado Presidente del Consejo, si
bien como procedente de otra sociedad de F.C.S, en concreto la
citada “SPECIAL EVENTS”, venía cumpliendo funciones ejecutivas
en O.M., a las órdenes de Crespo/Correa, ratificado por ellos
mismos.
En lo que aquí interesa reconoce el documento al folio
2239, Tomo 4 del grupo F.C.S., en que se encuentran tanto
“SPECIAL EVENTS” como O.M. En suma, reitera lo declarado por
Crespo: desplazados de Madrid, a la Cía.” SPECIAL EVENTS”, le
sucede O.M en Valencia.
La declaración de este acusado, no por vehemente y un
tanto histriónica, ha dejado de gozar de credibilidad y
fiabilidad así apreciada por inmediación efectiva.
Su importancia radica en que Álvaro Pérez al que ya hemos
definido como director ejecutivo, comercial, o agente de campo

 de la organización es el nexo de unión del “Grupo Correa” con
el “grupo político” y grupo de Empresarios.
Así relata que dadas las profundas divergencias y
desacuerdos con la Sede Central de Madrid del P.P se traslada
a Valencia porque le presentaron a Francisco Camps y éste le
animó a mudarse a Valencia contratándole para su campaña de
elección como candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma
y con el visto y conforme de Correa, como ha confirmado, se
trasladó a Valencia siendo su cliente esencial y prioritario
el P.P.C.V.
Ha relatado que como director de OM tenía como misión
fundamental dirigir y coordinar campañas y otros eventos del
P.P.C.V, especificando que su primer interlocutor en Valencia
fue Francisco Camps, y tras él Víctor Campos, es decir, VC, se
corrobora en el documento ya comentado (email 22/02/2006)
Pablo-Álvaro en que aparece tras los conceptos P.P.C.V—
Barcelona o sea dinero “B” las siglas V.C.
Reconoce y admite la dificultad de tener presupuesto
previo o cerrado con el partido, en cuanto como también ha
confirmado
Crespo,
eran
constantes
las
plus-peticiones
conforme se desarrollaba la campaña. No obstante, admite y
reconoce el documento “esbozo de Campaña electoral” de 20 de
noviembre de 2.006 y el “Avance Presupuesto Campaña Autonómica
P.P.” que solo en lo relativo a Creatividad y Spot TV el
presupuesto ascendía a 1.261.000 euros también reconoce el
documento obrante a los folios 9610, tomo 50 y siguientes en
que aparece un total acumulado de 244.897 euros (solo de
abril-mayo de 2.006), cuyos pagos a su vez realizaba O.M a sus
proveedores. Así también han declarado otros proveedores de
O.M- Cubells (SPS Publicar) que han reconocido y ratificado
(Anexo 34.20. Actos del partido) 21/05/2007, como facturó a OM
las cantidades que constan y J. Alemparte (TV7 productora de
Video) que reconoce las facturas que constan satisfechas a O.M
aunque el cliente final era P.P.C.V –Año 2008- . A resaltar
que manifiesta que las ideas de los videos las daba O.MCándido- aunque se trataba de videos para el P.P.C.V, lo que
acredita como éste y O.M estaban en total comunicación y, como
se ha dicho, el cliente final era el partido, que, por
supuesto no aparece en ninguna de las facturas de los
proveedores negando Álvaro Pérez que O.M facturara a su
cliente final con sobre costes. Si bien hay que señalar que
testifical y documentalmente se ha determinado que el
beneficio
para
la
sociedad
era
desacostumbrado
por
notablemente excesivo.
Así el testigo J.J. Medina Esteban, coordinador de la
campaña 2007/2008 en Valencia, relata que, en una ocasión, se
negó a pagar una factura presentada por OM documento
03/03/2007 por un acto de Xativa, por parecerle desorbitada.
Se confirma con el doc. Disco exterior 1/R/17 Doc. 1089 donde
aparece la mención “Acto Xativa” “Juanjo Medina” declarando
que fue la única vez que contrató con OM y ya se ha señalado
como hay facturas tales como eventos mes de marzo: 200.000
euros,
Campaña
comunicación
Mayo
2007:
100.000
euros,
nuevamente campaña de Marzo 32.758, Producción de varios
actos, Actos 4º Trimestre 2007, Elecciones Autonómicas 2007,

 etc , etc
Estos documentos han sido reconocidos por
acusado que no ha explicado su imprecisión y generalísmo.

el

Por otro lado testifical y documentalmente solo una
empresa proveedora de OM ( Mediaedgecia Mediterránea) factura
a OM 367.368 euros ( tomo 2, folios 495 y siguientes) en
concepto de campaña en Radio y prensa y una empresa de vallas
publicitarias
“Comercial M V,
Mediterránea de Vallas” le
factura más de 160.000 euros es evidente tanto el más que
notable
beneficio
comercial
que
obtenía
OM
con
estas
operaciones como que el P.P.C.V se excedió y en mucho de los
límites de gasto electoral establecidos por la legislación
vigente. Como luego se precisa.
También declara Álvaro Pérez que jamás los miembros del
partido le argumentaron que tenían límites legales en las
campañas electorales.
También declara que efectivamente se hicieron los actos ya
mencionados obrantes a los folios 1405 y siguientes pero es
incapaz de aclarar porque existe en algunos casos doble
facturación y en otros casos como la Plaza de Toros de Xativa
varios “extras” que casi igualan la factura inicial, respecto
a la evidente ambigüedad y falta de concreción de facturas que
se emiten, consta el Tomo 5, folio 1225 y sigtes que a
requerimiento del TSJCV el Secretario General del Partido
(Serafín Castellano- testigo-) en 2012 manifestó respecto a
los años 2007
2008 que la colaboración con OM tuvo carácter
general, facturándose a tanto alzado los servicios prestados
para una serie de actos del Partido indeterminados (literal).
De igual manera, este acusado relata la reunión R. Costa/
Crespo/ Correa y el mismo en términos análogos a lo descrito
por Crespo en el sentido de que debían cobrar los servicios al
P.P.C.V a través de empresarios valencianos que les pagarían
ya satisfaciendo servicios inexistentes y emitiendo facturas
falsas ya con dinero en efectivo, aclarando que la forma de
pago la elegían los propios empresarios.
También relata que fue Ricardo Costa quien les impuso ese
medio de pago (este hecho es admitido por el propio Costa y
también relatado por Crespo)
También declara que en una ocasión el propio Costa le dio
el dinero en metálico, en otra ocasión David Serra y en alguna
ocasión Víctor Campos., aclarando que estos paquetes de dinero
metálico se lo entregaban a Cándido Herrero o a él mismo.
Recuérdese que Crespo ha relatado que los recogía y lo llevaba
a Madrid a Correa para su Caja “B”. También ha señalado que en
otras ocasiones empleados de confianza de los empresarios le
llamaban a él o a Cándido para entregarles el dinero. Llega a
precisar que en una ocasión una mujer que no puede identificar
le entregó 20.000 euros en la Sede o en las inmediaciones de
la Consejería de Obras Públicas.
Muy ilustrativa ha sido la escena relatada por Álvaro
Pérez en la que tras la insistencia de cobrar la deuda del P.P
en su presencia, Ricardo Costa llamo a Francisco Camps para
literalmente, pedirle instrucciones, y Costa informó a Álvaro
que V. Campos, o David Serra le llamarían y le dirían como le

 iban a pagar. A preguntas de su defensa manifiesta que cree
que quien ideó el sistema fue Francisco Camps, pues éste era
el que le daba el trabajo, a éste le suplicaba para cobrar y
él era quien en definitiva le daba la campaña.
Aclara que al final le daban desde el P.P instrucciones
concretas, así “te va a llamar Ortiz (empresario confeso)” y
efectivamente llamaba uno de sus empleados y él a su vez
llamaba a Cándido y le decía factura a éste, por tanto.
Existe
documentado
que
efectivamente
por
correos
electrónicos intervenidos Cándido (con pleno conocimiento de
Crespo) indicaba qué empresario debía satisfacer deudas del
PPVC y por qué importe, rectificando y cambiando la factura a
medida de la deuda o de lo que iba faltando para satisfacerla.
Por tanto, Álvaro participaba a Cándido quien iba a ser el
“aportador”.
Estos correos son más datos corroboradores de la veracidad
de la confesión de este acusado.
Pero además hay diversas conversaciones telefónicas que
son otros tantos elementos confirmadores de lo declarado,
sintetizadamente, se puede resumir la conversación de 22 de
diciembre de 2.008 Álvaro Pérez- Ricardo Costa: “ vente mañana
cuando acabes con Rambla, habla con David (Serra)” aduciendo
Costa no me encaja lo que has hecho, no está bien detallado,
puede que sean pagos atrasados, no les pidas nada hasta que
hables conmigo (con Costa) refiriéndose a empresarios a los
que Álvaro intentaba cobrar,
Comentando esta conversación reconocida en juicio, Álvaro
añade que Camps daba las órdenes y Costa y Rambla intentaban
“ayudarle” (a cobrar). Aunque este último le daba “largas” y
trataba de esquivarle.
Muy significativa la conversación de 17 de diciembre de
2.008 entre David Serra y Álvaro Pérez, ¿has tenido noticias
de Ortiz (empresario confeso)? “por favor tío, a ver si hay
suerte”, va a entregar los “biscotes” que en la jerga del
grupo (al menos entre David /Álvaro) era dinero metálico, al
citado Ortiz le llamaban “magdalenas”, en la conversación
Álvaro hace a David un repaso general de lo que debían.
El 22 de diciembre de 2.008 nuevamente Álvaro/David, el
viernes me das talón, pero Ricardo (Costa) quiere aclaraciones
respecto de los videos. David dice que hay que arreglar mas
¿alguna cantidad concreta? Y el 26 de diciembre Álvaro-Costa,
el primero, me lo ha dicho Yolanda (_García) necesito 35.000
euros, diciendo Costa “Habla con Ortiz”
El 12 de febrero de 2009: Álvaro: Lo de Ortiz ya solucionado,
he estado con Ricardo, he llamado a Serra, todo en Alicante
nada en Barcelona (dinero B). Aclarando Álvaro en juicio que
Ortiz pagó 116.000 euros en el mes de diciembre.
El 23 de diciembre Álvaro-Cándido Herrero y el primero le
pide que haga factura al grupo parlamentario del PP en Cortes
Valencianas por dos semestres de 2008, aclarando que el talón
de pago sería de 123.000 euros + IVA, pero Álvaro le remite a
Ana Orts (Secretaria de Costa) como la persona que tenía que
elaborar la factura. Aclarando Álvaro a Cándido que Ricardo

 Costa le dijo que le pagara así.
perfectamente documentado en autos.

Este

talón

consta

Este talón a favor de O.M librado por el Grupo popular en
Cortes Valencianas (Serra) ha sido numerosamente exhibido y
reconocido en juicio. O sea que la conversación telefónica
corrobora la confesión y en aquella sale a relucir un
documento (talón) confirmado documentalmente.
En conclusión, todo lo anterior reafirma la aseveración ya
indicada. Bajo la supervisión y a las órdenes de Ricardo Costa
las deudas del P.P.C.V eran satisfechas a OM por ciertos
empresarios valencianos concesionarios de obras y servicios
públicos por la Administración regida por el P.P.C.V.
D) En cuanto a la declaración de Ricardo Costa también se
aprecia en ella una notable credibilidad y fiabilidad
subjetiva y objetivamente también es totalmente creíble en
cuanto
complementa,
integra
y
explica
totalmente
las
declaraciones
anteriores,
cuya
alta
credibilidad
y
corroboración ya se ha comentado. Este acusado, fue Secretario
general del P.P.C.V desde el 13/06/2007, antes Vicesecretario
General desde el 2006.
Ha comenzado su declaración afirmando con toda rotundidad
que son ciertos los hechos contenidos en el escrito de
acusación del Ministerio Fiscal y ha concluido la misma
afirmando a preguntas del Abogado del estado que las
elecciones de autos se pagaron con dinero “B” aportado por los
empresarios. Para mejor entendimiento de unas declaraciones,
que se sintetizan a continuación, hay que hacer constar que
era el hombre fuerte del Partido (vicesecretario y Secretario
del P.P.C.V del 2005 al 2009 periodo en que era Presidente de
la
Generalitat
Francisco
Camps
Ortiz,
siendo
sus
Vicepresidentes Víctor Campos (2004-2007) y Vicente Rambla
(2007-2011).
Costa ha explicado, que no tratado de justificar, su
actuación haciendo constar que los gastos fijos del Partido
ascendían a 150.000 euros al mes y que con la subvención
correspondiente no alcanzaban para pagar dichos gastos. Por
ello también explica en cuanto a las elecciones autonómicas,
asumiendo la responsabilidad directa, que las decisiones
importantes y básicas las tomó Francisco Camps, que Camps fue
quien encargó la campaña a O.M (confirmado por Álvaro Pérez)
que Francisco Camps fue el que insistió en que todo lo hiciera
O.M y le comentó que eran caros pero buenos. Manifiesta que no
se aprobó presupuesto alguno a la citada compañía, que cada
acto tenía su coste y que en función de todos se sabe el coste
al final.
Reconoce lisa y llanamente que los pagos de los gastos
electorales se sufragaban ya con la subvención pública ya, en
atención a lo antes expuesto, con “aportaciones” sic de
empresarios de la Comunidad Valenciana que eran adjudicatarios
de obras o servicios públicos, se corrobora por los propios
empresarios y algunos de sus empleados que han declarado como
testigos, que este sistema, del cual, Costa tuvo conocimiento
en 2005 era el preestablecido según le comunicó la gerente
regional (Cristina Ibáñez) siendo el mecanismo que Víctor

 Campos le daba dinero en efectivo y
varias Agencias del Banco de Santander.

ella

lo

ingresaba

en

Pasa a reconocer que no hizo absolutamente nada y vuelve a
asumir su responsabilidad. Concreta que en una ocasión en 2006
Víctor Campos muestra donde están ocultos los sobres con
dinero en su despacho (se supone por sí le pasaba algo)
aclarando que era el aportado por los empresarios, volviendo a
reiterar que se hacía por encargo de Francisco Camps y que el
enlace con los empresarios lo hacia Cotino ( no ha
especificado nombre)
Asimismo, que ya en 2006 Víctor Campos le platea una nueva
forma de financiar al Partido, consiste en emisión de facturas
por parte de OM a las empresas antes citadas (concesionarias
de Obras Publicas) para pagar los actos del P.P.C.V (Estas
tres formas de pago: subvenciones, metálico sin “tapadera” y
facturas falsas) están corroboradas por todos los confesos
anteriores y a su vez constatado como ya se ha explicado.
Alega que como el tema le pareció preocupante y tuvo una
inicial reticencia se desplazó a Madrid a entrevistarse con el
Tesorero del P.P nacional si bien al no lograrlo fue recibido
por Luis Bárcenas el cual le manifestó que es práctica
prohibida por el PP nacional y que tal financiación con
facturas falsas podría convertirse para el partido en un
“Filesa II” aludiendo a la financiación ilegal en su día del
P.S.O.E.
Esta entrevista es confirmada por Luis Bárcenas que como
testigo la ha ratificado y detallado con total credibilidad,
aclarando que Costa pretendía entrevistarse en C/ Génova
(Madrid) con el Tesorero Nacional Álvaro Lapuerta que como
éste estaba ausente le recibió él, en carácter de Gerente del
P.P. nacional, que en esa condición le prohibió terminante
dicha forma de financiación recordándole delitos de otro
partido, llegando incluso a comunicar la información de Costa
a Álvaro Lapuerta que cree que incluso llegó a llamar a
Valencia para recordar la prohibición.
Esta declaración de Costa corroborada testificalmente por
Luis
Bárcenas
acredita
que
efectivamente
existía
una
financiación ilegal del P.P.C.V tanto como que Costa era
plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente
ilícito.
Añade que a la vista de su gestión en la Sede Central le
rogó a Victor Campos que le transmitiera a Camps que esa
práctica estaba prohibida incluso por la dicha dirección
central.
No obteniendo respuesta alguna por parte de éste y
llegados al fin de la campaña de las Autonómicas y aun
conociendo la ilicitud del sistema de las falsas facturas
recibe recado de Álvaro Pérez comunicándole que debían más de
un millón de euros. Este dato se corrobora con el documento
“Resumen pagos”- Deuda comunicación, procedencia: P. Crespo.
R-17. Doc 4 en que en su final se lee Total Deuda R C
(indudablemente Ricardo Costa) 1.753.988 euros y declara que
tras entregar a Álvaro el importe de una factura de 150.000 +
Iva – de acuerdo con la gerente (Cristina Ibáñez) hecho

 ocurrido en mayo de 2007 le llama Víctor Campos en junio
comunicándole que tiene algún dinero aportado por empresarios,
creyendo que precisamente por este tema Víctor Campos deja la
política en julio de 2.007. La existencia de dinero en
efectivo es comunicada a su vez a Álvaro Pérez para que pase a
recogerlo (junio 2007) y es entonces tras abandonar Víctor
Campos la política cuando Francisco Camps le dice, a partir de
ahora trata con Vicente Rambla. (Recordar que V. Rambla ocupa
el cargo de Campos –Vicepresidente de la Generalitat- de junio
de 2007 a junio de 2.011).
También reconoce Costa la tan repetida reunión con los
máximos responsables del “Grupo Correa” en su propio despacho
en que se fijó el sistema de las facturas falsas que al
parecer a todos disgustaba, pero que pese a su desagrado fue
el que se impuso en la práctica realidad y aceptado por todos.
Costa ratifica que dada su imposibilidad de satisfacer las
deudas con OM fue el que acordó con este grupo, advirtiéndoles
que no había otro modo de cobrar, todo lo cual lo participo a
Francisco Camps.
A partir de julio habla con David Serra que recibe en
metálico 150.000 euros de uno de los empresarios, más otros
150.000 de SEDESA y 350.000 de Ortiz por lo que consideró la
deuda
saldada
en
ese
momento.
Misma
corroboración
ya
mencionada. Todo este dinero en efectivo metálico se entregó a
la gerente (Cristina Ibáñez) y él personalmente citó a P.
Crespo en la Sede donde se le entregó todo el dinero.
Ilustrativo del modo de proceder del “Grupo Correa” es el
hecho relatado por Costa de que le ofrecieron un reloj marca
“Breitling” que el rechazó lo cual produjo el asombro de
Álvaro Pérez que le inquirió “porque ellos no se quedaban
nada”. Corroboración indirecta anotaciones en agenta Crespo:
relojes de oro, señora y caballero y unos apartados de la
contabilidad “B”.
En cuanto a las Municipales de 2007, la declaración sigue
la misma tónica, no obstante, no correr a cargo de la
Secretaria Regional confiesa que en algunos casos los gastos
electorales los pagaron desde la Central de Valencia y cita el
caso de Elda (las elecciones municipales de Elda 2007) en que
se utilizó nuevamente el dinero obtenido con cobertura de
facturas falsas pagadas por empresarios o incluso sin esa
cobertura. Recuerda que el caso de Castellón para pagar
locales obtuvieron el dinero de la cia castellonense “PIAF”.
Vuelve a asumir su entera responsabilidad en cuanto sabia
la procedencia del dinero y ni impidió ese modo de pago, ni lo
denunció.
Lo mismo en las generales de 2008 y aunque el PP regional
no interviene directamente reconoce que también pagaron
determinado extras del modo relatado: con dinero negro
obteniéndolo en facturas falsas, que fue Francisco Camps quien
exigió
estos
gastos
adicionales
(música,
pirotécnica,
pantallas gigantes..) básicamente en actos de la Plaza de
Toros de Valencia que ascendieron en otro acto del partido en
el mismo lugar a 30.000 euros y en la campaña de 2008 a 90.000
euros.

 Aclara que Francisco Camps tenía un carácter que califica
de compulsivo en cuanto a la realización de actos del partido,
indicándole que podía hacer contabilidad global con epígrafe
como “servicios prestados al PP”. De confección de facturas
por servicios de O.M. ya se ha hecho mención en el apartado
dedicado a Álvaro Pérez. Pero a los efectos que aquí interesan
también reconoce que actos no propiamente electorales también
fueron pagados por el P.P.C.V con el tan repetido sistema.
Testificalmente ha quedado comprobada la facturación que
OM giró a determinados proveedores, en definitiva, pago por
servicios prestados, estos servicios incluidas campañas y
actos de partido fueron prestados entre otros, además por las
sociedades antes mencionadas por las empresas: Pirotécnica
Caballer
(fuegos
artificiales)
Cadena
Ser.
(cuñas
publicitarias)
agencia
Absolut
(campaña
electoral),
vía
cultural Anabel (medios humanos para eventos y congresos)
Diseño S.L. (medios materiales).
La realización de estos actos y el reconocimiento de las
correspondientes facturas exhibidas ha sido practicada en
juicio por los Sres. Caballer, Herreros, Cueto, Anabel, García
Alcolea respectivamente y todos tienen un común denominador
“los actos y servicios prestados al P.P.C.V eran satisfechos
por OM responsabilizándose de esta sociedad en el aspecto
económico (facturas, presupuestos, etc) Cándido Herrero, que
se recordará era el lugarteniente de Pedro Crespo en esa
tarea, sin perjuicio de la presencia más o menos puntual de
Álvaro Pérez en los actos y eventos del P.P.C.V.
Estas facturas pagadas por OM. eran repercutidas con el
consiguiente “sobre-coste” o beneficio comercial al P.P.C.V
reconociendo Costa que él mismo o David Serra aprobaban
facturas genéricas como ya había mencionado.
Esta declaración viene corroborada también por una serie
de talones que ha reconocido en juicio librados a favor de
O.M., en cuentas abiertas en el Banco de Santander por el
Partido
P.P.C.V
(Tomo
13,
ppal
3743
y
siguientes,)
certificando dicho Banco, 3746 que tenían firma en esa cuenta
Cristina Ibáñez, Ricardo Costa, Adela Pedrosa, David Serra y
Yolanda García. Titular de la cuenta: P.P.C.V
Reconoce en concreto dos talones de 100.000 euros de 4 de
febrero de 2.009 y otro de diciembre de 2.008 de 142.680
euros. El ya mencionado de 123.000 + IVA del grupo P.P.C.V
pero en la contabilidad intervenida a O.M, los trabajos
reales realizados al grupo P.P.C.V en “las Corts” no exceden
de 4.000 euros. La confirmante del primero es la Tesorera
Regional Cristina Ibáñez ( T. 17 F 5067).
También aclara Costa que todo lo relativo al P.P.C.V se
llevaba en una sola cuenta incluyéndose el Grupo parlamentario
del Partido, dice literalmente que Álvaro le llevaba el
“papelito” correspondiente y que David Serra controlaba al
menos en cuanto a lo relativo al Grupo parlamentario, si el
cheque de 142.680 euros pueda ser atribuible a ciertos gastos
del grupo parlamentario, que ya hemos visto no eran reales, el
de 100.000
euros considera que era para pagar el Congreso
Regional de 2008 (los gastos de ese Congreso se corroboran por

 facturas de proveedores de O.M) que esta suma se la endosó al
empresario Ortiz (confeso) el cual emitió pagarés en febrero,
el día 4, con vencimiento en julio y reconoce que Álvaro le
dijo que Ortiz debe 100 000 . Se corrobora esta declaración
con el propio talón y su fecha.
Reafirma que la deuda del P.P.C.V se pagaba de la forma
expuesta no con adjudicaciones directas a O.M. Evidentemente
colige este Juzgador que se utilizaba a esta sociedad como
pantalla o interpuesta para hacer menos evidente el sistema y
de hecho tanto Correa como básicamente Álvaro Pérez se han
quejado en juicio de no ser adjudicatarios, por parte de la
Generalitat, de más actos y eventos, afirmando este último que
se tenían que conformar con las “migajas”. Y es cierto y
resulta
que
la
Administración
Regional
no
contrata
directamente con O.M., lo hace el P.P.C.V lo cual aún
evidencia más como se sorteaban los límites legales.
Como más elementos corroboradores la conversación de 22 de
diciembre de 2.008 Ricardo Costa- Álvaro Pérez en que el
primero reclama la presencia del segundo pues “no le salían
las cuentas” y que discutía con David Serra pues lo solicitado
por O.M. lo consideraban excesivo.
También la conversación 28 de diciembre de 2.008 ÁlvaroCrespo, en que éste le dice a Álvaro que quiere que hable con
Ricardo (Costa) argumentando Álvaro que Rambla nada, no quiere
ayudarme (esto se corrobora a su vez, por otras conversaciones
en que Álvaro profiere una serie de insultos contra Rambla por
no pagarle) y Crespo le aconseja “no metáis todo en el mismo
ejercicio”.
En cuanto a la conversación, como las anteriores,
reconocida por Costa de 6 de febrero de 2.009 es un tanto
peculiar en cuanto Ricardo habla con Álvaro que le comenta que
está aquí (en O.M.) la Policía Judicial, y ante el estado de
este (Álvaro) le reclama tranquilidad, manifestando Álvaro
habla con el jefe (sic) Y que también esté tranquilo.
Y más elementos comprobadores y complementarios de la
declaración auto inculpatoria de R. Costa la declaración como
testigo de su secretaria Ana Orts que reconoce que recibe en
su correo y lógicamente entrega a su principal una serie de emails remitidos por Cándido Herrero y O.M, así correo de 25 de
junio de 2.007 en que se detallan actos del PP en diversas
localidades del 13/01/2007 al 17/04/2007 desglosados y con
importe
total
de
134.907
euros,
correo
de
24/01/2007
adjuntando presupuesto de Castellón: 82.175, correo de 26 de
febrero de 2.008, adjuntando datos “ de la campaña que está en
emisión solo radio 63.492 euros, se adjuntan y desglosan
“cuñas” y tiempos de emisión. Todos estos correos se
encuentran en el disco 203 (Informe final) también correo de
21 de febrero de 2.008 contenido: Presupuesto Alicante:
127.516 euros (Acto IFA) nuevo correo 27 de febrero dirigido a
la Secretaria de Costa pero para entregar a David Serra (parte
del presupuesto de Alicante) también para Serra parte del
presupuesto regional. Todos estos correos se encuentran en
Disco 203- Informe final y en el Anexo 44, correo de O.M a
Cándido en que Virginia (OM) pide con urgencia “hoja costes”
porque “Álvaro tiene una reunión con Ricardo a las 12:00 h”.

