Informe de connotaci?n

Fiscall'a General de la Naci?n
he

Eduardo Montealegre Lynett

2012 - 2016



 

Informe de connotación Fiscalía General de la Nación
Eduardo Montealegre Lynett
2012 - 2016
Presentación
Caso Jaime Garzón
El carrusel de la Contratación
Investigaciones contra el exalcalde Samuel Moreno
Caso Álvaro Cruz
Alcaldesa de Florencia
El desfalco a la DIAN
Guerra al contrabando
Desplome de Interbolsa
El proceso Fondo Premium
Proceso Torres Cortes
Los computadores de las FARC
Parapolítica
El hacker
Las chuzadas del DAS
Investigaciones de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia sobre el DAS
Falsos positivos
Homicidios cometidos por agentes del Estado
Ejecuciones extrajudiciales
Muerte del grafitero
La porrista de Millonarios
Caso Jineth Bedoya
Goldex
PetroTiger
Asesinato de los niños en Caquetá
Periodista Pitalito
Falsas víctimas de Mapiripán
Enilce López, La Gata
Los Canarios, paseos millonarios
Violencia contra las mujeres
Víctimas de ataques con agentes químicos
Jueces Barranquilla
Entrega de cadáveres de desaparecidos
Atención a víctimas y usuarios
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 Presentación
El despacho del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, le hizo seguimiento, mes a mes, a más de 150 investigaciones, clasificadas como procesos de connotación nacional, expedientes sobre los cuales la opinión pública
tenía un interés especial.
Más allá del simple monitoreo permanente, el despacho del Fiscal buscó que,
dentro de la independencia de los delegados e investigadores, estos procesos lograran una mayor dinámica y los encargados de sacarlos adelante tuvieran todos
los recursos humanos y técnicos para desarrollar su misión legal y constitucional.
Varios de estos casos se trabajaron en contexto, se priorizaron y otros se desprendieron de investigaciones base.
Sobre estas investigaciones, la prensa preguntaba casi a diario. La opinión pública exigía resultados para establecer la verdad lo antes posible y buscar el castigo de los presuntos responsables.
En la lista figuran procesos connotados, como el millonario carrusel de la contratación en Bogotá, el fraude a la DIAN usando el IVA, expedientes por paramilitarismo, parapolítica, falsos positivos, terrorismo, desplazamiento forzado,
magnicidios (Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado, José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa), el cartel de los falsos testigos, las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS, el holocausto del Palacio de Justicia a manos del M-19
y la retoma a sangre y fuego por parte de las Fuerzas Armadas.
La lista sigue con expedientes por lavado de activos y corrupción de cuello
blanco: Interbolsa, y el fondo premium. Violencia de género por parte de grupos guerrilleros como las FARC, el exterminio de la Unión Patriótica, delitos
de alto impacto social, el suicidio del estudiante Sergio Urrego y la muerte del
estudiante de la Universidad los Andes en el norte de Bogotá, entre otros radicados de interés general.
Para el monitoreo permanente de algunos de estos procesos, el Fiscal General
de la Nación designó un equipo especial encargado de recoger información en
diferentes despachos de la entidad, procesarla, ordenarla, clasificarla, seguirla y
finalmente rendir informes sobre la evolución y problemas de cada caso.
Pero además de estos radicados, los directivos de la Fiscalía mantuvieron un
monitoreo sobre cientos de expedientes más, fundamentalmente por ser catalogados de alto impacto nacional y sobre los cuales la opinión pública exigía
información de manera cotidiana. Algunos de estos procesos no pueden ser
mencionados en el siguiente informe por reserva sumarial, por su momento
procesal, y porque los fiscales aún adelantan acciones en torno a ellos.
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 Caso Jaime Garzón
Quince años después, la justicia logró
orientar por el camino correcto y sacar
de la impunidad el asesinato de uno de
los colombianos más queridos. Desde el
comienzo este proceso fue desviado de
manera intencional para esconder a los
verdaderos responsables.
Durante más de una década el expediente
fue guiado para perder su rumbo, se buscó
donde no era y se siguieron pistas falsas,
presuntamente, sembradas para desorientar a los investigadores y así ocultar la
identidad de todos los verdaderos autores
y las entidades del Estado involucrados en
este crimen.
El día del asesinato, 13 de agosto de 1999,
aproximadamente a las 5:45 de la mañana, JAIME HERNANDO GARZÓN FORERO se desplazaba en su vehículo, placa
No. CRW -914, con destino a su lugar de
trabajo en las instalaciones de la emisora Radionet. En el trayecto, justo cuando
esperaba el cambio del semáforo, sobre
la carrera 42 con calle 23, barrio Quinta
Paredes en Bogotá, fue abordado por dos
sujetos que se movilizaban en motocicleta, uno de los cuales le disparó varias
veces con arma de fuego ocasionando la
muerte de manera inmediata.
La investigación comenzó bajo El radicado
No. 564. Desde el comienzo fueron acusados el máximo comandante de las autodefensas CARLOS CASTAÑO GIL, como
determinador, y los señores JUAN PABLO
ORTIZ AGUDELO, alias Bochas y EDILBERTO ANTONIO SIERRA AYALA.
Casi cinco años después del crimen, en
marzo de 2004, el Juez Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, conde4

nó a 38 años de cárcel a CARLOS CASTAÑO, como coautor. En la sentencia absolvió a ORTIZ AGUDELO, alias BOCHAS
y a SIERRA AYALA, al considerar que no
existía certeza sobre su participación en
los hechos.
Posteriormente, bajo el radicado 1942, la
investigación continuó, y fue vinculado
JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ, ex subdirector
del DAS, a quien se le impuso medida de
aseguramiento, detención preventiva y
luego fue acusado como determinador del
homicidio de JAIME GARZÓN, el 27 de junio de 2011. Actualmente está en etapa de
juicio en el Juzgado 7 Penal Especializado
de Bogotá.
En este proceso fue posible compulsar copias para identificar a otros autores o participes, investigación que le correspondió
el radicado No. 1942 A, al que fue vinculado el jefe paramilitar DIEGO FERNANDO
MURILLO BEJARANO, alías DON BERNA,
como coautor del homicidio de GARZÓN.
Se le impuso medida de aseguramiento,
detención preventiva.
Dentro de la misma investigación, la Fiscalía dispuso decretar la vinculación procesal del coronel retirado JORGE ELIÉCER
PLAZAS ACEVEDO, a quien se le impuso
medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva y el 17 de julio de
2014 se profirió en su contra resolución de
acusación por homicidio.
Finalmente, con el propósito de continuar
con la investigación, específicamente
para esclarecer los hechos con respecto
a los autores materiales del homicidio,
mediante providencia del 27 de agosto
de 2014, la Fiscalía decretó apertura de
investigación preliminar, bajo el radicado
No. 9828.

 No hay que olvidar que los derechos que
deben ser garantizados a las víctimas,
dentro del proceso penal, son el derecho
a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Las víctimas deben tener la posibilidad
real de conocer lo que sucedió y en buscar
una coincidencia entre la verdad procesal
y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante en delitos como
en el caso JAIME GARZÓN, donde, además, se ha visto una posible estrategia de
desviación de la investigación para ocultar la verdad.
En el caso concreto, con el propósito de
identificar e individualizar a los autores
materiales de este homicidio, la Fiscalía
ha recaudado abundante material probatorio, que le permite establecer que el
crimen fue cometido por miembros de la
denominada banda de sicarios “La Terraza”, que delinquía principalmente en Medellín, bajo el mando del máximo jefe de
las autodefensas CARLOS CASTAÑO GIL.
Dicha situación se encuentra ampliamente demostrada con diversos medios
probatorios, de los que se resaltan los siguientes: copia de la transcripción de un
video de posible origen de la banda La
Terraza y un álbum fotográfico. En estos
documentos sus integrantes contaron
que trabajaban para CARLOS CASTAÑO,
y confesaron su participación en la muerte
de Jaime Garzón; entre otros hechos delictivos, aseguraron que por este asesinato les pagaron treinta millones de pesos.
Concretamente, el vocero de la banda La
Terraza dijo: “Es que este señor JAIME
GARZON le estuvieron haciendo estudio
de inteligencia del Ejército y lo vincularon
a la guerrilla y que él tenía que ver con los
secuestros y estaba ganando un dinero.
Esto no me consta a mí. Entonces le dio la
orden a su subalterno, a CARLOS CASTAÑO, y él nos llamó para que nosotros efec-

tuáramos eso… Nosotros sabíamos que
él era la marioneta y él le daba la orden a
ELKIN. Él era el puente, CASTAÑO era el
puente entre el Ejército y nosotros”.
El hombre también manifestó su descontento porque CARLOS CASTAÑO y BERNARDO (BERNA) asesinaron a mansalva a
sus compañeros de la banda La Terraza en
la finca “Perra Perdida”.
Asimismo, existe un Informe de Policía
Judicial, mayo 18 de 2005, sobre “La Terraza”, en el que se detalla su área de influencia, análisis de su surgimiento, antecedentes y estructura. En el documento
se destaca a ELKIN SÁNCHEZ MENA, alías
EL NEGRO ELKIN, como jefe de la banda,
supuestamente asesinado por las AUC. A
dicha organización delictiva se le atribuye la comisión de una serie de crímenes
ordenados por CARLOS CASTAÑO, entre
otros, los homicidios de JAIME GARZON,
ELSA ALVARADO y MARIO CALDERON,
EDUARDO UMAÑA; así como el secuestro
de los investigadores de las ONG I.P.C., de
la senadora PIEDAD CÓRDOBA y el diputado GUILLERMO LEÓN VALENCIA.
Figura además dentro del expediente, un
documento del 29 noviembre de 2000,
dirigido al Presidente de la República, al
Fiscal General de la Nación, al Procurador,
a Organizaciones de Derechos Humanos y
a la Opinión Pública, donde el grupo delincuencial La Terraza se tribuye una serie de
hechos delictivos, entre otros, el homicidio
de JAIME GARZON.
El contenido esencial de los documentos
citados, en lo que respecta al homicidio
de JAIME GARZÓN, se encuentra corroborado con diferentes versiones rendidas
por jefes de las autodefensas, de los que
se pueden destacar los siguientes: testimonio rendido el 9 de octubre del 2007
por IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA,
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 alías ERNESTO BAEZ, asesor político de
CARLOS CASTAÑO para la época de los
acontecimientos, quien bajo la gravedad
juramento aseguró: “Destaco varias cosas,
uno que me quedó claro la responsabilidad
directa de Carlos en lo que respecta a la orden impartida a una banda denominada La
Terraza que operaba en Medellín y que estaba directamente al servicio de Castaño.
De otro lado, las informaciones que conocí
por conducto de Jesús Ignacio Roldan, alías
MonoLeche, quien a raíz de un incidente que
tuvo con Carlos, se suscitó una polémica en
la que quedó al descubierto que el señor ELKIN SÁNCHEZ MENA o MENA SÁNCHEZ,
no recuerdo bien el orden de sus apellidos,
cumpliendo una orden de Carlos había procedido a dar muerte al célebre humorista…
Mi primera certeza sobre la autoría de Carlos con respecto a la muerte de Garzón partió de un encuentro que se llevó a cabo en la
denominada finca La Siete, una noche cualquiera, debe ser año 1999, concurrieron allí
unos señores que venían de Medellín y por
un buen rato esperaron que Carlos llegara.
Estaban ubicados en un pequeño vestíbulo
al extremo del salón en cuyo fondo tenía
yo mi oficina. Efectivamente, Carlos llegó
y después de un saludo sumamente efusivo
habló por un buen rato del excelente trabajo,
las felicitaciones, se pusieron a tomar whisky y a detallar el asunto que posteriormente
supe se relacionaba con la muerte del señor
Jaime Garzón. Inclusive, Mena Sánchez que
estaba en compañía de un personaje que le
decían Lotar o El Tatuado y un tercero al que
le decían Lucho San Pedro creo, no recuerdo
muy bien, comentaban estos señores que
había sido más difícil el viaje hacia el alto
Sinú que la vuelta, en esos términos se expresaban. A mí no me quedó duda que se
referían al asesinato de Jaime Garzón..”
De esto hay que destacar también el señalamiento directo que hizo sobre miembros de
La Terraza en la comisión del homicidio y un
incidente que dijo conoció a través de alías
Monoleche, relacionado con un arma que
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Carlos Castaño le solicitó al Negro Elkin y
que correspondía a la pistola o revolver con
que ultimaron al humorista y cuya perdida
desencadenó fuertes represalias por parte
de Carlos Castaños contra los integrantes
de la banda de sicarios, que además adoptó por las quejas que contra ellos se venían
efectuando por sus continuos abusos. El jefe
paramilitar ordenó asesinar a los miembros
de La Terraza, con lo cual además, podía
ocultar la responsabilidad de las autodefensas en el homicidio de Jaime Garzón.
Lo anterior fue ratificado con el testimonio de JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ,
alías MONOLECHE, rendido el 10 de octubre del 2007, quien aseguró: “Carlos
Castaño tenía una banda que se llamaba
La Terraza, el comandante de esa banda
era el negro Elkin. Carlos Castaño se lo
llevó para la zona de Córdoba con unos
quince o veinte hombres más, y le dijo al
Negro Elkin que se iba a quedar instalado
en la zona porque aquí en Medellín estaba muy caliente y estaban haciendo cosas
mal hechas, que se quedaran un tiempo
allá con él, Carlos me dijo a mi, Dieciocho
era uno de mis “alias”, hay que averiguar
una finca para comprársela al Negro Elkin
porque él se va a quedar un tiempo en la
zona, me mandó con el Negro Elkin y miramos varias fincas, hubo una que le gustó
al Negro, él me dijo esta me gusta, pero
no tengo toda la plata, pero el comando
me debe todavía una plata de la vuelta de
Garzón. Como a los cuatro días me llamó
Carlos que me pasara por el campamento
de él, llegué y me preguntó, yo le dije que
había una finca que le gustaba, pero que
no tenía toda la plata, que usted le debe
una plata de la vuelta de Garzón. Ese hombre se paró, estaba el doctor Ernesto sentado ahí, era una finca grande, ese hombre se paró como una fiera de esa oficina,
y ahí mismo le dijo al radioperador que
llamara al Negro Elkin, que pasara urgente por acá, me dijo a mí: se puede retirar,

 se puede ir. Como a los cuatro o cinco días
me encontré con el Negro y me dijo: “Qué
chatarra, qué regaño el que me metió Carlos. Yo le pregunte por qué hermano y me
dijo porque había mentado lo de Garzón.
Le dije que yo ni siquiera sabía quién era
ese Garzón, ni qué de Garzón me estaba
hablando”. Aseguró, además, que al Negro Elkin y otros integrantes de la banda
les ordenó asesinar Carlos Castaño, supuestamente porque conocían muchos
detalles de su vida y a él no le gustaba dejar “huellas”.
La anterior declaración se encuentra respaldada con la versión libre rendida por
EVER VELOZA GARCÍA, alías HH, el 10
de julio del 2008 ante la Unidad Nacional
para Justicia y Paz, donde en relación con
el homicidio de GARZÓN señaló que fue
realizado por Carlos Castaño y por miembros de la banda la Terraza: “Carlos encargó al Negro Elkin, a quien después mató
en la finca La Perra. El Negro Elkin era el
que se encargaba de llevar esos homicidios en Medellín y Bogotá, y Carlos lo encargó de la muerte de Jaime Garzón”.
Por su parte, FRANCISCO JAVIER ZULUAGA, alías GORDO LINDO, en versión
libre el 12 de mayo del 2011, sobre el homicidio de Jaime Garzón, mencionó la
participación de CARLOS CASTAÑO y la
banda La Terraza.

comandante de la agrupación ilegal ordenó asesinar al periodista. Aseguró que los
sujetos conocidos con los alias de EL NEGRO ELKIN, ALEX SANPEDRO, YILMAR y
ANGELA, viajaron a Bogotá y con ayuda
de inteligencia militar desarrollaron el plan
criminal.
Esta versión fue ampliada con la información contenida en la compulsa de copias
ordenada por la Fiscalía 15 Delegada ante
el Tribunal, adscrita a la Dirección de Fiscalías Nacional Especializada de Justicia
Transicional, referida a la versión libre
rendida por DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO el 18 de marzo de 2015,
donde afirmó: “CARLOS le ordena que
llame al NEGRO ELKIN, este va a Córdoba
concretamente a la VEINTIUNO, ahí fue
la reunión y Carlos le da las instrucciones
para asesinar al señor JAIME GARZÓN, y
con la información del señor NARVAEZ ya
se había hecho inteligencia, donde trabajaba, a qué horas llegaba, pues se requiere de tiempo, pero ya se había hecho esa
inteligencia. Carlos le da unos viáticos, la
instrucción, unas fotos y ellos se desplazan a Bogotá y a las dos semanas se da la
muerte al señor GARZON. La plata que le
pagaron por ese homicidio fueron 30 millones de pesos en efectivo al Negro Elkin”.

De igual manera, EMIRO DE JESÚS PEREIRA, en versión libre, 9 de octubre del
2012, señaló: “Los autores del homicidio
de JAIME GARZÓN fueron los de La Terraza por orden de CARLOS CASTAÑO”.

El testigo mencionó a otros presuntos
responsables del hecho, específicamente a ALEXANDER LONDOÑO, alías ALEX
SAN PEDRO; EL ZARCO, integrante de La
Terraza, y a JORGE ELIÉCER PLAZAS ACEVEDO, alías DON DIEGO, militar colaborador de las AUC.

Estos testimonios fueron ampliamente
corroborados en versión libre por DIEGO
FERNANDO MURILLO BEJARANO, alías
DON BERNA, el 13 de febrero de 2012.
Resulta relevante por ser muy cercano a
CARLOS CASTAÑO y porque estuvo presente en el momento en el que el máximo

La compulsa de copias tenía un informe de
Policía Judicial, que contiene detalles de la
participación de La Terraza, producto de la
versión de alias Berna, así: “Los integrantes de la banda la Terraza, trabajaban con
Pablo Escobar, directamente con Tayson.
Cuando Pablo Escobar muere Carlos Cas7

 taño hace un llamado a la lucha antisubversiva y les da esa oportunidad siempre
y cuando sigan las orientaciones y la directriz, a ese grupo se les llamo LOS ARREPENTIDOS. La banda La Terraza tenía una
capacidad operativa y se arriesgaba a cualquier cosa, por eso era utilizada para hacer
algunos trabajos, hace reconocimiento de
algunos de sus integrantes, el comandante Castaño les dio una finca en la zona de
Córdoba y cuando ellos estaban siendo
perseguidos por las autoridades se iban
para esa zona a esconderse… Cuando Carlos Castaño da la orden de dar de baja a la
banda de La Terraza muere alías el NEGRO
ELKIN, LOTHAS, YIRMAN y SAN PEDRO y
otro, no recuerdo el nombre. Desafortunadamente alcanza a escapar uno con alias
CARLITOS y otro que no recuerdo el alías.
Logran llegar a Medellín y empieza la arremetida, por lo que ellos hacen una defensa
a través de los medios de comunicación,
hablando de unas denuncias contra algunas personas, pero carecen de veracidad
ya que ellos tratan de defenderse y nombran a algunos miembros de la Fuerza Pública que no tienen que ver las autodefensas, a excepción del General SANTOYO,
que si hacía parte de las estructuras de
las autodefensas. Igual hablan de un arma
con que asesinan a JAIME GARZÓN, un
revolver y este hecho que causó impacto,
fue equivocado, determinado y orientado
por algunas personas que tenían algún
tipo de intereses”.
Este testigo, MURILLO BEJARANO, quien
tuvo injerencia de mando en la banda La
Terraza, y conoció de primera mano los
detalles de lo ocurrido, le dijo a la Fiscalía
el 10 de agosto de 2015, bajo la gravedad
de juramento, que el modus operandi para
esta operación fue: Primero: la presentación del informe de inteligencia militar
relacionado con el objetivo para darle de
baja; es decir, Jaime Garzón. Segundo:
Carlos Castaño requirió a alías Don Berna
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para que conociera el informe y éste a su
vez convocara al Negro Elkin con el fin de
informarle que el objetivo era una persona que trabajaba en Radionet, darle a
conocer su horario laboral, el vehículo en
que se movilizaba y otros datos. Tercero:
Carlos Castaño suministró unos viáticos
y la logística necesaria para que los integrantes de la banda La Terraza, el Negro
Elkin, Alex Sanpedro, Yilmar y Angela
viajaran a Bogotá e hicieran contacto con
inteligencia militar en cabeza del coronel
Plazas Acevedo para cometer el homicidio
del periodista. Aseguró con detalles que
YILMAR manejó la motocicleta mientras
que ALEX SAMPEDRO disparó contra el
periodista.
Murillo Bejarano reveló que Carlos Castaño le ordenó hablar con el Negro Elkin
para que le entregara el arma del crimen.
El Negro dijo que había sido decomisada por la Policía cuando iban a robar un
carro en Medellín. Eso, sumado a la indignacion nacional por el asesinato del
periodista, llevó a Carlos Castaño a ordenar el asesinato de los integrantes de La
Terraza. Citó al Negro Elkin a una finca en
Valencia, Córdoba, y allí lo ejecutó con
otros dos de sus compañeros.
Bejarano dijo además que el general Santoyo ayudó a Carlos Castaño en la guerra
que se inició contra los miembros de La
Terraza, y que gracias a ello, por ejemplo,
alías Angela fue capturada y luego eliminada por la organización para ocultar el
crimen de JAIME GARZÓN.
Vale destacar que los testimonios rendidos
por IVÁN ROBERTO DUQUE, IGNACIO
ROLDAN PÉREZ, EVER VELOZA, EMIRO DE JESÚS PEREIRA RIVERA y DIEGO
FERNANDO MURILLO BEJARANO, en relación con los autores materiales del homicidio de JAIME GARZÓN, resultan creíbles
porque provienen de personas cercanas y

 de confianza de CARLOS CASTAÑO. Ellos
conocieron la planificación y posterior ejecución del crimen del periodista.
La Fiscalía ordenó individualizar e identificar a los citados miembros de La Terraza para vincularlos a la investigación.
Estableció a través del informe de Policía
Judicial No. 714056 del 20 de septiembre
de 2012, la plena identificación del NEGRO ELKIN, ALEX SANPEDRO, YILMAR
y ANGELA; sin embargo, allí también se
demostró que habían muerto.
El análisis de los medios probatorios indica que HELQUIN SÁNCHEZ MENA, alías
El NEGRO ELKIN; ALEXANDER LONDOÑO, alías ALEX SANPEDRO; YEIMAR
DE JESÚS ARBOLEDA SUÁREZ, alías
YILMAR y ANGELA MARÍA GEORGE TORRES, ejecutaron materialmente el homicidio de JAIME GARZÓN, incluso, se
estableció que ALEXANDER LONDOÑO
disparó contra el periodista y que YEIMAR
DE JESÚS ARBOLEDA condujo la motocicleta. Lo anterior, por orden de CARLOS
CASTAÑO y DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO y, por consiguiente, de
predica de ellos su calidad de coautores
del homicidio.

al parecer por la investigación adelantada por el homicidio de JAIME GARZÓN,
y donde se encuentran vinculados JOSÉ
MIGUEL NARVAEZ, ENRIQUE ALBERTO ARIZA, GIANCARLO AUQUE DE SILVESTRI, CARLOS ALBERTO ARSAYUS,
HUGO DANEY ORTIZ; entre otros directivos del DAS.
La Fiscalía ha adelantado otros procesos,
por ejemplo, escuchó en diligencia de
declaración a WILSON RAÚL RAMÍREZ
y MARIBEL JIMENEZ; personas que bajo
la gravedad de juramento hicieron señalamientos contra JUAN PABLO ORTIZ,
alías BOCHAS, y EDILBERTO ANTONIO
SIERRA AYALA, alías TOÑO, como los presuntos sicarios que asesionaron a Jaime
Garzón. Versión que resultó falsa.
La Fiscalía adelanta procesos contra estos presuntos falsos testigos y contra de
ex funcionarios del DAS por los delitos de
falso testimonio y fraude procesal, porque
estas personas habrian desviado el rumbo
de la investigación.

Durante el trámite de este proceso, la
Fiscalía ha determinado que desde el
principio se presentó una estrategia para
desviar la investigación. Por esa razón han
sido practicadas varias diligencias para
identificar a los responsables.
La investigación habría sido desviada por
miembros del extinto DAS. Por eso se
practicó inspección judicial al proceso radicado No. 002, adelantado por la Fiscalia
9 Especializada adscrita a la Dirección de
Fiscalía Nacional Especializada de Análisis
y Contexto, por el delito de tortura agravada a la periodista CLAUDIA JULIETA
DUQUE durante los años 2001 a 2004,
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 El carrusel de la contratación
Al escritorio del Fiscal, cada 30 días, llegaron informes ejecutivos sobre procesos de
connotación nacional. En la cabeza de la
lista estaba el carrusel de la contratación
en Bogotá, el caso más grave de corrupción que ha sufrido la ciudad, por su monto –más de 2.5 billones de pesos-, por la
clase y procedencia de los procesados, por
la cantidad de delitos y por el número de
personas vinculadas a los múltiples expedientes que se desprendieron poco a poco
y después de cada nuevo hallazgo.
El trabajo para la Fiscalía General de la
Nación fue inmenso y los retos fueron muchos. Los resultados contundentes de las
investigaciones permitieron innumerables
condenas en diferentes instancias del poder judicial: ante jueces, ante el Tribunal
Superior de Bogotá y ante la misma Corte
Suprema de Justicia.
El modelo de investigación y el esfuerzo
de cientos de funcionarios de la Fiscalía
permitió llegar al fondo del problema y
descubrir plenamente a los responsables
del millonario desfalco a la ciudad. Los
principales protagonistas de este caso ya
fueron condenados, y otros están en proceso de fallo gracias a las pruebas aportadas por nuestra entidad.
Magistrados y jueces han reconocido en
las audiencias y en sus sentencias que la
base de los fallos corresponde a las juiciosas y rigurosas investigaciones a fondo y de todo tipo que adelantó la Fiscalía
General de la Nación y a las imputaciones
de cargos que formuló la entidad ante los
respectivos funcionarios.
Los expedientes son sólidos en pruebas
técnicas y testimoniales, en cruce de información y en trabajos de campo minuciosos.
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Casi una centena de expedientes adelantó
y aún adelanta está administración por el
millonario desfalco de dineros públicos de
Bogotá por parte de altos funcionarios del
Distrito –como su entonces alcalde Samuel
Moreno-, secretarios de despacho, concejales, contratistas, abogados e intermediarios, que a través de jugosos contratos
de vías y ambulancias, por sólo mencionar
dos de los mayores casos, defraudaron las
arcas de la capital a manos llenas.
El seguimiento especial por parte del despacho del Fiscal General de la Nación fue
realizado sobre todos los procesos, pero
principalmente en torno a los que fueron
vinculados gran parte de los concejales;
el detenido alcalde de la ciudad Samuel
Moreno; su hermano el destituido y condenado senador Iván Moreno; los primos
Miguel, Manuel y Guido Nule; los contratista Emilio Tapia y Julio Gómez; el abogado Álvaro Dávila; la directora del IDU, Liliana Pardo; el secretario de Salud, Héctor
Zambrano; el contralor del Distrito, Miguel Ángel Moralesrussi, el funcionario del
Instituto de Desarrollo Urbano, Inocencio
Meléndez, y el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, entre otros más.
La entidad no escatimó ningún esfuerzo
humano, ni recurso técnico, legal y presupuestal para descubrir todo el entramado criminal e identificar a todos los
responsables.
El escándalo del carrusel de la contratación
estalló en junio de 2010. Con la llegada a la
Fiscalía de una nueva administración, el
organismo logró consolidar expedientes,
cruzar y relacionar más hechos, establecer
y probar delitos, descubrir a prácticamente todos los implicados y presentar ante
los jueces a los responsables. Insistimos,
aún hay procesos en marcha de un fraude
que fue gigante y complejo, incluso con
muchos procesados vinculados a más de

 un radicado. Ejemplo, el exalcalde Samuel
Moreno enfrenta tres expedientes.
Un elemento determinante en este proceso del carrusel de la contratación, fue
la directiva 001 de 2012. Permitió que las
investigaciones, en materia de corrupción
en Bogotá, se hicieran dentro del contexto de asociación de casos. La filosofía del
instrumento, además de establecer toda
la verdad de los hechos, permite también descubrir y buscar el castigo para los
máximos responsables de los delitos, y no
sólo para quienes se ubican en la base de
la pirámide de la organización criminal y
en mandos medios.
La lucha contra la delincuencia para ser
realmente exitosa debe encargarse de
golpear a quiénes están en la cúspide del
grupo delincuencial y no sólo a los mandos bajos y medios.

nes e incluso ha logrado identificar modus
operandi, formas de ejecución delincuencial establecidas por quienes se asociaron
para delinquir.
Tener la certeza de cómo operan los delincuentes en toda su estructura, es una de
las bases del éxito de las investigaciones.
Porque además, a partir de estos resultados, ha sido posible abrir nuevas investigaciones en otras ciudades y replicar el
modelo de investigación y negociación
con los implicados para otros fiscales con
casos similares.
Cuando Eduardo Montealegre llegó a la
Fiscalía General de la Nación sólo existía
una condena contra funcionarios y contra
cuatro particulares, todos relacionados
con una sola entidad: el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y una sola imputación
en la Alcaldía.

Este modelo, de contexto, ha permitido
avances importantes en las investigacio-

Funcionarios antes de la administración
ENTIDAD

FUNCIONARIOS
IMPUTADOS

FUNCIONARIOS
ACUSADOS

FUNCIONARIOS
CONDENADOS

IDU
Malla Vial
23 contratos

12

2

1
INOCENCIO MELENDEZ
JULIO

ALCALDIA
DISTRITAL

1
SAMUEL
MORENO

1
SAMUEL
MORENO

2

13

3

1

Particulares a n t e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n
ENTIDAD

PARTICULARES
IMPUTADOS

PARTICULARES
ACUSADOS

PARTICULARES
CONDENADOS

IDU
Malla Vial
23 contratos

8

6

4
GUIDO NULLE
MIGUEL NULLE
MANUEL NULLE
MAURICIO GALOFRE

1

8

6

4

11

 Desde la aplicación del modelo de asociación de casos y adelantar el contexto
probatorio a los mismos, fue posible perfeccionar las investigaciones y por lo tanto
mejorar los resultados en la lucha contra la
corrupción.

Funcionarios inicio actual periodo de la fiscalia
ENTIDAD

IDU
Malla Vial
23 contratos

FUNCIONARIOS
IMPUTADOS

13

FUNCIONARIOS
ACUSADOS
12
LILIANA PARDO
LUIS ESTEBAN PRADA
MARIA CANTINI
MERCEDES CASTRILLON
GEOVANI ARENAS
CLAUDIA OTALORA
NATALIA LAURENS
ERICK ACOSTA
LUIS EDUARDO MONTENEGRO
CARMEN LOPERA
RAFAEL DAZA
INOCENCIO
MELENDEZ

1
LUIS EDUARDO MONTENEGRO

1
HECTOR
ZAMBRANO
RODRIGUEZ

SECRETARIA DE
SALUD

2

2

UMV

1

1

SECRETARIA DE
MOVILIDAD

3

1

1
WILLIAM QUINTERO
DUQUE

SECRETARIA DE
INTEGRACION
SOCIAL

1

1

1
MERCEDES DEL CARMEN
RIOS

PERSONERIA
DISTRITAL

1

1

1
FRANCISCO ROJAS BIRRY

CONTRALORIA
DISTRITAL

1

UAESP

1
IVAN HERNANDEZ DASA

2
MIGUEL ANGEL
MORALES RUSSI

4 PENDIENTES DE
IMPUTACION
7
ORLANDO PARADA
HIPOLITO MORENO
ANDRES CAMACHO

12

FUNCIONARIOS
CONDENADOS

CONCEJO DISTRITAL

7

GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA

1 ALVARO CRUZ
1. HERNAN JOVEL
MUÑOZ

JORGE SALAMANCA
WILSON DUARTE
OMAR MEJIA BAEZ
JOSE JUAN RODRIGUEZ

3
ORLANDO PARADA
HIPOLITO MORENO
ANDRES CAMACHO

 GOBERNACION DEL
CESAR

2
POR IMPUTAR

MUNICIPIO DE
IPIALES

3
POR IMPUTAR

SITP

3
POR IMPUTAR

ALCALDIA
DISTRITAL

14

2
2 - EXALCALDE POR IMPUIDU
TAR EN
SECRETARIA
DE SALUD
DISTROMEL Y
SECRETARIA DE
SAMUEL MORENO ROJAS
INTEGRACION
43

29

10

Particulares inicio actual periodo fiscal

ENTIDAD

FUNCIONARIOS
IMPUTADOS

FUNCIONARIOS
ACUSADOS

9
MIGUEL NULE
MANUEL NULE
GUIDO NULE
MAURICIO GALOFRE
EMILIO TAPIA
JULIO GOMEZ
ALBERTO CALDERON
FRANCISCO RAFAEL
HERNANDEZ

IDU
Malla Vial
23 contratos

SECRETARIA DE
SALUD

FUNCIONARIOS
CONDENADOS

1
FEDERICO GAVIRIA

2

2

1

1

SECRETARIA DE
MOVILIDAD

3

1

1
WILLIAM QUINTERO
DUQUE

SECRETARIA DE
INTEGRACION
SOCIAL

1

1

1
MERCEDES DEL CARMEN
RIOS

UAESP

3
POR IMPUTAR

GOBERNACION
DEL CESAR

2
POR IMPUTAR

SITP

2
POR IMPUTAR

9

14

UMV

1
IVAN HERNANDEZ DASA

1
JUAN CARLOS RESTREPO
ANGEL

5

14

13

 TOTALES

ENTIDADES

IMPUTADOS

ACUSADOS

CONDENADOS

ANTES DE LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN

2

21

9

5

DURANTE LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN

14

56

34

24

Durante los últimos cuatro años los investigadores han profundizado las indagaciones
y se puede asegurar hoy que cayeron desde
sus más visibles cabezas hasta los implicados en la base de esa pirámide criminal.
Además del fraude y direccionamiento
ilegal de contratos de construcción y reparación de vías, fue posible detectar e investigar otros hechos ilícitos, como sucedió
con la licitación de las ambulancias.
Gracias a las investigaciones de la Fiscalía, una buena parte de los implicados se
vio en la obligación de aceptar cargos, de
buscar principios de oportunidad y de colaborar con las autoridades.
A modo de ejemplo. Ante la abrumadora
cantidad de pruebas, implicados comenzaron a rendir versiones detalladas de más
hechos delictivos y comenzaron a señalar
a más responsables.
En la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Héctor Zambrano, secretario de Salud de Bogotá; el contratista
Emilio Tapia; el concejal Hipólito Moreno,
entre otros, comenzaron a declarar. Gracias a eso fue posible probar que la licitación para la adjudicación del contrato de
prestación de servicio número 1229 del 30
de septiembre de 2009, celebrado entre
el Fondo Financiero Distrital de Salud y la
Unión Temporal Transporte ambulatorio
Bogotá, fue manipulada para que ganara
esta empresa. De allí se desprendieron
condenadas por peculado por apropiación,
14

cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.
La entidad también focalizó grandes esfuerzos en los procesos que adelantó la
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, para tratar de recuperar la mayor
cantidad de recursos que perdió la ciudad
en este caso de corrupción, que tocó a muchos de los organismos de administración
del Distrito Capital, incluso a los dineros
supuestamente destinados a la salud,
pero que terminaron en los bolsillos de
contratistas y funcionarios de la ciudad.
La investigación formal en la Fiscalía por
estos delitos comenzó el 3 de enero de
2012 cuando el Fiscal Tercero Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia informó
a la fiscal jefe de la Unidad de Lavado de
Activos y extinción de dominio que ese
despacho adelantaba un proceso del cual
podría comenzar o dar inicio otros nuevos
expedientes por extinción de dominio sobre los responsables del millonarios desfalco a la ciudad.
Dos años después, el 16 de enero de 2014,
la Fiscalía comenzó este tipo de procesos
contra todos los involucrados en el escándalo, principalmente contra concejales,
contratistas y funcionarios de la alcaldía.
La entidad mantiene la misión, además
de castigar con cárcel a todos los responsables, de perseguir sus fortunas y
sus bienes para encontrar los millonarios

 recursos que perdieron los habitantes de
Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno. La búsqueda de
estos dineros la ha realizado la Fiscalía
General de la Nación incluso en el exterior.

