ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
15 ta

1 ra Sesión
Ordinaria

Asamblea
Legislativa

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 75
__23_de junio de 2005
INFORME
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
Vuestras Comisiones de Trabajo y Relaciones Laborales y la de Salud de la Cámara de
Representantes, previa evaluación y consideración del P. de la C. 75 tienen a bien someter su
informe recomendando la aprobación de la medida con las enmiendas propuestas en el entirillado
electrónico que se acompaña con este informe.
I.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El P. de la C. 75 tiene como finalidad establecer las escalas de salario a ser

aplicadas a la clase profesional de enfermería en el servicio privado y
disponer un plan escalonado para ajustar las escalas existentes actualmente.
En la Exposición de Motivos del P. de la C. 75 se expresa que, los profesionales de la
enfermería devengan un salario que en ocasiones es el mínimo federal exigido,
teniendo ante sí la gran responsabilidad de velar y monitorear nuestra salud.
Esta situación ha hecho que muchos profesionales de la enfermería opten
por buscar mejores oportunidades de empleo en otras jurisdicciones dejando
nuestro país carente de suficientes profesionales de la enfermería.
También se señala que el interés en mejorar nuestro sistema de salud
ha hecho que distintas administraciones hagan prioritario la creación de
nuevos programas y servicios que garanticen a los ciudadanos un buen
sistema de salud en general. Pero la creación y mejoramiento operacional
de estos programas no puede obviar las condiciones de trabajo y satisfacción

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de los profesionales de la salud, como los(as) enfermeros(as), que junto a los
médicos y demás profesionales hacen posible nuestra recuperación más
agradable.
Durante la pasada administración se presentó y se aprobó un proyecto
de ley que iba dirigido a hacerle justicia salarial al profesional de la
enfermería en Puerto Rico, esto incluía al sector público y privado.

La

referida medida fue aprobada en Cámara y Senado y luego fue vetada por la
gobernadora y ésta expresó que le dejaba la atención del asunto a la actual
administración.
Estamos convencidos de la necesidad de atender el reclamo de los profesionales de la
enfermería en el sector privado y legislar para revisar las escalas salariales de estos
profesionales. En el día de ayer aprobamos el P. de la 577 el cual revisa las escalas salariales
para el profesional de la enfermería en el sector público. El P. de la C. 75 tiene idénticos
propósitos pero para el profesional de la enfermería en el sector privado.
Estas Comisiones han tenido el beneficio de las ponencias de las distintas organizaciones
que se afectarían por la aprobación de esta medida, así como el asesoramiento de las agencias del
Gobierno de Puerto Rico. A continuación exponemos un resumen de las respectivas ponencias
que nos fueron presentadas y que han sido consideradas para recomendar la aprobación de esta
medida.
1. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del E.L.A.
2. Departamento de Justicia
3. Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico
4. Asociación de Hospitales de Puerto Rico
5. Colegio de Enfermería Práctica de Puerto Rico
6. Unión General de Trabajadores (UGT)
7. Unidad Laboral de Enfermeras (os) y Empleados de la Salud (ULEES)
8. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico
A continuación incluimos un resumen de lo manifestado por los comparecientes en sus
respectivas ponencias ante estas Comisiones.
A. Departamento del Trabajo

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En su comparecencia ante estas Comisiones el Departamento del Trabajo manifestó que
el requerimiento urgente de garantizar y proveer los más altos niveles de calidad de los servicios
médicos y la protección de la salud de nuestro pueblo justifican la intervención de la Asamblea
Legislativa en este asunto
La ponencia del Departamento del Trabajo fue bien ilustrativa en cuanto a las
condiciones de empleo del profesional de la enfermería en Puerto Rico. En el 2003 se llevó a
cabo el estudio La Profesión de la Enfermería en Puerto Rico, este estudio se condujo bajo el
Programa de la Aguja a la Tecnología, adscrito al Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos
Humanos, componente operacional del Departamento del Trabajo.
El referido estudio tenía como propósito analizar la condición actual de la profesión de
enfermería en Puerto Rico en cuanto a condiciones de trabajo, así como diseñar estrategias para
asegurar que se satisfagan las demandas para los distintos tipos de enfermeras (os) en Puerto
Rico. Del informe de dicho estudio se desprenden los siguientes hallazgos:


Se observa una disminución en el profesional de la enfermería en Estados Unidos y
en Puerto Rico.