 El Acto es curso de inicio político en Elda a celebrar el 31
de agosto de 2.007. El correo es de 27 de agosto. Es pues
evidente que quien controlaba los costes, presupuestos y pagos
del P.P.C.V era Ricardo Costa. Todos estos correos son más que
los meros datos periféricos corroboradores que exige la
jurisprudencia y el T. Constitucional.
También ha sido muy clara la testigo doña Adelaida Pedrosa
antecesora en el cargo de R. Costa que ha declarado con total
rotundidad que en 2004 R. Costa, entonces su segundo, le dijo
que el llevaría las cuentas del partido porque era economista
y que tenía el visto bueno de Francisco Camps, al que le
parecía bien. Esta llevanza de cuentas del P.P.C.V por Costa
la ha reiterado en diversas ocasiones en su declaración
testifical aclarando que A. Pérez, al que llegó a echar de su
despacho, frecuentaba asiduamente la sede del P.P.C.V en
Valencia y que le consta que trataba con R. Costa.
En conclusión y en síntesis esta confesión de Costa aunque
tardía acaba de completar el mosaico del entramado formado por
el P.P.C.V para financiar sus elecciones en la Comunidad
Valenciana.
Tras esta y las anteriores declaraciones es evidentísimo
que en este procedimiento, el hombre que esta atrás, o el
hombre de atrás (S.T.S. 6/10/2010, NUM. 835/2010, es Ricardo
Costa en cuanto “no es solo autor el que materializo la acción
típica vertebradora del delito, sino también los que inducen o
colaboran de manera necesaria” y como en este caso “el acusado
(Costa) fue el autor mediato de todos los delitos y fue autor
porque tuvo un efectivo y eficaz dominio de toda la acción
como “el hombre que está detrás inspirando y sosteniendo la
acción de los ejecutores materiales por lo que no puede
dudarse que tuvo un dominio funcional del hecho en todo su
desarrollo”. De lo actuado en juicio resulta que Costa tuvo el
dominio
funcional
del
hecho
delictivo,
respecto
a
la
financiación ilegal de las sucesivas contiendas electorales,
sobrepasando los limites cualitativos ( pagos de empresarios
que a su vez eran adjudicatarios de la Administración Pública
regional) empleando el ardid o artimaña de la falsa
facturación ya comentada y utilizando además dinero “B”,
“negro” u opaco, así como límites cuantitativos excediendo con
creces el límite de gasto establecido por la legislación
vigente para cada partido en cada campaña. Naturalmente no
actuó solo, sino junto con otros cooperadores en el delito
cuya actuación se examinará enseguida.
En definitiva todos los partícipes por motivaciones
distintas contribuyeron de manera eficaz y directa a perpetrar
el delito, el “Grupo Correa” por evidente ánimo de lucro, es
decir el criminal por el lucro (Profit-crime)
el grupo de
políticos por pura ambición política de alcanzar y permanecer
en el Poder, pues cierto es que en este grupo ni se acredita
indiciariamente ni se contempla ni se acusa de ninguna clase
de enriquecimiento personal y por último la motivación de los
empresarios que pagaron las campañas que no es otra que la de
obtener el correspondiente beneficio patrimonial no solo como
adjudicatarios de obras por parte de la Administración ocupada
por el partido cuyo gasto sufragaban si no, se infiere
racionalmente,
con
el
ánimo
de
seguir
consiguiendo

 concesiones, pasado el periodo electoral, por parte de
aquellos a quien tan eficazmente habían ayudado a conseguir el
Poder.
Pero sea cual sea la motivación de los integrantes de cada
grupo, al derecho penal solo le interesa que cada cual con su
respectiva contribución conformaron el delito enjuiciado,
constituyendo
la
denominada
responsabilidad
criminal
colectiva, formada por cada una de las conductas individuales
que acabaron consumando el delito que nos ocupa que se centra
única y exclusivamente en la financiación irregular del
P.P.C.V 2007/2008 por tanto
como se ha dicho la comisión de
otros posibles delitos prevaricación, cohecho, malversación de
caudales públicos, etc, se contemplan en otros procedimientos
enjuiciados, pendientes de firmeza o aun por enjuiciar. Pues
en el momento de dictar esta sentencia la denominada “Trama
Gurtel” está constituida por, SEUO ,10 piezas. El objeto de
este procedimiento es exclusivamente el indicado y al hilo de
lo expuesto naturalmente no puede omitir este Juzgador que
varios de los acusados han apuntado la existencia de otras
responsabilidades en concreto los Sres. Fco. Camps y Víctor
Campos, pero es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento
alguno al respecto, formalmente, porque en este juicio
comparecen como testigos por lo que es obvio conforme al
principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero
juicio de valor acerca de su conducta, por otra parte, los
hechos se remontan a 2007/2008 por lo que dada la naturaleza
del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave, sus actos,
por supuesto en principio y sin perjuzgar, habrían prescrito
por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde
la fecha acusación alguna.
La declaración de Víctor Campos y de Francisco Camps, ha
sido
totalmente
infructuosa
para
aclarar
los
hechos
enjuiciados, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen.
Aun considerando que han sido designados como artífices
del mecanismo defraudatorio, están amparados por el art. 24 de
la C.E. en cuanto tienen derecho a no declarar contra sí
mismos y no confesarse culpables. Su declaración, como mucho,
se ha limitado a apuntalar extremos ya acreditados por otros
medios.
Respecto a Víctor Campos fue Vicepresidente de la
Generalitat hasta junio de 2007 y tras negar radicalmente que
mantuviera deuda de comunicación con O.M y que tuviera el más
mínimo conocimiento de financiación ilegal o irregular alguna
solo reconoce que tanto él como su sucesor, Vicente Rambla,
eran
los
encargados
de
comunicación
(Secretaria
de
comunicación) desconoce todo lo relativo a las iniciales V.C.
y V.R y niega saber por que la documentación ya comentada bajo
su nombre aparecen en la mención de Castellón en una serie de
partidas que O.M atribuye al P.P.C.V (Campaña 2007 por importe
de 123.400. Niega cualquier participación en la gestión de
pagos a O.M y en todo caso atribuye los gastos electorales al
Partido, no al Gobierno de la Generalitat.
Aun admitiendo conocer empresarios de Castellón, aquí
implicados, Pons Dols (Piaf), Facsa (Enrique Jimeno) y que fue
Secretario del Partido en Castellón niega radicalmente

 cualquier contubernio con los mismos para pagar deudas del
Partido.
En cuanto Francisco Camps su radical negativa a admitir
cualquier conocimiento de la trama ha sido absoluta, como que
tuviera el más mínimo conocimiento del aviso que Costa, ha
relatado, de la Central del Partido en Madrid sobre prácticas
de financiación irregulares. Vuelve, como el anterior a
remitir al Secretario regional (Costa) todo lo relativo a
cuestiones económicas. Admite que la organización de actos y
campaña del P.P a Álvaro Pérez le fue transmitida en 2002 por
el entonces presidente del partido Sr Eduardo Zaplana. En todo
caso manifiesta que no conocía a “SPECIAL EVENTS” antecesora
en Madrid de O.M manifiesta que a Álvaro Pérez lo consideraba
como un trabajador para el PP y que organizaba bien los
eventos.
En todo caso separa los actos del partido y las
campañas de comunicación de la Administración (Generalitat).
Reconoce que nombró a Vicente Rambla, con la misma condición
que su antecesor Víctor Costa, Vicepresidente/comunicación y
como coordinador general de la campaña de 2007, (Rambla)
desvinculándose él y a todos los miembros del Gobierno de los
temas económicos del Partido.
Por lo demás el mismo reconoce que en el momento de
prestar declaración tiene la condición de investigado en tres
piezas de esta trama, con lo cual su derecho a no declarar
contra sí mismo, que conoce y se le ha recordado, es aún más
evidente. En todo caso y como ha reiterado en 9 años no se ha
formulado contra él acusación alguna ni oficial ni oficiosa,
respecto a la financiación de campañas 2007/2008 y en esta
causa tiene la mera condición de testigo, como se ha dicho.
E) Por último, la declaración de los empresarios, el que
hemos denominado “Grupo Empresarios” formada por los acusados
Batalla, Ortiz, Bevia, Cotino, Gimeno, Pons Dols ,Antonio y
Alejandro, Martínez Berna, Rafael y Tomas
también ha sido
autoinculpatoria, reconociendo lisa y llanamente en sus
propios términos el escrito de acusación del Ministerio Fiscal
y como dato corroborador las diversas facturas que a cada uno
correspondían que exhibidas han reconocido completamente
mendaces e irreales, pues en suma reflejaban servicios
prestados por O.M completamente inexistentes pues lo que
trataban de cubrir eran pagos que estos empresarios hacían al
P.P.C.V por servicios que O.M si había prestado realmente al
partido, ya se ha hecho constar como en correos dirigidos al
despacho del asesor fiscal, estas facturas eran alteradas a
voluntad de O.M en conceptos tan básicos como deudor (así por
ejemplo en vez de P.P.C.V servicios a Ortiz o Batalla e
incluso su importe. Estas facturas, exhibidas y reconocidas
constan en el disco 5 y sobre su contenido se harán
consideraciones
mas
adelante,
otro
elemento
claro
confirmatorio son las declaraciones testificales de empleados
de estos empresarios como Ignacio Beotegui, y Luis Conte
(LUBASA-BATALLA)
reconociendo
el
primero
un
acuerdocolaboración con O.M, que exhibido reconoce, admitiendo que
hay pedidos a O.M que son de fecha posterior a la factura
reconociendo ambos que jamás O.M hizo trabajo alguno para
LUBASA. Que la orden de pago la daba Batalla, también hay
hojas de pedido a O.M tan irreales como las facturas, es
decir, que estas empresas presupuestaban con documentos

 previos
a
las
facturas
tan
falsas
como
ellas.
Esta
documentación obra en la Pieza 2, tomo 2 (Empresarios) Ha
reseñar que también aquí interviene Cándido firmando el citado
acuerdo de colaboración en nombre del O.M. También es
reseñable la declaración de Luis Moliner, empresa del dueño de
interiores “BM DISEÑO” que ratifica documentos de facturas
satisfechas por Ortiz pero que son giradas por O.M ,que nunca
realizó estos trabajos, igualmente Sergio Balsa ( MYBALSA
CREATIVOS) trabaja para Gimeno y jamás contrata con O.M y ésta
le factura,
Cristina
Seguí del GRUPO VALLALBA (Hermanos
Martínez) reconoce que de O.M le hicieron llegar presupuestos,
recibiendo pedidos, que se pagaron las facturas siempre por
orden de Martínez, que se distribuyeron en 3 empresas del
grupo, que las fechas de las facturas no se correspondían con
trabajos reales.
Y es muy ilustrativo el correo (Disc 188 R-17 Doc. 3) en
que Tomas Martínez indica a Cándido lo siguiente: “Te mando a
qué sociedades hay que facturar (son empresas del GRUPO
VALLALBA) y participando que las facturas deben llevar fecha
septiembre y dando instrucciones, de fechas, pagarés y
facturas que no coinciden, también fechas de presupuestos, por
ejemplo:
“la fecha de los presupuestos con la anterioridad
que estiméis en que se tarda en realizar estos trabajos (no
importa incluso si hay alguno de 2006) “. En suma, Tomas
Martínez da orden de pagar (35.000, 18.500, 60.000 y 58.500
euros) a O. M por trabajos que esta empresa jamás realizó para
el grupo.
En conclusión, además de la confesión de los empresarios,
hay documentos que acreditan que se creó una variedad de
documentos inveraces para formalmente acreditar que OM había
trabajado para estas empresas, falsedades sobre falsedades,
para encubrir los pagos que realmente eran debidos al P.P.C.V
para quien si trabajaba OM.
Esta responsabilidad de los empresarios aportadores de
fondos al PP es la clave del asunto pues en definitiva, además
de la financiación ilegal al partido es fácilmente deducible
que se colocaban en situación privilegiada, no solo para
mantenerse como contratistas de la administración regional
sino, evidentemente, para colocarse en situación especialmente
ventajosa, por no decir monopolística, en contratos futuros,
cuestiones éstas que se examinaran o habrán de examinarse en
las diversas piezas derivadas del tronco originario.
Todos los acusados confesos cuyos actos se han examinado
en las consideraciones anteriores, sin perjuicio de los demás
cuyas
responsabilidades
se
determinan
en
el
siguiente
fundamento jurídico, son coautores del delito previsto en el
art. 149 de la LOREG.
Y ello porque, aunque pueda ser considerado un delito
especial, es decir aquel que solo puede cometerse por una
persona que ostente una determinada condición, en el caso “los
administradores generales y de las candidaturas de partidos
etc” esto no es óbice como ha reiterado hasta la saciedad el
TS para que el delito pueda ser cometido junto con otros es
decir con la colaboración o cooperación de otras personas que
no ostentan dicha condición.

 Esta cuestión ya ha sido examinada por el TSJV en Auto de
Sala de 21 de julio de 2015 que ya indicó que, en el año 2007,
aunque el proceso fuera local y autonómico, al llevarse a cabo
en toda la nación, a la vez se entremezclaban actos de un
carácter general en todo el país (y lo mismo puede predicarse
en las elecciones de 2.008) permitiendo que exista una cierta
indeterminación a quien o como deben facturarse los gastos
electorales.
Pero la relación jurídico-procesal en este procedimiento
que determina quienes son los acusados (elemento subjetivo) y
cuál es el objeto del juicio (elemento objetivo) fijados por
el Auto de Apertura del juicio oral y los escritos de
acusación establecen de manera muy clara que el objeto de este
procedimiento queda rigurosa y estrictamente enmarcado en las
elecciones de 2007 y 2008 en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana. En principio parecería que dicho
“administrador general” seria la gerente regional del Partido
en el ámbito y en ese periodo, es decir, Cristina Ibáñez y su
sustituta temporal Yolanda García, las cuales según la profusa
testifical practicada, gerentes provinciales y nacionales,
ostentarían, al menos orgánica y funcionalmente dentro del
partido, la misión de controlar y fiscalizar el gasto y la
procedencia de los ingresos, pero esta conclusión no sería
correcta pues sin perjuicio de depurar sus responsabilidades,
que las tienen, el fin del procedimiento está en determinar
quien fue realmente o en la practica el administrador general
establecido en el tipo.
Por ende el art. 121 de la LOREG (versión vigente y de la
época) establece en su número 1 que “toda candidatura deberá
tener un administrador electoral responsable de sus ingresos y
gastos y de su contabilidad”
Si las candidaturas de un partido son provinciales tendrán
un administrador común, y el art. 122 “los partidos que
presenten candidaturas en más de una provincia deben tener
además un administrador general ( núm. 1) y numero 2 : el
Administrador general responde de todos los ingresos y gastos
electorales realizados por el partido y por sus candidaturas
así como de la correspondiente contabilidad que debe contener,
como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo
anterior: principios generales contenidos en el Plan General
de Contabilidad.
Y este Administrador general, sea cual sea el “nomen
iuris” que quiera dársele, no es otro que Ricardo Costa, pues
además de su propia confesión y como se ha visto la de otros
imputados e incluso de la que le precedió en el cargo de
secretario General Adela Pedrosa (lo designó Francisco Camps,
aduciendo
su
condición
de
economista),
era
quien,
en
definitiva conforme definición al uso,
persona encargada de
manejar los recursos ajenos dentro de la organización,
dirigiendo y controlando los mismos planeando, organizando y
dirigiendo los medios financieros y humanos que tenía a su
disposición. Ya se ha considerado que conforme la Sentencia
citada era la persona “que estaba detrás” o el “hombre de
atrás” y que controlaba toda la trama creada, era en
definitiva quien tenía el dominio funcional del hecho en todo

 su desarrollo inspirando y sosteniendo la acción de los
ejecutores materiales. El Administrador general a efectos del
derecho penal era Ricardo Costa, aunque, nominalmente, tuviera
otro cargo en el partido.
Evidentemente no fue él solo quien cometió el (los) delito
(s) electorales de financiación irregular, co-participaron
otras personas: contó con colaboradores, por lo que hay que,
considerar siguiera brevemente la doctrina del “extraneus” ,
es decir, aquel que no es administrador general, y que junto
con éste comete el delito especial.
Así ya la STS 274/1996 establece que la Ley no impide la
punibilidad
del
“extraneus”
en
el
delito
propio
del
“intraneus”.
Se admiten pues en el delito las diversas formas de
participación (inductores, cooperadores necesarios, cómplices)
y ya se ha dicho que el supuesto inductor, por Costa señalado,
Francisco Camps, no puede ser sancionado en este procedimiento
al comparecer al mismo en condición de mero testigo y por el
tiempo transcurrido.
Recalca la STS 1940/2000 que cuando se trata de discernir
la responsabilidad penal individual lo que interesa es no solo
quien tiene el dominio del hecho (en su conjunto) si no
también
quienes
cooperan
o
auxilian
al
mismo:
la
responsabilidad penal recae en todos aquellos que de una u
otra manera tienen capacidad decisoria y acuerdan realizar
determinados actos u operaciones que saben y conocen tener
carácter delictivo (STS 83/2005) produciéndose un acuerdo de
voluntades que determina la comisión del delito”.
En suma, la STS 149/15 de 11 de mayo, la 575/07, la 37/06
,recuerdan unánimemente que “aunque es cierto que en los
denominados
delitos
especiales
solo
puede
ostentar
la
condición de autor material o director aquella persona que
reúna la condición descrita en el tipo (en el caso el
administrador general) ello en modo alguno supone que quede
impune la participación del extraño ya que, aunque no pueda
ser autor de este delito si lo puede realizar sin menoscabo
del principio de legalidad.
Los tipos de participación a que se refiere el artículo 28
del Código Penal como otra forma de coautoría a título de
inductor o cooperador necesario son plenamente aplicables a
estos casos.
Hay un cuerpo de doctrina del Tribunal Supremo al respecto
(STS 606/2010, 222/2010, 543/03 entre otras, según la cual el
art. 28 del Código Penal exige que entre los intervinientes
autores, cooperadores necesarios o meros cómplices que
participan en la ejecución del hecho que realiza el autor
principal, a de
existir una unidad que deriva del sentido
conjunto de las acciones llevadas a cabo por otros, tal
precepto concibe la participación conforme a la denominada
accesoriedad media o limitadora”. Es decir, los actos del
participe están engarzados con el del autor principal, pero su
acción
es
punible
porque
su
participación
contribuye
decisivamente a la producción de un injusto típico.

 Esto es esta aportación decisiva, supone que el co-autor,
cooperador necesario realiza una contribución sin la cual el
hecho no se habría podido cometer (teoría de la condictio sine
que non) o colaborando mediante la aportación de algo que no
es fácil de obtener (teoría de los bienes escasos) o cuando el
que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su
concurso (teoría del dominio del hecho) STS 1159/2004 de 28 de
octubre.
En el caso aplicando cualquiera de las teorías anteriores
todos los acusados que ya se han examinado y los que luego se
examinan pueden y deben considerarse cooperadores necesarios
en el fraude financiero-electoral, ni que decir tiene de los
integrantes del que hemos denominado “Grupo Correa”, sin su
actuación el delito no se habría cometido, obviándose por su
innecesaridad cualquier consideración respecto de la actuación
de los empresarios contratistas de la administración ocupada
por el partido al que tan irregularmente financiaban.
En definitiva, el T.S. aplica el principio doctrinal
denominado
de
imputación
reciproca
de
las
distintas
contribuciones. Según este principio todo lo que haga cada uno
de los coautores es imputable, extensible, a todos los demás,
así puede considerarse a cada autor como autor de la
totalidad; para que esta imputación reciproca pueda tener
lugar es preciso el mutuo acuerdo, que convierte en partes de
un plan global unitario las distintas contribuciones ( SSTS 5
de octubre 78, 5 de febrero 92 y 4 de octubre 94)
Y resulta evidente solo con la valoración de la prueba de
los acusados examinados que existía entre ellos un plan global
unitario pues aunque con motivaciones personales ya vistas,
todos ellos con plena conciencia y voluntad realizaron actos
ilícitos que en su conjunto contribuyeron, cada uno con su
aportación, a cometer el delito enjuiciado.
Algunos
autores
denominaron
estos
casos
como
de
responsabilidad criminal conjunta que evidentemente no exime
al Juzgador de analizar las concretas conductas individuales,
pero que es término bien expresivo de cómo, entre todos, se
comete un delito mediante complejos actos perfectamente
discernibles atribuibles e identificados.
En atención a lo expuesto no cabe duda alguna que también
se dan los elementos objetivos del tipo: falseamiento de
cuentas, ya de aportaciones, ya de gastos, usando cualquier
artificio que suponga aumento o disminución del gasto. Consta
acreditado testifical y documentalmente que las cuentas de las
elecciones contempladas fueron remitidas ya a la Sindicatura
de Comptes de la Comunidad Valenciana, ya al Tribunal de
Cuentas. Pero estas cuentas ya se remitieron falseadas, aunque
es evidente que a los efectos que aquí interesan que todos los
implicados, contribuyeron y cooperaron para cometer el delito
por el que se procede: falseamientos de cuentas electorales.
Abundando en lo ya expuesto, la STS 28/octubre de 1997
recuerda (Caso Filesa y Time Export) que también versaba sobre
financiaron ilegal de partido político “la pretensión de
quienes
organizaron
estas
empresas
era
ayudar
a
la
financiación de las elecciones
y aunque el delito electoral
se cometiera por otras personas, es indudable la finalidad

 ilícita, si el fin último de la actividad, buscaba, directa o
indirectamente la conculcación de un precepto penal” en suma
una vez más, aun siendo delito especial propio todos los que
cooperan directa o indirectamente con el autor principal, son
responsables del delito.
TERCERO.- Respecto Cándido Herrero está perfectamente
acreditado por documental, incluso publica, que fue miembro
del Consejo de Administración de O.M: desde Octubre de 2008,
siendo designado Consejero Delegado si bien ejercía funciones
ejecutivas con amplios poderes para actuar en nombre de la
sociedad desde marzo de 2006, siendo su vinculación en la
empresa desde 03/03/2006 como dirección de Administración,
incluyéndose las funciones de” presupuestos facturación y
contabilidad”. Todo ello está acreditado en el presente
procedimiento, pero ya la sentencia del “caso Fitur” sentencia
2/17 de TSJV, sentencia definitiva, y ya
firme describe sus
funciones en la Sociedad O.M. como se ha hecho precisando que
sus funciones se extendían a facturación, pagos a proveedores,
disponibilidad en cuentas bancarias y cajas de seguridad. Como
en este caso se fija su dependencia inmediata con Pablo Crespo
y a través de éste con Francisco Correa.
En suma, si Álvaro Pérez que fue quien le “fichó” para
O.M. era el comercial o director ejecutivo, Cándido era el
Gerente de la sociedad en Valencia (Crespo y Correa
permanecían en Madrid) y encargado de la llevanza de los temas
económicos
en
el
ámbito
territorial
de
la
Comunidad
Valenciana.
Correa ha declarado que no llevaba el “día a día” de los
temas de Valencia, pue los temas económicos los llevaba
Cándido, supervisado por Crespo que era quien al fin le rendía
cuentas.
De creer en su declaración, que no se hace, pues no se ha
apreciado una mínima credibilidad subjetiva, Cándido sería un
mero mandatario de Crespo, un anotador de cuentas (documentos
de Excel y como máximo un mero facturero, es decir,
confeccionaba las facturas que le ordenaban, sin tener el más
mínimo conocimiento de la existencia de dos contabilidades, la
“A” o Alicante y la “B” o Barcelona, y salvo error u omisión
ha manifestado en once ocasiones que actuaba a las órdenes de
Crespo. Pero la conclusión que obtiene este Juzgador conforme
a la prueba actuada es muy otra. Objetivamente es inverosímil,
que no conociera los entresijos de la organización en la que
ocupaba el cargo de gerente, no es que sea altamente
improbable, es que es imposible que no tuviera total y cabal
conocimiento de los actos realizados, en otras palabras,
jugando con la variante de eventualidad, este acusado tenía
necesariamente que saber de lo ilícito de los actos ejecutados
y de lo irregular del procedimiento para cobrar los actos que
realizaba O.M. para el P.P.C.V.
Así objetivamente resulta, y no hay cuestión sobre este
punto que como productor de O.M. así se presenta en juicio,
realizó una pluralidad de actos electorales, incluyendo todo
tipo de servicios electorales (radio, tv, vallas, etc.) para
dicho partido. No hay duda alguna y está acreditado y consta
documental y testificalmente, pero se empecina en negar todo
conocimiento respecto al sobre-coste o beneficio que obtenía

 O.M cuando re-facturaba al P.P.C.V, pero, sobre todo, en lo
relativo al modo de cobrar estas facturas.
En primer lugar, niega que conociera lo relativo a una
caja “B” ofreciendo la débil exclusa que era un tema
“heredado” y que así se lo encontró al entrar en la
organización. Alude Cándido constantemente a instrucciones de
Crespo, pero éste como Correa, han utilizado el término
supervisar que es revisar lo hecho por otro,y no se duda que
el contacto con Crespo fuera fluido y constante, pero consta
que Cándido
era efectivamente el productor de los actos del
P.P.C.V
pero también diseñaba junto con Crespo el modo de
obtener el precio de los servicios prestados por O.M al
partido.,
Así es muy elocuente el denominado docum. 1.
Estos documentos, informe UDEF 52574 “Para Álvaro XLS”
establecen un listado de actos del PP, que indudablemente
conocía Cándido como productor en que se desglosan por
partidas,
Barcelona,
“pendiente”
Alicante
y
facturas,
concluyendo que 218.637 euros son en “B” y 447.657 en “A” y
finaliza: total suma de los 26 actos en Barcelona 218.637
restando las entregas a cuenta en Barcelona, total deuda
Barcelona y otro tanto para Alicante. Total, deuda Alicante.
En suma, si tanto Correa como Crespo han declarado en juicio
que el día a día en la gestión de O.M en la Comunidad
Valenciana lo llevaban el tándem Alvaro-Candido, es evidente
que por el reparto de funciones Cándido controlaba el tema
económico desde presupuestos y gastos de cada acto hasta lo
pagado por él, recordando Álvaro que él era un mero
“correveydile” (sic) o sea en el aspecto económico era el que
trataba de cobrar lo debido por el PP en “B” o en “A” ( deuda
Alicante,
deuda
Barcelona)
pero
estas
cantidades
eran
elaboradas por Cándido, no se duda que supervisadas por Crespo
entre otras cosas porque el que estaba en Valencia gestionando
era Cándido Herrero y no puede negar, y no se admite, que no
era el quien elaboraba las cuentas siendo hasta grotesco que
pretenda hacer creer que nada sabía del irregular sistema y
actuaba al dictado y ello porque con su cargo de gerente es
absurdo que pretenda mantener que era adecuado o normal que
los servicios prestados al P.P.C.V por O.M fueran satisfechos
por ciertos empresarios de la Comunidad y por ende con
presupuestos y facturas que él mismo elaboraba y remitía a los
citados empresarios o bien con entregas en metálico (Crespo
dixit) cobradas por Cándido.
Así declara en juicio que el listado (allí examinado) de
actos se pasaba a Álvaro y éste era el que tenía relación con
el partido. Reconoce haber hecho alguna factura que entregaba
a la gerente del partido (Cristina Ibáñez) y que esta le
pagaba a veces con talones (Se confirma con la declaración de
R. Costa)
Reconoce que pasaba presupuestos de actos a Mirian (Prada)
Secretaria de Serra (confirmado por ésta como testigo en este
juicio y también a Ana Orts, secretaria de R. Costa,
confirmado por esta en juicio. Es evidente y obvio que sabía
que el deudor de O.M. era el P.P.C.V, y es peculiar la
conversación de 29/01/2004 en que Crespo le dice a Cándido,
ahora Álvaro te recuerda con quienes tienes que hablar, (

 reconoce en su declaración la falta de liquidez de O.M por la
demora en pagar del P.P), parecería evidente con quien tenía
que hablar, seria con el P.P que era el cliente de O.M.
Pero la conversación telefónica de ese mismo día es bien
elocuente, pues Álvaro le dice a Cándido ya hablé con mi amigo
delante de mi hizo llamada creo que las galletas me las como
esta tarde, y en la misma conversación Álvaro insta a Cándido
a ponerse en contacto con empleado de Ortiz (Grupo Ortiz,
contratista de la Administración valenciana) confeso en juicio
para resolver el pago de facturas. Recordar que en la jerga de
la banda a Ortiz se le conoce como “el magdalenas” y que
cuando se refieren a biscotes o galletas se refieren a dinero
a satisfacer por éste. O sea para cobrar al P.P.C.V tenía que
contactar con empresarios.
Hay otra conversación interceptada en que Cándido le dice
a Álvaro: quedo con Yolanda (evidentemente la también acusada
García Santos) y modifico facturas (sic). Yolanda trabajaba
como sustituta de la gerente en la Sede del P.P.C.V.
Naturalmente no sabe explicar porque modifica facturas a su
deudor cuando consta que tenía perfectamente controlada la
deuda de éste, tanto en “A” como en “B”. Es evidente que la
deuda la pagaban otros y según iban haciendo ingresos, se
modificaban las facturas, que como enseguida examinaremos eran
absolutamente falsas, pero trababan de aparentar servicios a
los empresarios pagadores jamás realizados.
Así pues, Cándido como es más que evidente sabía que la
deuda del P.P era pagada por los empresarios y cooperó de
manera esencial y activa en que éstos le pagaran aquella
deuda. Así es muy explicativo y tiene singular relevancia los
correos electrónicos a los que ya se ha aludido en que Cándido
contacta ya con Cristina (Gerente del PP) ya con Ana
(Secretaria de Costa) adjuntándole factura -5 de junio de
2.007- o campaña en emisión de radio -29 de febrero de 2.008-.
en suma, contacta con el P.P para dar razón de sus actos de
campaña que cobra a otros.
Pero es muy revelador e ilustrativo el “dossier” contenido
en el disco 127, OM-Facsa/Anexo IX informe con relaciones OMFACSA- Aguas de Castellón o sea Enrique Gimeno.
En este informe se contienen números correos y otros
documentos mercantiles que acreditan sin duda alguna como
Cándido era una pieza relevante de la trama.
Así correo de Cándido a” FACSA” -17 de enero de 2.007- en
que se alude a Pablo (Hola Pablo) evidentemente Crespo:
producción del acto que tendrá lugar el 17 de noviembre y como
anticipo del importe total. Evidentemente es Cándido el que
informa a Crespo, nada dicta éste.
Nuevamente el 7 de agosto Cándido escribe: Hola Pablo te
envío la primera factura, según las vaya haciendo te las voy
enviando. Factura 23.000 euros a pagar por “FACSA” por varios
conceptos. Recordar que O.M jamás hizo trabajo alguno para
“FACSA”.
La 2ª factura en correo de un minuto después es de 20.000
euros, se gira también a FACSA por conceptos tales como

 “creación de imagen” o “proyección de identificación grafica
visual”.
Ya a las 15 horas 3ª factura a pagar por FACSA de 33.000
euros y la 4ª y ultima de 35.000 euros.
En los siguientes correos se mandan nuevas facturas,
siempre a pagar por “FACSA” por el concepto 2ª factura
modificada, 3ª factura modificada y 4ª factura modificada,
siendo los importes 29.000 euros, 44.000 euros, 47.000 euros
(Consta en la causa que el Acto Castellón supuso un desembolso
para O.M. de 75.000 euros) No es pues de extrañar que se hable
de sobre-costos o beneficio excepcional.
Pues bien, estas facturas que Cándido envía a Crespo, aquí
sí que supervisa, son remitidas a Enrique Gimeno (FACSA)
confeso en el juicio y el texto es: Tal como me indica Álvaro
Pérez a continuación le hago el envío de 4 facturas (las
modificadas al alza no las originales).
Este correo es muy revelador, como ya hemos visto, Álvaro
como cobrador de facturas se dirige al P.P.C.V el cual le
indica cual es el empresario que debe pagar, las facturas
absolutamente inveraces, se hacen y se rehacen por Cándido/
Crespo.
Muy ilustrativo es también el correo que remite Cándido,
esta vez como Gerente de “EASY CONCEPT” otra compañía como
“SPECIAL EVENTS” del Grupo Correa con Sede en Calle Serrano 20
de Madrid, de fecha 17 de enero de 2007 cuyo texto no tiene
desperdicio: se indica a “FACSA” éstas son las facturas
modificadas las tiene que tener Pablo a primera hora: hay que
hacerle dos facturas: 1) la de 60.000 euros poner por concepto
evento grande por ejemplo la haces con EASY que es la que
cobró.
2) La de 40.000 euros la hacen con GB el concepto será
video corporativo poner 3 jornadas de grabación, producción,
edición de video para proyectar un evento de empresa.
Al siguiente día Cándido dice a Crespo, Pablo las de la
playa” –sic- hay que modificarlas, no las entregues y
efectivamente constan una serie de facturas en que aparecen
como conceptos los dictados por Cándido a E Gimeno (FACSA),
por cierto, con fecha de noviembre de 2006. También obran en
este informe una serie de presupuestos, estos del año 2008,
que bajo el titulo presupuesto SMAGUA 2008, son de importe de
199.714 euros y consta una carta intervenida en O.M en que
Cándido que firma como gerente en enero de 2008 envía a
Enrique Gimeno lo que denomina “PRESUPUESTO FACSA 2008” eso si
empleando las formulas mercantiles “este presupuesto contesta
a su solicitud y creemos se ajusta a sus necesidades”. Estos
presupuestos tan falsos como las facturas examinadas, del
2007, no son sino la suma que tiene que desembolsar “FACSA”
por actos electorales del P.P.C.V, evidentemente para seguir
manteniendo u obtener en el futuro mas contratas de la
Administración Valenciana. En suma literalmente Cándido se
inventa servicios de O.M a “FACSA”, revistiéndolos incluso con
presupuestos previos.