Investigaciones contra el
exalcalde Samuel Moreno
Las diferentes investigaciones que se desprendieron del caso matriz del carrusel de
la contratación, han probado la vinculación directa y de primer orden, en todo
este escándalo, del entonces alcalde de
Bogotá, SAMUEL MORENO ROJAS.
Como punto de partida y con el propósito
de contextualizar los hechos jurídicamente
relevantes que permitieron argumentar las
tres acusaciones que actualmente avanzan
contra MORENO ROJAS, debe indicarse
que con la finalidad de lograr su elección
como Alcalde, SAMUEL MORENO logró la
financiación de su campaña, desde la consulta interna de su partido, de diferentes
particulares entre quienes se encontraban
algunos contratistas del Distrito.
Una vez electo, los particulares, contratistas y representes de la clase política de la
ciudad, realizaron pactos de gobernabilidad que permitieron una real y efectiva
captura del Estado, a través acuerdos que
buscaron satisfacer indebidamente sus intereses particulares, anteponiéndolos a la
utilidad y bienestar de la comunidad. Esos
pactos en su mayoría tenían una finalidad
económica, de lucro personal de funcionarios, contratistas y políticos usando los recursos de la ciudad, del presupuesto oficial.
Estos acuerdos, de entrada, implicaron
la entrega de entidades como el IDU, LA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL, LA
SECRETARIA DE SALUD, entre otras, para
realizar nombramientos y manejar recur-

sos económicos a través de millonarias
comisiones provenientes del manejo ilegal
de la contratación pública.
Así las cosas, concretamente contra el
exalcalde SAMUEL MORENO, en la actualidad hay tres investigaciones.

Proceso No. 1
Delitos: Concurso de conductas de INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS, en calidad de coautor, relacionados con los contratos 071 y 072 de
2008 de malla vial, la cesión del contrato
137 de 2007, que correspondía a las obras
de Transmilenio fase III, y los contratos
020, 029, 037, 047 y 068 de 2009; PECULADO POR APROPIACIÓN A FAVOR DE
TERCEROS EN CALIDAD DE DETERMINADOR, agravado por razón de la cuantía,
relacionado con la amortización de la cesión del contrato 137 de 2007, por un valor
de 28.081.044.349, que favoreció a Conalvías, y CONCUSIÓN en calidad de autor,
por haberle solicitado a MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA, $5.000.000.000 para
fallar a su favor un recurso que se había
presentado ante el IDU e interpuesto contra el auto que declaró el siniestro del manejo del anticipo del contrato 137, para que
fuera fallado a su favor y no tuviera que pagar Transvial ningún dinero.
Radicado: 110016200000201100446
Juzgado: 11 Penal del Circuito de Bogotá.
Estado de la actuación: AUDIENCIA PREPARATORIA, la cual no ha culminado ya
que actualmente en el Tribunal Superior de
Bogotá tiene la actuación con la finalidad
de resolver el recurso de apelación interpuesto por todos los intervinientes frente
al auto que decretó las pruebas.

15

 Proceso No. 2
Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR
AGRAVADO, ya que desde diciembre de
2007 y hasta junio del año 2010; SAMUEL
MORENO, su hermano y entonces senador NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS, el
abogado ÁLVARO DÁVILA y los contratistas EMILIO JOSÉ TAPIA Y HÉCTOR JULIO
GÓMEZ GONZÁLEZ, entre otros, se pusieron de acuerdo para cometer delitos
indeterminados contra la administración
pública, tales como, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés
indebido en la celebración de contratos,
cohechos propios, peculados por apropiación, entre otros, para lograr un provecho
económico a costa de los dineros públicos
provenientes de la necesidad de contratación de obras en el Distrito Capital y PECULADO POR APROPIACION EN FAVOR
DE TERCEROS, por la cesión del Contrato No137 y los sobrecostos en favor de la
empresa CONALVIAS, equivalentes a 197
millones de pesos.
Radicado: 110016000000201200510
Juzgado: 34 Penal del Circuito de Bogotá.
Estado de la actuación: Actualmente en
desarrollo la AUDIENCIA PREPARATORIA,
a la espera que la señora Juez emita el auto
mediante el cual se decretarán las pruebas.

Proceso No. 3
Los delitos por los cuales se acusó fueron
INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS y COHECHO. Durante 2009 y el primer semestre de 2010,
SAMUEL MORENO ROJAS, determinó
al entonces Secretario Distrital de Salud,
HÉCTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ, para
que se interesara y aceptara promesa remuneratoria y con posterioridad recibiera
dinero para sí mismo, al igual que para su
hermano el ex senador IVÁN MORENO,
varios concejales de Bogotá, el Personero
Distrital y el Contralor de la ciudad, de par16

te del adjudicatario del contrato No. 1229
de 2009, celebrado el 30 de septiembre
de 2009, entre la Secretaría de Salud y la
Unión Temporal TRANSPORTE AMBULATORIO BOGOTÁ.
El dinero de la comisión equivaldría al 9%
del valor total del contrato que fue firmado por $67.203´690.774 pesos. Los recursos pactados fueron recibidos y repartidos por ZAMBRANO, junto con el concejal
HIPÓLITO MORENO, EMILIO TAPIA y FEDERICO GAVIRA VELÁSQUEZ, entre las
personas anteriormente mencionadas.
Radicado: 110016000000201400604
Juzgado: 14 Penal del Circuito de Bogotá.
Estado de la actuación: En desarrollo la audiencia de Juicio Oral, se han evacuado 13
testigos de los 22 solicitados por la Fiscalía.
En razón del desarrollo traumático que
ha tenido esta última investigación, por
la realización de maniobras dilatorias por
parte de la defensa, el Tribunal Superior
de Bogotá ordenó abrir investigación en
contra del señor SAMUEL MORENO ROJAS y su defensor por la conducta punible
de Impedimento o perturbación en la celebración de Audiencias Públicas, del cual
está conociendo la Unidad de Delitos contra la administración Pública.

 El caso Álvaro Cruz

Alcaldesa de Florencia

A comienzos de octubre de 2015, la Fiscalía General de la Nación presentó ante la
juez 71 penal de control de garantías de
Bogotá al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz.

La Fiscalía ordenó la captura de la alcaldesa de Florencia, Caquetá, María Susana
Portela; de su esposo, Diego Luis Rojas
Navarrete, de dos secretarios de la administración municipal y de once concejales.

Después de una intensa y rápida investigación, el procesado reconoció los cargos
e intentó llegar a un principio de acuerdo,
pero surgieron hechos que llevaron al organismo de investigación a ponerle punto
final a esa negociación y presentarlo detenido ante un juzgado.

Desde la alcaldía se pagó a los concejales
para que votaran a favor de aumentar el
cupo de endeudamiento de la ciudad, violando los parámetros legales y la capacidad de endeudamiento de ese municipio.

El funcionario intentó, junto con su esposa y el procurador judicial, Hernán Jovel
Muñoz, afectar el proceso y desviarlo mediante el pago de sobornos. El exgobernador inicialmente debía responder por
hechos relacionados con el carrusel de la
contratación de Bogotá.
Según pruebas técnicas y testimoniales
logradas por la Fiscalía, Cruz y su esposa
pagaron 2.000 millones de pesos para desviar la investigación y contar con el apoyo
del agente de la Procuraduría General de la
Nación asignado a este caso de corrupción.
Dentro de un primer expediente, Cruz estaba siendo procesado dentro del carrusel
de la contratación de Bogotá por los delitos de interés indebido en la celebración
de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado.
Según las indagaciones, habría cancelado
un presunto soborno por 800 millones de
pesos para lograr un contrato en la Unidad
de Mantenimiento Vial de Bogotá, en el
año 2009, durante la administración de
Samuel Moreno, a través de su firma ICM.
Se trata del contrato para el suministro de
asfalto, 193 del 2009, por cerca de 24 mil
millones de pesos.

Para la Fiscalía General de la Nación la
alcaldesa y su esposo cancelaron 800 millones de pesos a los once concejales para
aprobar de manera ilegal el cupo endeudamiento en 20 mil millones de pesos.
Desde la propia alcaldía se ofrecieron las
dádivas a los políticos para que ampliaran
el cupo por encima de los parámetros establecidos y la capacidad fiscal de la capital de Caquetá.
Los pagos del dinero se programaron en
tres cuotas y se planeó cancelarlos a través de un intermediario. Primero se les
dio a los concejales el 25 por ciento antes
de la radicación del proyecto de acuerdo.
Después se les prometió otro 25 por ciento
por su aprobación y el 50 por ciento restante cuando esta norma fuera sancionada por el concejo municipal.
A los capturados la Fiscalía les imputó los
delitos de cohecho, prevaricato, falsedad
ideológica y enriquecimiento ilícito.
La alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, afronta otros procesos en la
Fiscalía. En 2014 fue detenida dentro de
un radicado por presuntas irregularidades en los contratos de construcción de
79 vivienda de interés social. Un juez de
control de garantías no encontró mérito
17

 para dictarle medida de aseguramiento y
ordenó su libertad.
A comienzos de 2015 su esposo, Diego
Luis Rojas Navarrete, también fue capturado porque supuestamente ofreció un soborno de 200 millones de pesos para que
la Fiscalía General de la Nación archivara
las investigaciones contra la alcaldesa de
Florencia. El procesado quedó en libertad
por orden de un juez, pero la Dirección Anticorrupción sigue con esta investigación.

El desfalco a la DIAN

En lo que tiene que ver con el tema de las
devoluciones ilegales del IVA, el grupo de
tareas especiales de la Fiscalía General de la
Nación desarticuló diferentes bandas criminales que operaban en distintas ciudades.

Otro de los grandes procesos de corrupción que tuvo un seguimiento permanente, fue el desfalco a la DIAN.

La mayor parte de los delitos se concentró
en las sedes de la Dirección de Impuestos
de Bogotá, Pereira, Cúcuta, y Barranquilla.

La Fiscal General de la Nación integró, el 11
de agosto de 2012, un grupo de tareas especiales para la investigación de conductas
punibles contra la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. Su primera misión fue
investigar de manera exclusiva lo que se denominó el carrusel de devoluciones del IVA.

La Fiscalía imputó cargos contra los procesados y casi todos los investigados fueron condenados por jueces y magistrados
en segunda instancia.

El grupo fue reorganizado además para focalizar investigaciones en torno a nuevas
formas de criminalidad, principalmente en
temas relacionados con el contrabando.
En desarrollo de ese objeto, las diferentes
fiscalías que conforman el Grupo DIAN
han formulado imputación de cargos a varias personas, entre las que se encuentran
distinguidos empresarios, representantes
legales y revisores fiscales de reconocidas
firmas, particulares e incluso funcionarios
públicos de la misma Dirección de Impuestas y Aduanas. Ellos participaron y facilitaron la comisión de ilícitos relacionados
con devoluciones del IVA y contrabando
de todo tipo de materiales.
En muchos procesos se han proferido sentencias condenatorias contra algunos acu18

sados, ya sea por allanamiento a cargos,
por preacuerdos o por terminación de juicio oral. Así mismo, algunas de las personas que han resultado involucradas en la
participación de las diferentes conductas
punibles, han accedido a la figura de principio de oportunidad, luego de verificar su
colaboración eficaz con la justicia.

El denominado “Carrusel de las devoluciones del I.V.A.” se focalizó, en términos
generales, en la existencia de diversas
estructuras criminales, cuyos miembros
aprovechando las disposiciones normativas relativas a las exenciones del Impuesto
al Valor Agregado, IVA, crearon empresas
de fachada para vender y comprar entre
ellas bienes tales como chatarra, textiles y
alimentos. Así, sobre el papel daban visos
de legalidad a solicitudes de devolución
del mencionado tributo ante la DIAN a
través de facturación espuria.
Una vez cumplidos los presupuestos legales correspondientes, que en realidad eran
ilegales, la DIAN procedía a hacer devoluciones del IVA por millonarias sumas de
dinero en Bogotá, Medellín, Barranquilla,
Pereira, Santa Marta, entre otras ciudades, incurriendo de esta manera en varias
conductas delictivas por fraude a las arcas
de la Nación.

 Dentro de estos expedientes fue detenida, procesada y condenada Blaca Jazmín
Becerra. Ella estuvo al frente de varias
organizaciones delictivas que fueron desarticuladas.

esa ciudad, José Aldemar Moncada, un
empresario que realizaba acciones similares a las de Blahca Jazmín Becerra, usando empresas de papel pertenecientes a su
familia.

Blaca Jazmín Becerra, a través de su empresa Consultores y Asesores R&B, se dedicó a orientar personas, entre ellas grandes empresarios, para que mediante el
trámite de devoluciones del IVA defraudaran a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, utilizando para ello empresas
ficticias y facturación sin respaldo real, entre otros instrumentos irregulares.

Caso similar se presentó en Barraquilla, allí
la Fiscalía realizó imputación de cargos a
18 personas, de las cuales 14 se allanaron,
cuatro se encuentran en etapa de juicio.
Entre estos se destaca el Jefe de la División de Devoluciones de la Seccional de la
DIAN en Barranquilla, quien al parecer recibía sumas millonarias de la organización
para facilitar trámites y las devoluciones
ilegales del IVA.
En Pereira, la Fiscalía formuló imputación
de cargos contra 13 personas. Estas fueron condenadas con aceptación de cargos
el 28 de febrero de 2015, es decir, sólo seis
meses después de haber sido puestas a
disposición de las autoridades por parte de
nuestros investigadores.

Blaca Jazmín, cerebro del desfalco a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales paga, por los cargos imputados por
la Fiscalía General de la Nación, una sentencia de cárcel proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá: 16 años y nueve meses de prisión. María Segura, la mamá de
Blaca Jazmín, fue condenada a siete años
y siete meses; su conductor y escolta José
Norvey Garzón, cumple una pena de 16
años y Sandra Liliana Rojas, 12 años de
privación de la libertad.
Fueron acusados por devolución ficticia
del IVA, simulación de exportaciones,
concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación, lavado de activos,
cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares.
En Medellín, la Fiscalía formuló imputación de cargos contra 33 personas más,
de las cuales 15 se allanaron a los mismos,
cinco aceptaron parcialmente los señalamientos, seis se fueron a juicio, y contra
siete más fue dictada sentencia condenatoria de una manera rápida.

En Bogotá, se formuló también imputación a 24 personas, de las cuales 12 aceptaron cargos, dos preacordaron con la Fiscalía sus condenas y diez más se encuentran
en etapa de juicio.
Además en Bogotá tuvo lugar la imputación contra 19 funcionarios de la DIAN, de
los cuales 13 aceptaron cargos y seis se sometieron a la etapa de juicio oral.
La Fiscalía General de la Nación y otras autoridades de control y de administración,
calculan que en las operaciones de defraudaciones, usando las tretas de falsas devoluciones del IVA, el Estado fue estafado en,
aproximadamente, 167.000.000.000 de
pesos. Pero incluso la cifra puede alcanzar
los 300.000.000.000 de pesos.

Entre los judicializados y condenados se
encontraba el jefe de la organización de
19

 Guerra al contrabando
El contrabando, que se traduce superficialmente, en introducir o exportar mercancías del territorio nacional sin pagar los
respectivos tributos aduaneros, es otro de
los grandes males que consume nuestra
economía.
La Fiscalía, a través del grupo de tareas especiales, ha desmantelado organizaciones
criminales dedicadas al paso fronterizo no
permitido de diferente tipo de productos,
como chatarra, ganado, cigarrillos, licores
y textiles, por citar sólo estos ejemplos.
En Cúcuta, un grupo de empresarios se
dedicaba al contrabando de chatarra proveniente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese material a su vez era exportado a China y Estados Unidos, entre otros
países. Por esos hechos, la Fiscalía después
de una detallada investigación realizó imputación de cargos contra cuatro personas, de la cuales dos se allanaron a los cargos formulados por nuestros funcionarios.
Ese cartel del contrabando fue dirigido
por James Francisco Arias Vásquez, quien
se encontraba prófugo de la justicia, pero
finalmente el 26 de diciembre de 2015 fue
capturado en La Pintada, Antioquia.
Posiblemente, Arias Vásquez, fue el gestor
de las denominadas devoluciones fraudulentas del IVA que fueron cobradas de manera ilegal entre los años 2007 y 2009, y
que ascienden a cerca de 300.000.000.000
de pesos.
Esta persona, a través de sus empresas, Comercializadora Internacional Mundo Metal
y Comercializadora Internacional Metal
Comercio, dominó durante siete años el negocio de exportación de chatarra mediante
operaciones ficticias, moviendo aproximadamente más de medio billón de pesos
20

anuales, superando así a los competidores
más importantes de ese mercado.
La Fiscalía General de la Nación le imputó
los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento
privado, fraude procesal, contrabando y
enriquecimiento ilícito.
El ganado también es otro de los ejemplos
de la guerra de la Fiscalía General contra el
contrabando.
En Norte de Santander, existía una organización dedicada al contrabando de ganado de origen venezolano, con ingreso
del mismo a la planta de sacrificio de Friogan en el municipio de San Cayetano, con
suplantación de ganaderos, transportadores, expedición falsas de guías sanitarias
de movilización interna de animales, bonos
de venta, registros de vacunación y predios
pecuarios, actividades que fueron realizadas en concertación con funcionarios públicos, tanto de FRIOGAN, INVIMA e ICA.
Por estos hechos la Fiscalía realizó imputación de cargos a nueve personas, de las
cuales seis se allanaron y preacordaron y
las otras se sometieron a juicio.
El ingreso ilegal de estos semovientes a
nuestro país, además de afectar a ganaderos y exportadores, dejó en riesgo la salubridad pública, toda vez que Venezuela
a diferencia de Colombia, no se encuentra
certificada contra la fiebre aftosa, que es
una enfermedad de notificación obligatoria a las autoridades sanitarias y está
catalogada como un padecimiento que
restringe la posibilidad del comercio internacional de animales, carne y leche.
La Fiscalía General de la Nación también
logró desvertebrar en Valledupar la organización criminal más grande dedicada al
contrabando de cigarrillos y licores. Este
caso resulta de gran relevancia, entre
otras razones, porque las personas judi-

 cializadas prácticamente no tenían contacto directo con la mercancía introducida ilegalmente al país. Como empresarios
realizaron las importaciones y posteriormente su organización las distribuían de
forma ilegal en todo el territorio nacional.
Esta investigación, sin duda alguna, es
el golpe más grande que le han dado las
autoridades al contrabando de este tipo
de productos. La venta de cigarrillos tiene una carga tributaria importante y debe
pagar varios impuestos, como el IVA,
aranceles, impuesto al consumo y sobretasa al consumo, obligaciones que al
haber sido sustraídas o burladas durante
años, generaron una defraudación millonaria a los ingresos tributarios del país.
Dos eran las modalidades con las que operaba esta organización delectiva. La primera: ingresaba la mercancía a la Zona de Régimen Aduanero Especial –ZRAE- (Uríbia,
Manaure y Maicao), a través de importaciones legales, pagando un impuesto sólo del
4%, teniendo en cuenta que la mercancía
entraba al territorio nacional bajo la condición de ser reexportada a un tercer país.
Es decir, que debería estar en el territorio
nacional de manera transitoria.
El segundo sistema de fraude o modalidad consistía en ingresar la mercancía,
sustrayéndola del control aduanero, siendo esta reempacada en cajas de los cigarrillos y licores que ingresaban de manera
legal al país, eso en varias fases.
Entre los capturados estaban Oscar Mario
Toro Henao, Yohani Marlen Franco Ramírez
y Yuri Hamlim Cuadrado Brito, propietarios
de las empresas fachada, además de los representantes legales y revisores fiscales de
las mismas, así como también un miembro
de la Policía Nacional. Los operativos de
captura se realizaron en Maicao, La Guajira,
otros en Valledupar, Medellín y Fusagasugá.

Por estos hechos la Fiscalía General de la
Nación formuló imputación de cargos
contra 14 personas, de las cuales ninguna
aceptó los señalamientos.
El organismo de investigación también
adelantó varios procesos por contrabando de textiles. En Bogotá a cinco de las
personas judicializadas por las solicitudes
fraudulentas de devolución del IVA, también se les imputó cargos por el delito de
contrabando.
Se trata de la empresa de textiles CITITEX
UAP SA, que operaba como beneficiaria
del programa especial de importación y
exportación denominado Plan Vallejo,
concretamente importando insumos y
materia prima para confección de prendas
de vestir para ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado a Guatemala y Venezuela.
Como resultado de esta operación fue
posible la captura de Carlos Alberto Velásquez Euse, representante legal de CITITEX
UAP SA, solicitante del IVA y beneficiario
del programa especial de importación y
exportación Plan Vallejo.
El 27 de julio de 2015, Joaquín Bruges Gómez, quien dirigía la red más grande de
contrabando de textiles en el país, se entregó a las autoridades, luego de permanecer
prófugo durante meses. La Fiscalía le imputó siete delitos, los que aceptó y solicitó
medida de aseguramiento de detención
domiciliaria atendiendo a la delicada situación de salud que afrontaba el imputado.
El engaño a la Nación de este tipo de contrabando asciende a los 525.000.000.000
de pesos.
Dentro de las investigaciones fue posible
imputar cargos contra de una persona por
el homicidio de Cecilia Escobar, quien era
21

 la Jefe de Fiscalización de la DIAN en Neiva. El acusado, quien suscribió preacuerdo
con el ente acusador, fue condenado a una
pena de 17 años de prisión. La Fiscalía trabaja para establecer la identidad de los posibles determinadores del crimen.
En menos de un año, la Fiscalía General de
la Nación judicializó a más de 135 personas
por contrabando en diferentes ciudades
y por diversos delitos: lavado de activos,
enriquecimiento ilícito de particulares,
concierto para delinquir, fraude procesal,
peculado por apropiación, contrabando,
favorecimiento al contrabando, favorecimiento por servidor público, violación
de medida sanitaria, falsedad ideológica
en documento público, falsedad material
en documento público, falsedad en documento privado, exportación ficticia, cohecho propio y estafa agravada.
La Fiscalía General de la Nación también
adelanta 22 procesos de extinción de dominio contra integrantes de estas organizaciones criminales, ocho de ellos se encuentran en fase inicial reservada y 14 en
fase de inicio, etapa en la que se adoptan
medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo y la
administración de los bienes se le traslada
de manera provisional a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E.
En desarrollo de esa etapa inicio, se han
afectado un total de 766 bienes, correspondientes a los diferentes procesos que
son adelantados, esto es, devoluciones del
IVA en diferentes partes del país y contrabando, por un valor total aproximado de
50.604.100.302 de pesos.

Desplome de Interbolsa
Una de las investigaciones más rápidas y
con resultados contundentes, tiene que
ver con el desplome de Interbolsa, la principal corredora de bolsa del mercado bursátil colombiano y el Fondo Premium.
Este es uno de los casos más graves y sofisticados de corrupción de cuello blanco
que se ha presentado en el país y donde
los implicados dejaron en riesgo el sistema financiero y la credibilidad de los ciudadanos en el mismo.
Tras la intervención del gobierno en Interbolsa a finales de 2012, la Fiscalía comenzó
a investigar el fraude. Los retos planteados
al organismo, por lo sofisticado y especializado del caso, fueron asumidos sin temor
por los fiscales asignados a los procesos que
se desprendieron de las primeras pistas.
La Fiscalía trabajó en un proceso central
y en 56 noticias criminales, o hechos que
presuntamente constituían delitos, entre
compulsa de copias y asignaciones especiales. Estas investigaciones están en marcha.
Legalmente, las víctimas del fraude en la
sociedad comisionista de bolsa, Interbolsa,
fueron 492 y la cuantía exacta de la apropiación fue de 358.421.310.263 de pesos.
Los delitos investigados desde el inicio
fueron: Manipulación fraudulenta de especies – Fabricato –, Administración desleal,
Concierto para delinquir y Operaciones no
autorizadas con accionistas o asociados.
Por ejemplo, en el Fondo Premium realizaron de manera ilegal el 80 por ciento
de tramites a través de empresas que no
tenían autorización para recaudar esos recursos, más de 300.000 millones de pesos.
Las víctimas por el Fondo Premium son
1.028, reconocidas en la liquidación y

22

 más de 200 denuncias en la Fiscalía General de la Nación. Reclaman 64 millones
de dólares. Aquí la investigación contra
las diez personas vinculadas, se basó en
estos delitos:
1. Manipulación fraudulenta de especies –
Fabricato – (art 317)
2. Captación masiva y habitual de dinero
(art. 316)
3. No reintegro (art. 316 a)
4. Estafa masiva y agravada. (art 246, 267
y 31)
5. Concierto para delinquir (art. 340)
Después de consolidar expedientes en el
caso de Interbolsa, a finales de febrero
de 2015, la Fiscalía imputó cargos contra
cinco de los principales implicados en el
desfalco y pidió cárcel para ellos .
La Fiscalía solicitó audiencias ante jueces
de control de garantías para imputar car-

gos contra los inversionistas Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Ambos montaron un
entramado empresarial para movilizar de
manera ilegal millonarios recursos entregados a la firma por 1.027 inversionistas, que
reclamaban 192.000 millones de pesos, 64
millones de dólares y 200.000 euros.
Ambos aceptaron cargos por estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de millonarios recursos. Contra el
principal accionista de Interbolsa, Víctor
Maldonado, contra Eric Andersen, director
del Fondo Premium en Curazao, Ricardo
Emilio Martínez, Natalia Zúñiga, Claudia
Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado,
la Fiscalía también formuló cargos.
Los procesados fueron imputados por cinco delitos: captación ilegal, no reintegro
de los dineros, manipulación fraudulenta,
estafa y concierto para delinquir.

Decisiones
Imputación
Condenas
Proceso en Juicio oral
Preclusiones
Principios de oportunidad
Principios en trámite
Preacuerdos
Imputaciones programadas para este año
Aceptación de cargos parcial
Aceptación de cargos Total
La Fiscalía logró además extraditar desde
España a Víctor Maldonado, quien intentó
esconderse en ese país para eludir la acción de la justicia colombiana.
Los procesos penales por Interbolsa comenzaron por la denuncia presentada por
el Superintendente Financiero, Gerardo
Hernández Correa, el 14 de noviembre de
2012 por presuntas irregularidades que se

23 personas
2
3
0
2
3
0
5 personas
4
2

pudieron cometer al interior de ese grupo,
entre otras en la Sociedad Comisionista de
Bolsa Interbolsa S.A. hoy en liquidación e
Interbolsa S.A Holding, donde entregaron créditos y cupos de endeudamiento
exorbitantes a los miembros del grupo
Corridori, estos son: Alessandro Corridori,
Invertácticas, María Eugenia Jaramillo Palacios, P&P Investment, Manantial y Giteco, entre otras personas.
23

 Estas sociedades se dedicaron a hacer
operaciones de compra y venta de acciones como las de Fabricato, que les permitió subir el precio de la acción en forma
amañada y mantener después el precio a
través de dichas operaciones.
Las sociedades del denominado Grupo
Corridori no contaban con la capacidad
económica suficiente para la financiación
que se dio y que superó los doscientos mil
millones de pesos, esto para los años 2011
y 2012.
De estos hechos participaron no solo las
personas que integraban el grupo de interés de Corridori, sino además los directivos
y funcionarios de la Sociedad Comisionista
de Bolsa, Interbolsa, que hicieron parte de
las directivas de la comisionista, del comité de riesgos y los comerciales a cargo de
las mismas.
La Fiscalía también investiga una operación no autorizada que se realizó al interior
de la Sociedad Administradora de Inversión –SAI –, de la misma firma Interbolsa
S.A., denominada Clínica La Candelaria,
a través de la cual, la SAI entregó $78.000
millones a la Clínica, que en la misma fecha y a través de un contrato, giró esa misma suma a Interbolsa S.A. Holding.
Como quiera que se trata de una operación financiera prohibida y en la cual el
dinero sale de la sociedad filial a la matriz
del mismo grupo empresarial, a través de
un tercero, se sospecha de este comportamiento como presuntamente punible.

Personas investigadas y acusadas
Las personas vinculadas:
1. RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA, Presidente del Grupo Interbolsa
S.A. Holding e integrante del comité de
riesgos de Interbolsa Sociedad Comi24

sionista de Bolsa. Aceptó cargos por los
delitos de manipulación fraudulenta de
especies y administración desleal, por los
cuales se adelantó audiencia de individualización de pena y sentencia.
2. JORGE MAURICIO INFANTE NIÑO, presidente de la Sociedad Administradora de
Inversión Interbolsa SAI y miembro principal de la Junta Directiva de Interbolsa.
3. JAVIER TOMAS VILLADIEGO CORTINA,
Director del área de Riesgo de Interbolsa e
integrante del comité de riesgo de la misma entidad.
4. ALESSANDRO CORRIDORI, Propietario de la sociedad Invertácticas S.A.S.,
accionista de Fabricato S.A. y cliente de
Interbolsa, como persona natural y representante legal de Invertácticas S.A.
5. CLAUDIA JARAMILLO PALACIOS, ex
funcionaria de Interbolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa, y compañera sentimental de Alessandro Corridori.
6. MARÍA EUGENIA JARAMILLO PALACIOS, accionista de Fabricato S.A., cliente
de Interbolsa, hermana de Claudia Jaramillo Palacios.
7. CARLOS ARTURO NEIRA LLACHE, propietario de la sociedad P & P Investment
S.A.S., cliente de Interbolsa S.A. y accionista de Fabricato S.A., a través de P & P
Investment.
8. EDUARDO ADOLFO COLMENARES
PEDREROS, accionista mayoritario de la
I.P.S. Clínica la Candelaria S.A.S.
9. LUZ ANDREA COLMENARES PEDREROS, representante legal de la I.P.S. Clínica
La Candelaria S.A.S. A Luz Andrea y Eduardo Adolfo Colmenares Pedreros, se les imputó únicamente el delito de operaciones

 no autorizadas, por los hechos relacionados
con la triangulación de Clínica la Candelaria,
Interbolsa SAI e Interbolsa Holding.
10. ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO, Presidente de Interbolsa y participe del
comité de riesgo de la misma sociedad.
11. LUIS FERNANDO RESTREPO JARAMILLO, miembro principal de la junta directiva de Interbolsa, integrante del comité
de riesgo de esa sociedad y miembro del
comité de inversiones de la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI.
12. ÁLVARO ANDRÉS CAMARO SUÁREZ,
vicepresidente de la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI e integrante del comité de riesgo de Interbolsa,
Sociedad Comisionista de Bolsa.
Por estos mismos hechos hay 13 presonas
con imputación de cargos.

Fueron privados de la libertad:
1. ALESSANDRO CORRIDORI
2. CLAUDIA JARAMILLO PALACIOS
3. CARLOS ARTURO NEIRA LLACHE
Detención preventiva en el lugar de residencia señalada por los imputados:
4. RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA
5. MARÍA EUGENIA JARAMILLO PALACIOS
6. ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO
ESTADO DEL PROCESO:

Proceso fondo premium
Dentro de esta actuación se encontró que,
a través de las sociedades RENTAFOLIO
BURSÁTIL Y FINANCIERO SAS, y VALORES INCORPORADOS SAS se captó dineros del público, sin estar autorizados
para ello por parte de la Superintendencia
Financiera.
Así mismo, se encontró que el PREMIUM
CAPITAL APRECIATION FUND, que tenía
su sede en Curazao, venía promocionando sus productos a través de Interbolsa en
desarrollo de un contrato de corresponsalía, de manera engañosa ofreció sus productos a los posibles inversionistas induciéndolos al error para que realizaran las
inversiones en el extranjero. Dineros que
a la postre salieron por diferentes canales
burlando las vías autorizadas.
Estos recursos terminaron en cuentas de
sociedades no autorizadas como INTERTOURIST, PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR, ANDEAN CAPITAL MARKET, entre otras. La cuantía de los dineros
apropiados es de $64 millones de dólares.

Proceso Torres Cortes
La Fiscalía adelantó investigaciones contra
la SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
TORRES CORTES, de la Bolsa Mercantil
con los siguientes resultados:

La audiencia de formulación de imputación de cargos finalizó el 17 de julio de
2015. En la misma, la Fiscalía General de
la Nación descubrió todos sus argumentos
probatorios contra los implicados.
De los comerciales implicados en los hechos: se formuló imputación contra CLEMENCIA SOTO, comercial de Interbolsa
SCB., aceptó los cargos por manipulación
fraudulenta de especies, administración
desleal y concierto para delinquir.
25

 Decisiones
Imputación
Condenas
Proceso en Juicio oral
Preclusiones
Principios de oportunidad
Principios en trámite
Preacuerdos
Imputaciones programadas para este año
Aceptación de cargos parcial
Aceptación de cargos Total
Victimas de este caso: 350
Monto de la apropiación: 50.000 millones
de pesos.

