Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 02 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013
45029730

NIG: 28.079.00.3-2013/0023225

Procedimiento Ordinario 467/2013

Demandante/s: D./Dña.
LETRADO D./Dña. FELIPE ALONSO PRIETO

y otros 6

Demandado/s: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)
AZORA GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION
COLECTIVA, S.A.U
PROCURADOR D./Dña. FEDERICO RUIPEREZ PALOMINO
SENTENCIA Nº 272/2018
En Madrid, a 03 de septiembre de 2018.
Vistos por el Ilmo.
Magistrado -Juez de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, los presentes autos de procedimiento ordinario
nº 467-2013 instados por
, representados por el Letrado D. Felipe Alonso Prieto, siendo
demandado el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Los autos versan sobre
contratos.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por las partes actoras se interpuso recurso Contencioso-Administrativo frente a
la resolución dictada por la Dirección-Gerencia del Instituto de la Vivienda de Madrid el 29
de Agosto de 2013, rectificada por otra de fecha 11 de Octubre de 2013, por las que se
acuerda adjudicar a Azora Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, S.A., el contrato de "Enajenación de 32 promociones (viviendas en arrendamiento
y en arriendo con opción a compra, garajes, trasteros y locales)".
SEGUNDO.- En la tramitación de este procedimiento se ha cumplido todos los trámites
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo, procedimiento ordinario nº
467-2013 por
, frente a la resolución dictada por la Dirección -Gerencia del
Instituto de la Vivienda de Madrid el 29 de Agosto de 2013, rectificada por otra de fecha 11
de Octubre de 2013, por las que se acuerda adjudicar a Azora Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, S.A., el contrato de "Enajenación de 32 promociones

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 (viviendas en arrendamiento y en arriendo con opción a compra, garajes, trasteros y
locales)".
Fundamentan los recurrentes su impugnación en la ausencia del informe que acredite la
idoneidad y adecuación de la contratación y no quedar acreditada la necesidad de su
celebración; falta de justificación de la innecesariedad de las viviendas para el ejercicio de
las competencias del ente que acuerda la enajenación; vulneración de los principios de
eficacia, eficiencia y economía(arts. 103, 31.2 CE y 8.1,B) LPAP; infracción de la doctrina
de los actos propios; falta de audiencia en el procedimiento de adjudicación a los
arrendatarios; infracción del derecho a la vivienda; ausencia de acreditación de la
declaración de inversiones exteriores prevista en la Orden de 28 de mayo de 2001 por la que
se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y
su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de
expedientes de autorización.
SEGUNDO.- Los recurrentes como titulares de contrato de arrendamiento sobre las
respectivas viviendas sitas en la calle
Leganés de
Protección Oficial y propiedad del IVIMA, que forman parte de una de las 32 promociones
del contrato de enajenación que constituye el objeto de la Resolución recurrida, dictada por
el IVIMA por la que se procede a adjudicar a los codemandados Azora Gestión S.G.I.I.C.
SAU las referidas promociones y cuyo proceso de adjudicación es cuestionado por los
recurrentes.
Frente al recurso interpuesto se alegó la existencia de causa de inadmisibilidad del
recurso por carecer los recurrentes de legitimación en tanto que su situación jurídica resulta
inalterada por dicha adjudicación y sin que exista interés legítimo que ampare el recurso
interpuesto. La citada alegación fue estimada y consecuencia de ello fue el dictado de la
sentencia de 18 de mayo de 2016 por la que se declaraba la inadmisibilidad del recurso por
carecer los recurrentes de legitimación en tanto que su situación jurídica resulta inalterada
por dicha adjudicación y sin que exista interés legítimo que ampare el recurso interpuesto,
pues las cuestiones que se planteaban como posibles en un futuro pero que con la naturaleza
jurídica del contrato de adjudicación suscrito, en nada pueden verse perjudicados en relación
con su posición inicial.
La citada sentencia fue confirmada por la nº 584/2016 dictada el 21 de diciembre de
2016 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid frente a la que se interpuso recurso de Casación que fue
estimado por la Sentencia nº 518/2018, dictada el 23 de marzo de 2018 por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el fallo estimaba
el recurso al considerar que los recurrentes ostentaban legitimación para recurrir las
resoluciones impugnadas y acordaba la anulación de las sentencias de la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y la de este Juzgado, acordando la retroacción de actuaciones
al momento anterior al dictado de la sentencia inicial por este Juzgado.
Por tanto resuelta la cuestión relativa a la legitimación de los recurrentes procede
entrar al enjuiciamiento del fondo del asunto.
TERCERO.- La cuestión debatida ha sido resuelta por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 29 de los de esta Sede, en su sentencia de 21 de mayo de 2018, en sentido
estimatorio de las pretensiones formuladas por otro recurrente en los mismos términos que
ahora se plantean, siendo pues de aplicación las consideraciones que en ella se efectúan,
entre otras cuestiones por aplicación del principio de seguridad jurídica, dado que dicha