 Por lo examinado es evidentísimo que Cándido es un actor
necesario, cooperador imprescindible en la trama montada, su
excusa de mero mandatario,
es tan inveraz que refuerza los
indicios en su contra , resulta incluso del texto literal de
los mensajes recordar la examinada de 7 de agosto de 2.007:
Hola Pablo (Crespo) te envío la primera factura, según las
vaya haciendo te las voy enviando” es decir, utiliza la
primera persona él es el que las hace y Pablo el que las
supervisa no es un empleado a la orden. Y por si ello fuera
poco hay otro correo ya comentado en el Anexo 11.2 “ENRIQUE
ORTIZ E HIJOS” en que una empleada de O.M/ Cándido, Merche
dirigiéndose al despacho de Blanco Balín, asesor fiscal de la
trama, a quien Cándido reconoce en juicio que le remitía las
facturas, en que consta: hay 2 facturas puestas al P.P hay que
corregirlas y ponerlas a “ENRIQUE ORTIZ E HIJOS” (20 de junio
d 2008). Estas facturas con concepto “MUS” de 18 de septiembre
de 2007 están pagadas por el confeso Ortiz (según esas
facturas) el correo es de 20 de junio de 2.008 y 7 días más
tarde nuevo correo_ Bajo el epígrafe facturas emitidas OM, se
apunta al despacho de Blanco Balín que hay que hacer
correcciones: factura. 118 donde dice cliente P.P.C.V poner
Ortiz e hijos, Fact. 121 ídem, factura “FACSA” cambia el
importe, fact. 127 cambiar cliente de PP Castellón a “FACSA,”
y cambia también el importe, factura 128: ídem cambiar el
cliente de P.P Castellón a “FACSA” y el importe.
Todo lo expuesto evidencia tal cúmulo de inveracidades que
eleva el delito de falsificación a sus más altas cimas,
obsérvese que se cambia a capricho el importe de las facturas,
las fechas, el “ acreedor” (O.M o EASY CONCEPT) e incluso,
como se ha visto, se permite el acreedor dictar a “FACSA”
porque conceptos facturar constando la obediencia de esta
sociedad y naturalmente el eje de la cuestión, “FACSA” está
probado incluso testificalmente que nada debía a O.M, quien
debía a esta sociedad era el P.P.C.V.
A ello añadir TOMO VI, pag. 1678, que el Banco de
Santander certifica que era Cándido Herrero quien tenía firma
autorizada en su sucursal 2872 para manejar las cuentas de OM
y que conforme declara Crespo quien tenía acceso a la caja
fuerte, la denominada “Caja parque” de la organización, era
Cándido. Y tanto ello es así que en el “Anexo II”, documentos
en papel relevante consta, correo de 12 de marzo de 2.008 que
Cándido envía a Pablo ( no a la inversa) el siguiente texto:
Te adjunto el presupuesto campaña ( del PP DE 2008)
para
añadir en el parque ( se refiere a la Caja fuerte sita en
sucursal de B. Santander entrante o junto a un parque público)
hay 27.750 y en caja – 39613, es decir esto es del parque y
prestado a Alicante. Lo estoy regularizando. Luego Cándido
tenia pleno acceso a la caja fuerte y a la Caja de la
Organización manejaba el dinero, aunque supervisado por
Crespo, su culpabilidad es patente.
Pero para reforzar esta conclusión conviene traer a
colación otro documento (Informe final AEAT, NUMA 21536) en
que Cándido envía a Crespo como “Actos Valencia” un listado de
actos realizados por el P.P.C.V su fecha y su importe,
concluyendo con los actos de Alicante (aquí término empleado
como ciudad) en que se desglosa cual es la cifra total debida,
lo pagado y la cantidad pendiente.

 Este listado de actos los remite Cándido a Pablo le
especifica su importe e incluso determina lo pagado y
pendiente con alguna anotación bien reveladora así PP de
Requena hablará con Ricardo, evidentemente Costa, y en el subepígrafe “Castellón”, total 2007, 123.400 euros el nombre de
Víctor Campos. Todo esto implica, una vez más que Cándido no
era un mero recadero de Crespo/Correa sino en los términos
expresados tenía dominio funcional de lo que realizaba y
cooperaba activamente con los demás.
Además, este envío de datos a Crespo se corrobora en la
propia agenda intervenida a Pablo Crespo, ya mencionada (R-11,
doc. 19) en que consta manuscrito Orihuela 128.000 euros,
ajustar Castellón por un solo concepto 75.000 (ya visto) Elda
donde consta 10.000 y 16.900 y 6.900, apareciendo en la Agenda
16.900,10.000 y 6.900 “Elda” siendo todas estas cantidades
trasunto exacto de las remitidas por Cándido.
También se consideran reveladores oídos directamente en
Sala, los términos utilizados en su conversación con Álvaro
Pérez, así “magdalenas” por el empresario Ortiz y “galletas”
por dinero, sí como mantiene siempre consideró su actuar
licito no tenía que usar un lenguaje críptico o convenido tan
propio de organizaciones ilícitas pero fundamentalmente el
entendió a su interlocutor ( Álvaro) lo cual indica que
previamente
habían
convenido
dichas
expresiones,
tan
obviamente encaminadas a entorpecer el resultado de posibles
interceptaciones telefónicas que ahorran mas consideraciones.
Por último, Pablo Crespo en su declaración judicial ha
proclamado con total rotundidad que por la falta
de
conocimientos de Álvaro Pérez las hojas de cálculo en “Excel”
las hacia Cándido Herrero y que, por supuesto, éste conocía
perfectamente que el concepto Barcelona era dinero B opaco o
“negro” y a preguntas de la defensa de Blanco Balín que las
facturas que le remitían desde Valencia le eran enviadas por
Cándido Herrero.
Por tanto, en este acusado no es ni siquiera necesario
acudir al principio de ignorancia deliberada, es decir,
ponerse en situación de no querer saber aquello que puede y
debe saber, ni siquiera al principio de indiferencia (STS
359/2008) “el acusado no muestra un conocimiento equivocado
sino mera indiferencia”.
Cándido Herrero, dada la pluralidad de indicios apuntados
y su propia declaración se acredita que tenía conciencia de
una
alta
probabilidad
de
antijuricidad
(STS
237/1996/
1171/1997,1074/94, que por estimarse similar al dolo eventual
no merece tratamiento de benignidad alguno, resulta pues
altamente improbable por no decir imposible que no conociera
la ilicitud de sus actos, aplicándose la variante de
eventualidad, el acusado debería haber sabido que estaba,
cuando menos, cooperando en la comisión de delitos. En suma,
obró con dolo eventual, o sea, tenía conciencia de la
posibilidad de que se produzca el delito y la conciencia del
alto grado de probabilidad de que realmente se produzca, dolo
tan reprobable como el directo, pues al igual que éste es la
manifestación consciente y especialmente elevada de un

 menosprecio del autor por los bienes jurídicos vulnerados por
su acción.
En conclusión, cooperó con Crespo/Correa en la producción
del delito de una manera activa, deliberada y causalmente
eficiente para la consumación de aquel.
CUARTO. - Llegados a este punto conviene repasar siquiera
brevemente los informes policiales obrantes en la causa y que
han sido ratificados en el juicio oral, por la policía
actuante estos informes contenidos en los Archivadores 1 y 2
“Actos Electorales” son de una importancia capital para
definir los hechos objeto de la acusación y que aquí se han
declarado probados.
Esta ingente documentación ha sido sistemáticamente
clasificada, ordenada, cruzada, cuadrada y concordada por los
funcionarios de la U.D.E.F en una labor de una minuciosidad y
laboriosidad de extraordinario mérito. Así la U.D.E.F ha
logrado determinar, uno por uno, cuáles han sido los actos
celebrados por el P.P.C.V en
los periodos contemplados,
determinar quiénes fueron los proveedores de O.M (recordar que
esta sociedad actuaba como una agencia
que tenía
que
contratar a terceros para los servicios que prestaba al
P.P.C.V),
cuantificar
que
había
pagado
O.M
a
estos
subcontratistas
,
aportando
el
correspondiente
soporte
documental (facturas), a su vez cuales eran las cantidades
pagadas por el
P.P a su agencia
(O.M) y como estas
cantidades eran satisfechas , no por el partido sino por
ciertos empresarios mediante dinero en metálico, sin respaldo
documental-facturas- alguno, dinero “B” o “Barcelona” o bien
con dinero ” A” o “ Alicante”, que era dinero entregado por
los empresarios a O.M por supuestos
y ficticios trabajos
realizados a ellos
por esta sociedad, y que
en realidad
pagaban trabajos
realizados realmente al partido, aportando
y
recopilando
una
enorme
base
documental
y
correos
electrónicos cruzados entre todos los implicados, facturas y
presupuestos , reales y ficticios, movimientos de c/c, talones
, pagares etc…, documentos “excel” conteniendo la contabilidad
de O.M y un largo etc., y cruzando y recruzando todos los
datos, junto con las conversaciones telefónicas intervenidas,
llegar a determinar cómo las facturas electorales eran
satisfechas
a O.M por los empresarios, incluso llegando a
determinar cuáles de sus “aportaciones empresariales” cubrían
determinados gastos del partido y la época tanto del o de los
actos realizados como acreditando su efectiva realización por
fuentes externas (así medios de comunicación), como la forma
del pago en“A” o en “B”.
Para ello como han ratificado los agentes en la vista, han
contado con el material obtenido en los diversos registros,
así en la Sede de O.M en Valencia, en Madrid, en
C/Serrano
nº 40, sede del grupo F.C.S y en la C/ Martínez Campos nº 32,
donde
Correa
trató
de
ocultar
documentos
y
archivos
comprometedores,
existe
pues
documentación
en
papel
e
informática extraída de los ordenadores ocupados e incluso de
un pen –drive intervenido al empleado de confianza de Correa.
José Luis izquierdo.

 Con
todas
estas
fuentes
de
prueba,
de
cuya
irreprochabilidad de origen no cabe formular objeción alguna,
la U.D.E.F ha tenido la singular perseverancia, de especial
mérito, dada su complejidad, de cruzar y recruzar las mismas
para obtener un tan sólido basamento probatorio que ahorraría
mayores consideraciones.
No obstante, vamos a repasar, si quiera someramente, estos
informes de la policía judicial, así informe de 28 de mayo de
2012, ratificado por el agente nº 76.134, donde tras
conversaciones telefónicas interceptadas se llega a la
conclusión del entramado montado por supuesto en relación con
la documental intervenida, las conversaciones fundamentales se
producen entre el 17/12/2008 y el 3 de febrero de 2009informe nº76.090 de 30 de julio de 2010 -.
Algunas ya han sido mencionadas: Álvaro a David Serra
preguntando por el de las “Magdalenas” (Ortiz e Hijos,
contratistas de obras) apareciendo Serra como intermediario
entre P.P y O.M para que esta sociedad pague con la cobertura
de facturas falsas los gastos del P.P y todo siguiendo
instrucciones de R. Costa. Es Serra el que dice a Álvaro que
va a llamar a “Magdalenas” o “galletas”, luego le anuncia que
ya tiene el talón, habla de presentar factura igual que la
otra, David Serra dice que la determinación de la factura la
fija R. Costa, es Serra al fin el que da instrucciones para la
confección de las facturas a pagar por el empresario Ortiz.
Cándido tranquiliza a Álvaro anunciando que el de las
“galletas” se las “come esta tarde o mañana” definitivo, pero
posteriormente Álvaro habla con Crespo del enfado de R. Costa
por que la operación no acaba definitivamente, vuelve a
intervenir David Serra comentando a R. Costa que Ortiz le iba
a pagar todo lo hecho en “Alicante”, nada en “Barcelona”.
Muy ilustrativa conversación la del 3/02/2009, Cándido a
Crespo: “me llamaron de las “galletas”, mañana lo mandan” y en
esa misma fecha se extienden tres cheques que Enrique Ortiz
abona a O.M por importes de 58.000, 20.752, y 37.479 euros
respectivamente (folio 7494), facturas de dicha sociedad nºs
176, 177, 178/2008, folios 7443 ,7502 y 7503.
Al siguiente día Cándido dice a Álvaro que ya que dieron
“la caja magdalenas” y consta documentalmente que estos
cheques de Ortiz se ingresan en la c/c manejada por Cándido
(ya vista), Banco Santander of. 2872 Plaza Porta de la mar
(Valencia), recuérdese “Caja Parque”. En suma, se acredita
documentalmente como la conversación telefónica en concreto y
la del 5 de febrero de 2008 es una realidad, pues en el folio
citado los tres talones tienen fecha-sello del Banco de 5 de
febrero.
El policía actuante reitera en la vista su obvia
conclusión, hay una serie de sociedades de la Comunidad
Valenciana así
“SEDESA” LUBASA” “ENRIQUE ORTIZ E HIJOS” y
“FACSA” que
son adjudicatarias de numerosos contratos,
públicos en
dicha comunidad y pagan diversas facturas a O.M
por trabajos de esta al P.P.C.V, cuyo importe sirve para pagar
total o parcialmente las deudas del partido.

 Respecto a este punto numerosa documental ratificada por
el agente: informe “ORTIZ E HIJOS” de 29 de febrero de 2012
,sobre veracidad de facturas, del grupo “SEDESA” de 8 de mayo
de 2012, del grupo “VALLALBA” ,de 23 de mayo de 2012, del
grupo “FACSA” de 23 de abril de 2012, del grupo “LUBASA” de 8
de junio de 2012, de “PIAF” de 18 de junio de 2012 ,todos
estos ratificados informes, subdivididos en facturación,
documentos, cobro, información societaria, suponen una única y
tajante conclusión: para estas sociedades jamás trabajo O.M y
sin embargo desembolsaron las sumas que constan por los actos
del P.P.C.V siendo gestionado tal cobro por el secretario y
vicesecretario de la organización: Ricardo Costa y David
Serra, con la colaboración de las personas que luego se
especifican. La irrealidad de estos trabajos de O.M a las
sociedades ha sido reconocida por los propios empresarios e
incluso corroborada por testigos en su condición de empleados
de ellas.
Este policía ha
facturados no podían
capacidad para ello,
diferencia de los
terceros.

aclarado que, algunos de los trabajos
ser asumidos por O.M pues carecía de
no constando en modo alguno que O.M, a
actos del P.P.C.V, subcontratara con

Se considera muy explicativo el correo remitido por Tomas
Martínez Berna (Grupo VALLALBA) confeso, remite a Cándido
Herrero el 19 de septiembre de 2017 (R-17, doc 3).
“Cándido
te mando a que sociedades hay que facturar, con su domicilio
fiscal y CIF. Los pagarés serán para el 28 de octubre de
35.000 euros para “PAVIMENTOS DEL SURESTE” y 18.500 para grupo
“VALLALBA”. Las facturas pon fecha septiembre.
Para el 28 de noviembre pagaré de 60.000 euros, factura
octubre, el 28 de diciembre pagaré de 58.500, factura
noviembre. La fecha de los presupuestos debe ser con la
anterioridad que estiméis en que se tarda en realizar estos
trabajos y no importa si incluso hay alguno de 2006”
La simple lectura de este correo ahorra cualquier
consideración, el supuesto cliente de O.M le dice a esta a que
sociedad del grupo “VALLALVA” debe facturar, la fecha de la
factura y la de los presupuestos antecedentes. En suma, lo
dicho, falsedad sobre falsedad. Meras coberturas formales para
cubrir pagos debidos al P.PC.V.
Tampoco puede dejarse de mencionar el informe de la
U.D.E.F de 30 de septiembre de 2014 ,en carpeta “Actos
Electorales 2”, anexo III
“Financiación actos del P.P de la
Comunidad Valenciana en el año 2007 “, que se va a realizar en
forma muy somera pues la prueba practicada ya es abrumadora
respecto a la comisión del delito electoral: Al folio 50 con
el soporte documental que consta solo los pagos realizados a
proveedores de O.M por actos del P.P quintuplican
el gasto
contabilizado por el P.P en la Autonómicas de 2007.
O.M pasa al P.P una factura de 175.000 euros (factura
intervenida y cobrada por esta sociedad),totalmente acreditado
y tanto es así que la gerente Cristina Ibáñez presenta al
Sindicato de cuentas de la Comunidad Valenciana ese importe
como pagado a O.M (Pero solo lo pagado a proveedores por O.M
supera
en 5 veces esa cantidad, es obvio que O.M cobró y

 facturó a sus proveedores la deuda real, como esta diferencia
tenía que pagarse ,consta , por ejemplo, la serie de facturas
que “FACSA” paga a O.M (por deudas del PP), véase folio 69, en
2007, ,cuida la U.D.E.F de aportar documentación bancaria de
los ingresos en la c/c de O.M realizados por esta sociedad (ya
hemos repasado como se envían facturas originales y nuevas
facturas, recuérdese “facturas modificadas ”).
Otro tanto de la sociedad” PIAF”: folios 80 a 83, “GRUPO
VALLALBA”, folios 83 y siguientes, destacando en “A” el
apartado de 24/09/2007, concepto “el cantante”, varias
facturas, refiriéndose este “cantante” a Rafael Martínez Berna
por la coincidencia de nombre de pila con un conocido artista.
Rafael Martínez, confeso, es responsable del grupo citado
(VALLALBA) encabezado por la sociedad constructora “HORMIGONES
MARTÍNEZ “.Como ya se ha anticipado oída la U.D.E.F, ha
consignado todos los actos electorales del P.P.C.V en el
periodo, también correlaciona
las facturas (falsas) que
constan
en el Archivo “Resumen pagos
xls”
bajo el título
“Alicante” y nuevamente “FACSA”, “PIAF”,”VALLALBA” etc…y
conforme documentación y contabilidad de la propia O.M, estas
empresas pagaron en “A”, con cobertura facturas, 523.000 euros
y en “B” es decir entradas de dinero no anotadas en la
contabilidad , cobradas sin facturas , 17 abonos por un total
de 2.225.684 euros, entre el 12/03/2007 al 26/09/2007, que
oscilan entre los 18.000 y los 350.000 euros (ver documentos
resumen pagos). Un buen ejemplo de esta entrega en metálico a
O.M es el correo, folio 119, de Cándido a Crespo de
30/08/2007. “Hola Pablo, ten en cuenta que el 27 de julio te
entregaron a ti 100.000 euros que los tengo contabilizados en
el acto de la Plaza de toros de Xativa (están reflejados en la
hoja de cobros).”
También debe considerarse, folio, 128, la denominada
“Deuda comunicación” abril-mayo 2007 que se añade a actos del
P.P por importe de 471.699 euros y que suponen en esos meses
de
campaña
por
radio,
vallas,
bus,
cabinas,
prensa,
creatividad, videos, producción, la cantidad de 1.753.985,76
euros añadiéndose en documento resumen pagos deuda R.C es
decir Ricardo Costa, sumando ambos conceptos el P.P debe a O.M
2.225.684 (cantidad global por todos los servicios prestados).
Aclarando la U.D.E.F, folio 129, que los cobros “A+B” que
los primeros ascienden a 523.000 euros y los cobros en
“Barcelona” a 1370.500 euros solo hasta junio de 2007-Hoja de
cobros-.
A partir de junio hay una deuda pendiente total de cobro a
R.C de 404.322 euros (gastos totales 2.225.684, cobrado A+B
1.821.362).
En septiembre esta deuda aumenta hasta 765.677 euros
también a cargo de R.C.
Existe otro apunte como deuda VR en la hoja resumen de
pagos con las siglas “VR” es decir Vicente Rambla por importe
de 476.418 euros por los conceptos incrementos prensa (141.418
euros) y videos (335.000 euros). Saldo a favor de O.M como se
realizan ciertos cobros, al ser una deuda “viva”, tras sumar
una serie de Actos, al fin del periodo el P.P.C.V debe a O.M
146.940 euros.

 Y concluye este informe con la perfecta correlación entre
la caja “B “de O.M y la caja “B” de Serrano nº 40 (Correa)
recuérdese que este confiesa que en la caja “B” de Valencia
siempre queda muy poco, apuntando la U.D.E.F las constantes
correlaciones y flujos entre ambas cajas, realizando un
exhaustivo informe de 31 de enero de 2014 sobre “Análisis
archivos pen drive José Luis Izquierdo “(hombre de confianza
de Correa en la sede de Madrid).
Respecto al año 2008 es más de lo mismo, véase Anexo IV,
“financiación actos del P.P C. Valenciana “en la referida
carpeta archivo: nuevamente análisis actos, cobros “Alicante
2008”, facturas al P.P, facturas a terceros: Enrique Ortiz o
“E.O”, “FACSA”, “SEDESA”,” LUBASA”, “PIAF” cobros “Barcelona
2008”. Documentos resumen.
En suma, la deuda total del partido en noviembre de 2008
asciende a 942.892 euros, especificándose nuevamente cobros a
SDS o sea “SEDESA”, LBS o sea “LUBASA” (pagan a O.M con
cobertura de facturas falsas, constando un último cuadro en
que figuran como ingresos 942.892 “PP, B-incluidos alcaldes”
que es precisamente la deuda total del partido. Se calcula por
O.M La estimación de costes para diciembre y enero de 2009 y
nuevamente se hace constar en ese año (febrero 2009) el cobro
a E. Ortiz “magdalenas” de 232.232 euros conforme las
conversaciones telefónicas y documentos ya analizados. La
complejidad del caso es que la deuda del P.P.C.V con O.M, con
quien tenía una a modo de cuenta de crédito, la dicha deuda
estaba “viva”, es decir era variable constantemente y se iban
haciendo actos del partido que se pagaban cuando se hacían
“las aportaciones” o donaciones encubiertas, en cualquier
fecha. Esta cuenta del P.P.C.V era única, a ella se cargaban
todos los actos electorales del partido y algunos de otra
naturaleza.
El análisis de esta abundantísima prueba documental
corroborada y ratificada en la vista por los agentes de
policía
actuantes,
es
simplemente
demoledora
para
los
intereses defensivos y ahorra cualquier comentario.
Asimismo, el inspector-jefe de la U.D.E.F, PN nº 81.067 ha
reiterado y ratificado en la vista todos y cada uno de los
informes elaborados, los correos electrónicos intervenidos,
así como las conversaciones telefónicas interceptadas. Por
otro lado, los especialistas en documentoscopia y fonografía,
así como de la brigada de investigación tecnológica, han
ratificado en la vista, en concepto de peritos, todos los
informes sobre documentos grabaciones de voz y soportes
informáticos
que
constan,
explicando
y
explicitando
minuciosamente el modo de proceder y la absoluta indemnidad
del material obtenido, aclarando como desde su obtención es
imposible su alteración.
El inspector jefe ha ratificado expresamente el documento
ya mencionado obrante al R-17 doc. Pestaña “cobros” donde tras
pormenorizarse los actos del 2008, distinguiéndose la deuda
“A” y la deuda “B” del P.P.C.V se hace una minorización por el
cobro de dos facturas (falsas) la 115 y 116 y las
“aportaciones” de E.G , es decir confirma y explica la del
empresario confeso Enrique Gimeno y E.O el confeso Enrique

 Ortiz, también ratifica y confirma expresamente el documento
elaborado por Cándido Herrero
relativo al año 2007, archivo
“O.M Barcelona xls “ TOMO II (folios 778 a 784 cuantificando
los ingresos asociados a las “aportaciones” a O.M que tienen
su
origen en la formación política
, siendo destacable el
cuadro del folio 784 en que tras el concepto Ricardo Costa, se
establece como previsión la suma de 90.000 euros , constando
como entrega en “B”y
efectivamente esa cantidad (4/09/07)
imputada a
“el cantante”(se refiere a Tomas Martínez-Grupo
Vallalba-confeso-) se paga en “Alicante” es decir utilizando
factura falsa. Se añaden conceptos como “El príncipe-Felipe
Almenar
con sobreseimiento firme- Alicante, Sonia, “el
tuerto” es decir Carlos Fabra, siendo significativo y esencial
que O.M tiene previsto una serie de ingresos por parte del
P.P.C.V en “B”, de empresarios que se ingresarán a la empresa
O.M de una u otra forma, aclarando dicho empresario T.M
(Vallalba) que las “aportaciones” empresariales al partido
eran de una misma factura parte se pagan en “B” y parte en
“A”.
También ratifica el policía los apuntes concordantes en
los documentos contables de O.M de “cobros” y “pagos” por
poner solo un ejemplo en R-17, doc. 3 “Barcelona” hay una
partida “a cuenta acto Castellón” de 72.000 euros que se ve
reflejada como ingreso de la misma cantidad (72.000 euros) en
la misma fecha en la “caja Barcelona” de la sociedad.
Se cuida de precisar este policía que la única factura que
Cristina Ibáñez presenta a la Sindicatura de cuentas en 2007
como trabajos realizados por O.M al P.P.C.V es de 175.000
euros, cuando como ya se ha considerado (Anexo III) O.M
realizó trabajos al P.P en cuantía
absolutamente superior
por conceptos acreditados por proveedores de O.M solo de
publicidad, vallas, prensa, videos etc…
También
ratifica
este
policía
las
conversaciones
telefónicas mantenidas entre David Serra y A. Pérez y del
primero con Enrique
Ortiz, “E.O” o “magdalenas”
y aclara
como entre Costa , Serra y Yolanda configuran una serie de
facturas, las 176, 177, 178 por importe de 100.000 euros que
se ingresan
el 5 de febrero de 2008 tras las gestiones de
Serra con Ortiz, siendo esta cantidad entregada mediante un
talón por un tal Muguruza, empleado del empresario , a Álvaro
Pérez que ingresa el talón en la cuenta de O.M el día antes
señalado. El importe cubría parte de la deuda que el grupo
parlamentario popular tenia contraía con O.M por supuestos
trabajos realizados al grupo. Añadir a ellos los citados
informes de las empresas de la trama: ORTIZ, SEDESA, PIAF,
VALLALBA etc… que también ratifica el policía.
En definitiva, este policía ratifica la conclusión que
para este Juzgado es más que evidente: El P.P.C.V financio sus
campañas electorales, utilizando a O.M como pantalla, por
medio de empresarios contratistas de la Administración
Valenciana, no siendo ni remotamente suficiente el dinero
obtenido por ese partido por la vía de la financiación legal a
partidos
políticos,
dado
el
enorme
volumen
de
gastos
producidos
para
actos
electorales
en
el
periodo
aquí
contemplado. Hay tal inveracidad total, incluso a los órganos

 fiscalizadores
públicos
del
gasto,
que
la
conclusión
culpabilizadora ha de ser necesariamente condenatoria.
QUINTO. -Respecto a David Serra, tras varios cargos
políticos en el Gobierno de la Generalitat ocupa la
vicesecretaria del P.P.C.V el 13 de septiembre de 2007 y
contacta con Álvaro Pérez. Este acusado a pesar de ser el nº
dos del partido en la C.V niega tajantemente realizar
cualquier tipo de contratación para el P.P.C.V ni realizar
pago alguno o en general haber realizado gestión económica
respecto de la deuda del partido con O.M, manifiesta que todos
esos asuntos económicos eran cuestión que incumbía al
Secretario General, es decir Ricardo Costa ,limitándose este
acusado a cumplir órdenes recibidas y a mera supervisión de
algunas
cuestiones
.Centra
su
actuación
política
en
movilizaciones de militantes y simpatizantes para actos del
partido, siendo aficionado a la demoscopia, pero rechaza de
plano cualquier actuación económica para el partido. Sin
embargo, junto con Cristina Ibáñez, Ricardo Costa y Yolanda
García Santos es apoderado mancomunado de la c/c abierta por
el P.P.C.V en la sucursal 5902 del Banco de Santander en
Valencia (folio 1197, Tomo 4 pral.) firmando cuando menos 4
talones a favor de O.M contra la c/c mencionada.
Junto al hecho acreditado, conforme a los acusados
confesos, informes de la U.D.E.F y testifical, es decir que
las facturas por actos debidos a O.M los pagaban ciertos
empresarios contratistas con la administración regional,
existe una pluralidad de indicios todos ellos en la misma
dirección incriminatoria que permiten deducir conforme a las
reglas de la lógica racional la implicación de Serra en la
trama.
Su secretaria Mirian Prada ha corroborado la recepción de
múltiples correos electrónicos recibidos de O.M (Cándido) en
que podemos señalar, sin ser exhaustivos, los siguientes, sin
que las vagas excusas de que se podrían haber enviado por
error o a una dirección equivocada puedan ser siquiera
consideradas pues aparecen en el registro de O.M. Así correo
de 5 de mayo de 2008 Cándido-David presupuesto Acto Alcoy,
presupuesto Gandía para David Serra, Cándido-David de 4 de
mayo de 2008, del día anterior acto Plaza de Toros , mitin
Valencia del 6 de mayo de 2008 según documento intervenido en
O.M, Plaza de Toros Valencia , acto Rajoy de 6/03/2008
(el
coste real para O.M fue de 44.535 euros pero se factura (al
P.P.C.V) por 71.070 euros) resumiendo un porcentaje de
beneficio del 37,34%, siendo evidente que casi un 40% de
beneficio para O.M es un sobre coste desmesurado, como ya se
ha comentado). Acto Castellón13/02/2008, Acto Elda, 5 de mayo
de 2008. Todos remitidos por Cándido (O.M) a la secretaria de
Serra,
que
lógicamente,
ha
declarado,
se
los
entregó
personalmente a este.
Señalar que, aunque pretenda derivar responsabilidades a
Costa, consta correo de Cándido: “Ana (secretaria de Costa)
cuando puedas mándame el correo de D. Serra.”
También consta remitido como Cándido-Serra
“Acto IFA”
Alicante ,como con los anteriores, presupuesto detallado de 21
de febrero de 2008.