Delitos
1. Captación masiva y habitual de dinero
(art. 316)
2. No reintegro (art. 316 a)
3. Estafa masiva y agravada. (art 246, 267
y 31)
4. Concierto para delinquir (art. 340)
5. Administración Desleal (Art. 250B)
6.Fraude a resolución judicial ( Art. 454)
La investigación comenzó por la remisión
que realizara la Superintendencia Financiera el 19 de febrero de 2013 y por la denuncia presentada el 8 de julio del mismo
año por parte de Martha Nieto López, en
calidad de Liquidadora y representante
legal de la empresa denominada Torres
Cortes S.A. hoy en liquidación forzosa
administrativa, Comisionista de la Bolsa
Mercantil de Colombia S.A.
Dentro de los hechos denunciados están:
1-El manejo irregular dado a los recursos
entregados por los clientes a la sociedad
Torres Cortes y sus representantes legales.
2- Actividades ilícitas que excedieron el
objeto social de la sociedad comisionista
de bolsa Torres Cortes.
3-Inconsistencia de la información finan26

5 personas
Pendientes
2
0
0
0
0
5 personas
2
2

ciera y contable de Torres Cortes S. A., en
el balance fiduciario y manejo de la cuenta
compensada.
La Fiscalía General de la Nación logró establecer que los señores JOSÉ LEONEL
TORRES CORTÉS, LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO como representantes
legales, CARLOS ANDRÉS MÉNDEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS JUNCA LEÓN en su
calidad de funcionarios “trader”, y DIANA
MARCELA ELGADILLO MURCIA, como
gerente administrativa y jurídica, utilizaron como vehículo a la comisionista de
bolsa TORRES CORTES S.A., para realizar operaciones de captación de dineros
del público a nombre de ellos y en representación de la sociedad comisionista de
bolsa y a nombre de otras sociedades,
entre las cuales se encuentran TORRES
CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A.S.
-TCVAL Y FINDECARIBE LTDA.
Desbordando así el objeto social de la comisionista. Realizando actividades no autorizadas, captaron masiva y habitualmente
$45.245.230.250, y USD $191.574, recursos
pertenecientes a 255 personas, casi todas
de la tercera edad. Cifra que recibieron a
través de artificios y engaños a sus clientes.
Situación jurídica de los procesados, representantes legales y dueños de la firma: el 4
de junio de 2015, la defensa de los señores

 JOSÉ LEONEL TORRES CORTES y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, solicitó
ante el centro de servicios judiciales de
Paloquemao, audiencia atípica de allanamiento de cargos, con fundamento en el
artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, diligencia que fue asignada al juzgado
73 con función de control de garantías.
El señor JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS,
aceptó la totalidad de los cargos por los
delitos de captación masiva y habitual de
dineros, en concurso heterogéneo con los
delitos de no devolución de dineros; estafa
agravada en modalidad “masa”; administración desleal; ocultamiento, alteración y
destrucción de elemento material probatorio y fraude a resolución judicial o administrativa de la policía en calidad de coautor y
el delito de concierto para delinquir en calidad de autor, todos a titulo doloso.
LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO,
aceptó parcialmente cargos por los delitos de captación masiva y habitual de
dinero, en concurso heterogéneo con
los delitos de no devolución de dineros;
estafa agravada en modalidad “masa”;
ocultamiento, alteración o destrucción de
elemento material probatorio; en calidad
de coautor; concierto para delinquir en calidad de autor; todos a titulo doloso.
El 14 de julio de 2015 fue la audiencia
de formulación de imputación de cargos
contra DIANA MARCELA DELGADILLO
MURCIA, gerente administrativa y jurídica y contra JUAN CARLOS JUNCA
LEÓN, trader de la comisionista de bolsa
TORRES CORTES S.A., ante el Juzgado
68 con función de Control de Garantías
de Bogotá, habiéndosele imputado los
siguientes delitos:

devolución de dineros, estafa agravada
en la modalidad de masa, administración
desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio,
en calidad de coautor y concierto para delinquir en calidad de autor; todos a título
doloso. Se allanó de manera parcial a los
cargos. Aceptó los delitos de captación
masiva y habitual de dinero, en concurso
heterogéneo con no devolución de dineros, estafa agravada en la modalidad de
masa, administración desleal, en calidad
de coautor y concierto para delinquir en
calidad de autor; todos a titulo doloso.
Y no aceptó los delitos de ocultamiento,
alteración o destrucción de elemento material probatorio, en calidad de coautor a
título doloso.
En la misma audiencia se imputó a JUAN
CARLOS JUNCA, los delitos de captación
masiva y habitual de dinero, en concurso
heterogéneo con no devolución de dineros, estafa agravada en la modalidad de
masa, administración desleal, en calidad
de coautor y concierto para delinquir en
calidad de autor; todos a titulo doloso.
Aceptó la totalidad de los cargos.
Respecto a CARLOS ANDRÉS MÉNDEZ
GÓMEZ, trader de la comisionista de bolsa,
TORRES CORTES S.A, se le efectuó audiencia de imputación de cargos el 19 de
mayo de 2015 por los delitos de captación
masiva y habitual de dinero, en concurso
heterogéneo con no devolución de dineros,
estafa agravada en la modalidad de masa,
administración desleal, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

A DIANA MARCELA DELGADILLO MURCIA, captación masiva y habitual de dinero, en concurso heterogéneo con no
27

 Los computadores de las
FARC
Casos de terrorismo también fueron seguidos de manera permanente desde el
despacho del Fiscal General de la Nación,
entre ellos, los relacionados con los computadores incautados durante los operativos finales de las autoridades contra
Alfonso Cano, máximo comandante de las
FARC, y el Mono Jojoy.
De la memoria de estos portátiles se desprendieron varias líneas de indagación
contra el grupo guerrillero. Los procesos
fueron avanzando a medida que los peritos e investigadores fueron desencriptando la información.

Parapolítica
El seguimiento especial también se hizo
sobre 44 procesos contra alcaldes de todo
el país señalados porque presuntamente
colaboraron, por acción u omisión, con
grupos paramilitares. En los expedientes
figuraban 19 excongresistas, tres gobernadores, varios diputados, además de funcionarios de hospitales y dos empleados
de la Fiscalía General de la Nación.
El organismo de investigación también
avanza en procesos contra otros políticos,
integrantes de las Fuerzas Armadas y empresarios con nexos con las Autodefensas
Unidas de Colombia.
El mismo ejercicio de monitoreo se hizo
con la falsa desmovilización del bloque
Cacica La Gaitana de las FARC y las falsas
víctimas de la masacre paramilitar en Mapiripán, Meta.

28

El hacker
Desde el comienzo la unidad de seguimiento de procesos de alto impacto mantuvo en sus radares dos casos de espionaje
electrónico con graves repercusiones para
la seguridad nacional. Procesos a los que
resultaron vinculados particulares e integrantes de las Fuerzas Armadas.
El caso del hacker Andrés Sepúlveda, llamó la atención también por los graves hallazgos que fueron haciendo los investigadores por sus posibles implicaciones sobre
el proceso electoral presidencial de 2014 y
sobre el proceso de paz con las FARC.
Así mismo, el monitoreo se hizo al expediente conocido por la opinión pública
como Andrómeda, presuntas violaciones
ilícitas de comunicaciones, por una unidad
en cubierta de integrantes del Ejército.
En el caso del hacker, que se dio tras el
allanamiento a su oficina en el norte de
Bogotá y su captura, la Fiscalía llegó a un
principio de acuerdo con el procesado a
cambio de colaboración efectiva con la
justicia, lo que le implicó 10 años de cárcel,
pena que fue avalada por un juez.
En septiembre de 2015, el juzgado 51 de
control de garantías decidió dictar medida de aseguramiento en centro carcelario
contra Luis Alfonso Hoyos, por ordenar
las interceptaciones ilegales y obtener información privilegiada del proceso de paz
que adelantaba el Gobierno con las Farc en
La Habana. El juez ordenó la detención de
Hoyos al considerar que es un peligro para
la sociedad.
“No se trata –aseguró el juez- de una persecución que se haya, en este caso, direccionado en contra de este ciudadano por
parte de la Fiscalía General, como lo ha
argumentado el abogado defensor, y en

 justa correspondencia dispone a dictar
medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario
en contra del ciudadano Luis Alfonso Hoyos Aristizábal”. El procesado se fue del
país y es prófugo de la justicia.
La Fiscalía le imputó a Hoyos, asesor espiritual de la campaña presidencial de
Oscar Iván Zuluaga, seis delitos. Según
la investigación, Hoyos le ordenó a Andrés
Fernando Sepúlveda obtener información
reservada o secreta en torno a los negociadores de paz. Todo para armar una gran
campaña de desprestigio contra los diálogos y afectar la campaña del entonces
candidato-presidente Juan Manuel Santos.

Las chuzadas del DAS
Uno de los más grandes escándalos de los
últimos años en Colombia corre aún por
cuenta de las chuzadas y seguimientos
ilegales del DAS a magistrados, políticos de oposición y periodistas. Este caso
originó varios expedientes, entre otras,
razones porque entre los involucrados
judicialmente había personas con fuero
constitucional.
Desde la llegada a la Fiscalía de los doctores Montealegre y Perdomo, y por la
importancia y alcances del caso, esos procesos también ameritaron un monitoreo
permanente por parte del despacho del
Fiscal General.
La base de prácticamente todas investigaciones y condenas contra más de 35
personas, muchas de ellas funcionarios
públicos, fue gracias al trabajo de agentes
del CTI y Fiscales que se dedicaron al caso
desde el 2009.
Esta administración heredó gran parte de
estos expedientes, algunos de ellos en etapa ante los jueces y magistrados. Su tra-

bajo consistió en consolidar los procesos
que se desprendieron de la investigación
central. Así por ejemplo, la Fiscalía imputó cargos en septiembre de 2015 contra
el secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, y contra el secretario de
prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio
Velásquez, ambos subalternos del entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez.
Entre los condenados por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo,
figura la directora de la Dirección Administrativa de Seguridad, DAS, María del Pilar
Hurtado y Bernardo Moreno, secretario General de la presidencia, ambos durante el
mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.
De esta investigación se desprendieron
otros procesos penales contra más funcionarios del mencionado gobierno. Entre los
primeros sentenciados a penas de prisión
estaban los capitanes Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia del DAS, y
Fernando Tabares, director de Inteligencia
del mismo organismo. Ante las pruebas
recaudadas por la Fiscalía aceptaron su
responsabilidad en las interceptaciones
ilegales y colaboraron con la justicia.
Así mismo, fue condenado William Romero, subdirector de fuentes humanas,
quien fue pieza clave del complot para
infiltrar e interceptar a los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia. Después de
un acuerdo con la Fiscalía aceptó testificar
en varios casos de las chuzadas del DAS.
Romero tenía bajo su mando a la investigadora Alba Luz Flórez Gelves, conocida
en los medios de comunicación comó la
“Mata Hari”.
Ante la justicia, Flórez aseguró que el principal objetivo asignado a ella, dentro de
ese plan criminal, era reclutar fuentes
humanas que suministraran información
secreta sobre los magistrados. Dijo que
29

 ese trabajo de infiltración fue pagado con
recursos reservados del DAS. La mujer
logró reclutar a un policía, al conductor
de un magistrado, y a dos empleadas de
servicios generales, que llegaron incluso a
grabar las reuniones de la Corte Suprema.

Investigaciones de la
unidad delegada ante la
corte suprema sobre el
DAS
Como consta en la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia contra
Jorge Noguera, ex director del DAS, la Fiscalía en su intervención destaca la fuerte
influencia que ejercían las Autodefensas
Unidas de Colombia en la Costa Atlántica,
especialmente en el Magdalena.
En esta región se gestó la mayor infiltración
al DAS por parte el paramilitarismo, siendo
precisamente Jorge Noguera Cotes el principal enlace entre estos grupos al margen
de la ley y esa entidad. Por estos hechos fue
condenado en 2011 a 25 años de prisión por
concierto para delinquir agravado; revelación de asunto sometido a secreto; por ser
el autor mediato de los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y, por el homicidio en 2004
del sociólogo y catedrático Alfredo Rafael
Francisco Correa De Andreis.
Además de la mencionada investigación,
las revelaciones hechas por la revista Semana en 2009, en las que se denunció la interceptación y seguimientos a por lo menos
300 personalidades, provenientes de los
más diversos sectores de la sociedad, motivaron no sólo varias investigaciones, sino
también el cierre definitivo de la entidad.
En este sentido y de acuerdo con la información recolectada en los procesos que
adelantan las fiscalías delegadas ante la
30

Corte Suprema, desde 2004, integrantes
del DAS, de forma permanente, a través
del Grupo Especial de Inteligencia G-3, organizaron, dirigieron y en algunos casos
promovieron delitos contra organizaciones y defensores de derechos humanos,
políticos, periodistas y otras personalidades de la vida nacional, cuyo aspecto
en común, fue su tendencia opositora al
gobierno.
Estas labores no fueron improvisadas. Los
grupos especiales eran subestructuras
adscritas a la Dirección General del DAS,
creados a través de actos administrativos
con el fin de desarrollar actividades de
inteligencia atendiendo a objetivos específicos, pero paralelamente crearon otros
grupos que de manera ilegal pudieron definir labores y objetivos propios.
Además del G-3, cuyo objetivo era obtener información sobre ONG como el
Colectivo de Abogados JOSÉ ALVEAR
RESTREPO, entre otros, la Fiscalía tiene conocimiento de grupos como el de
Observación Nacional e Internacional
(GONI); el Grupo SIU; el Grupo de Asuntos Especiales (GAES); el Grupo de Inteligencia Estratégica (GIES), entre otros, y
sobre los cuales también deberá establecerse si actuaron con apego a la ley.
El DAS, a través de estas unidades, desarrolló operaciones de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con las características de los objetivos y “blancos” que tenía
identificados como amenaza o como prioridad. Es el caso de los miembros de varias
ONG, líderes políticos, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y periodistas.
Las constantes discusiones con periodistas críticos del gobierno y las continuas
descalificaciones por parte del entonces
presidente Álvaro Uribe, coinciden con
las distintas operaciones ilegales reali-

 zadas por el DAS a estos sectores de la
sociedad.

Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto”.

Las interceptaciones, seguimientos ilegales y campañas de desprestigio llevadas
a cabo por el DAS fueron enmarcadas en
buena medida en lo que al interior de esa
entidad se conoció como el caso Transmilenio y cuyo objetivo general era “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las
ONG en Colombia y el mundo”, con el objetivo específico de “establecer vínculos
con organizaciones narcoterroristas en
busca de judicialización”. Algunos de los
denominados marcos de acción dentro de
este caso fueron:

Por estas acciones, ocurridas en la administración de Jorge Noguera en contra
de opositores del gobierno, las Fiscalías
Séptima y Once Delegadas ante la Corte
Suprema de Justicia adelantan al menos
siete procesos contra más de treinta funcionarios por los delitos de: Concierto
para delinquir, Violación ilícita de telecomunicaciones, Utilización ilícita de equipos trasmisores y receptores y Abuso de
autoridad por actor arbitrario e injusto.
Hasta el momento se han obtenido al
menos cuatro condenas, que esperan ser
confirmadas por la Corte Suprema, y dos
procesos que actualmente se encuentran
en etapa de juicio.

-Operación Arauca: cuyo objetivo era
establecer vínculos entre CCJAR y el
ELN a través de estrategias de sabotaje y cuya acción propuesta era el
“intercambio mensajes con cabecilla
ELN, el cual será encontrado durante
allanamientos (sic)”.
-Operación Risaralda: cuyo objetivo
era “generar división entre altos funcionarios de Redepaz, (Ana Teresa
Bernal)”, a través de Estrategias de
investigación operativa y; desprestigio y sabotaje.
-Operación Europa: gestada con el
fin de “neutralizar la influencia en Sistema Jurídico Europeo, Comisión de
Derechos Humanos Parlamento Europeo, Oficina Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y gobiernos nacionales”, desprestigiándolos a
través de “comunicados y denuncias
en página web” y “guerra jurídica”
-Operación Internet: para generar controversia en torno a las ONG, también
desprestigiándolas por medio de comunicados y “la creación de las páginas
Corporación Verdad y Justicia y Servicio

En el periodo comprendido entre los años
2005 y 2009, a Jorge Noguera lo sucedieron en su orden como directores del DAS
Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado,
Joaquín Polo y Felipe Muñoz. Contra todos
ellos, además de otros altos funcionarios y
detectives, agentes de la Policía y el C.T.I,
así como algunos altos funcionarios de la
Presidencia de la República y la UIAF, cursan investigaciones por procedimientos y
operaciones ilegales de interceptación de
comunicaciones, obtención y divulgación
de información financiera e infiltración a
través de fuentes humanas en contra de
magistrados de la Corte Suprema.
De la misma manera, congresistas, periodistas y, en general, opositores del
gobierno Uribe, también fueron objeto
de seguimientos pasivos, obtención de
información financiera y privada a través de fuentes humanas, interceptación
de correos y registros telefónicos, entre
otras conductas ilícitas por parte de funcionarios del DAS. Todos estos actos se
llevaron a cabo con el ánimo de obtener
ilegalmente información a través de los
31

 organismos de inteligencia, para desprestigiarlos.
Los hechos señalados anteriormente, ocurrieron en gran parte durante la administración de María del Pilar Hurtado Afanador, directora del DAS del 30 de agosto de
2007 al 22 de octubre de 2008.
Hurtado llevó a cabo una serie de actos
ilícitos, junto con el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, Bernardo Moreno Villegas.
De acuerdo a la sentencia proferida por
la Corte Suprema en contra de Hurtado y
Moreno, este último, en reunión realizada
el 12 de septiembre de 2007, le comunicó
a la recién posesionada Directora del DAS,
los temas principales sobre los cuales la
presidencia de la República solicitaba adelantar de manera preponderante acciones
de inteligencia, entre ellos contra la Corte
Suprema, el periodista Daniel Coronell y
los senadores Piedad Córdoba y Gustavo
Petro. Las labores en relación a estos congresistas ya se venían adelantando por el
organismo, no obstante, Hurtado dio instrucciones de incrementarlas.
Respecto a las actividades de inteligencia
que conciernen a la Corte Suprema, estas
no pueden desligarse del público y notorio enfrentamiento entre el alto tribunal y
presidente Álvaro Uribe a finales de 2007,
cuando esta corporación adoptaba decisiones trascendentales en el marco de investigaciones que develaron los nexos de grupos
paramilitares y varios políticos, algunos de
ellos muy cercanos al jefe del Estado.
En contra de magistrados de la Corte se
desplegaron actividades de inteligencia sin
razón legítima, como la infiltración de personal para obtener grabaciones de sesiones
reservadas, seguimientos patrimoniales
y consultas en bases de datos reservados
como las de la UIAF, sin orden judicial, ni
32

motivo válido de inteligencia, con el fin de
establecer presuntos vínculos entre los magistrados e integrantes de grupos ilegales y
narcotraficantes, grabaciones de personas
que involucrarían a miembros de la Corte
con paramilitares y seguimiento de los viajes de los magistrados.
En desarrollo de estas actividades, el Departamento Administrativo de Seguridad
a través de sus diferentes dependencias,
desplegó detectives a varios lugares del
país para recolectar información, contactó
fuentes humanas, elaboró perfiles de los
magistrados en los cuales consignó, además de sus datos personales, la posición
ideológica frente al gobierno; estas labores
se llevaron a cabo con dineros públicos.
Según la sentencia de la Corte Suprema
contra Hurtado y Moreno, las acciones
perpetradas en contra del máximo tribunal, no obedecieron a un plan aislado de
funcionarios del DAS de menor o mediano
rango, sino a uno liderado por el Secretario General de la Presidencia, Bernardo
Moreno, la entonces directora del organismo de inteligencia Martha Leal y su Jefe
de Inteligencia, el capitán Fernando Alonso Tabares Molina, las cuales se enmarcaron en las Operaciones Escalera y Paseo.
La sentencia también señala los seguimientos a los excongresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro como “objetivos
institucionales” por parte de las dependencias de inteligencia y contrainteligencia del DAS. Al igual que los magistrados,
los senadores hicieron parte de los denominados “blancos políticos” y por lo tanto, materia de actividades ilícitas como
seguimientos sistemáticos, obtención de
manera ilegal de información personal y
familiar, interceptación y monitoreo de
correos electrónicos, consultas en bases
de datos privadas con información financiera, datos entregados por personal de

 sus esquemas de seguridad sin mediar orden judicial, hechos que se motivaron por
los supuestos vínculos de los políticos con
las FARC y/o con el gobierno venezolano
considerado éste como peligroso para la
estabilidad de la región por sus declaraciones de apoyo a la guerrilla.
Otros de los objetivos señalados por Bernardo Moreno a María del Pilar Hurtado fue
el periodista Daniel Coronell, contra quien
se realizaron seguimientos sin autorización
judicial, los cuales incluyeron a su esposa.
De acuerdo a lo señalado por Martha Leal
y el ex detective Fabio Duarte Traslaviña,
citados en la sentencia de la Corte contra
Moreno y Hurtado, “los seguimientos a Daniel Coronell no fueron fáciles de ejecutar
por las medidas de autoprotección que él
tenía implementadas, sin embargo, se emplearon detectives y una fachada para vigilar de cerca su residencia y movimientos”.

Los seguimientos tuvieron por objeto identificar las fuentes del periodista, el cual era
un reconocido crítico de las actuaciones del
presidente Uribe y sus allegados.
Por estos hechos ocurridos durante la administración de María del Pilar Hurtado, las
fiscalías Segunda y Octava Delegadas ante
la Corte Suprema adelantaron 11 investigaciones contra aproximadamente 10 funcionarios y por los delitos de concierto para
delinquir agravado, prevaricato por acción,
abuso de la función pública, violación ilícita
de comunicaciones agravada, fraude procesal, falsedad ideológica en documento
público, cohecho propio y peculado.
Hasta el momento se han proferido al menos tres sentencias condenatorias y dos
procesos se encuentran en los despachos
de los magistrados de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Anexo 1. Relación de investigaciones adelantadas por la unidad delegada
ante la corte suprema de justicia
Fiscalía
Encargada

Fiscalía Once
delegada
ante la Corte
Suprema de
Justicia

Proceso No 12945
Delitos por los que
se investiga

Imputados /
Denunciados

- Enrique Alberto Ariza
Rivas
- Jorge Armando
- Concierto para delinquir
Rubiano
Jiménez
- Violación ilícita de teleco- Hugo Daney Ortíz
municaciones
García
- Utilización ilícita de
- Jackeline Sandoval
equipos trasmisores y
Salazar
receptores
- Martha Inés Leal
- Abusos de autoridad por
Llanos
actor arbitrario e injusto
- José Alexander
Velásquez Sánchez

Estado del
Proceso

Actuaciones
Procesales

Inactivo

Sentencia condenatoria por parte del
Juzgado 3 Penal de
Descongestión del
circuito especializado
de Bogotá.
La sentencia fue apelada y confirmada por
el Tribunal Superior de
Bogotá el
pasado 7 de marzo de
2014. Actualmente
está surtiendo recurso
de casación
en la Corte Suprema
de Justicia.

Proceso No 12753
Mario Orlando Ortíz
- Concierto para delinquir
Mena
- - Violación ilícita de
telecomunicaciones
- Ignacio Moreno Tamayo
- Utilización ilícita de
- Rodolfo Medina
Alemán
equipos trasmisores y
receptores
- Gian Carlo Auque de
Silvestri
- Abusos de autoridad por
actor arbitrario e injusto
- Eduardo Aya Castro

Inactivo

Sentencia condenatoria
por parte del Juzgado
6 Penal del circuito
especializado de Bogotá.
La sentencia fue apelada
y actualmente el recurso
está siendo desatado por
parte del Tribunal Superior
de Bogotá.

33

 Proceso No 12839
- Concierto para delinquir
- - Violación ilícita de
telecomunicaciones
- Utilización ilícita de
equipos trasmisores y
receptores
- Abusos de autoridad por
actor arbitrario e injusto

Carlos Alberto
Arzayús Guerrero

Sentencia condenatoria por parte del
Juzgado 6 Penal del
circuito especializado de Bogotá. La
sentencia fue apelada
y confirmada por el
Tribunal Superior de
Bogotá el
pasado 2 de febrero
de 2015.

Inactivo

Proceso No 13099
- Concierto para delinquir
- - Violación ilícita de
telecomunicaciones Utilización ilícita de equipos
trasmisores y receptores
- Abusos de autoridad por
actor arbitrario e injusto

- Fabio Duarte
Traslaviña
- Germán Enrique
Villalba Chaves

Inactivo

Sentencia condenatoria
por parte del Juzgado 6
Penal del circuito especializado de Bogotá. Los
condenados se acogieron
a sentencia anticipada y
actualmente se
encuentra ejecutoriada.

Proceso No 13153
- Carlos A. Herrera
Romero
- Oscar Barrero López
- Carlos Fabián Sandoval Sabogal
- Ibet Senovia Gutierrez
Guardo
- Juan Carlos Sastoque
Rodríguez
- Neider de Jesús
Ricardo Hoyos
- Ronald Harbey Rivera
Rodríguez
- José Alexis Mahecha
Acosta
- William Gabriel Romero
Sánchez
- Concierto para delinquir
- Germán Albeiro
agravado
Ospina Arango
- Sergio Pérez Barrera
- William Alberto
Merchán López
- Jesús Hernando
Caldas Leyva
- Juan Carlos Gutiérrez
Galván
- Juan Carlos Benavides
- Carlos Alberto Orozco
Garcés - Jimmy Galvis
Caballero
- Blanca Cecilia Rubio
Rodríguez
- Astrid Fernanda
Cantor Varela

Activo

Resolución que resuelve
situación jurídica confirmada por parte de la
Vicefiscalía el pasado 22
de septiembre de 2015.
El proceso fue enviado el
día 26 de octubre de 2015,
al despacho del Señor
vicefiscal para
que se resuelva un recurso
de apelación.

Proceso No 110013107006201100077
- Concierto para delinquir
- Violación ilícita de telecomunicaciones
- Utilización ilícita de
equipos trasmisores y
receptores
- Abusos de autoridad por
actor arbitrario e injusto

34

José Miguel Narváez
Martínez

Activo

Juicio Oral

 Fiscalía
Encargada

Fiscalía
Séptima
delegada
ante la Corte
Suprema de
Justicia

Fiscalía
Encargada

Fiscalía
Octava
Delegada
ante la Corte
Suprema de
Justicia

Proceso No 12490 – 7
Delitos por los que
se investiga

Imputados /
Denunciados

Estado del
Proceso

Actuaciones
Procesales
Diligencia remitida
a la Sala de Casación
Penal de la Honorable
Corte Suprema de
Justicia para su
etapa de juicio, donde
actualmente tramita
bajo el radicado U.I
39931

- Concierto para delinquir
- Violación ilícita de telecomunicaciones Utilización
ilícita de equipos trasmiso- - Jorge Aurelio Noguera Cotes (Ex Director
res y receptores
General del DAS)
- Abuso de autoridad por
acto arbitrario
- Concierto para delinquir

Proceso No. 110016000102200800240
Delitos

Imputados /
Denunciados

- Concierto para delinquir
- Peculado por
apropiación,
- Peculado por uso y
Violación ilícita de comunicaciones

- Edmundo del
Castillo Restrepo (ex
secretario Jurídico de
la Presidencia de la
República)
- César Mauricio
Velásquez Ossa (Ex
Secretario de Prensa
de Presidencia de la
República
- Diego Álvarez
Betancourt (Abogado
- particular)

Estado del
Proceso

Actuaciones
Procesales

Investigación

9 de septiembre de
2015 se formuló imputación Se han desarrollado varias labores
investigativas, la
última orden es del 20
de octubre de 2015 y
se recibió informe con
resultados parciales el
12 de noviembre

Proceso No. 110016000686200900002 INDAGACIÓN MATRIZ
- Concierto para delinquir
agravado
- Violación ilícita de
comunicaciones
- Peculado
- Cohecho propio
- Otros

- Ex funcionarios
del DAS

Programa metodológico, múltiples
órdenes a policía
judicial.
Las últimas órdenes
se expidieron el 23 de
noviembre de 2015.

Indagación

Proceso No. 110016000102200900249

- Fraude procesal
- Oswaldo Villamil
- Violación ilícita de comuTorralba (Policía
nicaciones
Nacional)
- Falsedad ideológica en
- Ferney Enrique Galvis
documento público
Rojas (Policía Nacional)
- Cohecho propio
- Aldo Francisco Pérez
- Concierto para delinquir
Yosa (C.T.I.)
agravado

Se encuentra al
despacho del Magistrado de la Sala de
Casación Penal de la
Corte Suprema de
Justicia Dr. EUGENIO
FERNANDEZ CARLIER
para resolver sobre
la admisibilidad de la
demanda de casación

El 6 de junio de 2014,
el Juzgado 8 Penal del
Circuito con Funciones
de conocimiento de
Bogotá profirió sentencia
condenatoria contra los
tres investigados por los
delitos de fraude procesal,
violación ilícita de
comunicaciones, falsedad
ideológica en documento
público, cohecho propio
y concierto para delinquir
agravado.
El 27 de agosto de 2014,
la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá
confirmó la sentencia con-

35

 denatoria, pero decretó
la prescripción de la
acción penal respecto
del delito de violación
ilícita de comunicaciones agravada.
La defensa de Aldo
Francisco Pérez Yosa
interpuso y sustentó
recurso extraordinario
de casación contra la
sentencia.

Proceso No. 110016000102201000088

- Concierto para
delinquir agravado
- Prevaricato por
acción
- Abuso de función
pública
- Violación ilícita
de comunicaciones
agravada

- Luz Marina Rodríguez Cárdenas (Ex
directora General
Operativa del DAS)
- Bernardo Murillo
Cajamarca (Ex
Coordinador del
Grupo Anticorrupción del DAS)

Se encuentra al despacho del Magistrado
de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia Dr.
EYDER PATIÑO CABRERA para resolver
sobre la admisibilidad
de la demanda de
casación.

El 8 de junio de 2012,
el Juzgado 14 Penal del
Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá
profirió sentencia condenatoria por el delito de
prevaricato por acción y
absolutoria por los delitos
de concierto para delinquir agravado, abuso de
función pública y violación
ilícita de comunicaciones
agravada.
El Tribunal Superior de
Bogotá en proveído del 2
de mayo de 2014 resolvió
(i) revocar la absolución
por dos delitos; (ii) condenar a los acusados por las
conductas de concierto
para delinquir agravado,
prevaricato por acción y
abuso de función pública;
y (iii) revocar la prisión
domiciliaria.
Mediante auto del 23
julio de 2014, el Tribunal
declaró la preclusión por
prescripción respecto
del delito de abuso de
función pública y modificó
la pena la pena de prisión
a 130 meses y 16 días. La
decisión fue recurrida en
reposición por la Fiscalía,
pero el Tribunal no accedió
a lo peticionado por el
ente acusador.
La defensa interpuso y
sustentó recurso extraordinario de casación contra
la sentencia.

Proceso No. 110016000102201000217

- Concierto para
delinquir agravado

36

- Martha Inés Leal
Llanos (Ex Subdirectora de Operaciones de
la D.G.I)
- William Gabriel
Romero Sánchez (Ex
Subdirector de Fuente
Humanas

Se está tramitando el
recurso de apelación
interpuesto por la defensa contra decisión
de no preclusión de la
investigación.

En este asunto se presentó escrito de acusación
que correspondió por reparto al Juzgado 6º Penal
del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá. El 14 de julio de 2014
culminó la audiencia de
formulación oral de la acu-

 sación y se convocó para
la audiencia preparatoria
los días 6 de octubre de
2014, 13 de enero, 25 de
marzo, 5 de mayo, 22 y
23 de junio de 2015.
El 1º de septiembre de
2015 la defensa solicitó
la preclusión de la actuación, petición que fue
negada en primera instancia. Actualmente las
diligencias se encuentran
en el Tribunal Superior
de Bogotá surtiendo el
recurso de apelación.

Proceso No. 110016000102201000245

- Concierto para delinquir agravado
- Prevaricato por
acción
- Abuso de la función
pública
- Violación ilícita
de comunicaciones
agravada

- Jorge Alberto
Lagos León
(Subdirector de
Inteligencia)

Sentencia ejecutoriada

- Fernando Alonso
Tabares Molina
(Director General
de Inteligencia)

El 7 de marzo de 2011,
el Juzgado 14 Penal del
Circuito con Función
de Conocimiento de
Bogotá profirió sentencia
condenatoria en contra
de los acusados por todos
los delitos.
La decisión fue apelada
y en proveído del 31 de
mayo de 2011, la Sala
Penal del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de
Bogotá modificó la
sentencia (pero mantuvo
la condena).
El 18 de diciembre de 2014
se llevó a cabo audiencia
de lectura del fallo de
casación proferido por la
Sala de Conjueces de la
Corte Suprema de Justicia
el 12 de diciembre de
2014, en el que decidió
no casar la sentencia de
segundo grado, quedando
en firme la condena.

Proceso No. 110016000102201100027

- Concierto para delinquir agravado
- Prevaricato por
acción
- Abuso de la función
pública y
- Violación ilícita
de comunicaciones
agravada

- Gustavo Sierra
Prieto (Ex Subdirector de Análisis
del DAS)

Sentencia ejecutoriada

El 5 de agosto de 2011, el
Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá profirió sentencia
condenatoria por todos
los delitos.
El 18 de octubre de 2011,
la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, al
resolver el recurso de
apelación interpuesto
por el representante
del Ministerio Público,
modificó la pena de inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones
públicas.
El 30 de julio de 2014, la
Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de

37

 Justicia inadmitió la
demanda de casación
interpuesta por el
Ministerio Público,
quedando en firme la
condena.

Proceso No. 110016211001201000089
- Alba Luz Flórez
Gélvez (EX Detective del DAS)

- Peculado por
apropiación

Indagación

Programa metodológico
y órdenes a policía judicial.
Las últimas órdenes
se expidieron el 18 de
noviembre de 2015.

Proceso No. 110016000101201100026
- Jorge Alberto
Lagos León
(Subdirector de
Contrainteligencia)

- Peculado por
apropiación

Programa metodológico y
órdenes a policía judicial
Indagación

- Fernando Alonso
Tabares Molina
(Director General
de Inteligencia)

- Peculado por uso

El 30 de octubre de 2015
se prorrogó orden a policía
judicial.

Proceso No. 110016000102201100236
- Concierto para
delinquir agravado
- Violación ilícita de
comunicaciones
- Falsedad ideológica en documento
público
- Abuso de función
pública
- Peculado
- Ocultamiento,
alteración o
destrucción de
elemento material
probatorio

Fiscalía
Encargada

Fiscalía
Segunda
delegada
ante la Corte
Suprema de
Justicia

38

- Andrés Mauricio
Peñate Giraldo
- Joaquín Polo
Montalvo
- Felipe Muñoz
Gómez
(Ex Directores del
DAS

Programa metodológico y
Órdenes a policía judicial
Indagación

Se encuentra en estudio
informe de policía judicial
recibido en septiembre
de 2015

Proceso No 110016000102200900122
Delitos por los que
se investiga

Imputados /
Denunciados

- Concierto para delinquir
agravado
- Abuso de función pública
- Interceptación Ilícita de
comunicaciones
- Falsedad ideológica en
documento público

- María del Pilar
Hurtado Afanador (Ex
Directora del DAS)
- Bernardo Moreno
Villegas (Ex Secretario
General de la Presidencia)

Estado del
Proceso

Actuaciones
Procesales

Condena de 14 años
y multa de 43,33
S.M.L.M.V y 8 años y
multa de 6,64 S.M.L.M.V

Mediante sentencia
del 28 de Abril de 2015
se profirió sentencia
condenatoria, negando el subrogado
penal de la ejecución
condicional

 Falsos positivos
En la Fiscalía hay cerca de 2.500 procesos
por falsos positivos. Un estudio interno
sostiene que de un total de 2.653 casos
de crímenes atribuibles a miembros de la
Fuerza Pública investigados, 2.208 corresponden a presuntos falsos positivos, que
fueron cometido contra 3.185 víctimas
únicas y 645 víctimas clasificadas como
personas no identificadas.
El despacho del Fiscal General apoyó e
impulsó los procesos de investigación por
falsos positivos y homicidios de personas
protegidas. Aunque esta escabrosa practica de integrantes del Ejército fue descubierta por las autoridades en 2008, los
resultados de las investigaciones se han
visto durante los últimos cuatro años.
La Fiscalía logró individualizar a los autores de estos crímenes y presentarlos ante
jueces, entre ellos oficiales, suboficiales
y soldados. Las condenas contra uniformados son múltiples y están basadas en
investigaciones solidas y detalladas en
despachos judiciales de gran parte del
país. Entre estos casos figura el del coronel Robinson Javier González del Río,
procesado además por fabricación, tráfico y porte de armas.
Unidades de la Fiscalía también adelantan
procesos contra generales y coroneles de
las Fuerzas Militares por acción u omisión
en estos casos, donde jóvenes fueron engañados con promesas de trabajo, fueron
sacados del lugar de residencia y después
resultaron muertos en falsos operativos
oficiales contra la guerrilla para hacer pasar a los miles de “reclutados” como integrantes de grupos armados ilegales.