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 sentencia enjuicia tres resoluciones, dos de las cuales son las mismas que en el
procedimiento que ahora nos ocupa, esto es las dictadas el 29 de Agosto de 2013, y el 11 de
Octubre de 2013.
Pues bien, la referida sentencia de 21 de mayo de 2018, a los efectos que nos interesa
en el presente recurso, señala en sus fundamentos de derecho:

“…I.- DON
cuestiona la legalidad de los actos impugnados
alegando que:
1º Vulneran los arts. 22.1 y 109 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, porque: a) en la documentación preparatoria del contrato
proyectado, el IVIMA no ha determinado con precisión la naturaleza y extensión de
las necesidades que se pretendía cubrir con el mismo, ni la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas; b) ausencia de motivación de la necesidad del
contrato; y c) la actuación administrativa adolece de un estudio sobre el impacto
social, que ha provocado a numerosas familias en situación precaria
económicamente.
2º Que la COMUNIDAD DE MADRID, a través del contrato referido, ha vaciado de
contenido el derecho a la reducción de la renta de que era beneficiario el
demandante.
3º Vulneración del derecho a la igualdad del actor y su familia frente a otros
beneficiarios de renta que el IVIMA no ha vendido y tienen reconocido, como el
demandante, el mismo derecho de reducción de renta.
4º Vulneración de los principios de protección a la familia, de protección de los
menores y del derecho a una vivienda digna.
II.-

Despejado por el Tribunal Supremo el problema de la legitimación activa del
recurrente, se alega por AZORA GESTIÓN, al amparo del art. 69.e) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LJCA), la extemporaneidad
del presente recurso jurisdiccional porque se interpuso más de dos meses después
del acuerdo de adjudicación de fecha 29 de Agosto de 2013, al presentarse aquél en
el decanato de los Juzgados el día 13 de Diciembre de 2013. No procede acoger el
alegato de inadmisibilidad toda vez que no se quiso reconocer por el IVIMA el
interés de los ocupantes de las viviendas en el expediente de contratación y, por
tanto, ni se les dio audiencia en el mismo, ni se les notificó personalmente, ni
edictalmente, resolución alguna de las recaídas en el mismo; ni se publicó finalmente
por edictos la adjudicación del contrato.
Por lo tanto, y dada la condición de interesados que en este caso les reconoce el
Tribunal Supremo, no puede decirse que el presente recurso sea extemporáneo,
cuando no consta que se le notificara eficazmente al demandante el acuerdo de
adjudicación aquí impugnado más de dos meses antes de la interposición del
presente recurso. Procede la desestimación del alegato de inadmisibilidad invocado
por AZORA GESTIÓN.

III.- Y, entrando en el fondo del asunto y comenzando por los motivos relativos a la
preparación del contrato y motivación de la innecesaridad del patrimonio
enajenado, del expediente administrativo se desprende que:

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 -el inicio y ordenación del expediente de contratación para la enajenación de las 32
promociones de viviendas se acuerda el 18 de Febrero de 2013 por la Dirección
Gerencia del IVIMA;
-se redactan por dicho órgano administrativo con fecha 28 de Mayo de 2013 sendas
memorias para justificar: a) el cumplimiento del requisito de “innecesariedad” que
justifique la enajenación; y b) la enajenación por el procedimiento restringido de
contratación administrativa;
-se autoriza la enajenación por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid de fecha 6 de Junio de 2013 y con esa fecha suscribe la Dirección
Gerencia del IVIMA el Pliego de Condiciones que ha de regir la enajenación;
-se publica la convocatoria para seleccionar contratista en el B.O.C.M. de 7 de
Junio de 2013;
-el 9 de Agosto de 2013 la mesa de contratación propone la adjudicación del
contrato a AZORA GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.; y
-el 29 de Agosto de 2013 se acuerda dicha adjudicación por el acuerdo impugnado
de la Dirección Gerencia del IVIMA de fecha 29 de Agosto de 2013, rectificado
luego por acuerdo del mismo órgano administrativo de fecha 11 de Octubre de 2013.
Esta es toda la tramitación del expediente.
En las referidas memorias se trata de justificar la enajenación en:
-la simple y llana afirmación de que “no son necesarias” las 32 promociones (véase
la página 6ª de la memoria acerca de la innecesariedad”), sin que se explique ni
justifique dicha afirmación con ningún tipo de informes a análisis complementarios
de carácter técnico, económico, financiero y legal. Es decir, no se ofrece ni justifica
la razón o el por qué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un
total de 2.935 viviendas, que cumplen una función social, como es la de
proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna, bien en régimen de
alquiler, bien en ese mismo régimen con opción a compra, que se hallaban ocupadas
en un 80%. Otra cosa es que esas viviendas no hubieren llegado a ocuparse por falta
de solicitantes, o que la ocupación fuere mínima o que con el tiempo y falta de
demanda hubieren quedado desocupadas; y en que
-“la enajenación resulta conveniente para el interés público permitiendo una gestión
adecuada del patrimonio del IVIMA de acuerdo a los criterios de eficiencia y
eficacia en la explotación de los bienes inmuebles, lo que permitirá al IVIMA
ahondar en el mejor cumplimiento de sus fines y funciones que suponen un mayor
interés para las finalidades que le son propias” (ver la misma página de la misma
memoria). Sin embargo tampoco consta en el expediente ningún informe o análisis
que explique cómo el cumplimiento de sus fines puede determinar la enajenación de
dichas promociones erigidas para cumplir precisamente el fin fundamental del
IVIMA cual es el antedicho de proporcionar el acceso a una vivienda digna a clases
desfavorecidas, como debe ser el importante colectivo de personas que ocupan las
viviendas que en su día se adjudicaran en régimen de alquiler o de alquiler con
opción a compra. Fin que se contempla en el art. 4.e) del Decreto 54/1984, de
creación del IVIMA, al decir que “corresponden al Instituto de la Vivienda de
Madrid, las siguientes funciones: e) La promoción pública de viviendas de
protección oficial y su edificación complementaria y equipamiento; la adquisición de
viviendas en proyecto, en ejecución o terminadas, así como la aplicación de su
régimen de uso, conservación y aprovechamiento”.