 Hay otro correo de 27 de febrero de 2008 en que Cándido
envía un correo a Ana Costa, en realidad Ana Orts, secretaria
de Costa, cuyo asunto es “David Serra” en que se lee “esta es
la parte del presupuesto del acto de mañana para Alicante”.
Esto acredita que, aunque la superior dirección de las
cuestiones económicas fuera llevada por R. Costa, el que
conocía, supervisaba y con quien contrataba O.M era su
segundo, es decir David Serra.
Pero hay más correos, así, 4 mayo de 2008, Cándido a
Mirian secretaria “presupuesto Gandía” para David Serra,
naturalmente se acompañan conceptos y costos, el 5 de mayo
nuevamente para David Serra, el Acto Alcoy detallado, también
de esa fecha para David Serra “presupuesto P.P cierre campaña
7 de mayo” .
Importante es el correo que Cándido remite a David Serra
el 11 de mayo de 2008, en que se detallan, tanto lo que debe
el P.P.C.V hasta la
fecha: 758.359 euros, como la deuda
preexistente, antes del 16/12/2007 ascendente a 32.000 euros
que sumados a otros actos (10 más) suponen una factura, aquí
con IVA, de 97.768 euros, también se detallan los actos del
2008 que suman los 758.359 euros antes mencionados. A destacar
que hasta el 30/1/2008 la deuda eran los citados 97.768, pues
bien, en estas cuentas consta como concepto “entregado” 99.000
euros.
Solo
este
correo
supone
que
David
Serra
estaba
perfectísimamente informado, no solo de lo que le iba a costar
al P.P los actos programados (se le remiten presupuestos) sino
el pago a su proveedor, es decir O.M. Pura y simplemente es
falso que nada supiere ni gestionase de los gastos del
P.P.C.V.
Pero hay varios correos todavía más reveladores de la
actividad de este acusado en la trama, así hay un correo, ya
citado, Cándido a Pablo Crespo de 12 de mayo de 2008: “Hola
Pablo te adjunto el resumen de actos de campaña”, (correo ya
especificado anteriormente) en el que Cándido participa que en
el “parque”-caja fuente-, hay 27.750 euros y en caja, la
imposibilidad física de, -39.613 euros como préstamo a
“Alicante”-con facturas-.
Pues bien, este resumen que Cándido gerente de O.M, remite
a su superior Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, es
remitido a su vez el 13 de mayo por Cándido a David Serra,
concepto actos de campaña 2008 donde resulta muy notable que
de la cantidad global se deducen 2 facturas
(falsas) la nº
115 y 116 y las
sumas de 200.000 euros y 100.000 euros por
los
conceptos
de
Enrique
Gimeno
y
Enrique
Ortiz
respectivamente es decir los empresarios confesos de FACSA
(Castellón) y ENRIQUE
ORTIZ E HIJOS (Alicante). Es más que
evidente que Serra conocía perfecta y exactamente, lo que le
costaba al P.P.C.V la campaña electoral y por ende quienes
eran los pagadores, pues como veremos enseguida hizo activas
gestiones para que ciertos empresarios pagaran las deudas. En
la lista-resumen citada consta al final la cantidad aun
“pendiente” de pago a pesar de las “aportaciones” de esos
empresarios. También es interesante constatar como en el
resumen de campaña que Cándido envía a Pablo Crespo se

 pormenorizan las fechas, el acto, la cantidad, y el beneficio
de cada acto, este detalle obviamente no se traslada a Serra,
si bien Cándido cuida de precisar que hay ciertos actos que
“no se cobran” a las personas que se citan de diversas
localidades de la Comunidad Valenciana o entidades como P. P
Castellón, o NN.GG, sino que “Ricardo se hace cargo” (Sic).
Por tanto, es evidente como ya se ha mencionado que
Cándido, supervisado por Crespo, que reporta a Correa (O.M)
hace de enlace y liquida cuentas con Serra supervisado por
Costa (P.P.C.V).
A reseñar que a su vez a través de la U.D.E.F constan una
serie de correos y documentos que acreditan como O.M ha
subcontratado con diversos proveedores para realizar todos y
cada uno de los actos de campaña, facturando al P.P con el
“sobre coste” que consta, que a su vez trasladaba a los
empresarios.
Pero no son solo estos documentos los que incriminan a
Serra, hay una serie de conversaciones telefónicas, ya se ha
aludido a las mismas, son las llamadas, oídas en juicio
producidas entre el 17/12/2008 y el 3/02/2009. Se sintetizan
al máximo para evitar más reiteraciones, Serra dice a Álvaro
“que el viernes cobrará, que presente al de las galletas
(Ortiz) una factura”, dándole instrucciones de cómo hacerla.
Tras esta conversación Cándido dice a Álvaro
“que ya ha
hablado con el de las magdalenas”, para lo que resultan ser
gestiones para el cobro, y pese a la desesperación de Álvaro
por la tardanza en el cobro, conversación
de 24/01/2009
nuevamente sale a relucir Serra manifestando el 2 de febrero
ya de 2009 Álvaro a Pablo Crespo que “lo de las magdalenas
está solucionado”, previamente el 2 de febrero Álvaro comenta
“que ha hablado con Ricardo (Costa) que le ha enseñado un
papel a este que a su vez ha llamado a Serra, porque tenía el
caso por solucionado”, diciendo Ricardo “que el pago se haría
todo en Alicante que en Barcelona no podía pagar nada”. Y el 3
de febrero Cándido dice a Pablo Crespo que “ ya le llamaron de
las galletas, y que mañana llega por mensajero, que los
enviarían el día 4 de febrero y llegarían el 5”, y
efectivamente Cándido dice a Álvaro que “ya llegó la caja de
magdalenas” y tiene singular importancia que esta conversación
se confirma con prueba documental-documento folio 7494,
consistente en una fotocopia de tres cheques extendidos por la
mercantil Enrique Ortiz con sello de entrada 5 de febrero de
la agencia 2872, ingresados en ya mencionada cuenta que O.M
tenía en ese banco y que como hemos señalado está acreditado
manejaba Cándido Herrero.
En resumen, David Serra cumple un papel primordial entre
el P.P.C.V y O.M realizando cuantas gestiones sean necesarias
para conseguir que Ortiz pague a O.M por trabajos realizados
al P.P, así como que sus máximos gestores (Costa y Serra)
manejaban una doble contabilidad (Alicante/Barcelona). Pero
hay más conversaciones telefónicas que revelan que de un modo
indudable la especial y esencial contribución de Serra en la
trama, su transcripción, ratificada en la vista, consta en la
pieza 2, tomo 4, audio disco 221, folios 986 y siguientes,
teléfono intervenido el de Enrique Tomás Ortiz Selfa, del 28
de octubre de 2008 al 27 de septiembre de 2009. Anticipan
la

 relación absolutamente cordial y muy amistosa que se traduce
en las conversaciones Ortiz/Serra, aunque su lectura literal
es enormemente enriquecedora para reforzar la conclusión del
juzgador, solo se va a reseñar por ser más que suficiente
teniendo en cuenta lo antes
considerado, y aun obviando lo
que resulta de la conversación de 10/11/2008 sobre un posible
tráfico de influencias ,
la de 1/12/2008, Ortiz dice:
“Ya
deje claro como lo tenían que
hacer ¿le han dado ya a este o
no?”, diciendo Serra: “a mí no me han dicho nada”, y como
Ortiz advierte que llamará otra vez Serra responde : “bien, a
ver, lo de la facturación yo creo que eso ya está encaminado”.
Serra el 19/12/2008
dice a Ortiz: “Oye tenemos una cosita
pendiente y ahora sí que tengo un poquito de urgencia”. Ortiz
advierte que: “voy a ver que puedo” y ya te diré y el
22/12/2008 Ortiz dice a Serra: “no te he llamado por que no he
podido solucionarte lo que debía”, diciendo Serra: “te llamaba
porque sé que mañana te verás con Ricardo, advirtiendo Ortiz:
“aún no me lo han traído”, porque estamos pendientes de una
operación y me lo han pasado a enero, después de Reyes”
hablando ambos de que tienen posibilidad de hacerlo de otra
manera, “como lo otro” y a mediados de enero solucionado.
Estas conversaciones son concordantes en tiempo con las
anteriormente analizadas y a pesar de la cautela del lenguaje
es evidente que se trata de las tan repetidas facturas.
Y así el 22/12/2008 Serra dice: “aquí estoy haciendo el
cuadrante y tengo un lio de cojones vamos a hacer lo de la
factura, hacerlo igual…. Ortiz: “vale”. Serra: “lo único que
necesito es una cosa, aumentar la cantidad”. Ortiz: “pues eso
me jode más todavía”.
El 29/01/2009 Serra:” oye otra cosita, con el proveedor
nuestro (se refiere a O.M) que habló con Muguruza (empleado de
Ortiz) creo que lo tienen todo pertrechado y claro me dicen
que necesitan el pago ya”. Ortiz: “creo que ya está hecho”.
Serra: “el pago, bueno los pagarés…. el talón o los pagarés”.
Ortiz: “yo ya di orden de que se solucionara, lo comprobaré”.
Serra: “vale si te lo digo porque tienen problemas en
tesorería” (concuerda con la declaración de Álvaro Pérez).
El 2/02/2009: “y otro tema de lo que hablamos el otro día,
del proveedor ese nuestro (O.M) que me han llamado hoy, que la
gente tuya todavía no les había respondido”. Ortiz: “le he
dado orden yo, el viernes”. Ortiz:” hoy ya habrán llamado a
Muguruza, que le llame mañana que la orden está dada”. (todo
concuerda con las conversaciones primeramente señaladas) y
aquí aparece una frase de Ortiz que es reveladora del ya
reseñado peligro que la financiación irregular supone para la
limpieza de la contratación administrativa. pues Ortiz dice
literalmente, tras hablar del pago a O.M que necesitan verse
personalmente para “esas obritas que van a salir, coño, a ver
si nos echas una mano”.
El 8/02/2009 tras conversar sobre el “lio montado” y tras
decir Ortiz que Serra contacte con su amigo para ver si puede
parar la movida. Serra dice: tenemos mucho, hacemos mucho
trabajo con ellos y está todo correcto, todo facturado y todo
contrastado y la contabilidad perfecta por tanto no nos
preocupa en ese aspecto.

 El 11/07/2009 Serra:” solo una cosa, todo lo de las
facturas, que lo tengáis atado y pertrechado”. Ortiz: “todo en
orden”. Serra: “bien, bien que lo tengáis documentado todo
bien”.
El 22/08/2009 Serra: “lo que estamos esperando me dicen
que ya ha llegado, solo eso que ya ha llegado la cajita de
naranjas a Valencia, bueno ya te contare cuando la abra,
hablan de un futuro conceller preguntando Serra: ¿sabes a
quien me gustaría a mí?, se auto responde,” un amigo tuyo” (de
Ortiz) o sea Ricardito, concluyendo Serra:” lo de las
naranjitas: ya han llegado a Valencia”.
El 27/09/2009 respecto a una información publicada
relativa aparentemente a financiación ilegal, tras tildar de
jetas y sin escrúpulos y sinvergüenzas a los informadores
planean una estrategia de contraataque manifestando Ortiz:”
hay que salir diciendo, este señor nos ha hecho unos trabajos
(se refiere a O.M) le hemos pagado y ¡a tomar por culo!, y el
tema es que os van a dar de hostias por un tubo, como no
salgamos nosotros diciendo esto es así y defendiendo el tema”,
y tras manifestar Ortiz que el informe lo ha hecho un policía
mandado por el PSOE, o afiliado a él, Ortiz dice: “los
partidos no se financian así, se financian de otras maneras y
si quieren solucionarlo no metan a los empresarios por en
medio que no tenemos nada que ver, esto es un trabajo que se
ha hecho y punto….” Y Serra: “yo creo que esa es la defensa, y
aparte es lo que hay que decir y así lo refleja la
facturación”.
Dada
la
pluralidad
de
indicios
unívocamente
incriminatorios resulta perfectamente lógico conforme con un
criterio racional, extraer la conclusión que David Serra no
solo era perfecto y completo conocedor de la trama urdida,
sino cooperador hasta podría calificarse de entusiasta de la
ilegal financiación de P.P.C.V. Si a ello añadimos la
confesión de Costa, que le coloca como activo integrante de la
trama, no hay duda alguna de su culpabilidad. No hay que
acudir al dolo eventual, en su caso es dolo directo y de
primer grado como voluntad maliciosa dirigida, con pleno
conocimiento de la ilicitud, a la comisión del delito.
Esta voluntad maliciosa queda patentizada, además en el
uso de un lenguaje críptico pre- acordado y convenido en sus
conversaciones telefónicas con Álvaro Pérez, las expresiones
“magdalenas” refiriéndose al empresario Enrique Ortiz, y
facturas (galletas), dinero en metálico (biscotes) son bien
elocuentes. Acreditan el acuerdo previo en el plan urdido
pues, si no hay convenio
el uso de
esas expresiones si no
estás al tanto de su sentido, carecería de lógica alguna. Y
acredita, además, que conocía de lo ilícito de las operaciones
pues si estás fueran legales no hubieran utilizado tales
significantes con otros significados. Y todo lo anterior puede
predicarse de los que en diversos momentos temporales
intervienen en esas conversaciones Álvaro Pérez, Pablo Crespo,
Cándido Herrero, Ricardo Costa y Francisco Serra.
También es muy elocuente por parte del grupo Correa que
utilicen un lenguaje simulado tal como las tan repetidas
expresiones como Barcelona “dinero B” y Alicante “dinero A”,

 (facturas ) denominan “parque” a la caja fuerte del Banco de
Santander
utilizada
por
Cándido/Crespo,
y
toda
la
organización designe a personas concretas (empresarios) con
apelativos como “el príncipe” o “el cantante” a políticos
como “el tuerto” y se usen profusamente solo las iniciales de
los máximos jerarcas del P.P.C.V y como al máximo dirigente
del “grupo Correa” ,es decir al propio Francisco Correa se le
denomina en la “caja B” como “D. Vito”.
Es evidente que se trata de ocultar una actividad ilícita
enmascarando mejor o peor conceptos y personas.
SEXTO.- En cuanto Cristina Ibáñez Vidal certificadamente
consta como Gerente Regional del P.P.C.V de 2005 a 2009
ostentando el cargo en 2007
de Administrador de Campaña
Autonómica (5 de abril de 2007), excepto el periodo que por
baja maternal es sustituida por Yolanda García Santos entre
junio de 2008
a noviembre de 2008, siendo esta nombrada
Tesorera del partido el 19/10/2008 pero Cristina trata de
presentarse
en juicio como una mera empleada burocráticoadministrativa que nada controlaba, que nada debía, que se
limitaba una vez recibía una factura a emitir el talón
correspondiente, niega saber nada de ingresos ni del origen de
estos, en todo caso atribuye a Costa la orden de los pagos y
niega todo conocimiento de ingreso en dinero en metálico,
aunque reconoce (a su defensa) que los donativos en metálico
los recogía
de Víctor Campos, ( a quien
no afecta
esta
resolución ) y tomaba paquetes
(sic) de los donantes
anónimos.
Esta declaración de recogida de dinero en metálico es
corroborada por R. Costa en su declaración, en que manifiesta
que se recogen en metálico una cantidad superior a 500.000
euros de diversos empresarios, entregándose a la gerente,
Cristina Ibáñez, y él personalmente cito a Crespo a la sede
del P.P.C.V donde se le entrego todo el metálico, considerando
Costa la deuda saldada. (año 2007).
Y es altamente indiciario como a su vez Cristina en solo 2
días de mayo de 2007 (folios 1570 y siguientes, disco 161
Doc.4) ingresa en banco, en efectivo, una serie de cantidades
que en ningún caso superan los 3.000 euros reconociendo que
así, se evitaba la legislación vigente que obligaba al ingreso
nominativo.
En definitiva, según Costa cobraba en metálico y reconoce
que ingresaba en efectivo, pero siempre por debajo de los
3.000 euros, de tal modo que preservaba la identidad de los
donantes.
Significativo también es el acreditado pago a “ORANGE
FACTORY”, subsidiaria de O.M por medio del talón de 100.000
euros firmado por ella, contra la cuenta del P.P.C.V en
Valencia, cuenta en que obviamente Cristina tenia firma
mancomunada con Costa, y Serra.
Este talón, que ya se ha mencionado, fue producto de un
pago realizado por Ortiz e hijos y cubierto por la factura
falsa 163/2008, como se explica en el apartado 4.2 título
“galletas” (o sea facturas Enrique Ortiz) del informe de la
U.D.E.F 76.090 de 30 de julio de 2010 donde en su página 24
resulta que la deuda del P.P.C.V en diciembre de 2008 se ve
minorada por el total cobro facturas, incluyéndose el importe

 de dicho talón en
contraída con O.M.

la

minoración

de

la

deuda

que

tenía

Y la propia Cristina reconoce en juicio que no había
trabajo alguno que cubriese el importe de dicho talón, que
sabía que la deuda con O.M era alta y conforme había
posibilidad se iba pagando a plazos. Pero curiosamente la
misma Cristina declara que una vez recibía la factura de O.M,
ella revisaba si era formalmente correcta y, tras el visto
bueno de Costa la pagaba.
El cobro de este
declarado pues la factura
no
obstante
lo
cual
minorización de lo debido

talón acredita la falsedad de lo
ficticia, se libró a Ortiz no al P.P
Cristina
hizo
la
correspondiente
por el P.P.C.V.

También es indicativo los correos cruzados entre Cristina
y Cándido y ratificados por el Inspector-jefe de la U.D.E.F,
agente 81067, debiendo recordarse previamente que Cristina
niega en juicio toda inspección e intervención en el tema de
los presupuestos de O.M para actos del P.P. Así en el correo
cvalenciana @.p.p.es, certificado como de Cristina Ibáñez (P-1
TOMO 13, f3687) Cándido Herrero le remite como datos adjuntos,
el 26 de enero de 2017, “gastos Castellón”, constando otro
correo de Cristina a Cándido en la misma fecha donde le
especifica medios materiales y humanos para dicho acto,
adjuntando a su vez presupuesto remitido a la propia Cristina
para una campaña de azafatas de imagen.
En definitiva, Cristina
supervisión no solo de las
presupuestos precedentes.

participaba activamente en la
facturas de O.M sino en los

Constan además una serie de talones firmados por ella a
los folios 2282 a 2304 en que salvo 2 firmados (recuérdese
firma mancomunada) por ella y Yolanda y otro de Costa y Serra,
son pagos a O.M a cargo del P.P.C.V.
Es decir como gerente regional y administradora de campaña
autonómica de 2007 (certificado de Serafín Castellano,
secretario en 2014 del P.P.C.V) no era una mera auxiliar
administrativa como quiere presentarse pues como consta en el
Boletín Oficial de las Cortes Valencianas (P-1 Rdoc-TOMO 1) de
21 de septiembre de 2007 en el informe-declaración de la
Sindicatura de Comptes consta que la información presentada,
y la información que
entregó Cristina Ibáñez (documentos
obrantes TOMO VI Y VII (P1) Anexo V) firmado por ella misma
deben
aparecer
los
siguientes
conceptos:
1)
libros
y
documentos contables, 2) libro diario, 3) libro mayor,4)
balance de sumas y saldos , 5) balance de situación, 6) cuenta
de pérdidas y ganancias, 7) detalle de la cuenta bancaria
utilizada, 8) documentos originales de gastos e ingresos
electorales, 9) arqueos de fondos, 10) extractos bancarios,
11) fotocopia póliza de crédito. Estos son los documentos
presentados por Cristina Ibáñez, no se duda que supervisados
por Costa pero que la sitúan en una posición evidentemente más
elevada que la de mero auxiliar de este.
También consta que los gastos electorales declarados del
P.P.C.V ascienden a 1.249.220 euros y que la suma satisfecha

 (oficialmente) conforme la propia Cristina fue de 175.000
euros. Esta es la cantidad que se presenta a la Sindicatura.
La diferencia a satisfacer por subvención pública y crédito
concedido al P.P central.
Pue bien conviene recordar que efectivamente la factura
79/2007 expedida por O.M al P.P.C.V, concepto Elecciones
autonómicas de 2007 es por esa cifra 175.000, pero conforme
informe U.D.E.F de 30 de septiembre de 2014 (Anexo III) folios
49 y siguientes, solo los pagos realizados por O.M a sus
proveedores (así consta en facturas proveedores campaña 2007)
quintuplica el gasto electoral contabilizado por el P.P.C.V,
que evidentemente no pagaba O.M a precio de coste.
Por tanto, no es de recibo, ni se admite, ni es creíble
que Cristina Ibáñez, gerente del partido y con obvias
responsabilidades contables, no advirtiera o consintiera tan
descomunal descuadre.
Añadamos a ello que tal como consta en la pieza 1, TOMO 1
folio 111, la gerente nacional del P.P Carmen Navarro ha
certificado en escrito dirigido al TSJCV de 10/1/2012, que en
el caso de elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana y
las de los gastos realizados por el partido en las elecciones
generales el responsable de la contabilidad es el gerente
regional.
Pero, además, testificalmente, se ha corroborado que
Cristina tenia encomendadas funciones de control de ingresos y
gastos y que estos tenían un límite pues obviamente hasta en
la contabilidad más elemental de cualquier grupo hay que
atemperar los gastos con los ingresos, por ella pasaban los
unos y los otros, no puede pretender ser una mera subalterna
sin poder decisorio alguno, máxime cuando en la campaña 2007
era además
Administradora de la
Campaña
Autonómica, así
Luis Barcenas, en su condición de gerente nacional del P.P,
tras recordar que en la época de autos apoderó a Cristina y
Costa desde el punto de vista económico, reiteró a los
gerentes que no podían exceder el límite de gasto, siendo
obligación del gerente contabilizar todo gasto. Entregándoles
los manuales que han sido exhibidos en juicio “Normas para la
Administración de la Campaña electoral autonómica 2007 y
generales 2008 “en una reunión que se convocó al efecto,
advirtiéndoles por tanto oralmente y por escrito que debían
llevar una adecuada contabilidad ingresos/gastos sin exceder
jamás los límites legales. Esta testifical del gerente de la
época esta corroborada también testificalmente por la gerente
nacional Carmen Navarro, en enero de 2012 que en suma reitera
el rígido control al que debían sujetarse los gerentes
regionales, tanto en lo relativo a la contabilidad general,
aplicándose el plan general de contabilidad, como a facturas y
límites del gasto, limites en prensa, radio( máx 25%
del
total) , carteles y pancartas (máx 25%) y ya hemos indicado
que
solo
por facturas a proveedores a O.M, esta realizo
trabajos muy superiores a ese límite. Recuerda también Carmen
Navarro como la gerente debía verificar, (pieza 1, tomo 1,
folio 113), que todas las empresas realizadoras de operaciones
de campaña por un importe superior a 6010,12 euros hubieran
informado a la Sindicatura de Comptes su facturación. Y es
evidente que Cristina no cumplió esa obligación, pues recordar

 que tanto Cándido como Álvaro Pérez han declarado que nadie
jamás en el P.P.C.V les habló de límites de gasto o de
obligaciones previstas en la L.O.R.E.G. Recordando Barcenas
que instruyó perfectamente a Cristina y otros gerentes
regionales, su obligación de llevar el control económico de la
campaña y coordinarse con la central a saber, de qué medios se
dispone y
cuál es el presupuesto de la campaña. Añade
Barcenas que el gerente debía reportar al Secretario regional
del partido y conforme al citado manual, es el gerente el
obligado y responsable de su correcta aplicación, todas estas
aseveraciones han sido confirmadas en la vista (respecto de
las funciones de los gerentes) por los Sres. Moscardó, Clarot
y Cascales, gerentes del partido que lo fueron en Valencia,
Castellón, Alicante que confirman lo obvio : que es el gerente
regional quien controla, contabiliza, dirige y administra las
cuentas del partido (ingresos/gastos)
en el ámbito de la
Comunidad Autónoma .
Por último, Cristóbal Páez Vicedo gerente nacional del P.P
ha declarado como testigo y en varias ocasiones preguntado y
repreguntado, que son los gerentes regionales, los que
responden de las cantidades que reciben y que saben y se les
especifica con total claridad cuál es el límite del gasto.
Reconociendo este testigo que el 27 de septiembre de 2007
presento al Tribunal de cuentas la contabilidad del P.P
correspondiente
a
las
elecciones
de
2007.
Entre
esta
contabilidad del partido nacional aparecía la de la regional
de Valencia, visada por el auditor Carlo Lucca, la cual era
formalmente correcta, y era correcta por que Cristina había
presentado una contabilidad inauténtica, tan inveraz como
muchas
de
las
facturas
y
donaciones
supuestamente
de
particulares en las que se sustentaba. En idéntico sentido
Luis Barcenas certifica la remisión al Tribunal de cuentas de
la contabilidad del partido en las elecciones generales de
2008.
Es decir, la contabilidad que presentó Cristina no se
correspondía (en absoluto) con la fiel imagen de la situación
económica del P.P.C.V.
Aunque el descontrol de cuentas ha sido comentado por
Serra en juicio es confirmado por el Secretario general del
P.P.C.V en 2012 (pieza 1, tomo 5 , folio 1255) certificado al
ser requerido por el TSJV sobre facturación de su partido en
el año 2007 y 2008, que resulta que la colaboración con O.M
tuvo carácter general, facturándose a tanto alzado
los
servicios prestados para una serie de actos del partido
indeterminados
y tras reiterar que las cuentas las llevaba
Cristina Ibáñez, declara que esta controlaba
no solo los
gastos de funcionamiento ordinarios del partido, si no todo el
tema de las facturas
de los procesos electorales de 2007 y
2008, siendo ella la que aportó la documentación contable al
Tribunal de cuentas Regional (corroborado) y del Estado.
Muy ilustrativa también la declaración de Carlo Lucca,
jefe o director de la auditoria interna del P.P –nacional- que
reitera que antes de los procesos electorales se les entrega
siempre a los gerentes un “Manual de Instrucciones” con
reunión y entrega de esas instrucciones escritas, que se

 amplían con verbales,
que el límite se comunica al gerente
nacional , o sea gasto máximo, y se hace presupuesto y se
participa a los gerentes regionales aclarando que en
las
elecciones
municipales
se
contratan
por
la
central,
determinados servicios comunes como el “Mailing” electoral
pero que siempre se comunican limites por otros servicios como
vallas, cuñas radio, etc… que, naturalmente en las Autonomías
se instruye al gerente regional del límite del gasto, siendo
obligación del gerente controlar que no se exceda el
presupuesto
estimado,
previamente
advertidos,
debiendo
aclararse (certificación Tesorero Nacional )que los datos
recibidos, en la Central del Partido, no son modificados en la
oficina nacional del partido, sino exclusivamente consolidados
en la contabilidad de la organización.
Vamos a constatar que a Carlo Lucca se le ha exhibido la
documentación que consta respecto a los límites del P.P
respecto a las elecciones del 2008 ,que ascendían para todo el
territorio nacional, campaña en toda España, a 16.500.098
euros y para las de 2007, 11.765.734 por lo que teniendo en
cuenta lo expuesto por los testigos y lo gastado realmente por
el P.P.C.V conforme informes de U.D.E.F y AEAT ,por facturas
de proveedores de O.M. el limite se excedió de forma más que
notable y ese exceso, esa incoherencia
entre ingresos,
legales (subvenciones públicas
al partido, créditos por
pólizas de crédito, cuotas de militantes) y gastos reales del
partido en las campañas, tenía que ser conocido indudablemente
e inexorablemente por Cristina pues, es evidente que sino
hubiera sido por las “aportaciones” de los empresarios, jamás
habrían cubierto gastos electorales, elecciones en las que en
2007 además era precisamente Administradora general de
campaña. Resulta además que las cuentas presentadas a los
organismos de control eran totalmente inveraces y por ella
fueron presentadas, quizás su responsabilidad quien la haya
resumido más concreta y acertadamente haya sido Dª Adelaida
Pedrosa Román: Cristina Ibáñez era quien debía fiscalizar los
gastos y además los presupuestos.
Cristina desempeñaba pues una labor técnico-contable por
disposiciones legales y del Partido, y era evidentemente
supervisada por Costa/ Serra como superiores jerárquicos de
carácter político. pero no puede alegar ignorancia y mucho
menos obediencia debida cuando, como hemos visto, participaba
en la elaboración de presupuestos (a ella se dirigía Cándido)
manejaba dinero “B” y es materialmente imposible que con los
ingresos legales del partido pudiera sufragar los gastos, que,
no olvidemos presenta ante los organismos de control. Esa
rendición de cuentas públicas, implica que conocía, porque era
su deber, el gasto real realizado y consecuentemente la
ilicitud de muchos de los ingresos recibidos por el partido.
No se va a reiterar lo ya expuesto respecto a la cooperación
necesaria y al principio de la imputación recíproca, ya
examinada: cada uno con su aportación construye y consuma el
delito como un todo que a cada uno le es atribuible no
parcialmente, sino en unidad globalizada.
Pero si se va a recordar en su caso, la variante de la
eventualidad. Cristina aunque alegue ignorancia debería haber
asumido lo ilícito de los actos realizados, no es que sea
altamente improbable su error, es que es completamente

 imposible (el testigo Lucca, supuestamente en su descargo
habla de profesional minuciosa, escrupulosa y preparada) con
esa preparación y esas cualidades es inaceptable que alegue
que se limitó a practicar asientos contables, máxime teniendo
en cuenta su posición en el organigrama del partido y por
disposición de la ley. Cristina conocía el entramado u actuó a
sabiendas.
También en este caso hay que traer a colación la moderna
doctrina del dolo eventual: (Cristina) obró con dolo eventual
desde la doctrina de la probabilidad o representación, esto es
tener conocimiento de la alta probabilidad y presentarse, el
resultado delictivo y en consecuencia del alto grado de
probabilidad de que esto ocurra, no obstante, lo cual realizo
los actos que constan.
SEPTIMO. - En cuanto Yolanda García, ocupa la plaza de
Cristina Ibáñez por sustitución por baja laboral de la misma
de junio de 2008 a noviembre del mismo año y además es
nombrada tesorera regional el 19 de octubre de 2008, cargo en
el que continua en 2009, tenía firma mancomunada en la cuenta
del partido junto con Costa, Serra y Cristina Ibáñez, y así lo
certifica D. Serafín Castellano secretario general del partido
en 2014.
Yolanda confirma que toda su carrera política la hace en
el P.P.C.V, tanto a nivel parlamentario (grupo en Corts) -2
legislaturas- como en ciertos cargos de libre designación en
la Administración Regional.
Y hay dos notas destacables: No solo ejerce de manera
interina, por baja de la gerente en un corto periodo, como que
es designada Tesorera Regional desde octubre de 2008. Declara
que antes de junio, antes de la baja de Cristina, esta se lo
“explicó todo” y ya hemos visto hasta qué punto Cristina
estaba al tanto de la financiación. También siendo mujer
absolutamente vinculada al P.P.C.V declara que su nombramiento
de tesorera fue especialmente impulsado por Costa, confeso
autor de este delito.
Curiosamente si Cristina ha alegado una a modo de
ignorancia profesional del sistema creado para financiar
al
P.P.C.V, actuando, a su decir, poco más que como mera
apuntadora contable, Yolanda ha reclamado una ignorancia que
podría calificarse de supina, nada sabe de cuentas, de
balances, de números, de Tesorería en general, limitándose a
rellenar y firmar
talones a las órdenes de Costa/Serra, en
suma ha venido a alegar error como conocimiento equivocado de
que actuaba ilícitamente, no obstante lo cual es nombrada
Tesorera del partido, enseñada por Cristina y colocada por
Costa.
Como veremos enseguida, por su puesto y designación y sea
cual sea el “nomen iuris” que se le asignara, ayudó o coadyuvó
a Costa/Serra/Cristina a cometer el delito: Se
considera acertada la imputación del M. Fiscal de cómplice de
los anteriores. No está en el núcleo del delito si no en su
periferia. El autor ejecuta el hecho propio mientras que el
cómplice contribuye al hecho ajeno. El cómplice favorece y
coopera, pero no con carácter de esencial necesariedad para el
fin delictivo.