Homicidios cometidos
por agentes del estado
La temática de homicidios cometidos por
agentes del Estado ha sido considerada
como una de las más relevantes dentro de
la priorización presentada por la Dirección
de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.
A través de la aplicación de los criterios de
priorización desarrollados por la Directiva
001 de 2012, a parte de las variables de
número de hechos y víctimas reportadas,
se ha tenido en cuenta el cumplimiento de
dos criterios complementarios: la relevancia a nivel internacional y la viabilidad y
factibilidad de los casos.
Desde antes de 2008, la comunidad internacional mostró su preocupación por este
tema, específicamente frente a las muertes u homicidios, presuntamente, cometidos en combate. Además los reportes de
los organismos internacionales ya habían
establecido la necesidad de investigar
este tipo de hechos como crímenes internacionales realizados por miembros del
Estado. El informe de Philip Alston, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, decía:
[…] ejecuciones de ese tipo en todo
el país, cometidas en numerosos departamentos y por un gran número
de unidades militares diferentes. De
mis investigaciones se desprende
claramente que los miembros de las
fuerzas de seguridad de Colombia han
cometido un número considerable de
ejecuciones ilegales y que el cuadro
sistemático de falsos positivos se ha
repetido en todo el país. Ha habido
demasiados asesinatos de carácter
similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por ape39

 nas algunos soldados o unidades renegados, o “manzanas podridas”.
La factibilidad fue justificada a partir de la
cantidad de documentación que algunos
de los casos registraban en determinadas
regiones. Esto llevó a que se plantearan
estrategias específicas para la caracterización del fenómeno de las ejecuciones
y la identificación de metodologías tendientes a contribuir en el avance de las
investigaciones.
A enero de 2015, los 2.476 casos asignados en la Dirección estaban repartidos en
93 despachos de los 108 existentes. Por
ejemplo, 53 procesos correspondientes
a hechos en los que se involucran miembros del Batallón de Artillería No. 4, coronel Jorge Eduardo Sánchez, perteneciente a la IV Brigada, están disgregados en 15
despachos; cinco ubicados en Medellín y
10 en Bogotá. 40 procesos del Batallón
de Ingenieros No. 4, general Pedro Nel
Ospina, adscrito a la IV Brigada se adelantan en 17 Fiscalías, situación que demuestra una gran dispersión de los procesos
referentes a una misma Unidad Táctica y
por lo tanto la imposibilidad de establecer
una mejor metodología para la investigación y la judicialización.
Por lo anterior, se propuso conformar un
grupo de fiscales e investigadores que conocedores de una situación particular, por
región, unidad militar y periodo de tiempo, asuma las investigaciones respectivas,
a instancias de los resultados que sobre el
particular arroje el análisis criminal que lleven a cabo algunos investigadores que se
dediquen al análisis de casos. Y además,
se planteó la necesidad de conformar un
grupo de analistas que contribuya en la
construcción de contextos de situaciones,
patrones y la búsqueda de variables coincidentes entre los casos, no sólo para la
asociación sino para darle una mejor utilización a la información.
40

Ejecuciones extrajudiciales
El contexto y el origen de este fenómeno que involucra a las fuerzas armadas
en crímenes, y la forma cómo la Fiscalía
General de la Nación asumió ese reto de
investigación.
Los casos de ejecuciones extrajudiciales se
remontan a la década de los 80, pero fue a
partir de 2002, en el marco de la Política
de Seguridad Democrática, que las muertes cuestionadas en combate aumentaron
vertiginosamente.
El crecimiento en la financiación del sector
defensa y la apuesta del gobierno en éste
como su política insignia, frente a la necesidad de reducir al enemigo y mostrar un
avance en la seguridad nacional aumentó,
no sólo los niveles de presión en la tropa, si
no los reconocimientos y beneficios para
la los miembros de la Fuerza Pública que
trabajaran acorde con los lineamientos de
la administración.
La década del noventa permitió el avance de los grupos armados ilegales, los
cuales hacían presencia en la mayoría del
territorio nacional. Ésta década significó
una evolución importante para las FARC.
Frente a sus objetivos estratégicos se fortalecieron en la región Andina y se consolidaron en varias zonas importantes para
la economía, gracias a la debilidad de las
fuerzas del Estado.
Aunque las estructuras paramilitares
también aumentaron significativamente
su capacidad y el control territorial, fue
frente a las FARC, objetivo principal de la
Fuerza Pública, que se dieron cambios en
la estrategia militar y se fortaleció el sector defensa.
Ante este panorama, los primeros años
del siglo XXI, durante la última etapa del

 gobierno de Andrès Pastrana, las Fuerzas Militares empezaron a fortalecerse y
adaptarse frente al crecimiento de la capacidad operativa del enemigo. Vinieron
transformaciones doctrinarias, organizacionales y operacionales. Pero aun así,
existían fallas en el orden político que no
permitían que se estableciera una contraofensiva efectiva.
Las carencias de las Fuerzas Armadas resaltadas con el avance de las FARC, empezaron a ser mitigadas con los cambios en
la estrategia contrainsurgente impulsada
por el Plan Colombia desde 1998, pero
fueron en su mayoría superadas con la
llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002. Se estableció un Plan Nacional centrado en la seguridad, en el que se
definió un enemigo claro, una estrategia
integral fortaleciendo a todas las fuerzas
y se impuso un duro ingrediente de acciones cívico-militares, con el cual no sólo se
pretendía eliminar el objetivo militarmente, si no además desmontar su base social
a partir del acercamiento estatal a la población, por medio de la Fuerza Pública.
“La Política de Defensa y Seguridad Democrática”, como fue conocido el Plan
Nacional de la administración Uribe, expedido en junio de 2003, impulsó el aumento de unidades tácticas, estableció la
necesidad de la profesionalización de la
tropa y la modernización de las Fuerzas
Militares. Para lo cual, el gobierno expidió decretos y directrices para incentivar
la presentación de bajas y la colaboración
de la población con información relevante
para desmantelar la “amenaza terrorista”.

Incentivos y presiones
A partir de la necesidad por mostrar resultados ante la nueva estrategia militar,
el interés por legitimar la presencia militar en el territorio nacional y demostrar el

éxito de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática en la recuperación de la seguridad, dentro de las Fuerzas Armadas,
especialmente en el Ejército se desarrollaron mecanismos de presión e incentivos que hicieron que las Unidades Tácticas
compitieran por número de bajas.
En territorios en los que la estrategia militar logró replegar a la guerrilla y los combates disminuían cada vez más, surgió la
necesidad de establecer estrategias para
entregar resultados, que según algunos
miembros del Ejército, se referían a bajas
en combate, por lo que se empezó a incrementar la práctica de las ejecuciones
extrajudiciales.
Sumado a esto, según varias declaraciones de diferentes miembros de la Fuerza
Pública, se creó un sistema de incentivos
que variaban entre días de vacaciones,
condecoraciones, felicitaciones, ascensos
y cursos de formación. Lo que motivó a
que varias unidades tácticas replicaran las
acciones y así se diera un aumento de este
tipo de homicidios.
“Hubo además – dice Philip Alston, informe del Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias, de Naciones Unidas-, algunos alicientes: un sistema oficioso de
incentivos ofrecidos a los soldados para
que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles
para que proporcionaran información
que condujera a la captura o muerte de
guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En
general, hubo una falta fundamental
de rendición de cuentas y problemas en
todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”.

41

 Estrategia de investigación
Con el fin de cumplir con el propósito planteado, la Fiscalía General de la Nación, estableció una hoja de ruta que va desde el
procesamiento y el conocimiento de la totalidad de la información consignada en los
procesos sobre homicidios cometidos por
agentes del Estado con variables relacionadas con los hechos, las víctimas, los vinculados y el avance procesal, hasta la reestructuración y redistribución de la carga laboral.
Los datos sobre las investigaciones que se
llevan en esta Dirección permiten formular una distribución preliminar teniendo
en cuenta los criterios antes mencionados
como factores de asociación. Por ejemplo,
el criterio subjetivo que versa sobre la víctima y el victimario. La variable victimarios,
que incluye a todos aquellos que intervinieron como autores o participes de la conducta punible, obliga a determinar el rol en la
comisión de los delitos, la calidad del interviniente como miembro de Fuerza Pública y
la comprensión de ésta estructura armada,
organizada y jerarquizada.
De acuerdo a esto, un mismo fiscal o fiscales deben dirigir las investigaciones contra miembros de una determinada unidad
táctica (Batallones y Fuerzas de Tareas) y
en lo posible, una misma fiscalía regional,
adscrita a ésta Dirección, tenga a su cargo
los procesos de las mismas unidades operativas menores (Brigadas). Lo que permite comprender la composición orgánica y
funcional de la unidad militar y determinar
la participación de los soldados, suboficiales
y oficiales dentro de la conducta punible, teniendo en cuenta la organización jerárquica,
cadena de mando, los periodos de comandancia, la jurisdicción, entre otros factores.
Con la agrupación por unidad militar, se
podrá analizar el otro componente del criterio subjetivo: las víctimas. Con la conden42

sación de casos, los fiscales podrán evaluar
las calidades, a partir de circunstancias de
vulnerabilidad que deriven de condiciones
sociales, económicas y/o culturales, las
cuales serán identificadas a partir del grupo
étnico, género, edad, condiciones de discapacidad, orientación sexual, entre otras
condiciones sociales y ocupación.
Lo anterior será reforzado con el análisis
de los criterios objetivos los cuales se relacionan con la gravedad y representatividad
de las conductas punibles. La gravedad se
determina con el grado de vulneración de
los derechos fundamentales, los costos sociales, la cantidad y la frecuencia del delito,
así como el número de víctimas.
La representatividad se puede entender
como la importancia de las alternativas investigativas y judiciales, además de la relevancia y capacidad de visibilizar patrones y
modus operandi.
Es evidente que la comisión de los homicidios por Agentes del Estado revisten la
suficiente gravedad y representatividad,
no obstante hay ciertas unidades militares
que recogen un mayor número de casos
las cuales deberán ser priorizadas para la
aplicación de la estrategia de investigación
y judicialización, traducida en comunidad
probatoria, economía procesal y especialidad investigativa que viabilicen los procesos en curso. Para lograrlo, es necesario
aumentar los recursos humanos y físicos en
las investigaciones y judicializaciones.

Los procesos
Casos
activos

Ley 600

Ley 906

2308

1.453
(62%)

898
(38%)

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

 La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario (DNFEDHDIH)
para octubre de 2015 tenía activos 2.308
casos por homicidios cometidos por agentes del estado, de los cuales 1.453 se llevan
por ley 600 de 2000 y 898 por ley 906 de
2004. En los cuales se cuentan 4.532 víctimas, de estás 234, es decir el 5% son menores. Como se estableció anteriormente
y como lo muestra la siguiente gráfica,
hay un crecimiento de la existencia de
casos desde el 2002, el cual logra su pico
más alto en 2007 con 737 hechos y desciende significativamente en 2009.

Gráfica 1. Homicidios presuntamente cometidos por
Agentes del estado – cantidad por año de ocurrencia del hecho

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1984

737
800
700
600
468
500
400
316
258
230
300
158
200
93
100 1 1 3 1 3 4 7 6 4 5 7 19 14 8 17 12
38 23 18 8 11 4 1
0

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.
Por estas investigaciones se han vinculado, hasta octubre de 2015, a 5.393 agentes
del Estado, como lo muestra la siguiente
tabla, 95% son miembros del Ejército y
el 5% restante se reparte entre las otras
Fuerzas Armadas, además de la Policía y
el DAS.

43

 Tabla 2. Agentes del estado vinculados
FUERZA/AÑO

2014

2015

EJERCITO NACIONAL

4.894

5.393

POLICIA NACIONAL

94

110

ARMADA NACIONAL

95

95

FUERZA AEREA

2

2

DAS

21

21

CTI

0

0

TOTAL

5.106

5.621

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
De estos, han sido condenados 961 miembros de la Fuerza Pública y 249 han sido
absueltos. La mayoría de ellos, 891 eran
del Ejército seguidos de 11 miembros de
la Policía y 10 de la Armada.
Tabla 3. Miembros del ejercito nacional
condenados
GRADO/AÑO
CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
CAPITÁN
TENIENTE
SUBTENIENTE
SARGENTO PRIMERO
SARGENTO VICEPRIMERO

SARGENTO SEGUNDO

44

2014
3

2015
4

3
13
22

3
13
23

66
26
25

66
26
25

19
27

19
27

CABO PRIMERO
CABO SEGUNDO

20

20

28

28

CABO TERCERO

28

28

DRAGONEANTE
SOLDADO

2
576

2
604

POR ESTABLECER RANGO

4

3

TOTAL

862

891

La estrategia también va encaminada a
aumentar el número de oficiales y suboficiales vinculados, y por la gran concentración de casos por unidad táctica deberían
ser objeto de investigación. Como se ve
en la tabla anterior, la investigación se ha
centrado en los autores materiales, soldados profesionales; esto debido a la falta de
acercamiento de un mismo fiscal a todos
los casos que sobre un Batallón conoce
la dirección de Derechos Humanos y por
tanto no se visibiliza la responsabilidad del
comandante.
A partir de los datos generales, el acompañamiento, y apoyo que esta Dirección ha
tenido de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, en el análisis cuantitativo de información de casos
sobre homicidios cometidos por agentes
del Estado, especialmente del Ejército,
denominados ejecuciones extrajudiciales,
se analizaron los datos por departamento entre 2000 y 2010, estableciendo las
principales unidades tácticas con mayor
número de casos que sirvieron como la primera aproximación para el análisis.

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

 Tabla 4. Unidades tácticas antioquia
VÍCTIMAS VINCULADAS/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
ANTIOQUIA
DIV-07, BR-4, Batallón de
Artillería No. 4 CR. Jorge
Eduardo Sánchez (BAJES)

0

DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 10 CR. Atanasio 0
Girardot
DIV-07, BR-4, Batallón de
Infantería No. 32 CR. Pedro 10
Justo Berrio
DIV-07, BR-4, Batallón No.
2
4 de Ingenieros Pedro Nel
Ospina (BIOSP)
ANTIOQUIA, EJÉRCITO,
SIN REPORTAR
2
BATALLÓN
DIV-07, BR-4, AFEUR No. 5
Agrupación de Fuerzas
0
Especiales Urbanas
DIV-07, BR-4, Grupo de
Caballería MecanizadoNo. 4 o
Juan del Corral
DIV-07, BR-4, Gaula Ejército
Antioquia (Medellín)

0

18

32

79

25

13

19

0

0

0

186

0

3

8

7

16

29

26

15

0

0

104

0

0

5

4

30

20

4

0

0

0

73

0

18

4

8

10

26

9

1

1

0

61

0

9

3

5

3

8

17

10

2

0

59

0

1

1

16

17

4

3

0

0

0

42

o

o

2

14

19

0

7

0

0

0

42

8

12

10

7

0

0

40

3

24

1

0

0

32

0

0

3

0

0

DIV-07, BR-4, Batallón de
Infantería No. 42 Batalla de
Bomboná

0

0

0

0

4

DIV-07, BR-4, BRIM - 24
BCG No. 4 Granaderos

o

o

4

3

3

7

3

5

1

0

0

26

0

0

10

0

0

0

4

6

5

0

0

25

1

0

0

0

2

14

3

2

1

0

0

23

o

o

1

0

0

5

12

3

0

0

0

21

0

0

0

0

2

0

14

3

0

0

0

19

0

0

0

0

0

10

4

3

1

0

0

18

0

0

0

0

1

5

4

4

3

0

0

17

0

0

0

0

2

5

6

3

0

0

0

16

DIV-07, BR-4, Batallón
BAEEV No. 8 MY: Mario
Serpa Cuesto
DIV-07, BR-17, Batallón de
Infantería No. 47 GR.
Francisco de Paula Vélez
DIV-07, BR-11, Batallón de
Infantería No. 31 Rifles Aerotransportado
DIV-07, BR-11, Batallón
BAEEV No. 05 Juan José
Reyes Patria
DIV-07, BR-17, Batallón de
Infantería No. 46 Voltígeros
DIV-07, BR-4, Batallón de
Infantería No. 11 Cacique
Nutibara
DIV-07, BR-4, Gaula del
Ejército Rural Oriente
Antioqueño (Rionegro)

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos:
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario. 2015
45

 1. Cuarta Brigada - Séptima
División
La Cuarta Brigada con puesto de mando en
Medellín y con jurisdicción en gran parte de
Antioquia, es la unidad operativa menor
con el mayor número de ejecuciones extrajudiciales investigadas, 709 víctimas entre
los años 2000 y 2010, involucran a más de
10 de sus unidades tácticas adscritas.
Como se muestra en la anterior tabla, el
Batallón de Artillería N° 4 CR Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) con 186 víctimas, en
su mayoría se presentaron en los años
2002 con 18 víctimas, 2003 con 32, 2004
con 79 y 2005 con 25 víctimas; el Batallón
de Infantería N° 10 Cr. Atanasio Girardot
(BIGIR) con 104 homicidios que se concentraron principalmente en el año 2005
con 16 víctimas, 2006 con 29, 2007 con
26 y 2008 con 15; el Batallón de Infantería
N° 32 GR. Pedro Justo Berrio (BIPEB) está
involucrado en 73 homicidios entre 2000
y 2007, punibles que se presentaron en su
mayoría en el 2005 con 30 víctimas y el
2006 con 20; el Batallón de Ingenieros N°.
4 Pedro Nel Ospina (BIOSP), está siendo
investigado por 61 homicidios, especialmente en el 2005 con 10, 2006 con 26 y
2007 con 9 víctimas; y la Agrupación de
Fuerzas Especiales Urbanas No 5 (AFEUR),
está involucrada en 42 homicidios que en
su mayoría ocurrieron en el 2004 con 16
víctimas y 2005 con 17 víctimas.
A continuación y respondiendo a la necesidad de iniciar el análisis con la posible
conexión entre los casos que conoce esta
Dirección y aquellos que llevan las fiscalías
Delegadas ante la Corte Suprema, se presenta una gráfica que evidencia los picos
temporales con la mayor concentración de
víctimas, teniendo cuenta los comandantes de Brigada para la época de los hechos.

46

 ANTIOQUIA: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División, Brigada, Batallón - Período 200-2010
90
79

80
Número de víctimas

70
60
50
40

32

30
18

20

8

10
Año

0

Comandante
4ta brigada
Comandante
14a brigada
Comandante
1a División

25
16

0

29
13

26
19

15

7

3

0

0

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
Mario Montoya Uribe Gonzáles Peña Luis Pico H Rodríguez Juan Piza Rodríguez B Alberto Mejía F
Eduardo Herrera V
17 Dic 2005 - 17 Oct 2006 - Sep 2007 21 Dic 2007 2 Dic 2009 7 dic 1998 - 27 dic 2001 28 Dic 2001 - 15 Dic 2003 16 Dic 2003 16 Dic 2005
16 Dic 2006 15 Ago 2007 Nov 2007 1 Dic 2009
9 Dic 2011
CR
CR
BG
CR
CR
CR
CR
CR
BG
Ardila Quiñonez Ceballos Pérez Laiseca Segura Manonegra Barrera Jurado Fajardo Hdez. Muñoz Ayala
Martinez Espinal
5 Ene/ 16 Mar/
Mendoza
9 Jun 20041 Feb 200631 Oct 2007- 31 Oct 2008- 16 Dic 200915 ene 2000-7 ene 2002 8 Mar 10 Dic
4 Ene 2003- 5 Nov 2005
2Nov 2007
30 Oct 2008 16 Dic 2009 29 Jun 2010
2002
2002
8 Jun 2004
BG
BG
BG
Luis F. Paredes
Julio Eliseo Peña
Mario Montoya
17 Ago 20071 May 2005Uribe 15 Dic 2003Feb 2009
16 Ago 2007
30 Abr 2005

Comandante
7a División
Comandante comando
conjunto caribe
DIV-07, BR-4, Batallón de Artillería No. 4 CR.
Jorge Eduardo Sánchez (BAJES)

BG
Gonzáles Peña
Jul 2005 16 Oct 2006
MG
Mario Montoya
Uribe
29 Abr 200521 Feb 2006

BG
Pico Hernandez
17 Oct 2006 29 Oct 2008

BG
Sergio Mantilla
21 Nov 200823 Ago 2010

MG
Gonzáles Peña
21 Feb 2006 4 Nov 2008

MG
Gustavo Matamoros
Camacho
4 Nov 20086 Ago 2010

BG
Germán Cardozo
24 Ago 201005 Jul 2011

DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 10
CR. Atanasio Girardot
DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 32
CR. Pedro Justo Berrio
DIV-07, BR-4, Batallón No. 4 de Ingenieros
Pedro Nel Ospina (BIOSP)
ANTIOQUIA, EJÉRCITO, SIN REPORTAR
BATALLÓN
DIV-07, BR-4, AFEUR No. 5 Agrupación de
Fuerzas Especiales Urbanas
DIV-07, BR-4, Grupo de Caballería MecanizadoNo. 4 Juan del Corral
DIV-07, BR-4, Gaula Ejército Antioquia (Medellín)
DIV-07, BR-4, Batallón de Infantería No. 42
Batalla de Bomboná

Realizada por: Oficina del alto comisionado
para los Derechos Humanos, ONU. Datos:
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada
para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2015
47

 La organización de esta información evidencia, entre otras cosas, que el BAJES está
involucrado en hechos relacionados con 18
víctimas en el 2002 y 32 en el 2003, época
en la que comandaba la Cuarta Brigada el
Brigadier General (r) , Mario Montoya Uribe. Para los años 2005 y 2006, presuntos
miembros del BAJES están involucrados
con los homicidios de 79 y 25 personas respectivamente, tiempo en el cual el BG (r)
Oscar González Peña fungía como comandante de la Cuarta Brigada.
A continuación se presenta la relación del
número de investigaciones que se llevan
por cada una de las Unidades Tácticas priorizadas y la etapa en la que se encuentra.

Tabla 5: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas
Priorizadas Antioquia
No. DE
INVESTIGACIONES

ETAPAS

41

INDAGACIÓN: 19
INSTRUCCIÓN: 17
SENTENCIA: 05

76

INDAGACIÓN: 28
INSTRUCCIÓN:40
JUICIO: 03
SENTENCIA:05

Batallón de
Infantería N° 10 Cr.
Atanasio Girardot

56

INDAGACIÓN: 27
INSTRUCCIÓN: 24
JUICIO: 02
SENTENCIA: 02
EN ESPERA DE JPM: 01

La Agrupación de
Fuerzas Especiales
Urbanas No 5 (AFEUR)

15

INDAGACIÓN: 06
INSTRUCCIÓN: 06
SENTENCIA: 03

Batallón de Infantería
No. 32 Pedro Justo
Berrío

35

INDAGACIÓN: 05
INSTRUCCIÓN: 26
JUICIO: 02
SENTENCIA: 02

BATALLÓN
Batallón de
Ingenieros N°. 4
Pedro Nel Ospina
Batallón de Artillería
N° 4 CR Jorge
Eduardo Sánchez

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
48

 2. Séptima Brigada – Cuarta
División
Según el análisis cuantitativo, el segundo
departamento con mayor número de víctimas después de Antioquia es el Meta, en
el que hace presencia la Séptima Brigada
de la Cuarta División. Por lo que según los
datos que se reflejan en la siguiente gráfica
se priorizó el Batallón de Infantería No. 21,
Batalla del Pantano de Vargas.

META: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División, Brigada, Batallón - Período 2000 - 2010

Número de personas

120
96

100
80

67
42
9
3
1

60
40
17
11
15

20
1
1

2
2

0
Años 2000 2001

Comandante Pedraza Pelaez
Jul 19997a Brigada 19Oct
2000
Comandante
4a División

2002

48

35
20
2
33
12

2003 2004

1
2
13
71

3
441
4
10
11
71

40
11

3
1 2

1

2005 2006 2007 2008 2009

CR
CR
BG
Carlos
Carlos Saavedra Leonardo Ávila B.
Barrera
22 Jul 200218
Nov
200315 Ago 2003 2003-Nov 14 Dic 2004
2003
BG
BG
MG
Justo
MG
Barrero
Barbosa
Eliseo
Aguirre
Hernández Arias Vivas Peña
Nov
9 Nov 2001 - 30 Ene 200214 Jul - 14
30 Ene 2002 17 Nov 2003
Dic 2004

BG
Hernando Alonso
Dic 2001

MG
Ospina
Ovalle
Ene 2000 - 9 Nov 2001

53

22
7
3
6
1
12

CR
Luis A
Coronado L.
14 Dic 2004
14 Nov 2005
MG
Rocha Ayala
14 Dic 2004
- 16 Nov
2005

CR
Francisco Ardila
14 Nov 2005
- 2007

0

2010

CR
Pedro León
Soto Suaréz
2008 - 2009

MG
Quiñonez
Quiroz
25 feb 2006 - 14
Nov 2008

DIV-04, BRIM-12, BCG No. 83 TC
HENRY GÓMEZ NAVAS

DIV-04, BR-7, BATALLÓN DE INGENIEROS No. 07 GENERAL CARLOS ALBAN

DIV-04, BR-7, BRIM-4, BCG No. 40 HEROES DEL SANTUARIO

DIV-04, BR-7, BCG No. 07 HEROES DE
ARÁUCA

DIV-04, BRIM-12, BCG No. 8

DIV-04, BR-7, GAULA EJÉRCITO META

DIV-04, BRIM-12, BCG No. 84 CT
EDUARDO FIGUEROA CARRASCAL

EJÉRCITO, Sin reportar Batallón

DIV-04, BRIM-12, BCG No. 85 TE JAIME
QUINTERO CARDONA

DIV-04, BR-7, BATALLÓN DE INFANTERÍA
No. 21 BATALLAS PANTANO DE VARGAS

DIV-04, BR-7, BRIM-4, BCG No. 42
HEROES DE BARBACOAS

META - 295

MG
Zapata
Uribe
2009

MG
Esguerra Santos
5 Dic 200925 Nov 2011

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos:
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario. 2015
49

 La Séptima Brigada está involucrada en 195
homicidios, a enero de 2015. Sólo una de las
unidades tácticas que la conforman, el Batallón de Infantería No. 21, registra 102 víctimas, es decir el 52.30%, entre 2001 y 2007,
en el que se presenta un pico importante en
el 2003 con 48 muertos. Las restantes 93
víctimas se reparten entre nueve unidades
tácticas: Gaula Meta con 29, Batallón contra Guerrilla No. 07 con 27, Batallón de Ingenieros 07 con 12 homicidios, Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín Paris con 5
víctimas, Batallón de Infantería No. 29 con
una. Y los pertenecientes a la Brigada Móvil
IV – adscrita a la Séptima- el Batallón Contraguerrilla No. 42 con 11 víctimas, Batallón
contra Guerrilla No. 40 con 6 y el Batallón
de Contraguerrilla No. 41 con una.

Tabla 6. Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Meta
BATALLÓN

No. DE
INVESTIGACIONES

ETAPAS

45

INDAGACIÓN: 33
INSTRUCCIÓN: 11
SENTENCIA: 01

Batallón de
Ingenieros N°. 4
Pedro Nel Ospina

La mayoría de los casos de este batallón
están relacionados con hechos de connivencia entre miembros del Ejército y paramilitares, los cuales partieron de compulsas
de copias de versiones libres de postulados
a Justicia y Paz del Bloque Centauros de las
AUC; especialmente de lo relatado por Daniel Rendón Herrera, alías Don Mario.

3. Décima sexta Brigada –
Cuarta División
Fue activada en 1992 para operar en 19
municipios de Casanare y dos de Boyacá (Labranzagrande y Pajarito). Desde su
creación hasta abril de 2004 hizo parte de
la Segunda División, en este año pasó a la
Cuarta hasta noviembre de 2009, cuando
fue transferida a la creada Octava División.
50

135 homicidios en Casanare entre 2003 y
2007, época en la cual la Décimo Sexta Brigada estuvo adscrita a la Cuarta División.
De las 135 víctimas, el 72.59%, es decir 98,
están vinculadas a hechos ocurridos entre
2006 y 2007, cuando el comandante era
uno de los generales investigados por la
Fiscalía Tercera Delgada ante la Corte.

 CASANARE: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División, Brugada, Batallón - Período 2000-2010

80
68

Número de víctimas

70
60
50
40

33

30
18

20
10

Años

0

2

0

0

14

3

1

0

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Comandante
Brigada 16

BG
García Chavez
Dic 2002Nov 2003

Comandante
4a División
Comandante
2a División

MG
Eduardo Santos Q
1999 - 28 Dic 2001

BG
Justo Eliseo
Peña
Dic 2003Sep 2004

BG
Gutiérrez
Ene 2005 CR
Barrera
CR
Ene
Torres
Escalante 2005Sep 2004- Nov
Ene 2005 2005
BG
MG
Justo Eliseo
Peña Bocha Ayala
4 Jul - 19 Dic 14 Dic 2004
2004 16 Nov 2005

CR Torres
Escalante
Dic 2005Jun 2007

CR. Peña CR Piza
Chivatá
Gaviria
Jun 2007- May 2008May2008 Jun 2009

MG
Quiñonez Quiroz
25 Feb 200614 Nov 2008

CR Figueroa
Salazar
Jun 2009Jun 2010

MG
Zapata Uribe
2009

BG
Esguerra Santos
5 Dic 200925 Nov 2011

MG
Carlos Ovidio Saavedra Saenz
13 Dic 2004 - 22
Nov 2007

DIV-04, BR-16 Batallón de Contraguerrillas No. 23 ”Llaneros del Rondon”
(BCG-23)
DIV-04, BR-16 Gaula Ejércitp Casanare
(GACAS)
DIV-04, BR-16, Batallón Infantería No.
44 “Ramón Nonato Pérez” (BIRNO)
DIV-04, BR-16, Grupo de Caballería
mecanizado No. 16 (GMGDC)

El 37.77% de las víctimas relacionadas en
los datos preliminares están vinculadas a
DIV-04, BR-16, Batallón Contraguerrillas
acciones emprendidas por miembros del
No. 65 “Batalla de Cachin” (BCG-65)
Gaula Casanare, en segundo lugar se encuentra con 39 homicidios, el 28.88%, el
CASANARE-139
Batallón de Infantería No. 44, el Grupo de
Caballería Mecanizado No. 16 en tercer luRealizada por: Oficina del alto comisionado gar con 24, 17.77%, en cuarto lugar el Batapara los Derechos Humanos, ONU. Datos: llón de Contraguerrilla No. 65 con 12 de los
Dirección de Fiscalía Nacional Especializa- 135 homicidios y en quinto y sexto lugar con
da para los Derechos Humanos y Derecho
81 homicidios los Batallones contra GuerriInternacional Humanitario. 2015
lla No. 23 y 29.
51

 Tabla 7: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Casanare
BATALLÓN
Batallón de Infantería
No. 44 Ramón
Nonato Pérez
Gaula Casanare

No. DE
INVESTIGACIONES

ETAPAS

35

INDAGACIÓN: 12
INSTRUCCIÓN: 23

31

INDAGACIÓN: 11
INSTRUCCIÓN: 16
JUICIO: 01
SENTENCIA: 03

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

4. Novena Brigada – Quinta
División
Esta unidad operativa, adscrita a la Quinta
División, tiene su puesto de mando en Neiva y con jurisdicción en la mayor parte del
Huila. Unidades militares de esta Brigada
se encuentran investigadas por 133 homicidios entre 2000 y 2010. Cometidos presuntamente por miembros del Batallón de
Infantería No 26, Cacique Pigoanza, 20 víctimas en 2006, 26 en 2007 y 10 en 2008. Por
el Batallón Infantería No 27, se registraron
víctimas en 2007 y 28 en 2008.

52

 HUILA: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División, Brgada, Batallón- Período 2000 - 2010

Título del eje

60

55

50
40

25

29

30
9

5
18

7

20
10

48

26
20

10
5

3
4
2
2
2
0
0
6
4
6
0
4
2
2
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Años

Comandante
9a Brigada
Comandante
5a División

CG
CR
CR
BG
BG
CR
BG
Hector Martínez Rodríguez Miguel Peréz Jaime Lasprilla William Peréz Sergio Narvaez
Henry
Barragán Guarnizo
V.
Laiseca
Espinel
L.
Torres E.
10 Jul a
Dic 200427 Jun 2006- 17 Nov 200719 Nov 2003Dic 2008- 27 Nov 2009Dic 2004 27 Jun 2006 17 Nov 2007
Dic 2008
26 Feb 2004
27 Nov 2009
2011
BG
BG
BG
BG
BG
Hernando Carlos Suárez B.
Gustavo
Jairo Antonio
Reinaldo Castellanos
Ortíz R.
Trujillo
28 Abr 2005- Matamoros C. Erazo Marzola
19 Nov 2003- 20 Sep 2006
20 Sep 2006- 16 Nov 20072007- 10 Nov 2001
28 Abr 2005
16 Nov 2007
3 Dic 2009

DIV-06, BR-12 Batallón de Infantería
No. 36 Cazadores

DIV-05, Br-9, Batallón de Artillería No.9
Tenerife

DIV-05, DIV-05. BOG No. 28 Teniente
Vladimir Vlaek Moure

DIV-05, Br-9, AFEUR No.11 Agrupación
de Fuerzas Especiales Urbanas

DIV-05, Br-9, CO-5. BOG No. 09 Los
Panches

DIV-05, Br-1, CO-5. BCG No.01
MUISCAS

DIV-05, Br-9, Gaula Ejérciro Huila

DIV-05, Br-1, Batallón de Infantería
No.01 General Simón Bolívar

DIV-05, Br-9, Batallón de Infantería
No.27 Magdalena

Ejército, Sin reportar batallón

DIV-05, Br-9, Batallón de Infantería
No.26 Cacique Pigoanza

Huila = 151

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos:
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario. 2015
De estas Unidades Tácticas en el año 2015
se priorizaron los batallones antes mencionados cuyas investigaciones en su mayoría son llevadas por la sede de la Dirección en Neiva.
53

 Tabla 8: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Huila
BATALLÓN

No. DE
INVESTIGACIONES

ETAPAS

44

INDAGACIÓN/PREVIA:
28
INSTRUCCIÓN: 16

31

INDAGACIÓN/
PREVIA: 24
INSTRUCCIÓN: 06
JUICIO: 01

Batallón de
Infantería No 26
Cacique Pigoanza
Batallón Infantería
No 27 Magdalena

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

5. Sexta Brigada- Quinta
División
La Quinta División, relacionada en el ítem
anterior con la Brigada Novena, también
está comprometida con hechos en Tolima
con las unidades tácticas de la Sexta Brigada. Fueron identificadas 177 víctimas, el
28% están relacionadas con acciones de
miembros del Gaula; 44 víctimas, el 24%,
se encuentra el Batallón de Infantería No.
17 y en tercer lugar el Batallón de Infantería
No. 18, con 40 víctimas.