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 Con ello se pone de manifiesto la falta de motivación o de justificación del requisito
de innecesariedad de dichas promociones que denuncia el demandante y exige el art.
49.1 de la Ley 3/2001, de 21 de Junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, en
concordancia con el art. 131 de la Ley estatal 33/2003, de 3 de Noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones públicas, para poder autorizarse la enajenación
de bienes patrimoniales de las Administraciones públicas.
Sin contar con que un acuerdo de enajenación a un tercero y en un solo acto de tan
elevado número de viviendas, integrantes de 32 promociones, supone toda una
alteración del programa de actuación del IVIMA, cuya aprobación es competencia
del Consejo de Administración a tenor del art. 8.6 del Decreto 54/1984, pues supone
una modificación sustancial de las características propias y específicas de cada
promoción, como es, entre otras, el régimen de propiedad del IVIMA de esas
promociones al menos hasta el ejercicio del derecho de compra por los
arrendatarios con opción a ella, que es el caso de la inmensa mayoría de las
viviendas enajenadas. Dada, pues, la modificación que tamaña enajenación supone
en el programa de actuación del IVIMA, se hace necesario, con carácter previo a su
enajenación, la aprobación de esa modificación por el Consejo de Administración
del IVIMA, y no consta en el expediente administrativo tal aprobación ni siquiera la
delegación de esa competencia al Gerente del IVIMA. Una cosa es la delegación de
competencias que pueda haberse hecho al Gerente para adoptar acuerdos de
adquisición, explotación administración, gestión y disposición sobre bienes
inmuebles y derechos sobre los mismos, así como el acuerdo de incorporación de
bienes inmuebles al patrimonio de la Comunidad de Madrid, que alega la
COMUNIDAD DE MADRID; y otra cosa bien diferente es llevar a cabo una
enajenación masiva, de 32 promociones, que supone una alteración de todo un
programa de actuación, que es competencia exclusiva del Consejo de Administración
del IVIMA, sin que conste autorización previa de éste para llevarla a cabo.

IV.-

Lo que obliga a concluir diciendo, sin necesidad de tratar el resto de los
motivos del recurso, que el acuerdo impugnado acordando la adjudicación de dichas
promociones no se ajusta a Derecho y que procede estimar íntegramente el presente
recurso, como indica el art. 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (en adelante LJCA), con las demás consecuencias previstas en el art.
71.1 de la misma Ley, de tener que anularse totalmente dicho acto y dejar sin efecto
alguno la adjudicación y enajenación que acuerda.

Es por lo expuesto y aplicando las mismas consideraciones que se recogen en la
sentencia de referencia, es por lo que procede estimar el recurso.
CUARTO.- En relación con las costas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo139
de la ley no procede hacer expresa imposición al considerar que se trata de una cuestión
jurídicamente compleja.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

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 FALLO
Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
contra la
resolución dictada por la Dirección-Gerencia del Instituto de la Vivienda de Madrid el 29 de
Agosto de 2013, rectificada por otra de fecha 11 de Octubre de 2013 debo anular y anulo
totalmente las mismas y dejo sin efecto alguno la adjudicación y enajenación que por la
primera de ellas se acuerda y con ello la transmisión del contrato de arrendamiento de los
demandante al propietario resultante de dicha enajenación. Sin imposición de costas.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de
quince días, a partir del siguiente a su notificación ante este Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
EL MAGISTRADO

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 PUBLICACIÓN.- En Madrid, a 3 de septiembre de 2018.
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez que la
firma. Doy fe.

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los
artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la
documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio
o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, sin perjuicio
de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ

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