 Subjetivamente se aprecia pacto con los co-autores el
llamado “pactum scaeleris” como concierto de voluntades,
coetáneo, inicial o sobrevenido, expreso o tácito junto con la
plena conciencia respecto a la ilicitud y de la antijuricidad
del acto (conciencia scaeleris) y también en este caso hay una
pluralidad de indicios inequívocamente incriminatorios de que
Yolanda pese a sus reiteradas reclamaciones
de ignorancia
total, conocía perfectamente del entramado facturero creado
(año 2008 exclusivamente) y esa pluralidad de indicios viene
constituida por la conversación telefónica
de
29/1/2009,
oída en juicio, en que Cándido el gran urdidor de facturas
falsas, le dice a A. Pérez : “quedo con Yolanda y modifico
facturas”, a enviar a Ana Orts (secretaria de Costa) ,
previamente el 18 de diciembre de 2008 conversaciones
Álvaro/Crespo : “Rambla no me ayuda diciendo, refiriéndose a
Yolanda, esto hay que arreglarlo”, aludiendo a que hay que
hablar con Costa para no meterlo todo en el mismo ejercicio,
añadiendo Álvaro que :”va a hablar con Serra y Yolanda y que
se puede facturar en 2 partes: al grupo parlamentario
y al
P.P.C.V”.
Consta también en SMS Yolanda dice a Álvaro: “tengo tu
cheque del grupo parlamentario para hoy y tú me das la
factura” (es todo lo del grupo), el tan repetido cheque de
123.000 euros que Serra (fondos de Ortiz) le dio para entregar
a Álvaro y hay conversaciones de 23 de diciembre de 2008 en
que Álvaro/Cándido convienen en llamar a Ana Orts (Costa) para
obtener los datos del grupo parlamentario y la consiguiente
factura.
Llegados a este punto resalta que todos los integrantes
del “grupo Correa” especialmente Cándido/Crespo y Álvaro han
declarado que no distinguían entre actos electorales, actos
del partido y actos del grupo parlamentario para ellos todo
era deuda P.P.C.V y el 26 de diciembre de 2008 otra
conversación Yolanda/ Álvaro: “Tengo talón, tú me das
factura”.
Y el 2 de febrero de 2009 Yolanda a Álvaro: “guapo que
tal, hay que hacer una factura” (conversación relacionada con
el talón de 4 de febrero de 2009). Recordando Yolanda en
juicio que Costa le dijo que llamara a Álvaro, que él le diría
el importe y la factura, que Álvaro le dijo que serían 100.000
euros y que Costa le dijo:” Cristina te explicará”. Recordar
que O.M no emitía facturas al P.P.C.V.
Y el 13 de febrero de 2009 Yolanda/Álvaro:” Hola querido
estoy en la oficina, hoy te doy papel a cambio de lo otro,
¿Qué concepto ponemos?”, dice Álvaro “déjame que te lo diga,
yo hablo con Crespo a ver cómo hacemos” y Álvaro: “no quiero
hablar por teléfono”, Cristina: “ya, ya …”
También es reseñable que declara en juicio con relación a
la factura 115 que había problemas con esa factura y Costa le
dio pocas explicaciones, por lo que llamó a Álvaro que acudió
a la sede del partido reuniéndose Serra, Cándido Herrero, la
gerente (Cristina) y ella misma. Y la factura 115 por importe
de 25.862 euros es la que aparece en el documento “total deuda
B y deuda A” (R-17, doc. 105) intervenido en O.M en que tal

 factura aparece englobada en “aportaciones” de empresarios,
junto con la 116 e ingresos de E.G (Enrique Gimeno) y E.O
(Enrique Ortiz) y que se computa para minorar la deuda del
P.P.C.V con O.M. No es sostenible que convocara a O.M para
aclarar una factura tan mendaz como la citada 115 y alegue
ahora que nada sabía de pagos a empresarios, por tanto,
colaboraba a sabiendas en el plan urdido para que estos
pagaran gastos del P.P.C.V.
Alega Yolanda que ella no sabía nada. Alegación fútil,
pues se trata de pagar una cantidad determinada por un
concepto no precisado. Es altamente imposible que no supiera
de la ilicitud del tema y así el 13 de febrero de 2009, ante
las quejas de Álvaro, este se compromete a elevarle las
facturas (en plural) y tú me das “eso”.
Y el 4 de febrero de 2009 Yolanda reclama a Álvaro que vaya
con Cándido para abonar la factura 115, no entendiéndose bien
si dice vente con la lista (de facturas) o con la esta, la
cual es en el fondo irrelevante.
Recordar que estas facturas son las falsas por supuestos
trabajos de O.M al P.P.C.V, este partido emite las facturas y
son los empresarios los que pagan a O.M y precisamente el 4 de
febrero Yolanda acompaña a Cándido hasta el banco (banco donde
este guardaba el dinero satisfecho por los empresarios).
Yolanda reconoce que firma el talón de 100.000 euros de
fecha 4 de febrero de 2009 junto con Cristina a favor de O.M,
talón ya comentado.
Al mismo tiempo no sabe explicar cómo no compagina talones
con facturas, firmaba talones y nada quería saber, aunque
convoca reuniones con O.M. Y muy reveladora es la conversación
de 26/12/2008 entre Álvaro y Costa. Costa: “tienes ya el …. “,
Álvaro: “me lo ha dicho Yolanda”. Costa: “¿el nombre lo
tienes?” “me lo ha dicho Yolanda, el lunes por la mañana vamos
Cándido y yo a por él”, “vale, vale” dice Costa: “ya podéis
hablar con este”, con Enrique (evidentemente Enrique Ortiz)”
para los otros cien”.
Y muy significativo, como ya se ha dicho, es que en el
documento manejado y exhibido en juicio (R17/Doc 105/ cobros
2008 bis copia xls, pestaña control cobros). Recuérdese total
deuda “A” y total deuda “B” aparece la tan repetida factura
115 que Yolanda tenía que aclarar y que junto con la 116 y la
aportación de “E.G” de 200.000 euros, es decir empresario
confeso Enrique Gimeno y la aportación de 100.000 euros de E.
Ortiz servían para minorar la deuda que el P.P.C.V tenía
contraída con O.M por la serie de actos electorales que se
especifican en 2008.
Pues bien, esa cifra coincidente con el talón antes
mencionado de 4 de febrero, “aportada” por E. Ortiz es la que
se hace constar en el “libro mayor “llevado por Yolanda donde
consta un apunte de fecha 4 de febrero de 2009 donde aparece
factura 180 y resto pendiente de 100.000 euros, (pieza 1 TOMO
10 F. 2985).
Y en el documento anterior también consta (total deuda A y
B) que, tras el pago de empresarios, entre ellos los 100.000
euros de E.O (Enrique Ortiz) restaba una deuda pendiente de

 178.982 euros, y recuérdese que los pagos en “A” son con
coberturas de facturas y los en “B” con dinero metálico.
Yolanda llevaba dicho libro mayor y apuntaba como pendiente la
cantidad a aportar por un empresario, conociendo su génesis y
causa.
Es evidente y tanto más dado el tono de cordialidad y
amistad, oído directamente, entre Yolanda y Álvaro que esta
aun sin ser una pieza clave en el entramado, que, si ocupó
Cristina, coadyuda a los autores materiales con actos de
auxilio y que tanto por lo ya expuesto en las conversaciones
telefónicas tanto de Crespo como de Costa esta estaba
perfectamente enterada del fraude de las facturas. Sus apuntes
contables del P.P.C.V coincidentes con los intervenidos en O.M
son también muy elocuentes.
Por último y como mera nota corroboradora, en el informe
ratificado por el policía nº 76.134 consta la exhibida agenda
ocupada a Crespo (R-11, exp 1ª, folio 1422 anverso) bajo las
iniciales R.C (Ricardo Costa) aparece lo siguiente manuscrito:
Detalle videos, resto otros videos, sobreprecio Yolanda, bajar
A (50/70) liquidar resto “B”.
OCTAVO. - Respecto a Vicente Rambla ocupó diversas
consejerías de 2003 a 2007, siendo en 2002 a 2007 consejero de
Relaciones institucionales y Portavoz de la Generalitat
Valenciana, siendo también vicepresidente 1º y sucesor de
Víctor Campos.
Por tanto, no es hombre integrado en el aparato
partido y ha ocupado diversos cargos institucionales.

del

A los efectos que aquí interesan fue nombrado coordinador
de la campaña autonómica 2007 y responsable del programa
electoral generales de 2008, junto con otras dos personas
(certificado Secretario General ya citado) tenía encomendadas
funciones netamente políticas, pero no ocupaba cargo alguno en
el organigrama del P.P.C.V.
Como coordinador o director de campaña debía dirigir los
programas del partido, promocionar candidatos, configurar los
mensajes electorales, cuáles y en qué momento y priorizar
medios: audiovisuales o escritos: Asegura en su declaración
que ha sido percibida como de notable firmeza y seguridad, que
nadie le fijo límite alguno para el gasto electoral, lo cual
visto lo actuado en juicio resulta hasta creíble.
Confirma que O.M era empresa introducida en Valencia por
Francisco Camps y que tanto este como R. Costa eran los que
manejaban los fondos del Partido, que eran quienes se
relacionaban más intensamente con Álvaro Pérez, que estos no
le hablaron de límites estrictos, de gastos de campaña, como
tampoco le dijo nada la gerente.
Admite que tenía que coordinarse con los creativos de O.M,
con ellos tenía comunicación fluida pero relativa solo
“al
qué, como, cuando, de mensajes políticos” sin tocar la gestión
financiera, si bien que cuando conoció lo que pretendían
cobrar por los actos consideró que O.M actuaba con márgenes de
ganancias inadmisibles y descabellados (sic).Reitera en juicio

 ,admitiendo que los actos de comunicación se hicieron por O.M
,que
consideró
inaceptables
ciertas
partidas
como
las
facturadas por videos electorales: admite que la factura era
de 335.000 euros y que la consideró absurda
y disparatada
(consta en Deuda comunicación. Resumen Pagos).
Reconoce sin embargo que tenía buena relación con Álvaro
Pérez derivada del colegio común de los hijos de ambos,
añadiendo
que
Álvaro
fanfarroneaba
por
esa
relación,
calificándole de persona simpática y verborreica a la que
gustaba alardear de relaciones con los altos cargos.
Ya hemos señalado que la prueba indiciaria exige de una
pluralidad de indicios inequívocamente incriminatorios, de los
que extraer por un procedimiento inductivo una conclusión
lógica, razonada y razonable. Y en el caso de Vicente Rambla
hay que traer a colación la declaración
de Ricardo Costa
cuando relata que el sistema que aquí se analiza fue una
“innovación” para conseguir más fondos para el partido además
de las subvenciones y de las aportaciones en metálico de
empresarios contratistas con la administración y que esta
“innovación” fue introducida por Víctor Campos (a quien no
afecta esta resolución por su condición de testigo y por
posible prescripción) y era la tan repetida de enmascarar esas
donaciones
de
empresarios
(prohibidas
por
ley
tanto
cuantitativa
como cualitativamente) con falsa facturación .
En esta primera parte del sistema de ideación o preparación no
hay vestigio alguno de intervención de Vicente Rambla. En el
mismo sentido Adela Pedrosa, secretaria general del P.P en esa
época declara como testigo, que Rambla se limitaba a hacer
funciones de director de campaña en 2007, que quien manejaba
el dinero del partido era Costa, supuestamente fiscalizado y
controlado por la gerente Cristina Ibáñez, y que jamás se
reunió con Rambla para tratar temas económicos.
Pero Ricardo Costa si declara que V. Rambla, sucesor en la
Generalitat de Víctor Campos si conocía el sistema ideado por
este respecto de las falsas facturas, pero conocer no es
cooperar, no se ha producido una sola prueba que permita
concluir que Rambla participo de manera directa y eficaz en
esa fase de “captación” o “utilización” de empresarios para
financiar el partido, si bien es cierto que sucedió a Víctor
Campos como vicesecretario del P.P.C.V. Evidentemente omitió
un actuar más que ético, pero este delito no puede cometerse
por omisión ni tenia V. Rambla posición de garante, no era
administrador
de
fondos
en
general
ni
electorales
en
particular (art. 11 del C.P).
Esta sucesión de cargo y posible conocimiento de
irregularidades no es indicio inequívoco y plural exigido por
la jurisprudencia para fundamentar una condena.
Además de la citada Pedrosa, varios testigos han excluido
su participación en el entramado, tales como Paula Sánchez de
León, Secretaria Autonómica de Comunicación en 2007 que viene
a confirmar lo declarado por Rambla: su relación con O.M se
derivaba de que esta compañía era pieza esencial en las
campañas del P.P.C.V, y “Plan de medios” o en ciertos actos
como “Acto Oceanográfico “ pero que carecían
en absoluto de
disponibilidad de medios económicos para satisfacer a la

 compañía, reconociendo ser coordinadora política ella y Rambla
pero no la gestión económica..
También la asesora de Rambla, M.C Sánchez Vicente,
subordinada de la anterior que refiere su relación con O.M
desde el punto de vista de planificación de medios y mensajes,
pero nada relativo a la gestión económica
, también
Sonia
Morales asesora parlamentaria de V.R que corrobora
a los
anteriores perfilando a Rambla como director de campaña,
obviamente de contenido político pero sin actuaciones directas
económicas, asimismo otros testigos como J.J. Medina Esteban
coordinador
de campañas 2007/2008 por la provincia de
Valencia ,
o M.A Peralta Viñas, coordinador
de campaña en
Alicante, 2007/2008 desvinculan a este de cualquier cuestión
económica
en las citadas campañas y en el mismo sentido
Miguel Carot Blasco, gerente de Castellón. Asimismo, todos y
cada uno de los comparecientes en juicio preguntados por su
defensa han negado cualquier implicación económica de V.
Rambla en los gastos del partido.
También
podrían
considerarse incriminatorias
ciertas
alusiones con su nombre que resultan por ejemplo en
conversación de 26/12/18, Álvaro/Costa (el 1º al 2º hay que
conseguir 350) y antes Ricardo: “le dijiste a Rambla lo que te
pedí”, y en conversación 18/12/08 Álvaro y Pablo la tan
repetida: “Rambla no me ayuda, se lo he dicho a Serra y
Yolanda” la cual no es inequívocamente incriminatoria.
La defensa de este acusado se ha cuidado de aportar un
listado de conversaciones telefónicas, algunas oídas en sala,
que vendrían a constituir, contra-indicio a las antes citadas
(conversaciones 10/12/08), Álvaro-Serra :“ a ver si Rambla se
mueve, ni me ha contestado, que le follen” ,18/12/08, Serra a
Álvaro: “ olvidaros
ya del tema
Rambling”, la de 22/12/08
Costa a Álvaro Pérez :” un acojonado, un jeta”, mismo día ,
“se hace el sueco” el 11 de enero de 2009, “no mueve un pie…”
15/01/2009 Álvaro a Pablo: “Costa esta hasta los cojones de
Rambla” ,
el 31/01/09 Costa a Pablo : “lo de Campos
todo
para ti … el otro ni mu…”, 4/02/2009 es un jeta….”, el 5/02/09
Costa a Álvaro: “y el otro hijo de puta , el otro nada” y
Costa dice : “díselo al presidente que este no te da nada “, y
se han omitido por su
carácter absolutamente soez y
denigrante transcribir otros calificativos dedicados por
Álvaro Pérez y Costa a Vicente Rambla, que evidencian que se
negaba a realizar pagos a O.M por trabajos realizados al
P.P.C.V.
Recordar como en su declaración en la vista Álvaro decía
de Ricardo que era capaz de tirarse al agua y no mojarse.
Todas
estas
conversaciones
no
son
inequívocamente
culpabilizadoras, antes, al contrario, evidencian que Rambla
era reacio a pagar a O.M determinadas facturas que, como se ha
dicho, consideraba desorbitadas. Por lo demás la propia
U.D.E.F en su ratificado informe 76090 de 30 julio, establece.
folio 15 como en las conversaciones interceptadas son los
acusados Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero, Ricardo
Costa y David Serra los que utilizaban un lenguaje críptico o
convenido y entre los citados no mencionan a Vicente Rambla.

 Pero hay un indicio profusamente utilizado por la
Acusación para atribuir a Vicente Rambla una participación
activa en la ilícita
financiación, que no es otro
que la
denominada , en la documentación intervenida a O.M , “deuda
comunicación”, baste y sobra señalar , pues su defensa, ha
entregado un informe pericial y ratificado muy detallado de lo
que aquí se resume es que efectivamente , aparece dentro del
total debido por el partido a O.M la cantidad de 2.225.684
euros, deuda que se reduce por unos cobros (evidentemente de
empresarios, a 285.677 euros, constando deuda R.C o sea
Ricardo Costa, pero se atribuye a V. R se entiende a Vicente
Rambla, la suma de 476.418 (julio 2007), como la citada “deuda
comunicación”.
En detalle la deuda comunicación viene constituida por la
“prensa mayo” más el precio de los videos ya comentado y
considerado por Vicente Rambla desorbitado y es la cantidad
citada.
Y esta cantidad permanece completamente invariable en
noviembre de 2007 donde la deuda (a O.M) va disminuyendo
conforme se van haciendo “aportaciones” por los empresarios.
Pero todas se imputan a la deuda R.C (Costa) la cantidad de
476.418 es siempre la misma, queda invariable, viene de una
suma anterior en la que aparecen las siglas V.C debe
entenderse
Victor
Campos,
antecesor
de
Rambla
en
la
Generalitat.
Si relacionamos estos apuntes con las conversaciones que
constan (Rambla no me ayuda, Rambla se hace el sueco, Rambla
no paga) resultaría que no hay indicios bastantes de que este
pagará en “B” con dinero o en “A” con facturas falsas, dinero
al grupo Correa.
Es evidente que el “grupo Correa” trasladó la deuda de V.C
(Campos) a V.R (Rambla) por eso se considera la declaración en
juicio de Pablo Crespo, por lo demás sólida y fiable,
importante pues es quien podría dar una explicación plausible
del por qué se pasó de Campos a Rambla la suma citada.
Y la contestación no deja de ser desconcertante: no sabe
(Crespo) por que se pasó de Campos a Rambla. Por tanto, porqué
este hubiera contraído obligación de pagar a O.M no es punto
aclarado. Cándido Herrero en su declaración en juicio ha
manifestado que no conoce de nada a Vicente Rambla. Si los
gestores económicos de O.M no saben por qué Rambla era el
obligado al pago el indicio decae por definición, ser el
sucesor político de Campos no es dato suficiente.
En suma, este juzgador podría considerar que V.
Rambla por su profesión y cargos institucionales no podría
ignorar lo que estaba ocurriendo en las campañas que dirigía,
al parecer sin límite de gasto, aunque es cierto que R. Costa
ha apuntado a F. Camps, como político que no se permitía
reparar
en
esas
cuestiones.
Pero
V.
Rambla
por
sus
condicionantes políticas y profesionales (Inspector financiero
de profesión) debería haber apreciado que los gastos eran
excesivos. Por tanto, podría acudirse al principio llamado de
la ignorancia deliberada, que los anglosajones denominan muy
descriptivamente como “ceguera voluntaria”: quien se pone en
situación de ignorancia deliberada sin querer saber aquello

 que puede y debe saber debe responder de las consecuencias del
ilícito actuar en que voluntariamente participa STS 5/02/2007.
Pero la jurisprudencia posterior contempla con especial
disfavor esta figura delictiva. Así la muy reciente STC de 24
de mayo de 2017 sala penal sentencia nº 374/2017. “Esta sala
ya ha proclamado serias advertencias sobre la difícil
compatibilidad de acudir al método de la ignorancia deliberada
con la garantía constitucional de presunción de inocencia como
criterio para obtener el elemento cognitivo del dolo, es decir
para tener por probado que el autor obró conociendo los
elementos del tipo objetivo”. “El riesgo de la ignorancia
deliberada es que en el derecho vigente no cabe ni la
presunción del dolo, ni eliminar sin más las exigencias
probatorias del elemento cognitivo del dolo”.
En suma y en conclusión no hay prueba directa, ni
indiciaria de calidad y cantidad bastante que permita concluir
que V. Rambla es autor de los delitos imputados.
Desde luego no en el aspecto de su intervención en lo que
hemos denominado fase de ideación o preparación de que
empresarios contratistas con la Administración pagan al
P.P.C.V con el artificio de las mencionadas facturas pero
tampoco aparece probado en absoluto y en cuanto a la fase de
ejecución, es decir
que
cooperara activamente
en el
entramado, pagando actos del partido y gastos electorales por
esta vía o coadyuvando a ello, por lo que existe una duda
razonable, como se ha considerado motivadamente y no se puede
condenar más allá de toda duda razonable. En cuanto a la
percepción de dinero en metálico, o “B” como sucesor de David
Campos, es naturalmente posible pero no pasa de ser una
conjetura hipotética que como tal, ni puede ser considerada
para fundamentar una condena.
Desde una perspectiva de garantía constitucional de
presunción de inocencia no importa si el Tribunal duda o no,
sino si debe dudar, y en su caso dados los indicios y
contraindicios que constan es obligado constatar que surge en
el ánimo del juzgador una duda razonable.
Es decir, el exigente estándar probatorio prescrito por la
presunción
de
inocencia
hace
que
baste
un
desacuerdo
mínimamente razonable sobre la hipótesis acusatoria, para que
se aplique al acusado el beneficio de la duda,
Por tanto, en conclusión, siendo posible la comisión del
delito por V. Rambla, pero existiendo una probabilidad
razonable de que no lo hiciera, procede declararle no culpable
y por tanto a su respecto dictar sentencia absolutoria.
NOVENO. - Examinadas las concretas responsabilidades
individuales
conviene estudiar, siquiera brevemente, el tipo
que se aplica, delito electoral previsto en el art. 149 de la
L.O.R.E.G, 5/85 ,que castiga a los administradores generales
y
de las candidaturas
de los partidos, coaliciones etc… y
como ya se ha mencionado ostentarían
esta condición,
estatutaria u orgánicamente Cristina Ibáñez, como gerente del
partido, que además fue administradora de campaña autonómicas
2007, en los años contemplados, y
su sustituta temporal

 Yolanda García, que además se solapa en las funciones de esta
en 2008 y 2009. Estas serían en principio de manera puramente
formal las administradoras generales que requiere el tipo que
se configura como delito especial.
Pero conforme la verdad material que es la que importa al
derecho penal, el administrador general de las campañas
enjuiciadas fue de hecho Ricardo Costa pues es él quién tenía
el dominio funcional de la acción (Francisco Camps, Pedrosa,
el propio Serra, entre otros, lo han atestiguado) si a ello
añadimos su propia confesión, dicho administrador general fue
Costa. Y matizar: el delito especial no tiene por qué ser un
delito de propia mano. Quien tenía la condición real de
Administrador General era Costa pero lo que no se exige es que
el autor lleve el comportamiento típico por su propia mano,
pues como ya se ha dicho, desde su posición de dominio (hombre
de atrás) contó para la perpetración del delito con la
inestimable, eficaz ,directa y necesaria colaboración tanto de
los que hemos denominado “grupo empresarios”, como del “grupo
político”
Serra,
Cristina,
Yolanda
y
evidentemente
y
obviamente de los integrantes del “grupo Correa”, todos ellos,
como ya se ha dicho responden en virtud del principio de
imputación reciproca: Cada uno
con su aportación configura,
mutuo acuerdo mediante, los delitos electorales que se
enjuician, aplicando cualquiera de los principios recogidos
por la jurisprudencia :” conditio sine qua non “, aportación
de persona especial o singular (teoría de los bienes escasos)
o la citada de dominio funcional del acto. En definitiva, las
aportaciones de todos ellos fueron esenciales para la comisión
de los delitos.
Delitos que en última instancia fueron cometidos por estos
grupos comandados por el binomio Costa/Correa pues respecto al
primero la propia L.O.R.E.G en su art. 125 establece en su
punto
2
que:
“los
administradores
electorales
y
sus
autorizados para disponer de fondos de las cuentas son
responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicación a
lo fines señalados.
Su art121, que establece que toda candidatura debe tener
un administrador electoral responsable de sus ingresos y sus
gastos y de su contabilidad, estableciéndose en su nº2 que la
contabilidad se ajustará en todo caso a los principios
generales
contenidos
en
el
vigente
Plan
General
de
Contabilidad y conforme a su art. 132.3 tanto
la junta
electoral central como las provinciales podrán recabar de los
administradores las informaciones contables que consideren
necesarias, obviamente, conforme el citado Plan
General de
Contabilidad
, las cuentas del P.P.C.V estaban a una
distancia abismal
de reflejar
una imagen fiel
a su
situación financiera (ingresos/gastos).
Por tanto, toda esta trama además de infligir la ley
electoral cometió los delitos electorales antes enunciados, y
además de los aspectos puramente contables también se
infringió el art 128: 1) “queda prohibida la aportación a las
cuentas electorales de fondos provenientes (…) de las empresas
que, mediante contrato vigente, prestan servicios o realizan
suministros u obras para alguna de las Administraciones
públicas “ y el 129 que establece que - ninguna persona física

 o jurídica puede aportar más de un millón de pesetas , es
decir 6.000 euros( en la época de los hechos) a las cuentas
abiertas
por un mismo partido, coalición o agrupación para
recaudar fondos en las elecciones convocadas-. En la redacción
actual el limite se eleva a 10.000 euros ,pero sea como fuere
es
evidente
que
cualitativamente
es
decir,
las
eufemísticamente
denominadas
“aportaciones”
de
los
empresarios que constan ,que no son sino
donaciones
encubiertas
prohibidas por ley en tanto que contratistas de
la administración y aun debiendo constatarse cierta desazón
por este juzgador por la frase pronunciada en juicio por el
lenguaraz Álvaro Pérez
de que son todos los que están ( en
este juicio) pero
no están todos
los que son, lo cierto y
probado es
que estos contratistas pagaron las facturas del
P.P.C.V y por ende excediendo, y en mucho, el límite
cuantitativo, no solo el de la época , 6.000 euros sino el
actual de 10.000 euros.
En cuanto al elemento objetivo del tipo: “falseen las
cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas
aportaciones o gastos o usando cualquier artificio que suponga
aumento
o
disminución
de
las
partidas
contables
“son
actividades que en atención a todo lo que se lleva explicitado
no se van a hacer más consideraciones pues encajan precisa y
exactamente en las conductas descritas.
En conclusión, todos los acusados cuya culpabilidad se ha
reseñado
contribuyeron
cada
cual,
con
su
particular
contribución, a crear entre todos unos conjuntos delictivos
conformando un todo y cometiendo el delito enjuiciado.
Delito que como se ha razonado, es un delito de mera
actividad,
no
produce
resultado
lesivo,
económicamente
evaluable pero si afecta a valores constitucionalmente
relevantes como las funciones de los partidos políticos, la
garantía
del
pluralismo
político,
la
conformación
y
manifestación de la voluntad popular y desarrollo de la
participación
política
debiendo
poder
garantizarse
su
ejercicio en los términos de libertad e igualdad conforme el
art. 6 de la C. E (Javier Muñoz Cuesta , José Manuel Maza
Marín)
Que no produzca una lesión económica inmediata no impide,
como se ha hecho, que se conceptúe por este juzgador como un
delito de riesgo (peligro futuro), pues en síntesis se podría
hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan
hoy campañas lectorales y mantienen u obtienen mañana
contratos administrativos.
En el presente caso existiendo aún múltiples piezas
derivadas del mismo tronco común serán otros procedimientos
los que determinen las efectivas comisiones de delitos como
cohecho, malversación de caudales públicos etc… donde el daño
puede ser económicamente cuantificado.
DECIMO.- Respecto al delito de falsedad en documento
mercantil continuado de los arts. 390, 1 y 2 ,y 3 y 74 del C.
P tampoco es
necesario hacer mayores disquisiciones La
contabilidad que se presentó al Sindicato de Cuentas regional
era rigurosamente falsa (recuérdese que se hacía constar que
O.M realizó trabajos para el P.P por 175.000 euros solo en el