54

 Número de personas

TOLIMA: Homicidio cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División. Brigadas, Batallón - Período 2000 - 2010

60
50
40

53
38

30
20
10

5
3
5
5

18
6

7

9
5
2

6
3
4

44

22

17

1
5

5

5
3
13
5
1
4
1
0
1
4
1
1
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
BG
Años
CR
BG
CR
CR

Comandante
6a Brigada
Comandante
5a División

2

BG
Hernan Cadavid
B. 19983 Dic 2002

16

15

Jorge Armeth
CR
BG
Leilo Fadul
Andrés José
Pinto
Emilio Torres
Arnulfo
Castillo
Suárez
21 Sep 8 Jun 2007- Bernal Giraldo
A.
Martínez
Tocarruncho
16 Jun 1 Ene 200615 Jun
12 Dic 2003- 15 Dic 2005- 7 Jun
2008- 1 Abr 2 2 Abrl 20091
Feb
2010
17
Ago
2008
2008 Dic 2008 009
14 Dic 2005
2007
BG
BG
BG
BG
Hernando
Gustavo
Jairo Antonio
Ortíz R. Carlos Suárez B. Matamoros C. Erazo Marzola
28
Abrl
200519 Nov 2003 20 Sep 2006- 16 Nov 200728 Abr 2005 20 Sep 2006 16 Nov 2007
3 Dic 2009

BG
Jairo
Ovalle G.
1 Dic 200228 Abr 2005

BG
Reinaldo
Castellanos
Trujillo
2002 - 19 Nov 2003

Ejército, sin reporte de Batallón
DIV-05, BR-1 Batallón de Infantería
No.01 GR Simón Bolívar
DIV-05, BR-6, BCG No. 06 Pijaos
DIV-05, BR-6, Batallón de Infantería
No. 16 Patriotas
DIV-06, BR-6, Batallón de Infantería
No. 18 Coronel Jaime Rooke
DIV-05, BR-6, Batallón de Infantería
No. 17 General José Domingo Caicedo
(Infante de montaña)
DIV-05, BR-6, Gaula ejército Tolima
Tolima = 177

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos:
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario. 2015
A partir de lo identificado, se estableció la
necesidad de priorizar y diseñar estrategias
relevantes para el avance de las investigaciones, porque como se observar en la tabla
9, la mayoría de procesos se encuentra en
indagación o previa.
55

 Tabla 9: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Tolima
No. DE
INVESTIGACIONES

ETAPAS

35

INDAGACIÓN/
PREVIA: 25
INSTRUCCIÓN: 08
JUICIO: 02

Batallón de Infantería
No. 18 Coronel Jaime
Rook

18

INDAGACIÓN/
PREVIA: 12
INSTRUCCIÓN: 05
SENTENCIA: 01

Gaula Tolima

27

INDAGACIÓN: 22
INSTRUCCIÓN: 03
SENTENCIA: 02

BATALLÓN
Batallon De Infantería No. 17 General
José Domingo
Caicedo

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.

6. Décimo Segunda
Brigada – Sexta División
Caquetá es uno de los departamentos que
reporta muchas ejecuciones extrajudiciales. Para enero de 2015, hay 186 víctimas, la
mayoría en acciones de la Décimo Segunda
Brigada en Florencia y perteneciente a la
Sexta División.
Las unidades con mayor número de víctimas son el Batallón de Infantería No. 34 con
63 y el Batallón de Infantería No. 35 Cazadores con 30. La mayor parte de los casos
son investigados en Neiva y se encuentran
en indagación o previa.

56

 Tabla 10: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas Huila
BATALLÓN
Batallón de Infantería
No. 34 Juanambú
Batallón de Infantería
No. 35 Cazadores

No. DE
INVESTIGACIONES
37

6 (posible sub-registro) 

ETAPAS
INDAGACIÓN/
PREVIA: 23
INSTRUCCIÓN: 13
JUICIO: 01
INSTRUCCIÓN: 01
INDAGACIÓN: 05

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario

7. Décima Brigada
Blindada - Primera División
Esta unidad fue creada y adscrita en marzo de 2005 a la Primera División, activada
en La Guajira y Cesar. Tiene uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas
ejecuciones extrajudiciales. Sólo en Cesar,
con datos a enero de 2015, se relacionan
164 homicidios presuntamente perpetrados por miembros de la Décima Brigada.

57

 CESAR: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN UNDH-DIH
División. Brigadas, Batallón - Período 2000 - 2010

Número de víctimas

50
47
46
45
5
2
4
2
40
37
4
35
30
25
23 23
25
39
2
26
20
23
3
13
1
15
11
21
1
13
10
7
11
8
10
5
2
1
5
5
13
0
0
0
2
2
0
2007 2008 2009 2010
Años 2000 2001 2002 2003 2004CR2005 2006
CR
CR
CR
CR

Comandante
10 Brigada Blindada
Comandante
CO 7
Comandante
1a División
Comandante
comando conjunto
caribe

CR
Hernán
Fabricio
Nestor Raúl
Jairo
Jorge
Pineda
Giraldo
Cabrera
Espitia
Recuero Ochoa P. Monsalve H.
Restrepo
Ortíz
Rivero
28 Dic 2007- 25 Jun 25 Jul 2010
27 Dic 2004- Jun 2006200425 Jun 2009 2009- 30 Nov 2010
Jun 2006 28 Dic 2007
27 Dic 2004
2 Jul 2010
CR
CR
CR
Jorge Isaza
Nestor R.
Juan
Quebrada Rodríguez B. Espitia R.
20011 Dic 2002 23 Mar 20041 Dic 2002 23 Mar 2004 27 Dic 2004
BG
MG
BG
BG
BG
Mario
Leonel Gómez
Rafael
Justo Eliseo
Luis F.
Montoya
Estrada
Gonzáles Villamil
Peña
Paredes
Uribe
Dic 2001Feb 20091 May 200519 Nov 2003 19 Nov 2003- 16 Ago 2007 17 Ago 20072010
Feb 2009
30 Abr 2005
MG
MG
MG
Gonzáles Peña
Gustavo
Mario
21 Feb 2006Matamoros Camacho
Montoya
4 Nov 2008
4 Nov 2008 - 6 Ago 2010
29 Abr 200521 Feb 2006

DIV-02, BR-5, Batallón de Infantería
No. 40 CR Luciano

DIV-01, BR-10, BIMUR

Delhuyer (BILUD)
DIV-02, BR-30, Batallón de Infantería
No.15 GR Francisco de Paula Santander (BISAN)

DIV-01, BR-10, Batallón de Artillería
No. 2 La Popa (BAPOP)

DIV-01, BR-2, BCG-2

DIV-01, BR-10, BAMMA

DIV-01, BR-2, BAMRU

DIV-01, BR-10, BAEEV-2

DIV-01, BR-10, Gaula Ejército Cesas
GACES

Ejército sin reportar Batallón
Cesar = 216

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos:
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario. 2015
58

 De estos 164, el 86.5 % son víctimas de hechos en los que se vinculan miembros del
Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre
2002 y 2008; reportando un pico importante entre 2002 y 2003 con 39 y 26 homicidios.
En segundo lugar con 11 víctimas, es decir el
6.7%, se encuentra el Batallón Energético y
Vial No. 2, en tercer lugar el Gaula Cesar con
8 víctimas.

víctimas. El Grupo Caballería Mecanizado
No. 2 Coronel Juan José Rondón registra 67
muertos, 56.3%. El Gaula Guajira tiene 22,
18.48%. En lista con menos del 10% de homicidios se encuentran el BICAR con 11 víctimas, BASAP con 6, El Gaula Cesar con 5, el
Grupo de Caballería Blindado Mediano con
4, el BAMMA y el Batallón de Artillería No. 2
con dos cada uno.

En La Guajira, se investigan 119 homicidios
en los que se involucran ocho unidades de la
Décima Brigada, entre 2000 y 2007. Se presenta un pico entre 2006 y 2007 con 66 y 37

También hay un gran número de investigaciones contra miembros de la Quinta y la Segunda Brigada, la primera de conocimiento
en Bucaramanga y segunda en Barranquilla.

Tabla 11: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas
Cesar -Guajira
No. DE
INVESTIGACIONES

ETAPAS

Batallón de Artillería
No. 2 La popa

76

INDAGACIÓN: 29
INSTRUCCIÓN: 42
JUICIO: 02
SENTENCIA: 03

Batallón Especial
Energético y Vial
No.2 José María
Cancino

9

INDAGACIÓN: 03
INSTRUCCIÓN: 05
JUICIO: 01

BATALLÓN

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
El Batallón Plan Especial Energético y Vial
No. 2, está comprometido en 11 homicidios entre 2006 y 2007.

8. Trigésima Brigada y
Brigada Móvil 15 – Segunda
División
La Trigésima Brigada en Norte de Santander, tiene miembros investigados por 94
homicidios entre 2000 y 2008. De estas 94
víctimas, 62 involucran a integrantes del Batallón de Infantería No. 15, principal en los
años 2007 (17 víctimas) y 2008 (20 víctimas).
59

 NORTE DE SANTANDER: Homicidios cuestionados al Ejército por FGN
UNDH-DIH División. Brigadas, Batallón - Período 2000 - 2010

Número de víctimas

70
59
60
3
50
33
2
36
40
10
30
7
41
21
5
10
1
20
5
13
51
10 3
20
5
6
62 10
3
4
17
33
8
0
1
3
3
1
3
41
1
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Años
BG
BG

BG
BG
Victor
Germán
Miguel Lozano Paulino Coronado
Rodríguez D. Saavedra P.
14 Nov 200520 Sep 20067
Nov
200828
28
Nov 2009
20 Sep 2006
29 Oct 2008
Nov 2009
31 Nov 2010

Comandante
Brigada 30

CR
Santiago
CR
Argemiro
Herrera F. Ruben Castro
Reyes
1 Ene 2006- 20 Sep 2006- Dic 2007Dic 2007
29 Oct 2008
20 Sep 2006

Comandante
BRIM 15
Comandante
2a División

MG
Santos Quiñonez
Dic 1999 - 28 Dic
2001

MG
García Chavez
27 Nov 200212 Feb 2004

MG
Saavedra Saenz
13 Dic 200422 Nov 2007

BG
Cortés F.
23 Nov 200728 Oct 2008

MG
Vargas Briceño
29 Nov 20087 Ago 2010

DIV-02, BR-5, Batallón BAEV No.10 CR
José Concha

DIV-02, BR-30, BRIM-15, BCG No.96
TC Ricardo Bautista Díaz

Ejército sin reportar Batallón

DIV-02, BR-30, Grupo de Caballería
Mecanizado No. 05 GR Hermogenes
Maza

DIV-02, BR-18, BRIM-5, BCG No.45
Héroes de Majagual

DIV-02, BR-30, BRIM, BCG No.98 MT
Carlos Alberto Lara Rozo

DIV-02, BR-30, Batallón de Infantería
No. 13 GR Custodio García Rovira

DIV-02, BR-30, Batallón de Infantería
No.15 CR FCO de Paula Santander

DIV-02, BR-30, BRIM-15, BCG No.95 TC
Omar Pío Vellojin Guillod

Norte de Santander = 156

Realizada por: Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, ONU. Datos:
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para los Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario. 2015
La Brigada Móvil 15, adscrita a la Segunda
División y compuesta por cuatro batallones de contraguerrillas y dos compañías
especiales, con jurisdicción en Norte de
Santander, reportó la muerte de más de
60

40 personas como resultados operacionales, en estos momentos están siendo investigados como posibles homicidios.
Estado actual de las investigaciones

 Tabla 12: Etapa Investigaciones por Unidades Tácticas Priorizadas
Cesar -Guajira
BATALLÓN
Batallon de Infanteria No. 15 General
Francisco De Paula
Santander
Brigada Móvil No. 15

No. DE
INVESTIGACIONES

ETAPAS

14

INDAGACIÓN: 10
JUICIO: 04

47

INDAGACIÓN: 05
INSTRUCCIÓN: 38
JUICIO: 03
SENTENCIA: 01

Realizada por: Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
Sobre la responsabilidad de comandantes, la Fiscalía ha avanzado en algunos
casos. Para citar sólo dos. En octubre de
2015, la Fiscalía General de la Nación, a
través de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, llamó a interrogatorio a cinco generales del Ejército,
cuatro de ellos en retiro, por su posible
vinculación a casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas entre
2006 y 2008. Lo que la prensa ha catalogado como “falsos positivos”. Es decir,
la muerte de civiles inocentes a quienes
después hacían pasar por integrantes de
las FARC muertos en combate.
Los oficiales citados a interrogatorio:
general Leonardo Gómez Vergara, excomandante de la Tercera Brigada del
Ejército; Jairo Antonio Herazo Marzola,
excomandante de la Octava Brigada; Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Peña,
excomandantes de la Tercera División y
Emiro José Barrios, comandante del Batallón Contraguerrilla número ocho.

los adelantan fiscalías Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia.

1. Mg. Henry William Torres Escalante
• Grado actual: Mayor General, comandante del Comando Conjunto del
Sur Occidente No. 2, con jurisdicción
en Cauca, Valle y Nariño.
• Grado al momento de los hechos:
Coronel.
• Cargo al momento de los hechos:
Comandante Brigada XVI – Yopal
(10/12/05 a 11/07/2007).
•Escuchado: en diligencia de versión
libre los días 29 y 30 de julio y 3 de
septiembre de 2015.
Contra el General Torres Escalante se siguen siete investigaciones, sin embargo,
dentro del proceso de priorización se decidió el impulso de dos casos, bajo teorías
jurídicas diferentes, así:

Otros generales han sido mencionados
en investigaciones por graves violaciones
a los derechos humanos y los procesos
61

 Hechos
Se adelanta la investigación por una compulsa de copias de la Dirección de Fiscalía
Nacional Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El 2 de mayo de 2007 en la vereda El Paraíso, Aguazul, en Casanare, el señor Alcides
Castillo Fonseca fue muerto por integrantes del Grupo Especial Delta 6, orgánico
de la Brigada XVI. Por estos hechos, el
comandante del grupo especial, teniente
Marco Fabián García Céspedes, en ampliación de indagatoria para sentencia anticipada, aseguró que el hoy mayor general,
Henry William Torres Escalante, en su condición de Comandante de la Brigada, tenía
conocimiento de este y otros casos, y que
se trataban realmente de ejecuciones extrajudiciales, señalando además que los
grupos Delta, que se encontraban a órdenes directas del Comandante de la Brigada
XVI, realizaban estas acciones.

Teoria del caso
El general Henry William Torres Escalante,
es presunto responsable del homicidio en
persona protegida de Alcides Castillo Fonseca por omisión, en razón a que aumentó
la situación de riesgo para el bien jurídico
protegido, al solicitar bajas en combate
privilegiándolas sobre otros resultados
operacionales; omitió realizar los controles respectivos y no adoptó las medidas
necesarias para evitar que los grupos especiales a su cargo ejecutaran estos homicidios; recibió múltiples alertas por parte
de familiares de las víctimas, organismos
estatales, organismos no estatales de defensa y promoción de derechos humanos,
relacionadas con la muerte de civiles que
eran presentados como guerrilleros caídos
en combate, durante el período de su comandancia y antes de la ejecución de este
homicidio. El general tenía el deber jurídico de impedir este resultado, y en su con62

dición de Comandante de las unidades que
realizaban las ejecuciones extrajudiciales,
podía tomar medidas para evitarlo.

Hipótesis investigativa
En la versión rendida por el General Torres
Escalante, éste afirmó que ejerció un adecuado control de sus tropas y que las irregularidades que se presentaron obedecen
a la acción delictiva de algunos integrantes
de la brigada. Sin embargo, con base en el
abundante material probatorio recaudado
en la investigación se cuenta con bases fundadas para afirmar que el General Torres
Escalante ejercía presión sobre los comandantes de batallones para que presentaran
bajas en combate y que los muertos podían
ser de cualquier tipo – en combate o fuera
de el, combatientes o civiles –, lo que importaba era la cantidad y la frecuencia. El
General Torres Escalante conocía que no
todas las muertes en combate que le eran
reportadas habían ocurrido en circunstancias legales y a pesar de eso estableció un
sistema de incentivos positivos a las unidades que aumentaban los resultados (felicitaciones) y negativos a aquellas que no lo
hicieran (escarnio, impone sanciones).
Adicionalmente, se ha podido establecer
que el General Torres Escalante recibió
múltiples alertas por parte de familiares de
las víctimas, organismos estatales, organismos no estatales de defensa y promoción de derechos humanos, relacionadas
con muertes de civiles que eran presentados como guerrilleros muertos en combate, durante el periodo de su comandancia
y antes de la ejecución de este homicidio,
alertas que no fueron atendidas y sobre la
que no se ejerció ningún tipo de control.

 Caso No.02 por acción
Hechos
Mediante resolución de fecha 17/06/2015,
el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia ordenó investigar de
oficio al Mayor General Henry William Torres Escalante, por el homicidio de Daniel
Torres Arciniegas y su hijo menor Roque
Julio Torres Torres, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en
combate por integrantes del grupo especial Delta 6 orgánico de la Brigada XVI.

Teoria del caso
El Mayor General Henry William Torres
Escalante, es responsable como coautor del homicidio en persona protegida
de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres Torres, al haber acordado con
otras personas entre ellos el teniente
coronel Fabián Sarmiento Valbuena; el
teniente coronel Espitia; el teniente Marco Fabián García Céspedes, comandante
Grupo Especial Delta 6, el cabo Idelfonso
Chavarro, todos ellos integrantes de la
Brigada XVI y el desmovilizado Bernabe
Castro, alias “Pastrana”, darles muerte
y presentarlos como bajas legitimas en
combate.
Al General Torres Escalante le correspondió realizar aportes esenciales sin
los cuales no se hubiera podido realizar
el crimen. Convalido información de
inteligencia falsa, para dar vía libre a la
operación y apariencia de legalidad; dio
vía libre al pago de una información de
inteligencia innecesaria, dio la orden
para que el mayor Buitrago firmara la
orden de operación, ordenó que Delta 6
fuera encargada de desarrollar la operación y ordenó que esa unidad realizara
la operación por fuera de la jurisdicción
que le correspondía al batallón, además
dispuso los medios motorizados para

el desplazamiento de la tropa; ordenó
que luego de la muerte, transportaran
por helicóptero los cuerpos a la brigada
para que fuera allí donde se hiciera la inspección técnica a los cadáveres; ordenó
que el soldado Luis Fernando Socha, que
hace parte de otro grupo Delta, participara como guía de la operación. Soldado
este que días antes participó en la supuesta desmovilización de Bernabe. El
general además trató de desviar las investigaciones.

Hipótesis investigativa
En la versión rendida por el general Torres Escalante, éste afirmó que la muerte de Daniel Torres Arciniegas y su hijo
menor Roque Julio Torres Torres es responsabilidad exclusiva del el Teniente
Marco Fabián García Céspedes, comandante Grupo Especial Delta 6. No obstante, con base en el material probatorio
y en la prueba trasladada, se ha podido
establecer numerosas inconsistencias en
la operación, irregularidades que debieron ser advertidas por el general Torres
Escalante. El oficial admitió en su interrogatorio que dio algunas ordenes que
permitieron llevar a cabo la operación
que tuvo como resultado la muerte de
los dos ciudadanos. Adicionalmente, se
cuenta con abundante documentación
que muestra la participación del general
Torres Escalante en la planeación, ejecución y seguimiento de la operación en la
que murieron las víctimas en ámbitos de
su exclusiva competencia.

3. Gr (r) Mario Montoya Uribe
• Grado actual: General retirado.
• Grado al momento hechos: General.
• Cargo al momento hechos: Comandante del Ejército (22 de febrero de
2006 - 4 de noviembre de 2008).
63

 • Escuchado en diligencia de interrogatorio los días 10 y 11 de agosto de
2015.

Hechos
Los hechos que dan origen a la investigación corresponden, entre otros, a las
muertes de Fair Leonardo Porras, Daniel
Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, durante operaciones militares desarrolladas
entre enero y agosto de 2008 en Ocaña y
Abrego, Norte de Santander, y Cimitarra,
Santander.
Según información de prensa, el coronel
en retiro Santiago Herrera, quien se desempeñó como comandante de la Brigada Móvil No. 15 y posteriormente como
ayudante del Comandante del Ejército,
acusó al general (r) Mario Montoya Uribe,
de medir a las unidades militares bajo su
mando por resultados entendidos estos
como muertes producidas en combate.

Teoria del caso
El general (r) Montoya, en su calidad de
comandante del Ejército, es responsable
de homicidios cometidos por integrantes
de las siete divisiones del Ejército durante su periodo de comandancia, al haber
desarrollado una política de presión por
resultados, clasificación de las unidades
militares por la cantidad de muertes en
combate que reportaran, beneficios profesionales para los comandantes de las
unidades que se destacaran por la cantidad de bajas en combate y sanciones,
reprimendas o escarnio a quienes no estuvieran a la altura de sus expectativas
operacionales. Este factor de riesgo para
la población civil se vio acompañado de
un ejercicio del mando en el que los controles a las irregularidades fueron laxos,
no se atendieron las denuncias de instituciones gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales y de víctimas que
alertaron de la dimensión del fenómeno.
64

Hipótesis investigativa
El general Montoya manifestó en la diligencia de interrogatorio que durante su
comandancia se preocupó de manera extraordinaria por el respeto a los derechos
humanos. Señaló además que como comandante del Ejército no tenía la posibilidad de ejercer control sobre las tropas y
que la responsabilidad por las operaciones
que se desarrollaban recaía en los comandantes de División, Brigada y Batallón.
No obstante, por el material recaudado en
la investigación se ha podido establecer
que el general Montoya tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban
presentando a través de las quejas, denuncias y alertas que se venían instaurando por
familiares de las víctimas, organismos estatales y no gubernamentales de defensa y
promoción de derechos humanos.
En su condición de comandante del Ejército, el general Montoya, era garante de la
vida e integridad física de los integrantes
de la población civil que puso en peligro
con su política de presión por resultados y
tenía el deber jurídico de impedir que esta
tuviera como resultado la muerte de civiles que no estuvieran participando directamente en el conflicto armado, y estaba
en capacidad de evitar los resultados, lo
cual puede inferirse a partir del número de
muertes cuestionadas durante el periodo
de su comandancia y posterior a ella.

Otros casos en los que están
vinculados integrantes de la FF.AA
Casos atribuibles a miembros de la Fuerza Pública relacionados con el conflicto
armado. De acuerdo con la depuración de
datos de los sistemas de información y de
la base de datos de la Dirección Nacional
de Derechos Humanos sobre homicidios
atribuibles a agentes estatales:

 - La Fiscalía General de la Nación tiene
relacionados 3.552 expediente activos, con 5.241 víctimas.
- Existen 6.911 casos inactivos con
5.138 víctimas en los que se encuentra
vinculado por lo menos un integrante
de la Fuerza Pública.
- Integrantes de Fuerza Pública investigados por delitos relacionados con el
conflicto. Hay 12.981 investigados en
procesos activos y 11.610 han sido investigados en casos inactivos.
- De todos estos delitos, 36% corresponde a homicidios y desaparición
forzada, 8% a violencia sexual, 5%, a
concierto para delinquir y 2% a tortura.
- Ha sido posible identificar aquellos
homicidios atribuibles a miembros de
la Fuerza Pública que pueden clasificarse como falsos positivos.
- De un total de 2.653 expedientes por
homicidios investigados, 2.208 corresponden a presuntos falsos positivos,
donde hay 3.185 víctimas únicas y 645
víctimas clasificadas como personas
no identificadas.
- Sentencias por falsos positivos: 357
relacionadas con desapariciones y/o
homicidios cometidos por agentes
estatales. 292 sentencias corresponden a 270 procesos adelantados por
homicidios presentados como bajas
por Fuerza Pública. En 256 procesos
fue posible por lo menos una condena, incluyen 429 víctimas. De las víctimas, 20 son mujeres y 379 hombres;
la mayoría está entre los 18 y 30 años
y se identificaron 26 NN. Once personas con discapacidad, ocho indígenas,
cuatro adultos mayores, un desplazado y nueve sindicalistas.

- La revisión y clasificación de las 357
sentencias permitió identificar 695
personas procesadas y 610 condenadas por falsos positivos. En su mayoría ocurrieron en el departamento de
Antioquia, 101 procesos, y en Norte de
Santander 27. Corresponden mayoritariamente a hechos sucedidos entre
2004 y 2007, siendo el 2007 el de mayor número de hechos.
- El promedio de personas condenadas por proceso es de 2.5. En su mayoría, 279, eran miembros de la Séptima División, 168 de la IV Brigada y 44
del Batallón de Artillería No. 4, todos
en Antioquia.
- De los militares condenados, un poco
más del 60% ostentaba el rango de
soldado o cabo. El 40% restante incluye sargentos, subtenientes, tenientes,
capitanes, mayores, siete tenientes
coroneles y cuatro coroneles.
- Caracterización del fenómeno de
falsos positivos en la verdad judicial.
Las sentencias leídas y sistematizadas
incluyen 215 procesos con víctimas civiles, ejecutadas por miembros de la
fuerza pública que planearon la conducta con el objetivo premeditado de
presentarlas como bajas legítimas en
combate. Adicionalmente, en 86 procesos las víctimas fueron engañadas
para ser trasladadas al sitio donde fueron ejecutadas y en 90 procesos fueron
trasladadas contra su voluntad.
- Además de describir modus operandi similares en los hechos judicializados, los jueces han destacado la
existencia de un plan criminal en 130
sentencias, la distribución de responsabilidades en desarrollo del mismo
en 106 sentencias y la existencia de
una orden clara para cometer las con65

 ductas o de una conducta instigadora
en 107 sentencias.
- En 168 (65%) de los 256 procesos
condenatorios, el juez reconoció un
móvil que incluye aumentar la efectividad de la unidad militar a partir de
resultados operacionales, obtener vacaciones, permisos y otros beneficios y
obedecer una orden.
- Estos datos demuestran que la misma judicatura, gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía General de Nación, ha reconocido la existencia de un
fenómeno criminal de falsos positivos
que no puede ser analizado de manera
aislada sino en contexto.

Muerte del grafitero
El Fiscal General también exigió una supervisión especial sobre procesos en los
que fueron señalados integrantes de la
Policía. Entre ellos, el expediente por la
muerte en Bogotá, a manos de agentes
de la institución, del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo.
El 19 de agosto de 2011, luego de una
persecución por parte de una patrulla de
la Policía, fue atacado a bala por la espalda el estudiante. Le disparó, con arma de
dotación, el uniformado Wilmer Antonio
Alarcón Vargas.
De este hecho de homicidio agravado
se desprendieron otras investigaciones
contra integrantes de esa institución.
Varios de los uniformados están procesados por el ocultamiento, alteración y
destrucción de material probatorio. Los
policías trataron de desviar la investigación por la muerte del estudiante, argumentando que la víctima hacia parte
de una banda de asaltantes, versión to66

talmente desvirtuada en el expediente.
Diego Felipe Becerra estaba con tres jóvenes más pintando grafitis en el norte
de Bogotá cuando comenzó el operativo
de la Policía.

La porrista de Millonarios
El caso del asesinato de la porrista de
millonarios, Luisa Fernanda Ovalle, tiene
un monitoreo permanente por parte del
despacho del Fiscal General de la Nación.
La joven de 18 años fue asesinada el 30 de
noviembre de 2013 cuando se aproximaba a su casa en el occidente de Bogotá.

Caso Jineth Bedoya
Directamente el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó no
archivar el proceso contra el paramilitar
Alejandro Cárdenas, alías JJ, vinculado al
secuestro, tortura y violación de la periodista de El Tiempo, Jineth Bedoya.
El jefe del organismo de investigación
decidió relevar a la Fiscal 49 de la Unidad de Derechos Humanos por posibles
fallas en su decisión de desvincular del
caso a Alejandro Cárdenas y otorgarle la
libertad.
Tras la nueva orden de captura alías JJ regresó a prisión y el Fiscal ordenó impulsar
ese proceso, que está en investigación
desde mayo del año 2000.

Goldex
Un proceso más sobre la lupa de la Fiscalía
General fue la exportadora de oro, Goldex.
Tras varios años de indagaciones y rastreo
de pistas, la actual administración logró
consolidar un caso que es ejemplo a nivel
mundial de investigación de cuentas y cruce de información contable para desvertebrar una presunta organización criminal a
gran escala en lavado de activos.

 La Fiscalía logró presentar ante un juez a
Jhon Uber Hernández Santa, a su esposa y
a otras 17 personas más dentro de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito,
lavado de activos y concierto para delinquir.
Para la Fiscalía, se trata del caso de lavado
de activos más grande de los últimos años
y la defraudación al Estado en por lo menos 2,3 billones de pesos en exportaciones
ficticias de oro, producto, en principio, de
minería ilegal, pero los investigadores y
agencias internacionales no descartan
otros nexos.
El proceso comenzó en la Fiscalía General
de la Nación el 2 de agosto de 2011 contra
una presunta organización delictiva que,
al parecer, realizaba movimientos financieros irregulares a través de una serie de
compraventas ubicadas en distintas regiones del país, para comercializar oro en
pequeñas y grandes cantidades a través
de Goldex.
Del análisis de los elementos probatorios,
evidencia físicas, elaboración de profundos estudios técnicos y estadísticos a lo
largo de tres años de minuciosa investigación, apoyada por organismos nacionales
e internacionales, a finales de 2014, la Fiscalía llegó a la conclusión que existía una
infraestructura financiera y económica de
enormes proporciones montada, entre
otros, por Jhon Uber Hernández Santa
para lavar activos a gran escala.
Alrededor de la Comercializadora Internacional Goldex existió un muy sospechoso
carrusel de personas jurídicas –más de
20 registradas en diferentes cámaras de
comercio, con las siguientes características: recién formadas, mismos socios, bajo
capital para desarrollar su trabajo porque
dependian de anticipos y avances que le
suministraba la Comercializadora, volumen de operaciones por miles de millones

de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin
tener la capacidad económica, financiera
y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo, ingresos con bajo
margen de utilidad, sin que exista ánimo
de lucro, sino la necesidad de justificar
costos a Goldex.
Las irregularidades encontradas y analizadas en conjunto por la Fiscalía, permiten
sostener que el oro y todos esos recursos que se pretendieron justificar, son de
origen ilícito –enriquecimiento ilícito de
particulares-, provenientes de organizaciones al margen de la ley que requerían la
conformación de una estructura para blanquear millones y millones de activos.
Entre las irregularidades detectadas por
los investigadores figuran las siguientes
como las más graves:
1. Realización de operaciones comerciales de manera directa con personas
inexistentes, tal como lo constataron
las certificaciones expedidas por la Registraduría.
2. Realización de operaciones comerciales de manera directa con personas
cuya cédula de ciudadanía no se encuentra vigente o ha sido cancelada
tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría.
3. Realización de operaciones comerciales de manera directa con personas
que manifestaron no haber realizado
transacciones de metales preciosos. El
90% de las personas mencionadas en
esos listados no tenía relación alguna
con la actividad minera o la comercialización de oro o chatarra, incluso
muchos de ellos eran habitantes de
la calle y una buena cantidad de esas
personas, para la fecha de la supuesta
comercialización, ya habian muerto.
67

 4. Creación de empresas de fachada.
5. Representantes legales de las empresas fachada, cuyo perfil no se ajusta
a la actividad que realizaban.
6. Utilización del mecanismo de operaciones ficticias, inexistentes o simuladas, no solo directamente por Goldex,
sino luego por las empresas creadas
como fachada para justificar la adquisición del oro que después le vendían a
CI GOLDEX S.A.
7. Existe un extenso listado de personas naturales a quienes hacen aparecer como pequeños comerciantes de
oro, o barequeros de algunas zonas,
y a pesar de la distancia que pudiera
haber entre una empresa y otra, compartieron entre ellas ese mismo listado, el cual fue obtenido de alguna
base de datos.
8. Capitalizaciones simuladas para incrementar el patrimonio de CI GOLDEX
que se hicieron de manera aparente, a
través de operaciones comerciales.
9. Márgenes de utilidad operacional
bajo tanto en la comercializadora
GOLDEX como en los proveedores
que indican que trabajaban a pérdida,
sin interés de lucro (seguramente para
justificar costos). Esto es absurdo frente a los inmensos volúmenes de ingresos que circulaban.

68

ras de valores que trabajaron con GOLDEX y las cifras suministradas a la UIAF.
12. Inconsistencia entre lo pagado por
regalías a la Agencia Nacional Minera
por GOLDEX por compra de oro y lo
reportado a la Unidad de Información
y Análisis Financiero.
13. Inconsistencia entre lo exportado
por GOLDEX y la información reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
14. Sanciones por parte de la DIAN
a GOLDEX por 124.084.221.000 y
119.520.268.000 de pesos, en consideración a que, al verificar la información
de la vigencia del año 2010, no se pudo
hallar porque ni los proveedores, ni
sus soportes contables aparecieron.
Todas estas circunstancias son hechos
objetivos claramente probados en el curso de la indagación, a partir de los cuales
resulta fácil concluir que existieron operaciones simuladas o ficticias. Además
acudieron a personas naturales y jurídicas para fingir operaciones comerciales
lícitas, inyectaron capitales sin capacidad
económica y desarrollaron operaciones
económicas bajo este mismo fundamento. Y como si fuera poco, se suministraron
cifras distintas a una y otra entidad oficial.

10. Incremento de los ingresos operacionales de manera exagerada por
encima de su capacidad económica,
financiera y patrimonial, sin contar con
la liquidez suficiente para ello y sin apalancamiento del sistema financiero.

De lo que se trataba era de dar apariencia de legalidad, ocultar y encubrir oro de
origen ilícito, junto con millonarias sumas
injustificadas, al parecer producto de actividades desarrolladas por organizaciones
al margen de la ley.
Conclusiones finales de la materialidad
del delito de lavado de activos hecho por
GOLDEX.

11. Inconsistencia entre lo informado
como trasladado por las transportado-

Recursos irregulares descubiertos en la
pericia contable:

 1. Total recursos de origen desconocido
obtenidos de la información suministrada por la Registraduría de cédulas
canceladas por muerte, no expedidas o
con inconsistencias que emitió CI GOLDEX S.A. como sus proveedores por
valor de 2.518.659.470 de pesos.
2. Total recursos de origen desconocido obtenidos de las entrevistas por
operaciones inexistentes a los proveedores directos de GOLDEX, por valor
de 23.589.046.727 de pesos.
3. Total recursos desconocidos obtenidos de las entrevistas por operaciones inexistentes, a los proveedores
indirectos de GOLDEX por valor de
11.349.371.622 de pesos.
4. Total recursos con personas certificadas por la Registraduría como
inexistentes presentadas en información por los proveedores de CI GOLDEX por valor de $265.162.934.950.
5. Total recursos de origen desconocido por capitalización de la sociedad
$7.500.000.000.
6. Transferencias al exterior por
operaciones simuladas a STONE
TRADERS de Panamá por valor de
$15.205.418.304.
7. De los pasivos con proveedores de
empresas que sirvieron como fachada a GOLDEX en el año 2009 suman
$22.858.296.130.
8. De los pasivos con proveedores de
empresas que sirvieron como fachada
a GOLDEX en la vigencia 2009, suman
$26.843.570.222.
Ahora bien, si el volumen de los recursos
fueron circulados a través de proveedores,

con empresas fachada que fueron constituidas y cerradas en corto tiempo, y que
se evidenció que trabajaron a pérdida por
su bajo margen de utilidad, que, además,
existen operaciones ficticias, inexistentes
o simuladas para justificar los costos de
ventas, los $2.386.558.336.000 ($2.3 billones de pesos) que se obtuvieron se consideran ilícitos porque existen operaciones
mezcladas, reales y ficticias.
Por estos hechos, el 14 de enero de 2015,
la Fiscalía General de la Nación solicitó 26
capturas ante el Juzgado 10 Penal Municipal con función de control de garantías de
Medellín, entre los que se encontraban el
representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de GOLDEX, junto
con los representantes legales, contadores
y personas naturales que presuntamente
prestaron su nombre para aparecer como
proveedores.
El 16 de enero se hicieron efectivas 22 capturas y se les imputó cargos por los delitos
de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y concierto para delinquir ante el Juzgado 28 Penal Municipal
con función de control de garantías.
A esas personas el 21 de enero se les impuso medida de aseguramiento de detención
domiciliaria. Respecto de dos representantes legales de empresas proveedoras,
la Juez dispuso su libertad. La Fiscalía apeló. El 18 de marzo fue resuelta la apelación
y el Juzgado 11 Penal del Circuito revocó la
decisión y libró ordenes de captura.
En ese lapso se hizo efectiva la captura del
señor JHON UBER HERNÁNDEZ SANTA,
quien intentó escapar, y su esposa GLORIA PATRICIA ALVAREZ MEJÍA, a quienes
se efectuó imputación, al primero de los
mencionados por los delitos de lavado de
activos agravado, concierto para delinquir
agravado y enriquecimiento ilícito de par69

 ticulares y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión.
A la mujer le dieron detención domiciliaria
y afronta cargos por enriquecimiento ilícito de particulares.
El 19 de marzo de 2015 se confirmó la medida de aseguramiento impuesta contra el
señor JHON UBER HERNÁNDEZ SANTA.
El 27 de mayo fue programada la audiencia de formulación de acusación.