La profesión se encuentra en una transición y si no se atiende esto va a degenerar en
una crisis.



No hay un relevo general para reemplazar al personal que ser retira.



Un por ciento alto de este personal no está satisfecho con sus condiciones de empleo.



El 25% del sueldo del personal de enfermería es en tiempo extra y el 49% es en
sueldo básico (jornada excesiva de trabajo).



Hay muchas renuncias (turn-over) de este personal.



Un estudio realizado por la “Federation of Nursing Health Practitioners” encontró que
más de un 67% del total de empleados encuestados manifestó su deseo de una
revisión salarial.



En el caso de Puerto Rico se concluye que la situación de la profesión es crítica y
difícil debido a las pobres condiciones de empleo entre otros factores.



El personal de enfermería en Puerto Rico está afectado por los bajos salarios y las
horas extras que no son pagadas.

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

Los salarios no se revisan con la frecuencia necesaria para atemperarlos al costo de
vida actual.



Los cambios en salarios no son proporcionales al de otros profesionales.

Los hallazgos de este estudio según presentados por el Departamento del Trabajo son
indicativos de la necesidad de revisar los salarios del profesional de la enfermería en el servicio
público.
Dichos hallazgos nos convencen de la necesidad de que se apruebe el P. de la C. 75 a los
fines de mejorar las condiciones de empleo de los profesionales de la enfermería en el sector
privado. Si no intervenimos se continuará alargando la espera de estos profesionales que tan
buen servicio le rinden al pueblo puertorriqueño.
Es preciso aclarar que en su comparecencia ante estas Comisiones el Departamento del
Trabajo no nos ilustró en cuanto a si podemos validamente regular el salario del profesional de la
enfermería en el sector privado.
B. Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia señala en su ponencia que el determinar la retribución que
deben tener los profesionales de la enfermería es una determinación de política pública dentro de
la discreción de la Asamblea Legislativa. Al hacer esta determinación hay que tomar en
consideración factores tales como:


La necesidad de retener el mejor personal en Puerto Rico.



La deseabilidad de garantizar mejores condiciones de trabajo para estos
profesionales.

Hay que señalar que en la ponencia presentada por el Departamento de Justicia se le
solicitó que ilustrara a estas Comisiones en cuanto a la facultad de la Asamblea Legislativa para
regular el salario del personal de la enfermería en el sector privado.
Con fecha del 29 de marzo de 2005 el Departamento de Justicia nos presentó una
ponencia en la que nos fija su posición en cuanto a la facultad del Gobierno del Estado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de imponer un salario mínimo para el personal de
enfermería en el sector privado. De acuerdo al Departamento de Justicia el estado puede
legítimamente aprobar una ley para imponer las escalas salariales al personal de enfermería en el
sector privado, esta ley constituiría una reglamentación económica legítima.