 año 2007) cuando la realdad según la U.D.E.F y la AEAT y lo
aquí acreditado era más de 12 veces superior, en concreto
y
prudencialmente 2.225.684 euros, en cuanto al 2008, conforme
documentación intervenida en O.M (doc. resumen cobros) la
cifra alcanzaría 1.081.555 euros. Estas cifras no podían ser
cubiertas, ni por asomo, con los ingresos legales del P.P.C.V:
subvenciones públicas, donaciones legales de simpatizantes y
cuotas de militantes. Se satisfacen en dinero “A” encubierto
con facturas falsas y en dinero “B”, dinero opaco fuera de
circuitos financieros legales. No obstante, la contabilidad
absolutamente falseada fue remitida a la central del partido
en Madrid y una vez consolidada al Tribunal de Cuentas.
Poco que añadir, teniendo en cuenta lo ya dicho, respecto
a las facturas, en pocas ocasiones consta tan meridianamente
claro cómo se falsearon estas, recuérdese el correo de 27 de
junio de 2008 de O.M a su asesor fiscal:
FAC 118: “Cambiar cliente de P.P.C.V a Ortiz e hijos”
FAC 121: “mismo importe, pero cambiar de P.P.C.V a Ortiz e
hijos”.
FAC 123: “Cambiar el importe de 231.668 a 75.420 más IVA
(cliente FACSA)
FAC 127:” Cambiar el cliente de P.P Castellón a FACSA.
Cambiar el importe de 14.190 a un total con IVA de 64.228.
FAC 128 “Cambiar cliente de P.P Castellón a FACSA de
13.079 a 79.953, incluyendo el IVA, base .68.925 +IVA.
Como se ha explicitado las cantidades a pagar por los
empresarios por deudas del P.P.C.V eran una deuda “viva” en
terminología de la U.D.E.F y se iban modificando según las
necesidades del partido por actos realizados y a realizar, la
deuda variaba constantemente y las facturas (los pagos de
empresarios) se adaptaban a la deuda.
No menos significativos son los correos que constan, ya
analizados en el anexo IX de las DP 2/11 del T.S.J.C.V,
informe OM-FACSA, en que se van modificando nada menos que 4
facturas. (Cándido al empresario Enrique Gimeno, 8 de agosto
de 2007), la pagadora “FACSA”, aquí se pide modificar
conceptos.
Conceptos: “la de 60.000 euros, pon concepto grande: y lo
desglosas en partidas como quieras, la haces con EASY , que es
la que cobró, la de
4000, la haces con g.b pon como concepto
video corporativo.: Tres jornadas de grabación, producción y
montaje de video corporativo para proyección en evento de
empresa.”
Correo entre “EASY CONCEPT” para Pablo Crespo 18/01/2007,
contenido “facturas modificadas” y como ya se ha dicho para
tratar de aparentar la realidad de las facturas se remiten por
O.M los correspondientes presupuestos previos, tan falsos como
las facturas (luego se modifican conceptos y cantidades).
Si tenemos en cuenta que tanto los empresarios como sus
empleados han ratificado que las facturas eran completamente
falsas, en su esencia, pues documentaban trabajos de O.M a las
empresas que no se habían realizado jamás y que como hemos
visto a conveniencia y en connivencia con el P.P.C.V se hacían
facturas y además en las ya emitidas modificaban conceptos tan
esenciales como quien era el acreedor, el deudor, el concepto

 y la cantidad hay en suma una
redoblada falsificación:
documentación de servicios no realizados y esa factura
intrínsecamente falsa se modificaba a conveniencia.
La STS de 29 de enero de 2003 sintetiza una constante
jurisprudencia, el documento es “genuino” cuando procede de la
persona que aparece como su autor, en este caso, las empresas
de
la
trama,
pero
no
es
“autentico”
concepto
que
gramaticalmente y en el ámbito jurídico es mucho más amplio
que aquel en que la persona aparece suscribiendo coincida como
su autor material. Dicho de otro modo, documento autentico es
aquel que es cierto y veraz.
Es decir, las facturas de autos son radicalmente
inauténticas y lo son en tan extremo grado que procede traer a
colación la STS 692/2008 de 4 de noviembre: “No cabe confundir
lo que es una simple alteración de la verdad, en un documento
existente o que responde a una operación real cuyos datos se
falsean, con la simulación “ex novo” de un documento con datos
inveraces y relativos a un negocio o a una realidad
inexistente que se pretende simular, pues verdaderamente no
existe en modo alguno. En otras palabras, una cosa es que la
mentira sea el documento inauténtico y otra muy distinta sea
lo declarado en un documento auténtico”
En
el
presente
caso
la
mentira
alcanza
cúspides
dífilamente
igualables.
Los
actos
o
servicios
que
se
documentan en las tan repetidas facturas como prestados por
O.M a una serie de empresas “PIAF”,” FACSA”,” GRUPO
VALLALBA”,” PADELSA”, “LUBSA”, “ENRIQUE ORTIZ E HIJOS” etc….
Son puramente falsas o más concretamente son servicios
inventados para que los dueños de las citadas empresas
realizarán donaciones encubiertas (prohibidas e ilícitas) al
P.P.C.V. Son facturas genuinas
en el sentido antes indicado
,pues
tienen
una
cuidada
elaboración,
son
formalmente
expedidas
por las empresas con todos sus elementos
perfectamente plasmados, y por ende, algunas de las examinadas
precedidas del correspondiente presupuesto a aceptar por la
empresa, lo cual redobla el dolo falsario y acredita la
cuidada elaboración del plan para , en definitiva, acreditar
el
engaño
con
documentos
mercantiles,
todos
ellos,
radicalmente
inauténticos que no burdos, toscos o zafios ;
que consideraban seguro el sistema creado da buena cuenta la
conversación telefónica , ya comentada, de 27/09/2009, entre
David Serra y Enrique Ortiz, al saberse descubiertos: ”Hay que
salir diciendo la verdad, este seños (por O.M) nos ha hecho
unos trabajos, les hemos pagao y punto”, “no metan a los
empresarios por medio, esto es un trabajo que se ha hecho
(Ortiz), “ yo creo que esa es la defensa y aparte es lo que
hay que decir y así lo refleja la facturación (Serra).
Respecto a la responsabilidad de este delito, que no es
delito de propia mano, no responde solo el autor material, son
válidas las consideraciones
realizadas
respecto de la
imputación reciproca de las distintas contribuciones, todos ,
de previo acuerdo, aportaron a sabiendas
su actividad,
decisiva, esencial y eficaz para perpetrar este delito
(recuérdese la reunión Costa/ grupo Correa y acuerdo sobre el
sistema ,a todos disgustaba pero
todos aceptaron) y la
“creación” por los empresarios de las facturas que se iban

 emitiendo conforme el P.P.C.V necesitaba fondos para sus actos
de partido y demás propaganda electoral, a petición de
los
acusados integrados en dicho partido. En suma, de manera
correcta y coordinada se repartieron diversas tareas o
funciones con el fin de cometer el delito de falsificaciones
de documentos mercantiles.
Respecto de la continuidad delictiva del art.74 del C.
Penal, conforme la declaración de R. Costa con la aprobación
de F. Camps (a quien no afecta la presente resolución), fue
concebido en 2006 por Víctor Campos (a quien tampoco afecta),
y se materializo aproximadamente en junio de 2007 en la citada
reunión Costa/Crespo/Álvaro Pérez, existiendo por tanto el
plan preconcebido y la pluralidad de acciones que ofenden a
uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal.
La continuidad delictiva se produce conforme doctrina
reiterada de la Sala II, cuando surge una homogeneidad de
actos que responden a un único fin o plan del autor (en el
caso R. Costa, como el hombre de atrás o que está detrás)
surgiendo un dolo unitario y sin necesidad de renovación en
cada acto cuya meta se trata de conseguir a través de esa
progresión de actos, por todas STS 1235/2004, de 25-10.
Por tanto, los acusados antes referidos deben responder
del delito de falsificación continuada de documento mercantil,
coetáneo, concomitante o posterior con los delitos electorales
ya examinados.
No
es
un
delito
medial,
nace
generalmente
con
posterioridad a la entrada de fondos, que trata de encubrir.
UNDECIMO. -Respecto a los delitos contra la Hacienda
Pública conviene hacer consideraciones preliminares: 1) como
ha ratificado en la vista la inspectora jefa del grupo
antifraude e la AEAT, el grupo Correa, aquí entendido como
grupo de sociedades ,creó un entramado societario que conforme
consta en disco 108 informe 25/11/09 vendría constituido por
24 sociedades de las cuales 5 eran británicas y otras 5
domiciliadas en territorio de Nevis, isla caribeña que si bien
no está catalogada técnicamente como Paraíso Fiscal supone en
la práctica
un territorio que omite
cualquier tipo de
información a la AEAT, y a los efectos que aquí interesan, en
esta pieza, hay que constatar que la sociedad “FOREVERMORE
LIMITED” , ubicada en Nevis , es propietaria de la sociedad
inglesa
“ BANGTONE LIMITED que a
su vez, como sociedad
meramente patrimonial es propietaria de la sociedad de autos
“ORANGE MARKET”, y esta
era nominalmente de Álvaro Pérez
desde octubre
de 2005, el cual vendió sus participaciones
al mes siguiente, noviembre de 2005 a “HATOR CONSULTING”. Y
esta sociedad es en un 70% del asesor fiscal de Correa, Blanco
Balín, aquí acusado que sucedió en el puesto a Luis Miguel
Pérez, artífice último del entramado societario, y asesor en
los primeros tiempos de Correa, un 3% es propiedad del
despacho a nombre de la sociedad R. Blanco asesores fiscales,
a su vez Blanco Balín vende su 70% a “CRESVA “sociedad de
Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa y a la sociedad
“INVERSIONES KINTAMANI” del propio Correa.
Y no hay que hacer mayor esfuerzo imaginativo para
entender que el complejo entramado societario y ventas de

 participaciones no tenía otra finalidad que defraudar a la
Hacienda Pública española. Como consta en uno de los informes
de la AEAT, resulta evidentísimo que existía un plan de
defraudación a la Hacienda Pública Estatal ejecutado por las
sociedades del grupo Francisco Correa. A preguntas de este
juzgador la citada inspectora-jefe antifraude ha respondido
categóricamente que toda esta red o malla societaria tenía una
sola finalidad: la ocultación.
En 2º lugar la base de una correcta tributación se
fundamente en la claridad de los circuitos financieros y actos
jurídicos muchos de los cuales en el ámbito del derecho
mercantil se documentan en facturas.
Y como se ha venido exponiendo está perfectamente
acreditado que los gestores, en todos sus niveles, de O.M
manejaban ingentes cantidades de dinero “B”, teniendo sus
propias cajas con esta denominación donde están documentadas
al céntimo ,cantidades recibidas en metálico de dinero
fiscalmente opaco y junto a esta “caja B” o Barcelona en su
jerga, ya hemos repasado la existencia de múltiples facturas
que documentaban actos, negocios o servicios puramente
inexistentes con lo que sí a la estructura societaria tan
evidentemente diseñada para defraudar, con ocultación del
verdadero dueño del negocio-Francisco Correa- añadimos la
ocultación sistemática de las cantidades manejadas por estas
sociedades, aquí en concreto “O.M”, el estudio de los delitos
fiscales atribuidos por las acusaciones es relativamente
sencillo.
Así en primer lugar se va a señalar cuales han sido los
datos en los cuales los inspectores de hacienda, peritos en
este juicio NUMA 659 y 29.968, inspectora jefe área O.N.I.F se
han basado, así han especificado que sus informes se basan en
la documentación intervenida en la C/Serrano de Madrid
(Correa. Central), Pozuelo (grupo Pozuelo), C/ Martínez Campos
y C/ Colón (O.M Valencia) y despacho en Madrid de Blanco
asesores. Ambos se ratifican en su informe, los explican y
explicitan en la vista.
Y lo que es fundamental en este procedimiento es que las
conclusiones de los peritos de hacienda se basan en la propia
contabilidad del contribuyente. Efectivamente las cuentas de
O.M están escrupulosamente detalladas, pues una cosa es que
cara al fisco eran totalmente inveraces y otra que para la
contabilidad interna de la organización se llevaran al
céntimo. A resaltar como el perito 659 hace constar que Pablo
Crespo ejercía una dirección minuciosa y que su intervención
en la gestión llegaba a cuestiones de detalle, corroborándolo
con correo denegando pago a proveedor de O.M por un fallo en
un equipo, lo cual también es enfatizado en su declaración por
R. Costa que ponderó esta la labor de Crespo en su trabajo,
con quien trabó relación en 2005 a través de Álvaro Pérez. Si
se hace esta digresión es para enfatizar, como ha hecho el
perito, que las bases numéricas o de cálculo para determinar y
cuantificar los impuestos son rigurosamente exactas.
Por tanto, los inspectores han tomado los datos de la
verdadera (interna) contabilidad de O.M utilizando la tantas
veces referidas hojas de “la caja B”, inicial y final o

 actual, los datos contenidos en el pen-drive de J.L Izquierdo:
“Barcelona” y “Resumen pagos”, manifiestan los peritos que
esta “ Caja B” era muy considerable y es notable dado el
volumen de gastos (proveedores) de O.M como se contabilizan
las facturas como pendientes de cobro para evitar que
aparezcan pérdidas ya que la sociedad se presentaba a
concursos públicos, razón por la cual también tiene sentido el
fraccionamiento del grupo en diversas empresas que se
presentaban como independientes siendo, todas ellos, propiedad
de Francisco Correa.
El
658
relata
como
en
su
ratificado
informe
200/2008,inicio investigación
en febrero de 2009, revisa la
contabilidad del P.P.C.V, tanto su cuenta general como las
electorales, que se envían las Autonómicas del 2007 a la
Sindicatura de cuentas regional,
y en cuanto a las
municipales 2007 y las generales
del 2008 al Tribunal de
cuentas, informa como O.M presto servicios a
P.P.C.V sin
factura con IVA, cobrando en metálico como resulta del
ordenador intervenido a Cándido Herrero, ficheros “Barcelona”
y hoja Excel “Resumen Pagos”. Además del material informático
intervenido a Cándido Herrero, resultan las facturas de los
proveedores de O.M, estableciéndose en el año 2007, cuál era
el coste de cado acto encargado por el P.P.C.V. Siendo
asimismo clarísimo y evidente mediante el cruce de proveedores
y sus facturas y los ingresos en “B” que constan, lo
auténticamente movido por la organización.
En cuanto al 2008 sigue el mismo sistema, mediante
requerimiento
a
proveedores
y
mediante
la
información
suministrada por la B.N.D, base nacional de datos, se
determina al detalle los servicios prestados al P.P.C.V y por
las cuentas “B” los pagos de este partido, manifestando el
perito que el resultado es clarísimo.
Reitera lo ya probado en juicio en cuanto a formas de pago
del P.P: un grupo de facturas regulares, con IVA y concepto
real, facturas a terceros (empresarios) con concepto y destino
falso, este dinero se ingresaba por el P.P con la cobertura de
dichas facturas, siendo los facturados los que pagaban, bien
agrupados en dicha “tapadera” o bien con dinero en efectivo
totalmente opaco.
Los inspectores han explicado la metodología de su
trabajo, que como se ha considerado consiste en cruzar la
contabilidad interna de O.M rigurosamente cierta con lo
facturado por proveedores de O.M por actos del P.P.C.V, a lo
que añade los pagos realizados por terceros (en persona) con o
sin cobertura de facturas falsas.
El perito ha manifestado que tiene la certeza total del
movimiento económico de O.M mediante el sistema de tablas
“input”, “output” en suma entradas y salidas de metálico
(cobros y pagos). El informe final de la AEAT de 2007/2008 se
complementa con otros del 2005 y 2006, imputándose cada
concepto a su correspondiente ejercicio fiscal, se detalla con
toda precisión la metodología seguida y se refleja el medio
empleado, así se detallan las operaciones
con terceros de
O.M, especificándose, nominalmente las sociedades proveedoras
de esta, tanto de 2006 como 2007 y 2008, se especifican los

 movimientos de la “caja B” del grupo, haciéndose constar los
ingresos y pagos por fechas conforme al archivo “Barcelona
xls” y caja B Orange “xls” siendo notable como se corrobora
lo declarado por Correa/ Crespo :la caja B de O.M (Valencia)
conecta con la alta dirección del grupo (Madrid) constando
las correlativas salidas de Valencia y consiguiente ingreso
en Madrid, también se documentan los cobros según el archivo
“Resumen de pagos xls” y sus correspondientes 2 apartados:
”Alicante” y “Barcelona”(facturas , dinero “B”) y se desglosan
y especifican las facturas giradas contra los empresarios
concluyendo tras la abundante documental que consta que solo
en el 2008 se rebajó la cantidad de 683.524 euros la deuda de
su cliente (P.P.C.V) emitiendo facturas falsas a terceros, a
esto se añade el epígrafe cobros “Barcelona” del ejercicio
2008, se desglosa
por fechas y actos suponiendo un total de
1.995.988 euros , omitiendo O.M en su libro Diario de
Contabilidad (libro oficial) ingresos obtenidos por servicios
al P.P.C.V de al menos 405.450 euros (ingresos en “B”) sin
factura ni obviamente IVA.
En cuanto al 2007 se constata por el procedimiento
señalado que el P.P.C.V declara que los servicios que le
presto a O.M tuvieron un coste de 175.000 euros (una sola
factura , la 79) organización de mítines y actos de campaña,
cifra que no se corresponde ni por asomo con los servicios
reales que O.M prestó a la formación política , siendo
flagrante la contradicción entre la contabilidad electoral del
P.P para las elecciones de 2007 con la documentación contable
intervenida
a O.M, sin perjuicio de además , no recoger los
gastos por prestación de servicios al P.P.C.V de “Diseño
Asimétrico SL”. La conclusión electoral del P.P.C.V de las
elecciones examinadas-años 2007-2008 es incorrecta al no
registrar la totalidad de los gastos electorales.
Los peritos concluyen, sobre el documento, “Resumen
Campaña” de las autonómicas de 2007 que
los cobros
ascendentes por “Barcelona”, “Alicante”, y otras cantidades
aportadas por terceros
son incompatibles , radicalmente con
los gastos realmente realizados por el P.P.C.V ,resulta que la
desviación en que incurrió el P.P.C.V al presentar las
cuentas, se cifra por los peritos en el 72,90% teniendo en
cuenta que parte de la cifra “cobros” corresponde también a
servicios prestados para las elecciones municipales y otros
servicios prestados para actos fuera de campaña.
Y aunque esta cuantificación numérica no es fácilmente
traducible a reprochabilidad jurídica, y es tema ya tratado al
estudiar el delito de falsedad, resulta más notable que el
P.P.C.V presentara unas cuentas, inveraces e incorrectas, con
una falsedad superior al 70%.
Por último, también informan los peritos, con sistemática
idéntica, como la contabilidad electoral de las Municipales de
2007 es también incorrecta al no registrar la totalidad de los
ingresos fiscales obtenidos, siendo las fuentes, una vez más,
datos contenidos en el ordenador personal de Cándido Herrero y
las correspondientes facturas de proveedores de O.M.
Como se ha dicho y aunque no corresponde a este apartado
relativo a delitos fiscales, esta información acredita la

 absoluta inveracidad de las cuentas presentadas por el P.P.C.V
tanto al Sindicato de cuentas valenciano como al Tribunal de
cuentas estatal.
Si se han hecho las anteriores consideraciones es para
trasladar la absoluta fiabilidad del informe pericial, pues en
su elaboración consta una exhaustividad y pormenorización
realmente excepcional.
Por tanto y no existiendo vestigio de contra-informe de
este resulta de manera evidentísima la comisión de delitos
contra la Hacienda Pública, tanto por defraudación del
impuesto de sociedades (I.S) como del valor añadido (IVA).
Respecto al I.S, siendo la base imponible de este impuesto
el beneficio obtenido por la sociedad ,una vez deducidas las
correspondientes
correcciones legales O.M, como se ha
desarrollado,
omitió
declarar
cuantiosos
ingresos
(“Barcelona”, “Alicante”) que obtuvo por servicios realmente
prestados pero que ingreso en dinero “B” o como servicios
prestados a terceros (facturas falsas) declarando soportar
gastos de proveedores tan falsos como las posteriores facturas
y como veremos
inmediatamente deduciéndose un IVA no
soportado. Hay que añadir y así se ha probado, que incluso
determinados gastos personales de Francisco Correa, así
atraque de yate, mobiliario de residencias privadas etc , se
consignaban como gastos de la sociedad.
Constando también como O.M contabilizó en una subcuenta
como gasto en el impuesto de sociedades importes facturados
por “CRESVA” sociedad de Pablo Crespo, así como otras
sociedades del grupo como tapadera. En definitiva, sociedades
del grupo se facturaban entre sí.
Por tanto, la defraudación del I.S se produce con una
mecánica tan sencilla como disminuir los ingresos y aumentar
los gastos.
Respecto
a
la
defraudación
del
IVA
también
es
relativamente sencilla, se ocultan ingresos sujetos a este
impuesto: servicios realmente prestados al P.P.C.V y no
cobrados (con factura) es pues ocultación de actividad
económica (cobros sin facturas). Por otro lado, ya hemos
examinado que mediante las facturas falsas simulaba un IVA
soportado, a compensar, IVA que por nadie había sido
ingresado.
En conclusión, en vista de los referidos informes
periciales no hay ni el más mínimo género de dudas que O.M
defraudó en el modo de elusión impositiva tanto el IS como en
el IVA.
No obstante, en la última sesión del juicio oral la perito
NUMA 29968, inspectora jefa del área de ONIF ha introducido
una delicada cuestión relativa no solo, que también, al
montante definitivo de las cantidades defraudadas, pues afecta
a un tema tan capital como la comisión del delito fiscal.
Así ha presentado un informe de fecha 4 de abril de 2018
que vamos a denominar informe definitivo, para diferenciarlo
del informe final antes examinado, explicitado y ratificado en

 la vista, en que modifica, por los razonamientos y documentos
que constan las cuantías defraudadas:
Así siendo elemento objetivo del tipo que la defraudación
alcance la suma de 120.000 euros no alcanza esa cifra, según
sus ultimísimos cálculos, el I.S e IVA de 2005 y el I.S e IVA
del 2008. Alcanzando esta cifra el IS de 2006, siendo la suma
defraudada 183.562 euros y en 2007 I.S 518.638 euros, e IVA
510.412.El IVA de 2007 no fue en su día objeto de acusación ni
se incluyó en el Auto de apertura de juicio oral.
La razón última de este cambio de criterio puramente
cuantitativo estriba, como ha defendido la inspectora en el
juicio oral en atribuir el 50% de los beneficios de O. M, al
“grupo Pozuelo” también de Francisco Correa, además de otros
ajustes menores.
Este juzgador que ha plasmado la alta consideración que se
merece la labor desarrollada por la AEAT en el presente caso
vistos los informes periciales y vistos y oídos los peritos en
juicio considera que las razones expuestas en dicho informe
definitivo, con lo ajustes correspondientes son bastantes para
fundamentar la condena, exclusivamente, de los citados 3
delitos fiscales, máxime cuando en el aspecto indemnizatorio
la duda
debe resolverse “pro contribuyente” pero en el
aspecto puramente penal, la presentación y defensa de este
informe definitivo, supone otra vez una duda razonable que en
todo caso veta dictar de sentencia condenatoria por delitos
fiscales en que conforme dicho informe definitivo no
se
alcanzaría la cifra exigida en el tipo del 305 del CP o que no
han sido incluidos en el Auto de apertura
del juicio oral
(IVA 2007). La presentación y defensa en juicio de dicho
informe es sobrada para fundamentar una duda de la comisión de
delitos por los que sigue acusando el M. F (I.S e IVA 2005 y
2008) y es evidente que no puede dictarse condenatoria más
allá de una duda razonable. Como ya se ha dicho basta que
exista un desacuerdo mínimamente razonable sobre la hipótesis
acusatoria para que se aplique al acusado el beneficio de la
duda. Esta surge de un elemento tan sólido y fiable como el
informe final defendido en juicio por la Inspector Jefe. El
Tribunal debe dudar y duda sobre la comisión del delito en los
ejercicios citados.
Por lo demás, estando aún pendientes de enjuiciamiento
diversas piezas de esta trama, la imputación de esos
beneficios que se detraen de O.M, se atribuiría al “grupo
Pozuelo” con lo cual no se produce cuestión alguna de
impunidad.
DUODECIMO. Si la comisión de los delitos fiscales
resulta de una prueba completa, absoluta y abrumadora debe
pasar
a
examinarse
la
autoría
de
dichos
delitos.
Evidentemente, el dueño del negocio, el “jefe” como le
denominan los otros acusados del “grupo Correa” es Francisco
Correa. En términos mercantiles es el dueño del negocio ,en
términos jurídicos, es quien tenía el dominio funcional del
acto, Correa es pues el contribuyente, sujeto activo del
delito, en cuento propietario del grupo de empresas Correa
entre las que se encuentra O.M y Correa ha confirmado lisa y
llanamente en la vista que sabía, conocía y quería la nula o

 escasa tributación de O.M, alegando que él no se ocupaba del
“día a día”
y manifiesta que todo lo relativo al tema
Contable-Fiscal lo llevaba su asesor José Ramón Blanco Balín.
Aquí
el
dato
corroborador
de
la
confesión
viene
constituido por los pormenorizados informes de la AEAT, antes
examinados, el fraude a la Hacienda fue constante y
reiterativo en los ejercicios examinados. Pero en este caso el
contribuyente además de la confirmada confesión ha realizado
un acto tan inequívoco de asunción de culpa, como cooperar de
una manera directa y eficaz con este juzgado en la comisión
rogatoria enviada a las autoridades suizas para repatriar,
exacta y precisamente la cantidad que se fijó provisionalmente
como indemnización antes del comienzo del juicio oral, es
decir, (2.060.748) euros
Es decir que Correa asumió como propias y debidas las
deudas fiscales derivadas del I.S y del IVA de O.M, huelga
mayor comentario, su reconocimiento de la defraudación es tan
completo que reconoce como indebidamente obtenida la cantidad
fijada por la AEAT como indemnización debida y ello sin
matices ni reclamaciones y antes de celebrarse el juicio oral,
sin perjuicio que la AEAT halla corregido de oficio y a la
baja dicha suma. Pero lo esencial es que Correa admite los
delitos y el daño causado.
Pero se da la circunstancia que en este procedimiento
concurren no uno, sino dos delitos especiales, el ya examinado
delito electoral y además el delito(s) contra la Hacienda
Pública.
Este delito, es un delito especial propio, es decir el
sujeto activo es el obligado tributario, pero, exactamente
como ya se ha considerado al tratar el delito electoral la
jurisprudencia ha declarado cuando menos desde la STS 274/96,
de 20-05 que “la ley no impide la participación del
“extraneus” en el delito propio del “intraneus”. Se admiten
por consiguiente en este delito las diversas formas de
participación (inductores, cómplices, cooperadores necesarios,
rechazándose que este delito pueda ser cometido exclusivamente
por el obligado tributario.
Este obligado es, evidentemente, Francisco Correa como
autentico dueño del negocio y como se ha dicho dominador del
hecho, pero junto a él o más bien con él aparecen los otros
acusados del grupo o equipo personal, es decir, Pablo Crespo,
autentico director general o ejecutivo de la sociedad, su
lugarteniente o gerente en Valencia, Cándido Herrero y al fin
Álvaro Pérez como ejecutivo “a pie de obra” encargado de la
captación
de
clientes
y
de
materializar
los
cobros,
supervisado por Cándido. En este grupo organizado con
distribución de tareas todos ellos, tenían perfecta conciencia
y
voluntad
de
coadyuvar
a
Correa
en
sus
designios
defraudatorios.
Para evitar repeticiones recuérdese el principio de la
imputación reciproca y como cada cual, de mutuo acuerdo, con
el obligado tributario (Correa) aportaba su parte delictiva
para producir, una vez todos conformados, el todo unitario es
decir el (los) delitos(s) fiscales. Recordar los principios ,

 cualquiera de ellos aplicables a los citados, de que su
participación en el delito fue “ conditio sine qua non”,
colaborando con el obligado tributario, nuevamente el “hombre
de atrás o que esta atrás” en este caso Correa, de modo que
sin su conducta no se habría cometido el delito, o bien
aplicando la doctrina de los bienes escasos, cuando la
conducta supone la aportación de algo que
no es fácil de
obtener de otro modo o cuando el que colabora puede impedir la
comisión del delito
retirando su concurso (teoría
del
dominio del hecho). Estas tres teorías o principios se resumen
en que
la cooperación necesaria supone la contribución al
hecho
inicial con actos
sin los cuales este no hubiera
podido realizarse y el cooperador no realiza un hecho típico,
sino que desarrolla únicamente una actividad
adyacente,
colateral y distinta pero íntimamente relacionada con la del
autor de tal manera que esa actividad resulta imprescindible
para la consumación de los comunes propósitos criminales
asumidos por unos y por otros STS 28 de octubre de 1997. Por
cierto, dictada en otro proceso de financiación ilegal de
otros tiempos y otro partido (caso Flilesa, Time-Export)
manteniéndose
incólumes
estos
principios
en
sentencias
posteriores relativas a la cooperación necesaria en el delito
especial contra la hacienda Pública.
Concretando la responsabilidad de los citados, Pablo
Crespo
también
ha
confesado
la
infracción,
asimismo
corroborada por los informes de la AEAT, si bien, aunque a él
nos referiremos más adelante, declarando con toda firmeza y
seguridad que todo el tema de la fiscalidad de O.M lo llevaba
Ramón Blanco Balín, siendo por tanto este quien realizaba y
presentaba las declaraciones y Pablo quien remitía a ese
asesor facturas y contabilidad. No cabe duda que Pablo Crespo,
propia confesión y la de Correa, era el supervisor general del
entramado conforme todo lo expuesto conocía perfectamente y
sobradamente, por posición en la trama y por preparación
técnica que la sociedad ocultaba ingresos mediante los cobros
en “B” y por tanto eludía tributación siendo evidentísimo que
conocía, (incluso asistió a la reunión con Costa) , todo el
tema de las facturas falsas y trabajos a O.M también irreales
con todo lo que implica de ocultación del IVA por falseamiento
de IVA soportado e IVA repercutido,
reconociendo también el
propio Crespo como otras sociedades del grupo se cruzaban
facturación
(Special
Events,
Pasadena
Viajes,
Diseño
Asimétrico) con lo que ello conlleva de gastos simulados
habiendo concluido la AEAT ( informe 2008, disco 163) que el
Administrador de hecho de O.M era, Pablo Crespo.
En cuanto Cándido Herrero, conforme declaración de Correa
y conforme al resultado de la abundantísima prueba practicada
era junto con Crespo quien supervisaba los costes de los
eventos y los trabajos, como se ha visto además procuraba los
cobros en íntima y estrecha colaboración con Álvaro Pérez,
Cándido ha sido nombrado en esta resolución en innumerables
ocasiones, era quien controlaba cobros y pagos, en su
ordenador se elaboraban las hojas Excel, tantas veces
mencionadas, donde resultan dichas hojas de pagos (gastos para
O.M) y cobros con los tan repetidos conceptos “B”, dinero
opaco y “A” facturas falsas. Evidentemente no es que sea
altamente improbable, es que es imposible que no supiera que
con su conducta contribuía de forma eficaz y directa a la

 elusión de impuestos, era el
administrador de hecho en O.M.