PetroTiger
Los escándalos de corrupción también
tocaron a la estatal petrolera, Ecopetrol,
donde la multinacional PetroTiger estaba
realizando pagos ilegales, por más de dos
mil millones de pesos, por contratos y favorecimiento en el seguimiento de los mismos, por parte de funcionarios públicos.
Desde el comienzo, la Fiscalía investigó a
los procesados por los delitos de cohecho
propio, prevaricato, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y
lavado de activos.
La Dirección Nacional de la Fiscalía contra la Corrupción imputó cargos a mediados de 2015 contra el funcionario de Ecopetrol, Luis Édison Pachón Agudelo, por
su presunta participación en el escándalo
de PetroTiger. La multinacional habría
salido beneficiada con adjudicación de
contratos. Los cargos fueron por los punibles de enriquecimiento ilícito a favor
de particulares, prevaricato por omisión y
falsedad en documento público.
Estos delitos los habría cometido el procesado porque presuntamente recibió 80
millones de pesos a cambio de adelantar
gestiones, desde su cargo en Ecopetrol,
para evitar que caducara un contrato que
tenía con la estatal petrolera la compañía
70

PetroTiger, y en el cual el contratista estaba incumpliendo con lo firmado.
“Planearon, entramaron actos criminales
con el pago de comisiones y pagos ilegales a los empleados de Ecopetrol, incluso
usaron empresas de fachada y cuentas
de la entidad para cometer el ilícito”, sostuvo el fiscal encargado de esta investigación, Mario Montes.
La Fiscalía también capturó y procesó en
Bogotá, al expresidente de la multinacional, Francisco Guinard Voelkl, investigado por el presunto pago de sobornos
para recibir contratos en Ecopetrol para
exploración y explotación de yacimientos. La Fiscalía le imputó cargos por los
delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y tráfico de
influencias.
Para los investigadores fue claro que
empleados de la multinacional petrolera
acordaron el pago de cuantiosos sobornos a servidores públicos de Ecopetrol.
Según el expediente, para esconder estos pagos, funcionarios de PetroTiger
crearon una cuenta falsa y una empresa
de papel, a través de esta estrategia expidieron facturas falsas por servicios de
transporte.
Además del expresidente de la multinacional y de Pachón, la Fiscalía abrió cinco
investigaciones más y entregó importante información a las autoridades de Estados Unidos.
Directivos de PetroTiger planearon y
llevaron a cabo todo un entramado criminal, mediante la comisión de un sinnumero de conductas punibles, entre ellas
el pago de comisiones ilegales, falsedades, etc, que buscaban favorecer sus intereses económicos en la contratación
que tenían con Ecopetrol.

 Los pagos que en total ascendieron a
más de $2.000.000.000 se hicieron, unas
veces, a través de sus propios empleados; otras, utilizando empresas de fachada desde las propias cuentas bancarias
de PetroTiger.
Para el cumplimiento de su propósito criminal, además de la compra y venta de
la función pública de los servidores estatales, acudieron a un sinnúmero de falsedades para soportar y justificar los pagos.
El propósito de estas comisiones ilegales
era lograr beneficios en la contratación
con Ecopetrol, tales como adiciones en
los contratos existentes, evitar multas,
evadir sanciones, esquivar inhabilidades,
obtener nuevos contratos y satisfacer las
exigencias postcontractuales.
Producto del interrogatorio rendido por
Mauricio Vesga, se desprendieron las siguientes investigaciones:

Caso Duran – Navarro
Audiencia de imputación contra David
Durán Flórez, Elgui Johanna Navarro
Carvajal y Mauricio Vesga. La Fiscalía
presentó escrito de acusación. Vesga se
allanó a cargos.

Hipótesis delictiva / presuntos
autores y participes:

Caso Apiay
La Fiscalía imputó y formuló acusación
contra Rafael Castillo Arbeláez, administrador del contrato. De esta investigacion
se compulsó copias y se abrió un proceso contra Luis Francisco Guinard Voelkl,
quien para la época de los hechos era el
representante legal de la multinacional y
a quien se le imputó el primero de octubre
de 2014, en calidad de determinador de
los delitos de cohecho por dar y ofrecer y
prevaricato por acción.

Hipótesis delictiva / presuntos
autores y participes:
1. Cohecho por dar y
ofrecer

407

2. Cohecho propio

405

3. Eenriquecimiento
ilícito  

327

4. Falsedad en
documento privado

289

5. Tráfico de influencias

411

Caso putumayo
Se imputó y acusó a José Edison Pachón,
administrador de los contratos, y José Miguel Galindo – superintendente de Putumayo. De esta investigación se abrió otro
proceso contra Luis Francisco Guinard
Voelkl, en calidad de determinador de los
delitos de cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción.

1. Cohecho propio

405

2. Prevaricato

413

1. Cohecho propio

405

3. Falsedad en
documento privado

289

2. Cohecho por dar y
ofrecer

407

4. Enriquecimiento
ilícito

327

3. Prevaricato por
acción 

413

5. Lavado de activos

323

4.Enriquecimiento
ilícito

327
71

 Sistema de tratamiento de aguas
de producción
Se imputó, formuló acusación, y se inició
audiencia preparatoria contra Luis Edison
Pachón Agudelo, funcionario de Ecopetrol.

Hipótesis delictiva / presuntos
autores y participes:
1. Cohecho propio

405

2. Cohecho por dar y
ofrecer

407

3. Trafico de
influencias 

411

4.Falsedad en
documento privado

289

5. Enriquecimiento
ilícito

327

Casabe
Se imputó y formuló acusación contra Jaime Urueta. De esta investigacion se compulsó copias y se abrió un nuevo número
de noticia criminal contra Luis Francisco
Guinard Voelkl, a quien se le formuló cargos en su condición de determinador de
los delitos de cohecho por dar y ofrecer y
prevaricato por acción.

Hipótesis delictiva / presuntos
autores y participes:

72

1. Cohecho propio

405

2. Cohecho por dar y
ofrecer

407

3. Prevaricato

413

4.Enriquecimiento
ilícito

327

Castilla  
Se imputó y formuló acusación contra Javier Enrique González Barbosa. De esta
investigación se desprendió otro proceso
criminal contra Guinard Voelkl como determinador de los delitos de cohecho por dar y
ofrecer y prevaricato por acción.

Asesinato de los niños en
Caquetá
Un caso que estremeció e indignó al país,
la Fiscalía lo resolvió en menos de una semana gracias al despliegue de personal, a
la capacidad técnica, a la sagacidad y olfato de nuestros investigadores.
El 4 de febrero de 2015 fueron asesinados
a sangre fría cuatro menores, todos eran
hermanos, entre ellos dos niños de 4 y 10
años. El hecho ocurrió en la vereda Las
Brisas, en Florencia, Caquetá.
Dos personas armadas incursionaron en
un vivienda, sometieron y dispararon contra cinco menores, cuatro perdieron la
vida y uno quedó herido.
Las víctimas eran cuatro hijos de JAIRO
VANEGAS LOZADA y VICTORIA GRIMALDO AMEZQUITA y el otro menor era nieto
de la pareja.
Los asesinos escaparon en una motocicleta, el niño herido fue hasta la casa de una
de sus tías y relató los hechos.
En enero de 2015 en la vereda Las Brisas
de Florencia, Caquetá, LUZ MILA ARTUNDUAGA contactó a EDINSON VEGA
GARCÍA para asesinar a integrantes de la
familia VANEGAS GRIMALDO. Este hombre buscó a JAINER ANTONIO URUEÑA
ESQUIVEL, quien a su vez consiguió a los
autores materiales: CRISTOFER CHÁVEZ
CUÉLLAR, quien tenía como anteceden-

 te una condena de 44 años por homicidio,
sentencia de la cual sólo pagó 10 años de
cárcel, y a GENDERSON CARILLO GRIMALDO.
La autora intelectual de la masacre, Luz
Mila Artunduaga, le pidió a Édison Vega
Ramírez que contratará a alguien para
intimidar a una familia de vecinos, los Vanegas Grimaldo. Ella los quería obligar a
salir de un lote donde vivían las víctimas.
Durante una reunión de Luz Mila Artunduaga, quien pretendía quedarse con el
predio, y los sicarios acordaron el plan criminal y el pago de 500.000 pesos.
La Fiscalía desplazó hasta la zona a un
equipo elite, que gracias a seguimientos,
rastreos electrónicos y conexión de pistas,
logró identificar y capturar a este grupo de
asesinos.
Dentro del proceso también fue vinculado
JOSÉ ALEISI GARCÍA RÁMIREZ. Con su
hermano EDINSON VEGA GARCÍA, ubicaron el inmueble donde estaban los menores el día de la masacre.
Las actividades investigativas y la recolección de evidencias testimoniales, técnicas
y tecnológicas, permitieron inferir que el
homicidio de los menores Juliana, Laura,
Samuel, Deinner Alfredo y las heridas a
Paublo Vanegas Grimaldo, se produjeron
como consecuencia directa de los conflictos entre los padres de las víctimas con la
familia Artunduaga, situación que generó
diversas disputas por la propiedad de un
terreno. De las amenazas verbales pasaron a los asesinatos.

Nombre de los procesados:
CRISTOFER CHAVEZ CUELLAR
VEGA GARCIA EDINSON
CARRILLO ORDOÑEZ GEN

ARTUNDUAGA LUZ MILA
GARCIA RAMIREZ JOSE ALEISI
URUEÑA ESQUIVEL JAINER ANTONIO

Periodista Pitalito
El 9 de septiembre de 2015 fue asesinada
por sicarios la periodista Flor Alba Núñez.
Dos pistoleros en motocicleta le dispararon cuando la comunicadora ingresó a su
sitio de trabajo en Pitalito, Huila.
Dos semanas después, la Fiscalía General
de la Nación logró identificar y capturar al
asesino: Juan Camilo Ortiz, alías Camilo. El
delincuente fue procesado por homicidio y
porte ilegal de armas. El hombre fue detenido en el municipio de El Palmito, Sucre,
donde se escondía.
La Fiscalía también logró identificar a su
posible cómplice, el hombre que conducía
la motocicleta desde donde dispararon
contra la periodista.
La comunicadora había recibido varias
amenazas por su trabajo. Núñez había
denunciado la forma cómo operaban en
esa región bandas dedicadas al tráfico
de drogas.

Falsas víctimas de
Mapiripán
La Fiscalía General de la Nación imputó cuatro delitos a las hermanas María
Teresa, Esther, Sara Paula y Luz Mary
Pinzón López porque presuntamente
mintieron durante la investigación por
los hechos que rodearon la masacre de
Mapiripán, Meta, entre el 15 y 20 de junio de 1997.
Los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares con la colaboración de
agentes del Estado, más concretamente
por integrantes de las Fuerzas Militares.
73

 Según la Fiscalía, las mujeres le mintieron
a las autoridades judiciales cuando aseguraron que varios de sus familiares fueron
masacrados por los paramilitares. Las falsas versiones fueron presentadas también
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la Nación
por estos hechos.
Las mujeres se beneficiaron económicamente de la indemnización ordenada por el
organismo internacional contra el Estado.
Con las falsas declaraciones las cuatro
hermanas afectaron la administración de
justicia que incurrió en graves errores por
creerles. A las procesadas, la Fiscalía les
imputó los delitos de fraude procesal, falso testimonio, estafa agravada y enriquecimiento ilícito.
Por estos mismos hechos, la justicia ya había condenado a tres personas más que le
mintieron a las autoridades.

Enilce López, La Gata
La indagación comenzó con un oficio suscrito al grupo de policía judicial CIU de la
DIJIN, el 21 de enero de 2011 por la Jefatura de la antigua Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y contra
el Lavado de Activos.
El documento le informaba a la Fiscalía
que agentes de la DEA notificaban que una
fuente humana les había dicho que unas
empresas, en entre los años 2000 y 2010,
presuntamente habían administrado dineros de procedencia de las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC.
Las posibles irregularidades podrían determinar la realización de actos ilícitos,
como ocultamiento de dineros a través de
personas naturales y jurídicas, lo que implica directamente un lavado de activos. A
74

raíz de esa alerta la Fiscalía General de la
Nación comenzó la investigación.
Posteriormente, los agentes de la DEA,
mediante un informe del 10 de febrero de
2011, relacionaron las primeras pesquisas
con una organización dedicada al tráfico
de estupefacientes, lavado de activos y
ocultamiento de bienes a través de terceras personas, entre ellas empleados
medios, bajo las ordenes de ENILCE DEL
ROSARIO LÓPEZ ROMERO, alias La Gata,
y sus hijos: JOSÉ JULIO, HÉCTOR y JORGE
LUIS, alias El Tiburón o El Gato.
El dinero rastreado a esta organización sería del jefe paramilitar SALVATORE MANCUSO, extraditado a los Estados Unidos.
La Fiscalía, entre otras investigaciones,
realizó búsquedas selectivas en bases de
datos de información confidencial de entidades financieras, empresas prestadoras
de salud, en organismos como la DIAN,
en la Cámara de Comercio y en oficinas de
registros de Instrumentos Públicos, a nivel
nacional.
También realizó operativos de vigilancia y
seguimiento de sospechosos. Igualmente,
hizo inspecciones a otros procesos que se
adelantan contra ENILCE LÓPEZ, entre
otros a uno de extinción de dominio en
el que se ordenaron diligencias de registros que permitieron obtener información
contable y financiera de las empresas con
mayoría accionaria por parte de la familia
López, o relacionadas con ella.
Los investigadores además profundizaron
en los estudios económicos y patrimoniales de empresas y personas naturales.
En la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos se encontraron dos declaraciones juradas rendidas
por testigos y que sirvieron para estable-

 cer una operación que vincula, al parecer,
los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto
para delinquir.
Así las cosas, como resultado de toda la
indagación, la Fiscalía logró establecer la
estructura de una organización criminal
liderada por la señora ENILCE DEL ROSARIO LÓPEZ ROMERO, la cual, a través
de un emporio empresarial, dedicado a
actividades de chance, juegos de azar y
relacionadas, permitió el ingreso y salida
de millonarias sumas de dinero provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico y concierto para delinquir. Esta
organización criminal pretendió amparar
eso, como el desarrollo del objeto social
de estas empresas al administrar, dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir e invertir esas sumas.
Gracias a las investigaciones, la Fiscalía
identificó las empresas a través de las cuales se desarrollaron estas operaciones:
• UNIAPUESTAS S.A. – UNIÓN DE
EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL ATLÁNTICO S.A.
con nit. 802.013.432-4 en Barranquilla.
• APOSMAR S.A. – EMPRESARIOS
ASOCIADOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, NIt. 891.702.542-6.
• APOSUCRE S.A. – ASOCIACIÓN DE
APUESTAS PERMANENTES DE SUCRE S.A.- nit. 800.040.690-5.
• UNICAT S.A. -UNIÓN DE INVERSIONES DE LA COSTA ATLANTICA- nit.
806.013.685-5.
• UNIPRODUCCIONES Nit.
802.021.728-2.

• SEGURIDAD 911 LTDA.,
Nit.802.016.248-9.
Por todos estos hechos, la Fiscalía solicitó el 31 de mayo de 2014, ante el Juez 12
Penal Municipal con función de control de
Garantías de Cartagena órdenes de captura contra algunos de los miembros de esa
familia y algunos de sus colaboradores.
El 1 de junio de 2014, la Fiscalía expidió las
órdenes de registro y allanamiento con fines de captura, el 2 de junio el personal de
la DIJIN-SIU, capturó a 11 de los procesados, entre ellos a:
-HÉCTOR JULIO ALFONSO, esposo de
ENILCE LÓPEZ, aparece que fue accionista de las empresas UNIAPUESTAS
S.A, APOSUCRE S.A., UNICAT S.A.,
acciones que figuran vendidas a su hija
WENDY VANESSA ALFONSO LÓPEZ
y a su esposa ENILCE DEL ROSARIO
LÓPEZ ROMERO.
-MARTHA ELENA DEREIX MARTÍNEZ,
ex esposa de SALVATORE MANCUSO.
A través de la doble contabilidad recibió utilidades de las empresas APOSMAR S.A. y UNIAPUESTAS S.A., estos dividendos aparecen liquidados a
nombre de ENILCE LÓPEZ ROMERO.
El 3 de junio de 2014 fue radica la solicitud
de audiencia preliminar ante los Jueces Penales Municipales con función de control
de garantías para legalizar los registros
y allanamientos, órdenes de captura, así
como formular imputación de cargos y solicitar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de Lavado de Activos,
Enriquecimiento Ilícito de particulares y
Concierto para delinquir.
Un día después, el 4 de junio, ante el Juez
Segundo Penal Municipal, con función de
control de garantías de Barranquilla, se
75

 realizó la diligencia de formulación de imputación de cargos contra ENILCE LÓPEZ
ROMERO.

Los Canarios: paseos
millonarios
Dirección Seccional / Unidad Nacional

Dirección Nacional de Fiscalías
Especializadas contra el Crimen Organizado

Despacho

85 Especializado

Fecha de Asignación  
Etapa Procesal Actual

INDAGACIÓN Y JUICIO

Delito (s):
Delito

Artículo

SECUESTRO EXTORSIVO CALIFICADO Y AGRAVADO 
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO
CONCIERTO PARA DELINQUIR
HOMICIDIO

Nombre Denunciante (s)
DE OFICIO

Nombre (s) de Indiciado _____ Imputado_______ Acusado___x___ (s)
DIEGO ALEXANDER BARBOSA
CARLOS EDUARDO CASTRO MORA
TATIANA PATRICIA RINCON MARTINEZ
OMAR OSWALDO RIOS FORERO
WILSON ALEXANDER BUITRAGO AVILA
JHON ALEXANDER TORRES LINARES
EDISON FERNEY LÓPEZ FIGUEREDO
MELQUI DÍAZ CLAVIJO
RAFAEL EDUARDO ALVARADO MUÑOZ
OSCAR JAVIER SILVA RUBIANO
REINEL ALEXANDER CLAVIJO DURAN
JULIAN ALBERTO SANDOVAL FORERO
GUSTAVO CASTIBLANCO BUSTOS
HALBER OSWALDO RODRIGUEZ PALACIOS
76

 El 8 de marzo de 2012, mediante fuente
no formal el grupo contra atracos de la
Sijin, Policía Metropolitana de Bogotá,
logró información de una persona que
aseguró tener conocimiento de una organización delincuencial conformada por 10
personas y dedicada al paseo millonario.
La red se movilizaba en varios carros de
servicio público y motocicletas. Los integrantes de la banda, utilizando armas de
fuego y armas blancas, amenazaba a sus
víctimas, pasajeros de taxis que recogian
principalmente en centros comerciales
del norte de la ciudad.
Los delincuentes se apoderaban de sus
pertenencias y objetos de valor, y los obligaban a entregar las claves de sus tarjetas
débito y crédito, reteniendolos en contra
de su voluntad durante una o dos horas
hasta que confirmarán los retiros de sus
cuentas bancarias.
El informante aseguró que la banda era dirigida por Diego Alexander Barbosa, alías
“El Gordo”, y que otros integrantes eran
alías “Charly”, “El Duende”, “El Paisa”,
“Coyote”, “El Flaco”, “Ferney”, “Ratón”,
“Torres”, “Henry” y “Guillermo”, quienes
se autollaman: “Los canarios”.
La fuente entregó los número de cinco
teléfonos celulares que eran usados por
la banda. La Fiscalía ordenó la interceptación telefónica de estos abonados.
El seguimiento electrónico permitió establecer no sólo la vinculación de las personas mencionadas a la organización, sino a
casos de secuestro extorsivo en la modalidad de paseo millonario. Gracias a las interceptaciones a los delincuentes se les pudo
vincular con varios hechos delictivos.

Caso Gran Estación:
El 15 de julio de 2012, dos personas, hombre y mujer fueron recogidas por la banda,
secuestradas y asaltadas.

Caso de la DEA:
14 de agosto de 2012, fueron secuestrados un funcionario de la DEA y una mujer
cuando salian del restaurante Teriyaki en
la zona rosa de Bogotá.

Caso Bimbo:
Alto ejecutivo de esa empresa, quien fue
recogido por un taxi en el centro comercial
Atlantis.

Caso Pacific Rubiales:
14 de julio de 2012. Un empleado de la
multinacional y su esposa fueron recogidos por un taxi en la calle 94 con carrera 13.
Por los resultados de las interceptaciones
telefónicas, la Fiscalía solicitó órdenes de
captura para los diez implicados, las cuales fueron aceptadas y expedidas por un
juez de control de garantias. La Unidad
Nacional contra el secuestro y la extorsión
procedió de inmediato a emitir las órdenes de allanamiento con fines de registro
en procura de incautación de elementos
probatorios y con fines de detención. Estas diligencias se llevaron a cabo el 8 de
octubre de 2012, fueron capturados siete
de los diez sospechosos.
Las víctimas se ratificaron en sus denuncia, realizaron reconocimientos fotográficos de sus secuestradores en la modalidad
de paseo millonario.
La Fiscalía solicitó, en tres oportunidades,
un juez de control de garantías para realizar la audiencia después de las interceptaciones, búsqueda selectiva en base de
datos tanto de tarjetas debito y crédito
encontradas a los capturados y pertenecientes a posibles víctimas. Así como a
77

 cupos numéricos obtenidos en las interceptaciones.
El 8 de febrero de 2013, la Fiscalía General
de la Nación presentó escrito de acusación
ante los señores jueces especializados
de Bogotá, por los delitos de secuestro
extorsivo agravado en concurso homogéneo con secuestro extorsivo agravado
y en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas
y concierto para delinquir con fines de
secuestro extorsivo agravado contra dos
jefes de la banda: Diego Barbosa, Wilson
Alexander Buitrago Avila y Jhon Alexander
Torres Linares, a quien adicionalmente se
le imputó el delito de secuestro simple en
concurso heterogéneo.
También se le imputaron los delitos de
secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con secuestro extorsivo
agravado y en concurso heterogéneo con
hurto calificado y agravado, porte ilegal de
armas y concierto para delinquir con fines
de secuestro extorsivo contra Rafael Alvarado, Omar Oswaldo Ríos, Carlos Eduardo
Castro Mora y Oscar Javier Silva Rubiano,
este último se le adicionó el cargo de secuestro simple.
Se presentó acusación contra Edison Ferney López Figueredo, por los delitos de
concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.
Ante los jueces penales del circuito especializados, se presentó acta de preacuerdo
el 6 de febrero de 2013, para Tatiana Patricia Martínez Rincón por el delito de concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo en su calidad de cómplice.
El 30 de abril de 2013, se presentó acta de
preacuerdo ante los jueces especializados
suscrito por la Fiscalía y el procesado Edison Ferney López Figueredo. Aceptó los
78

cargos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro extorsivo en
concurso heterogéneo con el delito de
fabricación y porte de armas, el cual fue
improbado el 24 de mayo, por el juzgado
1° Penal del circuito especializado.
Durante esta investigación se presentó
otro hecho grave. El 10 de junio de 2014,
no fue posible realizar la audiencia porque
no fueron remitidos los procesados de la
cárcel al juzgado por parte del Inpec. El
juez leyó varios oficios de esta institución,
según los cuales, hasta tanto no se realizara
un estudio de seguridad a la organización
delincuencial, no iba a realizar los traslados.
Por informaciones que maneja la guardia
penitenciaria, complementadas con versiones entregadas a la Fiscalía, por dos
miembros de Los Canarios, se hablaba
de un plan de fuga y un posible ataque
a las instalaciones de los jueces especializados, atentarían contra el señor juez,
la fiscal y demás funcionarios asignados
a este proceso.
Por seguridad, el juez accedió a realizar la
audiencia por videoconferencia el 21, 22 y
24 de julio, y aseguró que proteger y garantizar la vida y seguridad de los funcionarios y asistentes a las audiencias era un
deber también de los jueces.
El caso de Los Canarios tuvo una segunda
fase de investigación por más secuestros y
el asesinato de una de sus víctimas.
El homicidio del señor Guillermo Galvis
ocurrido el 10 de marzo de 2011 durante
el paseo millonario con su esposa. Por
estos hechos fueron capturados Reinel
Clavijo, alias Chetes, quien iba escondido en el asiento del copiloto y disparó
contra Galvis. Igualmente fueron detenidos Julián Sandoval Forero, quien iba en
el carro escolta, y Luz Patricia Paredes,

 quien aceptó cargos y fue condenada a
32 meses de cárcel mediante preacuerdo
por encubrimiento.
La Fiscalía también procesó a Diego Barbosa y John Henry Franco Duarte como
coparticipes en estos mismo hechos.
Por estos casos contra la banda de Los
Canarios, la Fiscalía General de la Nación
logró condenas entre los 29 y 54 años de
prisión contra los procesados.
Gracias a las investigaciones de la Fiscalía fue posible capturar a 33 miembros de
esta temible organización delincuencial y
desarticular siete subgrupos creados por
los jefes de la banda.

Violencia contra las
mujeres
Una de las prioridades de la Fiscalía ha
girado en torno a la violencia contra las
mujeres. Los esfuerzos de investigación
y acompañamiento a las víctimas ha sido
permanente. Dentro del esquema de modernización y lucha contra la impunidad
se impulsaron procesos y estrategias de
todo tipo para garantizar justicia.
En cumplimiento de la Ley 1719 de 2014
se destacaron 35 fiscales para impulsar
los casos de violencia sexual, se crearon
comités técnico jurídicos en la totalidad
de las seccionales y para su adecuado desarrollo se emitieron los memorandos 03,
04, 25, 26 de 2014 y se han realizado jornadas de capacitación específica.
La Fiscalía mantiene desde su creación
la secretaría del Comité Técnico Interinstitucional para ampliar y cualificar
el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado.

Esta instancia, que se reúne cada mes
desde febrero de 2015, ha sido creada
para diseñar, impulsar y monitorear los
mecanismos de acción interinstitucional, coordinar y articular estrategias de
prevención, atención, protección, investigación y judicialización adecuada de la
violencia sexual.
También ha liderado la elaboración del
Protocolo de Investigación de la Violencia
Sexual. En una primera etapa a través de
la interlocución con la organización de la
sociedad civil SISMA MUJER, que estuvo a cargo, con el apoyo de cooperación
internacional, de la elaboración de los
insumos para su construcción, los cuales
fueron entregados a la Fiscalía en junio
de 2015.
A mediados de junio de 2015 fue aprobado por el Comité Nacional de Priorización
una propuesta para acelerar los procesos
de violencia sexual en general y de violencia sexual, ocurrida en el marco del conflicto armado.
La estrategia contempla tres acciones
principales, que entre otras cosas, responden a la obligación de adelantar las investigaciones en un plazo razonable y bajo el
impulso de los funcionarios judiciales.

Las líneas de acción son:
Acción #1:
Judicialización de los hechos reportados
en el auto 009 que no cuentan con noticia
criminal abierta en la Fiscalía a través de
cuatro grupos de trabajo integrados por
un fiscal especializado y una dupla psico-investigativa de un investigador y un
psicólogo o trabajador social para adelantar los procesos de forma integral teniendo en cuenta el grupo perpetrador y las dinámicas territoriales del conflicto armado.

Acción #2:
Investigación y judicialización de los casos
con noticia criminal al interior de la Fiscalía.
79

 Acción #3:
Conformación de Subcomité de Articulación de la estrategia de priorización para la
investigación y judicialización de la violencia sexual ocurrida en el marco del conflicto armado.
La Fiscalía además trabaja en la identificación, monitoreo y priorización de casos de
feminicidio, y en la solicitud de órdenes de
capturas y formulación de imputaciones
en casos de feminicidios íntimos, sexuales y por actividad estigmatizada, casos
de mujeres sobreviviente de feminicidios y
casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con calificación extraordinaria
de riesgo o violencia feminicida.
Acciones y estrategias desarrolladas o en
ejecución actualmente:
Desde las diferentes dependencias de la
Fiscalía General de la Nación se desarrollan acciones y estrategias que buscan
atender e investigar adecuadamente todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual:

1.1 Modelos de atención y gestión
La Fiscalía tiene como misión fortalecer y
facilitar los canales de acceso a la justicia,
con especial atención de víctimas niños,
niñas, adolescentes, mujeres y comunidades vulnerables. Desde la subdirección de
Atención a Víctimas y Usuarios han implementado modelos de atención donde las
víctimas y/o usuarios reciben orientación,
asesoramiento jurídico y asistencia técnica
de forma inmediata y especializada.

Modelos de atención:
• CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMA DE
VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CAIVAS – CAVIF. Atiende a las
personas víctimas de delitos contra la
libertad, integridad y formación sexual, y violencia intrafamiliar. Hay 31
80

CAIVAS y 35 CAVIF a nivel nacional.
• CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS
CAV: Atiende a los afectados, víctimas
y testigos de los delitos sexuales, violencia intrafamiliar y homicidio. Existen
CAV en Bogotá, Medellín, Cartagena,
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Buenaventura y Leticia.
• CENTROS DE ATENCION PENAL
INTEGRAL A LAS VICTIMAS (CAPIV):
Para víctimas de cualquier delito, en un
marco del respeto por la dignidad humana, brindando una adecuada y oportuna atención en las áreas psicológica,
social, jurídica, médico-legal e investigativa de manera que se promueva la
recuperación y se generen mecanismos
de prevención del delito, respondiendo
a los preceptos de enfoque diferencial,
integralidad y corresponsabilidad.
• GRUPOS ÉLITES DE DELITOS ESPECIALES (GEDES): investiga aquellos
casos de asalto sexual brindando una
atención personalizada, inmediata y
cualificada a las víctimas.

Guías para la atención e
investigación de los delitos con
componente de violencia basada en
género.
Los modelos de atención e investigación
especial, con enfoque diferencial, cuentan
con guías de atención de acuerdo con la labor que se desempeña en cada uno.

Guía para la atención integral en
los Centros de Atención a
Víctimas –CAV [FGN-50000-G-03]
Brinda directrices sobre la forma en que
se debe realizar el acompañamiento y/o
representación de las personas víctimas
y testigos de delitos contra la familia,
contra la vida, contra la libertad, integri-

 dad y formación sexual, en las diligencias
judiciales programadas, en especial en el
incidente de reparación integral.

Guía de Atención e Investigación
para el delito de Violencia
Intrafamiliar [FGN-50000-G-06]
Estandariza las actividades que la Fiscalía
realiza en el CAVIF o en otros despachos
que conocen del delito de Violencia Intrafamiliar, en interacción con otras entidades del orden nacional, distrital y departamental.
En esta guía se formulan directrices para
establecer los niveles de riesgo de las víctimas de violencia intrafamiliar (alto, medio
o bajo). También dispone que en todos los
casos en que las víctimas sean menores,
los operadores deben realizar actos urgentes de investigación.

Guías para la atención integral e
investigación de violencia y
abuso sexual [FGN-50000-G-09]
Establece criterios sobre la forma en que
se abordan las investigaciones de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, por fiscales y demás servidores públicos (especialmente aquellos
que prestan sus servicios en el CAIVAS,
unidades de fiscalía o despachos que conozcan de este tipo de delitos) y unifica
las actividades que la Fiscalía General de
la Nación realiza en interacción con otras
entidades.

rantizar la asistencia que requiera y tramitarse la denuncia como acto urgente.

Capacitación de Funcionarios
En consideración a la necesidad de capacitar y sensibilizar a los funcionarios de
la entidad, como requisito para la transversalización del enfoque de género y
diferencial, se han adelantando acciones
pedagógicas que tienen como meta el
fortalecimiento de las capacidades de los
funcionarios en estos temas.
La Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana ha desarrollado procesos de capacitación para los servidores
de la institución con la ayuda de agencias
de cooperación internacional en violencia
de género, perspectiva de género, justicia
con enfoque diferencial y violencia sexual,
en el marco del conflicto armado.
En 2014 y 2015, fueron realizados cursos y
programas de capacitación especializada
en justicia con enfoque diferencial en el
marco del conflicto armado, atención al
usuario con enfoque diferencial y justicia
con enfoque diferencial.
En relación con los investigadores criminalísticos, capacitados en delitos sexuales como
apoyo a los fiscales, las direcciones seccionales de Vaupés, Meta, Risaralda, Sucre,
Cali, Atlántico, Caquetá, Huila, Cesar y Pasto
tienen servidores que han sido formados.

Esta guía advierte sobre la necesidad de
aplicar un enfoque diferencial respecto
de las mujeres integrantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y
de otros grupos étnicos, así como con las
víctimas menores de edad.

De igual manera, las Seccionales de Risaralda, Casanare, Bogotá, Chocó, Cali, Atlántico, Caquetá, Cesar y Medellín, tienen
servidores de Policía Judicial que apoyan
lo relacionado con el acceso a la justicia de
las víctimas de violencia sexual. Han sido
formados en materia de violencia sexual
con ocasión del conflicto armado.

Precisa que los delitos sexuales constituyen
urgencias médicas, por lo tanto se debe ga-

También fue realizado el Seminario Internacional Abordaje de Violencia Sexual en
81

 el marco del conflicto armado apoyado
por la Embajada de EE.UU.
Una de las acciones en las que participa la
Fiscalía es la Estrategia Interinstitucional
de lucha contra la impunidad. Se adelanta
en conjunto con el Programa Presidencial
de Derechos Humanos y DIH, la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer y
la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Se desarrollan visitas a terreno, en donde se
identifican los nudos de acceso a la justicia
para las mujeres y se implementan acciones
intersectoriales para atender integralmente a víctimas de violencia basada en género,
se fortalece la capacidad institucional de las
autoridades locales en prevención, y se da
una respuesta efectiva a las víctimas en la
judicialización de sus casos.
En el 2013 y 2014 fueron realizadas jornadas de trabajo en Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Choco),
Chaparral (Tolima), Puerto Inírida (Guainía) y Barrancabermeja (Santander).
Por otra parte, se está brindando asistencia
técnica a la Dirección de Fiscalías Nacionales contra el Terrorismo en casos de violencia basada en genero, donde existen otros
delitos como tortura y violencia sexual.

1. Acciones encaminadas a la a
decuada investigación de la
violencia sexual
Priorización de casos de
violencia sexual
La política de priorización ha sido aplicada
en materia de violencia sexual. Han sido
priorizadas, entre otras, las siguientes situaciones y casos relacionados con la violencia basada en género:

82

• En el Acta 001 de 2012, el Comité de
Priorización decidió que en la Unidad
Nacional de Análisis y Contextos UNAC hoy DINAC- se priorizara la temática de violencia sexual en el marco
del conflicto armado para lo cual se
conformó un grupo encargado de delimitar situaciones y asociar casos que
respondieran a dicha problemática.
• En este grupo de trabajo se priorizaron las siguientes líneas de investigación: (i) victimización a mujeres
combatientes y (ii) victimización de
menores relacionados con reclutamiento forzado.
• Por solicitud de la organización Iniciativa Mujeres por la Paz – IMP, el
Comité de Priorización decidió sugerir
al Fiscal General la reasignación de las
investigaciones relacionadas con actos de violencia sexual presuntamente atribuidos a Marcos Tulio Guzmán,
alias “El Oso”, ex comandante paramilitar de los Montes de María. Fruto de
esta reasignación, la DINAC conformó
un grupo de fiscales, analistas e investigadores que adelantó las indagaciones. La Fiscalía logró la exclusión de
este ex paramilitar de justicia y paz.
• Fueron priorizados los casos contenidos en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. Para tal efecto se
ordenó la conformación de un grupo
de trabajo al interior de la DINAC que
ubicara los expedientes relacionados,
los revisara detalladamente e hiciera
un diagnóstico de cómo se ha adelantado su investigación. Todo esto con
el objeto de proponer estrategias de
priorización concretas para el avance
de las investigaciones.
• Una vez reanudadas las sesiones del
Comité Nacional de Priorización de

 Situaciones y Casos, la primera solicitud que se evaluó fue la de priorizar
los casos contenidos en el Auto 098 de
2013. El Comité conformó un grupo de
análisis al interior de las Direcciones
Seccionales para (i) identificar cuáles
hechos de los relatados en el Auto se
encuentran investigados por la Fiscalía; (ii) asociar los hechos con contextos similares; (iii) hacer un diagnóstico
de las deficiencias en la investigación;
(iv) elaborar un informe sobre las medidas de priorización más efectivas
para adelantar las investigaciones.
• En sesión del 16 de septiembre de 2014,
fue analizada la situación de los feminicidios en Buenaventura frente a lo cual el
Comité Nacional decidió conformar un
grupo de tareas especiales entre los fiscales e investigadores que adelantan procesos sobre la criminalidad en esa zona. Teniendo en cuenta que la violencia ejercida
contra las mujeres no es aislada dentro
de las temáticas priorizadas, se incluyó
la violencia sexual, de manera tal que los
homicidios relacionados en la solicitud de
priorización fueran investigados con fenómenos de criminalidad conexos.