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Nos señala el Departamento de Justicia que la aprobación de una ley para imponer
escalas salariales al personal de enfermería en el sector privado podría limitar la libertad de
contratación en el campo de la salud, pero que esta limitación no violenta el debido proceso de
ley ni le impone al sector privado una carga que no pueda sobrellevar.
En el caso que nos ocupa, el derecho que se afecta por la imposición de un salario
mínimo a los profesionales de la enfermería en el sector privado es el derecho a la libertad de
contratación. Esto pues, al aplicarse un salario mínimo, estatutario o reglamentario, la persona
jurídica o natural, que interese contratar los servicios de un profesional de la enfermería deberá
comenzar su oferta de remuneración a partir de los salarios mínimos establecidos. El estado
puede validamente limitar la capacidad del sector privado en cuanto al salario del profesional de
enfermería.
Desde el año 1934, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que los
Estados tienen la potestad de establecer reglamentación económica en casos en que exista la
necesidad de tal reglamentación, sin que esta acción constituya una violación al debido proceso
de ley sustantivo. El caso de West Coast Hotel v. Parrish, 300U.S. 379 (1937), validó una ley
del estado de Washington que establecía un salario mínimo para las mujeres.
El Tribunal Supremo expresó que la libertad de contratación está sujeta a las restricciones
que el estado entienda necesarias para salvaguardar los derechos de los trabajadores y evitar los
abusos, en consideración a que los empleados se encuentran en una posición muchos más débil
que las empresas a la hora de negociar sus salarios y las condiciones de trabajo.
Específicamente, el Tribunal expresó:
“The exploitation of a class of workers who are in an unequal position with respect to
bargaining power and are thus relatively defenseless against the denial of a living wage is
not only detrimental to their health and well being, but casts a direct burden for their
support upon the community. What workers lose in wages the taxpayers are called upon
to pay….The community is not bound to provide what is in effect a subsidy for
unconscionable employers. The community may direct its law-making power to correct
the abuse which springs from selfish disregard of the public interest.”
La jurisprudencia posterior a Parrish, supra, reiteró en términos más enfáticos la facultad
de los estados para aprobar leyes que regulen los salarios en el sector privado. En Osen v.
Nebraska, 313 U.S. 236 (1941), se reafirmó la constitucionalidad de una ley que fijaba las tarifas
que podrían cobrar las agencias de empleo a los solicitantes de sus servicios.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha reconocido el poder del gobierno de
establecer reglamentación económica cuando la misma sea necesaria para adelantar un interés
legítimo del estado. En Marina Industrial, Inc. Vs. Brown Boveri Corp., 111 D.P.R. 64, (1983),
se validó la constitucionalidad de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, la cual establece una
causa de acción a favor del distribuidor cuando el principal da por terminado un contrato de
distribución sin justa causa.
Es preciso señalar que en el pasado los salarios del personal de los hospitales privados han
estado sujeto a intervención y fijación por parte del gobierno de Puerto Rico y que el Tribunal
Supremo de Puerto Rico ha sostenido la validez de dicha reglamentación. Sobre este particular
en el caso de Municipio de San Lorenzo vs. Tribunal Superior de Puerto Rico, 86 D.P.R. 205
(19620, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente:
La enmienda de 1951 le quitó autoridad a la Junta de Salario Mínimo para fijar salarios
mínimos a los empleados de los hospitales, clínicas y sanatorios de los gobiernos
municipales, pero expresamente dejó establecida su autoridad para reglamentar las
condiciones de trabajo al disponer que le serían aplicables todas las demás disposiciones
de tales decretos. No tenía autoridad la Junta, luego de esta enmienda para fijar salario
mínimo a estos empleados, pero tenía autoridad para establecer condiciones de trabajo.
Los fundamentos anteriores nos convencen de que esta Asamblea Legislativa puede
validamente aprobar una ley que regule el salario del personal de enfermería en el sector privado.
La única limitación es que la misma no afecte convenios colectivos previamente negociados, de
forma tal que no se haga un planteamiento de menoscabo de obligaciones contractuales.
Además, es preciso señalar que al momento de aprobarse este proyecto de ley hay que
tener en consideración lo dispuesto en

el Artículo 7 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, que recoge la norma constitucional que prohíbe el menoscabo de las
obligaciones contractuales.
En Bayrón Toro vs. Serra, 119 D. P. R. 605 (1987), el Tribunal Supremo de Puerto Rico
expresó que, “está claramente establecido en la doctrina que la disposición constitucional que
prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales, no constituye una prohibición absoluta que
impida el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés público. Warner Lambert
Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 , 394 (1973); Trustees of Dartmouth College v.
Woodward, 17 U.S. 518(1819); W.B. Worthen Co. v. Thomas, 292 U.S. 426, 433 (1934); Allied
Structural Steel Co. v. Spannaus, 438 U.S. 234, 240 (1978); R. Epstein, Toward a Revitalization