encargado

general

de

Pablo,

Por último, precisamente Pablo Crespo en su declaración
judicial con la firmeza y credibilidad ya comentadas ha
declarado con toda rotundidad que Cándido Herrero sabía
perfectamente que la “caja Barcelona” era dinero “B”, es
decir, opaca al fisco. Nuevamente dolo eventual en este
acusado: desde la doctrina de la probabilidad o representación
tenía pleno conocimiento de la posibilidad de que se produzca
el resultado (y el delito fiscal por elusión del tributo, como
en el caso, es un delito de resultado) y la conciencia del
alto grado de probabilidad de que el delito se produzca
realmente, no absteniéndose de realizar la conducta delictiva.
Cándido fue miembro del Consejo de Administración de O.M y
designado consejero delegado en funciones ejecutivas desde el
2006, con amplios poderes.
Y otro tanto cabe aplicar a Álvaro Pérez, en que además y
como ya se ha expresado se une la condición de partícipe de la
sociedad O.M. (2866 participaciones) siendo designado miembro
del Consejo de Administración y además presidente del consejo,
si bien tenía funciones ejecutivas desde 2003, aunque no fue
dado de alta en plantilla hasta 1/07/2007. En las anotaciones
de la agenda de P. Crespo aparece Álvaro Pérez con una
participación del 20% - 33,33%nominales de O.M. Este acusado
ha confesado todo el entramado relativo al delito electoral,
ya aludido, ha manifestado en cuanto a I.S. e IVA. que todo el
tema tributario lo llevaba Cándido y Blanco Balín, que era
quien hacía las declaraciones. Pero efectivamente consta y
está probado que no fue dado de alta en la empresa O.M. hasta
julio de 2007 porque tenía ciertos “problemas fiscales”, estos
fueron solucionados por la propia sociedad que pagó lo que
debía, lo que acredita la profunda imbricación con la misma.
Pero a lo que aquí interesa es clamorosamente evidente y así
lo ha confesado y está
probado (documental, correos
electrónicos, teléfono intervenido) que tenía una total,
completa y absoluta información sobre el “modus operandi” de
la trama; por tanto no se sostiene ni es de recibo que no se
representara la elevadísima probabilidad cuando no la certeza
que su conducta (esencial y determinante) coadyuvara de una
manera primordial y básica en la producción del delito,
recuérdese su probada y confesada actuación para cobrar en “B”
con quejas y lamentaciones constantes por los retrasos y su
decisiva intervención en el tema de las facturas falsas
(conversación en que alude constantemente al empresario Ortiz
“galletas”, “magdalenas”), por tanto no podía desconocer que
tanto los cobros en dinero opaco como las falsas facturas,
eran un elemento clave para defraudar a Hacienda en impuestos
tan básicos como Sociedades e IVA.
DECIMO TERCERO. - En cuanto al asesor fiscal Ramón Blanco
Balín es tenido y declarado como tal por todos los miembros
del grupo Correa, el mismo en su declaración escrita,
ratificada en la vista, dice literalmente: “La sociedad O.M
pasó a ser controlada por R .Blanco Balín a través de la
mercantil “HATOR CONSULTING
S.L”. Blanco se ocupó de la
contabilidad y de la fiscalidad de la empresa. La ocultación
de ingresos y las facturas ficticias de gastos las realizaba
él o una persona a su cargo. Yo nunca me ocupe de las

 declaraciones
tributarias.”
Idéntica
atribución
de
responsabilidades fiscales la realiza en la vista Cándido
Herrero: “Las facturas de proveedores, gastos y clientes lo
mandaba a Blanco y se enviaban como Crespo decía ,incluyendo
las hojas Excel de cálculo, a partir de 2007 se dejaron de
enviar facturas, solo las hojas de cálculo, las facturas y las
hojas los mandaban a Blanco”. Álvaro Pérez declara: “que todo
el tema de los tributos y preparación de documentos lo hacía
Cándido, supervisado por Crespo que lo enviaba a Blanco que
hacia las declaraciones” y Pablo Crespo con la fiabilidad y
certeza ya comentada ha declarado: “Toda la facturación la
mandaban a Madrid, a Blanco para el tema contable y fiscal.
Blanco era quien administraba “HATOR y O.M”, así
como la
patrimonial “Kintamani” y era socio de O.M. Fue Correa quien
designó a Blanco como asesor de su grupo y él fue quien diseño
la estructura societaria” y una frase contundente: “Blanco era
mucho más que un asesor externo, era amigo y socio de Correa”
y tanto ello era así que cuando Correa estaba fuera de España,
le llamaba a él (Crespo) y esta hablaba con Blanco diciéndole,
por ejemplo, paga las obras (particulares) de la casa de
Ibiza”, no teniendo los empleados de Blanco poder de
disposición alguno. Era Blanco el que disponía. Crespo, por
supuesto, niega haber hecho declaraciones tributarias pues las
hacía Blanco.
Llegados a este punto recordar que “HATOR CONSULTING”
propiedad de Blanco adquirió a Álvaro Pérez en noviembre de
2005, 1.884 participaciones de O.M siendo el propio Blanco
designado miembro del Consejo de Administración en octubre de
2008.
Por tanto, R Blanco era socio y directivo de O.M, además
de su asesor tributario.
Teniendo en cuenta que los delitos contra la Hacienda
Pública están absolutamente acreditados, conviene traer a
colación la reciente STS de 24 de mayo de 2017, 1885/2017: “La
autoría de los actos ( de Correa y su grupo en el caso)
conduce siempre a las personas que asumieron el encargo de
asesores” y “este tipo penal, es un delito especial que solo
lo puede cometer quien tiene esa condición, lo que no exige
que el autor lleve a cabo el comportamiento típico por su
propia mano, siendo delito esencialmente omisivo, infracción
de contribuir, pero que no se limita a la mera pasividad ya
que el desvalor de la conducta exige que se despliegue una
cierta conducta o artificio engañoso que produce un resultado
que es perjuicio para Hacienda ” y “ cuando son plurales
sujetos
que intervienen en el hecho delictivo cabe predicar
la llamada doctrina de las diversas competencias”, y “el
problema de imputación de sujetos “extraneus”, como los
asesores, suscita el estudio de las consecuencias de una
organización en que el sujeto especial delega en un
“extraneus” la función de cumplir determinados deberes, que
recaen sobre el delegante
y todo ello en el marco de una
organización jerarquizada y compleja en lo económico y en lo
jurídico” y “ cuando la pluralidad de sujetos concurrentes a
la producción delictiva se manifiesta en una especie
de
asociación horizontal, resulta
extraño el concepto mismo de
delegación
.
“La
distribución
de
funciones
entre
los
partícipes acarrean entonces acumulación de responsabilidades

 criminales, en ningún caso exoneración de ninguno”. “La
situación del asesor y la relación de autoría con el deber
fiscal eludido fraudulentamente, se predica como la conducta
típica referida a cada autor o interviniente, porque todo
sujeto, autor o interviniente, responderá penalmente. La
creación del riesgo, por su aportación relevante, se imputara
tanto al autor (obligado tributario) como a todos sus
partícipes”.
En síntesis, el T.S reafirma la doctrina de la imputación
recíproca, tantas veces aludida, de todos los partícipes y
Blanco Balín no es que tenga una aportación relevante para la
comisión del hecho (una vez más “conditio sine qua non”,
dominio del hecho) es que es una pieza esencial para la
defraudación querida y buscada por su socio y amigo F. Correa.
Sentado lo anterior y sin perjuicio de analizar más datos
corroboradores a las declaraciones de los confesos antes
mencionados no se da valor alguno a la declaración de R Blanco
Balín por ser completamente inane
ha tratado de presentarse
como mero receptor de facturas y hojas de cálculo de su
cliente, tratando de pasar la responsabilidad ,ya a los
empleados de Correa ya a sus propios empleados ,que
realizarían
prácticamente funciones automáticas mediante un
programa de ordenador, pero lo cierto es que su declaración
se considera en virtud de inmediación efectiva absolutamente
inveraz e infiable, subjetivamente y objetivamente inaceptable
por las pruebas (elementos corroboradores) que enseguida se
repasan.
Y antes una reflexión producto de un puro razonamiento
lógico jurídico: Correa (y Crespo, Cándido Y Álvaro Pérez) han
designado a Blanco como el asesor del grupo. Correa ha
confesado su designación para tales funciones, que, por su
intrínseca dificultad, por exclusión, no fueron ejecutadas por
sus empleados ni evidentemente, de “motu propio” por los
empleados y subordinados de R. Blanco.
Como Correa confiesa
las infracciones e incluso colabora activamente para devolver
lo defraudado asumiendo su cuantía, es evidente, pues los
delitos fiscales están probados hasta la saciedad, que si el
autor sujeto activo del hecho F. Correa, encomienda a Blanco
Balín las
declaraciones tributarias y la llevanza de la
fiscalidad de sus empresas, y la Agencia Tributaria ha
acreditado la existencia de los delitos fiscales, Blanco Balín
debe responder penalmente de estos delitos por una simple
relación causa/efecto. Y se utiliza el verbo encomendar pues
en ningún caso ni Correa ni Crespo han mantenido que delegaban
en el asesor (lo cual por lo demás seria penalmente
irrelevante conforme la STS antes citada). En resumen, Correa
encomienda a Blanco la elusión fiscal como asesor tributario
y, efectivamente esa elusión se produce.
Lo que dispuso Correa es que Blanco Balín creara la
compleja estructura societaria y contable para perpetrar el
delito y Blanco Balín cumplió el encargo. Fue en su despacho,
a sus órdenes directas donde se reelaboraron las cuentas,
movimientos y facturas remitidas desde Valencia, en suma,
donde se “cocinaban” para servir a la Hacienda Pública los
datos suministrados desde O.M.

 Por tanto, ya procede examinar, siquiera brevemente la
serie de elementos corroboradores de los declarantes confesos
que apuntan a R Blanco Balín
como el gran urdidor de la
defraudación y son prueba testifical y documental.
Testificalmente el agente de la UDEF 92503 ha defendido
explicitado y ratificado en juicio el informe de 22 de mayo de
2012, pieza 3 TOMO IV, disco 136, F 1059 y siguientes como
complemento y resumen a otros ya citados distinguiendo dentro
del grupo Correa sociedades de eventos, así O.M, EASY CONCEPT,
SPECIAL EVENTS o DISEÑO ASIMÉTRICO.
Estas sociedades, relata , generan una gran cantidad de
liquidez
que
se
invierten
en
inmuebles,
vehículos
y
embarcaciones de lujo, viajes etc. Y estas otras sociedades
son INVERSIONES KINTAMANI, CRESVA, OSIRIS PATRIMONIAL, CAROKI
etc que son sociedades patrimoniales y junto a ellas
sociedades de inversión, con capital procedente del exterior
(Nevis, Gran Bretaña, Antillas Holandesas) que se canaliza a
través de estas otras sociedades que invierten en proyectos
generalmente inmobiliarios, caso de HATOR CONSULTING.
Y esta sociedad HATOR conforme la tan repetida agenda
intervenida a P. Crespo tiene la siguiente distribución: 50%
Francisco Correa,30% Blanco Balín, 20% Pablo Crespo. De esa
sociedad denominada genéricamente “SA” penden los subgrupos de
Valencia y Pozuelo.
A su vez como consta en la caja 01, lote 15 “EASY
CONCEPT”, antecesora de O.M constando en la correspondiente
escritura de compra-venta (septiembre de 2005) que Blanco
Balín representando a HATOR compra más de la mitad de las
participaciones de EASY CONCEPT. En definitiva R. Blanco
participa en O.M, en HATOR Y en EASY CONCEPT y se constituye
como presidente de la misma, nombrando como administrador a
Francisco Javier Pérez Alonso, empleado de él, que también es
designado administrador de O.M (Álvaro Pérez presidente,
Blanco Balín consejero delegado.
Dicho lo anterior el informe explicita el “modus operandi”
del entramado extraído de pruebas tan contundentes como los
archivos” beneficio grupo 2005”, un xls, este grupo estaría
constituido por empresas entre otras
EASY CONCEPT, SPECIAL
EVENTS, PASADENA VIAJES y otros y junto a ellos CRESVA , la
sociedad de Pablo Crespo, articulándose un sistema en que se
logra
encubrir los resultados negativos de las sociedades
mediante un mecanismo de compensación inter-empresas, no se
hacen constar las perdidas en los balances de las sociedades,
se adultera el beneficio declarado,
y no solo mediante la
compensación de pérdidas sino que se detraen fondos para la
caja “B” del grupo con lo que reduce el beneficio declarado
con lo que ello supone en el I.S. En definitiva y como se ha
dicho se ocultan ingresos y se aumenta artificialmente los
gastos, constando en dicho informe, con toda precisión, como
muchas de estas empresas se facturan entre ellas, todas ellas
con sus correspondientes y particulares “cajas B”. En el fondo
es un tema de autofacturación, pues todas las empresas son del
mismo dueño o satélites colocados por el mismo en persecución
de un único plan defraudatorio.

 Como se ha dicho en el centro de esta maraña se encuentra
R. Blanco, que, a través de su despacho, incluso colocando
empleados suyos como administradores, controla y distribuye
los ingresos y gastos. Blanco Balín es el que hace las
declaraciones de O.M convenientemente maquilladas. Respecto al
impuesto de sociedades acreditándose que es quien los y las
maneja, no hay duda alguna de su culpabilidad en la
defraudación de este impuesto.
El tan citado Francisco Javier Pérez Alonso, imputado en
pieza principal de “Gurtel”, es como hemos visto empleado de
R. Blanco
y administrador de dos empresas del grupo “EASY
CONCEPT” y “O.M” y
Blanco es
socio y directivo de ambas,
este testigo obviamente de escasa fiabilidad, declarando con
relación a su principal, , muy en su línea , ha presentado el
despacho como una mera gestoría , donde se recibían documentos
contables de O.M. Reconoce no obstante que las decisiones
“estratégicas” sic, las tomaba Blanco Balín que se reunía con
cierta asiduidad con Correa/Crespo, no obstante
también
reconoce que
en ese despacho se llevaban las sociedades de
Correa citando a “KINTAMANI”, la patrimonial “ CAROKI” Y
“OSIRIS” que también se constituyó en el 2005 en el despacho
de Ramón Blanco Manifiesta no recordar nada de facturas de O.M
y alegando que suministraban soporte contable: con los datos
suministrados desde Valencia presentaban la declaración de
impuestos.
La también empleada y testigo Carmen Moyano limita la
participación del despacho a tareas de mecanización de datos,
recibiendo hojas “excell”, extractos bancarios y cuentas que
previamente había hecho el cliente. La credibilidad de estos
testigos como la del propio R. Blanco es nula. R. Blanco
“socio y amigo” y formalmente directivo de O.M y sus
satélites, en atención a lo expuesto no era un mero gestor
contable, entre otras cosas por que como consta en el informe
final de la A.E.A.T facturaba por sus servicios cantidades de
5 dígitos, no los 1.500 euros que ha alegado en el juicio. De
creer a este asesor y sus empleados del mismo modo, como ya se
ha expuesto, que en el P.P.C.V había 2 tesoreras que no sabían
contabilidad se daría el peculiar caso en este mismo
procedimiento que las empresas del grupo Correa tenían un
asesor fiscal que no asesoraba.
Lo cierto es que existían 2 contabilidades, la real de O.M
perfectamente llevada por Crespo/Cándido que era remitida al
despacho de Blanco, el cual la amañaba convenientemente, como
ya se ha expuesto, enjugando perdidas de unas sociedades del
grupo con beneficios de otras y que se presentaban a la AEAT.
Esta remisión de las tan repetidas “hojas de excell” viene
además acreditada por la testigo Laura Gil empleada de O.M en
2005 y 2006 antecesora de Cándido Herrero que ha declarado que
la contabilidad la llevaban desde Madrid en concreto Ramón
Blanco y a lo que aquí interesa que ya se utilizaban “hojas
excell” donde se ponía “A” y “B”. Reconoce la documental “Caja
B Orange” y el listado de “tareas semanales” que llevaba en
O.M donde naturalmente las relaciones e incluso peticiones de
modificación de facturas con el despacho de Blanco Balín son
constantes.

 En cuanto, precisamente, el tema de facturas falsas, que
como se ha dicho es tan consustancial a la defraudación de
IVA, y ya que R. Blanco, y aún el citado Pérez Alonso niegan
todo conocimiento existe un documento absolutamente demoledor
para esa pretendida coartada. Como ya se ha mencionado en
varias ocasiones se trata del correo obrante en el anexo 11.2
“ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTAS DE OBRAS”. Es el correo
que Merche (empleada de O.M) envía a J. Fernández empleado de
R. Blanco, recuérdese:” Te envío unas cosas en hojas Excel que
hay que corregir: estas dos facturas hay que corregirlas y en
lugar de poner P.P.C.V ponerlas a Enrique Ortiz.” Correo de 20
de junio de 2008, se acompañan al correo las 2 facturas (acto
P.P.C.V 18 de sep. 2007). en el correo de 27 de junio, misma
parte: “hay que corregir 5 facturas “, en las cuales se cambia
el cliente así de P.P.C.V a Ortiz e Hijos, o P.P Castellón
tiene que ser a FACSA, en otras se cambia el importe y
naturalmente el IVA. También se pide que se quite de la
contabilidad una factura o que se corrija una cuota de
renting. Y recuérdese que R. Blanco niega todo conocimiento en
juicio de falsas facturas y de alteraciones contables, así
como que facturas de gastos personales de Correa se imputen
como gastos sociales, cuestión que consta documentalmente
acreditada: gastos personales se pagan por O.M.
Añadamos a ello la conversación telefónica de 28 de
noviembre de 2008, conversación Crespo/Blanco precisamente
sobre facturas y el importe más o menos nimio de algunas de
ellas y por último entre la documental aportada por el M.F en
el juicio oral el grupo de facturas y presupuestos de O.M
intervenido en el despacho de R. Blanco. Se trata dentro del
apartado 6.6 de facturas emitidas o recibidas de O.M, tablas
Excel y anotaciones contables (entradas y salidas de fondos,
cuantificación de beneficios etc…) intervenidas en el registro
de sus despachos, puede admitirse que algunas de las relativas
a joyerías se justifiquen como “regalos de empresa” pero es
que hay también facturas de actos del P.P.C.V, o unas
concretamente de proveedores de O.M por actos del P.P.C.V, o
de empresas de radio por campaña electoral, un caso de
autofactura, , EASY CONCEPT factura a O.M (R. Blanco se
factura a si mismo) etc…, facturas pagadas por el propio
P.P.C.V (ya examinadas folios 1644 u siguientes y junto a
ellos tablas de “ facturas de no explotación” con importes de
IVA, y “total facturas” .Apuntar que la defraudación era
concienzuda y notable, solo a título de ejemplo I.S de O.M
2007 cuota comprobada : 518.638, cuota declarada 9.778,IVA
2007, tres primeros trimestres : 0, cuota comprobada que se
debió ingresar 510.412.
En conclusión, no existe duda alguna para este juzgador
que R. Blanco tuvo una intervención, aportación o contribución
en terminología del T.S, decisiva, básica, directa e inmediata
en la comisión de los delitos fiscales antes mencionados.
DECIMO CUARTO. – Las acusaciones también imputan a Álvaro
Pérez 2 delitos fiscales por defraudación de IRPF ejercicios
2006 y 2007 y está defraudación ha quedado acreditada por lo
siguiente: En primer lugar, el propio Álvaro en juicio
contesta afirmativamente a la pregunta directa de si se le
retribuía fuera de nómina, reconoció que efectivamente omitió
ingresos en sus declaraciones de IRPF, también que “Correa le

 pagaba bien ,pero en B” y que este, Correa, era “experto en
incentivar a su gente”; El pago en “B” a Álvaro lo confirman
explícitamente Correa y Crespo e implícitamente Cándido
Herrero. Consignar también que
varios testigos, empleados en
su día de O.M, han respondido, si bien con la timidez propia
de la pregunta que en algunas ocasiones les pagaban en “B” y
junto a esta prueba personal hay prueba documental que
acredita
que
Álvaro
percibía
retribuciones
en
dinero
fiscalmente opaco.
Así en la tan repetida agenda intervenida a Crespo aparece
de su puño y letra tras la mención Valencia 20%, o sea
participación real en O.M de Pérez del 20%
y
más abajo se
lee enlazado con ese 20:0,4 sueldo, 0,5 en “B” y teléfono.
Álvaro también ha declarado que solo percibía un sueldo fijo
mensual (lo mismo que otros trabajadores)
pero también es
reseñable
un correo ya comentado de 7 de mayo de 2008 de
Cándido
a P. Crespo, en el tan citado “resumen deuda” que
Cándido dice a Crespo :” Ayer pagaron 100.000 “(en el doc. se
atribuye a Ortiz esos 100.000) pero se añade en el parque
(caja fuerte B. Santander) 42.500 y “ si te parece bien yo
cobraría los 30.000
del bonus, y quedaría un saldo de
112.500.”De este correo se aprecia como un trabajador de la
sociedad ,Cándido se autodesigna una cantidad ,una cantidad
asimilada a salario
como “bonus” procedente de dinero
metálico pagado por uno de los empresarios hoy acusado.
Pero estos todos poderosos indicios no hacen sino reforzar
la conclusión culpabilizadora que se extrae de los detallados
informes de la AEAT, perito 658 que ratifica y explicita en la
vista.
Como ya se ha dicho, estos informes no se basan en una
pura estimación o conclusión aproximativa de cifras ingresadas
por
Álvaro
Pérez,
igual
que
en
los
otros
impuestos
defraudados, la AEAT ha tomado como base de cálculo los
propios documentos
contables de O.M que como ya se ha dicho
reflejaban al céntimo los pagos ( entre ellos
retribuciones
de empleados y gastos ) pues una cosa es que esa contabilidad
se trastoque cara a la Hacienda Pública y otra muy distinta
que el dueño del negocio, con la capital colaboración de
Crespo ,mantuviera un férreo control de ingresos y gastos.
Así se entiende lo expuesto si vemos las fuentes en que se
basa la AEAT para calcular el fraude de Álvaro: que no son
otras que las ya citadas “caja 2 Barcelona xls”,”Barcelona
xls” “ Barcelona eventos”, “Álvaro gastos xls”, “gastos Álvaro
5/12/2006 ( ver rollo 4 informe 26/09/2012, pieza 6) cuidando
el inspector de precisar que todos estos libros y hojas
reflejen
la Tesorería oculta de la organización desde
19/12/2005 a 31/12/2008 concluyendo con un cuadro en el que se
detallan todos los gastos generados o sea percibidos por
Álvaro en 2006 conceptos “gastos coche”,” gastos casa “,
“gastos representación” y “ caja Barcelona”.
En suma, retribuciones a Álvaro en metálico y en especie.
Pues
bien,
Álvaro
Pérez
simplemente
no
presento
declaración en 2006, recordar que es dado de alta en la S.S,
en julio de 2007 y en este año presenta una declaración a
devolver de 357 euros.

 A continuación, constan unos cuadros tanto del 2006 como
del 2007 en que se hacen constar detalladísimamente las
cantidades liquidas percibidas por Álvaro constando la fecha,
las observaciones, (generalmente orden de P.Crespo), o de “
caja B”, especificándose en que archivo de la organización se
encuentran “caja B Orange” 2006 por ejemplo, o cuenta y deuda
de Álvaro Pérez, los conceptos van desde pago a A. Pérez , a
“a cuenta compra apartamento”, “relojería”, ”compra coche”
“casa “o “gastos de representación”. En suma, detalladísima
descripción por fecha, concepto y cuantías de lo realmente
ganado por A. Pérez en esos años.
Con estas bases el inspector ha narrado como es
relativamente sencillo proceder a la liquidación tributaria,
informe aclaratorio solicitado por providencia de 17 de abril
de 2014, se hacen constar las retribuciones reales tanto si
las entendemos de “capital”, utilidades del accionista, las
denominan los inspectores, como de trabajo en metalico o
retribuciones en especie y tras
restar
las debida
deducciones y pagos a cuenta, obtener la correspondiente cuota
tributaria; y el inspector ha enfatizado que conforme última
jurisprudencia del T.S la cuota no retenida y no
ingresada
por el obligado a soportar la retención debe exigirse a este
último.
Y esto se indica por que Álvaro Pérez directivo y socio de
O.M no se practicó en ningún caso las retenciones a cuenta
legalmente debidas, evidentemente con el consentimiento de
Crespo/ Correa también incumplió el deber de retener.
También resulta que los problemas fiscales de Álvaro, que
se han citado en el juicio ascendían a una cuota defraudada de
90.000 euros y que le fueron pagados poco a poco por la propia
O.M en fracciones mensuales, así ver en “cuentas Álvaro” como
por orden de Crespo se le van satisfaciendo ciertas cantidades
con periodicidad distinta.
Ni se va a comentar la alegación de Álvaro que nada sabía
de impuestos cuando por lo menos ya había sufrido una
inspección de hacienda, cuando ni presenta la declaración en
2006 y la del 2007 le da como resultado a devolver.
En todo caso y por los razonamientos que constan, las
retribuciones de Álvaro ya como rendimiento de trabajo
personal
y
asimilado,
ya
como
rendimiento
de
capital
mobiliario, lo cual hoy en día es indiferente conforme el
Inspector
sostiene.
Suponen
una
defraudación
del
IRPF
practicando todos los ajustes y deducciones en el año 2006 de
165.599 y en el año 2007 de 178.418 euros. Hay dolo de
defraudar y el resultado es superior a 120.000 euros que
convierten la evasión en delito por lo que Álvaro Pérez debe
responder además de estos dos delitos.
DECIMO
QUINTO.
–
En
orden
a
las
circunstancias
modificativas se han aducido los atenuantes de confesión por
analogía del art 21, 4 y 7 y reparación del daño de su nº5,
así como dilaciones indebidas de su nº 6. Las 2 primeras
incluso han sido apreciadas por el M.F y el Abogado del Estado
para algunos acusados.