2.2 Protocolo de investigación de
violencia sexual
Para el caso específico de violencia sexual,
la Ley 1448 de 2011 ordenó a la Fiscalía
elaborar un documento protocolo para la
investigación y judicialización de los delitos sexuales. Con el apoyo del Consejo
Noruego para los Refugiados, en el 2011 y
principios del 2012, esta entidad adelantó
un proceso de dialogo y construcción del
documento con otras instituciones del
Estado, agencias de Naciones Unidas y
organizaciones de derechos humanos con
experticia en la materia.

2.3 Jornadas de denuncia masiva de
violencia sexual
La Fiscalía, a través de la Subdirección de
Atención a Víctimas, apoya y acompaña
jornadas de toma de denuncias de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, cuyo objetivo es
generar condiciones y garantías para que
mujeres víctimas de estos delitos puedan
denunciar con seguridad, minimizando el
riesgo de una segunda victimización, además de visibilizar de manera integral la presencia institucional y generar estrategias
para contribuir a la materialización efectiva
de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de estas sobrevivientes.
Se han realizado hasta la fecha once jornadas de toma de denuncias de mujeres de
violencia sexual en el marco del conflicto
armado, en Barranquilla, Quibdó, Cúcuta,
Cali, Valledupar, Riohacha, Popayán, Barrancabermeja, El Peñol (Antioquia), Calima (Valle del Cauca) y Silvia (Cauca).

2.4 Acciones para la investigación
y judicialización de la violencia
sexual por parte de la justicia
permanente   
La Dirección Nacional de Seccionales y de
Seguridad Ciudadana en pro de cumplir
con la obligación de garantía, que se traduce en el mandato de adelantar investigaciones penales con estándar de debida
diligencia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, especialmente
la violencia sexual ha implementado planes, directrices y estrategias metodológicas en procura a la eficiencia y eficacia en
las investigaciones con incorporación del
enfoque diferencial.
En la actualidad se procura que estas investigaciones sean adelantadas por funcionarios perfilados, sensibilizados y capa83

 citados en género, con la determinación
de alcanzar los fines de verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición.

2.5 Acciones para la investigación
y judicialización de la violencia
sexual, dentro y fuera del marco
del conflicto armado en la justicia
transicional
La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, con base en
la Constitución, la Jurisprudencia, normas
concordantes y en desarrollo de Ley 975
de 2005 modificada por Ley 1592 de 2012
Artículo 5A, ha venido aplicando lineamientos y estrategias a todas las investigaciones con enfoque diferencial, con el
fin de garantizarles a las víctimas de violencia basada en género, sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación.
Igualmente, dicha dirección ha diseñado
e implementando una serie de directrices
y estrategias que permiten a los funcionarios, abordar a las víctimas y, proveerles una atención integral en el marco del
Proceso Especial de Justicia y Paz, para
que puedan brindarle a las víctimas información adecuada de los derechos que
tienen dentro del proceso. Así como recibir las denuncias cuando haya lugar a ello
dándole una atención preferencial, igualmente brindándole una atención primaria
preferencial, por parte de la entidad, con
aquellas víctimas en situación de amenaza, riesgo extremo o extraordinario.
Dentro del proceso de modernización, con
Resolución No. 0-0574 del 2 de abril de
2014, el Fiscal General ordenó la organización de la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Justicia Transicional y a
su vez creó entre otros grupos, el de Orientación, Registro y Asignación de Casos de
Víctimas en el marco de la Justicia Transicional, que haría las veces de la subunidad
84

antes referida y el Grupo de Apoyo Legal
que cuenta con el Sub-grupo de Enfoque
Diferencial con quien podemos dar respuesta y apoyo al tema de violencia basada en género.

2.6 Ruta de Protección a las
Víctimas de Violencia Sexual
Para cumplir con lo establecido en el Decreto Ley 016 de 2014 y en la Ley 1719 entre otros, la Dirección Nacional de Protección viene realizando la modificación a los
formatos, protocolos, guías y rutas para
la adecuada protección de las víctimas de
violencia sexual.
Dentro de las estrategias, se encuentra la
creación de un Manual de Aplicación de
Lineamientos de Factor Diferencial y de
Género cuya finalidad es garantizar la seguridad en condiciones de respeto a los
Derechos Humanos, a las víctimas y testigos pertenecientes a poblaciones especiales en el proceso de acceso a la justicia. A la
vez, tiene como objetivo servir como guía
y consulta para trazar y orientar en los casos de Factor Diferencial y de Género.

Espacios
Interinstitucionales en los
que participa la Entidad
Los siguientes son algunos de los espacios interinstitucionales en los que participa la Fiscalía, a través de diferentes
dependencias.

Comité Técnico Interinstitucional
para ampliar y cualificar el acceso a
la justicia de las víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado
La Fiscalía General de Nación, junto con
el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pue-

 blo, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial suscribieron el 9 de febrero de 2015
la carta de intención interinstitucional,
como mecanismo para sumar voluntades
y compromisos, para apoyar el acceso a
la justicia de las víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado,
con el propósito de cumplir la obligación
de garantía que se traduce en adelantar
investigaciones penales y judicializar con
la debida diligencia los casos de violencia
sexual, para evitar que haya impunidad.

Comités de Seguimiento de la Ley
1257 de 2008 y 1719 de 2014
Por otra parte, están los Comités de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008 y 1719
de 2014, instancia impulsada por la Procuraduría, la Consejería para la Equidad de
la Mujer y la Defensoría del Pueblo, con la
participación de representantes de organizaciones de mujeres.
En el marco de este comité se solicitan informes y se hacen sesiones de rendición
de cuentas sobre el cumplimiento de las
disposiciones de dichas leyes de competencia de la FGN.

1.3 Mesa de trabajo de
seguimiento Auto 092 de 2008
La Fiscalía lidera un espacio interinstitucional en el que participan la Defensoría
del Pueblo, la Procuraduría General y la
Mesa de Seguimiento al Auto 092 constituida por organizaciones de la sociedad
civil. Esta mesa de trabajo tiene tres objetivos principales: Primero, la promoción
de acciones de responsabilidad y transparencia por parte de la Fiscalía. Segundo, el
fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil y de espacios de interlocución
y participación en los que la entidad reciba

retroalimentación por parte de las organizaciones, para que desde su experticia
se construyan estrategias conjuntas que
promuevan el avance de los procesos en
los que las víctimas son mujeres. Y tercero, el impulso y seguimiento a los casos del
Anexo reservado del auto 092 de la Corte
Constitucional, entre otros.

1.4 CERREM de Mujeres del
Ministerio el Interior y la Mesa
para lideresas /defensoras de
DDHH del Sistema Nacional de
Protección
Es un grupo de trabajo interinstitucional
creado específicamente para llevar a cabo
la valoración integral del riesgo y hacer recomendaciones de protección para aquellas personas que se encuentran en peligro
extraordinario o extremo, como consecuencia directa del ejercicio de su cargo,
de sus actividades o funciones políticas,
públicas, sociales o humanitarias. Está
compuesto de miembros permanentes y
entidades invitadas. La Secretaria Técnica
de este Comité se encuentra a cargo de la
Unidad Nacional de Protección.
Actualmente existe un PRECERREM y un
CERREM específicamente para mujeres
con el propósito de incorporar la perspectiva de género en el Sistema Nacional de
Protección.

1.5 Mesa Interinstitucional para
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres
El propósito es aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre
las entidades, a fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad
a las mujeres víctimas de la violencia.
Aunque la Fiscalía, en estricto sentido, no
hace parte de la mesa, si ha venido participando en este espacio desde la Subdirección de Políticas Públicas y la Subdirección
85

 de Atención a Víctimas y Usuarios, con
miras a articular con las demás entidades
las acciones que vienen realizando en ejercicio de sus funciones.

2.6 Comisión Intersectorial de la
Política Pública y del plan
indicativo del CONPES 161 y su
Comité Técnico
A raíz de la expedición del CONPES 161
de 2013, se promulgó el Decreto 1930 de
septiembre de 2013, por el cual se adopta
la Política Pública Nacional de Equidad de
Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación.
Dicha comisión tiene por objeto coordinar,
armonizar e impulsar la ejecución del Plan
Indicativo de dicho CONPES por parte de
las entidades involucradas.

II. Principales fenómenos
criminales que
actualmente afectan a las
mujeres
1. Delitos que afectan
principalmente a las mujeres

De la violación
2%
De homicidio
4%
De los actos sexuales abusivos
7%

De las lesiones
personales 33%

Violencia intrafamiliar
art.229 C.P. 10%

De los delitos contra la
asistencia alimentaria
17%
Del hurto 27%
Información de SIJUF y SPOA a 2014. Otros incluye Proxenetismo, incesto, lesiones, homicidio,
acceso, actos sexuales y tortura en persona protegida, prostitución forzada o esclavitud sexual.

86

1. De acuerdo con la información registrada en SIJUF y SPOA
proporcionada por el Observatorio de Derecho Humanos de la
Subdirección de Políticas Públicas y la Dirección Nacional de
Seccionales.

 2. Homicidio contra mujeres
TOTAL CASOS ACTIVOS CON GENERO F DEL 01/01/2008 AL 26/05/2015
DELITO
HOMICIDIO ART. 103 C.P.

TOTAL CASOS
11.861

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO

228

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO CON SEVICIA
ART. 104 N.6 C.P.

12

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO EN
SERVIDOR PUBLICO PERIODISTA ART. 104 N.10 C.P.

28

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR VICTIMA
EN SITUACION DE INFERIORIDAD ART. 104 N. 7 C.P.

36

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO COMO
CONSECUENCIA DE UN DELITO DE PELIGRO COMUN O CONTRA LA SALUD PUBLICA ART. 104 N.3

1

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO EN PERSONA INTERNACIONALMENTE PROTEGIDA ART. 104
N.9 C.P.

21

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR ANIMO
DE LUCRO ART. 104 N. 4 C.P.

3

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR
CONSANGUINIDAD ART. 104 N.1 C.P.

7

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR FACILITAR OCULTAR O CONSUMAR OTRA CONDUCTA
PUNIBLE ART. 104 N.2 C.P.

4

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR FINES
TERRORISTAS ART. 104 N.8 C.P. 

71

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO POR SER
CONTRA EL GRUPO FAMILIAR ART. 104 N.1 C.P.
Modificado Ley 1257 de 2008

14

HOMICIDIO ART. 103 C.P. AGRAVADO SI SE
COMETIERE CONTRA MUJER POR EL HECHO DE
SER MUJER ART. 104 N.11 C.P. Adic Ley 1257 de 2008

7

TOTAL GENERAL

12.293

Información de SPOA a 27 de mayo de 2015 proporcionado por Dirección Nacional de Seccionales.
87

 Víctimas de ataques con
agentes químicos
A partir del intercambio de experiencias
con víctimas y organizaciones de víctimas,
la Fiscalía elaboró la “Guía para la Atención a Víctimas de Agresiones con Agentes
Químicos o Sustancias Corrosivas”.
La Fiscalía también hace cumplir la nueva ley llamada “Ley Natalia Ponce de
León”, que establece penas de prisión
entre 30 y 50 años de cárcel para los que
ataquen con ácido, agravación punitiva
para los casos en los que las víctimas sean
menores o mujeres.
Para garantizar la atención integral y el
restablecimiento efectivo de los derechos
de las víctimas de crímenes con ácido,
ssustancias que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido
humano, la Fiscalía participa en la Mesa
Interinstitucional de Trabajo para la Prevención, Protección, Atención y Restablecimiento de los Derechos de las Mujeres
Sobrevivientes de Agresiones con Agentes
Químicos.
En este grupo hay representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría Distrital
de Salud, la Fiscalía, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la
Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de
Gobierno, representantes de la academia
como la Universidad de Los Andes y la
Fundación Reconstruyendo Rostros.
En este espacio la Fiscalía participa activamente en la reflexión que se hace sobre
tres de los puntos fundamentales para las
víctimas: i) el acceso real y efectivo a la
justicia; ii) la construcción de lineamientos
para la prevención del delito con enfoque
de género y derechos humanos de las mujeres; y iii) el incentivo para la producción
88

de conocimiento sobre la situación de las
sobrevivientes que aporte a la construcción de política pública.
En este marco interinstitucional, se han
trabajado algunos casos puntuales con
la Secretaría Distrital de la Mujer, en el
acompañamiento a sobrevivientes y el seguimiento a las rutas de atención cuando
se identifican dificultades o nudos en dichos procesos:

Caso de Consuelo del Socorro
Córdoba Oñate
El 25 de junio de 2002 en Cartagena fue
agredida por DAGOBERTO ENSUNCHO
SÁNCHEZ, causándole deformidad física
de carácter permanente.

Atención brindada a la víctima:
La víctima ha recibido todas las atenciones a que tiene derecho. Su situación es
complicada por el estado emocional y
mental, así como por sus dependencias
físicas y económicas causadas, en parte,
por las lesiones.

Caso de Ellen del Carmen Ramirez
Laborde
En Bogotá esta mujer fue rociada con
sustancia química que fue lanzada desde
un vehículo particular gris, en la localidad de Teusaquillo.

Atención brindada a la víctima:
La víctima denunció los hechos en la Estación de Policía de Teusaquillo, fue atendida de urgencia en la Clínica Fundadores
y fue valorada por Medicina Legal.

Caso de Viviana Barco
La señora Barco, residente en Ibagué,
manifestó haber sido nuevamente amenazada por su ex compañero. Esta vez, las
amenazas de rociar ácido no están dirigidas solo en su contra sino que incluyen a su
hijo y a su actual compañero sentimental.

 Atención brindada a la víctima:
La Subdirección de Atención a Víctimas y
Usuarios del Tolima citó y orientó a la ciudadana para que formulara denuncia penal por el presunto delito de VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR en contra de ALQUIMEDES DE JESÚS ARANGO.

Además se realizaron las
siguientes gestiones:

Caso de Jenny Marsella Pardo Roa
El 2 de septiembre de 2015, a las 19:35 aproximadamente, en la calle 39 con carrera 14,
vía pública, barrio Teusaquillo de Bogotá,
mientras JENNY MARSELLA PARDO ROA
se encontraba dialogando con un compañero, fue sorprendida por un hombre quien
le arrojó ácido nítrico.

-Se informó a la víctima sobre sus derechos.

La agresión le produjo quemaduras de segundo y tercer grado en el 26% del cuerpo
(cabeza, cara, cuello, espalda, extremidades superiores e inferiores).

-Se solicitó medida de protección por
parte de la Policía.

Desarrollo de la investigación

-Se solicitó valoración médico al Instituto de Medicina Legal.
-A través de la red de mujeres REMI
se iniciaron las acciones para brindarle asistencia legal y psicológica, hospedaje y alimentación a la víctima.

Caso de Esperanza Rangel
La víctima vivió con Camilo Ernesto Ariza
Moreno desde el 2002 hasta el 2012. Tuvieron un hijo. Durante esta relación fue
agredida física, verbal y psicológicamente
por su compañero, por lo cual existen denuncias por violencia intrafamiliar desde
el 2003. El 23 de diciembre de 2014, previa amenaza de su ex compañero, quien le
daba plazo hasta el pasado 23 de diciembre para conversar sobre su situación o de
lo contrario ella “siempre se iba a acordar
de él”, la señora RANGEL, fue víctima de
un ataque con agente químico que le ocasionó heridas en su rostro y cuello.

Atención brindada a la víctima:
La Fiscalía trabajó en coordinación con la
Secretaría Distrital de la Mujer para impulsar el estudio de este caso en un comité técnico especial y así encontrar rutas alternas
para lograr una protección extraordinaria.

Dentro de las labores realizadas fue posible
recopilar las cámaras de seguridad del lugar
donde está el desplazamiento de dos sujetos momentos antes del ilícito.
Con testigos, entrevistas, videos de cámaras de seguridad y demás actividades de
Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía 404 Local CAPIV, la Unidad de Investigadores destacados de SIJIN-MEBOG, fue
posible identificar, individualizar y capturar
el 5 de noviembre de 2015, en Villavicencio
a los presuntos responsables.

Caso de Nubia Patricia Espitia
13 de febrero de 2007, la víctima recibió
una llamada en la que le informaban que
su mamá había sufrido un ataque y al desplazarse a la casa de su progenitora fue
atacada con ácido por una mujer, en los
hechos su hija también fue herida. La investigación se encuentra en indagación a
cargo de la Fiscalía 170 local, en averiguación de responsables.

Servicios de atención
brindados:
En el CAV de Bogotá se le ofrecieron a la
víctima los servicios de asesoría jurídica
para lo cual se le asignó un representante
legal. A raíz de los hechos la víctima creó
89

 su propia fundación: RECONSTRUYENDO
ROSTROS ONG, la que la ha ayudado a
asumir su situación con fortaleza.

Caso de Diana Milena Yate
Fue agredida el 9 de octubre de 2010 por
HERIBERTO PINZÓN SÁCHEZ quien le roció una sustancia química que le afectó su
rostro y parte de su cuerpo.
El caso se encuentra en etapa de juicio a
cargo del juzgado 30 penal del circuito con
función de conocimiento y la Fiscalía 22
Especializada de Bogotá.

Servicios de atención:
A la víctima se le brinda atención psicosocial, atención preventiva y primaria y
se remite a la Fundación del Quemado
en donde se le ofreció atención médico
quirúrgica.

Caso de Leidy Amparo Morales
Muriel
A las 8:30 de la noche del 14 de abril de
2015, la víctima se dirigía a su casa en
el barrio Robledo Curazao de Medellín ,
luego de finalizar sus labores como vendedora de productos comestibles, un
hombre, al parecer, desconocido le lanzó
un líquido causándole quemaduras de segundo grado en cuello y extremidades.

Servicios de atención
brindados:
Acompañamiento en urgencia y apoyo
para ingreso a Hogares de Acogida, a través de la línea 123 Mujer y representación
de la víctima, dentro del caso por parte del
programa de la Defensoría Pública.

Caso en Bucaramanga
Se trata de una mujer que padeció graves
lesiones en su rostro, cuello y extremidades, al parecer ocasionadas por otra mujer.

90

Servicios de atención:
Recibió una atención integral por parte de
un equipo interdisciplinario compuesto
por profesionales: abogados, psicólogos y
trabajadores sociales, adscritos al Centro
de Atención a Víctimas de la Fiscalía.
Se ofreció orientación, asesoramiento
jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado,
desde el momento de ocurrencia del hecho hasta la finalización del mismo.
El abogado designado para el caso, se
desempeñó como representante de la víctima dentro del proceso penal, dándole a
conocer sus derechos, solicitando ante el
Juez de Control de Garantías la medida de
protección inmediata de sus derechos, pidiendo remitir a la víctima a un sitio donde
se garantizara la guarda de su vida, dignidad, e integridad junto con su familia.
Se implementaron medidas de atención
para garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, incluyendo el servicio de transporte de la
víctima, quedando a cargo de la Entidad, la
atención médica, psicológica y psiquiátrica.
Mientras se obtuvo la atención por parte
del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, se dispuso de una casa de refugio
donde la mujer víctima recibió el apoyo,
en todas las áreas, gracias a la colaboración y trabajo articulado con el municipio
de Bucaramanga, que mediante convenio
con la Fiscalía dispuso de estos profesionales, así como de abogados y psicólogos
que apoyaron este proceso.

Caso con víctima masculina
En Bucaramanga se conoció el caso de un
hombre, su hermana formuló la correspondiente denuncia.

 Servicios de atención
brindados:
Se requirió a la víctima para informarle de
todos sus derecho pero éste no compareció.

Caso Natalia Ponce
27 de marzo de 2014, sobre las 5:30 de la
tarde fue atada con ácido la joven Natalia Ponce de León Gutiérrez de Piñeres.
El químico, lanzado por Jonathan Vega
Chávez, le produjo quemaduras severas
en diferentes partes del cuerpo. El agresor
escapó del lugar de los hechos.
Natalia Ponce fue trasladada de inmediato a la Clínica Reina Sofía. De acuerdo
con la valoración efectuada por Medicina
Legal, las lesiones dejaron en alto riesgo
su vida, ante la inminente posibilidad de
complicaciones inmediatas por las graves
quemadoras, principalmente en el rostro.
Ante estos hechos, la Fiscalía General de
la Nación consideró que la conducta del
agresor vulneró abiertamente los bienes
jurídicos tutelados por el legislador, tanto
de la vida como de la integridad física de
Natalia Ponce de León.
El agresor Vega, para poder llevar a cabo
la acción criminal, planeó paso a paso la
manera cómo iba a desarrollar el ataque.
Primero, adquirió meses atrás la sustancia con la cual iba a agredir a su víctima,
segundo, uso una identidad diferente a la
suya para engañar a Natalia.
La Fiscalía pidió medida de aseguramiento y presentó contra Jonathan Vega escrito de acusación el 4 de julio de 2014 por el
delito de tentativa de homicidio agravado.

Jueces de Barranquilla
La Fiscalía logró desarticular un gran
entramado de corrupción del que hacían parte abogados litigantes y funcionarios judiciales en Barranquilla, jueces

y fiscales, pasando por empleados administrativos.
La red manipulaba reparto de procesos y
decisiones de jueces para favorecer a peligrosos delincuentes. La investigación de
la Fiscalía comenzó gracias a un anónimo.

Involucrados y delitos:
-ARMANDO CASTRO BARRAZA, Comisario de familia por el delito de Concusión.
-FRANCISCO ANTONIO SANABRIA,
Inspector de Familia por el delito de
Concusión.
-NERILDA CARÉ PARRA, Presidenta
de la Junta de Acción comunal barrio la Paz, por el delito de Concusión,
en calidad de interviniente y Falsedad
en documento privado.
-GABRIEL RAMOS FONTALVO, Abogado litigante, por el delito de Prevaricato por acción agravado en calidad
de interviniente y Concusión en calidad de interviniente.
-ORLANDO ANAYA DURAN; Abogado
litigante, por los delitos de Falsedad
ideológica en calidad de coautor, Prevaricato por acción en calidad de interviniente y Concierto para delinquir.
-JOSÉ DE JESÚS VERGARA OTERO,
Juez 12 penal municipal con función de
control de Garantías de Barranquilla,
por los delitos de Prevaricato por acción agravada, Concusión y Concierto
para delinquir.
-RAFAEL DE JESÚS URIBE, Coordinador y juez 13 penal municipal con
función de control de garantías de Barranquilla, por los delitos de Falsedad
ideológica en documento público en
91

 calidad de coautor y Concierto para
delinquir.

do del centro de servicios, está colaborando y se acogió al principio de oportunidad.

-EDWIN RICARDO VOLPE, Juez 9 penal municipal con función de control de
Garantías de Barranquilla por los delitos de Prevaricato por acción agravado.

Todos se encuentran con medida de aseguramiento en domicilio.

-GLORIA AMPARO GIRALDO, Juez 7
del circuito de Barranquilla por los delitos de Prevaricato por acción agravado.

La investigación, se inició con una denuncia anónima, donde se puso en conocimiento presuntas irregularidades,
por parte de funcionarios del centro de
servicios de Barranquilla. Allí por ejemplo,
Orlando Anaya Durán, Luis Carlos Tovar,
alías Detodito, y otros, se dedicaban a la
manipulación de las investigaciones, el
reparto de las mismas y a decisiones judiciales a cambio de dinero.

-OSCAR CONTRERAS AMARIS, Fiscal
seccional, por los delitos Concusión,
Prevaricato por acción agravado y Prevaricato por omisión.
-ENISBERTO JOSÉ MAESTRE, secretario del juzgado 13 penal municipal,
por los delitos de Falsedad ideológica
en documento público, Cohecho por
dar u ofrecer, Concierto para delinquir,
entre otros.
-LUIS CARLOS TOVAR VANEGAS,
empleado centro de servicios, por los
delitos de Cohecho por dar u ofrecer y
Concierto para delinquir.
-CÉSAR MIGUEL VILLADIEGO HERNÁNDEZ, empleado centro de servicios por los delitos de Cohecho por
dar u ofrecer, Concierto para delinquir
y Falsedad ideológica en documento
público.
-FRANCISCO SANABRIA, Inspector de
familia, por el delito de Concusión.

Etapa procesal:

92

Hechos:

En el desarrollo de la investigación, mediante agente encubierto, la Fiscalía logró
establecer las irregularidades dentro del
caso del “TURCO HILSACA”.
Violando las normas sobre programación
de fechas de audiencias, alteraban el orden y manipulaban el reparto de casos.
RAFAEL DE JESÚS URIBE, Coordinador
y Juez 13 Penal, ingresó a la oficina de
reparto y ordenó asignar la carpeta del
“TURCO HILSACA” a EDWIN RICARDO
VOLPE, Juez 9 Penal Municipal con función de Control de Garantías. Ese mismo
día se llevó a cabo la audiencia y el Juez
accedió a la solicitud de la defensa, en el
sentido de revocar la medida de aseguramiento contra AlfonsTo Hilsaca Eljaude.

Fue realizada la legalización de capturas,
allanamientos, formulación de imputación
y solicitud de medida de aseguramiento.

Se logró establecer mediante interceptaciones telefónicas irregularidades dentro
de la investigación contra STEFFY DIAZ
ATENCIA, alIas “La BEBA”.

El abogado GABRIEL RAMOS FONTALVO,
está colaborando con la fiscalía. Así mismo, CÉSAR MIGUEL VILLDIEGO, emplea-

En una investigación que se adelantaba
contra un grupo denominado “Los químicos”, fue posible evidenciar que entre

 algunos de los integrantes de esa organización y miembros de la rama Judicial y la
Fiscalía, estarían trabajando en conjunto
con los defensores de estos, con el fin de
otorgarles beneficios a cambio de dinero.
Mencionando entre otros, la devolución
de vehículos incautados con caletas donde se encontró cocaína y la concesión del
beneficio de libertad domiciliaria, a quienes ya se encontraban con medida de aseguramiento de detención preventiva por
haber sido capturados en flagrancia en
posesión de sustancias estupefacientes.

dida de aseguramiento contra la detenida.
En audiencia celebrada el 13 de noviembre, el Juez 12 Penal Municipal con función
de Control de Garantías, decidió sustituir
la medida de aseguramiento impuesta a
alías “La Beba”.

El 30 de septiembre y primero de octubre de 2014, ante el Juez Segundo Penal
Municipal con función de Control de Garantías de Barranquilla, se llevaron a cabo
audiencias de legalización de registro,
allanamiento, captura en situación de fragancia, formulación de imputación de cargos por el delito de tráfico, fabricación y
porte de estupefacientes contra alIas “La
Beba”. La mujer fue privada de la libertad
en establecimiento carcelario y suspensión del poder dispositivo del vehículo de
placas MHW 932 donde se había encontrado el estupefacientes.

Los procesos de construcción de paz han
tenido como centro de sus preocupaciones, no sólo la forma en que la población ha
visto vulnerados sus derechos y ha sufrido
múltiples afectaciones, sino las estrategias
por medio de las cuales el Estado y la sociedad pueden contribuir al restablecimiento
de tales derechos y a la reparación integral.

Por las conversaciones interceptadas fue
posible establecer que entre sus abogados y alias “La Beba”, se hablaba que el
Fiscal del caso les exigía dinero a cambio
de devolver el vehículo. El 20 de octubre
de 2014, en respuesta a una solicitud del
abogado de Steffy Díaz y de Jairo Rada, su
cónyuge, el entonces Fiscal 24 Seccional
de la Unidad de Seguridad Pública, ordenó la entrega del vehículo a los procesados, automotor que tenía suspensión del
poder dispositivo por haber sido legalmente incautado por transportar drogas.
En esas conversaciones interceptadas,
los procesados y sus abogados también
mencionan que el Juez del caso estaría pidiendo dinero a cambio de sustituir la me-

Entrega de cadáveres de
desaparecidos, en el marco
del proceso de construcción
de paz. Villavicencio,
diciembre de 2015

El hecho victimizante de la desaparición
forzada en el marco del conflicto armado,
además de constituirse en una vulneración
de derechos fundamentales, genera una serie de afectaciones psicológicas, familiares,
sociales, etc., frente a las cuales es necesario volcar todos los esfuerzos institucionales para la materialización de derechos
tales como la verdad y la justicia.
La Mesa de Conversaciones de La Habana,
en sus más de 3 años de puesta en marcha,
no ha sido ajena a esta preocupación, tal
como se expresa en el comunicado conjunto # 62, 17 de octubre de 2015, el cual contiene dos acuerdos generales, uno de ellos
con referencia a las “Medidas inmediatas
de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación
y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado”. Como parte
del mismo y de manera particular, se ha
acordado “la entrega digna de restos iden93

 tificados que no hayan sido aún entregados
a sus familiares”.

Orlando Fals Borda: psicólogo(a)s y
equipo logístico.

La Fiscalía, bajo la coordinación y articulación de la Subdirección Nacional de
Atención a Víctimas, y a partir de las importantes labores de búsqueda, ubicación e
identificación realizadas por fiscales, Policía
Judicial del CTI y de la DJIN; equipos forenses de su Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del CTI y del Grupo
de Exhumaciones; grupos de criminalística
del CTI, y del apoyo de otras instituciones
del Estado, de la Cooperación Internacional
y de la misma sociedad civil; ha realizado,
en tan sólo dos meses después del acuerdo,
la entrega de 29 cadáveres de personas inhumadas como Personas No Identificadas
(PNI) en cementerios, ubicados en zonas
afectadas por el conflicto armado.

• Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) – operador financiero y logístico de la diligencia: equipo
de logística

Las 29 personas, cuyos restos fueron entregados dignamente a sus familiares, fueron
inhumadas como PNI en los cementerios
de Villavicencio, Vista Hermosa, Granada y
La Macarena, Meta, y en el cementerio de
San José del Guaviare.

I. Instituciones presentes durante la
diligencia de entrega
Instituciones participantes
• Fiscalía General de la Nación: Subdirección Nacional de Atención a
Víctimas, fiscales encargados de los
procesos judiciales, equipos forenses,
psicólogo(a)s y Policía Judicial.
• Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV):
psicólogo(a)s.
• Ministerio de Salud y Protección Social, y Secretaría de Salud del Meta:
psicólogo(a)s
• Corporación Colectivo Sociojurídico
94

• Cruz Roja: asistencia de primeros
auxilios

Instituciones y personalidades
invitadas
• Dr. Sergio Jaramillo: Alto Comisionado para la Paz
• Dr. Iván Cepeda: Senador de la República de Colombia
• Dr. Alirio Uribe: Senador de la República de Colombia
• Dr. José Luis Ponce Caraballo: Embajador de Cuba
• Dr. Lars Vaagen: Embajador de Noruega
• Dr. Alan Edmundo Jara: Gobernador
del Departamento del Meta
• Dra. Paula Gaviria: Directora de la
Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV)
• Dra. Mónica Cifuentes: Asesora del
Alto Comisionado para la Paz
•Dra. Claudia Azzolini: Jefe Adjunta de
la Delegación en Colombia del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICIR)
• Dra. Delphine Van Solinge: Coordinadora de Protección de la Delegación
en Colombia del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICIR)

 • Dr. Jared Kotler: Asesor de Paz y
Desarrollo de las Naciones Unidas en
Colombia
• Dr. Carlos Eduardo Valdés: Director
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

II. Actividades generales
Lunes 14 de diciembre
• Reunión interinstitucional, en la cual
se conformaron 3 grupos de trabajo
compuestos por fiscales, profesionales forenses, Policía Judicial y piscólogo(a)s. En esta reunión se socializaron
y resolvieron inquietudes sobre cada
uno de los 29 casos.
• Asignación a cada familia de un
psicólogo(a), quien les acompaño y
asistió durante toda la jornada garantizando así que cada familia tuviera
esta prestación de manera única e individual.
• Recepción de las familias por parte
de la UARIV y el FUPAD.

Martes 15 de diciembre
• Inicio de la diligencia judicial:
- La Subdirectora Nacional de
Atención a Víctimas de la FGN realiza la apertura y da la bienvenida
a las familias.
- Cada una de las familias se presenta ante de las demás familias e
instituciones presentes.
-Personal especializado reúne a
niños y niñas con el fin de realizar
actividades durante toda la jornada, brindándole así mayor tranquilidad a los familiares adultos.

• Realización de actividades y acompañamiento psicosocial a las familias.
• Realización de actividades y acompañamiento a niños y niñas.
• Orientación jurídica (FGN), el Fiscal
del caso se reúne individualmente con
cada familia para explicación jurídica y
judicial del caso. Posteriormente y una
vez absueltas las preguntas e interrogantes por parte de los familiares, se
hace lectura y firma de documentos
del proceso judicial (FGN), y asesoría
en temas de reparación integral y asistencia funeraria (UARIV).

Miércoles 16 de diciembre
• Explicación forense técnico científica a cada una de las familias, por
parte de fiscales y equipos forenses,
en la cual se expone de manera pedagógica porqué los restos que se les
van a entregar corresponden a sus
familiares. (pruebas de ADN, cotejo
decadactilar, carta dental).
• Por ser una de las diligencias de mayor impacto, el acompañamiento psicosocial es permanente.
• Exposición de los restos óseos cuando los familiares lo deseen.
• Realización de actividades y acompañamiento a niños y niñas.

Jueves 17 de diciembre
• Acto protocolario de entrega de
cadáveres:
- Se da inicio a la diligencia de entrega por parte del Vicefiscal General de la Nación
- Los familiares, a quienes se les
haría entrega de los restos óseos,
95

 realizaron una expresión de memoria y dignificación a sus seres
queridos. Así mismo, algunos de
los familiares ofrecieron sus palabras al auditorio
- Palabras por parte del Alto Comisionado para la Paz y de las Directora de la UARIV
- Realización de acto ecuménico
conjunto, en el cual participaron
representantes de varias iglesias,
garantizando así la libertad de cultos de todas las familias.
• Diligencia judicial de entrega de cadáveres – acto privado:
- Los medios de comunicación e
instituciones diferentes a la FGN
y la UARIV se retiran del lugar, por
petición realizada previamente
por los familiares de las víctimas
- Entrega oficial de documentación a los familiares, por parte de
la FGN.
- Acompañamiento hasta el lugar
de inhumación.