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of the Contract Clause, 51 U. Chi. L. Rev. 703, 717 (1984). No todo menoscabo contractual
contraviene la prohibición constitucional.
La aprobación de la presente medida es un ejercicio valido del poder de esta Asamblea
Legislativa para atender aquellas situaciones que afectan la clase trabajadora de nuestro país, en
este caso el personal de la enfermería en el sector privado.
No obstante, le daremos seguimiento a esta propuesta y por tal razón estamos presentando
una resolución de investigación para que los sectores afectados fijen su posición y luego de esto,
si el ejecutivo no lo ha hecho, nos proponemos presentar un proyecto de ley dirigido a revisar las
escalas salariales del personal de enfermería en el sector privado.
C. Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico
En su comparecencia ante estas Comisiones la Junta Examinadora nos presentó las
estadísticas relacionadas con el total de profesionales de enfermería que ejercen en Puerto Rico
en el sector público y privado. De acuerdo a la Junta, las condiciones de trabajo del profesional
de la enfermería en Puerto Rico no son las mejores, lo que contribuye a que muchos de estos
profesionales opten por ejercer otras labores o por irse fuera de Puerto Rico en busca de mejores
condiciones de trabajo.
En el 2001 el total de enfermeras/os registrados en Puerto Rico alcanzaron la cifra de
32,615. Es importante señalar que de el referido total solo 24,777 estaban ejerciendo en Puerto
Rico y de acuerdo a la Junta alrededor de 8,000 profesionales de la enfermería estaban ejerciendo
otras profesiones o se habían ido fuera de Puerto Rico en busca de mejores condiciones de
empleo. Alrededor de una tercera parte de esos profesionales prestan servicios en el sector
público (8,500 aproximadamente), y el restante en el sector privado.
Nos señala la Junta que es necesario legislar para ofrecer mejores condiciones de trabajo
al profesional de la enfermería en Puerto Rico.

Sobre este particular la Junta expresó lo

siguiente, “Consideramos que meritorio e imperativo hacerle justicia al profesional de la
enfermería incluyendo los aspectos de justicia salarial, condiciones de empleo satisfactoria,
estándares de calidad óptimos y patrones de personal (staffing) adecuados.”
D. Otros Comparecientes
Para el análisis de esta medida celebramos vistas públicas y reuniones ejecutivas con la
Asociación de Hospitales, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Oficina de la
Procuradora de las Mujeres, Colegio de Profesionales de la Enfermería, Asociación de Salud

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Primaria, Instituciones Hospitalarias, Unión Laboral de Enfermeras y Enfermeros de la Salud
(ULEES), Unión General de Trabajadores (UGT) y decenas de profesionales de la salud, en
especial enfermeras profesionales que colaboraron con este estudio.
Estos grupos endosaron la aprobación de esta medida por entender que la misma es una
de justicia para unos profesionales que durante muchos años han estado esperando que se legisle
para atender lo referente a sus salarios y condiciones de empleo en el sector privado.
Por su parte la Asociación de Hospitales compareció ante estas Comisiones y se opuso a
la aprobación de la medida. Al así hacerlo expresaron que la aprobación de la misma sería
detrimental para las finanzas de los hospitales y que la aplicación de las escalas propuestas
tendría el efecto de imponerles una carga económica que la mayoría de los hospitales no podrían
enfrentar. Entendemos la posición de esta Asociación pero estamos convencidos de que la
aprobación de esta medida no tendrá el efecto adverso que la misma ha alegado.
CONCLUSIÓN
Por los fundamentos, las Comisiones de de Trabajo y Relaciones Laborales y la de Salud
de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes recomiendan la aprobación del
P. de la C.75 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña con este
informe.
Respetuosamente sometido,

Gabriel Rodríguez Aguiló
Presidente
Comisión de Salud

Carlos J. Méndez Núñez
Presidente
Comisión del Trabajo y Relaciones
Laborales