 En cuanto a la confesión de la infracción, o colaboración
activa a la justicia se ha producido, evidentemente en fase
tardía, poco antes de comenzar el juicio oral (F. Correa) o ya
abierto el mismo (R. Costa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo), y es
necesario aplicarla como analogía a la estricta, pues se ha
producido en momento, en principio, tan posterior al inicio de
las actuaciones como el que consta, lo cual no permite
considerarla como muy cualificada.
Pero en todo caso las confesiones vertidas en juicio
(precedida en caso de F. Correa por una confesión por escritoenero de 2018- y de los empresarios acusados-febrero de 2017
tienen las notas exigidas por la jurisprudencia: no ocultación
de elementos relevantes, no elude responsabilidades propias y
ha supuesto una cooperación eficaz, seria, relevante con
aportación de datos importantes relativos a la responsabilidad
de otros acusados.
Es claro que, aunque de manera mediata la confesión o
colaboración de los empresarios ha podido desencadenar la de
los otros acusados, han tenido una gran importancia las
confesiones de Francisco Correa y Ricardo Costa, los cuales
encabezaban el que hemos denominado “grupo Correa” y “grupo
políticos”. La “ratio” de la minorización de la pena hay que
buscarla como enseña la STS 24/6/2004 en conseguir la
colaboración de quienes por implicarse en a determinado genero
de delincuencia, en el caso la denominada corrupción política
puede contribuir a su debilitamiento. Es necesario, como se ha
dado en el caso, que el “arrepentido” o “colaborador” colabore
activamente con la justicia, en los casos de co-delincuencia
debe materializarse la colaboración tanto en la aportación de
datos propios como de terceros, para cumplir finalidad última
del legislador que no es otra que razones de política criminal
como medio muy importante para atajar la lacra de la
denominada corrupción política o de los políticos. Por tanto,
sobre todo la de estos dos acusados ha sido una colaboración
relevante e importante.
Han sido relevantes en el presente procedimiento en cuanto
han permitido por los datos aportados extraer con una singular
certeza la conclusión culpabilizadora , lo cual junto con los
datos
e indicios corroboradores analizados ha permitido
obtener una visión de conjunto muy fidedigna de la trama
organizada . Así el quien, como y porque aportando una
especial seguridad para determinar los hechos que se han
declarado como probados.
Y han sido importantes pues constando esta trama de
múltiples piezas o procedimientos desgajados del tronco común,
las revelaciones vertidas aquí pueden coadyuvar u orientar en
procedimientos aún pendientes de juicio o en fase de
investigación.
Doctrinalmente al poder atenuatorio de estas confesiones o
colaboración
activa,
suponen
para
el
confesante
una
disminución de la pena y no por minorar su culpabilidad que
permanece incólume, sino porque determinan una disminución del
resultado antijurídico del delito, en definitiva, una forma de
reparación del daño, en este caso del daño social causado por

 la corrupción política que como se ha escrito recientemente,
es percibida socialmente, en cuanto supone avaricia y abuso de
poder, como uno de los crímenes que producen mayor repulsa
incluso que otros que son más crueles y dañosos.
Apreciando esta atenuante se consigue el fin de la
prevención especial imponiéndose penas privativas de libertad,
necesariamente limitadas a la regulación más benigna de la
época y legislación aplicable (ley electoral) pues la
introducción como delito regulado en el C.P no ha tenido lugar
hasta el 2015 mediante los nuevos artículos 304 bis y ter que
sancionan la financiación ilegal de partidos políticos junto a
esta prevención especial se considera que se cumple también el
principio de prevención general, es decir restauración del
orden jurídico perturbado, restaurando la confianza en dicho
orden y alcanzándose un equilibrio razonable y equitativo con
sometimiento pleno a la ley y el Derecho.
Y en estos momentos se considera también ejemplarizante
desde el punto de vista de dicho sometimiento, que se conozca
que la colaboración activa con la Administración de Justicia,
veraz y relevante, puede suponer para todos los implicados o
que puedan estarlo en casos análogos de corrupción, en
términos generales, sobornos, una disminución de la pena si
efectiva y realmente cooperan para restaurar el orden jurídico
violentado. En definitiva, que la minorización de la pena
sirva de acicate o estímulo a colaborar.
En cuanto a la reparación del daño, esta atenuante alcanza
exclusivamente a F. Correa respecto de los delitos contra la
Hacienda Pública, pues como ya se ha considerado los delitos
electorales carecen de consecuencias económicas, que en su
caso y en su día podrían contemplarse en las diversas piezas
aun por enjuiciar donde delitos como prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos etc., si llevan aparejada
dicha responsabilidad. No hay indicios de enriquecimiento o
lucro personal en los integrantes del “grupo políticos” ni
petición resarcitoria alguna.
La atenuante aplicable a F. Correa deriva en que ha
colaborado de manera activa y eficaz en la comisión rogatoria
enviada a la autoridad Helvética para desbloquear la suma de
2.060.748 euros que tras ciertas dificultades ha sido
ingresada en la cuenta de consignaciones de este juzgado en la
misma fecha del último día del juicio oral. Es decir, ha
reparado el daño causado.
Una carta dirigida al banco suizo, más gestiones
directas de Correa con su apoderado en Suiza han permitido
repatriar el dinero ingresado en dicho país, sin más esperas
ni demoras.
Cierto es que dicha cantidad estaba bloqueada por orden
del J.C.I nº 5, pero ni que decir tiene que al no haberse aún
embargado el saldo y las notables dificultades que supone tal
repatriación en ejecución de sentencia, determinarían un
dilatadísimo periodo temporal antes de que el dinero evadido
estuviera ingresado en el Tesoro Público. El Abogado del
Estado representante de la Hacienda Pública ha solicitado la
apreciación de esta atenuante, teniendo en cuenta que el

 dinero repatriado es exactamente el solicitado en conclusiones
provisionales, antes pues de iniciarse el juicio oral.
Esta reparación del daño, como ya se ha explicitado,
supone efectivamente un actuar con la finalidad de restaurar
el orden jurídico violado, así como “compensar” a la víctima
en este caso, la Hacienda Pública, es decir todos los
contribuyentes, por tanto, existe una disminución de la
necesidad de la pena.
Pero esta disminución de la pena se refiere exclusivamente
a F. Correa sin perjuicio de las consideraciones que luego se
establezcan
a
los
demás
condenados
por
infracciones
tributarias.
Las defensas de estos han esgrimido unos documentos
privados consistentes en un reconocimiento de deuda de 4 de
mayo entre F. Correa y Pablo Crespo en que este reconoce la
deuda al primero por el importe de la parte proporcional de lo
que se declarase debido a la Hacienda en sentencia, en
definitiva, que se tuviere por pagada la indemnización de
Crespo con el dinero transferido desde suiza en la c/c de
Correa, comprometiéndose Crespo a pagar a Correa cuando
“viniese a mejor fortuna” (sic).
Con fecha 7 de mayo, documento en que Correa hace expresa
renuncia a reclamar a los otros acusados por delitos fiscales
la parte que les correspondiera, dado el carácter solidario de
la deuda.
Pretender con estos documentos obtener una reducción de la
pena merece solo una mínima consideración: en primer lugar,
por la dicción del art. 65-1 del C. Penal: los atenuantes que
consistan en cualquier causa de naturaleza personal solo
atenuaran la responsabilidad criminal en aquellos en quienes
concurran. Y como se ha analizado la disminución de la pena
por reparación del daño se produce por que el acusado compensa
a la víctima como acto propio y personal y evita o disminuye
el daño causado, en cierto sentido al restaurar el orden
jurídico perturbado acredita un inicio de rehabilitación
social, pero pretender que este acto personal y propio se
comunique a los demás participes del delito carece
de
cualquier sentido, en todo caso evitaría que estos satisfagan
la indemnización pero no disminuye la pena a imponer.
Hay que recordar que el anterior C. Penal en su art.88
aludía al esfuerzo reparador del culpable y el art 80 de la
actual
emplea
idéntica
expresión
para
obtener
ciertos
beneficios. Es más que evidente que el esfuerzo reparador lo
ha hecho, única y exclusivamente F. Correa y la recompensa a
ese esfuerzo a él solo puede beneficiar con sometimiento a la
ley y el Derecho. Estos documentos privados solo a ellos
incumben y carecen de cualquier efecto práctico punitivo.
En
orden
a
las
dilaciones
indebidas
esgrimidas
especialmente por las defensas de Correa, Crespo, Álvaro Pérez
y Cándido Herrero en este procedimiento se da la singularidad
que esta alegación
ya ha sido desestimada en recientísima
sentencia nº 214/2018 de 8 del corriente mes de mayo del TS y
se contempla no un caso análogo o parecido sino exacta y
precisamente una petición formulada en otra de las piezas del

 denominado “ Caso Gurtel” es decir la llamada “pieza
Fitur”
en la que han sido condenados los citados, desestimándose por
el alto Tribunal dicha petición. No es pues necesario por
redundante traer a colación la numerosa jurisprudencia que
exige para su apreciación no el mero transcurso del tiempo,
sino que la dilación sea indebida en cuanto anormal, ilógica o
irregular, no conforme a derecho procedimental en suma y que
por ende sea desproporcionada en relación con la complejidad
de la causa, debiendo tener un carácter extraordinario es
decir excepcional.
Y la reciente STS en caso idéntico recuerda que el plazo
transcurrido en la “pieza Fitur” es de 9 años desde el inicio
de la causa hasta la formalización de la casación En la
presente pieza “Valencia 1,5,6” comenzada en 2008 han
transcurrido 10 años hasta la celebración del juicio oral. La
sentencia del TS respecto a la complejidad de la causa reitera
que es compleja, muy compleja y recuerda, como en este caso,
la pluralidad de recursos formulados perfectamente legítimos
pero que han sido objetivamente retardatarios de la solución.
Alude que el plazo razonable para enjuiciar debe
relacionarse con que la dilación indebida sea inexplicable, e
invocando al TEDH ha recordado la serie de baremos o elementos
a considerar: Complejidad, tiempo de resolución de casos
análogos de la misma naturaleza, intereses que arriesga quien
invoca la dilación, conducta procesal y la de órganos
jurisdiccionales en relación con los medios disponibles. Todo
ello ha de referirse a la expresión tiempo razonable, que es
un propio concepto indeterminado y por esencia relativo,
debiendo examinarse cuales sean los periodos en que la causa
sufre una paralización no justificable. Los peticionarios de
la apreciación no han articulado ni un solo periodo de
paralización injustificable salvo la demora de 9 meses en este
órgano jurisdiccional, que tuvo que aplazar el señalamiento
por causa justificable y justificada.
Añadamos a todo ello que, como perfectamente saben los
peticionarios, la causa comienza en el J.C.I nº5, pasa al
T.S.J de Valencia, interviene el T.S, vuelve al T.S.J de
Madrid y recala nuevamente en el Central nº5. Y no se aprecia
que
ninguno
de
estos
órganos
jurisdiccionales
tuviera
paralizada la causa por inactividad propia de manera indebida,
si añadimos a ello que tanto acusados como la defensa tenían
que acudir a los distintos juicios orales de las distintas
piezas así en Madrid, este procedimiento y pieza “Época I”, es
evidente que los señalamientos tenían que compaginarse para
evitar, entonces sí, que se produjera indefensión efectiva.
En definitiva, causa muy, muy compleja, con intervención
de policía especializada y AEAT que han tenido que emitir
minuciosísimos informes sobre la base de una documental de una
complejidad abrumadora, declaraciones de decenas de testigos,
en fase de Instrucción e intervención de diversos órganos
jurisdiccionales que permite concluir que lo extraordinario no
es la dilación en el enjuiciamiento sino que lo excepcional y
extraordinario es el procedimiento, por tanto conforme
resolución del T.S y por propio análisis de este juzgador , no
se consideran producidos dilaciones indebidas.

 En cuanto la atenuante de “quasi prescipción” ni siquiera
ha sido defendida por su inicial proponente ,ni por nadie en
conclusiones orales se consideran perfectamente atendibles las
alegaciones del A. del Estado, pues tal figura va referida a
las que bien podrían llamarse “querellas coactivas” ,es decir
las que se presentan por un particular a punto de cumplirse el
plazo ,con la finalidad de que el querellado haga u omita una
determinada actuación, por tanto interviniendo en este
procedimiento el M. Fiscal y siendo muy otra la finalidad
perseguida tal alegación es inestimable.
DÉCIMO SEXTO. – Respecto a la individualización de las
penas, en primer lugar el denominado “grupo empresarios” viene
constituido por una serie de ellos, de la Comunidad
Valenciana, que en fechas tan tempranas como marzo de 2016 y
febrero
de
2017
satisficieron
las
responsabilidades
pecuniarias
exigidas
por
la
acusación
aceptando
las
imputaciones y conformándose con la pena solicitada, estricta
conformidad , ratificada personalmente en el acto de la vista
y asumida por sus respectivos letrados en conclusiones
definitivas. En la calificación mutuamente aceptada se recogía
la atenuante de confesión de la infracción. Frente a algunas
alegaciones vertidas en juicio no considera el que resuelve
deba modificarse el acuerdo alcanzado, ni en menos, ni como
punto de partida para imponer otras penas a otros acusados,
pues es evidente que estas primigenias confesiones facilitaron
en grado sumo el esclarecimiento de los hechos y la
averiguación de la verdad y, como se ha considerado, han
debido ser eficaz acicate o estímulo para la cadena de
confesiones ya producidas en juicio oral. Pero, en todo caso,
se ha cumplido lo preceptado en el art.784 ter. LECR.
(conformidad por escrito previa al juicio oral). Estos
acusados, además, en el juicio oral, han ratificado dicha
conformidad libremente y con conocimiento de sus consecuencias
787 LECR. Este Tribunal entiende que la calificación y la pena
y su sustitución es correcta conforme a dicha calificación.
Los requisitos o términos de la conformidad deben ser
respetados tanto es así que no son recurribles las sentencias
de conformidad que las determinen (art.787 1ª).
Por tanto, siendo conforme a derecho la calificación y sus
consecuencias penológicas no hay por qué modificar en sentido
alguno el acuerdo alcanzado entre dichos empresarios y la
Fiscalía, tanto respecto a los delitos electorales, como a la
de la falsedad documental.
En cuanto a los delitos electorales, la pena en abstracto
es conforme la adaptación de la disposición transitoria 11 de
la LO 10/95 de 6 meses a tres años y multa de 3 a 10 meses.
Respecto a Ricardo Costa, al concurrir la atenuante simple
de confesión o colaboración activa por analogía, la pena debe
imponerse en su mitad inferior es decir de 6 a 15 meses.
Teniendo en cuenta la indudable gravedad de los hechos,
pero compaginando esta con su actuación procesal que desde el
punto de vista personal, profesional y político le ha supuesto
arrastrar obvias dificultades se considera adecuado imponerle
por cada delito la pena de 8 meses, sin infringir el principio
acusatorio formal dadas las peticiones de la Acusación
particular, en cuanto a la multa siempre en su mitad inferior

 5 meses con cuota de 100 euros. Respecto a David Serra aun
cuando nada ha confesado por su situación de subordinación con
el anterior y auxiliador de este aun con condición de
cooperador necesario la pena, por cada delito de 7 meses de
prisión y multa de 4 meses con la misma cuota. Respecto de
Cristina Ibáñez por las razones expuestas 6 meses de prisión
por cada delito y multa de 3 meses con cuota (40 euros). En
cuanto a Yolanda García Santos por su condición de cómplice,
procede reducir la pena en un grado (art.63C.P) considerando
procedente teniendo en cuenta que su participación aun cuando
auxiliar activa es relativamente poco relevante en el delito
imponerle la pena de 4 meses de prisión y 45 días de multa con
cuota de 40 euros.
Respecto al delito continuado de falsedad de los años 2007
y 2008 de los art. 392,390 1,2y 3 del C.Penal y 74,1 del C.
Penal es punible en abstracto con pena de 6 meses a tres años
y multa de 6 a 12 meses.
El citado art 74.1 faculta al juzgador para imponer la
pena superior en grado, pero teniendo en cuenta que no se da
situación concursal medial, Sino que estas falsedades se
cometen como medio de autoencubrimiento de los delitos
electorales y son posteriores o concomitantes con ellos no
resulta adecuado proceder a esta exacerbación punitiva, máxime
cuando los delitos principales, que no los más graves
punitivamente hablando, son los delitos electorales.
Por tanto, al establecer el art 74.1 que la pena se
impondrá preceptivamente en su mitad superior el marco en que
moverse es de 21 meses a 3 años.
En el caso de Ricardo Costa al concurrir la atenuante
simple de colaboración activa hay que estar a la mitad
inferior y la pena imponible será de un año y 9 meses (21
meses) a 28,5 es decir a 2 años y 6 meses. Este es el margen,
mitad inferior en que debe concretarse la pena. Por lo
expuesto y considerando su relativo alejamiento de las
falsedades cometidas, aunque no sea delito de propia mano, se
considera adecuado imponerle la pena de 2 años de prisión y
multa de 10 meses con cuota de 100 euros. Por este delito de
falsedad continuada y por las razones expuestas, a David Serra
la pena de 1 año y 11 meses de prisión y multa de 9 meses con
cuota de 100 euros, pues su participación en el tema de las
falsificaciones fue muy activa.
A Cristina Ibáñez, por su activa participación en las
falsificaciones contables 1 año y 10 meses de prisión y multa
de 9 meses con cuota de 50 euros.
A estos dos acusados aun cuando no confesos, se les aplica
la consideración expuesta de subordinación.
Respecto de los delitos electorales de los que venimos
denominado grupo Correa teniendo en cuenta que O.M. se utiliza
como pantalla para su comisión, en cierto modo como
instrumento para esta a Francisco Correa, concurriendo la
atenuante simple de colaboración activa la pena de 8 meses de
prisión y multa de 5 meses , en cuanto sus subordinados,
aunque
imprescindibles
auxiliares
concurriendo
la
misma
atenuante, a Pablo Crespo 7 meses de prisión y multa de 4

 meses, a Cándido Herrero, sin atenuante, pero estrecho
colaborador de este, aun cuando subordinado, la misma pena de7
meses de prisión y 4 meses de multa y a Álvaro Pérez, con la
atenuante citada como escalón inferior de la trama 6 meses de
prisión y multa de 3 meses. Las anteriores penas se entienden
por cada uno de los tres delitos electorales cometidos siendo
la cuota día en todos los casos de 100 euros.
En cuanto al delito continuado de falsificación sin
reiterar lo antes expuesto a Ricardo costa, concurre en todos
los integrantes de este grupo la atenuante de colaboración
activa, excepto en Cándido Herrero, procede imponer a todos
estos (Crespo, Correa A. Pérez) la pena de 1 año y 9 meses de
prisión y multa de 8 meses con cuota de 100 euros. Respecto a
Cándido Herrero teniendo en cuenta su especial implicación en
este delito aun compensándola con su carácter de auxiliar
subordinado la pena a imponer será de 1 año y 10 meses de
prisión y multa de 9 meses.
Respecto los delitos contra la Hacienda estos quedan
circunscritos a 3 delitos, impuesto de sociedades (I.S.) 2006,
I.S. de 2007 e I.V.A. del mismo año.
En este caso concurriendo en Francisco Correa 2 atenuantes
(colaboración activa y reparación por restitución de lo
defraudado), es obligado imponer la pena en el grado inferior,
es decir, de 6 meses a un año, en cuanto la pena tipo era en
la época de 1 a 4 años (delito simple de defraudación
tributaria), dentro de este grado como en este tipo de delitos
debe valorarse altamente la reparación del daño, que en este
caso se concreta además en la restitución
precisa de lo
sustraído a la Hacienda Pública, es decir, 6 meses de prisión
y multa al tanto de lo defraudado reducida
también en un
grado.
Respecto Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero
teniendo en cuenta que los delitos fiscales son delitos
especiales propios se considera aplicable el artículo 65.3 del
Código Penal: cooperador necesario en que no concurren las
condiciones o cualidades personales del autor y puede
imponerse la pena inferior en un grado. Como el autor, sin
perjuicio de lo razonado al analizar este delito es el
contribuyente, es decir, Francisco Correa que es quien,
además, obtuvo el beneficio de la defraudación, se considera
que aun cuando tuvieron una aportación efectiva y valiosa para
la comisión del hecho al no tener la consideración de
contribuyente procede reducir la pena en un grado. Por tanto,
se considera procedente imponerles la citada pena de 6 meses
de prisión y multa al tanto de lo defraudado. No apreciándose
en las declaraciones de estos acusados intensidad suficiente
como para apreciar atenuante de confesión en este delito.
Respecto del asesor contable y financiero Ramón Blanco
Balín ni reconoce los hechos ni ha restituido cantidad alguna,
pero, a diferencia de los mencionados su aportación a la
comisión de los delitos fiscales es de tal envergadura,
apareciendo como el muñidor y artífice esencial de la estafa
al Fisco que no se considera procedente acudir al criterio
discrecional expuesto para reducir la pena en 1 grado. Por
tanto, dentro del marco punitivo, de 1 a 4 años, para guardar

 cierta proporcionalidad con la
(Francisco Correa) aun cuando
procedente imponerle en pena de
delito y multa del tanto de la
ejercicio y en cada impuesto.

pena impuesta a su cliente
sin atenuante se considera
1 año de prisión por cada
cantidad defraudada en cada

En cuanto los delitos fiscales de Álvaro Pérez (IRPF 2006
y 2007) dado el talante colaborador mantenido durante el
juicio, salvo el exordio final, se considera por sus
circunstancias personales y situación en la trama que debe ser
sancionado con 1 año de prisión por cada delito y multa del
tanto de lo defraudado.
DECIMO-SEPTIMO. -En orden a las responsabilidades civiles
ya se ha reseñado que se ha recibido de Suiza de la C/C de
titularidad
real
de
Francisco
Correa
la
cantidad
de
2.060.748,87 euros, como la cantidad fijada definitivamente es
menor, el remanente se aplicará a cubrir, en lo que alcance, a
los
intereses
de
demora
alegados
y
responsabilidades
pecuniarias (multas) del propio Correa, cuestiones todas a
fijar en la ejecución de sentencia. De conformidad con el
artículo
120.4
del
C.P
es
procedente
declarar
la
Responsabilidad Civil subsidiaria de “Orange Market S.L.” y
“R. B Asesores S.L.”
del pago de las responsabilidades
civiles.
No se considera practicada prueba necesaria para hacer la
misma declaración respecto “Diseño Asimétrico S.L.”
VISTOS los artículos citados y demás de aplicación,
FALLO:
Que debo condenar y condeno como criminalmente responsable
en concepto de Autores de tres delitos electorales (elecciones
Autonómicas 2007, elecciones Municipales 2007 y elecciones
generales de 2008) a los siguientes acusados:
1. A Ricardo Costa Climent, concurriendo la atenuante por
analogía de confesión o colaboración activa a tres penas
de 8 meses de prisión y multa de 5 meses con cuota de 100
euros día.
2. A David Serra tres penas de 7 meses de prisión y multa de
4 meses con cuota de 100 euros día.
3. A Cristina Ibáñez tres penas de 6 meses de prisión y multa
de 3 meses cuota de 50 euros día.
A Yolanda García como cómplice del delito electoral
relativo a las elecciones de 2008 a la pena de 4 meses de
prisión y multa de 45 días con cuota de 50 euros día.
Y como autores de los 3 delitos electorales antes enumerados
debo condenar y condeno a:
1. Francisco Correa Sánchez, con la concurrencia de la
atenuante por analogía a confesión o colaboración activa
a tres penas de 8 meses de prisión y multa de 5 meses.
2. Pablo Crespo Sabaris tres penas de 7 meses de prisión y 4
meses de multa, concurriendo la misma atenuante.

 3. Cándido Herrero tres penas de 7 meses de prisión y 4 meses
de multa, sin concurrencia de modificativas.
4. Álvaro Pérez tres penas de 6 meses de prisión y multa de 3
meses
concurriendo
la
atenuante
de
confesión
o
colaboración activa.
Todas las multas antes indicadas tendrán una cuota/día de
100 euros (4 acusados anteriores).
Así mismo, debo condenar y condeno como autores de un delito
continuado de falsedad documental a los siguientes acusados:
1. A Ricardo Costa, con la concurrencia de la atenuante
de colaboración activa a la pena de 2 años de prisión y
multa de 10 meses con cuota de 100 euros día.
2. A David Serra, a la pena de 1 año y 11 meses de prisión y
multa de 9 meses con cuota de 100 euros día.
3. A Cristina Ibáñez a la pena de 1 año y 10 meses de prisión
y multa de 9 meses con cuota de 50 euros día.
Así mismo, por el delito electoral referido a las elecciones
Autonómicas de 2007, debo condenar y condeno:
A) A Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y
Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla, apreciándose en
todos ellos la atenuante de colaboración activa a la pena
de 3 meses de prisión que se sustituyen por 180 de cuotas
de multa (con cuota diaria de 100 euros) y multa de 45
días con la misma cuota.
B) Y por el delito electoral referido a las elecciones
municipales de 2007 las mismas penas a los mismos
acusados.

C) Y por el delito electoral referido a las elecciones
generales de 2008 debo condenar y condeno, con la
concurrencia expresada de colaboración a Antonio y
Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Alberto Batalla, José
Francisco Beviá, Vicente Cotino y Enrique Ortiz a las
penas antes señaladas.
D) También debo condenar y condeno a Antonio y Alejandro
Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez, Alberto Batalla,
Enrique
Ortiz,
José
Francisco
Beviá
y
Vicente
Cotino,
concurriendo la atenuante de colaboración activa a la pena de
12 meses de prisión, que se sustituye por 720 cuotas de multa
con cuota diaria de 100 euros y multa de 5 meses con la misma
cuota por el delito continuado de falsedad documental.
Déjense inmediatamente sin efecto los avales de todas las
multas satisfechas íntegramente, procediéndose a la ejecución

 del aval prestado por Alejandro Pons en ejecución de
sentencia.
Las cantidades ingresadas/avaladas por estos condenados
ascienden en total a 1.057.101 euros.
Asimismo, y por el expresado delito continuado de falsedad
documental debo condenar y condeno a:
1) Francisco Correa, con la concurrencia de la
atenuante de confesión o colaboración activa a 1
año y 9 meses de prisión y multa de 9 meses.
2) A Pablo Crespo y Álvaro Pérez concurriendo la
misma atenuante de colaboración la pena de 1 año y
nueve meses de prisión y multa de 9 meses.
3)A Cándido Herrero, sin concurrencia de modificativas, la
pena de 1 año y 10 meses de prisión y multa de 10 meses.
Todas estas multas irán referidas a una cuota diaria de 100
euros con aplicación en caso de impago de la responsabilidad
personal subsidiaria del art. 53 del C.P.
Y se les condena a todos ellos con la pena accesoria de
privación del derecho de sufragio pasivo, privación del
derecho de ser elegido para cargos públicos durante el tiempo
de la condena, y suspensión de cargo público quien lo
ostentara por el mismo tiempo. Y deberán satisfacer las costas
por estos delitos a partes iguales.
Y debo absolver y absuelvo a Vicente Rambla Momplet de los
expresados delitos si como a José Enrique Fresquet Martínez,
este último por retirada de acusación en el acto del juicio
por la única que la mantenía.
Asimismo,
debo
condenar
y
condeno
como
criminalmente responsables de 3 delitos contra la
Pública (I.S 2006, IS 2007, IVA 2007) a:

autores
Hacienda

1) Francisco Correa concurriendo las atenuantes de
reparación del daño y colaboración activa o confesión a 3
penas de 6 meses de prisión y 3 multas de 137.671 euros (IS
2006), 388.978 (IS 2007) y 382.809 (IVA 2007).
2)A Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero la misma
pena a cada uno de ellos- 3 penas de 6 meses de prisión y las
citadas multas.
3)A Ramón Blanco Balín, sin concurrencia de modificativas,
3 penas de 1 año de prisión y las 3 multas de 183.562 euros
(IS 2006); 518.638 euros (IS 2007) y 510.412 euros (IVA 2007)
Todos ellos sufrirán la pérdida del derecho a obtener
subvenciones, o ayudas públicas y beneficios o incentivos
fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de tres años por
cada delito (total 9 años).
En caso de impago de la multa la responsabilidad personal
subsidiaria será de 60 días, por cada uno de ellas.

 La responsabilidad civil derivada de estos delitos
asciende a 1.212.612 siendo la cantidad defraudada 183.562
euros (IS 2006), 518.638 euros (IS 2007) y 510.412 euros (IVA
2007) a satisfacer solidariamente por estos condenados y a
pagar a la Hacienda Pública y devengará los intereses de
demora previstos en la LGT más los intereses legales ;como la
cantidad reintegrada ha sido de 2.060.748 euros al remanente
se le dará el destino que se ha considerado en el fundamento
jurídico
nº
17
de
esta
resolución.
Se
declara
la
Responsabilidad civil subsidiaria de Orange Market y R.Blanco
Asesores S.L en proporción al beneficio reportado.
También debo condenar y condeno a Álvaro Pérez como autor
de 2 delitos contra la hacienda Pública, IRPF 2006 e IRPF de
2007, sin concurrencia de modificativas a la pena de 1 año de
prisión por cada delito y multa de 165.559 euros (IRPF de
2006) y multa de 178.418 euros (IRPF de 2007). En caso de
impago de la multa la responsabilidad personal subsidiaria
será de 15 días por cada una de ellas.
Asimismo indemnizará a la Hacienda Pública en la cantidad
defraudada por un monto total de 343.977 euros que devengará
el interés de demora previsto en la LGT más los intereses
legales, fijándose en tres años el tiempo de perdida de
subvenciones y beneficios fiscales y de la Seguridad Social
por cada delito.
Todos los condenados por estos delitos satisficieran las
costas derivadas de los mismos por partes iguales.
Procédase a remitir los testimonios que se solicitan a los
organismos que se indican conforme a lo interesado por el M.F
y
el
Abogado
del
Estado
en
sus
conclusiones
definitivas.L.Y.J.P.T.
Esta Sentencia, NO ES FIRME. Contra ella cabe interponer
recurso de apelación, que será interpuesto dentro de los diez
días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la
sentencia conforme al art. 790 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Notifíquese esta resolución al Ministerio
demás partes procesales y a los perjudicados.

Fiscal,

a

las

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION. - Leída y publicada la anterior sentencia por
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando
Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que doy
fe.-