Atención a víctimas y
usuarios
La Subdirección Nacional de Atención a
Víctimas y Usuarios (SNAVU), creada mediante Decreto 016 del 9 de enero de 2014
y Resolución 00567 del 2 de abril de 2014,
surge como respuesta a la necesidad de
fortalecer el acceso a la administración de
justicia, la prevención y la atención integral a la población víctima del delito.
Procesos como la generación de confianza, el reconocimiento de las necesidades
y derechos de la población, el fortaleci96

miento de la orientación y recepción de la
denuncia, y la prevención del delito, entre
otros, constituyen la piedra angular, no
sólo de la atención integral, sino del cumplimiento mismo de la misión investigativa y acusadora de la Fiscalía.
El presente informe se encuentra actualizado al mes de noviembre de 2015.

1. Creación de los centros de atención
penal integral a víctimas (capiv)
1.1. ¿Qué son los CAPIV?
Son centros de victimo asistencia que
ofrecen atención psicosocial y jurídica (información, orientación, recepción de denuncias, acompañamiento interdisciplinario, rutas interinstitucionales de atención
e investigación) en una misma sede. El
acompañamiento presencial de otras instituciones del Estado es un aspecto esencial de este nuevo modelo de atención.

1.1. ¿Cuáles son los principios
del CAPIV?
• Atención a toda persona víctima del
delito:
- En el CAPIV, la ciudadanía puede
recibir una atención digna y oportuna frente a la ocurrencia de un
delito, sin importar la tipificación
del mismo ni el marco legal al que
corresponda.
• Abordaje integral que:
- Tiene en cuenta las características particulares de la víctima (enfoques diferenciales).
- Trasversaliza el enfoque de género.
- Parte del enfoque de acción sin
daño.

 - Evita la re-victimización.
- Brinda un trato digno.
- Cuenta con la presencia física de
instituciones del Estado y deben
proteger y garantizar los derechos
de la ciudadanía.
- Promueve y fortalece el diseño y
la implementación de rutas interinstitucionales de atención.
• Cuenta con instalaciones físicas
que promueven una atención digna
y humana:
- Espacios dignos, amplios, individuales y privados para la atención
y realización de diligencias (orientación, recepción de la denuncia,
atención psicosocial y prestación
de servicios por parte de otras instituciones).

1.3. ¿En qué ciudades se
encuentran ubicados los CAPIV?
Tabla 1. CAPIV y fechas de funcionamiento
CIUDAD

FECHA INICIO DE FUNCIONAMIENTO

Bogotá, D.C

2/03/2015

Tumaco (Nariño)

10/04/2015

Buenaventura (Valle del Cauca)

1/05/2015

Barrancabermeja (Santander) 

97

 1.4. Resultados CAPIV BOGOTÁ
• Estadísticas generales – Marzo a
agosto de 2015

Gráfica 1. Usuarios atendido CAPIV Bogotá – Marzo a Agosto de 2015
Usuarios atentidos mensualmente. Período Marzo - Agosto 2015
Total: 7.470

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

1.416
1.247

1.262

1.328

1.218

999

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Gráfica 2. Número de denuncias por delito CAPIV Bogotá Marzo a Agosto de 2015
Número de denuncias por delito. Período Marzo - Agosto 2015
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
98

 1.5. Resultados CAPIV TUMACO
• Estadísticas generales – Abril a agosto de 2015

Gráfica 3. Número de denuncias por mes CAPIV Tumaco Abril a Agosto de 2015
Número de denuncias mensuales. Período Abril - Agosto 2015.
Total: 1.179

350

314

300
250

212

200

245

234

174

150
100
50
0

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Gráfica 4. Número de denuncias por delito CAPIV Tumaco Abril a Agosto de 2015
Número de denuncias por delito. Período Abril - Agosto 2015.
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

99

 Gráfica 5. Delitos más denunciados CAPIV Tumaco Abril a Agosto de 2015
10 delitos más denunciados. Período Abril - Agosto 2015
104
82
58

60

51
33

40

29

26

26

23

INASISTENCIA ALIMENTARIA

80

DAÑO EN BIEN AJENO

89

100

DESAPARICIÓN FORZADA

120

20

1.6.  Resultados CAPIV
BUENAVENTURA

UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE
GUERRA ILÍCITOS

CALUMNIAS Y/O INJURIA

DESPLAZAMIENTO FORZADO

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

HOMICIDIO

LESIONES PERSONALES

AMENAZAS

0

• Estadísticas generales – Mayo a noviembre de 2015

Gráfica 6. Número de denuncias por mes CAPIV Buenaventura Mayo a noviembre de 2015
Número de denuncias mensuales. Período Mayo - Noviembre 2015.
Total: 1.671
294
208

289

320

221
178

MAYO

100

JUNIO

JULIO

161

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

 Gráfica 7. Número de denuncias por delito CAPIV Buenaventura Mayo a agosto de 2015
Denuncias por delito. Período Mayo - Noviembre 2015.
Total: 1.671
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

10 delitos más denunciados. Período Mayo - Noviembre 2015.
Total: 1.671

474

274

267

40

24

23

EXTORSIÓN

FALSEDAD EN DOCUMENTO

55

DAÑO EN BIEN AJENO

65

INJURIA Y CALUMNIA

DELITOS SEXUALES

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LESIONES

AMENAZAS

HURTO

74

ESTAFA

170

101

 2. Otros modelos de atención
La Fiscalía cuenta con 286 modelos de
atención a nivel nacional.

Gráfica 8. Cantidad de modelos de atención
Cantidad de modelos de atención a Nivel Nacional

66

70

60

60
50
40

44

42

35

32

30
20

7

10
0

CAIVAS

CASA DE
JUSTICIA

CAV

CAVIF

3. Estadísticas generales de atención
a víctimas

SALAS DE
RECEPCIÓN
DE
DENUNCIAS

SAU

URI

4. Gráfica 9. Cantidad de procesos, enero a agosto de 2015.
Información SPOA
Proceso por mes. Período Enero - Octubre 2015
Total: 963.860
89.907

106.747
100.88199.10495.212
97.533 101.690

97.629 102.057

102

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

73.100

 En cuanto a los departamentos y ciudades
con la mayor cantidad de procesos, el sistema SPOA reporta la siguiente información:

Gráfica 10. Departamento con mayor cantidad de procesos,
Enero a agosto de 2015.
Departamentos con mayor cantidad de procesos.
Período Enero - Agosto 2015

150.000

103.800

BOLÍVAR

NARIÑO

TOLIMA

CUNDINAMARCA

40.638 31.991 29.344
27.503 23.800 23.402
CAUCA

52.780

VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA

50.000

ATLÁNTICO

67.515

SANTANDER

100.000

Gráfica 11. Ciudades con mayor cantidad de procesos,
Enero a agosto de 2015.

14.708

14.432

14.047

CÚCUTA

IBAGUÉ

16.366
PASTO

VILLAVICENCIO

18.370
BOLÍVAR

15.337

20.960
BUCARAMANGA

CARTAGEMA

24.753

60.000
40.000

BARRANQUILLA

100.000
80.000

38.369

60.850

180.000
160.000
140.000
120.000

152.676

Ciudades con mayor cantidad de procesos. Período Enero - Agosto 2015

CALI

MEDELLÍN

BOGOTÁ, D.C

20.000
-

103

 Es importante resaltar que Bogotá reporta
el mayor número de casos no solo respecto
a las ciudades sino a los departamentos.

Gráfica 12. Distribución de población víctima por género,
Enero a jJulio de 2015. Información SPOA
Víctimas por género. Período Enero - Julio 2015. Total: 456.852
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Gráfica 13. Distribución de población víctimas por género y edad,
Enero a Julio de 2015. Información SPOA
% Víctimas por género y edad. Período Enero - Julio 2015
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
104

 En el caso de los departamentos y ciudades
con el mayor número de víctimas:

Gráfica 14. Departamentos con mayor cantidad de víctimas,
Enero a Julio de 2015. Información SPOA

MUJERES

16.381
SUCRE

15.579

17.906
NARIÑO

META

18.303
CALDAS

21.951

22.575
CUNDINAMARCA

TOLIMA

27.596
SANTANDER

48.739
VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

63.904

Departamentos con mayor cantidad de víctimas. Período Enero -Julio 2015

TOTAL

HOMBRES

Gráfica 15. Ciudades con mayor cantidad de víctimas,
Enero a Julio de 2015. Información SPOA

11.508

11.198

10-949

10.190

IBAGUÉ

RISARALDA

BUCARAMANGA

BARRANQUILLA

9.152

11.977
VILLAVICENCIO

CARTAGENA

15.110
PASTO

29.422
CALI

38.966
MEDELLÍN

BOGOTÁ, D.C

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

50.317

10 ciudades con la mayor cantidad de víctimas. Período Enero - Julio 2015

105

 Así como en el caso de número de procesos, el número de víctimas que denunciaron en Bogotá entre enero y julio de 2015
es altamente significativo respecto a los
departamentos y demás ciudades.

4.1. Víctimas fuera y dentro del
çconflicto armado, según los delitos
de la Ley 1448 de 2011
La información que se presenta se refiere a
la fecha de denuncia. Es importante aclarar
que el hecho que se hayan tomado como
referencia delitos incluidos en la Ley 1448,
no significa que las estadísticas se circunscriban al número de víctimas en el marco
del conflicto. Es necesario hacer énfasis en
que los delitos incluyen diferentes artículos
y las respectivas circunstancias de agravación punitiva especificadas en el Título IV
(delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales).

Tabla 3. Número de víctimas por delitos referidos en la Ley 1448 de 2011,
Enero a Agosto de 2015. Información SPOA

106

Amenazas 

23.036

Violencia sexual 

9.996

Desplazamiento forzado 

5.518

Desaparición forzada 

2.858

Secuestro 

1.398

Reclutamiento ilícito 

312

Actos de terrorismo 

149

Usurpación de tierras 

130

Tortura 

108

Homicidio en persona protegida 

11

Lesiones en persona protegida 

7

 La siguiente gráfica expone los correspondientes porcentajes del número de víctimas recién presentados.

Gráfica 16. Porcentaje de víctimas por delitos referidos en la Ley 1448 de
2011, Enero a Agosto de 2015. Información SPOA
% Víctimas de referidos en la ley 1448 de 2011 - Enero - Agosto 2015
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)
Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

Nombre de
categoría
(Valor porcentaje)

4.2. Víctimas en el marco de la
Justicia Transicional
Según información suministrada por la Dirección Nacional de Justicia Transicional,
entre el 2014 y parte de 2015, se han tomado 59.157 registros de hechos atribuibles a víctimas en el marco de la justicia
transicional.

Tabla 4. Número de registros de hechos atribuibles, años 2014 y 2015.
Dirección Nacional de Justicia Transicional
DEPARTAMENTO

2014

2015

Amazonas

0

30

Antioquia

4519

2164

Arauca

1417

661

Atlántico

3555

3421
107

 Bogota

4349

2768

Bolívar

790

329

Boyacá

315

121

Caldas

240

134

Caquetá

500

217

Casanare

283

634

Cauca

1967

346

Cesar

2557

2060

Chocó

128

577

Cundinamarca

189

168

Córdoba

958

2201

Guaviare

35

9

Huila

359

78

La guajira

499

282

Magdalena

3879

1839

Meta

984

523

Nariño

372

166

Norte de Santander

825

575

Putumayo

69

155

Quindío

27

46

Risaralda

164

55

Santander

2679

2694

Sucre

520

1096

Tolima

650

814

Valle del cauca

843

1294

Vaupés

18

0

Vichada

1

9

33.691

25.466

TOTAL ANUAL

108

 4.3. Ferias de servicios
La Subdirección Nacional de Atención a
Víctimas y Usuarios tiene entre sus funciones gestionar el fortalecimiento de canales de acceso para la denuncia. Las “Ferias
de Servicios” tienen como objetivo facilitar el acceso a la justicia con calidades
determinadas, de una región específica
y/o de hechos victimizantes particulares.
Así mismo, buscan visibilizar de manera
integral la oferta institucional de la Fiscalía, como es la orientación y recepción
de denuncias, e información e impulso
de casos, y de las instituciones que tienen como función el restablecimiento de
los derechos vulnerados, promoviendo la
participación de la institucionalidad local
y regional. Además de brindar una atención humanizada, las “Ferias de Servicios”
generan condiciones de seguridad y confianza en la población víctima.

Tabla 5. Ferias de servicios

Agosto de 2014

No. de
registros
No.
hechos
personas
atribuibles /
Departamento
Ciudad
atendidas
denuncias
por la FGN
recepcionadas
San Francisco
996
946
Antioquia

Febrero de 2015

Buenaventura Valle del Cauca

Fecha

Noviembre de 2015

Urrao
Total

207

23

1.203

969

Antioquia

109

 San Francisco, Antioquia
Durante los 3 días de la jornada, la FGN
atendió a 996 personas:

Tabla 6. Justicia Transicional – Feria de servicios San Francisco, Antioquia
JUSTICIA TRANSICIONAL
Registros de hechos atribuibles

920

Registros de hechos atribuibles relacionados con delitos de
violencia basada en género

10

Entrevistas de hechos que están siendo investigados por
el Fiscal del Despacho 29 de Justicia Transicional, cuyas
víctimas corresponden a familiares del postulado José Luis
Mejía Ramírez, alias “Byron” o “Boina Verde”, respecto de
quien se solicitó imputación de cargos

3

Asignación de citas para ser atendidos por el Call-center

50

Total

983

Tabla 7. Justicia permanente – Feria de servicios San Francisco, Antioquia
JUSTICIA PERMANENTE
Denuncias recibidas

13

Tabla 8. Grupo eje temático desaparición y desplazamiento forzado –
Feria de servicios San Francisco, Antioquia
GRUPO EJE TEMÁTICO DE DESAPARICIÓN Y DESPLAZAMIENTO
FORZADO - SEDE MEDELLÍN
Declaraciones a víctimas de
69
desplazamiento forzado
Proceso con radicado 724725 ,Fiscalía 54 Especializada de
Desaparición y Desplazamiento Forzado – Medellín. Afectados habitantes de aproximadamente 15 veredas de AquitaProceso
nia, jurisdicción de de San Francisco – Antioquia, por accioimpulsado en nar conjunto del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y el
forma
Frente 47 de las FARC contra paramilitares del Bloque Magsatisfactoria
dalena Medio. Estos hechos dieron lugar a delito de desplazamiento forzado y otros conexos como secuestro masivo,
extorsiones, reclutamiento ilícito de menores, homicidios en
personas protegidas y amenazas.
110

 Tabla 9. Grupo de identificación humana y grupo de desparecidos –
Feria de servicios San Francisco, Antioquia
GRUPO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA Y GRUPO DE DESAPARECIDOS
ADSCRITOS A LA SECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DEL CUERPO TÉCNICO
DE INVESTIGACIÓN - SUBDIRECCIÓN MEDELLÍN

Acciones
realizadas

• Se atendió a la población de San Francisco y sus alrededores, la cual ha sufrido el delito de la desaparición forzada. Se
informó sobre las diferentes estrategias de la FGN para ubicarlos, exhumarlos (si es el caso), identificarlos y devolverlos
a sus familias.
• Exhibición en video de prendas y accesorios de cadáveres
en restos óseos que reposan en el Laboratorio de Identificación Humana del CTI Medellín, y que aún están en condición
de no identificados.
• Sensibilización y sociabilización.
• Exhibición de rostros de cadáveres ubicados mas no identificados (los rostros fueron previamente tratados para lograr
la exhibición digna).
• Exhibición de listado de cadáveres identificados y no reclamados.
• Exhibición de listado de cuerpos exhumados de fosas clandestinas en zona rural de San Francisco y del cementerio.
Estos cuerpos se encuentran en custodia en el laboratorio y
no están identificados.

Personas
atendidas
para reportar
desaparición

25 personas para reportar desaparición, de las cuales 22 ya
había registrado la desaparición en el SIRDEC, 2 reportaron
por primera vez y a una se le informó que su familiar se encontraba en el laboratorio en proceso de identificación.

Resultados
de personas
atendidas
para reportar
desaparición

• VINASCO VALENCIA JAIRO ENRIQUE, CC 3.553.122. Desaparecido en 1975 en San Francisco. Al realizar los cruces
respectivos se encontró que fue muerto en forma violenta
en Puerto López. En compañía de psicólogo se le notifica a
la mamá.
• LUZ DARY GIRALDO VINASCO y WILSON ARLEY GIRALDO VINASCO. Hermanos desaparecidos y de quienes el jefe
paramilitar Ramón Isaza aceptó cargos por su muerte y por
tirar al Río Magdalena sus cuerpos. Se encontró dictamen
de identificación.
•CIRO MARÍN MARTA INÉS. Exhumada por la Unidad Na111

 cional de Justicia Transicional en Medellín. Sus restos reposan en el laboratorio.
• ALBERTO DE JESÚS GIRALDO MARÍN. Al parecer se encuentra inhumado en el cementerio de Rionegro, Antioquia, información que está en proceso de verificación.
• ABRAHAM MARTINEZ VALENCIA. Al parecer, Ramón
Isaza es el responsable de su desaparición, muerte e inhumación en la Danta, Jurisdicción de Sonsón - Antioquia. La
esposa conoce del sitio.
• ALBEIRO ANTONIO HENAO TORO. Reclutado a los 14
años por el ELN. La familia informa que murió en combate
y que fue inhumado. La familia tiene las coordenadas.
• PASCUAL DE JESÚS POSADA AGUDELO. Reclutado a los
22 años. Está inhumado como cadáver sin identificar en el
cementerio de Rionegro.
• WILLIAM DE JESÚS AGUDELO CIRO. Menor de 17 años,
presuntamente muerto en enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. La familia hace seguimiento una vez desaparece, se entera que murió y fue recogido por un helicóptero del Ejército. Estaría en el cementerio de Rionegro.
Buenaventura, Valle del Cauca
Durante los 3 días de la jornada, la Fiscalía
General de la Nación atendió a 207 personas, de la siguiente manera:

Tabla 10. Tipos de atención - Feria de servicios Buenaventura,
Valle del Cauca
TIPO DE ATENCIÓN
Entrevistas por parte de Policía Judicial

112

NO. DE PERSONAS
ATENDIDAS
63

Muestra Medicina Legal

59

Información sobre avances de casos

45

Denuncias recepcionadas

23

Oficios remitidos a otras ciudades para muestras de
Medicina Legal

17

Total

207

 Tabla 11. Grupo de identificación humana y grupo de desparecidos Feria de servicios Buenaventura, Valle del Cauca
GRUPO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA Y GRUPO DE DESAPARECIDOS
ADSCRITOS A LA SECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DEL CUERPO TÉCNICO
DE INVESTIGACIÓN - SUBDIRECCIÓN CALI

Acciones
realizadas

•Se atendió población de Buenaventura que ha sufrido el
delito de desaparición forzada. Se informó sobre las diferentes estrategias de la FGN para ubicarlos, exhumarlos,
identificarlos y devolverlos a sus familias. Se les informó del
estado de su investigación.
• Sensibilización y sociabilización
• Verificación de registro del desaparecido en SIRDEC y SIJUF
• Socialización de la información sobre el caso (siempre de
manera prudente y sin violar la reserva de la investigación).
Socialización de la base de datos, y de la importancia y el
derecho que tienen las victimas de registrase en ella.
• Se verificó datos de las personas consignados en SIRDEC.
•Exhibición en video de prendas y accesorios de cadáveres.

Urrao, Antioquia
4.4. Jornadas
4.4.1. Mujeres víctimas de
violencia sexual en el marco del
conflicto armado interno
La FGN apoya y participa en la realización
de jornadas de toma de declaraciones y
denuncias de mujeres sobrevivientes de
violencia sexual dentro y fuera del conflicto, con el objetivo de facilitar canales de
acceso a la justicia y generar condiciones
y garantías para que las mujeres puedan
denunciar con seguridad y sin riesgo de
una segunda victimización.
Desde la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios se ha coordinado y acompañado a la Dirección Nacional
de Justicia Transicional en las siguientes
jornadas de atención:
113

 Tabla 12. Jornadas de violencia sexual en el marco del conflicto armado - 2014
AÑO

2014

Barrancabermeja

Santander

NO. DE VÍCTIMAS
ATENDIDAS
60

Barranquilla

Atlántico

64

Cali

Valle del Cauca

56

Calima El Darién

Valle del Cauca

57

Cúcuta

Norte de Santander

76

Charalá

Santander

15

Palmira

Valle del Cauca

59

Popayán

Cauca

60

Quibdó

Chocó

73

Riohacha

La Guajira

84

Santa Marta

Magdalena

74

Silvia

Cauca

36

Taminago

Nariño

34

Tolemaida

Tolima

50

Cesar

63

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

Valledupar
TOTAL

861

Tabla 13. Jornadas de violencia sexual en el marco del conflicto armado - 2015
AÑO

2015

Barrancabermeja

Santander

NO. DE VÍCTIMAS
ATENDIDAS
48

Bosconia/Barranquilla

Cesar/Atlántico

168

Bucaramanga

Santander

61

Cartagena

Bolívar

47

El Peñol

Antioquia

67

Pasto

Nariño

67

Quibdó

Chocó

21

Santa Marta

Magdalena

145

Sincelejo

Sucre

71

Villavicencio

Meta

70

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

TOTAL
114

765

 4.4.2. Víctimas militares en
situación de discapacidad

La Subdirección Nacional de Atención a
Víctimas y Usuarios ha acompañado, por
medio de acciones de atención psicosocial, a la Dirección Nacional de Justicia
Transicional en el desarrollo de 26 jornadas interinstitucionales de atención a
víctimas de minas antipersona, artefactos
explosivos, municiones sin explotar y armas de fuego.

Tabla 14. Jornadas de víctima militares - 2014
AÑO

2014

Bogotá (CRM BR13)

Bogotá, D.C.

NO. DE VÍCTIMAS
ATENDIDAS
33

Bogotá (Teatro Patria)

Bogotá, D.C.

416

Bucaramanga

Santander

588

Cali

Valle del Cauca

700

Coveñas

Sucre

345

Florencia

Caquetá

384

Ibagué

Tolima

693

Santa Marta

Magdalena

601

Villavicencio

Meta

353

Yopal

Casanare

369

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

TOTAL

4482

115

 Tabla 15. Jornadas de víctima militares - 2015
AÑO

MUNICIPIO
Barranquilla/Cartagena

2015

Bogotá (Puente Aranda)

Bogotá, D.C.

547

Bogotá (Cantón Sur)

Bogotá, D.C.

20

Bogotá (cárcel La Picota)

Bogotá, D.C.

40

Bogotá (cárcel La Modelo)

Bogotá, D.C.

27

Bogotá (Metropolitana)

Bogotá, D.C.

10

Buenaventura/Cali

Valle del Cauca

197

Facatativá

Cundinamarca

16

Facatativá

Cundinamarca

86

Medellín

Antioquia

309

Montería

Córdoba

125

Neiva

Huila

198

Leticia

Amazonas

30

Pereira

Risaralda

168

Quibdó

Chocó

16

San Vicente del Caguán

Caquetá

32

TOTAL
4.5. Apoyo a las Direcciones
Nacionales y Seccionales en la
atención a la población víctima
4.5.1. Justicia Transicional
Para facilitar el acceso a la justicia a las
víctimas en el marco de la justicia transicional, se han establecido lineamientos en
pro de la visibilización de nuevas víctimas.
Estas actividades han girado en torno a
(i) la realización de jornadas de atención
para la toma de registros de hechos atribuibles; (ii) brindar apoyo psicosocial en
audiencias, garantizando los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación; (iii) la realización de jornadas
116

NO. DE VÍCTIMAS
ATENDIDAS
352
Atlántico/Bolívar

DEPARTAMENTO

2173
de entregas de restos óseos, apoyando al
Grupo de Exhumaciones; y (iv) la actualización de la georreferenciación e inventario físico de los casos de los diferentes
despachos que documentan hechos imputables a los máximos responsables.
De manera particular, se han implementado una serie de mecanismos para la atención a estas víctimas, tales como:
• De forma personalizada: la víctima
se acerca a los diferentes puntos de
atención a víctimas con que cuenta la
Dirección Nacional de Justicia Transicional a nivel nacional (Bogotá, Medellín, Montería, Bucaramanga, Cúcuta,
Barranquilla). Así mismo, todos los

 Despachos Fiscales de justicia transicional atienden y orientan víctimas.
• Medios publicitarios, servicio call
center y línea gratuita.
• Medio escritos (peticiones remitidas
de otras instituciones).
• Jornadas de atención.

4.5.2. Sentencias proferidas por
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Acompañamiento y atención psicosocial
a víctimas, familiares, y representantes y
líderes de víctimas, en el desarrollo de diferentes diligencias judiciales en el marco
del proceso penal. De igual forma, se brindó apoyo y orientación a los fiscales frente
a la atención a la población víctima.

Tabla 16. Acompañamiento a casos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Documentos
Población
Acciones
elaborados
sujeto
desarrolladas
20 víctimas
Atención
(tortura,
psicosocial y jurídica
Propuesta de
secuestro y
Palacio
Apoyo emocional
articulación
de Justicia desaparición
Atención en crisis
interinstitucional para
forzada)
Entrevista psicosocial
la atención
orientación y
psicosocial a las
redireccionamiento a
víctimas de
20
otras instituciones
tortura y familiares
familiares
La
de desaparición, de
víctimas
Esperanza
los hechos sucedidos
(desaparición
forzada)
Apoyo en las respues- el 7 y 8 de noviembre
de 1985 en el Palacio
tas a las solicitudes
de Justicia
de los representantes
La Rochela
de víctimas
Caso

117

 5. Prevencion del delito

4.5.3. Frontera con Venezuela
Con ocasión de los graves hechos presentados a raíz de la deportación irregular de
connacionales de Venezuela a Colombia,
la Subdirectora Nacional de Atención a
Víctimas y Usuarios fue delegada por el
Fiscal General con el fin de (i) diseñar la
metodología de atención en el marco de
la emergencia, (ii) participar activamente,
como representante de la institución, en el
Puesto de Mando Unificado liderado por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y (iii) recibir las denuncias.

4.5.4. Caso La Escombrera –
Comuna 13 de Medellín
Apoyo por parte de la Fiscalía General
de la Nación en el establecimiento de un
acuerdo entre la población víctima y la alcaldía de Medellín, para la atención psicosocial y medica de esta población.

5.1. Programa Futuro Colombia

En el primer semestre de 2015, el Programa de Prevención del Delito Futuro
Colombia ajustó sus objetivos y líneas de
acción para adelantar abordajes de prevención en espacios sociales, comunitarios e individuales, en aras de aportar en
la resolución pacífica de conflictos y la prevención de conductas delictivas.

Tabla 17. Líneas estratégicas y resultadas principales Programa Futuro
Colombia
Línea
estratégica

Objetivo

118

Prevención
social
comuniatria
Generar
acercamiento
con la
comunidad,
para
identificar
necesidades
y ejecutar
acciones que
contribuyan a
la mitigación
de factores
de riesgo que
elevan los
fenómenos
delictivos

Prevención
situacional

Prevención
integral

Analizar y
comprender el
fenómeno delictivo
desde la perspectiva
preventiva, y apoyar
la labor misional de
la FGN mediante la
remisión de posibles
hechos punibles a las
unidades respectivas

Incentivar procesos
de construcción de
cultural alternativa
que favorezcan el
protagonismo social y
el desarrollo humano,
por medio de realización de talleres,
conferencias, ferias
de servicio,
campañas, entre
otros

 26 procesos de
Resultados intervenciones
comunitaria en
25 Seccionales

74.347 personas
informadas en temas
como
Sistema de
Responsabilidad Penal
Se han remitido 141
para Adolescentes,
casos a la Sección
Trata de Personas
de Análisis Criminal
Reclutamiento forzado
(SAC), como fuente
y violencia escolar.
no formal
237 centros
educativos o espacios
intervenidos

5.2. Comité técnico
interinstitucional para ampliar y
cualificar el acceso a la justicia de
las víctimas de violencia sexual,
dentro y fuera del conflicto armado
El 9 de febrero de 2015 se suscribió Carta
de Intención entre la Fiscalía y otras instituciones, con la finalidad de sumar voluntades y compromisos para la prevención,
atención, protección, investigación y judicialización de víctimas, incorporando de
manera adecuada la perspectiva de género y el enfoque diferencia en cada uno de
los procesos.

Tabla 18. Instituciones que suscribieron Carta de Intención para la
conformación del Comité técnico interinstitucional
Fiscalía General de Nación
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ministerio de Justicia y del Derecho
Defensoría del Pueblo
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial
119

 5.3. Alfabetización judicial de
grupos étnicos
Se han realizado procesos in situ de alfabetización judicial y de fortalecimiento de
las relaciones y vínculos con grupos étnicos, con el fin de diseñar e implementar
estrategias y acciones contextualizadas
que respondan a las necesidades e intereses de la población víctima. Los grupos
étnicos con los que se ha trabajado son los
siguientes:

Tabla 19. Alfabetización judicial con grupos étnicas
Nombres de resguardos/
Comunidad
comunidades indígenas/ consejos
étnica
comunitarios

Cantidad

Depto.

Embera Katío - Resguardo
Andabu -Comunidad Playón
INDÍGENAS

Embera Katío - Resguardo
Majore Ambura - Comunidad
Santa María

3

Antioquia

Embera Katío - Comunidad Valle
de Perdidas Jencameconda
AFRO
COLOMBIANOS

Comunidad Mande
Comunidad Punta de Ocaido
TOTAL

6. Diagnósticos para el
fortalecimiento del acceso a la
administración de justicia y el
mejoramiento de la atención integral
• Diagnósticos sobre los fenómenos
criminógenos y de victimización del
distrito de Buenaventura (Valle del
Cauca), y de los municipios de Apartadó y Urrao (Antioquia).
120

2

5
• Realización de diagnósticos sobre la
atención brindada en los Centros de
Atención de Justicia Transicional.
• Diagnósticos de los modelos de
atención a víctimas y usuarios a nivel
nacional.

 7. Resoluciones
• Resolución 0099 del 15 de octubre
de 2014 de la FGN, “Por medio de la
cual se establece la organización y
funcionamiento de las Subdirecciones Seccionales de Atención y a Víctimas y Usuarios”.
• Resolución 1948 del 7 de noviembre de 2014 de la FGN, “Por medio de
la cual se crea el Centro de Atención
Penal Integral a Víctimas – CAPIV de
la Fiscalía General de la Nación, y se
delega una función especial”.

8. Procedimientos y guías para la
atención integral a víctimas y usuarios
• Procedimiento general para la atención y orientación a las víctimas y al
ciudadano.
• Guía para la atención de agresiones
con agentes químicos o sustancias corrosivas.
• Acta de derechos de las víctimas de
agresiones con agentes químicos o
sustancias corrosivas.
• Guía para la atención del delito de
violencia intrafamiliar.
• Guía para la atención del delito de
inasistencia alimentaria.
• Guía de procedimiento para los sistemas de turnos WEB o formato de
control de tiempos.
• Guía para la atención jurídico – psicosocial primaria a víctimas militares
en situación de discapacidad: víctimas
de minas antipersona, artefactos explosivos, armas de fuego y municiones sin explotar.

9. Estrategias de atención al
ciudadano(a)
Desarrollo de estrategias de
servicios e información virtuales:
• Nueva estructura al link de servicio
al ciudadano de la página de la Fiscalía
General de la Nación http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano.
• Correo denominado atenciónalciudadano@fiscalia.gov.co, a fin de que
la ciudadanía pueda interponer su queja o reclamo de manera virtual.
• Diseño y divulgación de la carta
de trato digno http://www.fiscalia.
gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno/.
• Banner en los que se informa al ciudadano/a respecto a la atención de delitos
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/
servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/.

Lineamientos
• Manual de Atención al Ciudadano.
• Guía de funcionamiento de las Oficinas de Servicio al Ciudadano.
• Procedimiento de quejas y reclamos.
• Guía y herramienta para la aplicación
de encuestas de satisfacción.
• Memorando con lineamientos para
divulgación de carta de trato digno.
• Memorando lineamientos para quejas y reclamos.

121

 Actualización de bases de datos
y antecedentes judiciales
• Registro: órdenes de captura, sentencias condenatorias y medidas de
aseguramiento.
• Actualización: extinción de sentencias condenatorias, cancelación o
prórroga de órdenes de captura, y revocatoria o sustitución de medidas de
aseguramiento.

Tabla 20. Registros y actualizaciones, enero a agosto de 2015
REGISTROS

ACTUALIZACIONES

47.484 

48.368

TOTAL PAÍS

Gráfica 17. Ciudades con la mayor cantidad de registros y actualizaciones,
enero a agosto de 2015
Las 5 ciudades con mayores registros y actualizaciones 2015

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
REGISTRO
ACTUALIZACIÓN

CUCÚTA

V/CIO

B/MANGA

IBAGUÉ

NEIVA

7.681
8.231

4.710
4.861

3.942
4.007

3.196
3.313

3.168
3.290

• Atención de solicitudes de información de antecedentes, por parte de diferentes autoridades a nivel nacional.

Tabla 21. Cantidad solicitudes atendidas, enero a agosto de 2015
SOLICITUDES ATENDIDAS
TOTAL PAÍS

122

60.686

 Gráfica 18. Ciudades con la mayor cantidad de solicitudes atendidas,
Enero a Agosto de 2015
Cantidad de solicitudes atendidas

40000
30000
20000
10000
0
No. DE SOLICITUDES
ATENDIDAS

BOGOTÁ
37459

POPAYÁN
4402

10. Tecnologías y sistemas de la
información
• Coordinación en el diseño y construcción de la caracterización de los
sistemas misionales de la FGN, en lo
relacionado con la inclusión de variables de enfoque diferencial de todos
los intervinientes en el proceso penal.
• Diseño, estructuración e implementación de un programa (prototipo software) visualizador de estadísticas de
la SNAVU.
• Generación de informes estadísticos
de seguimiento a los modelos de atención y dinámicas de las denuncias.
• Adquisición de herramienta KAWAK,
la cual permite realizar control y seguimiento a las quejas y reclamos a
nivel nacional.
• Inclusión en el módulo MAR –EWB
de la opción de consulta exclusiva de
antecedentes penales (sentencias
condenatorias para autoridades y
ciudadanía).

MEDELLÍN
3138

NEIVA
2679

CALI
2615

11. Capacitaciones y otras acciones
• Capacitación a servidores públicos de
la FGN en el manejo y operación del
sistema de turnos.
• Capacitación a servidores públicos
de las 35 Direcciones Seccionales, en el
manejo e implementación de las rutas
del sistema de turnos.
• Sensibilización a servidores públicos
de la FGN y de instituciones participantes, frente a los objetivos y funcionamiento del Centro.
• Visitas al CAPIV de Bogotá de organismos de la comunidad internacional,
tales como la Unión Europea (UE), la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR); y
embajadas de países como Francia, el
Grupo Centroamericano (GRUCA) y el
Grupo de Países Latinoamericanos y
del Caribe (GRULA).

123

 12. Subdirecciones seccionales de
atención a víctimas y usuarios
Las Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas y Usuarios fueron constituidas por medio del artículo 35 del
Decreto No. 016 de 09 de enero de 2014,
“Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía”.
Así mismo, la Resolución 00099 del 15 de
octubre de 2014 establece la “(…) organización y funcionamiento de las Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas
y Usuarios”.
A la fecha, se cuenta con Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas y
Usuarios en las siguientes 12 Direcciones
Seccionales.

Tabla 22. Direcciones Seccionales con Subdirecciones Seccionales de
Atención a Víctimas y Usuarios
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Chocó
Cundinamarca
Meta
Nariño
Norte de Santander
Sucre
Tolima
Valle del cauca

124

 

Fiscalia General de la Naci?n
Diagonal 228 No. 52 - 01 Bogota
Tel?fono: 57 (1) 570 2000 
Ii Fiscalia General de la Naci?n
3@FiscaliaCol

125